Como procurador, Tomás Coronado guardó 13 demandas contra varias dependencias durante la gestión del exgobernador Emilio González, algunas por peculado y desvío de recursos. La cercanía con el panista podría costarle cara a Coronado, quien aspira a gobernar Guadalajara
Bajo el mandato del exgobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, su Contraloría documentó diversos delitos cometidos en varias dependencias de gobierno, tan graves como enriquecimiento ilícito y peculado, pero todo terminaría encubierto y nunca expuesto a la opinión pública.
Fraude, desvío de recursos públicos, falsificación de documentos, aprovechamiento ilícito de atribuciones y facultades, complementan la lista de los ilícitos que la Contraloría del Estado comprobó en las secretarías estatales con las auditorías que realizó durante el sexenio anterior.
La Contraloría del gobierno de González Márquez llevó todos estos casos ante el Ministerio Público a través de 13 denuncias penales que fueron presentadas en los años 2009 (una), 2010 (nueve) y 2011 (tres).
Fue ahí precisamente, en la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ), entonces en manos de Tomás Coronado Olmos, donde se determinó que estas investigaciones debían parar y no ir más lejos.
Los hechos constitutivos de delito habían sido detectados por la Contraloría en sus tareas de fiscalización en 10 dependencias distintas y tan relevantes como la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), ejecutora de las obras más importantes en la entidad, hoy llamada Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.
También en la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), con la plantilla de empleados y el presupuesto más grande para una dependencia estatal, y la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), también con una de las estructuras más amplias del Ejecutivo.
Las denuncias se dirigieron igual contra la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado, y la Industria Jalisciense de Rehabilitación Social (Injalreso), que comercializa los productos que son hechos por los reclusos en el estado.
Sin embargo, ni una sola de las 13 averiguaciones previas que abrió la PGJ de Coronado Olmos terminó siendo consignada ante un juez, por el contrario, todas fueron archivadas (canceladas), profundizando la impunidad en el ámbito gubernamental estatal, y logrando ocultar los casos de corrupción hallados por la Contraloría.
Según el Código de Procedimientos Penales del Estado, la decisión de acabar con el desarrollo de una investigación de este tipo es atribución del procurador, en ese momento Coronado Olmos, pues dice el artículo 102:
“Cuando en vista de la averiguación previa, el agente del MP respectivo estimare que no es de ejercitarse la acción penal por los hechos que hubiesen sido materia de la denuncia o querella inicial, remitirá el expediente con su opinión fundada al procurador general de justicia, a fin de que decida si la averiguación debe continuar, con expresión de las diligencias pertinentes; si se suspende en espera de mejores datos; o si se archiva definitivamente. Contra esa resolución del procurador no procede recurso alguno”.
Haber continuado con las investigaciones para consignar a los funcionarios involucrados habría representado, por supuesto, nuevos golpes político-mediáticos a la administración que encabezaba González Márquez.
Los investigan
Contra la Sedeur, que estaba a cargo de Sergio Carmona Ruvalcaba, se presentó una denuncia penal en 2011 por desvío de recursos públicos, aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, y fraude.
En la SEJ se generaron dos denuncias penales distintas en el 2010, una por peculado y otra por infringir los derechos de autor.
En ese momento su titular era José Antonio Gloria Morales, quien asumió el puesto el 12 de enero de 2010 al relevar a Miguel Ángel Martínez Espinosa.
El delito de peculado es aquel que comete “todo servidor público que, para usos propios o ajenos, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquiera otra cosa perteneciente al Estado o municipio, organismo descentralizado o a un particular si, por razón de su cargo, los hubiese recibido en administración, en depósito o por otra causa”.
Contra la Secretaría de Vialidad y Transporte se presentaron un par de denuncias, una en el 2010 y otra en 2011, la primera por falsificación de documentos y la segunda por desvío de recursos, aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, y fraude.
En ese tiempo su titular era Diego Monraz Villaseñor, quien llegó al encargo en marzo del 2010, luego de dirigir el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur); ahora sus aspiraciones políticas están en Zapopan.
En la SSJ la Contraloría documentó fraude, en 2010, cuando su titular era Alfonso Petersen; éste y el exprocurador de Jalisco, Coronado Olmos, son ahora de las cartas que baraja el PAN para la alcaldía de Guadalajara en las elecciones de 2015.
El exprocurador declaró recientemente sobre sus aspiraciones políticas en Guadalajara.
“La tendencia es buscar convencer a la gente y eso es lo que estaremos haciendo. Yo creo que con el trabajo que hemos desarrollado durante 18 años en funciones y que hemos cumplido a cabalidad, vamos a llegar a Guadalajara a cumplir el periodo de los tres años”, dijo a medios locales.
En la Contraloría del sexenio pasado estuvo al frente Maricarmen Mendoza Flores, hasta diciembre del 2011, cuando salió para ser relevada por Francisco Trueba Pérez; hoy es coordinadora de la fracción del PAN en el Ayuntamiento de Zapopan.
Educación y malos manejos
Las investigaciones que ha realizado la Contraloría, tanto en la anterior administración, del PAN, como en la actual, del PRI, demuestran que los institutos técnicos superiores del Estado, y en general los entes paraestatales, tienen problemas muy serios de corrupción.
De estas 13 denuncias penales tres fueron dirigidas contra Organismos Públicos Descentralizados con un fin educativo.
En el Instituto Técnico Superior de Chapala, en el 2009 se presentó una denuncia por falsificación de documentos y fraude; luego, en el 2010 mereció otra ante la PGJ por el mismo ilícito.
En 2010 se dirigió una denuncia contra el Instituto Técnico Superior de Tequila, por fraude genérico, desvío y aprovechamiento ilícito de atribuciones y facultades.
Ya en esta gestión, en 2014, la Contraloría clasificó un monto de 16 millones 358 mil 661 pesos como Riesgo de Daño, Daño Patrimonial y Desviación de Recursos en el Instituto Tecnológico Superior de Cocula; 479 mil 541 pesos en el de Zapotlanejo, y 468 mil 665 pesos en el de Tala.
Los desvíos hallados con auditorías de 2013 y 2014 en la esfera paraestatal, con alcance hacia años atrás, superan los 4 mil 564 millones de pesos.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: LUIS HERRERA.
Cada semana surgen nuevos escándalos de diputados vinculados con el crimen organizado. Edgardo Buscaglia, uno de los mayores estudiosos del narcotráfico en México, lo tiene claro: “El corazón de la delincuencia” no son los narcos, sino los políticos. Por esta razón el fenómeno empeorará y los legisladores sólo actuarán cuando los asfixie el miedo de ser los siguientes asesinados. El último caso involucra al PVEM, partido aliado con el PRI: el diputado Ricardo Astudillo Suárez le abrió las puertas de San Lázaro a Germán Goyeneche Ortega, presunto operador de Héctor Beltrán Leyva.
