“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, clamor nacional

By: Draco Dracul on 10:11:00 / comment : 0 Ayotzinapa, Nacional

MÉXICO, D.F. (apro).- Movidos por la indignación, miles de mexicanos salieron este miércoles a las principales plazas del país para exigir a las autoridades federales justicia por los muertos de Iguala y la aparición con vida de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Maestros, estudiantes, activistas, padres de familia de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Chiapas, Durango, Quintana Roo, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Morelos, Monterrey, Guanajuato, Chihuahua, Campeche y Querétaro inundaron las plazas principales, bloquearon carreteras, tomaron refinerías, aeropuertos, autopistas, comercios y dependencias estatales y federales, para repudiar la violencia que azota al país.

En todas las marchas, los manifestantes portaron cartulinas con los rostros y nombres de los estudiantes de la Escuela Normal “Isidro Burgos” y gritaron el mismo lema: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

En Guerrero, epicentro de la narcoviolencia hoy en día, las manifestaciones empezaron alrededor de la una de la tarde. Desde Acapulco, distintos grupos sociales se concentraron en la autopista Del Sol con destino al Parador del Marqués. Algunos hicieron pintas en los muros de contención “Porque el color de la sangre jamás se olvida” y “Los masacrados serán vengados”.

Los estudiantes dibujaron siluetas humanas simulando a sus compañeros asesinados. En esa marcha participaron damnificados por la tormenta tropical Manuel, sindicalistas, universitarios y miembros de la CRAC.

Sobre la misma autopista, pero a la altura de Chilpancingo, madres y padres de los normalistas desaparecidos exigieron la renuncia del gobernador Ángel Aguirre. Participaron habitantes de la Costa Chica, Costa Alta, La Montaña y Tierra Caliente. A las calles de la capital también llegaron estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).

Alumnos uniformados de la Preparatoria 29, en el municipio de Tixtla –donde nacieron algunos normalistas desaparecidos–, exigieron el alto “a la represión de los movimientos sociales en Guerrero”. En Tlapa, anarquistas saquearon e incendiaron parte de la sede del ayuntamiento.

En Michoacán hubo protestas en Lázaro Cárdenas y Morelia, encabezadas por maestros de la CNTE y estudiantes campesinos que bloquearon las carreteras en la costera en la autopista Siglo XXI.

A Morelia llegaron miembros de El Barzón y la Unión Campesina Democrática, quienes exigieron audiencia con el gobernador, una mesa de diálogo con productores de maíz y alto a los incrementos de gasolina y diesel.

Maestros de la Sección 22 del SNTE en Oaxaca suspendieron clases en todo el estado para realizar bloqueos, tomas de oficinas y cierre de plazas comerciales.

El vocero de esa sección, Mohamed Otaqui Toledo, informó que bloquearon durante 10 horas el aeropuerto internacional de esta capital, la refinería “Antonio Dovalí Jaime” en Salina Cruz y la estación de distribución de Petróleos Mexicanos en Valles Centrales, así como las instalaciones de la PGR y plazas comerciales con la misma exigencia: “Alto al terrorismo de Estado”.

En Veracruz, estudiantes de la Unidad de Humanidades de la Universidad del estado tomaron las instalaciones desde las primeras horas y anunciaron que el paro de labores por 48 horas.


Puebla vio a cientos de estudiantes encabezados por alumnas de la escuela Normal Rural de Teteles que partieron de la Ciudad Universitaria hacia el zócalo de la ciudad.

Zapatistas se solidarizan

Unos 20 mil indígenas, entre milicianos y bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), realizaron una mega marcha silenciosa en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa, Guerrrero.

Con las consignas “Su dolor es nuestro dolor”, “No están solos” y “Su rabia es nuestra” y sus pasamontañas y paliacates, llegaron a San Cristóbal de las Casas desde los cinco Caracoles que aglutinan las Juntas de Buen Gobierno.

Choles, tsotsiles, tseltales y tojolabales, algunos viajaron hasta 12 horas. Entre los mandos zapatistas iba, con radio de comunicación en mano, el Comandante Tacho, miembro de la Comandancia General del Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CG-CCRI).

Las movilizaciones también se hicieron en Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Comitán, Tapachula, Motozintla y otras ciudades chiapanecas en compañía de unos 45 mil maestros de la CNTE. Se unieron normalistas de la escuela Jacinto Canek, la Facultad de Ciencias Sociales, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ) y otras organizaciones sociales.

En Durango, alrededor de 400 estudiantes de la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera caminaron por las principales calles de la ciudad. Las oficinas del gobierno estatal cerraron sus puertas para evitar que los manifestantes ingresaran a ellas.

Frente al Monumento al Estudiante, en Cancún, Quintana Roo, alumnos de diversas instituciones participaron en la protesta. Ahí, Teresa Carmona Lugo, quien perdió un hijo estudiante en la Ciudad de México en 2010, enlistó a los 43 normalistas desaparecidos.

Militantes del PRD se sumaron a la protesta que recorrió las principales calles del centro de la ciudad. En Felipe Carrillo Puerto fue la mayor concentración con unas 300 personas, quienes aprovecharon la oportunidad para exigir la libertad de presos políticos acusados de sabotaje por protestar contra el aumento de la tarifas de agua potable.

En Aguascalientes, unas 500 personas en su mayoría de la Normal Rural femenil de Cañada Honda y de la Escuela Normal de Educación Física de Rincón de Romos, marcharon desde la glorieta del Quijote hasta la explanada de la Plaza de la Patria.

Maestros y estudiantes de la escuela normal Manuel Ávila Camacho de Zacatecas –la más antigua del país– realizaron sus actividades normales, aunque “bajo protesta”. Colgaron una manta en la parte frontal de la institución en la acusaron que lo sucedido en Guerrero es “uno de los hechos más lamentables de los últimos tiempos en contra de la juventud estudiosa de nuestro país”.

Integrantes de la comunidad Indígena Sergio Barrios, en Tlajomulco, Jalisco, exigieron al gobierno federal esclarecer el crimen y aplicar la ley contra los culpables de la desaparición de los estudiantes.

Normalistas de Cuautla y Amilcingo, además de habitantes de las comunidades de Ahuehueyo, Tenextepango, Huesca, Jantetelco y Tepoztlán, y estudiantes de la UAEM en Morelos, marcharon desde la universidad a la Plaza de Armas Emiliano Zapata, en Cuernavaca.

Unos 200 ciudadanos en apoyo a los derechos humanos y madres del Grupo Amores –que buscan a sus hijos desaparecidos en Nuevo León–, se manifestaron frente al palacio de gobierno. Ahí desplegaron una manta que decía: “Desaparecidos, ¿dónde están? ¡Justicia!”, mientras que otros alzaron pancartas que denunciaban: “Están desapareciendo la juventud de México”.

En el mismo día de la inauguración del Festival Internacional Cervantino y ante turistas extranjeros, en Guanajuato alrededor de mil estudiantes y maestros de distintas escuelas y facultades, principalmente de la Universidad estatal y representantes de Amnistía Internacional marcharon desde el edificio central de la Universidad, pasaron por el Teatro Juárez y se concentraron alrededor del monumento a la Paz.

Ahí soltaron globos blancos mientras nombraban a cada uno de los estudiantes desaparecidos en Guerrero. “¿Por qué, por qué, por qué nos asesinan, si somos la esperanza de América Latina?”, corearon. “¡Gobierno fascista, que mata normalistas!” y “¡Peña, farsante, que matas estudiantes!”, repetían.

En Chihuahua, alrededor de dos mil habitantes marcharon en Ciudad Juárez y Camargo y Jiménez. En la capital, estudiantes de las normales rurales de Salaices y Saucillo encabezaron la manifestación, acompañados de defensores de derechos humanos, estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, familias y organizaciones  civiles.

“No estamos contra nadie, estamos por el bien de todos, por la defensa del normalismo rural, de estudiantes y de los derechos del pueblo”, gritaron.

En Juárez, se sumaron 26 organizaciones defensoras de derechos humanos, 30 académicos y 10 promotores culturales para enviar un mensaje de fuerza a los padres de familia de los jóvenes desaparecidos.

