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“Fueron 3 ataques en Iguala y no 2, como dicen las autoridades” (crónica desde Ayotzinapa)

La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos llegó a Ayotzinapa, Guerrero, en los años 30 del siglo XX, luego de haber sido fundada en 1926, en Tixtla, la ciudad aledaña, y es un complejo arquitectónico que opera como internado, dando no sólo alojamiento, sino también manutención a sus estudiantes; por ahí pasaron Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.

La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos llegó a Ayotzinapa, Guerrero, en los años 30 del siglo XX, luego de haber sido fundada en 1926, en Tixtla, la ciudad aledaña, y es un complejo arquitectónico que incluye edificios de aulas, dormitorios para 500 estudiantes, humildes casitas para empleados, así como amplios espacios deportivos, talleres de oficios, biblioteca, laboratorio de idiomas e, incluso, una alberca en pleno funcionamiento.

De aquí han egresado 88 generaciones de maestros que, a su vez, han formado en sus primeros estudios a niños de todo el país, pues hasta este plantel llegan jóvenes de la República entera, para convertirse en profesores rurales de nivel primaria, lo mismo de Guerrero que de Oaxaca, Chiapas, Puebla, el Distrito Federal, Morelos, Tlaxcala y Sonora, sólo por citar el lugar de origen de algunos de sus actuales estudiantes.

“Yo siento un orgullo muy grande de estudiar aquí –afirma N., uno de los alumnos y moradores de este plantel, que opera como internado, dando no sólo alojamiento, sino también manutención a sus estudiantes–, me siento orgulloso porque Lucio Cabañas fue egresado de esta Normal; y porque, aunque Genaro Vázquez no se graduó de aquí, sí cursó aquí sus primeros dos años como normalista… Así que nosotros, como normalistas, nos sentimos muy orgullosos de ese pasado: hablar de la Escuela Normal de Ayotzinapa es hablar de muchas cosas, es hablar de movimientos guerrirlleros, de movimientos sociales, de movimientos magisteriales… de lucha por México.”

N. tiene 22 años y llegó a esta escuela en 2012, proveniente “de una comunidad rural caracterizada por la pobreza extrema”, cuyo nombre pide omitir, igual que el suyo propio, por temor a los ataques que vienen sucediéndose en contra de los alumnos de este plantel, el más reciente de los cuales, ocurrido en Iguala entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, dejó tres normalistas asesinados –junto con tres ciudadanos más que transitaban por el lugar de la agresión–, y otros 44 víctimas de desaparición forzada, “porque aunque la autoridad diga que ya encontró sus cuerpos en fosas clandestinas, mientras esto no se confirme para nosotros ellos siguen desaparecidos y, por lo tanto, los seguiremos reclamando vivos, como se los llevaron los policías municipales de Iguala”, que los emboscaron luego de realizar una jornada de boteo en dicho municipio.

N. concede la entrevista en la cabina de radio del circuito cerrado que transmite dentro del plantel, en un momento en que los micrófonos están apagados y luego de que el comité de Prensa y Propaganda aprobara el ingreso a estas instalaciones, cuyas puertas se han mantenido cerradas a la prensa “por cuestiones de seguridad, no queremos que se nos infiltren extraños o que se difundan aspectos acerca de nuestra forma de coordinación”, y concede la entrevista, de hecho, tras ser designado para tal fin por sus compañeros del comité.

–¿Qué te impulsó a querer ser maestro? –se pregunta a N.

–Yo pienso que siempre he querido ser maestro, porque tuve buenos maestros –afirma este joven de ceño duro, como muchos en esta región de Guerrero, pero voz afable–. Y porque es una labor noble… Un doctor o un contador, o cualquier profesionista, son gente muy valiosa para la sociedad, por lo que hacen, por lo que aportan, y con un maestro normalista es igual, pero ¿qué hace un maestro normalista? Pues es el maestro de primaria, y el maestro de primaria forma al doctor, el maestro de primaria forma al contador, el maestro de primaria forma a los presidentes de la república, forma al policía, forma al activista… El maestro de primaria es el pilar de la enseñanza y forma en los niños y niñas las bases para que sueñen, para que decidan lo que quieren ser en el futuro.

Por eso, cuando dicen que se debe desmantelar el sistema de escuelas normales para hacer progresar a México, lo que se hace es incurrir en una falacia, en una mentira, porque si no hay maestros que formen a la niñez, prácticamente no se tienen bases para nada como país.

El sistema de escuelas normales rurales fue establecido en los años 20 del siglo pasado, explica N., “en respuesta al contexto que vivía México en ese entonces: con 80% de la población, o más, viviendo en zonas rurales, en extrema pobreza, y sin oportunidades educativas. Y esa es una realidad demográfica que se ha modificado radicalmente, porque ahora buena parte de la población vive en núcleos urbanos, pero eso no ha vuelto innecesaria o inútil la educación rural, sino todo lo contrario.

La problemática de extrema pobreza y falta de oportunidades educativas se siguen viviendo en la mayoría de las áreas rurales del país, y por eso los jóvenes de esas regiones siguen viendo la necesidad de convertirse en maestros no sólo para el progreso propio, sino para el progreso de sus familias y de sus comunidades.”

Guerrero, subraya, es un ejemplo claro de ello.


“En las escuelas rurales de esta región, y de muchas otras del país –explica–, no puede impartir clases cualquier maestro, sino uno que esté formado para enfrentar la realidad rural. Por ejemplo, hay escuelas rurales a las que asisten niños que sólo hablan castellano, y niños que sólo hablan alguna lengua indígena. Entonces, si el maestro no está capacitado para enfrentar esta situación, deja a la mitad de sus alumnos sin educación.

Por eso, aquí, en la Normal de Ayotzinapa, hay formación especializada para este tema, aquí hay normalistas que aprovechan su conocimiento previo de alguna lengua indígena, porque provienen de alguna de estas comunidades, y se forman como maestros bilingües, y hay otros que sin saber una lengua indígena tienen la convicción de que ésta es un área que debe atenderse y, entonces, aprenden aquí lenguas indígenas, en el laboratorio de idiomas de la Normal.

El Estado mexicano carece de una estrategia consolidada para enfrentar esta situación, y las Normales son el único sistema que lo enfrenta de manera consecuente, a pesar de la falta de apoyo, de la falta de presupuesto, de los ataques paramilitares, y de la campaña de desprestigio que desde el sexenio pasado venimos sufriendo por parte de las autoridades particularmente aquí en Guerrero”, campaña que, reconoce, ha permeado entre un sector “desinformado” de la población.



La criminalización

De camino a la Normal Rural, entre las curvas de la carretera que va de Chilpancingo a Ayotzinapa, un taxista local resume en pocas palabras el sentir de ese sector que los normalistas consideran desinformado. “Mira –expone su punto–: sí está muy cabrón lo que les hicieron a estos morros. Muy cabrón. Pero ellos también son muy cabrones, a cada rato hacen bloqueos en las carreteras, luego bajan al pasaje y los obligan a dar ‘coperacha’, atracan los camiones repartidores y no sólo se llevan el producto, sino el camión entero… allá adentro tienen camiones de todas las empresas que quieras, y operan en bola, ¿así cómo le hace uno?”

La agrupación de taxistas a la que este chofer pertenece, de hecho, hace poco más de un año se enfrentó con los normalistas de Ayotzinapa, narra, “porque un día llegaron a la base, que está junto a la terminal de autobuses Estrella Blanca… era un día bastante malo, no había pasaje, y por lo mismo, en la base había un montón de taxis formados. Y entonces llegan estos morros, en bola, y empiezan a exigir que todos les entreguemos una coperacha, y sí, para evitar problemas, se coopera, pero entonces se les ocurrió bajar del taxi a una señora que venía con su niño en los brazos, y la empujan, y se cae, y entonces nos calentamos, porque una cosa es que se metan con uno y otra cosa es que se pongan pendejos, y como había muchos taxistas, que se arma la batalla, y terminaron saliendo por patas… luego, como tenemos radiofrecuencia, nos empezamos a radiar todos los taxistas de Chilpancingo y los perseguimos hasta que se fueron de aquí, y no hubo venganza, pero sí nos advirtieron que si veían un taxi de Chilpancingo allá por Tixtla y Ayotzi, no se la iba a acabar, entonces, por muchos meses no pudimos ir allá a dejar pasaje.”

Dentro de la Normal, de hecho, permanecen al menos dos decenas de vehículos utilitarios, lo mismo tráilers doble remolque de Cocacola, que varias camionetas repartidoras de Lala y Barcel, así como autobuses de pasajeros de distintas líneas comerciales, retenidos por los normalistas, con el fin de abastecerse de alimentos –el gobierno estatal no les ha enviado víveres, como es su obligación, durante la última semana–, así como para “obligar a las empresas a que presionen al gobierno, y así éste haga justicia.”