MÉXICO, D.F: Al Poder Legislativo ya lo infiltró el crimen organizado, como lo estuvo Italia y Colombia en las décadas de los ochenta y noventa. En esos países, 68% de los congresistas fueron procesados por vínculos con grupos criminales, y todo indica que en México ocurrirá algo parecido, aunque aquí se actuará hasta que “todos los legisladores sientan el temor de que pueden ser los próximos asesinados… hasta que sientan el terror que sentían sus homólogos italianos y colombianos”.
Así resume Edgardo Buscaglia la vida política mexicana después del asesinato del diputado federal priista Gabriel Gómez Michel y de las apariciones de los legisladores Ricardo Astudillo (PVEM) y Ricardo Villarreal (PAN) junto a presuntos operadores financieros del narcotráfico.
Investigador en campo y aula del crimen organizado y la política, Buscaglia insiste: “Sí, el Poder Legislativo está tan infiltrado como en esos países”. Y va más allá. Revela que desde hace años “hemos observado indicios de infiltración al más alto nivel en el Estado mexicano”.
Cuando José Luis Santiago Vasconcelos estaba en la Procuraduría General de la República (PGR, de 1993 a 2006), “en 90% de las causas penales contra grupos criminales había indicios de corrupción política. Testimonios de testigos protegidos y corroboradas por otros. Pero no se abrían investigaciones por presiones políticas a pesar de que Santiago Vasconcelos lo deseaba. (No se abrían) por obvias razones, para no generarle un dominó de inestabilidad política a la élite en turno, al gobierno de turno”…
Fragmento de la entrevista que se publica en la edición 1979 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REPORTAJE ESPECIAL.
MÉXICO, D.F. (apro).- Tras el caso delirante y fuera de toda proporción de la desaparición y asesinato de al menos 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotizapa, Guerrero, el hallazgo de 28 cuerpos humanos en narcofosas y la confirmación de que en Iguala se construyó un narco-municipio, con un narco-alcalde fugado (José Luis Abarca), narcopolicías-sicarios y una compleja red de protección e infiltración del cártel de los Guerreros Unidos que llega hasta la administración de Angel Aguirre, y quizá hasta nivel federal, en la clase política de todos los niveles y partidos ha surgido la única certeza: Iguala se trata de una crisis de Estado.
Ahora es Iguala, pero antes fue la crisis de Michoacán, mucho antes Tamaulipas con episodios como los asesinatos masivos de migrantes en San Fernando o la ejecución del candidato priista a gobernador Rodolfo Torre Cantú y, desde el 30 de junio de este año, la ejecución sumaria de al menos 22 jóvenes en el municipio de Tlatlaya, Estado de México. A esta serie de episodios o casos sin expediente cerrado se suman muchos otros que hablan del ascenso irrefrenable hacia un narco-Estado.
No hay partido que se salve. No hay dirigente político que pueda señalar estar libre de vínculos extraños con personajes acreditados como personeros del crimen organizado. No hay nivel de gobierno que pueda lavarse las manos frente a las advertencias constantes. Sólo hay una impunidad reiterada que ha minado la credibilidad misma de la estrategia de combate a la inseguridad y a los cárteles de la droga.
En la prensa internacional el caso Iguala ha despertado las peores alertas. The New York Times, El País, Le Monde, Daily Mail, entre otros, han destacado el clima de violencia que se vive en Guerrero y la deliberada y constante evasión y omisión de las autoridades locales encabezadas por Angel Aguirre y de las federales para evitar un freno al ascenso de los Guerreros Unidos.
Algunos medios no dudan en llamarle a este episodio “la peor masacre reciente” en “un país acostumbrado a los asesinatos en masa” (The New York Times), mientras otros indican que ni siquiera el inasible discurso del primer mandatario Enrique Peña Nieto, diez días después de los sucesos, ha evitado la espiral de vergüenza.
La clase política mexicana está cimbrada, pero no atina a tomar decisiones claras y contundentes. Diez días después, el gobierno federal mandó a elementos de la Gendarmería cuando ya el alcalde y sus narcopolicías habían huído y hecho de las suyas.
El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, tomó en sus manos el caso, cuando desde el principio hubo indicios de que se trataba de una ejecución del crimen organizado.
El dirigente perredista René Bejarano, de IDN, ahora hace pública la información que compartió desde 2013 con la Secretaría de Gobernación que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong y con el propio mandatario estatal sobre la responsabilidad del alcalde José Luis Abarca con el homicidio del líder social Arturo Hernández Cardona.
Y Aguirre Rivero, repitiendo el episodio desastroso de la matanza de Aguas Blancas que lo llevó a ser gobernador interino en 1996, ahora repite el mismo guión de quien se lava las manos frente a su clara responsabilidad en el desgobierno: chantajea, presiona y afirma que “Aguirre no se raja”, como si él fuera la víctima y no decenas de normalistas, campesinos e indígenas que han sido sistemáticamente asesinados en su entidad durante los últimos cuatro años de su administración.
La nueva dirigencia nacional del PRD se estrena con el lamentable papel de enredar el caso para evadir que tanto el gobernador Aguirre como el alcalde Abarca fueron avalados por la corriente hegemónica conocida como Los Chuchos que domina este partido y palomea candidaturas de tránsfugas que ofrecen dinero, votos y cuotas de poder.
Guerrero está reproduciendo los pasos de la espiral de decadencia que llevaron al desgobierno en Michoacán. Hasta el cártel de los Guerreros Unidos imita las tácticas de Servando Gómez, La Tuta, y amenaza con difundir videos donde se observa a políticos “de todos los partidos” recibir sus favores.
Es, sin duda, una crisis de Estado. Y el Plan de Iguala puede ser el hundimiento o la contraofensiva de una situación que tiene a varios responsables en primera fila.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL (ANÁLISIS)
IGUALA, Gro. (apro).- El dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, pidió una disculpa pública a los guerrerenses por no ser nada cuidadosos a la hora de postular como alcalde de Iguala a un personaje ligado a la delincuencia organizada, en alusión al funcionario prófugo José Luis Abarca Hernández.
“Los perredistas asumimos nuestro error y ofrecemos al pueblo de Guerrero nuestras disculpas y pedimos su perdón”, dijo.
Además, hizo un llamado a los gobiernos federal y estatal a intervenir lo más pronto posible en otros casos de autoridades coludidas con el crimen para evitar una tragedia como la de Iguala, donde se encuentran desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa.
Navarrete Ruiz encabezó este mediodía la primera sesión del Comité Ejecutivo Nacional del PRD en el museo de La Bandera, donde dio lectura a una declaración política en la que condenó el asesinato de seis personas –tres normalistas, un deportista y dos civiles–, crimen atribuido a policías municipales y sicarios.
Sin embargo, evadió hablar sobre los señalamientos de estar coludidos con el narco que pesan en otros de sus correligionarios, como el presidente del Congreso estatal, Bernardo Ortega Jiménez, y el del alcalde del municipio de General Canuto A. Neri, Eleuterio Aranda Salgado.
Sobre el caso particular de Abarca Velázquez, el dirigente nacional perredista admitió que “no fueron lo suficientemente cuidadosos” porque aceptaron postular como candidato a la alcaldía a un externo que no era miembro del PRD y “que permitía o incluso dirigía la cooptación de la policía municipal por parte de la delincuencia organizada”.