“Pese a que en Ciudad Juárez y en el estado de Chihuahua conocemos de cerca el dolor y la tragedia que ha traído consigo la indolencia, avaricia, y torpeza de las autoridades municipales, estatales y federales, el horror que atestiguamos en Guerrero nos indigna profundamente”, dijeron.

Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Hecelchakán Justo Sierra Méndez, en Campeche, se concentraron en el parque principal y caminaron por el Circuito Baluartes. En el Palacio de Gobierno depositaron veladoras y pancartas con las fotos de los 43 normalistas.

Con el apoyo de representantes de organizaciones civiles, maestros de la CNTE e integrantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), corearon: “Aytozi vive, la lucha sigue”, “Verde olivo, tu asesinato compañero será vengado”.

Los oradores recordaron los asesinatos de Tlatelolco y Acteal, así como los ataques del gobierno a los normalistas y exigieron un alto al terrorismo de Estado.

En Yucatán, unos 600 manifestantes, entre ellos maestros disidentes se concentraron en la Plaza Grande y en el Paseo de Montejo. Nicolás Peraza González, del Colectivo Rebelde, lamentó que tengan que suceder matanzas como la de Ayotzinapa para que la ciudadanía salga a las calles.

“Lo que estamos viviendo compañeros es solamente una parte de la política que el gobierno de Enrique Peña Nieto y de todos los de atrás, ya sean priistas o panistas, han venido haciendo”, dijo. “Dejamos que se corrompa la policía, permitimos que se corrompan los políticos que deciden nuestra vida, hemos permitido que se corrompa el ejército y ahora estamos pagando las consecuencias”, agregó.

En Querétaro, miles de normalistas y universitarios se organizaron en tres contingentes que partieron de la explana de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), del sur de la ciudad y del crucero de la avenida Universidad y Corregidora. Todos llegaron hasta el Palacio de Gobierno y a las afueras del Congreso del Estado. Ahí colocaron veladoras, leyeron los nombres de los 43 normalistas desaparecidos y aseguraron:

“Ayotzinapa nos duele como nos duele todo México, los crímenes que se han cometido contra los normalistas no pueden quedar impunes, los 43 normalistas desaparecidos deben ser encontrados vivos y a la brevedad”.


Participaron familiares de personas desaparecidas de Querétaro, quienes lamentaron la indolencia de las autoridades locales para buscar a sus seres queridos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN/ Francisco Castellanos, Pedro Matías, Verónica Espinosa, Luciano Campos, Isaín Mandujano, Sergio Caballero, Patricia Mayorga, Rosa Santana y Eric Pacheco.

Los nuevos escuadrones de la muerte y sus parapolíticos

By: Draco Dracul on 10:06:00 / comment : 0 Nacional

MÉXICO, D.F. (apro).- Las dictaduras militares latinoamericanas y el régimen autoritario del PRI del siglo pasado se valieron de los escuadrones de la muerte para acabar con sus opositores políticos.

Se trataba de grupos auspiciados y entrenados por agentes del Estado, civiles y militares, cuya tarea era exterminar a quienes consideraban como enemigos en su cruzada anticomunista, durante la era de la Guerra Fría.

En México, el Ejército y los civiles en el poder no fueron ajenos a esa persecución y se valieron también de la guerra sucia para acabar contra quienes habían optado por la oposición armada, aunque no sólo contra ellos. Los Halcones y La Brigada Blanca fueron dos de los grupos paramilitares creados para la defensa del régimen del PRI.

Fue una guerra sucia porque para combatirlos violaron cuanto pudieron, tanto las leyes nacionales como los principios internacionales de los conflictos. Sus métodos eran la tortura, la violación, las detenciones sin orden judicial y las ejecuciones de forma sumaria. Se cuentan por miles los detenidos desaparecidos.

Ninguno de los responsables de esos crímenes entre la década de lo sesenta y entrados los años ochenta fue castigado en nuestro país, dejando un mensaje de impunidad como impronta. Ni los jefes de esos grupos ni los militares fueron castigados. Muchos menos su jefatura política. Eran los políticos los que mandaban, los que usaban y controlaban esos aparatos.

Con el fin de la Guerra Fría, despojados de ideología, los políticos se volvieron pragmáticos. El poder político dejó de ser una disputa ideológica y el Estado se convirtió en un mero regulador del mercado. Los países se convirtieron en mercados, los pueblos en consumidores y los políticos en piezas de la oferta y la demanda.

En el mercado ilegal de las drogas, los políticos también han ido definiendo su rol. Primero empezaron a controlar a las bandas que disputaban el trasiego, participando en las ganancias. Jefes militares no han sido ajenos a esos arreglos.

Luego, también a cambio de dinero, los jefes políticos cedieron el control de la policía. Después abrieron las puertas de los ayuntamientos y en el caso de no pocos presidentes municipales acabaron siendo impuestos por la delincuencia organizada.

Fue un proceso similar al ocurrido en la relación de los narcotraficantes mexicanos con los colombianos. De meros transportistas de cocaína, los mexicanos acabaron controlando los cargamentos que salen de Colombia hacia Estados Unidos.

Del control policial y municipal por parte de la delincuencia, ya sólo hay un paso para llegar al Congreso local.

Ejemplos sobran. De ahí a las gubernaturas y al Congreso de la Unión, otro paso más. Los ejecutivos estatales y el federal tampoco han sido ajenos a esa degradación institucional que está dando lugar a un Estado mafioso.

Sólo la hipocresía explica las confrontaciones verbales de la clase política por la matanza de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, a manos de una nueva clase de escuadrones de la muerte, que lo mismo actúa para el control territorial y distribución de drogas, que para acabar con los opositores de sus integrantes –ya no sólo protectores– políticos.

No hay partido político en México que desde hace lustros no haya servido a la delincuencia organizada. Gobernadores del PRI, diputados del PAN, presidentes municipales del PRD, algunos representantes del Verde, del PT y otros lo demuestran. Las siglas y cargos se pueden intercambiar y el resultado es el mismo.

Pocos han sido los políticos procesados penalmente, algunos son investigados en Estados Unidos, alguno ha muerto en enfrentamientos con el Ejército, unos más están prófugos y un número creciente ha sido asesinado o sufrido atentados, como reflejo de la inestabilidad del mercado al que han decidido entrar.

Guerrero fue el centro de la guerra sucia en México en los años sesenta y hasta entrados los años ochenta. Ahora lo es de ese nuevo tipo de escuadrones de la muerte en el que los políticos han creado una zona gris con la delincuencia organizada, en la que los poderes formales se han fundido con el poder ilegal.

Eso explica que policías municipales de Iguala hayan subido a sus patrullas a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa y los hayan entregado al grupo delictivo de Los Guerreros Unidos, según la versión oficial, a petición de la administración del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, a quien la autoridad identifica como miembro de esa organización delictiva.

Son los nuevos escuadrones de la muerte que actúan a la par y junto a los políticos. La ecuación se ha invertido: los parapolíticos al servicio de la violencia.

La matanza de estudiantes en Tlatelolco a manos de militares radicalizó la oposición al régimen al PRI. La masacre de 22 civiles en Tlatlaya en una acción del Ejército y la desaparición de 43 normalistas en Iguala también pueden ser el preludio de una nueva etapa de violencia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

Gobierno obstaculiza trabajo de forenses argentinos en caso de normalistas desaparecidos, denuncian familiares

By: Draco Dracul on 17:20:00 / comment : 0 Ayotzinapa, Nacional

Desde el lunes, peritos argentinos se encuentran recabando pruebas de ADN de los familiares de los jóvenes desaparecidos; sin embargo, la Procuraduría General de Justicia de Guerrero y la Procuraduría General de la República (PGR) han obstaculizado su labor, pues no se les ha permitido que accedan al análisis de los cuerpos hallados en fosas clandestinas de Iguala para descartar que se traten de los normalistas.