–¿Por qué realizan este tipo de acciones, como bloqueos carreteros, petición de cuota a automovilistas? –se pregunta a N.

–Todos esos recursos se emplean para financiar las prácticas escolares –explica–: los alumnos de las cuatro academias (niveles de estudio) de la Normal tienen que realizar prácticas y jornadas de observación fuera de la Normal. Los alumnos asistimos a escuelas rurales para aprender los sistemas de enseñanza que se emplean en el ámbito rural, e incluso los de cuarto (último nivel) pasan prácticamente todo ese último año de formación ya como maestros, asignados a una escuela rural e impartiendo clases. Pero el dinero que aportan las autoridades para la operación de la Normal no es suficiente, no nos dan recursos, por ejemplo, para ir a estas comunidades cada vez que debemos realizar prácticas o jornadas de observación, aunque es obligación de las autoridades hacerlo. Y hay veces que el normalista tiene que pagar traslados a lugares lejanos, como Copala, San Marcos, Marquelia, y considerando que muchos alumnos provienen de La Montaña o de lugares muy pobres, pues no contamos con recursos propios para pagar esos traslados, además de que hay que pagar la alimentación y el material que se ocupa en las clases. Entonces, cada vez que hay que hacer prácticas o jornadas de observación, que son de varias semanas, nos vemos obligados a salir a botear, pero no se exige el pago de cuotas a nadie, eso tiene que ser aclarado, en ningún momento se obliga a nadie a aportar, la gente, si lo desea, nos apoya, y lo hace con lo que tiene, con lo que puede, y por eso no es mucho lo que se junta: nos dan de a un peso, de a dos pesos, algunas personas buenas quizá te den 20 pesos o 50 pesos, y entonces, nunca es mucho lo que se reúne, por eso, constantemente nos vemos obligados a salir a las carreteras y pedir el apoyo de los conductores, pero nunca los obligamos ni atacamos a nadie.

Eso pudo ser constatado este lunes 6 de octubre, cuando los normalistas y padres de familia de los jóvenes desaparecidos tomaron la caseta de Palo Blanco, en la Autopista del Sol, a la altura de Chilpancingo, y abrieron el paso libre a los vehículos, pidiendo una cuota voluntaria. Y el pasado 26 de septiembre, de hecho, los jóvenes de la academia de primero de la Normal se encontraban en Iguala –distante a cien kilómetros de Ayotzinapa– precisamente para realizar una jornada de boteo, y fue luego de concluir, al aprestarse a abordar sus vehículos y volver a su plantel, cuando fueron emboscados por agentes de la Policía Municipal que, según las autoridades federales, estaban subordinados, junto con otras autoridades locales, al cartel Guerreros Unidos.

La emboscada

Fueron tres ataques, aclara N., y no dos, como manejan las autoridades. El primero, alrededor de las 20:00 horas, cuando los normalistas se encontraban en el zócalo de Iguala luego de haber realizado una colecta, y fue entonces cuando “se empezaron a escuchar disparos. Si fueron disparos al aire o directo contra la gente, no lo sabemos, pero sí sabemos que hubo disparos, porque muchas (de las 17) personas heridas fueron lesionadas ahí.”

Para protegerse, narra, los normalistas abordaron los tres autobuses en los que llegaron a Iguala y cuando todos lograron agruparse, emprendieron el camino de vuelta a Ayotzinapa.

Fue aproximadamente una hora después de que se escucharan los primeros disparos cuando, a la altura de la avenida Álvarez, policías municipales abrieron fuego contra los vehículos de los normalistas, así como contra un vehículo en donde viajaban los jugadores del equipo de futbol Los avispones, y contra un taxi, dejando tres normalistas fallecidos, lo mismo que un futbolista y los tripulantes del taxi (el chofer y una pasajera).

El tercer ataque, señala N., vino entre las 22:00 y 23:00 horas, cuando los normalistas sobrevivientes, aún en Iguala, intentaron dar una conferencia de prensa para denunciar la agresión sufrida. En este momento, un grupo de hombres armados disparó nuevamente en su contra, poniéndolos en fuga, y fue este el momento en que 44 de ellos desaparecieron (según la cifra reconocida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que se basa en los testimonios de las familias de los normalistas raptados).

“Lamentablemente –afirma N.–, Guerrero ha caído en la anarquía, en todos los aspectos, en la política, en la seguridad, en todo, e Iguala siempre ha sido un foco rojo de violencia, y lo que nos acaba de pasar se deriva directamente de eso, y de la campaña de desprestigio que se tiene en contra de la escuela, para hacer creer a la población que las Normales deben desaparecer, campaña que ha hecho que algunas personas incluso justifiquen el ataque que sufrimos, que lo ven como algo que debe aplaudirse… sí, es indignante, nosotros mismos no encontramos palabras para describirlo: lo que ocurrió el 2 de octubre de 1968 lo llamamos masacre; el ataque del 10 de junio de 1971, lo llamamos masacre; Aguas Blancas, el 28 de junio del 95, fue una masacre… y nosotros creemos que lo ocurrido el 26 de septiembre en Iguala también lo fue. Es una masacre y una violación de derechos para la cual no hay palabras que alcancen a abarcarla. Nosotros nos encontramos totalmente afligidos y lo único que pedimos es justicia para nuestros compañeros, lo único que queremos es estudiar, lo único que queremos son mejores oportunidades para vivir, pero en nuestra contra siempre existen organizaciones paramilitares o de otra índole que se empeñan en destruir lo poco que vamos construyendo… ¿Por qué? Esa es la pregunta y nosotros mismos no entenemos el porqué… no lo hicimos el 12 de diciembre de 2011, cuando el gobierno perredista de Ceferino Torreblanca disparó en nuestra contra, sólo por pedirle audiencia, matando a dos de nuestros compañeros. Y en esta ocasión es lo mismo: el gobierno perredista de Ángel Aguirre abre fuego contra nosotros… ¡¿por qué?!

Epílogo: a los compañeros…

N. se niega a hablar de sus compañeros como si estuvieran muertos, a pesar de que han sido encontradas seis fosas con, al menos 28 cadáveres que, se presume, corresponden a los normalistas desaparecidos. Pero aún cuando se niega a aceptar esa presunción, mientras no haya una comprobación científica, habla de ellos en tiempo pasado.


“Yo conocí a varios de ellos –dice con tristeza–. Muchos eran del lugar del que yo soy, y quizá no los conocí a fondo, porque apenas tenían escasos dos meses en la escuela los camaradas, pero aún así, son mis compañeros, y para ellos, el mensaje que yo tengo es el mismo lema que hemos abanderado en las últimas décadas: ‘Ni olvido ni perdón’. Las personas criminales que han hecho esto van a tener su castigo, de una manera u otra… lo único, pues, que le pediría a la ciudadanía en general, a la prensa, a México, es que se solidaricen con nuestra lucha. No somos criminales, somos estudiantes. Lo único que queremos es un lugar mejor y no sólo para nosotros, sino para todos. Porque al estar de parte de la lucha de todos, estamos del lado del pueblo de México y no vamos a desistir, vamos a estar siempre en favor del pueblo”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.

Libertad de expresión, periodismo de datos y medios digitales, a debate

Del 9 al 13 de octubre se llevará al cabo la Cumbre Latinoamericana de Periodismo en la Ciudad de México; en ella, los interesados en el quehacer periodístico y los medios podrán escuchar y debatir con destacados periodistas, editores, académicos y expertos de la industria mediática.

De esta forma, del 9 al 13 de octubre se llevará al cabo la Cumbre Latinoamericana de Periodismo en la Ciudad de México; en ella, los interesados en el quehacer periodístico y los medios podrán escuchar y debatir con destacados periodistas, editores, académicos y expertos de la industria mediática de América Latina y el mundo.

Este año, la Cumbre Latinoamericana de Periodismo 2014 debate en torno a cuatro ejes: el periodismo de investigación; el desafío de los medios digitales; modelo de negocios y la libertad de expresión; y gobierno abierto y el periodismo de datos.

El tema de periodismo de investigación estará al cargo de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN) con 14 mesas temáticas donde se expondrán trabajos de investigación destacados por sus resultados o procesos.

El desafío de los medios digitales estará a cargo del Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo (Factual) y la Universidad Iberoamericana, y se presentará un estudio sobre medios digitales y periodismo en América Latina, así como un mapa de riesgo para periodistas y blogueros.

El tema de modelo de negocios y la libertad de expresión serán discutidos a través de las mesas de debate “Modelo de negocios” y “Publicidad oficial y libertad de expresión”.


Mientras que los temas de gobierno abierto y el periodismo de datos serán debatidos en mesas del Seminario Internacional.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Muchos recursos, pocos resultados en programa educativo en Veracruz

Veracruz recibió 716 millones 334 mil 745 pesos de 2009 a 2011, pero no hay certeza del destino de 91% de ellos.