Luego dijo que esperan que otros partidos políticos que estén en las mismas circunstancias, de vinculación por el narco, actúen en consecuencia.
El perredista, anunció que van a adoptar medidas necesarias para evitar que vuelvan a suceder hechos trágicos como los registrados en Iguala.
“Actuaremos para dar seguimiento y corregir, si fuera necesario, a nuestros gobiernos municipales en toda la República para evitar que sus policías sean controladas por la delincuencia”, aseguró.
Piden la CNDH no revictimizar
Por separado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó al gobierno de Guerrero “eviten revictimizar a las personas que han sufrido una agresión a sus derechos humanos”.
Deben permitirles, dijo, el libre acceso a la justicia, bridándoles todo el apoyo a fin de desaparezcan esos sentimientos de temor e incertidumbre que sufren y se genere un ambiente social más confiable.
En un comunicado, el organismo comentó que personal que labora en esa entidad confirmó que existe temor y desconfianza en la población para salir a la calle a realizar sus actividades, luego de los hechos ocurridos el pasado 27 de septiembre en los que seis personas murieron y 43 normalistas desaparecieron.
La CNDH permanecerá en el lugar de los hechos el tiempo que sea necesario para que las víctimas, familiares y la sociedad en general, sean atendidos y se les pueda brindar todo el apoyo que se requiere para que la ciudad vuelva a la normalidad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS
El gobernador Ángel Aguirre –promovido y apoyado por Los Chuchos– tiene hoy a Guerrero en la mira. Y después de la tragedia en Iguala, las elecciones para el sol azteca en 2015 avizoran un panorama poco alentador. El PRD está en problemas.
El secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, declaró ante las autoridades que desde que se activó la alerta roja por la radio de la policía, él estuvo en contacto telefónico con el presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez.
Dijo que el alcalde sabía lo que estaba pasando. Eso lo dijo antes de que, los dos, se dieran a la fuga.
Flores Velázquez y Abarca Velázquez son primos y están acusados de formar parte de la organización Guerreros Unidos, vinculados con el narcotráfico y secuestro.
Luego de la balacera del viernes 26 de septiembre, el mando policiaco fue requerido para que rindiera un informe detallado de los hechos ocurridos.
Incrédulas, las autoridades ministeriales escucharon del jefe de la policía de Iguala asegurar que no supo cómo ocurrieron las cosas. Ni la balacera y menos el asesinato de los normalistas de Ayotzinapa.
Sobre Flores Velázquez recaen también acusaciones directas de ordenar o ejecutar personalmente algunos secuestros en esa región del estado de Guerrero.
Durante su interrogatorio, la mano derecha del alcalde, relató su versión de los hechos:
“Recibo una llamada telefónica en mi celular de parte de una señora llamada Dey Lu Hernández, diciéndome que se encuentra en la central camionera Estrella Blanca de esta ciudad y que un grupo de estudiantes de la normal de Ayotzinapa están secuestrando autobuses”.
Aseguró que eran pasadas las nueve de la noche del viernes cuando escuchó por primera vez, a través de esa llamada, que los normalistas habían tomado los camiones en Iguala.
“Me llama a mi teléfono celular el señor presidente municipal y me dice que corrobore yo, si no hay personas privadas de la vida, ya que se corren versiones en las redes sociales que hubo personas privadas de la vida en la explanada.
“En ese transcurso de que ocurren los hechos, el radio operador de turno, que responde al nombre de José Natividad Elías Moreno, continuamente me está informando que recibe llamadas de personas en el sentido de que se escuchan disparos de arma de fuego en diferentes puntos de la ciudad y que al acudir las patrullas a verificar los hechos, son llamadas de falsa alarma”, refirió el jefe de la policía de Iguala.
Según su declaración, un perito de tránsito de la ciudad, Pedro Iván Castillo Girón, le contó que había escuchado la versión -por unos vendedores de fritangas que se ubican en la calle de Bandera Nacional- de que vieron pasar un autobús al que se le cerró una camioneta de la Policía Preventiva Municipal de Iguala, la cual fue agredida a pedradas por jóvenes que bajaron de la unidad y se pusieron a perseguir a un policía municipal.
“(Dijo) que en ese momento se escucharon disparos de arma de fuego, pero no me proporcionaron el nombre del policía; que en ese momento se escucharon detonaciones, pero no dijeron de qué calibre ni a qué distancia”, refirió.
Con esa información, le llamó a su primo el presidente municipal.
“Le informo al presidente municipal y él me da la instrucción de que hay que estar muy atento a los incidentes”, declaró.
Flores Velázquez señaló que fue José Luis Abarca quien le notificó que al parecer en la Carretera Federal, a la altura del poblado de Santa Teresa, municipio de Iguala, se encontraba accidentado un autobús de pasajeros.
“Me dice el presidente municipal que tiene conocimiento que al parecer se trata de un equipo deportivo que había venido a jugar a Iguala, contestándole yo que ya se trasladaron ambulancias y que conoceremos la verdad”.
Indicó que fue las primeras horas del sábado, cuando recibió una llamada de un ministerio público, quien le informó que las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero estaban en Iguala y le pedían acudiera a la Fiscalía Regional para que presentara un informe.
No fue sino hasta ese momento, de acuerdo a su declaración, que el director de Seguridad Pública, comandante Francisco Salgado Valladares, le informó que estaban ingresando al Hospital General de Iguala un grupo de lesionados. Luego, el ministerio público le informó que había dos muertos en un autobús Estrella de Oro, a la altura del poblado de Santa Teresa.
Detalló que conversó con el juez de turno, José Ulises Bernabé García, respecto a la veracidad de esa información.
El encargado le confirmó que sí habían llevado a uno jóvenes, pero que se habían ido. Que no habían entrado a barandillas. Sin más.
Bernabé García es el juez a quien un policía municipal vio interrogar a un grupo de jóvenes que estuvieron hincados en el patio trasero de esas oficinas de gobierno. Ese juez también se dio a la fuga.
Nada sabe
Felipe Flores, entregó a las autoridades de la PGJE de Guerrero copias de las licencia colectiva para la portación de armas de sus elementos, la relación de armamento de los municipales y la relación del personal.
Pero de lo ocurrido en la noche del viernes, no aportó nada. Argumentó que no pudo obtener un informe oficial de sus policías ni comandantes porque la mayoría estaban detenidos.
“No tengo conocimiento de quién haya disparado alguna arma de fuego en contra de determinada personal, ni menos aún tengo conocimiento como ocurrieron estos hechos”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
El gobernador Ángel Aguirre –promovido y apoyado por Los Chuchos– tiene hoy a Guerrero en la mira. Y después de la tragedia en Iguala, las elecciones para el sol azteca en 2015 avizoran un panorama poco alentador. El PRD está en problemas.
Promovido y apoyado por la corriente de Jesús Zambrano –Los Chuchos- el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, protagoniza un nuevo escándalo que obligó al nuevo dirigente del PRD, Carlos Navarrete a visitar el estado como una de sus primeras acciones al frente del partido.
