Un grupo de siete padres instalaron un plantón frente a Los Pinos para exigir al presidente Peña Nieto que los reciba y que cumpla la promesa electoral que les hizo en junio de 2012, cuando el hoy mandatario visitó Ciudad Obregón como candidato del PRI.
Han pasado dos años y cuatro meses desde que Enrique Peña Nieto, entonces candidato a la Presidencia de la República por el PRI, se reuniera en junio de 2012 con los padres de los 49 niños que murieron en el incendio de la guardería ABC, de Hermosillo.
En aquella reunión en Ciudad Obregón, el abanderado del tricolor escuchó los reclamos de los padres y fue incluso un paso más allá en su compromiso ante el electorado: recibió y firmó un escrito con cuatro puntos en el que le pedían que, de llegar a Los Pinos, atendiera en los primeros 100 días de su administración “la resolución total y definitiva del caso”.
A más de 800 días de aquella promesa electoral, el presidente Peña Nieto no se ha vuelto a reunir con los padres de las víctimas de la guardería ABC. Y cinco años y cuatro meses después del 5 de junio de 2009, cuando tuvo lugar el incendio, sigue sin haber ningún responsable en la cárcel.
Ante esta situación, un grupo de siete padres instaló desde el lunes 6 de octubre un campamento frente a la residencial oficial de Los Pinos, para exigir al presidente Peña Nieto que reciba a todos los padres afectados.
“Peña Nieto nos hizo un compromiso a los padres de los niños de la Guardería ABC de que nos iba a atender. Han pasado ya más de dos años desde que tomara el poder y aún no hemos tenido respuesta“, expone en entrevista con Animal Político Julia Escalante, madre de Fátima Sofía Moreno, una de las 49 víctimas del incendio. “Nosotros creemos que ya se le dio suficiente tiempo para que de él saliera la invitación de reunirnos, pero desafortunadamente no ha sido así, y por eso estamos aquí, en Los Pinos, para exigirle que cumpla su palabra”, añadió la madre de familia.
Hasta el momento, los padres de las víctimas cuentan que sólo una persona del departamento de Comunicación Social de Presidencia se ha acercado al campamento que instalaron en Los Pinos para ofrecerles atención, aunque desde que le plantearon la petición de entrevistarse con el Presidente no han vuelto a tener noticias suyas.
“También nos enviaron a gente del seguro social y de la PGR, pero con ellos ya hemos tenido muchas reuniones y acercamientos, y no ha pasado nada. Nosotros ya no queremos más intermediarios, queremos ver al Presidente Peña Nieto“, insistió Escalante, que lamentó la falta de respuesta del mandatario.
“La verdad es que no vemos ningún tipo de acercamientos con Presidencia. Por eso vamos a mantener el plantón hasta que nos den una respuesta. Si Peña Nieto dice que no nos va a recibir, pues está bien, pero que al menos nos lo diga”, pidió la madre de familia.
“Un intento desesperado”
Por su parte, Daniel Gershenson, activista y columnista de Animal Político que acompaña el plantón en Los Pinos, explicó que esta medida de presión de los padres “es un intento desesperado ante la falta de interés en este caso del Gobierno de Peña Nieto, el cual constituye una suerte de continuidad con el gobierno anterior de Felipe Calderón”.
“A Felipe Calderón no le interesaba en lo más mínimo resolver este caso y algunos padres decidieron entonces otorgar el beneficio de la duda a Peña Nieto. Sin embargo, a dos años de gobierno, y a más de dos de que les hiciera una promesa incumplida, se han dado cuenta de que tienen que hacer algo y por eso están aquí en el DF”, señaló el activista.
Marina Othón E., madre del niño Juan Carlos Rodriguez Othón (fallecido); Adriana Tamayo Trujillo, madre de la niña Yoselin Valentina Tamayo Trujillo (fallecida); Julia Escalante, madre de la niña Fátima Sofía Moreno Escalante (fallecida); Alejandra Cázares y Abraham Angulo, padres del niño Axel Abraham Angulo Cázares (fallecido); Adriana Villegas, madre del niño Héctor Manuel Robles (lesionado) y Delfina Bueras, madre de la niña Paulina Villaescuza (lesionada), son quienes participan en el plantón frente a Los Pinos para exigir que Peña Nieto reciba a todos los padres de los 49 niños fallecidos y los 76 heridos en la tragedia de la Guardería ABC.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
La Auditoría Superior de la Federación ya pidió investigar, pero dos años después y con una nueva administración no ha habido sanciones para nadie.
En 2012, el último año de ejecución del Programa Habilidades Digitales para Todos (HDT), la Secretaría de Educación Pública (SEP) gastó todo su presupuesto (521 millones 938 mil pesos de presupuesto) en el pago de asesorías, estudios e investigaciones, honorarios, congresos, convenciones y viáticos, por lo que no se avanzó en la instalación de aulas con computadoras y conexión a internet, que era el objetivo del programa.
El programa era operado de manera directa por las entidades que recibían presupuesto federal para realizar las licitaciones, compra e instalación de los equipos tecnológicos; sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no autorizó la transferencia de mil 203 millones de pesos para la partida 438 “subsidios a entidades federativas”, toda vez que los funcionarios sabían que los gobiernos habían gastado el dinero, pero no habían comprobado en qué lo aplicaron, informaron fuentes de la dependencia. Aunque el faltante era mucho mayor, el único estado que no comprobó el gasto de 655 millones 782 mil 573 pesos fue Veracruz.
Durante los cuatro años de implementación del programa se instalaron 10 mil 211 aulas, aunque la meta planteada al inicio del sexenio era de 208 mil y finalmente HDT fue desechado por la nueva administración de la SEP a cargo de Emilio Chuayffet.
Además, de acuerdo con el reporte de la Cuenta Pública de 2012 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la subsecretaría de Educación Básica erogó 34 millones de pesos por la realización de un proyecto que nunca obtuvo y no comprobó un millón de pesos que se atribuyen al pago de honorarios.
La cara asesoría
Del presupuesto total para 2012, la SEP gastó 90% (488 millones 301 mil pesos) para pagar asesorías, servicios de informática, estudios e investigaciones con distintas instituciones. Esto equivale a la instalación de 2 mil 712 aulas, cuyo costo promedio era de 180 mil pesos.
Con esos recursos se firmaron diversos contratos, por ejemplo, por “asesoría para la elaboración de una prueba piloto en 500 escuelas secundarias” —enfocado a incrementar el rendimiento y aprendizaje de matemáticas—, se pagó 37 millones 410 mil pesos.
Otra prueba piloto en 400 primarias costó 35 millones de pesos. Mientras que para el “acompañamiento integral” del programa, en 700 escuelas equipadas en Durango, Hidalgo Puebla, Sinaloa y Yucatán, se erogó 24 millones de pesos.
Por la “asesoría para proporcionar herramientas” hasta a 10 mil 863 docentes y directivos de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Yucatán —para la formación y evaluación con fines de certificación para la elaboración de proyectos de aprendizaje utilizando las tecnologías de la información— la SEP pagó 31 millones 72 mil pesos. Mientras que por la evaluación del modelo educativo de HDT con una perspectiva de operación de mediano plazo, se pagó 34 millones 800 mil pesos.