Veracruz fue la entidad que mayores recursos recibió de la Federación para el programa Habilidades Digitales para Todos (HDT), la estrategia del sexenio anterior para equipar las escuelas con computadoras, proyectores y conexión a internet, pero aún así no consiguió el propósito de mejorar la enseñanza en las aulas.

En el estudio “Usos iniciales y desusos de la estrategia Habilidades Digitales para Todos en escuelas secundarias de Veracruz”, elaborado por investigadores del Instituto de Investigaciones de Educación de la Universidad Veracruzana, concluyó que los maestros no supieron cómo utilizar las herramientas tecnológicas para enriquecer sus clases; tuvieron complicaciones técnicas y aunque se entregaron las computadoras, no se concretó la conexión a internet, por lo que finalmente dejaron de usarlas en clase y en cambio fueron utilizadas para tareas administrativas de la escuela.

En 2009, Veracruz instaló 171 aulas de HDT, por lo que los investigadores escogieron tres secundarias para realizar un estudio de campo durante 10 meses entre 2010 y 2011. Dos de ellas en la sierra de Santa Martha, una de población náhuatl, popoluca y la tercera en la región de los Tuxtlas.

El objetivo principal del programa de tecnología era “contribuir a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de educación básica favoreciendo su inserción en la sociedad del conocimiento mediante el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo”, de ahí que la intención era llegar a las poblaciones menos favorecidas para sacarlas del rezago.

En el caso de Veracruz, no se cumplió el objetivo, explican los investigadores Amanda Cano Ruiz y Jorge Vaca Uribe en su estudio basado en entrevistas a estudiantes, alumnos, directores, habitantes y observación de las clases de español, cómputo, reuniones de docentes y consulta de archivos escolares.

Entre las quejas de los profesores estaba que desconocían cuáles eran los usos esperados por parte de sus autoridades inmediatas ni habían recibido asesoría o acompañamiento pedagógico al respecto, por lo “esta innovación fue diluyéndose dentro de la vida cotidiana de las escuelas, y el desenlace, independientemente del contexto (rural-urbano) fue similar: el ‘no uso’ o su escasa utilización pedagógica”, concluye la investigación.

Sin embargo, el fracaso operativo no obedeció a falta de recursos, pues como Animal Político reportó este lunes 6 de octubre, Veracruz recibió 716 millones 334 mil 745 pesos de 2009 a 2011, pero no hay certeza del destino de 91% de ellos, es decir 655 millones 782 mil 573 pesos. Según información del estado, en 2011 la Secretaría de Educación de Veracruz sólo equipó 444 aulas aunque se había comprometido a la instalación de 3 mil 78 y capacitó a mil docentes.

Enseñan con un teclado de cartón

En la localidad Popoluca, donde se realizó el estudio, habitan mil 295 personas, de las cuales 28% es analfabeta y donde la tecnología sólo está al alcance del director de la escuela, pues es el único que tiene una computadora portátil con internet. Sus maestros, generalmente, son originarios de otras partes de la entidad, de recién ingreso al servicio docente que permanecen por cortas temporadas hasta que consiguen su cambio a zonas menos apartadas.

En la región náhuatl el panorama es similar: mil 46 habitantes, de los cuales 13% no saben leer ni escribir. Ahí tenían 17 computadoras. Mientras que en la zona urbana habitan 50 mil 934 personas y en una cuarta parte de las viviendas hay una computadora.

Las tres escuelas del estudio recibieron 12 computadoras nuevas de escritorio para los estudiantes y una para el docente; pantalla con dos lápices electrónicos; impresora y proyector, pero nunca instalaron las antenas para brindar internet inalámbrico.

Con ese contexto, la comunidad escolar recibió con gran expectativa los nuevos equipos, pero los maestros tenían poca claridad para incorporarlos a sus clases. “Desconocían cómo manejar los aspectos técnicos del aula, tenían que definir quiénes podían acceder a este espacio (mencionaban que era mejor que sólo asistieran los más disciplinados) porque las computadoras y sillas eran insuficientes para los estudiantes”, por lo que se mostraban incrédulos sobre el beneficio pedagógico.

Mientras que los estudiantes consideraban que la visita al aula de medios era esporádica, pues “se trataba de un salón que por lo general permanecía cerrado y se habían conformado con verlo por fuera”, debido a que los maestros trataban de resguardarlo para evitar robos o destrozos, reporta la investigación.

Cuando los estudiantes recibían clases de “computación”, los maestros reproducían la estructura de la enseñanza tradicional: explicar conceptos mientras los niños tomaban notas y realización de tareas que incluyó la elaboración de un teclado de cartón para “familiarizarse con sus componentes y exámenes para comprobar lo aprendido”, lo que, según los investigadores obedecía a la lógica de “aprender tecnología” más que “aprender con la tecnología”.

Ya en las clases prácticas, las actividades aparentemente sencillas no lo eran tanto, pues, por ejemplo, crear un archivo electrónico representaba “un verdadero reto para los estudiantes”. Así, mientras los maestros esperaban que los estudiantes repasaran sus apuntes, practicaran con el teclado de cartón y se desempeñaran con rapidez en la navegación, los alumnos decían que sus clases eran cada vez más esporádicas y por eso olvidaban lo que se les había enseñado.


Ante estos conflictos, después de unos meses, los profesores ocuparon las aulas para redactar oficios, reportes e imprimir invitaciones para los diversos eventos que se desarrollaban en la escuela, mientras que el proyector lo utilizaban para apoyar la preparación de los estudiantes que participarían en algún concurso o evento. Es decir, “la innovación fue trasformada por el personal docente y adaptada a sus necesidades e intereses”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

#SOSPORMÉXICO. A un año de la tragedia de “trocas monstruo”, nadie es culpable

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- A un año de la tragedia de Extremo Aeroshow, en donde perdieron la vida nueve personas y alrededor de cien resultaron heridas, el ayuntamiento de esta capital no se reconoce como responsable de haber violado derechos humanos de los asistentes afectados.

Peor aún, las seis personas procesadas (tres servidores públicos) por homicidio imprudencial no han sido sentenciadas, las víctimas no han sido indemnizadas y dos grupos internos del PRI utilizan el caso como botín político de cara a las elecciones de 2015.

Pasó casi un año cuando 51 víctimas decidieron interponer una denuncia ante el ayuntamiento para recibir sus respectivas indemnizaciones, aunque otras dos habían interpuesto anteriormente el recurso, pero ninguna ha sido aceptada por las autoridades municipales.

Incluso, las familias crearon la asociación civil 5 de Octubre, que tiene como fin dar seguimiento al proceso de indemnizaciones, ya que padres y madres de familia que eran sostén de su hogar se vieron gravemente afectados en sus ingresos, además del pago de terapias costosas derivadas del accidente.

La asociación busca, además, aportar su experiencia para que las autoridades y ciudadanía tengan conciencia de la importancia de la prevención y protección civil en todo tipo de eventos, explicó uno de los integrantes, Iván Santos, papá de Paulina Santos Luna, quien a sus seis años se convirtió en una de las víctimas mortales del evento.

Otras dos familias, que no son parte de la fundación, entre ellas los papás de los niños Diego y Julia Sophia Tarango Holguín, interpusieron demandas directas ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ), pero ambas fueron desechadas y ahora se encuentran en un juzgado federal.

Cada familia ha decidido diferentes formas de llevar su luto y enfrentar las demandas de justicia, ya que hasta ahora no les han entregado indemnizaciones, a pesar de que el ayuntamiento anunció hace casi seis meses que les darían como “adelanto” un millón 100 mil pesos a los deudos de quienes fallecieron en el evento.

Casi todas las familias rechazaron la disculpa pública que ofreció el alcalde actual, Javier Garfio Pacheco en mayo, porque lo hizo obligado por la CNDH y en ningún momento reconoció la responsabilidad del municipio.

Las víctimas se sumaron a una mesa técnica que conformó el ayuntamiento, pero luego de meses sin resultados han decidido no participar más en ella.

Y no es todo, pues la empresa privada de seguridad contratada para el evento ha sido protegida por las autoridades.

En las declaraciones de los participantes en Demolition Show, el evento donde ocurrió el accidente, indican que ésta ha sido adjudicada al actual director de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Eduardo Guerrero, situación que no ha sido negado por las autoridades.

Al solicitar la información a través de Infomex, el ayuntamiento de Chihuahua respondió en la solicitud 0003762014 que esa información está clasificada como reservada durante seis años, según acuerdo AIR-02/2013, respuesta que dan a través de la dirección de Desarrollo Comercial y Turístico.

No obstante, el ayuntamiento demandó vía civil a la organización Eventos Extremos de Chihuahua para que ésta le pague 43 millones de pesos que ha erogado en atención a las víctimas.