Y es que a pocos días de recibir la dirigencia del partido del sol azteca, Navarrete se topó de frente con el asunto de Iguala.
El municipio perredista del estado perredista está en la mira nacional y ha puesto a temblar a la izquierda, justo ahora que comenzó la carrera electoral del 2015.
Aunado a eso, la fuerza estudiantil que históricamente ha fortalecido al PRD, ahora se han convertido en un torbellino que amenaza con despojarlo de lo ganado.
Desde Tlatelolco hasta las nuevas marchas de jóvenes que enarbolan playeras con la imagen del “Ché” Guevara, la izquierda ha estado vinculada con los estudiantes. Hace 46 años, la izquierda se desbordó para exigir justicia por la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Ahora, en Iguala al PRD le toca expiar sus propias culpas.
Y tendrá que hacerlo en año electoral. Con Guerrero en juego. Ese Guerrero herido, en donde el gobernador ha sido acusado por el representante del comité estudiantil de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa como el “asesino intelectual” de sus estudiantes.
Esos normalistas que fueron noticia el 26 de septiembre y cimbraron el país entero. Los mismos que la Policía Municipal atacó, a balazos, en medio de la noche.
El líder estudiantil Uriel Alonso fue preciso. Aseguró que el mandatario conoce el paradero de los 43 normalistas desaparecidos.
“(Ángel Aguirre) ha matado compañeros desde 2011. Ahora mata a tres, un compañero está luchando por su vida y 43 desaparecidos (…) Ángel Aguirre sabe donde los tienen y nos lo van a entregar (…) Ángel Aguirre es un asesino intelectual”, dijo tajante ayer en entrevista con Radio Fórmula.
En respuesta, Aguirre también fue preciso, pero menos tajante.
A principios de los 90, cuando aún era priista, una matanza –la de Aguas Blancas- lo hizo gobernador. En esta, su segunda ocasión como Ejecutivo estatal, Aguirre podría perder la gubernatura por la misma razón.
“Si mi renuncia ayuda a resolver el problema, no tengo ningún inconveniente en irme”, indicó.
Pero a los familiares de los jóvenes desaparecidos su renuncia no les ayuda a resolver el problema. Exigen que sus hijos regresen vivos. Por eso rezan.
Rezan en la cancha de basquetbol de la Normal de Ayotzinapa, en donde se ha instalado un triste campamento lleno de flores, veladoras y esperanzas.
Rezan en la catedral del estado de Guerrero, hasta donde han llevado sus plegarias para recibir pronto noticias de sus desaparecidos. Por que ellos no creen que estén muertos. No quieren que estén muertos.
Manuel Martínez, vocero de los padres de los normalistas, habla para convencerse y convencer a los demás de que sus muchachos siguen vivos.
“Sabemos que los jóvenes fueron levantados por policías municipales de la ciudad de Iguala, entonces ya tienen datos ustedes de los números de vehículos, de patrullas que fueron levantados los jóvenes, entonces ellos saben en donde los tienen y lógicamente nos lo tienen que regresar”, dice el hombre una y otra vez.
Fueron los policías los que se llevaron a vivos sus hijos, reclama. Y son los policías los que deben regresarlos vivos.
Navarrete, se nubla el sol
El PRD es un partido que tiene claras corrientes internas. Corrientes que navegan hacia mares bien distintos.
Nueva Izquierda, Izquierda Democrática Nacional, Alternativa Democrática Nacional, Foro Nuevo Sol, Grupo Acción Política, Patria Digna y Movimiento Progresista… todas bajo un mismo sol.
Apenas el 5 de octubre, Carlos Navarrete tomó protesta como dirigente nacional del PRD. Fue el ganador de la rifa del tigre.
“Puede haber posiciones confrontadas en el PRD pero estoy seguro que hay más coincidencias. Quiero pedirles que busquemos esas coincidencias y trabajar por ellas porque aspiro a ser el presidente de todos los perredistas”, dijo en su discurso.
Navarrete recibe al partido en medio de una tormenta que le nubla el panorama.
Actualmente, el PRD está al mando en ocho estados –ya sea en coalición o solo-.
Baja California, Sinaloa, Puebla, Oaxaca, Distrito Federal, Guerrero, Morelos y Tabasco. De esos, la mitad tendrá elecciones el próximo año.
Pero ningún caso requiere tanto su atención como Guerrero.
Tan es así que el lunes Navarrete aseguró que se reuniría con el gobernador del estado, Ángel Aguirre, para dialogar sobre la necesidad de implantar una acción conjunta entre los gobiernos de la entidad y el Federal, a fin hacer frente a la violencia que se vive en ese estado.
El líder perredista, no desaprovechó la oportunidad para poner el dedo en la tirante y ancestral relación con el gobierno en el poder.
“El gobernador Ángel Aguirre no puede solo, está perfectamente claro, pero lo que no puedo aceptar, es que cuando Eruviel Ávila tiene problemas graves en el Estado de México, el Gobierno Federal acuda de inmediato a cuidar el territorio, claro, será porque es la tierra del presidente Enrique Peña”, refirió.
La delincuencia, dijo, no conoce de partidismos ni de colores partidarios.
Sin embargo, en Iguala, la delincuencia parece que no atiende a esta premisa.
Fue el propio PRD quien presentó el testimonio sobre las torturas y ejecuciones ordenadas por el alcalde, José Luis Abarca.
En octubre del año pasado, miembros de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional (IDN) hicieron llegar al Gobierno Federal el testimonio sobre la ejecución del líder social Arturo Hernández Cardona.
“Es el presidente José Luis Abarca quien le da un escopetazo en la cara y otro en el pecho y lo dejaron tirado en la fosa”, relató el testigo Nicolás Mendoza ante notario y que fue entregado a las autoridades, de acuerdo a Reforma.
También la senadora Dolores Padierna puso sobre la mesa el caso.
“Hace un año se opuso Nueva Izquierda rotundamente a que se le tocara siquiera con el pétalo de una rosa a su presidente municipal a sabiendas de lo que estaba haciendo”, dijo la perredista.
Indicó que esa información se le comunicó a la dirección nacional, directamente con Jesús Zambrano, y se opusieron radicalmente a que fuera sometido a juicio político por el Congreso del estado de Guerrero.
“Los líderes políticos de Guerrero que han asesinado son de nuestro equipo político; mas los estudiantes, mas los defensores de los derechos humanos; somos nosotros las víctimas.
Y como víctimas hemos actuado con muchísima responsabilidad y advertimos en su momento quién era, y aun con riesgo, porque sufrimos muchas amenazas.
“Sabemos quiénes estaban asesinando a la gente de izquierda en el estado de Guerrero y no fuimos atendidos en su momento. Las cosas se agravaron y hoy hay una crisis agravada”, remarcó la senadora.
A principios de esta semana, el Consejo Político Nacional del PRD determinó –por unanimidad- expulsar al edil de Iguala y apoyar el juicio de procedencia en su contra.
El PRD, revolución y corrupción
El 68 fue un año convulso. El mundo entero estaba revolucionado. Ese año Vietnam estaba en llamas. Ese año mataron a Martin Luther King y a dos Kennedy.
Ese año, en México hubo Juegos Olímpicos.
Pero la eterna flama de la paz fue una fría ironía que contrastó con lo que se vivía en las entrañas del país…Tlatelolco.
En el poder estaba Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría era el secretario de Gobernación. Los dos, priístas.
Esos 29 minutos de ráfagas del inolvidable 2 de octubre fueron suficientes para derribar las esperanzas de que una verdadera democracia se gestara en el país, mientras se mantuviera la hegemonía política del PRI.
Por eso, una fracción del tricolor decidió tomar un nuevo rumbo. La “familia revolucionaria” del partido en el poder se encaminó hacia la izquierda.
Pero fue hasta 20 años después cuando el Partido de la Revolución Democrática se formalizó, creado por una amalgama política que acogió a integrantes del Partido Mexicano Socialista (PMS), Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y la Unión de la Izquierda Comunista (UIC), entre otros.
Desde ese entonces, los desencuentros con el Gobierno Federal no fueron pocos.
En 1988, los integrantes del partido del sol azteca acusaron a Carlos Salinas de robarles la presidencia de la República. La polémica aún se enciende cuando alguien habla del día en que “se cayó el sistema”.
Antes de esa falla, el conteo de votos favorecía la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas.
En 1997, la Ciudad de México se convirtió en el principal bastión del PRD. A partir de ese año, la capital del país ha tenido seis jefes de Gobierno de izquierda: Cuauhtémoc Cárdenas, que fue sustituido por Rosario Robles; Andrés Manuel López Obrador, que fue sustituido por Alejandro Encinas; Marcelo Ebrard; y el actual mandatario local, MiguelÁngel Mancera.
En 2006, López Obrador protagonizó un nuevo escándalo electoral, al asegurar que él había ganado la presidencia de la República por más de 2 millones de votos.
Aún así, la banda presidencial se la puso Felipe Calderón.
Para ese año, el PRD ya se asumía como la tercera fuerza política más importante en el país. Tenía el DF, Michoacán, Zacatecas, Baja California Sur, Chiapas y Guerrero.
Sin embargo, los triunfos no llegaron solos. Venían acompañados de varios escándalos que generaron un resquebrajamiento interno del que aún ahora quedan restos.
Escándalos en video
El 2004 no fue un buen año para el PRD. Primero, una grabación en la que aparecía el secretario de Finanzas del GDF, Gustavo Ponce, apostando en un casino en Las Vegas en Nevada, salió a la luz.
Andrés Manuel López Obrador era jefe de Gobierno y Ponce era uno de sus hombres de confianza.
Después se hizo público un video en el que se veía a René Bejarano –quien había sido secretario particular de López Obrador y era presidente de la Mesa Legislativa– recibiendo fajos de billetes del empresario Carlos Ahumada y guardando hasta las ligas.
Todo se derrumbó.
Bejarano señaló que el dinero -45 mil dólares- había sido entregado a la entonces presidenta del partido, RosarioRobles, quien después de esas declaraciones tuvo que dejar su cargo.
Carlos Ímaz, delegado de Tlalpan, también apareció recibiendo dinero en un video con Ahumada. Posteriormente, Bejarano salió en otra grabación, presuntamente negociando la asignación de puestos públicos en la delegación Álvaro Obregón.
El gobierno del Distrito Federal se vio inmerso en el escándalo.
López Obrador condenó los hechos y selló sus argumentos con una frase que sigue siendo su bandera de protesta.
“Todo es un complot”.
Los nexos con el narco
> Julio César Godoy Toscano
Medio hermano del exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, ganó en 2009 una diputación federal pero, antes de tomar protesta, la PGR lo acusó de tener vínculos con el grupo criminal La Familia Michoacana, por lo que un juez giró una orden de aprehensión en su contra. Godoy Toscano continúa prófugo de la justicia.
> Carlos Reyes
El presidente del comité estatal del PRD en Guerrero y su hermano, el alcalde perredista de La Unión de Isidoro Montes de Oca, Crescencio Reyes Torres, fueron señalados por el líder de la organización delictiva Los Caballeros Templarios Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, de tener vínculos con el narcotráfico.
> Iris Vianey Mendoza
La senadora perredista fue acusada por José Manuel Mireles de tener vínculos con el narcotráfico. El exlíder de las autodefensas la acusó de gestionar una supuesta visita de integrantes de Los Caballeros Templarios al Senado de la República.
> Gregorio Sánchez
El excandidato al gobierno de Quintana Roo fue detenido en el 2010 por presuntos nexos con el cártel de Los Zetas, al año siguiente quedó libre por falta de pruebas. Lo rehaprendieron por lavado de dinero, pero también quedó libre.
> José Luis Abarca
El alcalde de Iguala, Guerrero, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, son señalados por tener nexos con el cártel local Guerreros Unidos. La primera dama es hermana de Mario Pineda Villa y Alberto "El Borrado" Mario Pineda, operadores del Cártel de los Beltrán Leyva y los dos ejecutados en 2009.
Identifican a policías
Cinco jóvenes de la Normal de Ayotzinapa que sobrevivieron a la masacre de Iguala participaron en el reconocimiento de los 22 policías municipales acusados de homicidio.
Por seguridad, los estudiantes fueron encapuchados para evitar que los policías de Iguala los reconocieran.
“Nos pusieron en fila, sobre un pasillo (…) donde nos formaron a través de una ventana, en la cual se encontraban del otro lado varias personas encapuchadas que hacían señalamientos con las manos, hacia nosotros”, relató el policía municipal, Zulaid Marino Rodríguez. “Así fuimos señalados todos”.
Los 22 fueron señalados por normalistas como parte de los policías que participaron en los actos violentos que arrojaron la muerte y desaparición de sus compañeros.
Los uniformados fueron traslados a Chilpancingo, Guerrero. Aún hay otros policía que están prófugos.
La suegra incómoda
Guerrero— Leonor Villa Ortuño, supuesta suegra del Alcalde Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, afirmó en una grabación difundida a través de las redes sociales que su yerno protegía al grupo criminal “Guerreros Unidos” a cambio de recibir un pago mensual de 2 millones de pesos.
Maniatada y con la cara cubierta, Villa Ortuño asegura que su yerno los protege a cambio de una cuota mensual de 2 millones de pesos.
“Manejan a su antojo a todos los comandantes y policías municipales de Iguala”, responde.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ
OAXACA, Oax. (apro).- “Los disparos eran a matar. Nos cazaron como perros, como si fuéramos peor que unos delincuentes”, relató un estudiante de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.
El compañero de estudios de Christian Tomás Colón Garnica, de 18 años, quien se encuentra en la lista de los 43 normalistas desaparecidos, recuerda la pesadilla que vivió el 26 de septiembre, cuando fueron sometidos a balazos por policías municipales de Iguala, Guerrero.
El delito de Christian, dice, “fue ir a pedir cooperación”, y por ese motivo “fuimos sometidos a balazos el día viernes. El primer atraco fue a las ocho y media de la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando regresábamos de ir a botear para sostener las prácticas docentes y demás cosas que en la escuela nos hacen falta, ya que por parte del gobierno de Guerrero no es suficiente”.
Esa noche, cuenta, “varios compañeros quedaron heridos y los policías se llevaron a otros en sus patrullas”.
Cerca de las 11 y media de la noche, cuando se daba la conferencia de prensa, vino el segundo ataque, donde quedó herido gravemente el indígena huave Edgar Andrés Vargas, originario de San Francisco del Mar, Oaxaca. Una bala le impactó en la boca, quedando gravemente lesionado.
En ese segundo ataque murieron dos jóvenes, y un tercero, apodado El Chilango, fue encontrado degollado al otro día, cerca del lugar donde sucedieron los hechos.
Entre los estudiantes que los policías se llevaron se encuentra Christian Tomás Colón Garnica, quien continúa desaparecido, junto con otros 42 normalistas.
“Cómo puede ser posible que no se sepa dónde están los estudiantes, si los policías municipales se los llevaron. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Seguimos con la fe de que los 28 cuerpos encontrados en las fosas clandestinas no sean de ninguno de los estudiantes y mucho menos el de Christian”, dice el muchacho, quien prefirió omitir su nombre.
Por otra parte, el gobernador Gabino Cué Monteagudo sostuvo que su gobierno brindó apoyo económico a la señora Lucina Garnica, madre de Christian, para que se traslade al estado de Guerrero con el fin de que le realicen los estudios de ADN para compararlos con las muestras de los cadáveres localizados en las fosas en Guerrero.
El mandatario estatal también adelantó que brindarán asesoría legal a la madre del joven oaxaqueño desaparecido en Ayotzinapa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
IGUALA, Gro: Salieron de los rincones borrosos del mapa nacional donde la gente se acostumbró a no esperar nada del gobierno.
De pie, apretujados en la caja de las camionetas de redilas que los transportan –las mochilas sobre la espalda, morrales cargados con totopos, machete al cinto–, llevan la mirada fija en el horizonte, en la carretera, en su siguiente misión: Recuperar a los suyos, a los estudiantes normalistas que desaparecieron aquí tras ser detenidos por policías municipales y entregados a narcotraficantes.
“Vamos a ir a buscar casa por casa, centímetro por centímetro hasta encontrar a todos los jóvenes desaparecidos. No tenemos idea de donde están pero los buscaremos en barrancas, cerros, donde sea”, anuncia al entrar a esta ciudad el campesino Crisóforo García Rodríguez, promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), sinónimo de las policías comunitarias indígenas, las autodefensas creadas por el pueblo para proveerse su propia justicia.
“Ya dijimos: si nos tocan a un hermano, vamos todos por él”, dice el hombre de pelo cano cuando el automóvil en el que viaja con sus compañeros es obligado a detenerse en un retén policiaco a la entrada de la ciudad. Los policías no son los municipales que los detenían, “levantaban”, amenazaban o golpeaban a su antojo a los automovilistas; estos pertenecen a la nueva gendarmería que vino en su reemplazo cuando estalló el escándalo de los policías al servicio del narco.
La caravana de automóviles y camionetas abarrotadas de almas hasta el último centímetro es nutrida por representantes de los 17 municipios donde opera la UPOEG, quienes llevan en la mente fija una idea: Si “el gobierno está ciego” y no puede encontrar a los estudiantes, nosotros sí.
Así lo dice el campesino convertido en investigador Alfonso Castro Ramírez, tío del normalista Leonel Castro Abarca, de 19 años de edad, quien pisó Iguala el 27 de septiembre cuando la policía municipal y sicarios de Guerreros Unidos dispararon contra los estudiantes. Jamás volvió a saberse del joven moreno –cara alargada, nariz ancha, pelo de cepillo– que luce serio desde la fotografía tamaño infantil del afiche con el de los otros 42 compañeros no localizados. La mayoría de recién ingreso, con sólo dos meses en la Normal Rural de Ayotzinapa.
“Vinimo a apoyar a los jóvenes, vinimo a buscarlo con toda la gente. Rastreando, caminando, porque seguramente la gente no los ha buscado en el campo. No les interesa porque los policías no tiene capacitació”, dice el campesino quien calza sus huaraches de suela de llanta y pellejo de vaca, los más cómodos para emprender una larga búsqueda.
De su mismo pueblo, Los Magueyitos, municipio de Tecuanapa, viajan también los primos Felipa Santos y Rosalío Castro Santos, tíos del normalista Saúl Bruno García. Ellos llegaron de avanzada, esperan que hoy se les una más familia.
“Bruno quería superarse como todos los que estudian, buscando una mejor superación de vida”, dice Chalío, tío del muchacho ausente, quien hace notar que la última vez que lo vio en la comunidad los notó apagado por la carga de trabajo que tenía que soportar como novatada en la escuela a la que acababa de ingresar. La única diseñada para pobres.
–¿Dónde podría estar su sobrino?
–Podría ser que lo movieron a otro estado, a Morelos o más lejos. Esperemos que los encuéntremos y los regrésemos con bien– comenta el joven tío en la explanada de la preparatoria 32, donde se improvisó un albergue para los cientos de personas –casi todos hombres— que integran el grupo de rescate.
–Venimos en paz, pero si ellos no están en paz entraremos armados—agrega su prima Felipa, sonriente.
–No—corta él en seco, como contrariado—: Eso le toca al ejército, nosotros vinimos civil.
El tío Alfonso recuerda las ganas de estudiar que tenía su sobrino, sus esfuerzos para seguir con sus estudios, a pesar de la pobreza. Ha escuchado en las noticias que los normalistas fueron emboscados por patrulleros de la policía y desaparecidos. Que fueron halladas seis fosas comunes con cadáveres (no tiene claro que son 28). Que las familias fueron citadas para tomarse muestras de ADN en Chilpancingo y contrastarla con los restos.
“No hay nada (de él), no llama. Estábamos a la espera. No sabemos si está en el monte huyendo, si tiene miedo, pué. O una de dos: una parte dice que a lo mejor no viven y se echan a pensar por qué habían matado eso policía a eso 11 secuestrado”.
Los demás lo corrigen; los cuerpos encontrados son más.
De Zalpatlahua, mismo municipio, llegan seis enviados para buscar a los cuatro estudiantes que les faltan: Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Marcial Pablo Baranda, Jorge Luis y Dorian González Parral, “eran de los que le echaban ganas al estudio porque querían sobresalir”, acota el comisario ejidal Saturnino Pablo Rosas.
“Si Dios quiere venimos a dar seguimiento a la búsqueda hasta encontrarlos”, dice un ejidatario anotado para el rescate.
A la llegada de la caravana que pasó por Chilpancingo a esta ciudad comienzan a aparecer bardas y puentes pintados con el tricolor de la bandera. A la entrada, uno de los puentes indica: “Iguala de la Independencia”. Debajo la pinta: “Masiosare un extraño enemigo profanar con sus plantas su suelo”.
Más adelante un anuncio espectacular promueve al sol azteca, con el lema: por una vida mejor. La publicidad pierde sentido horas después de que el dirigente nacional del partido, Carlos Navarrete, vino a pedir perdón por poner a un alcalde (José Luis Abarca, hoy dado a la fuga) que todo mundo sabía andaba en malas compañías y que entregó a la policía al crimen organizado.
La autoridad encargada de revisar que ninguno de los campesinos entre a la ciudad con las armas que utilizan en las comunidades para procurar seguridad a su pueblo, es la policía estatal.
–Estamos haciendo una inspección en cumplimiento con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, les pido abra su cajuela, por favor—dice amable un policía a los comunitarios, al momento de pedirles que desalojen los coches para inspeccionarlos.
–Ahí traemos a unos compañeros—explica el conductor mientas se dirige a abrir el baúl. Del automóvil compacto sale un número insospechado de personas que, como pueden, se desdoblan, bajan, toman aire, se desentumen.
–Adelante, caballeros—dice el policía después de la rápida esculcada en busca de armas–, pueden continuar su camino.
Antes de continuar un policía se acerca y les dice en voz baja ‘ánimo, cuídense’.
Para llegar a Iguala algunos tuvieron más de 15 horas de carretera –como los de Cruz Quemada, Tecoanapa, que salieron a las tres de la madrugada y comienzan a ver la silueta de la ciudad de su destino hasta las seis de la tarde.
“Venimos como movimiento civil, como ciudadanos –explicará Crisóforo García en el discurso de bienvenida a los compañeros– si la gente de este u otro municipio quieren aprender de los policías ciudadanos podemos enseñarles cómo nos defendemos los pueblos”. Siguen aplausos, algunos vivas.
Menciona que en ese municipio ocurren secuestros, cobro de cuota, violaciones. Ofrece la experiencia de la organización para cuidar al pueblo. Alguno de entre el público se ufana que incluso expulsaron de sus territorios al grupo de narcotraficantes “Los Pelones”. Pero no todos están concuerdan con que realmente lo lograron.
Muchos de los que integran este equipo de búsqueda exploraron desde hace casi dos décadas una manera propia de hacer justicia: crearon leyes, tribunales, cárceles, medidas rehabilitatorias y penas acordes al daño.
Crisóforo García hace una advertencia reiterada: que nadie ande solo, que no se separen, que el peligro acecha afuera de la escuela preparatoria donde habilitan un improvisado albergue y les ofrecen café con pan dulce y una torta.
Y anuncia: “Vamos a quedarnos hasta que los encontremos, como los encontremos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI
MÉXICO, D.F., (apro).- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, expresó este martes su profunda consternación por la desaparición de 43 de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.
En un comunicado, Insulza demandó el esclarecimiento de ese crimen “tan inhumano como absurdo”, en un episodio que, dijo, “enluta no sólo a los mexicanos, sino a todos los países de las Américas”.
El secretario general de la OEA también manifestó su apoyo al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en su decisión de no permitir que este “brutal” crimen quede sin el castigo de la justicia.
Y destacó la urgencia de alcanzar mecanismos de trabajo conjunto por parte de los gobiernos de la región para “luchar contra el poder del narcotráfico, capaz de asesinar, corromper y aterrorizar a los pueblos del continente”.
Añadió, asimismo, que todos los países del continente “han concordado en que el fenómeno de la violencia criminal de los narcotraficantes que los afecta sólo se puede combatir de manera conjunta”.
En un comunicado difundido ayer, el gobierno de Guerrero resaltó la detención de un policía preventivo municipal de Iguala y dos personas más, quienes señalaron que trabajaban para Guerreros Unidos e identificaron a 30 efectivos de la policía preventiva municipal, también como integrantes de esa organización criminal.
Según el texto, dos de ellos manifestaron “haber participado directamente en el homicidio de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, a quienes les dieron seguimiento desde que estos arribaron a la ciudad de Iguala y contra quienes dispararon armas de fuego”.
Los detenidos manifestaron que la orden de perseguir y detener a los normalistas “la dio a quien reconocen como el encargado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Francisco Valladares”, en tanto que la instrucción de llevarse a los estudiantes a “un paradero desconocido la recibieron de un sujeto apodado El Chucky”, líder del grupo criminal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
En su comunicado dirigido a la comunidad del IPN, los estudiantes organizados del país y al pueblo de México, los estudiantes afirmaron también que la propuesta fue "utilizada como un instrumento mediático para desmovilizar a los estudiantes planteando respuestas sin sustento y sin compromiso para su cumplimiento."
La Asamblea General del movimiento estudiantil del Instituto Politécnico Nacional (IPN) afirmó este martes en un comunicado que la propuesta de solución al pliego petitorio emitida por Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), el viernes 3 de octubre pasado es “incompleta e imprecisa”, además de “no estar fundamentada ni motivada”.
En su comunicado dirigido a la comunidad del IPN, los universitarios organizados del país y al pueblo de México, los politécnicos afirmaron también que la propuesta fue “utilizada como un instrumento mediático para desmovilizar a los estudiantes planteando respuestas sin sustento y sin compromiso para su cumplimiento.”
De acuerdo con la asamblea, “la falta de democracia en el IPN” fue lo que desencadenó el movimiento “sin precedentes” que ha logrado organizar a la comunidad “para que ella misma tome las decisiones de hoy en adelante.”
Asimismo, afirmaron que fue “la fuerza de este movimiento” lo que orilló al gobierno federal “a establecer un acercamiento”. Detallaron también que la propuesta de Osorio Chong ya ha sido analizada en cada una de las asambleas locales y dentro de la Asamblea General Politécnica.
La Asamblea General Politécnica afirmó que sigue trabajando en sesión permanente “debido a la necesidad de generar procedimientos claros para dar una solución concisa en beneficio de la sociedad mexicana.”
También, desconocieron toda información extraoficial que no sea publicada a través de sus medios de difusión oficial, como son la página www.ipn.club y su página de Facebook.
Los estudiantes del IPN exhortaron a toda la comunidad politécnica y a la sociedad en general a seguir apoyando el paro indefinido, hasta que sus demandas “sean resueltas con claridad y seriedad.”
En el documento, la Asamblea General Politécnica se declaró completamente apartidista y se deslinda de cualquier organización o fuerza política ante los medios de comunicación nacional e internacional.
Los politécnicos afirmaron que sus esfuerzos tienen el objetivo de defender sus derechos, la educación, “pero sobre todo en defensa del desarrollo científico y tecnológico de México.”
En su opinión, “las reformas estructurales que se han implementado en el país y se tratan de implementar en nuestra institución, que afectan el desarrollo de la nación, han sido apartadas de la opinión y participación politécnica.”
IPN 7 octubre.pdf by http://www.animalpolitico.com:
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
MÉXICO, D.F: Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) representan hoy al país entero. Cuentan con mayor legitimidad pública y confianza social que el Congreso de la Unión, el presidente de la República, el Instituto Nacional Electoral o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Si juega bien sus cartas, el movimiento estudiantil podría detonar una verdadera transición a la democracia en México. De lo contrario, terminará como otra explosión social temporal de alcances limitados. Y si los dignos politécnicos pierden totalmente la brújula, incluso podría contribuir a fortalecer al régimen autoritario. La historia está en sus manos.
La estrategia del gobierno es transparente. Busca dividir el movimiento por dentro y separarlo de otras expresiones sociales por medio de un coctel de concesiones y provocaciones fríamente calculadas.
El objetivo en todo momento será encapsularlo y focalizarlo en asuntos exclusivamente “locales”, supuestamente “puros” y “limpios”, con respecto a la gestión interna del IPN. Y mientras los politécnicos están entretenidos con el “policía bueno” de Miguel Ángel Osorio Chong, los otros estudiantes y jóvenes del país sufrirán cada vez más bajo las macabras estrategias de represión, provocación y violencia del régimen.
Lo que determinará el éxito o el fracaso del movimiento politécnico será entonces la medida en que los estudiantes logren levantar la mira para ser solidarios y generosos con otras causas sociales. Igualmente, es responsabilidad de todos expresar nuestra solidaridad con la importante lucha histórica por alcanzar tanto la autonomía como la democratización interna del IPN.
Las luchas locales, nacionales, e incluso internacionales, no se contraponen, sino que se fortalecen mutuamente. Por ejemplo, tanto la forma antidemocrática como el contenido neoliberal del nuevo reglamento del IPN son resultados directos de las contrarreformas “estructurales” impulsadas por Enrique Peña Nieto, Osorio Chong y el “Pacto por México”. En su conducción del proceso de reforma del IPN, Yoloxóchitl Bustamente no hizo más que seguir estrictamente las indicaciones de sus jefes en el gobierno federal, quienes a su vez cumplen con las órdenes de Washington. Es evidente que un simple cambio en la dirección del instituto no modificará las coordenadas estructurales del poder que impuso el nuevo reglamento.
Bustamante misma afirmó en su momento que la reforma al politécnico surgió a raíz del “compromiso institucional de armonizar la normatividad interna con la federal, en lo que respecta al Plan Nacional de Desarrollo y a la reforma educativa”. En otras palabras, no es más que la extensión de los tentáculos del poder corrupto hasta las entrañas del sistema educativo nacional. Ahora que el petróleo pertenecerá a las grandes empresas extranjeras, ya no será necesario que México forme investigadores científicos o ingenieros de primer nivel para impulsar el desarrollo nacional, puesto que solamente harán falta técnicos obedientes a las órdenes de sus nuevos jefes extranjeros.
Lo mismo ocurre en las normales rurales. Así como Lázaro Cárdenas del Río fundó el IPN en 1936 con el fin de “poner el técnico al servicio de la patria”, también fue el responsable de consolidar y generalizar el modelo de las normales rurales, como la Escuela Normal de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”. Durante su sexenio (1934-1940), la cantidad de estas instituciones se multiplicó exponencialmente y se fortaleció su carácter cooperativo y social. Desde hace casi un siglo, dichos planteles han abierto simultáneamente importantes oportunidades educativas y laborales para los jóvenes de las zonas más marginadas, y han sido esenciales para garantizar una educación pública humanista, crítica y de calidad. Tanto la doctora Tanalís Padilla, de la Universidad de Dartmouth, como Luis Hernández Navarro, de La Jornada, han realizado importantes estudios sobre esta valiosa experiencia.
Pero al régimen autoritario neoliberal no le interesa poner la técnica al servicio de la patria ni fomentar el pensamiento crítico o empoderar a los maestros rurales. La reforma educativa y el Plan Nacional de (sub)Desarrollo buscan la eliminación de la gran mayoría de las normales rurales y la conversión de las que queden en centros técnicos para la formación de maestros de “calidad” cuya única función será preparar mano de obra barata y siervos obedientes al gran capital internacional.
Los estudiantes del IPN y de Ayotzinapa sufren exactamente el mismo mal. El levantamiento de ambas comunidades está plenamente justificado. Su lucha es la lucha de todos por deshacernos de una vez por todas del yugo de la explotación y represión que ha mantenido postrada a la nación desde la Colonia. La reclamación de justicia para la perversa masacre en Iguala, cuna de la consumación de la Independencia, es evidentemente igual de importante que la exigencia de autonomía para el Politécnico.
La unión de esas exigencias y la articulación de los dos movimientos no implicaría, desde luego, la “politización” de ninguno de ellos, sino todo lo contrario. Significaría el fracaso de la tradicional estrategia política del régimen autoritario priista de “divide y vencerás”.
Todos hemos aprendido en la escuela cómo los valientes movimientos populares y los grandes ideales que inspiraron la Independencia y la Revolución fueron traicionados y domesticados por los líderes políticos que vendrían después. Hoy, Peña Nieto y el Pacto por México juegan el papel que en su momento cumplieron Antonio López de Santa Anna después de la independencia, y Miguel Alemán Valdés, el primer presidente emanado de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), después de la Revolución.
Pero la tercera tendrá que ser la vencida. La lucha por la democracia en México nunca ha sido un asunto de acuerdos cupulares entre élites, como lo fue en otros países. Tal y como ocurrió durante la Independencia y la Revolución, el verdadero motor del interrumpido proceso de “transición” actual ha sido la movilización de la sociedad en defensa de sus intereses y en contra del saqueo. Habría que evitar a toda costa las divisiones internas con el fin de construir un amplio frente popular a favor de una verdadera transición hacia la justicia y la paz.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOHN M. ACKERMAN.
LEÓN, Gto. (apro).- El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, solicitó al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio, la firma de un acuerdo entre todos los partidos políticos para “blindar” las elecciones del próximo año.
En el marco de la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm), el presidente interino del CEN panista demandó formalizar un pacto que evite la intromisión del crimen organizado en los gobiernos, especialmente los municipales, y garantizar que los candidatos que compitan por los distintos cargos no tengan vínculos con el crimen organizado.
Luego de manifestarse dispuesto a firmar un compromiso para el blindaje contra la delincuencia organizada, Anaya señaló que también debe impedirse el uso de recursos públicos con fines electorales. “Cero tolerancia”, dijo.
Añadió: “Es el compromiso de blindar este proceso electoral frente a cualquier intervención del crimen organizado. Hagámonos cargo de los candidatos que postulemos… Este es el momento de prevenir para que no tengamos jamás que volver a lamentar hechos tan trágicos” como los ocurridos en Guerrero.
Osorio Chong coincidió con el planteamiento del dirigente interino del PAN, pero aclaró que el acuerdo no debe constreñirse a las candidaturas, sino a cada una de las etapas del desarrollo de las elecciones.
“Que todos tengan la certidumbre, a partir de un acuerdo nacional, de que esos que estén compitiendo son unos verdaderos representantes de la sociedad mexicana y no tienen nexo con la delincuencia organizada”, expresó el titular de Gobernación.
Y aunque no se detallaron los términos o fechas en que podría firmarse el acuerdo, tanto Anaya como Osorio Chong ratificaron la intención de concretarlo como un “blindaje” electoral.
En voz de la perredista Leticia Quezada, los alcaldes expresaron una condena al asesinato masivo de estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, y dijeron que las autoridades involucradas deberán enfrentar la justicia, en clara referencia al alcalde de ese municipio, José Luis Abarca.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA
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