En tanto, gastó 31 millones 864 mil pesos para honorarios, un millón para la organización de congresos y convenciones y 706 mil pesos para pasajes aéreos y viáticos.
2012 fue el año con el mayor monto destinado a estos rubros, toda vez que en 2009, la dependencia erogó 74 millones 666 mil pesos; en 2010 ascendió a 169 millones 497 mil pesos y para 2011 gastó 208 millones 319 mil pesos.
La ASF señaló que la SEP no realizó licitaciones públicas para asegurar que las opciones contratadas hayan contado con las mejores condiciones respecto a precio, calidad y financiamiento. Sin embargo, fuentes de la dependencia federal informaron que se encuentran en el periodo de solventación de las observaciones, toda vez no se entregó a tiempo a la auditoría la documentación que acredite dichos concursos de selección.
El proyecto incompleto
Otra de las irregularidades detectadas por la Auditoría está el incumplimiento del contrato con la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl –entonces dirigida por el rector Alberto Maldonado Ruiz– mediante el cual se comprometían a diseñar 300 objetos de aprendizaje digitales y sus correspondientes planes de clase, reactivos y guías interactivas para segundo y tercero de secundaria.
Aunque la institución educativa cobró 34 millones 425 mil pesos por este proyecto, sólo entregó a la SEP un archivo de Word que “no permite la interacción”. Tampoco diseñaron los objetos de aprendizaje y no se proporcionó evidencia de la realización de un estudio de focus group con los supuestos materiales como lo establecía el acuerdo.
Sin embargo, la dirección general de Materiales Educativos de la SEP, “aceptó que se recibieron en tiempo y forma todos los entregables solicitados, y que cumplieron a entera satisfacción con lo establecido”, como consta en los oficios del 16 y 27 de agosto, y 8 octubre de 2012.
El convenio 2283/12 establece pagos por entregas del proyecto. El mayor monto cobrado por la Universidad fue de 14 millones de pesos a cambio del diseño de 300 objetos didácticos de aprendizaje y una “propuesta de lineamientos y sugerencias para orientar a los docentes” al diseño de materiales didácticos interactivos y que supuestamente entregó en octubre de 2012.
Por el desarrollo de 300 planes de clase para dichos “objetos didácticos” para segundo y tercero de secundaria con un programa de estudios y el diseño de mil 200 reactivos de asignatura para evaluar el dominio de aprendizaje y habilidades digitales, la SEP pagó 12 millones 860 mil pesos para septiembre de ese mismo año.
Otro “daño” a la hacienda pública asciende a un millón 848 mil catorce pesos por concepto de “honorarios”, toda vez que no existen contratos, recibos de pagos ni informes de actividades para comprobar las contrataciones.
La ASF pidió al Órgano Interno de Control de la SEP investigar y sancionar a los funcionarios públicos responsables de autorizar los pagos, pero dos años después y con una nueva administración no ha habido sanciones para nadie.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN
Ángel Aguirre afirma que la investigación sobre violencia en Iguala está "prácticamente concluida".
El gobernador Ángel Aguirre Rivero rechazó que tenga nexos con el cártel de los Beltrán Leyva y que su campaña para gobernador hubiese sido financiada por ese grupo delictivo, como se le acusa en un video.
“Rechazo de manera contundente cualquier aseveración o cualquier señalamiento que se me haga de vinculación en este caso muy particular con el grupo de los Beltrán, o que yo hubiese recibido financiamiento alguno, nunca lo he hecho ni lo haría, jamás he tenido algún tipo de vinculación o de contacto con grupos delictivos, por el contrario mi gobierno los ha combatido desde el primer día en que asumimos la responsabilidad constitucional”, dijo.
Además, Aguirre también informó que la investigación sobre los ataques a los normalistas ocurridos en Iguala la noche del 26 de septiembre, que dejaron seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos está “prácticamente concluida”.
En declaraciones telefónicas para Milenio, Aguirre Rivero indicó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) tiene la información que le ha proporcionado el gobierno del estado sobre los nexos de los alcaldes con la delincuencia organizada y supuso que no ha actuado porque está “consolidando los expedientes”.
Al gobernador se le preguntó por qué no se ha actuado, y respondió que “la SEIDO tiene sus tiempos, me imagino que está procesando, está consolidando los expedientes para poder actuar”.
Reiteró que es necesaria una investigación a todos los alcaldes y a funcionarios del gabinete “y que esto nos permita ir depurando, ir haciendo una verdadera limpieza en las instancias municipales, en las instancias estatales porque además no perdamos de vista que en el año 2015 en Guerrero habremos de vivir un proceso electoral para renovar gubernatura, Congreso local, más allá de la parte federal”.
Luego el gobernador matizó: “muchas veces el alcalde es sujeto de presión y ante el número de elementos que cuenta, pues la verdad temen por sus vidas al enfrentarse a grupos delictivos que son mucho mayores”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
A los estudiantes de Ayotzinapa, los medios, la organización Mexicanos Primero, la SEP... tratan con un profundo desprecio, con racismo y se les ha criminalizado, indicó el investigador de la UNAM, Imanol Ordorika.
Quienes hayan ordenado darles un escarmiento a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, aprovecharon la descomposición política que se vive en el estado. Los candidatos que ganan elecciones en la entidad, son los que tienen más dinero, para comprar votos. Lamentablemente el caso de Iguala no es el único. Además, este no es un tema de crimen organizado estrictamente y es un tema político cien por ciento, señalaron el investigador de la UNAM, Imanol Ordorika y Juan Angulo, director del periódico El Sur de Guerrero.
En entrevista para Aristegui CNN, Ordorika señaló que, suponiendo que hay una interacción tan intensa entre crimen organizado y autoridades políticas y representantes de partidos políticos en Iguala, donde se convierten en indistinguibles, ya no se sabe ¿quién es el crimen organizado o quiénes son los políticos? El crimen de Estado es el crimen organizado por excelencia.
La caracterización de lo que ocurrió, de los asesinatos, de la tortura, de las desapariciones forzadas como crimen de Estado no es una utilización superficial de la noción de crimen de Estado, agregó.
Abundó en que un crimen de Estado, según se discute mucho entre los juristas, es aquel que comete un grupo de personas o la fuerza del Estado con el fin de crear terror en la población. Aquí además tenemos el componente no sólo de los que actuaron directamente en los crímenes del 26 de septiembre sino toda la actuación gubernamental en el estado de Guerrero con las omisiones un comportamiento totalmente ineficaz y tardío del gobernador, así como con la probada participación directa e involucramiento del presidente municipal de la ciudad de Iguala, José Luis Abarca.
Ordorika indicó que es importante señalar contra quién cometieron el crimen, porque no es cualquiera, siempre son los más pobres, los más marginados, en este caso estamos hablando de los estudiantes de las normales rurales que desde que se fundaron han sido objeto permanente de agresiones del Estado Mexicano, a nivel estatal y a nivel federal, que tienen la organización estudiantil más antigua del país, la federación de campesinos y estudiantes de México, porque tienen que defender sus condiciones de vida en una situación de precariedad brutal.