Sin embargo, los directivos de la organización, Jorge Cuesta y Mario Dueñas, se victimizaron y justificaron que ellos también tuvieron pérdidas y previo a ello entregaron grandes ganancias con los eventos que organizaron y que nunca quisieron causar un daño de esa naturaleza. Tampoco ellos han sido llamados ante un juez.

El único que ha enfrentado este año en prisión es el chofer de la monster truck, Francisco Velázquez Samaniego, a pesar de que un juez federal pidió que se repusiera la audiencia de vinculación, porque el juez de garantía no fundó ni motivó su decisión para ordenar la prisión preventiva para el chofer.

Hoy, la juez de garantía Alejandra Ramos pospuso la audiencia en la que repondrían la audiencia de vinculación a proceso, debido a que aún no se resuelve el fondo del amparo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en abril pasado una recomendación para que se investigara penalmente la actuación del exalcalde Marco Adán Quezada Martínez y seis exfuncionarios municipales más.

En mayo presentó las denuncias penales en contra de Marco Adán Quezada (exalcalde), Javier Torres Cardona (exsubdirector de Gobernación que ya está sujeto a proceso), Fernando Rodríguez García (exsecretario del ayuntamiento y notario de la asociación Eventos Extremos del municipio de Chihuahua), Ildefonso Sepúlveda (oficial mayor) y Alfonso Prieto Prieto (director de Comercio)

La CNDH pidió además que se investigara la asignación y ejecución de más de 17 millones entregados a la organización civil Eventos Extremos del municipio de Chihuahua, que se encargó de organizar el espectáculo y de la seguridad de los asistentes.

Como resultado, el Congreso local ordenó que la Auditoría Superior del Estado fiscalizara el caso y ésta encontró una serie de irregularidades, pero hasta ahora la auditoría no ha sido dictaminada por los diputados.

Hace un mes aproximadamente, cuando el auditor Jesús Manuel Esparza Flores dio a conocer los resultados de la auditoría y entregó su reporte a la Comisión de Fiscalízación, arremetió contra los exfuncionarios y, en defensa de éstos, salió el legislador priista Eloy García Tarín, quien fue secretario del ayuntamiento en la administración pasada, pero renunció para irse a la campaña por la diputación.

Los dos grupos internos del PRI que especulan con el caso son el del gobernador César Duarte Jáquez, que tiene a la mayoría en el Congreso, y el del exmandatario José Reyes Baeza Terrazas, quien está cerca de Marco Adán Quezada Martínez, el exalcalde señalado como uno de los presuntos responsables de la falta de seguridad en Aeroshow.

Marco Adán Quezada es uno de los políticos que aspiran a ser candidatos por una diputación federal durante el año entrante y él ha manifestado públicamente que está a disposición de las autoridades, pero ha defendido reiteradamente que no incurrieron en ningún delito.

A esto se suma que el PAN tomó en parte la defensa de las víctimas, con lo que el caso se “politizó” en el Congreso estatal y en el cabildo, a pesar de la postura contraria de deudos, heridos y familiares.

La fiscalía especial para el caso Aeroshow, a cargo de Noé Jiménez, aún no formula imputación al exalcalde ni a otros cinco funcionarios señalados por la CNDH.

Todos promovieron amparos que han dilatado el proceso penal, ya que los jueces de garantía dieron de seis a ocho meses de investigación para cerrar el caso.

Felipe Ponce, defensor de los derechos humanos de las víctimas que conformaron la asociación 5 de Octubre, dio a conocer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) trabaja en el caso de Aeroshow desde enero pasado.

No obstante, lamentó que el ayuntamiento siga empeñado en no reconocer su responsabilidad por violación a derechos humanos de las víctimas, pero destacó que éstas están organizadas y finalmente demandaron ante el ayuntamiento.

La Legislatura pasada aprobó, antes del accidente trágico, la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Municipio de Chihuahua, que incorpora el tema de indemnizaciones en casos de negligencia o irresponsabilidad de funcionarios públicos contra ciudadanos. El plazo para interponer la denuncia venció al año del accidente, es decir, el domingo 5.

Sin embargo, las autoridades actuales se han empeñado en declarar que no pueden indemnizar ni reconocer las fallas de la instancia hasta que los jueces sentencien a los involucrados.

“Los amparos de los imputados atrasaron el procedimiento, pero todavía en diciembre no estaba acreditada la calidad de víctimas de los afectados, no conocían lo que sucedía en el proceso porque nadie les había explicado”, recuerda Felipe Ponce.

Y los integrantes de la asociación indican que ningún abogado a los que solicitaron apoyo quiso enfrentarse al municipio, y sólo lo hizo Felipe Ponce, quien se ha especializado en derechos humanos.

Sin embargo, Ponce indica que el proceso penal es una cosa y el proceso de indemnización otra, por lo que no debe retrasar uno a otro.

Ayer, durante el primer aniversario de Aeroshow, el alcalde Javier Garfio aseguró que siempre ha estado cerca de las víctimas, sin reflectores, pero ellos no lo han sentido así, aseguran, por lo menos no ante sus demandas.

Garfio pidió que no se utilizara a las víctimas para lucrar o “politizar” con ellas.

Las personas procesadas hasta ahora son, además de Francisco Velázquez, los empresarios Luis Felipe Valdez Caraveo (representante legal de la asociación) y Eliot Gerardo Castillo Hernández (representante de Demolition Show), así como cuatro exfuncionarios: Guillermo Ávila Olivas, exsubdirectoe de Protección Civil municipal; José Manuel Domínguez Castillo, coordinador u oficial de Protección Civil, y Javier Torres Cardona, subdirector de gobernación municipal.

Los afectados por aquel accidente acudieron ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del gobierno federal para informar que consideran insuficiente e inadecuada la respuesta del municipio de Chihuahua hacia ellos, y la dependencia confirmó de enterada a través del oficio CEAV/JHB/0279/204 el 23 de septiembre.

El rostro de la tragedia

Ese sábado, Octavo Díaz Romero acudió con su familia a presenciar los actos que organizaron en el festival Extremo Aeroshow, entre ellos el espectáculo de la troca monstruo Big Show.

Ya había asistido los dos años anteriores y en 2013 acudió con su esposa, con su hija menor de 13 años y una sobrina de 12.

“Estaba totalmente lleno, la gente no dejaba de entrar. Nosotros ya no alcanzamos lugar en las gradas, pero vimos que la gente comenzó a caminar hacia el lado izquierdo, era gente siguiendo a gente, sin guía. Nosotros, los de atrás, pensábamos que alguien iba guiando, pero en ningún momento vimos señalamientos, listón amarillo, personas, nada… Comenzamos a llenar los espacios vacíos, estábamos parados y quedamos junto a un tractocamión”.

La gente seguía llegando e inició el evento y más personas se acomodaron atrás de ellos.

“Primero fue el espectáculo de motos, que nos sorprendió a mi esposa y a mí, al observar cómo la adrenalina de los participantes pasaba a los asistentes.

“No nos gustó, por ejemplo, que pedían a la gente que pasaran ocho niños. Los acostaron y pasaron la motos por arriba de ellos; luego pidieron 15, 18, 20, hubo un momento en que un niño se levantó corriendo cuando la moto ya había arrancado y no nos gustó eso”, narra.

Luego siguió otro evento de carros contra muro de fuego, y posteriormente la troca monstruo. Su esposa y las niñas fueron al baño, la camioneta hizo la rutina y luego vino el momento catastrófico.

“Yo estaba justo frente a la troca. Vi que la troca se colocaba, el chofer le hace señas al conductor del evento, con el tiempo supimos qué le decía.

“El del micrófono le decía que ya le había pagado y que no podía decirles que no, se sintió forzado y brincó. Tomó la decisión equivocada. Vi clarito cuando se pega con la pick-up, su cabeza se ladea y se le cae el casco. Volteé a ver para dónde corría pero estaba lleno, tenía que pasar por arriba de las personas, no había tiempo de nada, sólo me tiré un clavado hacia el frente”, relata con la sensación de aquel día.

Una llanta de enfrente le pasó por la espalda y por las dos piernas, luego otra llanta quedó sobre él.

“La troca se incrustó en cuatrimotos y empezó a aventar un tráiler que estaba ahí, lo movió como dos metros. Luego veo que el chofer trata de meter reversa y yo estaba abajo. Oía los engranes, sólo tenía libres la pierna y el brazo izquierdo, no me podía mover. Apagó el motor y me dije: ‘Ya no me muevo’, tenía múltiples fracturas”.

Luego supo que tenía fracturado el brazo izquierdo, el húmero, el fémur, le explotó un pulmón, las costillas quebradas y una de éstas le perforó el hígado; además, tenía quebrados el esternón y el diafragma.

Trató de arrastrarse un poco pero no podía mover una pierna y el dolor era insoportable. Por instinto aguantó la respiración. “Oía el glu glu glu cuando respiraba, gorgoreaba y mejor me quedé tranquilo. La pierna se me empezó a hinchar hasta que el pantalón tronó”.