Familiares de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 y 27 de septiembre acusaron al gobierno Federal y estatal de obstaculizar la integración del equipo de antropólogos forenses argentinos a las investigaciones que se llevan a cabo en Iguala, Guerrero.

Desde el lunes, peritos argentinos se encuentran recabando pruebas de ADN de los familiares de los jóvenes desaparecidos; sin embargo, la Procuraduría General de Justicia de Guerrero y la Procuraduría General de la República (PGR) han obstaculizado su labor, pues no se les ha permitido que accedan al análisis de los cuerpos hallados en fosas clandestinas de Iguala para descartar que se traten de los normalistas.

En conferencia de prensa, Melitón Ortega, padre de Mauricio Ortega, expresó su desconfianza en las investigaciones oficiales, toda vez que “el gobierno está coludido”, pues quienes atentaron contra los jóvenes “no fueron narcos, fue la policía”. Por ello exigieron a los dos niveles de gobierno, federal y estatal, que otorguen las facilidades necesarias al equipo extranjero.

Omar García, integrante del comité ejecutivo estudiantil de la normal de Ayotzinapa y sobreviviente del ataque, aseguró que las acciones llevadas a cabo hasta el momento por parte del gobierno federal y estatal es una “pantomima de búsqueda” y que a 13 días de la desaparición “no estamos para jueguitos”.

De acuerdo con la abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Maribel González, aunque la PGR atrajo la investigación del caso no hay claridad sobre su intervención en la búsqueda y resguardo de las pruebas periciales, pues la procuraduría estatal aún está investigando. Incluso, ambas autoridades realizan por separado las mismas diligencias, como la toma de muestras de ADN de los familiares.

Insistió en que el gobierno federal pretende desviar la atención al señalar como responsables a miembros del crimen organizado; sin embargo, se trata de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales cometidas por autoridades municipales y, por tanto, el Estado Mexicano debe asumir su responsabilidad.

En tanto, Amnistía Internacional (AI) capítulo México, solicitó las medidas de protección para los sobrevivientes y familiares de los desaparecidos, toda vez que han sido hostigados en los últimos días por personas que se presentan en sus casas y dan información falsa sobre la localización de los jóvenes.

Perseo Quiroz, director de AI en nuestro país, pidió que el presidente Enrique Peña Nieto acelere la investigación sobre lo ocurrido y que no sean “solo declaraciones”. Además, que el Estado Mexicano repare el daño a las víctimas y garantice la “no repetición”.

Agresión militar

Según Omar García, tras la segunda agresión, ocurrida en la madrugada del 27 de septiembre, se presentaron militares pero no para auxiliarlos, sino para detenerlos por el supuesto delito de allanamiento de morada.

García relató que los militares los amagaron y les quitaron sus celulares y en algún momento intentaron subirlos a los vehículos oficiales, pero desistieron al ver la gravedad de Edgar Andrés Vargas, que minutos antes había recibido un impacto de bala en la cara.


“Les dijimos que nos ayudaran a llevar al compañero al hospital, que en cualquier guerra se atiende a los heridos, aunque esta no era una guerra”, dijo Omar. Sin embargo, los uniformados ignoraron la petición y en cambio se burlaron de lo ocurrido.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

“Miles de desapariciones continúan con Peña” (carta de Human Rights Watch a Osorio Chong)

By: Draco Dracul on 17:17:00 / comment : 0 derechos humanos, Desaparecidos, Nacional

La organización envía al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, una carta donde denuncia que en México hay una crisis profunda en la materia de derechos humanos.

Human Rights Watch envió al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, una carta donde denuncia que en México hay una crisis profunda en la materia de derechos humanos.

“Los esfuerzos del gobierno mexicano para combatir la desaparición forzada de personas y los secuestros están plagados de demoras inexplicables y declaraciones contradictorias”, dice la organización en la misiva enviada ayer, 7 de octubre.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de ese organismo, explicó que demandan una investigación seria y resultados inmediatos al gobierno mexicano en el tema de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y de las ejecuciones de Tlatlaya.

Lee la carta íntegra aquí; la reproducción, a continuación:

De mi mayor consideración:

Tengo el honor de dirigirme a Ud. con el propósito de transmitirle la preocupación de Human Rights Watch ante los limitados avances de México en casos de desapariciones forzadas y de personas llevadas ilegalmente contra su voluntad. Si bien esta grave crisis de derechos humanos comenzó durante el gobierno anterior, han ocurrido miles de casos durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y sigue afectando a muchísimos mexicanos en la actualidad.

En febrero de 2013, Human Rights Watch publicó el informe “Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada”, donde se documentan casi 250 desapariciones ocurridas durante el gobierno del Presidente Felipe Calderón. Como posiblemente recuerde, encontramos evidencias convincentes de que 149 de esos casos constituyeron desapariciones forzadas, en las cuales estaban involucrados agentes de todas las fuerzas de seguridad, incluidos el Ejército, la Marina, la policía federal y las policías locales. También documentamos que las autoridades en general no investigaban estas desapariciones, ni hallaban a las víctimas o perseguían penalmente a los responsables[1].

Cabe reconocer que, en respuesta a la publicación del informe, el gobierno de Peña Nieto admitió la gravedad del problema y anunció una serie de iniciativas destinadas a encontrar a personas cuyo paradero se desconocía, y a brindar asistencia a las víctimas y sus familiares.

Sin embargo, desde entonces, los esfuerzos del gobierno se han visto eclipsados por demoras inexplicables y declaraciones públicas contradictorias, y las medidas adoptadas han tenido resultados muy limitados.

Para evaluar cabalmente la respuesta del gobierno, Human Rights Watch realizó recientemente una misión de investigación a México, durante la cual se reunió con un amplio espectro de altos funcionarios gubernamentales, así como con abogados de víctimas, especialistas en seguridad pública, representantes de la sociedad civil y miembros de la comunidad internacional.

Comprobamos que —aunque algunos funcionarios, especialmente en la Procuraduría General de la República, están genuinamente comprometidos con avanzar en la búsqueda de personas no localizadas y proveer asistencia a las víctimas— las actuaciones del gobierno en general están muy por debajo de lo requerido para asegurar que México cumpla con su obligación jurídica internacional de abordar esta crisis de derechos humanos.

Determinar la magnitud del problema

Tras la presentación de nuestro informe de 2013, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) reconoció la existencia de una lista, confeccionada por el gobierno anterior, de más de 26.000 personas que habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas[2]. Debido a que esta lista era deficiente e incompleta, SEGOB se comprometió a examinar los casos, eliminar aquellos que ya no correspondiera incluir en ella y determinar con mayor precisión la magnitud y la naturaleza del problema de las desapariciones en México.

No obstante, transcurrió más de un año sin que hubiera novedades sobre la actualización de la lista. Y cuando este largo silencio finalmente se interrumpió, fue con una serie de anuncios contradictorios por parte de funcionarios que, más que aportar claridad, generaron mayor confusión.

En mayo pasado, Ud. señaló que la cantidad de personas desaparecidas o extraviadas había descendido a 8.000. Posteriormente, en junio, el subprocurador de derechos humanos de la Procuraduría General de la República indicó que la cifra de 8.000 incluía únicamente a personas extraviadas durante el gobierno de Peña Nieto. Más tarde ese mismo mes, Ud. anunció en una conferencia de prensa que en México todavía se desconocía el paradero de 16.000 personas[3]. Por último, el 21 de agosto, SEGOB y la PGR anunciaron que la cantidad de “personas no localizadas” en México era superior a 22.000, incluidos los casos tanto de la presidencia de Calderón como los de la presidencia de Peña Nieto[4].

Este cálculo más reciente parecería ser el más confiable hasta la fecha. No obstante, no es posible tener certezas sobre la base de la información brindada por el gobierno. Para empezar, la lista completa de casos no ha sido difundida. En vez de ello, el gobierno ha proporcionado simplemente una base de datos en línea que permite a las personas determinar si ciertos casos concretos están en la lista, pero no indica prácticamente nada sobre los casos en cuestión, más allá de la fecha y el lugar donde la persona fue vista por última vez, y datos de identificación mínimos como género o edad[5].

Algunos interrogantes clave continúan sin respuesta. Por ejemplo, el gobierno informó que la cantidad de personas no localizadas del período de Calderón había descendido a 12.000. Sin embargo, ¿cómo es que esta cifra se redujo de manera tan significativa? Según el gobierno, la mayoría de los casos eliminados de la lista correspondían a personas que habían sido halladas con vida. No obstante, el gobierno no ha hecho públicos los nombres de estas personas ni aportado información sobre estos casos que permita corroborar tal afirmación.

La base de datos tampoco aclara cuántas de las personas que continúan sin ser localizadas o fueron halladas muertas habían sido víctimas de desaparición (es decir, personas que fueron llevadas contra su voluntad). Resulta particularmente preocupante que la base de datos no prevé modo alguno para determinar cuántos de los casos involucran a víctimas de presuntas “desapariciones forzadas” perpetradas por agentes estatales, como miembros de fuerzas de seguridad, sobre los cuales el Estado mexicano tiene responsabilidad directa. Según autoridades gubernamentales entrevistadas por Human Rights Watch, apenas una minoría de los miles de casos de personas “no localizadas” serían presuntos casos de desapariciones forzadas[6]. Si bien esto podría ser cierto, las evidencias recabadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una unidad de la PGR que se ocupa de la investigación de desapariciones, así como las investigaciones que ha llevado a cabo Human Rights Watch, sugieren que esta cantidad podría ser igualmente muy significativa[7].

Por último, la base de datos no aporta información sobre avances en la investigación y persecución penal de casos en los cuales se puedan haber cometido delitos (incluidas graves violaciones de derechos humanos), y esto dificulta la posibilidad de evaluar en qué medida México está cumpliendo con su obligación jurídica internacional de llevar a los responsables de abusos ante la justicia[8].

Es decir, la información difundida por el gobierno ha suscitado tantos interrogantes como preguntas ha esclarecido con respecto a la magnitud del problema y a la eficacia con que el gobierno está respondiendo a él.

Encontrar a las personas ausentes

En reuniones con Human Rights Watch, representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SEGOB y la PGR indicaron que la prioridad del gobierno, en consonancia con las solicitudes recibidas de las víctimas y sus familias, es encontrar con vida a las personas cuyo paradero se desconoce[9].

Con ese fin, el gobierno ha impulsado diversas iniciativas potencialmente prometedoras. Una de ellas es el sistema “Alerta Amber”, creado inicialmente por el gobierno de Calderón en mayo de 2012[10]. Por medio de este sistema, cuando se denuncia como ausente a un menor de edad o una mujer, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) analiza la denuncia y puede activar la alerta enviando información sobre la persona extraviada a las autoridades relevantes a nivel estatal, nacional e internacional[11]. A través de este procedimiento, FEVIMTRA pudo localizar a 214 menores y mujeres cuyo paradero se desconocía desde 2011, todos ellos vivos a excepción de dos[12].

El gobierno actual también ha estado trabajando en la creación de un mecanismo de “búsqueda urgente” para dar con el paradero de cualquier persona (no sólo niños, niñas o mujeres) inmediatamente después de que se haya presentado una denuncia de desaparición. Según ha sido previsto por el gobierno, sería aplicado durante las primeras 48 horas por agentes especializados que operan desde las distintas procuradurías de los estados[13]. Si bien el gobierno ha creado una red nacional de 160 funcionarios para implementar este mecanismo, en agosto aún no había terminado de definir su diseño[14].

Una iniciativa más ambiciosa ha sido la creación, en junio de 2013, de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, una unidad especial de la PGR con facultades específicamente para investigar desapariciones y buscar a las víctimas[15]. A mediados de agosto de 2014, eran cerca de 190 las personas que trabajaban en la unidad, incluidos 30 agentes del Ministerio Público, con aproximadamente 15 casos a cargo de cada uno[16]. Hasta el 9 de julio de 2014, la unidad había encontrado a 86 personas (29 muertas y 57 con vida)[17].

Aunque la creación de esta unidad representa una medida importante, funcionarios de esa entidad nos dijeron que si bien el Procurador General de la República le había asignado carácter prioritario a esta área de trabajo, no contaban con recursos suficientes para gestionar el volumen de casos a su cargo[18]. En vez de asegurar que tenga estos recursos, el gobierno decidió recientemente reducir drásticamente el presupuesto de la unidad[19].

Por último, en febrero de 2013, la PGR y SEGOB firmaron un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para generar una base de datos exhaustiva con información estandarizada sobre restos no identificados y casos de personas cuyo paradero sea desconocido[20]. Esta “Base de Datos Ante-Mortem – Post-Mortem” es una plataforma electrónica donada por la CICR con capacidad para cruzar datos y determinar si alguno de los cuerpos no identificados pertenece a alguna de las personas denunciadas como extraviadas.

Esta nueva base de datos podría ser crucial para determinar el paradero de muchas de las personas desaparecidas, permitir que las familias puedan recuperar los restos de sus seres queridos y facilitar investigaciones penales que podrían posibilitar que se juzgue a los autores de delitos.

No obstante, hasta agosto de 2014, solamente seis jurisdicciones habían firmado un acuerdo adicional para que la CICR les donara el software necesario, y al momento de la redacción de esta carta el sistema no estaba funcionando en ninguna de ellas[21]. Las autoridades trabajan actualmente en la finalización de protocolos para determinar qué información debería ser recabada y volcada a la base de datos, así como en la capacitación de funcionarios y la elaboración de un censo de cementerios y fosas clandestinas en el país[22]. Han efectuado, asimismo, un diagnóstico de la infraestructura existente de servicios forenses locales en todos los estados, e instalado 95 “laboratorios móviles” de la PGR en todo el país para apoyar a agentes del Ministerio Público locales[23].

Si bien las autoridades de la PGR esperan que la plataforma con información de algunos de los estados esté funcionando para diciembre de 2014, no hay una fecha prevista para que la totalidad del sistema esté operativo en todo el país[24].

Asistencia a las víctimas

En enero de 2013, el gobierno aprobó una Ley de Víctimas para proveer medidas de justicia y reparación para víctimas de delitos. Por medio de la ley se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), encargada de brindar asistencia legal y psicológica a víctimas de delitos, establecer un Registro Nacional de Víctimas y administrar un fondo que permitiera otorgarles reparaciones adecuadas[25].

La CEAV se estableció formalmente en enero de 2014[26]. Hasta agosto, tenía a su cargo cerca de 4.000 casos, de los cuales 1.712 eran casos de desapariciones, y todavía se encontraba trabajando en el Registro Nacional de Víctimas, que esperaba estuviera listo para mediados de 2015[27].

Sin embargo, miembros de la CEAV indicaron a Human Rights Watch que no podían otorgarles reparaciones a las víctimas debido a que el gobierno no había reglamentado la Ley de Víctimas, un paso que debería haber cumplido hace un año. Sin tal reglamentación, la CEAV no puede ejecutar el presupuesto de cerca de 500 millones de pesos mexicanos (aproximadamente USD 38 millones), que ya fue aprobado por el Congreso de México para ese fin dentro del presupuesto federal[28].

Además de la CEAV, en abril de 2013, el gobierno creó una oficina en el ámbito de SEGOB que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos, con la misión concreta de apoyar a víctimas de delitos[29]. En agosto, la oficina brindaba asistencia psicológica, legal y social a víctimas de delitos, incluidas aproximadamente 700 familias de víctimas de desapariciones[30].

La Ley de Víctimas dispone expresamente que el gobierno debe asegurar que los familiares de víctimas de desaparición “ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar”[31]. No obstante, el proceso por el cual se declara formalmente “ausente” a una persona extraviada y luego se establece su “presunción de muerte” no resulta adecuado para reconocer formalmente casos de desapariciones y atender las necesidades de las familias de las víctimas[32]. La CEAV, la PGR y SEGOB reconocen la necesidad urgente de modificar las normas existentes, pero hasta agosto ninguna había presentado públicamente un proyecto legislativo con ese fin[33].

Justicia por abusos

El informe publicado en 2013 por Human Rights Watch demostró que en general el gobierno no había efectuado investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales de casos de presuntas desapariciones forzadas. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es común que los agentes del Ministerio Público no cumplan con pasos elementales durante la investigación para asegurar que las víctimas obtengan acceso a la justicia[34].

Hasta abril de 2014, ninguna persona había sido condenada por desapariciones forzadas ocurridas después de 2006, según surge de estadísticas oficiales aportadas por el gobierno de México al Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas. El informe gubernamental indica que, entre 2006 and 2013, las autoridades iniciaron 99 averiguaciones previas por presuntos delitos de desaparición forzada a nivel federal, y 192 en el ámbito de los estados[35]. En el orden federal, se dictaron seis condenas contra seis acusados por la desaparición forzada de siete víctimas, pero todas esas desapariciones se habían producido antes del gobierno de Calderón[36].

Prevención del delito

En agosto de 2014, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación indicó a Human Rights Watch que la estrategia del gobierno de prevención del delito aspira a “reducir los niveles de violencia” y lograr que “no haya desaparecidos”[37]. Sin embargo, el Programa Nacional para Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, adoptado por el gobierno y publicado en abril de 2014 con el propósito de definir de manera general sus estrategias y objetivos en materia de prevención del delito y seguridad ciudadana para los próximos cuatro años, no hace siquiera mención del problema de las desapariciones[38].

En la reunión con Human Rights Watch, el Subsecretario Campa manifestó interés en entablar contacto con organizaciones de la sociedad civil que trabajen en este tema. El 26 de agosto, Human Rights Watch proporcionó datos de contacto de algunas de las principales organizaciones. A la fecha de redacción de esta carta, las organizaciones no han sido contactadas por la Subsecretaría para abordar este asunto.

Recomendaciones

Cabe concluir que, si bien el gobierno mexicano ha adoptado algunas medidas en la dirección acertada, se necesitan acciones mucho más enérgicas para hacer frente a esta crisis de derechos humanos.

La prioridad principal debería ser impulsar medidas de persecución penal y justicia en casos de desaparición forzada. Concretamente, el gobierno debería priorizar la investigación penal de presuntos casos de desapariciones forzadas, asegurando que la unidad especial de la PGR, y otros agentes del Ministerio Público con competencia, cuenten con los recursos y el personal que necesitan para hacer su trabajo, y que los investigadores reciban cooperación plena y activa de parte de todas las instituciones federales y de los estados.

Otra prioridad central debería ser acelerar la implementación en todo el país de la Base de Datos Ante-Mortem – Post-Mortem que, una vez en funcionamiento, podría jugar un papel clave al brindar la información necesaria para que las familias de personas desaparecidas encuentren a sus seres queridos, para que los agentes del Ministerio Público lleven adelante investigaciones penales y para que los responsables de la adopción de políticas públicas y la sociedad mexicana comprendan la verdadera naturaleza y magnitud de la crisis de derechos humanos que atraviesa México.

Entre otros pasos cruciales que el gobierno debería adoptar se incluyen:

Dar a conocer los nombres de las 30,000 personas cuyo paradero se desconocía y fueron encontradas, así como de las 22,000 personas que siguen sin ser localizadas;
Reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir denuncias de desapariciones forzadas presentadas por personas y Estados, e invitar a sus miembros a que realicen una visita oficial a México;
Asegurar que la definición de desaparición forzada contenida en los distintos códigos penales, tanto a nivel federal como en los estados, sea coherente en las diferentes jurisdicciones e incluya todas las conductas contempladas en las definiciones establecidas por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En especial, debe asegurarse que la definición incluya las desapariciones cometidas por organizaciones o personas que actúen en representación de funcionarios estatales, o con su apoyo (directo o indirecto), su consentimiento o aquiescencia;
Modificar la definición y el proceso de declaración de ausencia establecido en el Código Civil Federal para evitar que los familiares de personas desaparecidas pierdan el acceso a servicios sociales básicos, y promover reformas similares en el ámbito de los estados;
Reglamentar la Ley General de Víctimas;
Adoptar una estrategia clara de prevención del delito para frenar las desapariciones, que incluya un análisis profundo del modus operandi de las fuerzas de seguridad en casos de presunta desaparición forzada;
Elaborar indicadores claros para medir el avance en la implementación de los objetivos del Programa Nacional de Derechos Humanos vinculados con el problema de las desapariciones; y
Tomar la iniciativa para asegurar una colaboración efectiva entre autoridades federales y de los estados, así como entre las distintas autoridades federales con mandatos similares.

Esperamos que las recomendaciones anteriores sean tenidas en cuenta al adoptar las medidas necesarias para abordar esta crisis de derechos humanos.

Aprovecho la oportunidad para expresar los sentimientos de mi más alta consideración y estima.

Atentamente,

José Miguel Vivanco

Director Ejecutivo, División de las Américas


CC: Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO

Detienen fuerzas rurales al alcalde con licencia de Tepalcatepec

By: Draco Dracul on 17:12:00 / comment : 0 estados, Michoacán

Grupo Alemán acuerda la compra de Oceanografía

By: Draco Dracul on 17:03:00 / comment : 0 Nacional, Oceanografía

El mexicano Grupo Alemán, propietario de la aerolínea Interjet, acordó la compra de la compañía de servicios petroleros Oceanografía, centro de un escándalo por créditos fraudulentos que le costó más de 500 millones de dólares a Citigroup, según una fuente familiarizada con la operación.

La adquisición tendrá que ser aprobada por los acreedores de Oceanografía como parte del concurso mercantil y los detalles finales de la transacción aún no han sido resueltos, dijo la fuente.

Oceanografía fue intervenida en febrero por el gobierno de México, después de ser inhabilitada para celebrar contratos públicos y acusada de defraudar a Banamex, unidad mexicana del gigante estadunidense Citigroup, por al menos 400 millones de dólares.

La cifra posteriormente fue revisada a más de 500 millones de dólares.

El juez encargado del concurso mercantil ordenó este verano suspender la sanción que impedía a Oceanografía obtener contratos del gobierno, allanando el camino para que la empresa reinicie su negocio.

Un vocero de Oceanografía remitió las preguntas sobre una posible compra a la agencia del gobierno encargada de administrar la empresa durante su concurso mercantil, donde declinaron hacer comentarios.

Una portavoz de Grupo Alemán (Galem), una compañía familiar de capital privado que también tiene intereses en el transporte marítimo, tampoco quiso comentar.

Los estados financieros de 2012 muestran que Oceanografía, que realizaba mantenimiento de ductos y operaba barcos para la petrolera estatal Pemex, recibió de ésta el 97 por ciento de sus ingresos, que alcanzaron los 12 mil 100 millones de pesos (unos 899.4 millones de dólares).

La empresa contaba con una flota y equipos con un valor de unos 16 mil 700 millones de pesos (unos mil 240 millones de dólares) a finales de 2012.

El procurador general de México, Jesús Murillo, dijo al Congreso el mes pasado que "no hubo fraude a Banamex porque el banco estaba de acuerdo con Oceanografía". En junio dijo que apuntaba a ordenar el arresto de tres empleados de Banamex en relación con el caso, pero ninguno de esos arrestos se ha concretado.


El director general de Banamex, Javier Arrigunaga, renunció el viernes al cargo y fue sustituido por Ernesto Torres Cantú.

FUENTE: LA JORNADA/ REUTERS

Se advierte debilidad institucional en algunas partes del país, reconoce Peña

By: Draco Dracul on 16:33:00 / comment : 0 Nacional

A más de 2 años de que les prometiera resultados, Peña Nieto no recibe a padres de Guardería ABC

By: Draco Dracul on 16:20:00 / comment : 0 Guardería ABC, Nacional

Un grupo de siete padres instalaron un plantón frente a Los Pinos para exigir al presidente Peña Nieto que los reciba y que cumpla la promesa electoral que les hizo en junio de 2012, cuando el hoy mandatario visitó Ciudad Obregón como candidato del PRI.

Han pasado dos años y cuatro meses desde que Enrique Peña Nieto, entonces candidato a la Presidencia de la República por el PRI, se reuniera en junio de 2012 con los padres de los 49 niños que murieron en el incendio de la guardería ABC, de Hermosillo.

En aquella reunión en Ciudad Obregón, el abanderado del tricolor escuchó los reclamos de los padres y fue incluso un paso más allá en su compromiso ante el electorado: recibió y firmó un escrito con cuatro puntos en el que le pedían que, de llegar a Los Pinos, atendiera en los primeros 100 días de su administración “la resolución total y definitiva del caso”.

A más de 800 días de aquella promesa electoral, el presidente Peña Nieto no se ha vuelto a reunir con los padres de las víctimas de la guardería ABC. Y cinco años y cuatro meses después del 5 de junio de 2009, cuando tuvo lugar el incendio, sigue sin haber ningún responsable en la cárcel.

Ante esta situación, un grupo de siete padres instaló desde el lunes 6 de octubre un campamento frente a la residencial oficial de Los Pinos, para exigir al presidente Peña Nieto que reciba a todos los padres afectados.

“Peña Nieto nos hizo un compromiso a los padres de los niños de la Guardería ABC de que nos iba a atender. Han pasado ya más de dos años desde que tomara el poder y aún no hemos tenido respuesta“, expone en entrevista con Animal Político Julia Escalante, madre de Fátima Sofía Moreno, una de las 49 víctimas del incendio. “Nosotros creemos que ya se le dio suficiente tiempo para que de él saliera la invitación de reunirnos, pero desafortunadamente no ha sido así, y por eso estamos aquí, en Los Pinos, para exigirle que cumpla su palabra”, añadió la madre de familia. 

Hasta el momento, los padres de las víctimas cuentan que sólo una persona del departamento de Comunicación Social de Presidencia se ha acercado al campamento que instalaron en Los Pinos para ofrecerles atención, aunque desde que le plantearon la petición de entrevistarse con el Presidente no han vuelto a tener noticias suyas.

“También nos enviaron a gente del seguro social y de la PGR, pero con ellos ya hemos tenido muchas reuniones y acercamientos, y no ha pasado nada. Nosotros ya no queremos más intermediarios, queremos ver al Presidente Peña Nieto“, insistió Escalante, que lamentó la falta de respuesta del mandatario.

“La verdad es que no vemos ningún tipo de acercamientos con Presidencia. Por eso vamos a mantener el plantón hasta que nos den una respuesta. Si Peña Nieto dice que no nos va a recibir, pues está bien, pero que al menos nos lo diga”, pidió la madre de familia.

“Un intento desesperado”

Por su parte, Daniel Gershenson, activista y columnista de Animal Político que acompaña el plantón en Los Pinos, explicó que esta medida de presión de los padres “es un intento desesperado ante la falta de interés en este caso del Gobierno de Peña Nieto, el cual constituye una suerte de continuidad con el gobierno anterior de Felipe Calderón”.

“A Felipe Calderón no le interesaba en lo más mínimo resolver este caso y algunos padres decidieron entonces otorgar el beneficio de la duda a Peña Nieto. Sin embargo, a dos años de gobierno, y a más de dos de que les hiciera una promesa incumplida, se han dado cuenta de que tienen que hacer algo y por eso están aquí en el DF”, señaló el activista.


Marina Othón E., madre del niño Juan Carlos Rodriguez Othón (fallecido); Adriana Tamayo Trujillo, madre de la niña Yoselin Valentina Tamayo Trujillo (fallecida); Julia Escalante, madre de la niña Fátima Sofía Moreno Escalante (fallecida); Alejandra Cázares y Abraham Angulo, padres del niño Axel Abraham Angulo Cázares (fallecido); Adriana Villegas, madre del niño Héctor Manuel Robles (lesionado) y Delfina Bueras, madre de la niña Paulina Villaescuza (lesionada), son quienes participan en el plantón frente a Los Pinos para exigir que Peña Nieto reciba a todos los padres de los 49 niños fallecidos y los 76 heridos en la tragedia de la Guardería ABC.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.

La SEP gastó más en “asesorías” que en equipar aulas en 2012

By: Draco Dracul on 15:52:00 / comment : 0 educación, Nacional

La Auditoría Superior de la Federación ya pidió investigar, pero dos años después y con una nueva administración no ha habido sanciones para nadie.

En 2012, el último año de ejecución del Programa Habilidades Digitales para Todos (HDT), la Secretaría de Educación Pública (SEP) gastó todo su presupuesto (521 millones 938 mil pesos de presupuesto) en el pago de asesorías, estudios e investigaciones, honorarios, congresos, convenciones y viáticos, por lo que no se avanzó en la instalación de aulas con computadoras y conexión a internet, que era el objetivo del programa.

El programa era operado de manera directa por las entidades que recibían presupuesto federal para realizar las licitaciones, compra e instalación de los equipos tecnológicos; sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no autorizó la transferencia de mil 203 millones de pesos para la partida 438 “subsidios a entidades federativas”, toda vez que los funcionarios sabían que los gobiernos habían gastado el dinero, pero no habían comprobado en qué lo aplicaron, informaron fuentes de la dependencia. Aunque el faltante era mucho mayor, el único estado que no comprobó el gasto de 655 millones 782 mil 573 pesos fue Veracruz.

Durante los cuatro años de implementación del programa se instalaron 10 mil 211 aulas, aunque la meta planteada al inicio del sexenio era de 208 mil y finalmente HDT fue desechado por la nueva administración de la SEP a cargo de Emilio Chuayffet.

Además, de acuerdo con el reporte de la Cuenta Pública de 2012 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la subsecretaría de Educación Básica erogó 34 millones de pesos por la realización de un proyecto que nunca obtuvo y no comprobó un millón de pesos que se atribuyen al pago de honorarios.

La cara asesoría

Del presupuesto total para 2012, la SEP gastó 90% (488 millones 301 mil pesos) para pagar asesorías, servicios de informática, estudios e investigaciones con distintas instituciones. Esto equivale a la instalación de 2 mil 712 aulas, cuyo costo promedio era de 180 mil pesos.

Con esos recursos se firmaron diversos contratos, por ejemplo,  por “asesoría para la elaboración de una prueba piloto en 500 escuelas secundarias” —enfocado a incrementar el rendimiento y aprendizaje de matemáticas—, se pagó 37 millones 410 mil pesos.

Otra prueba piloto en 400 primarias costó 35 millones de pesos. Mientras que para el “acompañamiento integral” del programa, en 700 escuelas equipadas en Durango, Hidalgo Puebla, Sinaloa y Yucatán, se erogó 24 millones de pesos.

Por la “asesoría para proporcionar herramientas” hasta a 10 mil 863 docentes y directivos de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Yucatán —para la formación y evaluación con fines de certificación para la elaboración de proyectos de aprendizaje utilizando las tecnologías de la información— la SEP pagó 31 millones 72 mil pesos. Mientras que por la evaluación del modelo educativo de HDT con una perspectiva de operación de mediano plazo, se pagó 34 millones 800 mil pesos.

En tanto, gastó 31 millones 864 mil pesos para honorarios, un millón para la organización de congresos y convenciones y 706 mil pesos para pasajes aéreos y viáticos.

2012 fue el año con el mayor monto destinado a estos rubros, toda vez que en 2009, la dependencia erogó 74 millones 666 mil pesos; en 2010 ascendió a 169 millones 497 mil pesos y para 2011 gastó 208 millones 319 mil pesos.

La ASF señaló que la SEP no realizó licitaciones públicas para asegurar que las opciones contratadas hayan contado con las mejores condiciones respecto a precio, calidad y financiamiento. Sin embargo, fuentes de la dependencia federal informaron que se encuentran en el periodo de solventación de las observaciones, toda vez no se entregó a tiempo a la auditoría la documentación que acredite dichos concursos de selección.

El proyecto incompleto

Otra de las irregularidades detectadas por la Auditoría está el incumplimiento del contrato con  la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl –entonces dirigida por el rector Alberto Maldonado Ruiz– mediante el cual se comprometían a diseñar 300 objetos de aprendizaje digitales y sus correspondientes planes de clase, reactivos y guías interactivas para segundo y tercero de secundaria.

Aunque la institución educativa cobró 34 millones 425 mil pesos por este proyecto, sólo entregó a la SEP un archivo de Word que “no permite la interacción”. Tampoco diseñaron los objetos de aprendizaje y no se proporcionó evidencia de la realización de un estudio de focus group con los supuestos materiales como lo establecía el acuerdo.

Sin embargo, la dirección general de Materiales Educativos de la SEP, “aceptó que se recibieron en tiempo y forma todos los entregables solicitados, y que cumplieron a entera satisfacción con lo establecido”, como consta en los oficios del 16 y 27 de agosto, y 8 octubre de 2012.

El convenio 2283/12 establece pagos por entregas del proyecto. El mayor monto cobrado por la Universidad fue de 14 millones de pesos a cambio del diseño de 300 objetos didácticos de aprendizaje y una “propuesta de lineamientos y sugerencias para orientar a los docentes” al diseño de materiales didácticos interactivos y que supuestamente entregó en octubre de 2012.

Por el desarrollo de 300 planes de clase para dichos “objetos didácticos” para segundo y tercero de secundaria con un programa de estudios y el diseño de mil 200 reactivos de asignatura para evaluar el dominio de aprendizaje y habilidades digitales, la SEP pagó 12 millones 860 mil pesos para septiembre de ese mismo año.

Otro “daño” a la hacienda pública asciende a un millón 848 mil catorce pesos por concepto de “honorarios”, toda vez que no existen contratos, recibos de pagos ni informes de actividades para comprobar las contrataciones.


La ASF pidió al Órgano Interno de Control de la SEP investigar y sancionar a los funcionarios públicos responsables de autorizar los pagos, pero dos años después y con una nueva administración no ha habido sanciones para nadie.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN

Gobernador de Guerrero rechaza nexos con los Beltrán Leyva

By: Draco Dracul on 15:47:00 / comment : 0 Guerrero, Nacional

Ángel Aguirre afirma que la investigación sobre violencia en Iguala está "prácticamente concluida".

El gobernador Ángel Aguirre Rivero rechazó que tenga nexos con el cártel de los Beltrán Leyva y que su campaña para gobernador hubiese sido financiada por ese grupo delictivo, como se le acusa en un video. 

“Rechazo de manera contundente cualquier aseveración o cualquier señalamiento que se me haga de vinculación en este caso muy particular con el grupo de los Beltrán, o que yo hubiese recibido financiamiento alguno, nunca lo he hecho ni lo haría, jamás he tenido algún tipo de vinculación o de contacto con grupos delictivos, por el contrario mi gobierno los ha combatido desde el primer día en que asumimos la responsabilidad constitucional”, dijo.

Además, Aguirre también informó que la investigación sobre los ataques a los normalistas ocurridos en Iguala la noche del 26 de septiembre, que dejaron seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos está “prácticamente concluida”.

En declaraciones telefónicas para Milenio, Aguirre Rivero indicó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) tiene la información que le ha proporcionado el gobierno del estado sobre los nexos de los alcaldes con la delincuencia organizada y supuso que no ha actuado porque está “consolidando los expedientes”.

Al gobernador se le preguntó por qué no se ha actuado, y respondió que “la SEIDO tiene sus tiempos, me imagino que está procesando, está consolidando los expedientes para poder actuar”.
Reiteró que es necesaria una investigación a todos los alcaldes y a funcionarios del gabinete “y que esto nos permita ir depurando, ir haciendo una verdadera limpieza en las instancias municipales, en las instancias estatales porque además no perdamos de vista que en el año 2015 en Guerrero habremos de vivir un proceso electoral para renovar gubernatura, Congreso local, más allá de la parte federal”.


Luego el gobernador matizó: “muchas veces el alcalde es sujeto de presión y ante el número de elementos que cuenta, pues la verdad temen por sus vidas al enfrentarse a grupos delictivos que son mucho mayores”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

En Guerrero, descomposición política e inacción del Estado: Ordorika y Angulo

By: Draco Dracul on 15:44:00 / comment : 0 Guerrero, Nacional

A los estudiantes de Ayotzinapa, los medios, la organización Mexicanos Primero, la SEP... tratan con un profundo desprecio, con racismo y se les ha criminalizado, indicó el investigador de la UNAM, Imanol Ordorika.

Quienes hayan ordenado darles un escarmiento a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, aprovecharon la descomposición política que se vive en el estado. Los candidatos que ganan elecciones en la entidad, son los que tienen más dinero, para comprar votos.  Lamentablemente el caso de Iguala no es el único. Además, este no es un tema de crimen organizado estrictamente y es un tema político cien por ciento, señalaron el investigador de la UNAM, Imanol Ordorika y Juan Angulo, director del periódico El Sur de Guerrero.

En entrevista para Aristegui CNN, Ordorika señaló que, suponiendo que hay una interacción tan intensa entre crimen organizado y autoridades políticas y representantes de partidos políticos en Iguala, donde se convierten en indistinguibles, ya no se sabe ¿quién es el crimen organizado o quiénes son los políticos? El crimen de Estado es el crimen organizado por excelencia.

La caracterización de lo que ocurrió, de los asesinatos, de la tortura, de las desapariciones forzadas como crimen de Estado no es una utilización superficial de la noción de crimen de Estado, agregó.

Abundó en que un crimen de Estado, según se discute mucho entre los juristas, es aquel que comete un grupo de personas o la fuerza del Estado con el fin de crear terror en la población. Aquí además tenemos el componente no sólo de los que actuaron directamente en los crímenes del 26 de septiembre sino toda la actuación gubernamental en el estado de Guerrero con las omisiones un comportamiento totalmente ineficaz y tardío del gobernador, así como con la probada participación directa e involucramiento del presidente municipal de la ciudad de Iguala, José Luis Abarca.

Ordorika indicó que es importante señalar contra quién cometieron el crimen, porque no es cualquiera, siempre son los más pobres, los más marginados, en este caso estamos hablando de los estudiantes de las normales rurales que desde que se fundaron han sido objeto permanente de agresiones del Estado Mexicano, a nivel estatal y a nivel federal, que tienen la organización estudiantil más antigua del país, la federación de campesinos y estudiantes de México, porque tienen que defender sus condiciones de vida en una situación de precariedad brutal.

Remarcó que son los estudiantes a quienes el poder, los medios, la organización Mexicanos Primero, la Secretaría de Educación Pública, tratan con un profundo desprecio, con un racismo marcadísimo y a quienes se ha criminalizado.

Enfatizó que es un tema político en el que están involucradas las autoridades políticas del estado de Guerrero pero también por omisión, por lo menos, está involucrado desde el presidente de la República, sus secretarios de estado, el secretario de Gobernación, el secretario de Educación.

Y sostuvo que estamos en el ámbito de una llamada reforma educativa que ha generado enormes conflictos en el país y debates muy profundos que ha involucrado a fuerzas muy reaccionarias como Mexicanos Primero que han sido muy agresivos con los normalistas; lo primero que habría que decir es que no hay reforma educativa en ningún lugar del mundo sin fortalecer y reivindicar a la escuelas normales, señaló.

El investigador finalizó comentando: “Exigimos la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa de manera inmediata y exigimos que desde el Rjecutivo federal haya un compromiso para cumplir esta demanda de los padres de familia, de los compañeros y de toda la sociedad. Hace 46 años en el 2 de octubre en hechos como estos se cubrieron de mentira, la sociedad se tiene que pronunciar, tenemos que salir a las calles”. 

Por su parte Juan Ángulo dijo que lo que sucedió en Iguala la noche del 26 de septiembre y los primeros minutos del 27 es el punto más alto que ha alcanzado en Guerrero la criminalización de la lucha social; se quiere ahora dirigir todo hacia la barbarie del crimen organizado pero esta es la forma bárbara que asumieron los acontecimientos, estuvo muy claro según la reconstrucción que se ha hecho, incluso la versión oficial,  que fue un ataque directo a los normalistas.

El periodista apuntó que a los agredidos no se les confundió con miembros de una banda rival, sino que los agresores, policías municipales y pistoleros, sabían que estaban atacando a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ¿qué agravio pudieron haber hechos los estudiantes contra esta célula del crimen organizado para que actuaran de esa forma?, preguntó.

Agregó que no hay ningún antecedente, ni siquiera en sus demandas aparece nada que involucre al crimen organizado, enfatizó.

Angulo refirió que los ataques de este tipo en Guerrero provienen del poder político, de los organismos de inteligencia del Estado, militares contra insurgentes que ven guerrilleros por todas partes en Guerrero, están obsesionados con la reaparición de la guerrilla en Guerrero; tal vez dijeron hay que ponerles un hasta aquí, darles un escarmiento a este grupo de jóvenes y no sería la primera vez en Guerrero ni en la época de la guerra sucia ni en la época moderna de la violencia del crimen organizado que se usa a estas bandas criminales para golpear a opositores al gobierno, para golpear a movimientos sociales, para golpear a dirigentes sociales.

Relató que la ofensiva en el último año contra los movimientos sociales en Guerrero se reactivó con las policías comunitarias en el estado, como si se tratara de criminales.


El director del Sur dijo que en la agresión contra los estudiantes de Ayotzinapa -en un contexto de persecución, de hostigamiento contra los movimientos sociales en Guerrero- no debe de limitarse sólo a una cuestión del crimen organizado.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Bejarano no entregó pruebas contra el alcalde de Iguala: Murillo Karam

By: Draco Dracul on 15:40:00 / comment : 0 Ayotzinapa, Nacional, PRD

"Estoy investigando absolutamente todo, lo que sea necesario, es un caso que verdaderamente es indignante, que verdaderamente no podemos permitir que vuelva a repetirse una cosa ni siquiera similar", dice el procurador.

Jesús Murillo Karam, procurador General de la República, afirmó que René Bejarano nunca le entregó las pruebas que supuestamente tenía en contra del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, por el asesinato de líder de una organización popular, Arturo Hernández Cardona.

“Efectivamente, hace un buen tiempo Bejarano estuvo en la procuraduría conmigo viendo un asunto de él, y me comentó de las pruebas que decía tener sobre un homicidio que había cometido esta persona (el alcalde). Me quedó de entregármelas, pasó un tiempo bastante largo, cuando lo volví a ver yo le pedí la información, que no me la había mandado, y me dijo que no, que él ya lo había visto”, expuso en entrevista para Radio Fórmula.

“Chequé, y efectivamente, en la procuraduría de Guerrero había ya una averiguación por estos hechos, y como eran hechos, señalamientos de homicidio, son del fuero común, me fue suficiente que lo estuviera ya investigando el fuero común desde ese tiempo”, justificó.

Tras los hechos de violencia en Iguala -que acumulan hasta ahora 5 asesinatos, 28 cuerpos en fosas y 43 desaparecidos-, Murillo apuntó que se investiga a todos los involucrados y prometió:  “Llegaremos hasta donde tengamos que llegar”.

Murillo dijo que hasta donde él sabe no ha sido detenido el presidente municipal con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y tampoco ha presentado su declaración sobre el caso ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Explicó que en las indagatorias que realiza actualmente la dependencia a su cargo se investiga a todos los involucrados y sus nexos, es decir tanto al alcalde como a su familia política, así como a los elementos policiacos que participaron en los hechos.

Además, dijo que el video que se difundió en medios sobre el supuesto secuestro de la suegra de Abarca Velázquez fue sólo para desviar la atención de los hechos, pues el material fue analizado y se determinó que “era un video hecho”.


“En el otro caso se investigó el video y resultó una forma de ocultamiento de otro delito; es decir, se determinó que era un video hecho de otra manera y también se consignó y también fue un asunto que se manejó en otra área, la investigación fundamental es la que estaba haciendo la Procuraduría del estado, tienen todavía los hechos, la averiguación, y supongo que con lo que sucedió la perfeccionarán y la harán valer… cuando lo investigan encuentran al chofer y a la señora muertos, y estamos hablando de lo mismo”, indicó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

En México, migrantes son “tratados como mierda”: defensores

By: Draco Dracul on 15:34:00 / comment : 0 Migrantes, Nacional

MÉXICO, D.F. (apro).- Los sacerdotes y defensores de los derechos humanos de los migrantes Alejandro Solalinde, Tomás González y Pedro Pantoja anunciaron que viajarán mañana a Tepic, Nayarit, con el fin de visitar al migrante hondureño y afrodescendiente Ángel Amílcar Colón y exigir a la PGR que se desista de los cargos en su contra.

Al reunirse hoy en el Centro Prodh en esta capital, también destacaron que el jueves 9 viajarán a Ayotzinapa, en Guerrero, para platicar con las familias de los normalistas desaparecidos y “tocar las entrañas de la injusticia”, informó Pedro Pantoja.

Colón Quevedo se encuentra recluido desde hace cinco años en el Centro Federal de Readaptación Social 4 de Tepic. Según el Centro Prodh, el indocumentado fue detenido mientras esperaba en una casa de Tijuana, Baja California, que el “coyote” que había contratado lo pasara a Estados Unidos, y posteriormente fue acusado de delitos que no cometió.

Durante estos años de encierro fue víctima de tortura y todavía no ha sido juzgado en primera instancia, por lo que Amnistía Internacional lo considera “preso de conciencia”.

“Este hermano es un símbolo de los miles que están detenidos en las cárceles”, dijo fray Tomás, fundador del albergue de migrantes La 72, en Tenosique, Tabasco.

Según un informe que dio a conocer el Centro Prodh en septiembre, unos mil 219 migrantes centroamericanos se encontraban presos en México en 2013.

Los religiosos condenaron con mucha severidad al Estado mexicano por su “agresiva política migratoria que protege a los actores criminales –tanto del crimen organizado como de los servidores públicos–”.

Así, Gabriela Morales, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Chiapas, aseveró que el enfoque de seguridad nacional que adoptó el gobierno federal para abordar el tema migratorio generó un ambiente de xenofobia y de rechazo entre las autoridades y los propios mexicanos.

“El olor del miedo”

En México, “cada migrante (indocumentado) es sumamente humillado, tratado como mierda”, se indignó Padro Pantoja, fundador de la Casa del Migrante de Saltillo.

Y explicó: “A unos migrantes que conocí, (las autoridades) les detuvieron y les encerraron en los escusados. Aquellos protestaron por el mal olor. ‘Mierda: es lo que son ustedes’, les contestaron los policías”.

Asimismo, reveló que, al subir a los autobuses en Tabasco, vio a un agente migratorio, quien olía a los pasajeros “como perro rabioso”. Cuando el sacerdote le preguntó por qué actuaba así, el uniformado contestó: “Yo soy capaz de detectar los migrantes a su olor, no por él de su cuerpo, sino por el olor del miedo a ser descubiertos”.

“La política migratoria de México representa una traición histórica contra lo que es un trato humano”, acusó el sacerdote.

“Los migrantes no sólo padecen violaciones a sus derechos humanos en sus países, sino aquí también: sufren masacres, torturas, secuestros y, además, la prisión”, denunció fray Tomás González.

Y Alejandro Solalinde, de la Casa de Migrantes Hermanos en el Camino, en Ixtepec, Oaxaca, aseveró que las cárceles representan un lucrativo negocio para los servidores públicos, particularmente en el caso de los prisioneros cubanos.

El sacerdote atestiguó que, debido al miedo de la deportación, los detenidos originarios de la isla reciben la visita de abogados del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes les proponen la libertad a cambio de tres mil dólares. Sin embargo, la propuesta resultó en un engaño, ya que los cubanos terminaron siendo deportados después de haber pagado.

Luego recordó que su organización ya interpuso más de 250 denuncias contra policías, funcionarios públicos y hasta contra el extitular de la SSP federal, Genaro García Luna. Todas se encuentran bajo reserva, deploró.

FUENTE: PROCESO.
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