Remarcó que son los estudiantes a quienes el poder, los medios, la organización Mexicanos Primero, la Secretaría de Educación Pública, tratan con un profundo desprecio, con un racismo marcadísimo y a quienes se ha criminalizado.
Enfatizó que es un tema político en el que están involucradas las autoridades políticas del estado de Guerrero pero también por omisión, por lo menos, está involucrado desde el presidente de la República, sus secretarios de estado, el secretario de Gobernación, el secretario de Educación.
Y sostuvo que estamos en el ámbito de una llamada reforma educativa que ha generado enormes conflictos en el país y debates muy profundos que ha involucrado a fuerzas muy reaccionarias como Mexicanos Primero que han sido muy agresivos con los normalistas; lo primero que habría que decir es que no hay reforma educativa en ningún lugar del mundo sin fortalecer y reivindicar a la escuelas normales, señaló.
El investigador finalizó comentando: “Exigimos la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa de manera inmediata y exigimos que desde el Rjecutivo federal haya un compromiso para cumplir esta demanda de los padres de familia, de los compañeros y de toda la sociedad. Hace 46 años en el 2 de octubre en hechos como estos se cubrieron de mentira, la sociedad se tiene que pronunciar, tenemos que salir a las calles”.
Por su parte Juan Ángulo dijo que lo que sucedió en Iguala la noche del 26 de septiembre y los primeros minutos del 27 es el punto más alto que ha alcanzado en Guerrero la criminalización de la lucha social; se quiere ahora dirigir todo hacia la barbarie del crimen organizado pero esta es la forma bárbara que asumieron los acontecimientos, estuvo muy claro según la reconstrucción que se ha hecho, incluso la versión oficial, que fue un ataque directo a los normalistas.
El periodista apuntó que a los agredidos no se les confundió con miembros de una banda rival, sino que los agresores, policías municipales y pistoleros, sabían que estaban atacando a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ¿qué agravio pudieron haber hechos los estudiantes contra esta célula del crimen organizado para que actuaran de esa forma?, preguntó.
Agregó que no hay ningún antecedente, ni siquiera en sus demandas aparece nada que involucre al crimen organizado, enfatizó.
Angulo refirió que los ataques de este tipo en Guerrero provienen del poder político, de los organismos de inteligencia del Estado, militares contra insurgentes que ven guerrilleros por todas partes en Guerrero, están obsesionados con la reaparición de la guerrilla en Guerrero; tal vez dijeron hay que ponerles un hasta aquí, darles un escarmiento a este grupo de jóvenes y no sería la primera vez en Guerrero ni en la época de la guerra sucia ni en la época moderna de la violencia del crimen organizado que se usa a estas bandas criminales para golpear a opositores al gobierno, para golpear a movimientos sociales, para golpear a dirigentes sociales.
Relató que la ofensiva en el último año contra los movimientos sociales en Guerrero se reactivó con las policías comunitarias en el estado, como si se tratara de criminales.
El director del Sur dijo que en la agresión contra los estudiantes de Ayotzinapa -en un contexto de persecución, de hostigamiento contra los movimientos sociales en Guerrero- no debe de limitarse sólo a una cuestión del crimen organizado.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
"Estoy investigando absolutamente todo, lo que sea necesario, es un caso que verdaderamente es indignante, que verdaderamente no podemos permitir que vuelva a repetirse una cosa ni siquiera similar", dice el procurador.
Jesús Murillo Karam, procurador General de la República, afirmó que René Bejarano nunca le entregó las pruebas que supuestamente tenía en contra del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, por el asesinato de líder de una organización popular, Arturo Hernández Cardona.
“Efectivamente, hace un buen tiempo Bejarano estuvo en la procuraduría conmigo viendo un asunto de él, y me comentó de las pruebas que decía tener sobre un homicidio que había cometido esta persona (el alcalde). Me quedó de entregármelas, pasó un tiempo bastante largo, cuando lo volví a ver yo le pedí la información, que no me la había mandado, y me dijo que no, que él ya lo había visto”, expuso en entrevista para Radio Fórmula.
“Chequé, y efectivamente, en la procuraduría de Guerrero había ya una averiguación por estos hechos, y como eran hechos, señalamientos de homicidio, son del fuero común, me fue suficiente que lo estuviera ya investigando el fuero común desde ese tiempo”, justificó.
Tras los hechos de violencia en Iguala -que acumulan hasta ahora 5 asesinatos, 28 cuerpos en fosas y 43 desaparecidos-, Murillo apuntó que se investiga a todos los involucrados y prometió: “Llegaremos hasta donde tengamos que llegar”.
Murillo dijo que hasta donde él sabe no ha sido detenido el presidente municipal con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y tampoco ha presentado su declaración sobre el caso ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Explicó que en las indagatorias que realiza actualmente la dependencia a su cargo se investiga a todos los involucrados y sus nexos, es decir tanto al alcalde como a su familia política, así como a los elementos policiacos que participaron en los hechos.
Además, dijo que el video que se difundió en medios sobre el supuesto secuestro de la suegra de Abarca Velázquez fue sólo para desviar la atención de los hechos, pues el material fue analizado y se determinó que “era un video hecho”.
“En el otro caso se investigó el video y resultó una forma de ocultamiento de otro delito; es decir, se determinó que era un video hecho de otra manera y también se consignó y también fue un asunto que se manejó en otra área, la investigación fundamental es la que estaba haciendo la Procuraduría del estado, tienen todavía los hechos, la averiguación, y supongo que con lo que sucedió la perfeccionarán y la harán valer… cuando lo investigan encuentran al chofer y a la señora muertos, y estamos hablando de lo mismo”, indicó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F. (apro).- Los sacerdotes y defensores de los derechos humanos de los migrantes Alejandro Solalinde, Tomás González y Pedro Pantoja anunciaron que viajarán mañana a Tepic, Nayarit, con el fin de visitar al migrante hondureño y afrodescendiente Ángel Amílcar Colón y exigir a la PGR que se desista de los cargos en su contra.
Al reunirse hoy en el Centro Prodh en esta capital, también destacaron que el jueves 9 viajarán a Ayotzinapa, en Guerrero, para platicar con las familias de los normalistas desaparecidos y “tocar las entrañas de la injusticia”, informó Pedro Pantoja.
Colón Quevedo se encuentra recluido desde hace cinco años en el Centro Federal de Readaptación Social 4 de Tepic. Según el Centro Prodh, el indocumentado fue detenido mientras esperaba en una casa de Tijuana, Baja California, que el “coyote” que había contratado lo pasara a Estados Unidos, y posteriormente fue acusado de delitos que no cometió.
Durante estos años de encierro fue víctima de tortura y todavía no ha sido juzgado en primera instancia, por lo que Amnistía Internacional lo considera “preso de conciencia”.
“Este hermano es un símbolo de los miles que están detenidos en las cárceles”, dijo fray Tomás, fundador del albergue de migrantes La 72, en Tenosique, Tabasco.