Después recordó que su esposa y las niñas lo estarían buscando. Con su mano derecha pudo alcanzar el celular en la bolsa del lado izquierdo y funcionó.

“Mi esposa pensaba que yo andaría ayudando a la gente porque había tomado cursos de primeros auxilios. Cuando salieron del baño les dijeron que había habido un accidente y que la troca monstruo había atropellado a mucha gente. Cuando le llamé le dije que estaba atropellado, le dije ‘Vieja: estoy muy mal, la troca me atropelló y estoy muy delicado. Deja a las niñas un rato porque esto está muy feo, ven a ayudarme’. Después de un tiempo, nos dimos cuenta que yo ya me estaba despidiendo de ella, le decía que la amaba y que estaba en paz con ella”.

Los gritos de la gente y de los niños estremecían el lugar, niños buscando a sus padres, padres buscando a sus hijos.

“Eran gritos de desesperación, pasaban corriendo y se cegaban, pasaban por arriba de mis piernas. Luego llegaron los paramédicos, se acercó uno y me hablaba para mantenerme despierto. Me vio y ya iba con otra persona, pero le agarré la mano porque como no tenía sangre, pensaba que no estaba tan mal…

“Le pedí que escuchara mi respiración y me dijo que estaba muy delicado, buscó una ambulancia, me dijo que tenía que irme ya”.

Cuando quitaron la llanta que estaba sobre él se dio cuenta que “estaba desbaratado, parecía calcomanía, estaba pegado y extendido. Luego despega un helicóptero con pacientes y me llena de tierra, no podía respirar por la polvareda, estuvo peor porque entró tierra a mi garganta”.

Sin embargo, pensaba en que había gente más grave que él y debería aguantar hasta que tocara su turno para subir a una ambulancia.

“Todos querían subir a su gente a la ambulancia, había gente que discutía. Cuando ya lo iban a subir, llegó una señora más grave”. Le ayudó un paramédico voluntario que iba sin uniforme y logró que lo subieran a la ambulancia con la señora que iba grave.

“Me preguntaron si tenía IMSS y les dije que sí, por eso me subieron a una camilla de madera, nada más con la cintura amarrada y me subieron donde van los paramédicos, junto a la señora. La ambulancia se fue por la terracería porque no podía salir con tanta gente y carro. El camino se me hizo eterno, mi esposa se quedó con las niñas. Yo sólo contenía la respiración. Sólo le pedía a Dios que si me quería llevar, que me llevara, que se hiciera su voluntad… les pedí oxígeno y les decía que escucharan cómo respiraba, pero no llevaban oxígeno”.

La señora que iba con él también estaba grave, era enfermera del IMSS y sus compañeros iban muy preocupados también por ella.

“Yo no la podía ver porque iba poquito más arriba que ella, sólo se escuchaba que se quejaba muy fuerte, pegábamos en las paredes de la ambulancia por el camino accidentado, lleno de matorrales”.

El chofer de la ambulancia le gritaba a sus compañeros que atendieran a la enfermera herida, sabían que iba grave.

“Eran quejidos muy fuertes. El chofer estaba desesperado por la impotencia que tenía, debía conducir. Luego agarró por fin el pavimento y pude respirar mejor. Llegando al lugar, la enfermera dejó de quejarse y hubo un silencio total. Los paramédicos de atrás gritaban ‘ya se nos fue’. Tengo entendido que la reanimaron, pero no fue suficiente, falleció”.

Era Cristina Baca Gámez, enfermera del IMSS de 43 años.

A Octavo Díaz lo pasaron a terapia intensiva, le colocaron una manguera para extraer lo que le impedía respirar, lo intervinieron quirúrgicamente.

Su familia lo buscó por todos los nosocomios y en el hospital privado Cima les indicaron que sí estaba ahí, ya que ahí llevaron a la mayoría. Les dijeron que estaba delicado pero estable.

Sin embargo, cuando uno de sus familiares ingresó a buscarlo, no lo encontró.

Durante horas lo buscaron hasta que lo localizaron casi a la medianoche. “No supieron clasificar a los pacientes, no nos distribuyeron bien, saturaron el Dima, pero gracias a Dios me mandaron al IMSS porque era de menor demanda, sólo caímos tres ahí”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA (REPORTAJE ESPECIAL)

#SOSMéxico. Se unen habitantes de Chalchihuapan y policías contra Moreno Valle

PUEBLA, Pue. (apro).- Habitantes de San Bernardino Chalchihuapan y policías estatales preventivos se asumieron como “víctimas” de la llamada “Ley Bala” y del gobierno de Rafael Moreno Valle y acordaron luchar unidos contra el gobierno poblano.

Este lunes se reunieron representantes de la Policía Estatal y habitantes de Chalchihuapan en las instalaciones de un sindicato para acordar la realización de una manifestación conjunta en contra de la administración de Moreno Valle.

Desde la semana pasada, uniformados, custodios, agentes viales, auxiliares y bomberos realizaron distintas movilizaciones para protestar por despidos de más de 500 elementos y por supuestas violaciones a sus derechos laborales cometidas por el gobierno estatal, al pretender pagarles una liquidación menor a la correspondiente.

El domingo pasado, una comisión de policías acudió a Chalchihuapan para tener un primer acercamiento con representantes de esa comunidad y acordar una alianza, que hasta hace días era algo impensable.

Y es que, el pasado 9 de julio, más de 420 policías estatales preventivos participaron en el desalojo de habitantes de Chalchihauapan que bloqueaban la autopista Puebla-Atlixco. La acción derivó en un enfrentamiento violento en el que murió el niño José Luis Tehuatlie Tamayo, mientras que nueve habitantes y 40 policías resultaron heridos.

Un representante de los policías dijo que en el operativo sólo recibieron órdenes de sus superiores y del propio gobierno estatal. “La gente lo sabe, nosotros sólo recibimos órdenes del gobierno estatal que es nuestro jefe inmediato, él nos está mandando y a final de cuentas quieren culpar a los compañeros para lavarse las manos”, aseguró.

El alcalde auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes, dijo que la unión de habitantes y policías es posible porque ambos pueden asumirse, a final de cuentas, como víctimas del gobierno de Moreno Valle.

“Sí los vamos a apoyar –declaró Montes– ya sólo faltaban los policías en todos estos bloques sociales que han sido lastimados por el gobierno de Moreno Valle”.

Y adelantó: “Vamos a plantearle a la gente y creemos que lo van a entender, que los policías no son los responsables de lo que ocurrió ese día, porque ellos sólo recibieron órdenes y también ellos resultaron lesionados. Y ahora están dispuestos a pedir una disculpa a la comunidad por convicción propia”.

Dijo que dentro de la Coordinadora Estatal en Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP), que agrupa a autoridades de Juntas Auxiliares, se analizará la posibilidad de realizar una manifestación en la que participen juntos pobladores de Chalchihuapan y policías.

Hasta el momento, la CEDIP ya ha sumado grupos de mototaxistas, transportistas, dueños de verificentros, opositores al gasoducto y a las minas, usuarios de metrobús y habitantes de Cholula, entre otros grupos sociales que tienen conflictos con la administración morenovallista.

El abogado Alejandro del Castillo informó que además de asesoría jurídica, los policías tendrán el apoyo del CEDIP en la lucha contra sus despidos injustificados, aunque saben que algunos de los cesados participaron en el operativo contra habitantes de Chalchihuapan.

“Pero ellos (los policías) no llegaron solos, ni las armas que llevaban son propias, ni tienen dónde conseguir balas de goma. Todo eso fue ordenado por el gobernador y es él quien no ha asumido su responsabilidad en el caso Chalchihuapan. Es claro que va a culpar de todo a los policías”, declaró Del Castillo. “El gobernador tiene la virtud de unir a todos en su contra”, acusó.

El pasado viernes ocurrió otro hecho similar, considerado histórico, pues los pueblos de San Andrés y San Pedro Cholula se unieron en una procesión con la Virgen de los Remedios, hecho que no ocurría desde hace un siglo.

Este acto religioso fue para pedir a la Virgen “el milagro” de detener el proyecto de Moreno Valle para construir un parque en terrenos que los cholultecas consideran sagrados desde la época prehispánica, alrededor de la gran Pirámide y del templo de la Señora de los Remedios.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ

México, reprobado en calidad de vida: OCDE

MÉXICO, D.F. (apro).- Los indicadores de México para medir la calidad de vida –excepto los del desempleo y de la contaminación del aire– se encuentran por debajo del promedio de los 34 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Según un estudio del organismo internacional difundido este lunes, México es el país más inseguro para vivir, pues tiene 22.9 homicidios por cada 100 mil habitantes, una tasa siete veces mayor al promedio de la OCDE, que apenas rebasa los cuatro por cada 100 mil habitantes.

Asimismo, el ingreso promedio de los mexicanos resulta tres veces inferior al de los habitantes de la Organización, al alcanzar 6 mil 554 dólares por persona, contra los 18 mil 907 en el promedio general.

Del mismo modo, sólo 40% de los trabajadores mexicanos cuenta con un certificado de estudios secundarios, mientras que en promedio, 74.6% de la fuerza laboral de la OCDE tiene este certificado.

El estudio revela que las disparidades en los indicadores no sólo se observan entre diferentes países, sino también al interior de éstos; particularmente entre las 362 regiones que abarcan y de las cuales forman parte las 32 entidades federativas de México.

En todos los indicadores de bienestar –excepto el de empleo– se encuentra al menos una entidad mexicana en el 5% de los peores resultados de las regiones de la OCDE.

Por ejemplo, Chiapas está en el 5% de los últimos de la lista en ingresos y en educación; mientras que Chihuahua está registrado como parte del 5% de los peores en seguridad y acceso a la salud.

Además, México aparece como el país con la mayor disparidad en el acceso a los servicios: En Oaxaca sólo 15% de los hogares está conectado a Internet, contra 40% en el Distrito Federal. Además, queda en el segundo lugar en disparidades de ingresos, así como en nivel educativo de los trabajadores, después de Turquía.

Si bien los regiomontanos obtienen un ingreso en promedio 150% más alto que el de México, los chiapanecos por su parte reciben un ingreso 60% inferior al nacional, estima el informe.

Respecto a la calidad ambiental, si bien Morelos forma parte del 5% más bajo de la OCDE, Yucatán se posiciona entre el 10% de las regiones con las mejores condiciones ambientales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE

Desechan en EU demanda contra Zedillo por masacre de Acteal

WASHINGTON: La Corte Suprema de Justicia puso fin a la demanda que 10 personas interpusieron en Hartford, Connecticut, contra el expresidente mexicano Ernesto Zedillo, a quien acusaron de encubrir los hechos sobre la masacre de 45 personas en Acteal, Chiapas.

La agencia noticiosa estadunidense Associated Press (AP) reportó este lunes que un juez federal en Connecticut y la Corte Federal de Apelaciones del Segundo Distrito en Nueva York, desecharon la demanda contra Zedillo bajo el argumento de que el expresidente tiene inmunidad diplomática.

“La Corte Suprema de Justicia no dio ninguna razón por la cual declinó escuchar el caso” de los demandantes, sostiene el despacho de AP.

Los demandantes, cuya identidad no ha sido revelada, son presuntamente sobrevivientes de la masacre en Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en el sureño estado de Chiapas, durante el mandato de Zedillo.

“La Corte Suprema finalmente puso fin a esta frívola demanda”, escribió Jonathan M. Freiman, abogado de Zedillo, en un correo electrónico que envió a AP.

“El señor Zedillo sirvió a su nación con tremenda visión y valor, como lo dijera una vez el expresidente Bill Clinton”, añadió Freiman en el correo electrónico.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL

Puebla “es una bomba a punto de estallar” por la represión de Moreno Valle, alerta el Rector de la Ibero en el estado

Ciudad de México, 4 de septiembre: El Rector de la Universidad Iberoamericana en Puebla, Fernando Fernández Font, alertó que la entidad “es una bomba a punto de estallar” ante el autoritarismo y represión de la protesta por parte del gobierno estatal, encabezado por Rafael Moreno Valle Rosas, lo que amenaza los derechos humanos de los ciudadanos. Acusó que las leyes y casos polémicos no se discuten públicamente ni son objeto de análisis y puso como ejemplo la llamada “Ley Bala”, a la que el mandatario local tuvo que meter reversa tras una serie de críticas y protestas.

Durante la presentación de su informe por el segundo año de labores en esa institución, y ante autoridades municipales, estatales y federales, además del Arzobispo de Puebla, el Rector aseguró: “En el ámbito local, la situación de derechos humanos se encuentra amenazada entre la tentación autoritaria de control y represión gubernamental de la movilización y la protesta, y los fenómenos de violencia social y sexual que se han incrementado en los últimos meses”.

De acuerdo con medios locales, el Rector detalló los vicios del gobierno encabezado por Moreno Valle: el autoritarismo y la represión del gobierno estatal, las amenazas a los derechos humanos, la ausencia de contrapesos, la aprobación de leyes sin discusión y los intereses económicos detrás de los megaproyectos como el gasoducto Morelos.

“Como se ha documentado y denunciado por diversos actores, los contrapesos en el estado son cada vez más inexistentes, lo que ha traído como consecuencia, por mencionar un ejemplo evidente, la aprobación de leyes polémicas que no se discuten públicamente ni son objeto de un análisis multifactorial y respetuoso de los derechos humanos, como se espera de un régimen democrático”, acusó.

“Tal es el caso de la llamada #LeyBala que, bajo la intención de regular el uso de la fuerza pública durante las manifestaciones y protestas, parecería esconder el interés de controlar el espacio público y cerrarle el paso a la disidencia. Pese a que fue limitada en su contenido, esta ley fue aprobada y publicada, cobrando sus primeras víctimas con el operativo, que tuvo lugar en San Bernardino Chalchihuapan a principios de julio”, dijo.

“Otra acción legislativa preocupante es la Ley de Expropiación para el estado de Puebla, toda vez que en su aplicación entran en juego diversos intereses económicos con fines de apropiación de terrenos para megaproyectos mineros y de instalación de gasoductos que amenazan la seguridad pública y han generado múltiples y justificadas protestas entre las comunidades afectadas”, añadió.

Además, Fernández Font consideró que la pobreza en la entidad es igual que con el ex Gobernador Mario Marín Torres que con Moreno Valle, dijo que si bien hay diferencia entre las administraciones, la pobreza es un fenómeno que no se ha logrado combatir en una década.

“Son dos gobernadores distintos, dos problemas distintos, pero una coincidencia: cada vez hay más pobres, cada vez el salario alcanza menos, cada vez la distribución de las ganancias es más injusta y cada vez hay menos democracia”, advirtió.

Fernando Fernández cuestionó sobre la inversión en los proyectos que buscan fomentar el turismo en Puebla. “Esta administración ha invertido muchísimo dinero, muchísimos recursos y muchísimo esfuerzo en mejorar ciertas zonas, como la rueda de la fortuna y ahora con el Museo Internacional Barroco […] Se ve que es un Gobernador que le interesa demostrar a la ciudadanía que está haciendo mucho, pero por el otro lado uno se pregunta ¿y eso a quién beneficia? Puebla sigue siendo un estado de máxima pobreza”.

También comentó sobre la situación política actual del país, de la cual señaló que el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Ejecutivo federal, estuvo marcado por el Pacto por México, la coalición partidario entre el PRI y los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), con el cual “se decidieron 95 reformas detenidas en los últimos 20 años”.

“Dicho pacto, que inició con un fuerte impulso esperanzador, poco a poco se fue diluyendo al no dar cabida plena a los intereses de la sociedad y de los propios partidos políticos. Con todo y esta situación, las reformas electorales fueron avanzando en medio de pugnas, descontento social y protesta ciudadana, quedando en evidencia el verdadero interés detrás de la partidocracia: la lucha por el reparto del poder y del dinero del erario público”, refirió.

Y alertó: “Los principales problemas del país, como la violencia exacerbada, la pobreza extrema, la injusticia e inequidad, la sistemática violación a los derechos humanos, así como la expansión de enclaves autoritarios y de Estado fallido en el territorio mexicano, ilustran que el actual gobierno federal ha sido deficitario en gobernabilidad, democracia y justicia social. Igualmente, ha sido notable la ausencia de una estrategia gubernamental para inhibir y acotar la corrupción endémica que atraviesa al país, con toda la opacidad”, la impunidad y la falta de transparencia que ello conlleva”.

Fernando Fernández advirtió que “en el marco estatal los gobernadores han acrecentado un control muy importante sobre sus territorios a base de un ejercicio de la autoridad que no admite contrapesos; sin embargo, el PRI–gobierno, al mismo tiempo ha ido restaurando un presidencialismo autoritario a la vieja usanza, que se vale de los controles que se ejercen a nivel local”.

INAH RECHAZA PROYECTOS DE RMV

Ayer, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Puebla denunciaron, por su parte, que en al menos cuatro de los proyectos del gobierno de Moreno Valle en la entidad, violan diversas leyes federales, entre ellos el de la construcción del Parque de las Siete Cultura en la zona arqueológica de Cholula; además señalaron que temen que en Cholula se dé un caso como el de Chalchihuapan, donde un menor perdió la vida a consecuencia de una bala de goma disparada por policías que intentaban contener una manifestación.

También se deslindaron de los permisos otorgados por la delegación federal, a cargo del antropólogo Francisco Ortiz Pedraza, y cuestionaron que debido a que el delegado del Centro INAH Puebla no es experto en temas de preservación y conservación del patrimonio, ya que es antropólogo, el gobierno del estado se ha brincado el trámite en la entidad y acude directamente a las oficinas centrales del instituto, en la Ciudad de México, para que estas licencias procedan.