Según un informe que dio a conocer el Centro Prodh en septiembre, unos mil 219 migrantes centroamericanos se encontraban presos en México en 2013.
Los religiosos condenaron con mucha severidad al Estado mexicano por su “agresiva política migratoria que protege a los actores criminales –tanto del crimen organizado como de los servidores públicos–”.
Así, Gabriela Morales, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Chiapas, aseveró que el enfoque de seguridad nacional que adoptó el gobierno federal para abordar el tema migratorio generó un ambiente de xenofobia y de rechazo entre las autoridades y los propios mexicanos.
“El olor del miedo”
En México, “cada migrante (indocumentado) es sumamente humillado, tratado como mierda”, se indignó Padro Pantoja, fundador de la Casa del Migrante de Saltillo.
Y explicó: “A unos migrantes que conocí, (las autoridades) les detuvieron y les encerraron en los escusados. Aquellos protestaron por el mal olor. ‘Mierda: es lo que son ustedes’, les contestaron los policías”.
Asimismo, reveló que, al subir a los autobuses en Tabasco, vio a un agente migratorio, quien olía a los pasajeros “como perro rabioso”. Cuando el sacerdote le preguntó por qué actuaba así, el uniformado contestó: “Yo soy capaz de detectar los migrantes a su olor, no por él de su cuerpo, sino por el olor del miedo a ser descubiertos”.
“La política migratoria de México representa una traición histórica contra lo que es un trato humano”, acusó el sacerdote.
“Los migrantes no sólo padecen violaciones a sus derechos humanos en sus países, sino aquí también: sufren masacres, torturas, secuestros y, además, la prisión”, denunció fray Tomás González.
Y Alejandro Solalinde, de la Casa de Migrantes Hermanos en el Camino, en Ixtepec, Oaxaca, aseveró que las cárceles representan un lucrativo negocio para los servidores públicos, particularmente en el caso de los prisioneros cubanos.
El sacerdote atestiguó que, debido al miedo de la deportación, los detenidos originarios de la isla reciben la visita de abogados del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes les proponen la libertad a cambio de tres mil dólares. Sin embargo, la propuesta resultó en un engaño, ya que los cubanos terminaron siendo deportados después de haber pagado.
Luego recordó que su organización ya interpuso más de 250 denuncias contra policías, funcionarios públicos y hasta contra el extitular de la SSP federal, Genaro García Luna. Todas se encuentran bajo reserva, deploró.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR:
MÉXICO, D.F. (apro).- El sacerdote y activista Alejandro Solalinde no contuvo su emoción al comentar la desaparición de los normalistas guerrerenses de Ayotzinapán, y culpó de forma directa al gobierno el cual, “si tuviera entrañas”, “les daría prioridad y no les trataría como enemigos políticos”.
“Las escuelas normales siempre han representado un coco para el gobierno”, aseveró al mencionar las tentativas de desalojo de la Escuela de Tenería, en el Estado de México, que ordenó el entonces gobernador Enrique Peña Nieto en 2008. “Porque son pobres, y porque reflexionan”, analizó.
Ante la decisión del gobierno federal de enviar a Guerrero la recientemente creada Gendarmería Nacional, así como el Ejército, con el fin de asumir las tareas de seguridad en el municipio de Iguala, el religioso se mostró muy “escéptico” en cuanto a la “buena voluntad del gobierno respecto del pueblo”.
“Creo que este gobierno no quiere a los jóvenes, porque no se detienen los crímenes contra ellos y no les oye, hace pura simulación”, deploró.
–El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, ya anunció que no renunciará a su cargo.
–No va a renunciar, primero porque no quiere reconocer que corre sangre priista en sus venas, y segundo porque es un gobernador represor: además de los jóvenes, hemos documentado otras amenazas y actos de represión contra activistas en el Estado.
Enseguida Solalinde exigió al gobierno una verdadera investigación. “No pueden decir como en Tlatlaya que fueron malos y desobedientes muchachitos, como si no supiéramos que en la línea de mandos los subalternos nunca se dan órdenes a sí mismos”.
–¿Y las críticas y denuncias de los medios y la sociedad civil internacional?
–Les duelen un ratito, nomás.
Luego expone: “Ya se han sucedido las advertencias y alarmas de la ONU, de la OEA o de Amnistía Internacional: ¿Han cambiado algunas cosas?”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE
"Es una ciudad pequeña (Iguala) y nos conocemos todos", dice. Pero niega haber conocido los vínculos del alcalde -hoy prácticamente prófugo- con los Beltrán Leyva y Guerreros Unidos.
Lázaro Mazón se desmarcó de la postulación de José Luis Abarca para la presidencia municipal de Iguala, y dijo que en general fue la corriente de Nueva Izquierda, mejor conocida como “Los Chuchos”, quien lo apoyó.
En entrevista para Noticias MVS primera emisión, el actual secretario de Salud de Guerrero y militante de Morena dijo que “las candidaturas se deciden por corriente, en Guerrero hay 4, estuve en su momento ligado a Nueva Izquierda”.
“Es por corriente como se proponen candidaturas… hace 2 años hubo encuestas… participaron sólo 2 personas”, refirió. Y ganó Abarca.
“En Iguala todos nos conocemos, yo no sabía nada de esto”, comentó sobre los vínculos del alcalde -hoy prácticamente prófugo- con los Beltrán Leyva y Guerreros Unidos.
“Yo era senador, fui alcalde de Iguala, nos conocemos prácticamente todos, yo era senador y a mí me invitaban a varios eventos”, comentó sobre las diferentes fotografías en las que aparece con Abarca.
“Todos participamos en esa elección… si todos hubiéramos sabido todo esto, pues obviamente hubiéramos investigado pero nadie sabía”, justificó.
“Desconocíamos toda esta situación, sino se hubiera hecho un alto”, insistió.
Actualmente, dijo, “me he dedicado a la Secretaría de Salud”.
Reconoció además que su hermano, Luis Mazón Alonso, es el suplente de Abarca.
Sobre ello, comentó que “a veces por corrientes también ponen suplentes”.
“Mi hermano está pensando seriamente si va a asumirlo o no lo va a asumir”, reveló.
“Dice que él va a permanecer alejado de todo esto”, agregó.
Abarca, el hombre que vendía oro
Mazón apuntó que José Luis Abarca vendía oro en Iguala desde hace más de 30 años.
“Él empezó a vender oro, su abuelo vendía sombreros, su papá vendía vestidos de novia”, refirió.
“Hace más de 30 años empezó a vender oro”.
“Conozco a mucha gente, a lo mejor no sabemos a qué se dedica ni quién es su familia”, argumentó.
Si hubieran conocido los vínculos con el narco, “se hubiera hecho un alto en el camino”.
¿Por qué esta saña?
Mazón atendió a los estudiantes de Ayotzinapa heridos, tras el ataque de policías vinculados al grupo criminal de “Guerreros Unidos”.
“Pasé 3 días atendiendo a los heridos… cuando se encuentran cuerpos, el Forense pertenece a Salud, pasé 2 días en Iguala atendiendo la situación… yo fui padrino de estudiantes de Ayotzinapa, lamento mucho, está golpeando mucho al estado”, comentó.
“Yo he dado todo el respaldo a los muchachos… No sé qué pasó , todos nos preguntamos porqué esta situación y no nos explicamos la razón, no lo entendemos…”, dijo.
El día del ataque -viernes 26 septiembre- la esposa del alcalde dio un informe, pero ya había terminado y sólo quedaba la fiesta en la explanada municipal; “yo hablé con los muchachos, ellos ni siquiera se metieron al informe, nada más estaba una fiesta en la explanada municipal, ellos ni sabían, ellos iban a México a una marcha del 2 de octubre”.
“Yo mismo me pregunto ¿qué pasó?, ¿por qué esta saña?”, continuó.
Sobre su aspiración al gobierno de Guerrero, como candidato de Morena, evitó abundar al respecto, y señaló que el tema lo tocaría “el día que meta una renuncia a la secretaría, a ninguno he hecho comentarios respecto a esto”.
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Un grupo, con escaso equipamiento, el primero que disparó, fue relevado por otro, con equipo. Testigo describe dos balaceras: la primera la noche del viernes 26; la segunda, horas después.
En el ataque contra los estudiantes normalistas ocurrido en Iguala el pasado 26 de septiembre, participaron dos tipos de policías municipales que vestían de forma distinta y que no tenían buena comunicación entre sí, recuerda Ernesto Guerrero Cano, sobreviviente de la peor embestida que hayan sufrido los alumnos y activistas de Ayotzinapa.
El grupo que disparó a mansalva contra los normalistas desarmados, sólo portaba la camisola y el pantalón del uniforme policiaco, pero sin ningún tipo de equipamiento. Con sus manos desnudas, encañonaban de manera directa a los estudiantes y son los responsables de las 43 desapariciones que tienen en vilo a la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos”.
A dos semanas de los hechos, Ernesto de 23 años, no recuerda la participación de civiles armados en el ataque contra los estudiantes normalistas que la noche del 26 de septiembre, dejó un saldo de seis personas muertas, tres de las cuales eran sus compañeros en las aulas de Ayotzinapa.
“Los policías municipales que empezaron el ataque llevaban las manos descubiertas, no llevaban casco, portaban simplemente su uniforme, las armas largas con que nos dispararon, los últimos policías que nos dispararon, ellos ya llevaban otro equipo, casco, guantes, chaleco antibalas, ya iban mejor equipados, a diferencia de los primeros”, sostuvo
En contraste, el grupo de policías que llegó al final de la primera balacera, vestía con todo lo que caracteriza a un equipo antimotines: guantes de agarre, chalecos antibalas, cascos, rodilleras, coderas y armas largas. Su llegada ahuyentó al primer grupo de policías que se retiraron sin brindar explicaciones.
Con insultos, este segundo grupo de policías corrió a los normalistas de Ayotzinapa que no terminaron como desaparecidos y que ahora encabezan la resistencia para demandar la presentación con vida de sus 43 compañeros, según relata el propio Ernesto Guerrero.
El primer tiroteo comenzó alrededor de las 19:30 horas del viernes 26 de septiembre, luego de que los estudiantes normalistas intentaran tomar dos autobuses de la línea Estrella de Oro para regresar de Iguala a Ayotzinapa. A una cuadra de la central camionera, fueron atacados por los policías municipales
Con el primer ataque contra los estudiantes, también sobrevino una persecución en contra de los autobuses en los que viajaban los normalistas de Ayotzinapa, ya que la instrucción de los agentes municipales parecía no dejarlos ir. Hasta ese momento, sólo contaban con un estudiante herido.
Con el camino cerrado y en medio de las ráfagas de balas, los estudiantes se vieron obligados a bajar de sus autobuses, creyendo por momentos que los policías de Iguala hacían disparos al aire, pero la caída de su compañero Aldo Gutiérrez Solano en medio de un gran charco de sangre los puso en sobreaviso. Eran tiros a matar y tenían que protegerse. Hoy, víctima de un balazo en la cabeza, Aldo continúa al borde de la muerte.
La única posibilidad de sobrevivir era escondiéndose y así lo entendió el propio Ernesto junto con otros compañeros que se tiraron al piso y se ocultaron bajo los camiones, sin moverse, sin hablar y casi sin respirar, para no llamar la atención de sus verdugos.
Parapetados entre los autobuses, los estudiantes de Ayotzinapa que sobrevivieron a estos hechos, fueron testigos de cómo los policías municipales de Iguala se llevaban a sus compañeros, de los cuales no se ha vuelto a saber nada desde entonces.
Como ha pasado antes, creyeron que sabrían de sus compañeros aunque fuera en barandillas judiciales, pero no fue así y hoy existe la sospecha de que fueron asesinados.
Una crisis de nervios que sufrió otro de los estudiantes de Ayotzinapa durante este ataque, obligó a los normalistas a salir de su escondite y a entregarse prácticamente a la policía municipal de Iguala.
Para fortuna de los estudiantes que ya se habían dado por vencidos, fue cuando apareció un grupo de agentes con uniformes distintos al grupo agresor, los cuales accedieron a que se le brindara atención médica al afectado y quienes finalmente dejaron de disparar contra los normalistas de manera indiscriminada.
Los sobrevivientes a la primera balacera recibieron la orden de salir de Iguala de manera inmediata, pero los jóvenes no pensaban irse sin sus compañeros detenidos, por lo que se dirigieron al centro de ese municipio para solicitar ayuda de profesores de la CETEG.
El ataque contra los normalistas ya se había vuelto del dominio público y los normalistas querían ofrecer una conferencia de prensa a los reporteros que habían arribado hasta ese lugar. Fue entonces que comenzó la segunda balacera, la cual le costó la vida a tres estudiantes de Ayotzinapa, dos de ellos murieron de manera casi instantánea y uno más apareció muerto a tres cuadras de ahí, con evidentes signos de tortura y brutalidad.
De nuevo, los estudiantes tuvieron que ocultarse y se refugiaron en callejones y lotes baldíos. Con apoyo de la población, de los maestros y de policías estatales que comenzaban a llegar, finalmente los normalistas de Ayotzinapa se guarecieron en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia de Guerrero.
Esa noche, Ernesto Guerrero Cano creyó que su destino era morir en el Centro Histórico de Iguala, cuna de la bandera nacional y actual incubadora de uno de los capítulos más oscuros en el presente mexicano: una masacre sin bandera, en la que ninguna autoridad quiere reconocer si tiene algún tipo de responsabilidad por acción u omisión.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
"Hay variaciones muy, muy importantes... es normal, es un hecho que, basta con pensar que uno haya estado en una circunstancia así, sí hay confusiones terribles, la oscuridad, la sorpresa, la hija, sí hace que uno pueda tener variaciones en la declaración", dijo el procurador.
El procurador Jesús Murillo Karam habló del caso Tlatlaya, en el Estado de México, e indicó que aún no se consigna a los militares involucrados debido a que continúan detenidos por la procuraduría militar, rindiendo sus declaraciones.
En entrevista para Radio Fórmula, reveló que la declaración de la supuesta testigo de los hechos, “Julia”, no es similar a la versión que tiene la PGR, pues hay algunas variaciones, mismas que consideró entendibles, y señaló que esta persona presentó esta semana su segunda declaración ante la PGR.
Además, el procurador reconoció la disposición del Ejército mexicano que “actuó con honestidad ante los hechos” ocurridos en Tlatlaya, aunque aceptó que sí hubo un exceso en la actuación de los elementos castrenses, que en su opinión fue un homicidio.
-Ella ya declaró ante ustedes.
JMK: Sí, dos veces. La primera vez declaró en un sentido, hoy declaró en otro, hay variaciones, no muchas, pero hay variaciones que no tiene que ver con lo que dice en la revista, son completamente diferentes.
-¿Cómo procurador?
JMK: Sí, lo que dice en la revista no es lo que nos declara a nosotros, ahí hay una diferencia clara.
-¿En la primera o la segunda?
JMK: En las dos. Se parece más la segunda a la primera, que lo que se dice en la revista.
En ambas declaró frente a un defensor, junto con sus secretarios y, en la procuraduría tenemos cámaras de todos los separos para saber qué está sucediendo, y las declaraciones se hacen frente al Ministerio Público y los empleados que hay ahí, y abogado, así declaró las dos veces.
-¿Y la segunda declaración cuándo fue procurador?
JMK: Fue ayer (martes).
-Ayer fue la segunda declaración. El día que comenzó a circular la revista, y lo que declara ahí, entendemos la secrecía de la declaración.
JMK: Desde luego.
-Pero no va en la línea de lo que declaró a la revista.
JMK: En cierta forma, pero hay variaciones muy, muy importantes. Yo creo que es normal, es un hecho que, basta con pensar que uno haya estado en una circunstancia así, sí hay confusiones terribles, la oscuridad, la sorpresa, la hija, es decir, sí hace que uno pueda tener variaciones en la declaración.
Nosotros pusimos mucha atención desde que apareció la revista, es decir, ya teníamos algunas dudas, sobre todo el Ejército mismo, el Ejército desde el principio me manifestó que tenía dudas sobre el seguimiento correcto del protocolo.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN
Las autodefensas legítimas estarán dedicadas únicamente a la caza del principal líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, “La Tuta”.
Tras la nueva movilización de civiles armados para combatir al crimen organizado en Michoacán, se estableció que un grupo de las autodefensas legítimas estará dedicado únicamente a la caza del principal líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, “La Tuta”.
El 24 de septiembre, el Gobierno Federal informó que detectó movimientos del capo en la zona sur de Michoacán, por lo que mantiene elementos del Ejército reforzando la región. Este grupo de autodefensas es el cuarto agrupamiento que se organiza para la captura del líder del cártel michoacano. Un grupo de élite del Ejército, un grupo especial de la Policía Federal y un grupo de la Fuerza Rural ya lo intentaron.
> 17 de enero
Jesús Vázquez Macías, “El Toro”, jefe de plaza de las comunidades en Tepalcatepec, Michoacán, fue detenido en el poblado de Caleta de Campos, en Lázaro Cárdenas.
> 27 de enero
Dionisio Loya Plancarte, “El Tío”, fue capturado en posesión de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
> 27 de febrero
Francisco Galeana Núñez, “El Pantera”, fue abatido por Fuerzas Federales en Arteaga, Michoacán. Era jefe de plaza en Apatzingán.
> 9 de marzo
El hecho más relevante desde la puesta en marcha de la estrategia Federal en Michoacán fue cuando resultó abatido por Fuerzas Federales en Tumbiscatío, Nazario “El Chayo” Moreno González.
> 6 de junio
Fue aprehendido Pedro Naranjo García, originario de Tumbiscatío, acusado del asesinato de 15 personas de una misma familia en Apatzingán en agosto de 2013.
13 de agosto
Detienen al gatillero, Jesús Tapia Sánchez, “El Zanate”, uno de los responsables por el asesinato de 12 policías federales en Arteaga, el 12 de julio de 2009. La recompensa era de 3 millones de pesos a quien diera reportes de su paradero.
> 19 de septiembre
A consecuencia de un operativo policiaco, se suicidó el hermano de “La Tuta”, Aquiles Gómez Martínez, al verse cercado en su domicilio en el Fraccionamiento “Los Tulipanes”, en Lázaro Cárdenas.
> 28 de septiembre
Cae uno de los guardaespaldas y pistoleros de “La Tuta”, a quien las autoridades judiciales identificaron como José R. Días.
> 3 de octubre
Aprehensión de Juan Alejandre Corrales, alias “El Licenciado”, a quien se identifica como operador financiero de “La Tuta”. Se le acusa de participar en el homicidio de Luis Alfredo Lúa.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
Al menos 22 empleados públicos del primer orden, podrían tener responsabilidad penal tras haber sumido a Michoacán en la peor crisis económica que ha tenido.
El histórico y millonario desfalco a las arcas del gobierno estatal de Michoacán no se subsanará, pero al menos los responsables del peculado multitudinario serán llevados a la cárcel, advirtió Alfredo Castillo.
El comisionado federal en Michoacán indicó que en los próximos días serán llamados a rendir cuenta los funcionarios que tienen responsabilidad en el robo de los dineros oficiales de la entidad.
Castillo señaló que finalmente la Contraloría del Estado tiene ya integrados los expedientes respectivos de los funcionarios que estarían involucrados, los cuales serán enviados a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que se ejecuten las correspondientes acciones penal.
Al menos 22 funcionarios del primer orden podrían tener responsabilidad penal tras haber sumido a Michoacán en la peor crisis económica que ha tenido.
Fuentes oficiales señalan que las averiguaciones previas que se integran en la PGJE no solo alcanzarán a funcionarios del periodo administrativo Vallejo-Reyna, sino que también tocarán a funcionarios de las administraciones perredistas de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, en cuyos periodos de gobierno inició el llamado “desaseo administrativo”.
A la fecha, la deuda pública estatal raya en los 38 mil millones de pesos. Solo en los últimos meses de la administración de Vallejo, el débito oficial de Michoacán ascendió a 2 mil millones de pesos. Recursos que al momento se desconoce su destino.
Las indagatorias podrían alcanzar también a algunos funcionarios de la administración del priista Víctor Manuel Tinoco Rubí, el que gobernó al estado de Michoacán en el periodo comprendido de 1996 a 2002, en donde se ha ubicado el inicio de la deuda pública estatal.
Tinoco Rubí dejó una deuda pública tasada en mil 578 millones de pesos. En su momento este déficit fue cuestionado por algunos diputados locales del PAN, quienes atribuyeron el incremento a discretas aportaciones oficiales para la fallida campaña presidencial de Francisco Labastida.
Los bancos señalados
Las acciones de investigación para determinar responsabilidades en el incremento de la deuda pública de Michoacán, podrían también tocar a algunos funcionarios de la banca privada
> Banco Interacciones
> Multiva
> Banobras
Secretarios de finanzas, en la mira
En marzo del 2014, en tanto la deuda pública de Michoacán crecía en silencio crecía más de 2 mil millones de pesos, un dictamen técnico de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) aportó los elementos suficientes a la Procuraduría de Justicia del Estado para encarcelar al tesorero de los gobernadores Lázaro Cárdenas y Leonel Godoy.
El exsecretario de finanzas, Humberto Suárez López fue sometido a proceso penal por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y abuso de autoridad. Al constatar los elementos que obraron en la averiguación previa, se le otorgó el auto de formal prisión.
A la fecha, bajo el argumento de severos problemas de salud, a Suárez López se le benefició con la libertad bajo caución. Una negociación entre los abogados de la defensa y el entonces secretario de gobierno, Jesús Reyna, le permitió salir de la cárcel con una fianza de 49 millones 895 mil 455 pesos.
Luis Miranda -el primer secretario de Finanzas del gobernador con licencia Fausto Vallejo- es hoy el centro de las averiguaciones por desvío de fondos e incremento de la deuda durante la primera parte del periodo de gobierno que habrá de concluir el año entrante.
Otro de los ejes de investigación es el exsecretario de gobierno y exgobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna, quien hoy se encuentra sometido a proceso penal acusado de vínculos con células del crimen organizado.
Los Implicados
Desde administraciones pasadas, Michoacán enfrenta el problema de la deuda pública.
> Lázaro Cárdenas Batel
Se le responsabiliza de haber incrementado la deuda pública en más de un 500 por ciento. Incrementó el déficit de mil 578 millones de pesos a 8 mil 600 millones.
> Leonel Godoy Rangel
La deuda recibida se incrementó a 36 mil millones de pesos.
> Fausto Vallejo Figueroa
Incrementó la deuda oficial de Michoacán en más de 2 mil millones de pesos.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
MÉXICO, D.F. (apro).- Fiscales de la Corte federal en el condado de Brooklyn, en Nueva York, presentaron 12 cargos de homicidio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, capturado en febrero en México, e Ismael El Mayo Zambada.
Guzmán y Zambada, de acuerdo con la acusación que aún no ha sido difundida por el sistema de información judicial pero fue publicada en el sitio del Daily News, usaron sicarios que llevaron a cabo “cientos de actos violentos, incluyendo homicidios, asaltos, secuestros, asesinatos y actos de tortura”.
Esto no significa, de acuerdo con la versión, que la extradición de Guzmán de México a Estados Unidos sea inminente, y sólo apunta a que si ese fuera el caso, las acusaciones estarían listas.
Los nuevos cargos incluyen conspiraciones para asesinar a miembros del gobierno de México, personal militar y empleados de agencias dedicadas a perseguir delitos.
También se acusa a Guzmán Loera de asesinar, en 2008, a Roberto Velasco Bravo, director de Crimen Organizado de la Dirección General de Análisis Táctico de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
Además, se acusa al excapo del Cártel de Sinaloa de ejecutar, en 2004, a Rodolfo Fuentes, líder del Cártel de Juárez.
El Daily News también destacó que los fiscales Andrea Goldbarg y Steve Tiscione presentaron en septiembre evidencia a un Gran Jurado de varias conspiraciones de asesinato y de lavado por 14 mil millones de dólares, bajo supervisión de Guzmán y Zambada.
Los cargos difundidos este martes se suman a los que enfrenta El Chapo en al menos siete diferentes distritos en Estados Unidos, incluida la Corte de Brooklyn.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F. (apro).- La masacre de 22 personas en Tlatlaya, en el Estado de México, y la desaparición forzada y posible muerte de estudiantes de Ayotzinapa en Guerrero llevó a que, por vez primera desde la máxima tribuna del Poder Legislativo, los diputados sostuvieran que en México se vive un “narco-estado”.
Este martes, cuando se aprobaba la comisión especial para indagar los hechos ocurridos en Guerrero, el perredista y diputado federal por dicha entidad, Silvano Blanco Deaquino, tomó la palabra y en tribuna aseguró:
“Se tiene que reconocer que en México hay un narco-estado. Se tiene que reconocer que hay narco-política. Se tiene que reconocer que desde la Presidencia de la República, en los gobiernos locales y en los gobiernos municipales, efectivamente la delincuencia organizada aporta recursos económicos para estas campañas. Eso se tiene que reconocer por parte del país”.
Antes de Blanco, nueve oradores hablaron a favor de crear la comisión especial, algunos calificaron los hechos de Ayotzinapa como un “crimen de lesa humanidad”, otros cuestionaron la ausencia de apoyo del gobierno federal hacia Guerrero y unos más aseguraron que lo ocurrido en dicha entidad es algo que sucede en todo el país, en especial Tamaulipas, Puebla, Michoacán y otros.
Blanco Deaquino fue el último en hablar. Fue quien generó un silencio en el salón de sesiones y a quien ningún otro diputado federal se atrevió a rebatir. Todos callaron.
Primero celebró la creación de la comisión para coadyuvar en las indagaciones de la desaparición y posible asesinato de los jóvenes estudiantes. Pero se debe tener claro, dijo, que los asesinatos, extorsiones y secuestros no han disminuido.
Luego habló del narco-estado y advirtió:
“Si no se instrumenta una política de Estado para que, efectivamente, México empiece a estar en una situación totalmente distinta, vamos a seguir cayendo en el cinismo, como se está cayendo en este momento. Hay que reconocerlo”.
El guerrerense recordó que la Federación no desconocía lo que pasa en Guerrero “y se viene y se dice que se lamenta”. Y puso el dedo en la llaga:
“La Federación no desconocía lo que pasa en Guerrero, así como no desconoce lo que pasa en todos los estados de la República. Prácticamente no hay un solo estado de la República en el cual la delincuencia organizada imponga a presidentes municipales, imponga a diputados locales, imponga a diputados federales, imponga a gobernadores y, me atrevo a decir, que también le inyecta recursos económicos para las candidaturas a la Presidencia de la República”.
Debemos ser “honestos y realistas”, dijo aunque aclaró que “algunos se salvan de la situación. No podemos decir que todos los que tienen algún cargo de representación están involucrados. Tampoco es cierto, sí hay gente con honestidad, con ética en todos los partidos políticos, pero también hay gente que se presta a situaciones irregulares en todos los partidos políticos”.
Luego de su posición, la Comisión Especial se aprobó y quedó al frente el panista Guillermo Anaya quien, por cierto, –como se hizo público en su momento– tiene parentesco político con un miembro de la delincuencia organizada. Recientemente un diputado priista de su estado no sólo recordó esto, sino que además lo acusó de haber sido cómplice de su hoy expariente político.
El coordinador del PVEM, Arturo Escobar, pretendió llevar raja política sobre el tema. Dijo que así como el PRD no podía presidir dicha Comisión por ser parte del gobierno guerrerense –además de haber propuesto al presidente municipal de Iguala, hoy prófugo y señalado como parte de la delincuencia organizada–, tampoco el PAN lo debía hacer, ya que en la elección a gobernador declinó participar apoyando indirectamente a quien hoy gobierna, el PRD.
Ningún partido político lo secundó y sí, en cambio, recibió reclamo por pretender politizar el tema.
En la Comisión Especial participarán, Manuel Añorve (PRI), Ruth Zavaleta (PVEM), Lisbeth Rosas Montero (PRD), Ricardo Mejía (MC), Lilia Aguilar (PT) y Sonia Rincón Chanona (Panal). La comisión se reunirá este miércoles a las 10 de la mañana.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
MÉXICO, D.F. (apro).- Tras un debate de casi cinco horas sobre las desapariciones y asesinatos de estudiantes normalistas en Ayotzinapan, Guerrero, el Senado de la República acordó formar un grupo plural de legisladores en la Comisión de Gobernación, que “coadyuve” en las investigaciones sobre los sucesos del pasado 26 y 27 de septiembre.
La decisión se tomó en medio de una fuerte polémica ante la corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno en la descomposición del gobierno municipal de Iguala.
El presidente del Senado, Miguel Barbosa, respaldó el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto de un día antes. Acompañado de los otros vicecoordinadores del PAN y del PRI, el también coordinador del PRD afirmó que el llamado a acabar con la impunidad en Guerrero “no llega tarde”.
En la tribuna, los senadores del PRD, Alejandro Encinas, Dolores Padierna y Armando Ríos Pitter, entre otros, coincidieron que se trata de una “crisis de Estado”, con similitudes a la guerra sucia de los años setenta. Luego, llamaron a ser autocríticos para evitar que el “narcopoder” tenga mayor influencia en los partidos.
“Hay que ser autocríticos”, afirmó Encinas. “Todos somos corresponsables por omisión o complicidad” frente al ascenso del narcopoder en el municipio de Iguala, donde el alcalde José Luis Abarca está claramente vinculado al cártel de Guerreros Unidos.
Padierna Luna advirtió que los vínculos de Abarca “fueron ampliamente documentados y denunciados” desde el 2013. Mencionó el caso del asesinato del dirigente social Arturo Hernández Cardona, a manos del propio Abarca. Esto ha sido “un claro ejemplo del desinterés gubernamental”, sentenció.
“Le tomamos la palabra al presidente de la República. La lucha es contra la corrupción y contra la impunidad, que no queden en discursos o pronunciamientos mediáticos”, afirmó la perredista.
Ríos Pitter, senador por Guerrero, estimó que los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapan se suman a “las más negras horas de la vida nacional”. Planteó un punto de acuerdo para que las investigaciones se realicen en un marco de transparencia, celeridad, objetividad y comunicación con el Senado.
Los senadores panistas también se incorporaron a éste, aunque se entramparon con algunos senadores del PRI sobre los saldos de la guerra contra el narcotráfico en los dos últimos años de la administración de Enrique Peña Nieto.
Luisa María Calderón, Adriana Dávila, Francisco Cabeza de Vaca y Francisco Búrquez, entre otros, subieron a tribuna para reclamar que en dos años no se hayan reducido los índices de violencia del narcotráfico.
“No podemos llamarnos hoy sorprendidos. Han pasado 17 años de la primera Ley contra la Delincuencia Organizada. Ahora, y lo aprendimos claro, la delincuencia organizada frente a los intentos de contención también han hecho su modelo”, afirmó Calderón. Y citó los casos de Michoacán, Tamaulipas y Guerrero por la similitud de infiltración del narcotráfico.
Los senadores del PRI, Graciela Ortiz, Cristina Díaz y René Juárez, este último exgobernador de Guerrero, expresaron su “enérgico rechazo” a toda “intención perversa” de politizar y lucrar con el dolor de las familias afectadas.
“No se puede en dos años resolver el desastre de país que se construyó en 12 años”, afirmó la priista Graciela Ortiz, en clara respuesta a los reclamos de senadores del PAN y del PRD.
El senador del PRI, Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Gobernación, exhortó a no lamentarse por los hechos de Guerrero, sino a condenarlos “enérgicamente”.
Más tarde, el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, ofreció una rueda de prensa. En ella fue cuestionado sobre la posibilidad de decretar la desaparición de poderes en Guerrero, lo que llevaría a la renuncia del gobernador Ángel Aguirre.
Respondió: “Es una decisión muy personal del señor gobernador y una decisión del Congreso local. No es una decisión del Senado de la República. No tenemos nada qué ver ahí”.
El jurídico de la dependencia federal advierte que si se comprueba que Zurich Pharma y SAVI Distribuidores falsificaron el registro sanitario de un medicamento, podrían revocarles sus licencias.
La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) llevará a cabo verificaciones en las empresas involucradas en la falsificación de un registro sanitario de un medicamento, adelantó ayer Juan Carlos Gallaga Solórzano.
El Comisionado de Autorización Sanitaria de la Cofepris aseguró que lo que resulte de esta investigación se anexará a la denuncia penal que se presentó en la PGR por el uso ilegal de un registro sanitario.
La Cofepris realizará estas inspecciones tanto en los laboratorios de la empresa Zurich Pharma, S.A. de C.V., como en SAVI Distribuidores, S.A. de C.V.
Estas empresas están bajo sospecha de haber falsificado el registro sanitario del fármaco Lipidox (Doxorubicina) para ganar un contrato de 100 millones de pesos para abastecer de este medicamento al Instituto Mexicano del Seguro Social.
“Es parte de nuestro procedimiento interno y se va a realizar”, aseguró Gallaga Solórzano.
“Es un tema bastante delicado”.
Leonardo Menes Solís, coordinador general jurídico de la Cofepris, adelantó que el próximo 21 de octubre se ratificará la denuncia por falsificación de documentos oficiales que se interpuso el mes pasado en la PGR.
En la ampliación de la demanda se incluirá lo que resulte de las verificaciones que se llevarán a cabo en las empresas por la falsificación del registro sanitario.
“Nosotros en el ámbito administrativo podemos hacer las visitas de verificación correspondientes a efecto de comprobar que los productos cumplan con los registros sanitarios, con su etiquetado, y que el titular efectivamente tenga el registro”, explicó Menes Solís.
“En el caso de los distribuidores se visita los almacenes de depósito también”.
El abogado de la Cofepris señaló que en caso de que se compruebe que una de estas empresas falsificó el registro sanitario se le podría suspender sus actividades y revocarles su licencia.
“Lo que establece de inicio es el aseguramiento del producto, con base a eso se levantan las denuncias penales correspondientes por falsificación y en el procedimiento administrativo, en su caso, la revocación de la licencia, la revocación del registro sanitario si es lo que corresponde y la suspensión del establecimiento”.
La Cofepris no reconoce la validez del registro sanitario 224M2013 SSA del producto Lipidox, que usaron las empresas Zurich Pharma y SAVI Distribuidores para ganar un contrato de 100 millones de pesos en el Seguro Social el año pasado.
De acuerdo a la Cofepris, este producto está registrado bajo el documento 227M2013, a nombre de Zurich Pharma, S.A. de C.V.
Ese registro tiene fecha del 4 de diciembre de 2013, tres meses después de que estas empresas ganaron la licitación en el IMSS.
“Yo no puedo inferir nada. Nosotros no estamos presente a la hora de las licitaciones”, contestó Gallaga Solórzano cuando se le preguntó su opinión sobre esta irregularidad en el proceso de licitación.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