En rueda de prensa, los especialistas Sonia Espinosa, Cecilia Vázquez, Ignacio Ibarra, Elisa Ávila, Francisco Mendiola, Miguel Balbuena, Patricia Flores, Denise Monserrat Ramos y Graciela Sánchez denunciaron que las obras como el Distribuidor vial de Cholula, el teleférico, el edificio de 11 pisos que se construye en la zona monumental del Centro Histórico de Puebla, y una cancha de futbol rápido a mitad del zócalo del siglo XVII de Tochtepec, presentan una serie de anomalías.

Sobre el Parque de las Siete Culturas, los especialistas reiteraron que hasta el momento no existe ningún permiso liberado por el INAH para comenzar con la construcción de planchas de cemento en el sitio arqueológico.

Francisco Mendiola, jefe de los investigadores del Centro INAH en Puebla, argumentó que los gobiernos de San Andrés y San Pedro Cholula están violando el decreto presidencial de 1972, que da protección al sitio arqueológico, al intentar edificar el parque temático de las Siete Culturas. Por este ilícito, advirtió que los ayuntamientos podrían ser multados por incumplir la Ley federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Y aseguró: “Estamos en contra de estos trabajos que por debajo del agua se meten […] El estilo del Gobernador es no tomar en cuenta al INAH y realizar la obras, necesitamos los proyectos y trabajar sobre el proyecto para no afectar el patrimonio arqueológico y cultural”.

Además alertó que temen que en Cholula se dé un caso similar al de Chalchihuapan, con la aplicación de la #LeyBala ante la oposición generalizada de la población a obras innecesarias. “Están tocando el corazón de la identidad cholulteca por intereses del gobierno”, reclamó.

Por su parte, la arqueóloga Rita Cruz Valdés manifestó que el proyecto de Moreno Valle de transformar el Hospital Siquiátrico en un museo de sitio es muy vago y se tienen que aclarar varias cuestiones.

“No hay ningún elemento oficial que nos diga qué condiciones va a tener, si es una edificación de un particular o del gobierno, si lo dan como dato, si lo prestan o si lo donan, eso tiene que quedar claro. Luego la colección si va a ser institucional y quién administra el lugar, si el gobierno del estado invierte al rato va a querer utilizar el lugar y lucrar con él”, sostuvo.

PERO SÍ SE PROTEGE A LOS TURISTAS

Este jueves, el Subsecretario de Turismo a nivel federal, José Salvador Sánchez Estrada, junto con el Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, anunció la creación de la Policía Turística de Puebla, la cual busca garantizar la seguridad a visitantes nacionales y extranjeros.

En el edificio de la Policía Turística, los policías serán capacitados en materias como inglés e historia de Puebla, para estar en posibilidades de orientar a los turistas que asistan al estado.

“A nombre de la secretaria, Claudia Ruiz Massieu, quiero hacer un reconocimiento al Gobernador Rafael Moreno Valle por su labor e impulso al turismo, que ha posicionado al estado de Puebla como un destino de vanguardia”, declaró Sánchez Estrada.

Alertas en la Ley de Infancia

Con muchos “peros” por lagunas no previstas y apartados que causarían problemas, la Cámara baja aprobaría la ley que protege derechos de niños y adolescentes mexicanos.

El pleno de la Cámara de Diputados tiene como consigna aprobar el próximo jueves la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, primera iniciativa preferente enviada al Congreso por Enrique Peña Nieto en su sexenio.

En la aprobación coinciden las organizaciones que vieron con buenos ojos los cambios realizados en el Senado a la minuta que había enviado el Ejecutivo, y sus detractores.

La iniciativa busca regular una amplia gama de derechos para la infancia y la adolescencia. 

La ley incluye el combate al bullying, la migración ilegal y los derechos sexuales o reproductivos de los menores, además de otras propuestas. 

La iniciativa enviada por el ejecutivo tuvo modificaciones sustanciales en el Senado, de la mano principalmente de la senadora perredista Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. 

Estos cambios parecen el punto final de la ley. 

El director nacional de Red Familia, que agrupa a 892 organizaciones civiles, Mario Romo, asegura en entrevista que hay un acuerdo para no moverle “ni una coma” en la Cámara revisora, y que la Ley pueda ser promulgada antes del plazo legal de 30 días posteriores al inicio del periodo ordinario de sesiones.

En esto coincide la senadora por el Partido del Trabajo (PT) Ana Gabriela Guevara, a quien le impidieron presentar las reservas a cuatro artículos que contenían “puntos preocupantes” respecto a los migrantes menores de edad.

Los artículos referidos a derechos sexuales, reproductivos y migración sobresalen como los focos rojos que podrían traer consecuencias “no deseadas o planeadas” cuando la Ley se ponga en práctica.

Padres excluidos

“Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”, consigna el artículo 4º constitucional, reformado en 1974.

Este precepto ha sido tomado por la Secretaría de Salud y las organizaciones que defienden la educación sexual en edades tempranas como la base para argumentar que la carta magna contempla los “derechos sexuales y reproductivos”. 

La interpretación llegó también hasta esta nueva ley, en la cual se incluyó en el artículo 50 que las autoridades deben “proporcionar asesoría y orientación sobre el ejercicio responsable de sus derechos sexuales y reproductivos a niños, niñas y adolescentes”.

Pero la Ley no define cuáles son estos derechos ni en qué consisten. 

Tampoco lo están “en ningún tratado internacional vinculante de derechos humanos suscrito por el Ejecutivo y ratificado por el Senado”, dijo en entrevista Mario Romo, director nacional de Red Familia. 

El Comité de Derechos Humanos de la ONU considera que en estos derechos se incluye la educación sexual, el embarazo adolescente, la esterilización voluntaria, la edad mínima para contraer matrimonio, el aborto y la confidencialidad de la información médica. 

Otros conceptos agregan el cambio de sexo como parte de estos derechos.

La Red acusa que la ley debería hablar de “salud sexual y reproductiva” en lugar de “derechos sexuales”, ya que éstos no tienen una definición consensuada.

Como quedó en la ley, un menor podría abortar, cambiar de sexo o sufrir una esterilización quirúrgica sin conocimiento de sus tutores.

La promoción de la educación sexual integral, incluida en el artículo 58 de la Ley, tampoco habla de la participación de los padres o tutores ni hace una diferenciación entre niños pequeños, mayores o adolescentes para dirigir los esfuerzos de “desarrollo de competencias” para “ejercer sus derechos sexuales y reproductivos”.

Romo acusa: “Si quieren meter todo eso, que lo discutan en el ámbito democrático, lo que no se vale es que lo metan por debajo de la alfombra para luego de ahí hacer todo lo que quieras, eso es lo que no queremos”.

Una laguna peligrosa

En julio de este año, una comisión de legisladores que realizó la ruta del migrante por la frontera norte detectó que en el Centro de Atención al Migrante en Sonora había 60 menores no acompañados.

La Ley que aprobará la Cámara de Diputados no especifica en su artículo 92 que los niños migrantes a los que se les realizarán los procesos con garantías de información, intérprete, abogado, se aplicarán para estos menores no acompañados, a los que no se hace referencia en el proyecto de legislación.

El artículo 92, como quedó aprobado en el Senado, establece que “podrá prevalecer la unidad familiar”. 

La senadora Ana Gabriela Guevara, como presidenta de la Comisión de Migración en la Cámara alta, busca que este principio sea obligatorio, es decir, que la ley diga que “se deberá hacer prevalecer” esta unidad, lo que es importante porque de lo contrario un niño puede ser recluido en un lugar y sus familiares en otro. 

El mismo artículo dice que la reunificación familiar también podrá prevalecer, lo cual sería un vehículo para que muchos menores aleccionados pidan que se traigan a sus padres o tutores desde sus países, “con cargo al Estado mexicano”, según Guevara.

“Se presta para trata”, acota, “a veces vienen con coyotes y pueden estar aleccionados (…) tanto el Instituto Nacional de Migración (INM)como la Secretaría de Gobernación notaron la apertura que deja esto, están conscientes de que está mal, más allá de que el dictamen trae cosas muy bondadosas”.

El secretario técnico de la Comisión de Migración del Senado, Sergio Monroy, explica que la legislación debería indicar que la determinación de refugio de este menor debe ser dictaminada por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), pero la ley es ambigua al respecto.


Este artículo podría traer como consecuencia que los coyotes obtengan visas humanitarias con los niños y se quedaran legalmente en México.

El artículo 98 aprobado no menciona la participación de la Comar sino del INM, el cual no tiene una capacidad jurídica para otorgar asilo.

“La explosión demográfica que tendría México derivada de la Ley no está calculada. No existe un censo de migrantes ilegales, no sabemos cuánta gente está aquí o podría venir”, alerta Monroy.

Negociando con niños

“El año pasado aventaron de La Bestia a una niña de nueve años porque su madre no tuvo 100 dólares para pagar por ella a las bandas de mara salvatrucha. 

“Les están pidiendo 200 dólares para subir al tren. Si no pagan les cortan la cabeza, les disparan, los lanzan a las vías del tren. Lo hacen con hombres, mujeres, con bebés y niños”, cuenta el profesor Jorge Andrade.

Su relato tiene ancla en el trabajo que realiza en el Estado de México como parte del colectivo Ustedes Somos Nosotros, que ayuda a migrantes en su paso por México. 

Andrade ha visto en los meses recientes que el paso de menores de edad va en aumento y que en muchos casos son extorsionados por los propios coyotes o polleros que sus padres les contratan desde Estados Unidos, donde los esperan para reunificarse.

Muchos menores viajan acompañados de algún familiar, amigo o del pollero con quien vienen “conectados” y se encarga de pasarlos por México. 


“En el camino les cobran más de lo que habían acordado y pasan la frontera por un estado  diferente al acordado”. dice el candidato a doctor en Antropología por la UAM.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.

Geografía política 2015

El proceso electoral 2014-2015 inicia formalmente hoy. De las 17 entidades donde habrá comicios locales, nueve de ellas se buscarán nuevo gobernador. Sin embargo, hay algo más en juego: el relevo de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión. Este punto será de vital importancia para el Gobierno Federal que busca consolidar al PRI con una mayoría que le permita al presidente Enrique Peña Nieto completar sus reformas.

EN JUEGO 

> 9 gubernaturas
> 500 diputaciones federales
> 629 diputaciones locales
> 903 presidencias municipales
> 16 delegaciones políticas del Distrito Federal

El PRI buscará mantener:
> Querétaro
> San Luis Potosí
> Campeche
> Colima

El PAN quiere retener
> Baja California Sur

LO NUEVO 

> El nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) pondrá en marcha la reforma constitucional en materia político-electoral, promulgada el 31 de enero.

> Las elecciones serán 52.4 por ciento más altos que la elección “intermedia” de 2009. 

> Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Encuentro Social (PES) y Humanista (PH) lograron su registro oficial el pasado primero de agosto y para conservarlo deberán alcanzar por lo menos el tres por ciento de la votación emitida en la elección federal para diputados

> Se dará el primer choque entre el PRD —que controla la Ciudad de México desde 1997— contra Andrés Manuel López Obrador.

> El 7 de junio de 2015 también habrá elecciones locales en Oaxaca por usos y costumbres.

LOS ESTADOS

Baja California Sur
Gobernador
16 legisladores por mayoría simple
5 de representación proporcional
5 presidencias municipales

Campeche
Gobernador
21 diputados de mayoría relativa
14 plurinominales
11 alcaldes

Chiapas
25 diputaciones de mayoría  relativa
16 de representación proporcional
122 alcaldías

Distrito Federal
40 miembros de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)
16 jefes delegacionales

Guanajuato
22 diputados por voto directo
14 plurinominales
46 presidencias municipales

Guerrero
Gobernador
28 legisladores de mayoría relativa
18 de representación proporcional
81 alcaldes

Jalisco
20 diputados de mayoría relativa
19 plurinominales
125 presidencias municipales

Estado de México
45 diputados de mayoría simple
30 de representación proporcional
125 presidentes municipales

Michoacán
Gobernador
24 legisladores de mayoría relativa
16 de representación proporcional
113 alcaldías

Morelos
18 diputados por voto directo
12 plurinominales
33 ayuntamientos

Nuevo León
Gobernador
26 de mayoría relativa
16 de representación  proporcional
51 presidentes municipales

Querétaro
Gobernador
5 diputados por voto directo
10 plurinominales
18 alcaldes

San Luis Potosí
Gobernador
15 por voto directo
10 de representación proporcional
58 alcaldes

Sonora
Gobernador
21 diputados de mayoría relativa
12 plurinominales
72 presidentes municipales

Tabasco
21 legisladores por voto directo
14 de representación proporcional
17 ayuntamientos

Yucatán
15 diputados de mayoría relativa
10 de representación proporcional

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ

Denuncia Cofepris falsificación de registro

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios presentó una demanda ante la PGR por la falsificación de un registro sanitario por parte de dos empresas que ganaron una licitación en el IMSS.

La Cofepris interpuso el mes pasado una denuncia penal en la PGR por la presunta falsificación de un registro sanitario de un medicamento que habría realizado la empresa SAVI Distribuidores para ganar un contrato de 100 millones de pesos en el Instituto Mexicano de Seguro Social.

La denuncia fue presentada el 22 de septiembre luego que Reporte Indigo documentó y publicó la manipulación de la licitación pública internacional OA-019GYR047-T57-2013, convocada por el IMSS el año pasado para la adquisición de varios medicamentos.

La denuncia que se presentó contra quien resulte responsable fue presentada en la PGR por Itzel Karym Vargas Robledo, subdirectora ejecutiva de lo Contencioso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud.

“Una vez que inicie la averiguación previa correspondiente y se practiquen las diligencias necesarias para su integración y perfeccionamiento, solicito a esta representación de la Federación ejercite acción penal, en contra de quien o quienes resulten responsables por la posible comisión de algún delito, considerando los hechos denunciados en el presente escrito”, señala la denuncia de la cual este periódico tiene una copia.

En el texto de la demanda que presentó la Cofepris establece que el 9 de septiembre pasado se recibió en la oficialía de partes de esta dependencia federal un sobre amarillo que contenía una denuncia anónima por un supuesto registro sanitario supuestamente alterado.

Se trataba del registro sanitario 224M2013SSA que la empresa SAVI Distribuciones y Zurich Pharma utilizaron  como propio del medicamento Doxorrubicina. para ganar esta compra.

Sin embargo, este número de registro la propia Cofepris lo tenía asignado al medicamento Pregabalina, que comercializa Laboratorios Best S.A. de C.V., bajo el nombre de Ataxius.

De acuerdo a la denuncia de la Cofepris, en la investigación que realizó el IMSS se detectó que del registro 224M2013SSA se desprenden diferencias tales como indicaciones terepeúticas equivocadas, fórmulas de fabricación distinta, fecha de expedición distinta y contraindicaciones distintas.

Tampoco coincidió la firma del funcionario de la Cofepris.

“De lo anterior se desprende una posible conducta ilícita consistente en falsificación de documentos públicos contemplada en el artículo 243 del Código  Penal Federal”, aclara el documento de la denuncia.

El 12 de septiembre, Reporte Indigo documentó y publicó la manipulación de la licitación pública internacional OA-019GYR047-T57-2013, convocada por el IMSS el año pasado para la adquisición de varios medicamentos. 

Entre otras sustancias, en ese proceso se definió la empresa a quien se le comprarían 29 mil 582 unidades de Doxorubicina, un medicamento utilizado para el tratamiento a enfermos de Sarcoma de Kaposi asociado al SIDA, para Cáncer de Mama y de Ovario. 

El contrato fue adjudicado por el IMSS a SAVI Distribuciones S.A. de C.V., empresa intermediaria que en este caso representaba al laboratorio Zurich Pharma S.A. de C.V.


Y el día de ayer Reporte Indigo publicó que el negocio millonario que representa el abasto de medicamentos para el IMSS es acaparado por un grupo de empresas que están bajo sospecha de estar coludidas con funcionarios federales del Sector Salud.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

Consignan a “El H” sólo por arma prohibida; saldría con fianza

MÉXICO, D.F. (apro).- El Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México dictó auto de formal prisión contra el jefe del Cártel de los Beltrán Leyva, Héctor Beltrán, El H, por el delito de portación ilegal de arma, por el cual podría obtener fianza.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el juzgado con residencia en Toluca le declaró formal prisión en la causa penal 70/2014, que se le sigue mientras está preso en el penal federal del Altiplano, en el municipio mexiquense de Almoloya.

La Procuraduría General de la República (PGR) hasta ahora ha consignado sólo por ese delito al jefe del cártel, quien podría solicitar una fianza para su libertad debido a que el delito no está considerado grave en el Código Penal Federal.

Beltrán Leyva fue detenido por efectivos del Ejército y de la Marina, Armada de México, el miércoles 1 en un restaurante del centro de San Miguel de Allende, Guanajuato.

Los militares reportaron que El H portaba una pistola calibre .380 pulgadas, de fabricación italiana marca Browning, modelo BDA-380 425 PM, matrícula 06341.

La PGR lo acusa de no haber acreditado la licencia de portación que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Germán Goyeneche, quien fue detenido junto con El H y presunto operador financiero del cártel, la PGR lo acusa del delito de portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, pero su declaración preparatoria ante el juez de Toluca se hará por exhorto, debido a que se encuentra detenido en el penal federal de Puente Grande, Jalisco.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA