MÉXICO, D.F. (apro).- Liderada por los familiares de los normalistas desaparecidos y asesinados durante la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, la marcha que se llevó a cabo hoy en la Ciudad de México bajo el lema “Todos somos Ayotzinapa” reunió a miles de personas.
Más de 107 organizaciones habían convocado a asistir a la movilización, entre agrupaciones estudiantiles, defensores de derechos humanos, activistas cívicos y movimientos políticos.
Del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, las calles se llenaron de estudiantes, maestros y ciudadanos armados de carteles, en los cuales se podían leer mensajes de apoyo a los estudiantes de Ayotzinapa y de rechazo al gobierno, o bien se podía ver el emblemático mapa de México cubierto de un sinnúmero de cruces.
Amplias mantas, en las que aparecían las fotos y los nombres de los 43 estudiantes desaparecidos, abrían los cortejos de las escuelas normales rurales, todas presentes en el evento. “Narcogobierno, te los llevaste”, planteaba una de ellas.
“Tenemos fe en que nuestros familiares siguen de pie, que siguen vivos”, exhortó el padre de un estudiante desaparecido a través de un micrófono conectado a las grandes bocinas, instaladas encima del viejo autobús que abría la marcha.
Cuando se escucha, en voz de los normalistas de Ayotzinapa, la consigna “Por qué nos asesinan, si somos la esperanza de América Latina”, cobra tanto sentido como las antiguas fórmulas de protesta callejera sobre el asesinato de estudiantes que datan de los años sesenta.
En la marcha de repudio #todossomosayotzinapa, son ellos quienes encabezan el contingente apenas detrás de las familias de los 43 jóvenes desaparecidos.
Su aspecto es grave, severo. No llevan la alegría de otros jóvenes en edad universitaria que hoy salieron a marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo para exigir la localización con vida y justicia por los 43 estudiantes desaparecidos, además de los tres estudiantes muertos y en total las seis personas que perdieron la vida en un ataque policial el viernes 26 de septiembre.
Si aquí se grita “Aguirre, farsante, reprimes estudiantes”, lo dicen porque en los últimos cuatro años han sabido de represión como pocos.
No llevan seguridad ni parecen tener organizadores visibles, pero son disciplinados. Marchan de seis en fondo, ubicados por años y al menos los mayores, que cursan el cuarto año, supieron de la redada policial que en 2011 cobró la vida de dos de sus compañeros.
Eso marcó a José Ángel Sánchez, estudiante de cuarto año, quien comparte: “Nosotros sabemos y entendemos la historia de lucha de la Normal y nos sentimos orgullosos”.
Unos días antes de la cargada policial contra estudiantes que realizaban un boteo en Iguala, otros estudiantes fueron replegados por la Policía Federal. Y el 7 de enero pasado, dos jóvenes fueron atropellados.
Esos boteos, observa, es la forma en que los estudiantes suplen la omisión del Estado: los jóvenes del 26 de septiembre, por ejemplo, hacían una colecta para sus prácticas docentes que se realizan en comunidades apartadas y pobres, pero para las cuales el gobierno no les da dinero.
Un año antes, el 7 de mayo de 2013, José Ángel resistió un operativo de la policía estatal mientras realizaban un boteo para un festival de las madres en Tixtla. Ese día detuvieron a 26 jóvenes que, a pesar de haber salido horas después, conservaron un recuerdo de la policía de Ángel Aguirre Rivero:
Golpeados en el rostro y en la cabeza; y en los brazos, las brasas de cigarrillos dejaron una marca indeleble.
Francisco Cruz marcha también. Pertenece al último año de la generación que sufrió la represión de 2011. Para él, ser estudiante en Guerrero, es ser satanizado, vivir aterrorizado, y está convencido de que al gobierno no le gusta la conciencia social en los estudiantes.
“En Acapulco asesinaron a dos estudiantes de la Universidad de Guerrero”, recuerda.
También es consciente de la historia de Ayotzi. Sabe que los han acusado de guerrilleros, de vándalos, de conflictivos….
“Pueden acusarnos de lo que sea, pero no somos asesinos, como sí lo es Ángel Aguirre Guerrero”.
Ausente, el SNTE
Una enorme lona roja cubre de acera a acera. Es portada por normalistas de…
–¿De qué normal vienen? –se le pregunta a uno de los que la cargan
–Hoy, todos somos Ayotzi –responde.
Esa idea es persistente y sólo es posible saber que están ahí si se les pregunta, las herederas de la tradición combativa de la Normal de Jiménez, Chihuahua; además, están los de una Normal de Aguascalientes, de Tabasco, de Veracruz, del Estado de México y de Oaxaca.
Flavio es uno de los jóvenes de la normal de Teposcolula, Oaxaca, que el 13 de septiembre fue desalojado junto con sus maestros miembros de la CNTE, del Zócalo capitalino. Hoy ha venido de nueva cuenta a recorrer las mismas calles, la misma plancha y a gritar las mismas consignas, pero esta vez en solidaridad con los normalistas de Ayotzi.
El 21 de marzo pasado, los normalistas oaxaqueños de Teposcolula, Tamazulapan y Tenería fueron reprimidos por la policía en Oaxaca capital. Ciento sesenta jóvenes estudiantes fueron encarcelados y, aunque al parecer están ahora libres de todo proceso, la memoria de la represión se sigue acumulando en su anecdotario.
“Ayotzi somos todos”, gritaron a su vez los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), puños hacia arriba. Están los miembros de la Uprez, cuyos dirigentes fueron encarcelados en 2013; están los de la SEI, que denuncian la pesquisa judicial que mantiene preso a Óscar Hernández Neri, fundador de escuelas populares en el Estado de México.
No está el SNTE.
Sobre las banquetas, la multitud aplaudió a los estudiantes y mostró claras señales de solidaridad. “¡Únanse!”, gritó un manifestante en la Alameda. “Hoy no, pero ¡convocan para la próxima!”, le contestó un señor vestido de traje.
“Ayotzi vive, la lucha sigue y sigue”, se adapta el grito zapatista.
Las primeras comitivas arribaron al Zócalo a las seis de la tarde. Se acomodaron como pudieron alrededor de las voluminosas carpas blancas que ocupan actualmente la plaza para escuchar a los integrantes que se sucedieron en el templete.
Terminaba de hablar el último de los oradores, cuando el último contingente, el Frente Oriente, apenas llegaba al Hemiciclo a Juárez. La columna, interminable, no alcanzaría a escuchar los testimonios de las familias de los estudiantes ausentes ni las de sus compañeros de estudios, ni las de las organizaciones sociales ni de los solidarios que se apersonaron.
Cuando está a punto de terminar la concentración, un “huélum…” resonó por Francisco I. Madero, pero el grito de batalla era indistinguible hasta el templete que, por lo demás, tampoco alcanzaba a llegar a los miles de participantes que se enfrascan en una “guerra consignas”, cantos de protesta y discursos individuales, cubriendo casi por completo el arroyo vehicular circundante al Zócalo.
Cuando los organizadores empiezan a bajar del templete, un integrante del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) no pierde oportunidad y toma la palabra. Sólo responden a sus consignas y a su arenga sus compañeros sindicalistas, mientras que un tumulto empieza abrirse paso entre la muchedumbre ubicada frente al Palacio del Ayuntamiento.
Ante la ausencia de policías, la marcha se había desarrollado sin incidentes ni violencia hasta que Cuauhtémoc Cárdenas, el “líder moral” del PRD, apareció entre la masa con la intención de subirse al templete. Mientras avanzaba, el tres veces candidato presidencial de la izquierda parlamentaria recibió insultos y proyectiles.
Bajo gritos de “gobierno asesino” y “traidor”, se desvió del camino hacia el templete, seguido por decenas de personas quienes le agredieron hasta que se subió a un carro, que arrancó y desapareció a toda velocidad.
El mensaje era claro y se expresó en un coro que mantuvo bajo ataque a lo largo de cuatro cuadras a Cárdenas –paradójicamente, hijo del presidente que fundó las normales rurales–, y que esta vez personificó el repudio contra el partido que habría fundado a finales de los ochenta y contra la clase política:
“Ni PRI, ni PAN ni PRD”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR:
jueves, 9 de octubre de 2014
“Pedimos educación y nos responden con balas”, acusan normalistas
MÉXICO, D.F. (apro).- En un mitin al que asistieron miles de personas, familiares y estudiantes de Ayotzinapa, exigieron la presentación con vida de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” que se llevó la policía municipal de Iguala el viernes 26 de septiembre.
“Queremos resultados, no palabras. Que intervengan las autoridades competentes para que encuentren a nuestros compañeros, como lo piden los familiares”, expresó uno de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en el mitin que se realizó a un costado de Palacio Nacional.
Desde que la marcha arrancó, al filo de las cuatro de la tarde en el Ángel de la Independencia, los ánimos ya estaban encendidos entre los asistentes que gritaban “asesinos” en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto, del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.
Durante casi dos horas que duró la caminata a la que asistieron estudiantes de todas las escuelas de educación superior, campesinos, trabajadores y organizaciones de derechos humanos y de víctimas de la guerra contra el narcotráfico, las consignas estaban llenas de rencor en contra de todos los partidos políticos y los tres niveles de gobierno.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, fue la consigna con la que arrancó la protesta que a la vanguardia tuvo siempre a familiares de los estudiantes desaparecidos por la policía de Iguala y alumnos de la Normal de Ayotzinapa.
Luego comenzaron a cambiar los gritos y protestas alcanzando los niveles de repudio a toda la clase política.
Los contingentes más visibles eran de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, a la que pertenecen los alumnos de Ayotzinapa, y las 16 normales rurales del país, además de la UNAM, el IPN, la UAM y de los campesinos de Atenco.
Pero en el curso de la marcha se fueron sumando organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, del Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad, encabezada por Javier Sicilia, y personajes como Cuauhtémoc Cárdenas, Adolfo Gilly y Salvador Nava hijo quienes, al final del mitin, fueron repudiados por una turba que les aventó botellas de agua, basura y otros objetos.
Los gritos de protesta y las pancartas de “narcos y políticos son lo mismo” denotaban la rabia en contra del gobernador Ángel Aguirre Rivero y del edil de Iguala, José Luis Abarca, ambos del PRD, a quienes no dejaron de calificar como “asesinos”.
Una vez que llegaron al Zócalo ocupado por las carpas de la Feria del Libro, los miles de asistentes ocuparon las calles aledañas y los familiares de los estudiantes desaparecidos subieron al templete que se levantó a un costado de Palacio Nacional.
Ahí, los estudiantes de Ayotzinapa manifestaron que no se rendirán hasta encontrar a sus compañeros desaparecidos.
“No nos rendimos, nos sostendremos. Nuestra lucha es por una educación y eso no es un pecado. Si por eso el Estado nos ve como enemigos no nos importa, nos mantenemos de pie”, dijo uno de los estudiantes.
Otro de ellos, que logró escapar del ataque armado, espetó: “Lo que pasó el 26 y 27 fue terrorífico. Nuestros ojos y mentes no son capaces de revivir. Queremos hacer énfasis que no es cierto lo que dice el gobierno que fue el narcotráfico. Fueron los policías del municipio los que se los llevaron. Ángel Aguirre Rivero y José Luis Abarca son los asesinos”.
Acusó que en Guerrero se vive “un estado ingobernable”, porque no hay autoridades que funcionen y ni siquiera han podido encontrar a sus compañeros.
“Somos estudiantes que sólo exigimos educación y eso no lo ven. Pedimos educación y nos responden con balas. Si somos los enemigos, ¿a qué estamos jugando? Ahora el Estado se quiere deslindar y lavarse las manos diciendo que es el narco. Llamamos a la desobediencia civil”, manifestó otro de los estudiantes.
El padre de uno de los jóvenes desaparecidos dijo que están indignados y con rabia porque atacaron a sus hijos cuando estaban haciendo labores de rutina para mantener sus gastos.
“No es posible que se derrame sangre, ni justo que sea ataque a los estudiantes. Le decimos al gobierno que ellos tienen a los normalistas y nos los tienen que regresar. Que no se laven las manos al crimen organizado. Fueron policías municipales y el gobierno municipal los que ordenaron”, acusó nuevamente.
Otro padre de familia dijo que sus hijos no estaban haciendo nada ilegal, ni cometiendo un delito como para que se los llevara la policía. “Sólo querían estudiar. Ese era su sueño”, expresó con un tono de tristeza y rabia.
Otro padre más de un estudiante originario de Tixtla pidió no decir que sus hijos ya están muertos, sino que sigan las investigaciones pero con gente especializada. Y manifestó que si Peña Nieto tiene autoridad, que la aplique y presente de inmediato a sus hijos desaparecidos.
Al final del mitin, el actor Daniel Giménez Cacho y el cantante del grupo Café Tacuba, Rubén Albarrán, leyeron una carta dirigida al gobierno en la que pidieron la presentación con vida de los 43 normalistas.
Exigieron también protocolos coordinados entre las autoridades, el envío a Iguala de antropólogos forenses especializados y el enjuiciamiento y castigo a los responsables de “un crimen de Estado cometido por policías y funcionarios”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. GIL OLMOS, A. RODRÍGUEZ Y M. TOURLIERE
“Queremos resultados, no palabras. Que intervengan las autoridades competentes para que encuentren a nuestros compañeros, como lo piden los familiares”, expresó uno de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en el mitin que se realizó a un costado de Palacio Nacional.
Desde que la marcha arrancó, al filo de las cuatro de la tarde en el Ángel de la Independencia, los ánimos ya estaban encendidos entre los asistentes que gritaban “asesinos” en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto, del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.
Durante casi dos horas que duró la caminata a la que asistieron estudiantes de todas las escuelas de educación superior, campesinos, trabajadores y organizaciones de derechos humanos y de víctimas de la guerra contra el narcotráfico, las consignas estaban llenas de rencor en contra de todos los partidos políticos y los tres niveles de gobierno.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, fue la consigna con la que arrancó la protesta que a la vanguardia tuvo siempre a familiares de los estudiantes desaparecidos por la policía de Iguala y alumnos de la Normal de Ayotzinapa.
Luego comenzaron a cambiar los gritos y protestas alcanzando los niveles de repudio a toda la clase política.
Los contingentes más visibles eran de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, a la que pertenecen los alumnos de Ayotzinapa, y las 16 normales rurales del país, además de la UNAM, el IPN, la UAM y de los campesinos de Atenco.
Pero en el curso de la marcha se fueron sumando organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, del Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad, encabezada por Javier Sicilia, y personajes como Cuauhtémoc Cárdenas, Adolfo Gilly y Salvador Nava hijo quienes, al final del mitin, fueron repudiados por una turba que les aventó botellas de agua, basura y otros objetos.
Los gritos de protesta y las pancartas de “narcos y políticos son lo mismo” denotaban la rabia en contra del gobernador Ángel Aguirre Rivero y del edil de Iguala, José Luis Abarca, ambos del PRD, a quienes no dejaron de calificar como “asesinos”.
Una vez que llegaron al Zócalo ocupado por las carpas de la Feria del Libro, los miles de asistentes ocuparon las calles aledañas y los familiares de los estudiantes desaparecidos subieron al templete que se levantó a un costado de Palacio Nacional.
Ahí, los estudiantes de Ayotzinapa manifestaron que no se rendirán hasta encontrar a sus compañeros desaparecidos.
“No nos rendimos, nos sostendremos. Nuestra lucha es por una educación y eso no es un pecado. Si por eso el Estado nos ve como enemigos no nos importa, nos mantenemos de pie”, dijo uno de los estudiantes.
Otro de ellos, que logró escapar del ataque armado, espetó: “Lo que pasó el 26 y 27 fue terrorífico. Nuestros ojos y mentes no son capaces de revivir. Queremos hacer énfasis que no es cierto lo que dice el gobierno que fue el narcotráfico. Fueron los policías del municipio los que se los llevaron. Ángel Aguirre Rivero y José Luis Abarca son los asesinos”.
Acusó que en Guerrero se vive “un estado ingobernable”, porque no hay autoridades que funcionen y ni siquiera han podido encontrar a sus compañeros.
“Somos estudiantes que sólo exigimos educación y eso no lo ven. Pedimos educación y nos responden con balas. Si somos los enemigos, ¿a qué estamos jugando? Ahora el Estado se quiere deslindar y lavarse las manos diciendo que es el narco. Llamamos a la desobediencia civil”, manifestó otro de los estudiantes.
El padre de uno de los jóvenes desaparecidos dijo que están indignados y con rabia porque atacaron a sus hijos cuando estaban haciendo labores de rutina para mantener sus gastos.
“No es posible que se derrame sangre, ni justo que sea ataque a los estudiantes. Le decimos al gobierno que ellos tienen a los normalistas y nos los tienen que regresar. Que no se laven las manos al crimen organizado. Fueron policías municipales y el gobierno municipal los que ordenaron”, acusó nuevamente.
Otro padre de familia dijo que sus hijos no estaban haciendo nada ilegal, ni cometiendo un delito como para que se los llevara la policía. “Sólo querían estudiar. Ese era su sueño”, expresó con un tono de tristeza y rabia.
Otro padre más de un estudiante originario de Tixtla pidió no decir que sus hijos ya están muertos, sino que sigan las investigaciones pero con gente especializada. Y manifestó que si Peña Nieto tiene autoridad, que la aplique y presente de inmediato a sus hijos desaparecidos.
Al final del mitin, el actor Daniel Giménez Cacho y el cantante del grupo Café Tacuba, Rubén Albarrán, leyeron una carta dirigida al gobierno en la que pidieron la presentación con vida de los 43 normalistas.
Exigieron también protocolos coordinados entre las autoridades, el envío a Iguala de antropólogos forenses especializados y el enjuiciamiento y castigo a los responsables de “un crimen de Estado cometido por policías y funcionarios”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. GIL OLMOS, A. RODRÍGUEZ Y M. TOURLIERE
En México no importan
Human Rights Watch criticó a EPN; el grupo señaló que su Gobierno no le da importancia a los derechos humanos.
El caso de Iguala está resonando alrededor del mundo; y ahora, a causa de las fuertes declaraciones de la organización Human Rights Watch (HRW), gran parte de la presión por esclarecer ese y miles de otros casos se centra en el Gobierno federal.
Y es que a raíz de la desaparición de 43 estudiantes el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, la organización pro derechos humanos denunció ayer que desde 2006 hasta abril de 2014 en México han desaparecido 22 mil 300 personas sin que nadie haya sido condenado en relación con estos hechos.
‘Torpe manejo’
José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, señaló que el torpe manejo dado por el presidente Enrique Peña Nieto al caso de Iguala simplemente refleja la escasa importancia que su Gobierno otorga al tema de derechos humanos pese a un discurso que sugiere lo contrario.
Vivanco reprochó que Peña Nieto tardara cuatro días para pronunciarse sobre Iguala y para atribuirle la responsabilidad a las autoridades locales.
“Iguala está a menos de 200 kilómetros de la capital, tres horas en carro. No hay excusa (para tal retraso)”, señaló el experto en derechos humanos.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El caso de Iguala está resonando alrededor del mundo; y ahora, a causa de las fuertes declaraciones de la organización Human Rights Watch (HRW), gran parte de la presión por esclarecer ese y miles de otros casos se centra en el Gobierno federal.
Y es que a raíz de la desaparición de 43 estudiantes el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, la organización pro derechos humanos denunció ayer que desde 2006 hasta abril de 2014 en México han desaparecido 22 mil 300 personas sin que nadie haya sido condenado en relación con estos hechos.
‘Torpe manejo’
José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, señaló que el torpe manejo dado por el presidente Enrique Peña Nieto al caso de Iguala simplemente refleja la escasa importancia que su Gobierno otorga al tema de derechos humanos pese a un discurso que sugiere lo contrario.
Vivanco reprochó que Peña Nieto tardara cuatro días para pronunciarse sobre Iguala y para atribuirle la responsabilidad a las autoridades locales.
“Iguala está a menos de 200 kilómetros de la capital, tres horas en carro. No hay excusa (para tal retraso)”, señaló el experto en derechos humanos.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
‘Los policías seguían ahí’
Uno de los sobrevivientes al ataque de municipales en Iguala relata la estremecedora historia que tiene al país con el aliento contenido. En Guerrero aún hay 43 normalistas desaparecidos y ningún responsable en la cárcel.
“Chalma” es de Tijuana, pero es uno de los protagonistas centrales, testigo y sobreviviente de la masacre de normalistas de Iguala.
El joven de 22 años proporcionó a las autoridades un relato estrujante de la muerte de uno de sus compañeros asesinado por la Policía Ministerial:
“Vi que por el orificio le brota un chorro de sangre en la cabeza. Lo que hice fue acercarme y tratar de taparle el orificio. Los policías seguían ahí accionando sus armas para que nos quitáramos”.
Pasaron al menos dos horas, cuenta “Chalma”. Cada vez que se asomaban detrás del autobús para intentar ayudar, los uniformados volvían a disparar.
“Me acerqué al compañero para ver si todavía tenía señas vitales o ya había fallecido, y el compañero todavía mostraba reacción en su cuerpo, porque medio temblaba. Y ahí volví a acércame al compañero, le puse mi playera en el cráneo donde estaba sangrándose”, recuerda.
La noche que llegaron a Iguala en los autobuses, “Chalma” fue uno de los más aguerridos. En el Zócalo de Iguala, minutos después de que terminara el informe de María de los Ángeles Pineda, la esposa del alcalde de la ciudad, los policías los rodearon.
“Para detener la acción de los policías tuve un pequeño jaloneo con el uniformado, agarre lo que fue la culata del rifle y me amenazó que si no lo soltaba iba a dispara contra nosotros y siguió el jaloneo. Lo tomé por la espalda y empecé a jalar el rifle, solo veía que era gordo y moreno.
“Disparó su arma en ráfaga, primero hacia el suelo y luego la levantó y disparó contra mis compañeros como a una distancia de un metro”, relata el estudiante.
Luego de ese jaloneo, los jóvenes subieron nuevamente a los autobuses y avanzaron. En el trayecto, los municipales siguieron disparando, eran como diez patrullas. “Chalma” asegura que alcanzó a distinguir que todas decían Policía Municipal.
“Seguimos avanzando con las llantas ponchadas y casi al llegar a la carretera atravesaron una patrulla y se bajaron, se pusieron del otro lado a unos veinte metros y empezaron a apuntar sus armas”.
Al ver a los uniformados listos para disparar, muchos de los normalistas se bajaron para empujar y retirar la patrulla que habían atravesado para impedir el paso.
“Nos bajamos y rodeamos a los policías, porque del tercer autobús tenían rodeados a los compañeros. Me puse atrás de un policía municipal, el cual ya había cortado cartucho y estaba apuntando sus armas, disparaban y en eso observamos que a los del tercer autobús los estaban bajando los municipales, los tenían sometidos, eran como diecisiete o dieciocho, y policías eran alrededor de sesenta o más”, detalla.
A muchos los tuvieron un rato en el suelo y ya había más normalistas heridos. A “Chalma” y otro grupo de 25 normalistas los quisieron convencer para que se entregaran, a los otros que bajaron del autobús se los llevaron con rumbo desconocido.
Al poco rato llegaron más policías, al menos seis patrullas, de las cuales bajaron seis uniformados bien equipados. Traían perchera, rodilleras, cascos, coderas y pasamontañas, describe.
La patrulla que distinguió “Chalma” traía un aditamento para ametralladora, desde donde un policía se mantuvo encañonándolos.
Pasó una hora más para que los elementos de seguridad se retiraran del lugar. Hasta ese punto, empezaron a llegar en carros particulares otros alumnos del Centro Regional de Educación Normal (CREN) de Iguala, así como otros de Ayotzinapa.
Los autobuses estaban llenos de sangre. Los cristales rotos. En su interior había balas percutidas.
“Los policías desde donde nos estaban disparando recogían los casquillos”.
Al cabo de una hora, nuevas ráfagas se escucharon.
Unos se tiraron al piso. Otros comenzaron a correr y colocaron detrás de los autobuses para cubrirse, dice “Chalma”.
Ahí, otro estudiante recibió un balazo en la boca. Sus amigos lo llevaron a un laboratorio cercano. Hasta allá llegaron los militares.
‘Nos dijo que tuviéramos huevos’
Dos unidades del Ejército llegaron al laboratorio donde estaba uno de los estudiantes heridos. Los elementos pidieron que abrieran la puerta. El que iba a cargo de esas unidades preguntó si eran los ayotzinapos.
Los estudiantes pidieron ayuda para su compañero que se estaba desangrando.
“Nos dijo que tuviéramos huevos para enfrentarlo como así hacíamos nuestro desmadre”, relata “Chalma”.
Los militares catearon toda la clínica y obligaron a los estudiantes a que se sentaran en la sala de espera.
Les ordenaron que se levantaran las playeras y vaciaran sus pertenencias. Buscaban armas.
El Ejército solo los revisó. No los detuvo ni los resguardó.
Dijeron que mandarían a la Policía Municipal a que los recogiera, pues les habían reportado dos cuerpos en la carretera.
Ante el riesgo de que los municipales fueran por ellos, los estudiantes dejaron a su amigo herido en la clínica para que lo atendieran, el resto, un grupo de aproximadamente 25 estudiantes, caminó con rumbo desconocido
“Llegamos a una casa y nos dieron asilo a todos para pasar la noche, eran aproximadamente las dos de la mañana del 27 de septiembre. Al despertar, como a las cinco, nos dijeron que nos saliéramos, ya que estaban afuera unidades de policía de la Procuraduría”, dice.
Él y otros dos compañeros que no querían estar en las oficinas de la Policía decidieron salir con personal de la Ministerial a buscar al resto de los estudiantes de la Normal que seguían desaparecidos.
“Nos dijeron que ahí no habían llevado a nadie y nosotros les dijimos que nos entregaran a nuestros compañeros desaparecidos que se llevaron en sus patrullas.
“Esto fue como seis de la mañana, habían pasado cinco horas a partir de que se los habían llevado y los trabajadores de la Procuraduría les pedían a los municipales que les entregaran las listas de los elementos que estaban en labores, les pidieron los informes de las patrullas que participaron”, recuerda.
En ese momento “Chalma” reclamó que la patrulla 302 se había llevado al compañero enfermo de los pulmones. Le dijeron que esa unidad no pertenece a la corporación.
“Chalma” es uno de los normalistas que fue encapuchado para reconocer a los elementos municipales que participaron en la agresión.
¿Por qué estaban en Iguala?
Han pasado 13 días desde aquella noche en Iguala cuando los normalistas fueron atacados por elementos de la Policía Municipal. Hasta el momento no hay culpables y ni siquiera está claro cómo fue qué todo sucedió.
Aquí algunas versiones:
> Un informe del Cisen detalla que Guadalupe Pineda Villa, esposa del alcalde de Iguala y presidenta del DIF, ordenó al director de Seguridad Pública Municipal detener la movilización de los estudiantes porque pretendían trasladarse al zócalo y “reventar” su informe de labores.
> Declaraciones de estudiantes y medios locales señalaron que los jóvenes había ido a ese municipio a recabar fondos para financiar una marcha del 2 de octubre, en el 46 aniversario de la masacre de estudiantes de Tlatelolco, México.
> En entrevista con Adela Micha, Marcos estudiante de la Normal de Ayotzinapa, señaló que se dirigían a hacer actividades de boteo por que iba a llegar un contingente grande a su escuela y necesitaban recibir a la gente.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
“Chalma” es de Tijuana, pero es uno de los protagonistas centrales, testigo y sobreviviente de la masacre de normalistas de Iguala.
El joven de 22 años proporcionó a las autoridades un relato estrujante de la muerte de uno de sus compañeros asesinado por la Policía Ministerial:
“Vi que por el orificio le brota un chorro de sangre en la cabeza. Lo que hice fue acercarme y tratar de taparle el orificio. Los policías seguían ahí accionando sus armas para que nos quitáramos”.
Pasaron al menos dos horas, cuenta “Chalma”. Cada vez que se asomaban detrás del autobús para intentar ayudar, los uniformados volvían a disparar.
“Me acerqué al compañero para ver si todavía tenía señas vitales o ya había fallecido, y el compañero todavía mostraba reacción en su cuerpo, porque medio temblaba. Y ahí volví a acércame al compañero, le puse mi playera en el cráneo donde estaba sangrándose”, recuerda.
La noche que llegaron a Iguala en los autobuses, “Chalma” fue uno de los más aguerridos. En el Zócalo de Iguala, minutos después de que terminara el informe de María de los Ángeles Pineda, la esposa del alcalde de la ciudad, los policías los rodearon.
“Para detener la acción de los policías tuve un pequeño jaloneo con el uniformado, agarre lo que fue la culata del rifle y me amenazó que si no lo soltaba iba a dispara contra nosotros y siguió el jaloneo. Lo tomé por la espalda y empecé a jalar el rifle, solo veía que era gordo y moreno.
“Disparó su arma en ráfaga, primero hacia el suelo y luego la levantó y disparó contra mis compañeros como a una distancia de un metro”, relata el estudiante.
Luego de ese jaloneo, los jóvenes subieron nuevamente a los autobuses y avanzaron. En el trayecto, los municipales siguieron disparando, eran como diez patrullas. “Chalma” asegura que alcanzó a distinguir que todas decían Policía Municipal.
“Seguimos avanzando con las llantas ponchadas y casi al llegar a la carretera atravesaron una patrulla y se bajaron, se pusieron del otro lado a unos veinte metros y empezaron a apuntar sus armas”.
Al ver a los uniformados listos para disparar, muchos de los normalistas se bajaron para empujar y retirar la patrulla que habían atravesado para impedir el paso.
“Nos bajamos y rodeamos a los policías, porque del tercer autobús tenían rodeados a los compañeros. Me puse atrás de un policía municipal, el cual ya había cortado cartucho y estaba apuntando sus armas, disparaban y en eso observamos que a los del tercer autobús los estaban bajando los municipales, los tenían sometidos, eran como diecisiete o dieciocho, y policías eran alrededor de sesenta o más”, detalla.
A muchos los tuvieron un rato en el suelo y ya había más normalistas heridos. A “Chalma” y otro grupo de 25 normalistas los quisieron convencer para que se entregaran, a los otros que bajaron del autobús se los llevaron con rumbo desconocido.
Al poco rato llegaron más policías, al menos seis patrullas, de las cuales bajaron seis uniformados bien equipados. Traían perchera, rodilleras, cascos, coderas y pasamontañas, describe.
La patrulla que distinguió “Chalma” traía un aditamento para ametralladora, desde donde un policía se mantuvo encañonándolos.
Pasó una hora más para que los elementos de seguridad se retiraran del lugar. Hasta ese punto, empezaron a llegar en carros particulares otros alumnos del Centro Regional de Educación Normal (CREN) de Iguala, así como otros de Ayotzinapa.
Los autobuses estaban llenos de sangre. Los cristales rotos. En su interior había balas percutidas.
“Los policías desde donde nos estaban disparando recogían los casquillos”.
Al cabo de una hora, nuevas ráfagas se escucharon.
Unos se tiraron al piso. Otros comenzaron a correr y colocaron detrás de los autobuses para cubrirse, dice “Chalma”.
Ahí, otro estudiante recibió un balazo en la boca. Sus amigos lo llevaron a un laboratorio cercano. Hasta allá llegaron los militares.
‘Nos dijo que tuviéramos huevos’
Dos unidades del Ejército llegaron al laboratorio donde estaba uno de los estudiantes heridos. Los elementos pidieron que abrieran la puerta. El que iba a cargo de esas unidades preguntó si eran los ayotzinapos.
Los estudiantes pidieron ayuda para su compañero que se estaba desangrando.
“Nos dijo que tuviéramos huevos para enfrentarlo como así hacíamos nuestro desmadre”, relata “Chalma”.
Los militares catearon toda la clínica y obligaron a los estudiantes a que se sentaran en la sala de espera.
Les ordenaron que se levantaran las playeras y vaciaran sus pertenencias. Buscaban armas.
El Ejército solo los revisó. No los detuvo ni los resguardó.
Dijeron que mandarían a la Policía Municipal a que los recogiera, pues les habían reportado dos cuerpos en la carretera.
Ante el riesgo de que los municipales fueran por ellos, los estudiantes dejaron a su amigo herido en la clínica para que lo atendieran, el resto, un grupo de aproximadamente 25 estudiantes, caminó con rumbo desconocido
“Llegamos a una casa y nos dieron asilo a todos para pasar la noche, eran aproximadamente las dos de la mañana del 27 de septiembre. Al despertar, como a las cinco, nos dijeron que nos saliéramos, ya que estaban afuera unidades de policía de la Procuraduría”, dice.
Él y otros dos compañeros que no querían estar en las oficinas de la Policía decidieron salir con personal de la Ministerial a buscar al resto de los estudiantes de la Normal que seguían desaparecidos.
“Nos dijeron que ahí no habían llevado a nadie y nosotros les dijimos que nos entregaran a nuestros compañeros desaparecidos que se llevaron en sus patrullas.
“Esto fue como seis de la mañana, habían pasado cinco horas a partir de que se los habían llevado y los trabajadores de la Procuraduría les pedían a los municipales que les entregaran las listas de los elementos que estaban en labores, les pidieron los informes de las patrullas que participaron”, recuerda.
En ese momento “Chalma” reclamó que la patrulla 302 se había llevado al compañero enfermo de los pulmones. Le dijeron que esa unidad no pertenece a la corporación.
“Chalma” es uno de los normalistas que fue encapuchado para reconocer a los elementos municipales que participaron en la agresión.
¿Por qué estaban en Iguala?
Han pasado 13 días desde aquella noche en Iguala cuando los normalistas fueron atacados por elementos de la Policía Municipal. Hasta el momento no hay culpables y ni siquiera está claro cómo fue qué todo sucedió.
Aquí algunas versiones:
> Un informe del Cisen detalla que Guadalupe Pineda Villa, esposa del alcalde de Iguala y presidenta del DIF, ordenó al director de Seguridad Pública Municipal detener la movilización de los estudiantes porque pretendían trasladarse al zócalo y “reventar” su informe de labores.
> Declaraciones de estudiantes y medios locales señalaron que los jóvenes había ido a ese municipio a recabar fondos para financiar una marcha del 2 de octubre, en el 46 aniversario de la masacre de estudiantes de Tlatelolco, México.
> En entrevista con Adela Micha, Marcos estudiante de la Normal de Ayotzinapa, señaló que se dirigían a hacer actividades de boteo por que iba a llegar un contingente grande a su escuela y necesitaban recibir a la gente.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, clamor nacional
MÉXICO, D.F. (apro).- Movidos por la indignación, miles de mexicanos salieron este miércoles a las principales plazas del país para exigir a las autoridades federales justicia por los muertos de Iguala y la aparición con vida de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Maestros, estudiantes, activistas, padres de familia de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Chiapas, Durango, Quintana Roo, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Morelos, Monterrey, Guanajuato, Chihuahua, Campeche y Querétaro inundaron las plazas principales, bloquearon carreteras, tomaron refinerías, aeropuertos, autopistas, comercios y dependencias estatales y federales, para repudiar la violencia que azota al país.
En todas las marchas, los manifestantes portaron cartulinas con los rostros y nombres de los estudiantes de la Escuela Normal “Isidro Burgos” y gritaron el mismo lema: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
En Guerrero, epicentro de la narcoviolencia hoy en día, las manifestaciones empezaron alrededor de la una de la tarde. Desde Acapulco, distintos grupos sociales se concentraron en la autopista Del Sol con destino al Parador del Marqués. Algunos hicieron pintas en los muros de contención “Porque el color de la sangre jamás se olvida” y “Los masacrados serán vengados”.
Los estudiantes dibujaron siluetas humanas simulando a sus compañeros asesinados. En esa marcha participaron damnificados por la tormenta tropical Manuel, sindicalistas, universitarios y miembros de la CRAC.
Sobre la misma autopista, pero a la altura de Chilpancingo, madres y padres de los normalistas desaparecidos exigieron la renuncia del gobernador Ángel Aguirre. Participaron habitantes de la Costa Chica, Costa Alta, La Montaña y Tierra Caliente. A las calles de la capital también llegaron estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).
Alumnos uniformados de la Preparatoria 29, en el municipio de Tixtla –donde nacieron algunos normalistas desaparecidos–, exigieron el alto “a la represión de los movimientos sociales en Guerrero”. En Tlapa, anarquistas saquearon e incendiaron parte de la sede del ayuntamiento.
En Michoacán hubo protestas en Lázaro Cárdenas y Morelia, encabezadas por maestros de la CNTE y estudiantes campesinos que bloquearon las carreteras en la costera en la autopista Siglo XXI.
A Morelia llegaron miembros de El Barzón y la Unión Campesina Democrática, quienes exigieron audiencia con el gobernador, una mesa de diálogo con productores de maíz y alto a los incrementos de gasolina y diesel.
Maestros de la Sección 22 del SNTE en Oaxaca suspendieron clases en todo el estado para realizar bloqueos, tomas de oficinas y cierre de plazas comerciales.
El vocero de esa sección, Mohamed Otaqui Toledo, informó que bloquearon durante 10 horas el aeropuerto internacional de esta capital, la refinería “Antonio Dovalí Jaime” en Salina Cruz y la estación de distribución de Petróleos Mexicanos en Valles Centrales, así como las instalaciones de la PGR y plazas comerciales con la misma exigencia: “Alto al terrorismo de Estado”.
En Veracruz, estudiantes de la Unidad de Humanidades de la Universidad del estado tomaron las instalaciones desde las primeras horas y anunciaron que el paro de labores por 48 horas.
Puebla vio a cientos de estudiantes encabezados por alumnas de la escuela Normal Rural de Teteles que partieron de la Ciudad Universitaria hacia el zócalo de la ciudad.
Zapatistas se solidarizan
Unos 20 mil indígenas, entre milicianos y bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), realizaron una mega marcha silenciosa en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa, Guerrrero.
Con las consignas “Su dolor es nuestro dolor”, “No están solos” y “Su rabia es nuestra” y sus pasamontañas y paliacates, llegaron a San Cristóbal de las Casas desde los cinco Caracoles que aglutinan las Juntas de Buen Gobierno.
Choles, tsotsiles, tseltales y tojolabales, algunos viajaron hasta 12 horas. Entre los mandos zapatistas iba, con radio de comunicación en mano, el Comandante Tacho, miembro de la Comandancia General del Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CG-CCRI).
Las movilizaciones también se hicieron en Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Comitán, Tapachula, Motozintla y otras ciudades chiapanecas en compañía de unos 45 mil maestros de la CNTE. Se unieron normalistas de la escuela Jacinto Canek, la Facultad de Ciencias Sociales, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ) y otras organizaciones sociales.
En Durango, alrededor de 400 estudiantes de la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera caminaron por las principales calles de la ciudad. Las oficinas del gobierno estatal cerraron sus puertas para evitar que los manifestantes ingresaran a ellas.
Frente al Monumento al Estudiante, en Cancún, Quintana Roo, alumnos de diversas instituciones participaron en la protesta. Ahí, Teresa Carmona Lugo, quien perdió un hijo estudiante en la Ciudad de México en 2010, enlistó a los 43 normalistas desaparecidos.
Militantes del PRD se sumaron a la protesta que recorrió las principales calles del centro de la ciudad. En Felipe Carrillo Puerto fue la mayor concentración con unas 300 personas, quienes aprovecharon la oportunidad para exigir la libertad de presos políticos acusados de sabotaje por protestar contra el aumento de la tarifas de agua potable.
En Aguascalientes, unas 500 personas en su mayoría de la Normal Rural femenil de Cañada Honda y de la Escuela Normal de Educación Física de Rincón de Romos, marcharon desde la glorieta del Quijote hasta la explanada de la Plaza de la Patria.
Maestros y estudiantes de la escuela normal Manuel Ávila Camacho de Zacatecas –la más antigua del país– realizaron sus actividades normales, aunque “bajo protesta”. Colgaron una manta en la parte frontal de la institución en la acusaron que lo sucedido en Guerrero es “uno de los hechos más lamentables de los últimos tiempos en contra de la juventud estudiosa de nuestro país”.
Integrantes de la comunidad Indígena Sergio Barrios, en Tlajomulco, Jalisco, exigieron al gobierno federal esclarecer el crimen y aplicar la ley contra los culpables de la desaparición de los estudiantes.
Normalistas de Cuautla y Amilcingo, además de habitantes de las comunidades de Ahuehueyo, Tenextepango, Huesca, Jantetelco y Tepoztlán, y estudiantes de la UAEM en Morelos, marcharon desde la universidad a la Plaza de Armas Emiliano Zapata, en Cuernavaca.
Unos 200 ciudadanos en apoyo a los derechos humanos y madres del Grupo Amores –que buscan a sus hijos desaparecidos en Nuevo León–, se manifestaron frente al palacio de gobierno. Ahí desplegaron una manta que decía: “Desaparecidos, ¿dónde están? ¡Justicia!”, mientras que otros alzaron pancartas que denunciaban: “Están desapareciendo la juventud de México”.
En el mismo día de la inauguración del Festival Internacional Cervantino y ante turistas extranjeros, en Guanajuato alrededor de mil estudiantes y maestros de distintas escuelas y facultades, principalmente de la Universidad estatal y representantes de Amnistía Internacional marcharon desde el edificio central de la Universidad, pasaron por el Teatro Juárez y se concentraron alrededor del monumento a la Paz.
Ahí soltaron globos blancos mientras nombraban a cada uno de los estudiantes desaparecidos en Guerrero. “¿Por qué, por qué, por qué nos asesinan, si somos la esperanza de América Latina?”, corearon. “¡Gobierno fascista, que mata normalistas!” y “¡Peña, farsante, que matas estudiantes!”, repetían.
En Chihuahua, alrededor de dos mil habitantes marcharon en Ciudad Juárez y Camargo y Jiménez. En la capital, estudiantes de las normales rurales de Salaices y Saucillo encabezaron la manifestación, acompañados de defensores de derechos humanos, estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, familias y organizaciones civiles.
“No estamos contra nadie, estamos por el bien de todos, por la defensa del normalismo rural, de estudiantes y de los derechos del pueblo”, gritaron.
En Juárez, se sumaron 26 organizaciones defensoras de derechos humanos, 30 académicos y 10 promotores culturales para enviar un mensaje de fuerza a los padres de familia de los jóvenes desaparecidos.
“Pese a que en Ciudad Juárez y en el estado de Chihuahua conocemos de cerca el dolor y la tragedia que ha traído consigo la indolencia, avaricia, y torpeza de las autoridades municipales, estatales y federales, el horror que atestiguamos en Guerrero nos indigna profundamente”, dijeron.
Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Hecelchakán Justo Sierra Méndez, en Campeche, se concentraron en el parque principal y caminaron por el Circuito Baluartes. En el Palacio de Gobierno depositaron veladoras y pancartas con las fotos de los 43 normalistas.
Con el apoyo de representantes de organizaciones civiles, maestros de la CNTE e integrantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), corearon: “Aytozi vive, la lucha sigue”, “Verde olivo, tu asesinato compañero será vengado”.
Los oradores recordaron los asesinatos de Tlatelolco y Acteal, así como los ataques del gobierno a los normalistas y exigieron un alto al terrorismo de Estado.
En Yucatán, unos 600 manifestantes, entre ellos maestros disidentes se concentraron en la Plaza Grande y en el Paseo de Montejo. Nicolás Peraza González, del Colectivo Rebelde, lamentó que tengan que suceder matanzas como la de Ayotzinapa para que la ciudadanía salga a las calles.
“Lo que estamos viviendo compañeros es solamente una parte de la política que el gobierno de Enrique Peña Nieto y de todos los de atrás, ya sean priistas o panistas, han venido haciendo”, dijo. “Dejamos que se corrompa la policía, permitimos que se corrompan los políticos que deciden nuestra vida, hemos permitido que se corrompa el ejército y ahora estamos pagando las consecuencias”, agregó.
En Querétaro, miles de normalistas y universitarios se organizaron en tres contingentes que partieron de la explana de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), del sur de la ciudad y del crucero de la avenida Universidad y Corregidora. Todos llegaron hasta el Palacio de Gobierno y a las afueras del Congreso del Estado. Ahí colocaron veladoras, leyeron los nombres de los 43 normalistas desaparecidos y aseguraron:
“Ayotzinapa nos duele como nos duele todo México, los crímenes que se han cometido contra los normalistas no pueden quedar impunes, los 43 normalistas desaparecidos deben ser encontrados vivos y a la brevedad”.
Participaron familiares de personas desaparecidas de Querétaro, quienes lamentaron la indolencia de las autoridades locales para buscar a sus seres queridos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN/ Francisco Castellanos, Pedro Matías, Verónica Espinosa, Luciano Campos, Isaín Mandujano, Sergio Caballero, Patricia Mayorga, Rosa Santana y Eric Pacheco.
Maestros, estudiantes, activistas, padres de familia de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Chiapas, Durango, Quintana Roo, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Morelos, Monterrey, Guanajuato, Chihuahua, Campeche y Querétaro inundaron las plazas principales, bloquearon carreteras, tomaron refinerías, aeropuertos, autopistas, comercios y dependencias estatales y federales, para repudiar la violencia que azota al país.
En todas las marchas, los manifestantes portaron cartulinas con los rostros y nombres de los estudiantes de la Escuela Normal “Isidro Burgos” y gritaron el mismo lema: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
En Guerrero, epicentro de la narcoviolencia hoy en día, las manifestaciones empezaron alrededor de la una de la tarde. Desde Acapulco, distintos grupos sociales se concentraron en la autopista Del Sol con destino al Parador del Marqués. Algunos hicieron pintas en los muros de contención “Porque el color de la sangre jamás se olvida” y “Los masacrados serán vengados”.
Los estudiantes dibujaron siluetas humanas simulando a sus compañeros asesinados. En esa marcha participaron damnificados por la tormenta tropical Manuel, sindicalistas, universitarios y miembros de la CRAC.
Sobre la misma autopista, pero a la altura de Chilpancingo, madres y padres de los normalistas desaparecidos exigieron la renuncia del gobernador Ángel Aguirre. Participaron habitantes de la Costa Chica, Costa Alta, La Montaña y Tierra Caliente. A las calles de la capital también llegaron estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).
Alumnos uniformados de la Preparatoria 29, en el municipio de Tixtla –donde nacieron algunos normalistas desaparecidos–, exigieron el alto “a la represión de los movimientos sociales en Guerrero”. En Tlapa, anarquistas saquearon e incendiaron parte de la sede del ayuntamiento.
En Michoacán hubo protestas en Lázaro Cárdenas y Morelia, encabezadas por maestros de la CNTE y estudiantes campesinos que bloquearon las carreteras en la costera en la autopista Siglo XXI.
A Morelia llegaron miembros de El Barzón y la Unión Campesina Democrática, quienes exigieron audiencia con el gobernador, una mesa de diálogo con productores de maíz y alto a los incrementos de gasolina y diesel.
Maestros de la Sección 22 del SNTE en Oaxaca suspendieron clases en todo el estado para realizar bloqueos, tomas de oficinas y cierre de plazas comerciales.
El vocero de esa sección, Mohamed Otaqui Toledo, informó que bloquearon durante 10 horas el aeropuerto internacional de esta capital, la refinería “Antonio Dovalí Jaime” en Salina Cruz y la estación de distribución de Petróleos Mexicanos en Valles Centrales, así como las instalaciones de la PGR y plazas comerciales con la misma exigencia: “Alto al terrorismo de Estado”.
En Veracruz, estudiantes de la Unidad de Humanidades de la Universidad del estado tomaron las instalaciones desde las primeras horas y anunciaron que el paro de labores por 48 horas.
Puebla vio a cientos de estudiantes encabezados por alumnas de la escuela Normal Rural de Teteles que partieron de la Ciudad Universitaria hacia el zócalo de la ciudad.
Zapatistas se solidarizan
Unos 20 mil indígenas, entre milicianos y bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), realizaron una mega marcha silenciosa en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa, Guerrrero.
Con las consignas “Su dolor es nuestro dolor”, “No están solos” y “Su rabia es nuestra” y sus pasamontañas y paliacates, llegaron a San Cristóbal de las Casas desde los cinco Caracoles que aglutinan las Juntas de Buen Gobierno.
Choles, tsotsiles, tseltales y tojolabales, algunos viajaron hasta 12 horas. Entre los mandos zapatistas iba, con radio de comunicación en mano, el Comandante Tacho, miembro de la Comandancia General del Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CG-CCRI).
Las movilizaciones también se hicieron en Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Comitán, Tapachula, Motozintla y otras ciudades chiapanecas en compañía de unos 45 mil maestros de la CNTE. Se unieron normalistas de la escuela Jacinto Canek, la Facultad de Ciencias Sociales, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ) y otras organizaciones sociales.
En Durango, alrededor de 400 estudiantes de la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera caminaron por las principales calles de la ciudad. Las oficinas del gobierno estatal cerraron sus puertas para evitar que los manifestantes ingresaran a ellas.
Frente al Monumento al Estudiante, en Cancún, Quintana Roo, alumnos de diversas instituciones participaron en la protesta. Ahí, Teresa Carmona Lugo, quien perdió un hijo estudiante en la Ciudad de México en 2010, enlistó a los 43 normalistas desaparecidos.
Militantes del PRD se sumaron a la protesta que recorrió las principales calles del centro de la ciudad. En Felipe Carrillo Puerto fue la mayor concentración con unas 300 personas, quienes aprovecharon la oportunidad para exigir la libertad de presos políticos acusados de sabotaje por protestar contra el aumento de la tarifas de agua potable.
En Aguascalientes, unas 500 personas en su mayoría de la Normal Rural femenil de Cañada Honda y de la Escuela Normal de Educación Física de Rincón de Romos, marcharon desde la glorieta del Quijote hasta la explanada de la Plaza de la Patria.
Maestros y estudiantes de la escuela normal Manuel Ávila Camacho de Zacatecas –la más antigua del país– realizaron sus actividades normales, aunque “bajo protesta”. Colgaron una manta en la parte frontal de la institución en la acusaron que lo sucedido en Guerrero es “uno de los hechos más lamentables de los últimos tiempos en contra de la juventud estudiosa de nuestro país”.
Integrantes de la comunidad Indígena Sergio Barrios, en Tlajomulco, Jalisco, exigieron al gobierno federal esclarecer el crimen y aplicar la ley contra los culpables de la desaparición de los estudiantes.
Normalistas de Cuautla y Amilcingo, además de habitantes de las comunidades de Ahuehueyo, Tenextepango, Huesca, Jantetelco y Tepoztlán, y estudiantes de la UAEM en Morelos, marcharon desde la universidad a la Plaza de Armas Emiliano Zapata, en Cuernavaca.
Unos 200 ciudadanos en apoyo a los derechos humanos y madres del Grupo Amores –que buscan a sus hijos desaparecidos en Nuevo León–, se manifestaron frente al palacio de gobierno. Ahí desplegaron una manta que decía: “Desaparecidos, ¿dónde están? ¡Justicia!”, mientras que otros alzaron pancartas que denunciaban: “Están desapareciendo la juventud de México”.
En el mismo día de la inauguración del Festival Internacional Cervantino y ante turistas extranjeros, en Guanajuato alrededor de mil estudiantes y maestros de distintas escuelas y facultades, principalmente de la Universidad estatal y representantes de Amnistía Internacional marcharon desde el edificio central de la Universidad, pasaron por el Teatro Juárez y se concentraron alrededor del monumento a la Paz.
Ahí soltaron globos blancos mientras nombraban a cada uno de los estudiantes desaparecidos en Guerrero. “¿Por qué, por qué, por qué nos asesinan, si somos la esperanza de América Latina?”, corearon. “¡Gobierno fascista, que mata normalistas!” y “¡Peña, farsante, que matas estudiantes!”, repetían.
En Chihuahua, alrededor de dos mil habitantes marcharon en Ciudad Juárez y Camargo y Jiménez. En la capital, estudiantes de las normales rurales de Salaices y Saucillo encabezaron la manifestación, acompañados de defensores de derechos humanos, estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, familias y organizaciones civiles.
“No estamos contra nadie, estamos por el bien de todos, por la defensa del normalismo rural, de estudiantes y de los derechos del pueblo”, gritaron.
En Juárez, se sumaron 26 organizaciones defensoras de derechos humanos, 30 académicos y 10 promotores culturales para enviar un mensaje de fuerza a los padres de familia de los jóvenes desaparecidos.
“Pese a que en Ciudad Juárez y en el estado de Chihuahua conocemos de cerca el dolor y la tragedia que ha traído consigo la indolencia, avaricia, y torpeza de las autoridades municipales, estatales y federales, el horror que atestiguamos en Guerrero nos indigna profundamente”, dijeron.
Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Hecelchakán Justo Sierra Méndez, en Campeche, se concentraron en el parque principal y caminaron por el Circuito Baluartes. En el Palacio de Gobierno depositaron veladoras y pancartas con las fotos de los 43 normalistas.
Con el apoyo de representantes de organizaciones civiles, maestros de la CNTE e integrantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), corearon: “Aytozi vive, la lucha sigue”, “Verde olivo, tu asesinato compañero será vengado”.
Los oradores recordaron los asesinatos de Tlatelolco y Acteal, así como los ataques del gobierno a los normalistas y exigieron un alto al terrorismo de Estado.
En Yucatán, unos 600 manifestantes, entre ellos maestros disidentes se concentraron en la Plaza Grande y en el Paseo de Montejo. Nicolás Peraza González, del Colectivo Rebelde, lamentó que tengan que suceder matanzas como la de Ayotzinapa para que la ciudadanía salga a las calles.
“Lo que estamos viviendo compañeros es solamente una parte de la política que el gobierno de Enrique Peña Nieto y de todos los de atrás, ya sean priistas o panistas, han venido haciendo”, dijo. “Dejamos que se corrompa la policía, permitimos que se corrompan los políticos que deciden nuestra vida, hemos permitido que se corrompa el ejército y ahora estamos pagando las consecuencias”, agregó.
En Querétaro, miles de normalistas y universitarios se organizaron en tres contingentes que partieron de la explana de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), del sur de la ciudad y del crucero de la avenida Universidad y Corregidora. Todos llegaron hasta el Palacio de Gobierno y a las afueras del Congreso del Estado. Ahí colocaron veladoras, leyeron los nombres de los 43 normalistas desaparecidos y aseguraron:
“Ayotzinapa nos duele como nos duele todo México, los crímenes que se han cometido contra los normalistas no pueden quedar impunes, los 43 normalistas desaparecidos deben ser encontrados vivos y a la brevedad”.
Participaron familiares de personas desaparecidas de Querétaro, quienes lamentaron la indolencia de las autoridades locales para buscar a sus seres queridos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN/ Francisco Castellanos, Pedro Matías, Verónica Espinosa, Luciano Campos, Isaín Mandujano, Sergio Caballero, Patricia Mayorga, Rosa Santana y Eric Pacheco.
Los nuevos escuadrones de la muerte y sus parapolíticos
MÉXICO, D.F. (apro).- Las dictaduras militares latinoamericanas y el régimen autoritario del PRI del siglo pasado se valieron de los escuadrones de la muerte para acabar con sus opositores políticos.
Se trataba de grupos auspiciados y entrenados por agentes del Estado, civiles y militares, cuya tarea era exterminar a quienes consideraban como enemigos en su cruzada anticomunista, durante la era de la Guerra Fría.
En México, el Ejército y los civiles en el poder no fueron ajenos a esa persecución y se valieron también de la guerra sucia para acabar contra quienes habían optado por la oposición armada, aunque no sólo contra ellos. Los Halcones y La Brigada Blanca fueron dos de los grupos paramilitares creados para la defensa del régimen del PRI.
Fue una guerra sucia porque para combatirlos violaron cuanto pudieron, tanto las leyes nacionales como los principios internacionales de los conflictos. Sus métodos eran la tortura, la violación, las detenciones sin orden judicial y las ejecuciones de forma sumaria. Se cuentan por miles los detenidos desaparecidos.
Ninguno de los responsables de esos crímenes entre la década de lo sesenta y entrados los años ochenta fue castigado en nuestro país, dejando un mensaje de impunidad como impronta. Ni los jefes de esos grupos ni los militares fueron castigados. Muchos menos su jefatura política. Eran los políticos los que mandaban, los que usaban y controlaban esos aparatos.
Con el fin de la Guerra Fría, despojados de ideología, los políticos se volvieron pragmáticos. El poder político dejó de ser una disputa ideológica y el Estado se convirtió en un mero regulador del mercado. Los países se convirtieron en mercados, los pueblos en consumidores y los políticos en piezas de la oferta y la demanda.
En el mercado ilegal de las drogas, los políticos también han ido definiendo su rol. Primero empezaron a controlar a las bandas que disputaban el trasiego, participando en las ganancias. Jefes militares no han sido ajenos a esos arreglos.
Luego, también a cambio de dinero, los jefes políticos cedieron el control de la policía. Después abrieron las puertas de los ayuntamientos y en el caso de no pocos presidentes municipales acabaron siendo impuestos por la delincuencia organizada.
Fue un proceso similar al ocurrido en la relación de los narcotraficantes mexicanos con los colombianos. De meros transportistas de cocaína, los mexicanos acabaron controlando los cargamentos que salen de Colombia hacia Estados Unidos.
Del control policial y municipal por parte de la delincuencia, ya sólo hay un paso para llegar al Congreso local.
Ejemplos sobran. De ahí a las gubernaturas y al Congreso de la Unión, otro paso más. Los ejecutivos estatales y el federal tampoco han sido ajenos a esa degradación institucional que está dando lugar a un Estado mafioso.
Sólo la hipocresía explica las confrontaciones verbales de la clase política por la matanza de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, a manos de una nueva clase de escuadrones de la muerte, que lo mismo actúa para el control territorial y distribución de drogas, que para acabar con los opositores de sus integrantes –ya no sólo protectores– políticos.
No hay partido político en México que desde hace lustros no haya servido a la delincuencia organizada. Gobernadores del PRI, diputados del PAN, presidentes municipales del PRD, algunos representantes del Verde, del PT y otros lo demuestran. Las siglas y cargos se pueden intercambiar y el resultado es el mismo.
Pocos han sido los políticos procesados penalmente, algunos son investigados en Estados Unidos, alguno ha muerto en enfrentamientos con el Ejército, unos más están prófugos y un número creciente ha sido asesinado o sufrido atentados, como reflejo de la inestabilidad del mercado al que han decidido entrar.
Guerrero fue el centro de la guerra sucia en México en los años sesenta y hasta entrados los años ochenta. Ahora lo es de ese nuevo tipo de escuadrones de la muerte en el que los políticos han creado una zona gris con la delincuencia organizada, en la que los poderes formales se han fundido con el poder ilegal.
Eso explica que policías municipales de Iguala hayan subido a sus patrullas a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa y los hayan entregado al grupo delictivo de Los Guerreros Unidos, según la versión oficial, a petición de la administración del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, a quien la autoridad identifica como miembro de esa organización delictiva.
Son los nuevos escuadrones de la muerte que actúan a la par y junto a los políticos. La ecuación se ha invertido: los parapolíticos al servicio de la violencia.
La matanza de estudiantes en Tlatelolco a manos de militares radicalizó la oposición al régimen al PRI. La masacre de 22 civiles en Tlatlaya en una acción del Ejército y la desaparición de 43 normalistas en Iguala también pueden ser el preludio de una nueva etapa de violencia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
Se trataba de grupos auspiciados y entrenados por agentes del Estado, civiles y militares, cuya tarea era exterminar a quienes consideraban como enemigos en su cruzada anticomunista, durante la era de la Guerra Fría.
En México, el Ejército y los civiles en el poder no fueron ajenos a esa persecución y se valieron también de la guerra sucia para acabar contra quienes habían optado por la oposición armada, aunque no sólo contra ellos. Los Halcones y La Brigada Blanca fueron dos de los grupos paramilitares creados para la defensa del régimen del PRI.
Fue una guerra sucia porque para combatirlos violaron cuanto pudieron, tanto las leyes nacionales como los principios internacionales de los conflictos. Sus métodos eran la tortura, la violación, las detenciones sin orden judicial y las ejecuciones de forma sumaria. Se cuentan por miles los detenidos desaparecidos.
Ninguno de los responsables de esos crímenes entre la década de lo sesenta y entrados los años ochenta fue castigado en nuestro país, dejando un mensaje de impunidad como impronta. Ni los jefes de esos grupos ni los militares fueron castigados. Muchos menos su jefatura política. Eran los políticos los que mandaban, los que usaban y controlaban esos aparatos.
Con el fin de la Guerra Fría, despojados de ideología, los políticos se volvieron pragmáticos. El poder político dejó de ser una disputa ideológica y el Estado se convirtió en un mero regulador del mercado. Los países se convirtieron en mercados, los pueblos en consumidores y los políticos en piezas de la oferta y la demanda.
En el mercado ilegal de las drogas, los políticos también han ido definiendo su rol. Primero empezaron a controlar a las bandas que disputaban el trasiego, participando en las ganancias. Jefes militares no han sido ajenos a esos arreglos.
Luego, también a cambio de dinero, los jefes políticos cedieron el control de la policía. Después abrieron las puertas de los ayuntamientos y en el caso de no pocos presidentes municipales acabaron siendo impuestos por la delincuencia organizada.
Fue un proceso similar al ocurrido en la relación de los narcotraficantes mexicanos con los colombianos. De meros transportistas de cocaína, los mexicanos acabaron controlando los cargamentos que salen de Colombia hacia Estados Unidos.
Del control policial y municipal por parte de la delincuencia, ya sólo hay un paso para llegar al Congreso local.
Ejemplos sobran. De ahí a las gubernaturas y al Congreso de la Unión, otro paso más. Los ejecutivos estatales y el federal tampoco han sido ajenos a esa degradación institucional que está dando lugar a un Estado mafioso.
Sólo la hipocresía explica las confrontaciones verbales de la clase política por la matanza de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, a manos de una nueva clase de escuadrones de la muerte, que lo mismo actúa para el control territorial y distribución de drogas, que para acabar con los opositores de sus integrantes –ya no sólo protectores– políticos.
No hay partido político en México que desde hace lustros no haya servido a la delincuencia organizada. Gobernadores del PRI, diputados del PAN, presidentes municipales del PRD, algunos representantes del Verde, del PT y otros lo demuestran. Las siglas y cargos se pueden intercambiar y el resultado es el mismo.
Pocos han sido los políticos procesados penalmente, algunos son investigados en Estados Unidos, alguno ha muerto en enfrentamientos con el Ejército, unos más están prófugos y un número creciente ha sido asesinado o sufrido atentados, como reflejo de la inestabilidad del mercado al que han decidido entrar.
Guerrero fue el centro de la guerra sucia en México en los años sesenta y hasta entrados los años ochenta. Ahora lo es de ese nuevo tipo de escuadrones de la muerte en el que los políticos han creado una zona gris con la delincuencia organizada, en la que los poderes formales se han fundido con el poder ilegal.
Eso explica que policías municipales de Iguala hayan subido a sus patrullas a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa y los hayan entregado al grupo delictivo de Los Guerreros Unidos, según la versión oficial, a petición de la administración del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, a quien la autoridad identifica como miembro de esa organización delictiva.
Son los nuevos escuadrones de la muerte que actúan a la par y junto a los políticos. La ecuación se ha invertido: los parapolíticos al servicio de la violencia.
La matanza de estudiantes en Tlatelolco a manos de militares radicalizó la oposición al régimen al PRI. La masacre de 22 civiles en Tlatlaya en una acción del Ejército y la desaparición de 43 normalistas en Iguala también pueden ser el preludio de una nueva etapa de violencia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
miércoles, 8 de octubre de 2014
Gobierno obstaculiza trabajo de forenses argentinos en caso de normalistas desaparecidos, denuncian familiares
Desde el lunes, peritos argentinos se encuentran recabando pruebas de ADN de los familiares de los jóvenes desaparecidos; sin embargo, la Procuraduría General de Justicia de Guerrero y la Procuraduría General de la República (PGR) han obstaculizado su labor, pues no se les ha permitido que accedan al análisis de los cuerpos hallados en fosas clandestinas de Iguala para descartar que se traten de los normalistas.
Familiares de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 y 27 de septiembre acusaron al gobierno Federal y estatal de obstaculizar la integración del equipo de antropólogos forenses argentinos a las investigaciones que se llevan a cabo en Iguala, Guerrero.
Desde el lunes, peritos argentinos se encuentran recabando pruebas de ADN de los familiares de los jóvenes desaparecidos; sin embargo, la Procuraduría General de Justicia de Guerrero y la Procuraduría General de la República (PGR) han obstaculizado su labor, pues no se les ha permitido que accedan al análisis de los cuerpos hallados en fosas clandestinas de Iguala para descartar que se traten de los normalistas.
En conferencia de prensa, Melitón Ortega, padre de Mauricio Ortega, expresó su desconfianza en las investigaciones oficiales, toda vez que “el gobierno está coludido”, pues quienes atentaron contra los jóvenes “no fueron narcos, fue la policía”. Por ello exigieron a los dos niveles de gobierno, federal y estatal, que otorguen las facilidades necesarias al equipo extranjero.
Omar García, integrante del comité ejecutivo estudiantil de la normal de Ayotzinapa y sobreviviente del ataque, aseguró que las acciones llevadas a cabo hasta el momento por parte del gobierno federal y estatal es una “pantomima de búsqueda” y que a 13 días de la desaparición “no estamos para jueguitos”.
De acuerdo con la abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Maribel González, aunque la PGR atrajo la investigación del caso no hay claridad sobre su intervención en la búsqueda y resguardo de las pruebas periciales, pues la procuraduría estatal aún está investigando. Incluso, ambas autoridades realizan por separado las mismas diligencias, como la toma de muestras de ADN de los familiares.
Insistió en que el gobierno federal pretende desviar la atención al señalar como responsables a miembros del crimen organizado; sin embargo, se trata de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales cometidas por autoridades municipales y, por tanto, el Estado Mexicano debe asumir su responsabilidad.
En tanto, Amnistía Internacional (AI) capítulo México, solicitó las medidas de protección para los sobrevivientes y familiares de los desaparecidos, toda vez que han sido hostigados en los últimos días por personas que se presentan en sus casas y dan información falsa sobre la localización de los jóvenes.
Perseo Quiroz, director de AI en nuestro país, pidió que el presidente Enrique Peña Nieto acelere la investigación sobre lo ocurrido y que no sean “solo declaraciones”. Además, que el Estado Mexicano repare el daño a las víctimas y garantice la “no repetición”.
Agresión militar
Según Omar García, tras la segunda agresión, ocurrida en la madrugada del 27 de septiembre, se presentaron militares pero no para auxiliarlos, sino para detenerlos por el supuesto delito de allanamiento de morada.
García relató que los militares los amagaron y les quitaron sus celulares y en algún momento intentaron subirlos a los vehículos oficiales, pero desistieron al ver la gravedad de Edgar Andrés Vargas, que minutos antes había recibido un impacto de bala en la cara.
“Les dijimos que nos ayudaran a llevar al compañero al hospital, que en cualquier guerra se atiende a los heridos, aunque esta no era una guerra”, dijo Omar. Sin embargo, los uniformados ignoraron la petición y en cambio se burlaron de lo ocurrido.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
Familiares de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 y 27 de septiembre acusaron al gobierno Federal y estatal de obstaculizar la integración del equipo de antropólogos forenses argentinos a las investigaciones que se llevan a cabo en Iguala, Guerrero.
Desde el lunes, peritos argentinos se encuentran recabando pruebas de ADN de los familiares de los jóvenes desaparecidos; sin embargo, la Procuraduría General de Justicia de Guerrero y la Procuraduría General de la República (PGR) han obstaculizado su labor, pues no se les ha permitido que accedan al análisis de los cuerpos hallados en fosas clandestinas de Iguala para descartar que se traten de los normalistas.
En conferencia de prensa, Melitón Ortega, padre de Mauricio Ortega, expresó su desconfianza en las investigaciones oficiales, toda vez que “el gobierno está coludido”, pues quienes atentaron contra los jóvenes “no fueron narcos, fue la policía”. Por ello exigieron a los dos niveles de gobierno, federal y estatal, que otorguen las facilidades necesarias al equipo extranjero.
Omar García, integrante del comité ejecutivo estudiantil de la normal de Ayotzinapa y sobreviviente del ataque, aseguró que las acciones llevadas a cabo hasta el momento por parte del gobierno federal y estatal es una “pantomima de búsqueda” y que a 13 días de la desaparición “no estamos para jueguitos”.
De acuerdo con la abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Maribel González, aunque la PGR atrajo la investigación del caso no hay claridad sobre su intervención en la búsqueda y resguardo de las pruebas periciales, pues la procuraduría estatal aún está investigando. Incluso, ambas autoridades realizan por separado las mismas diligencias, como la toma de muestras de ADN de los familiares.
Insistió en que el gobierno federal pretende desviar la atención al señalar como responsables a miembros del crimen organizado; sin embargo, se trata de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales cometidas por autoridades municipales y, por tanto, el Estado Mexicano debe asumir su responsabilidad.
En tanto, Amnistía Internacional (AI) capítulo México, solicitó las medidas de protección para los sobrevivientes y familiares de los desaparecidos, toda vez que han sido hostigados en los últimos días por personas que se presentan en sus casas y dan información falsa sobre la localización de los jóvenes.
Perseo Quiroz, director de AI en nuestro país, pidió que el presidente Enrique Peña Nieto acelere la investigación sobre lo ocurrido y que no sean “solo declaraciones”. Además, que el Estado Mexicano repare el daño a las víctimas y garantice la “no repetición”.
Agresión militar
Según Omar García, tras la segunda agresión, ocurrida en la madrugada del 27 de septiembre, se presentaron militares pero no para auxiliarlos, sino para detenerlos por el supuesto delito de allanamiento de morada.
García relató que los militares los amagaron y les quitaron sus celulares y en algún momento intentaron subirlos a los vehículos oficiales, pero desistieron al ver la gravedad de Edgar Andrés Vargas, que minutos antes había recibido un impacto de bala en la cara.
“Les dijimos que nos ayudaran a llevar al compañero al hospital, que en cualquier guerra se atiende a los heridos, aunque esta no era una guerra”, dijo Omar. Sin embargo, los uniformados ignoraron la petición y en cambio se burlaron de lo ocurrido.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
“Miles de desapariciones continúan con Peña” (carta de Human Rights Watch a Osorio Chong)
La organización envía al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, una carta donde denuncia que en México hay una crisis profunda en la materia de derechos humanos.
Human Rights Watch envió al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, una carta donde denuncia que en México hay una crisis profunda en la materia de derechos humanos.
“Los esfuerzos del gobierno mexicano para combatir la desaparición forzada de personas y los secuestros están plagados de demoras inexplicables y declaraciones contradictorias”, dice la organización en la misiva enviada ayer, 7 de octubre.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de ese organismo, explicó que demandan una investigación seria y resultados inmediatos al gobierno mexicano en el tema de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y de las ejecuciones de Tlatlaya.
Lee la carta íntegra aquí; la reproducción, a continuación:
De mi mayor consideración:
Tengo el honor de dirigirme a Ud. con el propósito de transmitirle la preocupación de Human Rights Watch ante los limitados avances de México en casos de desapariciones forzadas y de personas llevadas ilegalmente contra su voluntad. Si bien esta grave crisis de derechos humanos comenzó durante el gobierno anterior, han ocurrido miles de casos durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y sigue afectando a muchísimos mexicanos en la actualidad.
En febrero de 2013, Human Rights Watch publicó el informe “Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada”, donde se documentan casi 250 desapariciones ocurridas durante el gobierno del Presidente Felipe Calderón. Como posiblemente recuerde, encontramos evidencias convincentes de que 149 de esos casos constituyeron desapariciones forzadas, en las cuales estaban involucrados agentes de todas las fuerzas de seguridad, incluidos el Ejército, la Marina, la policía federal y las policías locales. También documentamos que las autoridades en general no investigaban estas desapariciones, ni hallaban a las víctimas o perseguían penalmente a los responsables[1].
Cabe reconocer que, en respuesta a la publicación del informe, el gobierno de Peña Nieto admitió la gravedad del problema y anunció una serie de iniciativas destinadas a encontrar a personas cuyo paradero se desconocía, y a brindar asistencia a las víctimas y sus familiares.
Sin embargo, desde entonces, los esfuerzos del gobierno se han visto eclipsados por demoras inexplicables y declaraciones públicas contradictorias, y las medidas adoptadas han tenido resultados muy limitados.
Para evaluar cabalmente la respuesta del gobierno, Human Rights Watch realizó recientemente una misión de investigación a México, durante la cual se reunió con un amplio espectro de altos funcionarios gubernamentales, así como con abogados de víctimas, especialistas en seguridad pública, representantes de la sociedad civil y miembros de la comunidad internacional.
Comprobamos que —aunque algunos funcionarios, especialmente en la Procuraduría General de la República, están genuinamente comprometidos con avanzar en la búsqueda de personas no localizadas y proveer asistencia a las víctimas— las actuaciones del gobierno en general están muy por debajo de lo requerido para asegurar que México cumpla con su obligación jurídica internacional de abordar esta crisis de derechos humanos.
Determinar la magnitud del problema
Tras la presentación de nuestro informe de 2013, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) reconoció la existencia de una lista, confeccionada por el gobierno anterior, de más de 26.000 personas que habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas[2]. Debido a que esta lista era deficiente e incompleta, SEGOB se comprometió a examinar los casos, eliminar aquellos que ya no correspondiera incluir en ella y determinar con mayor precisión la magnitud y la naturaleza del problema de las desapariciones en México.
No obstante, transcurrió más de un año sin que hubiera novedades sobre la actualización de la lista. Y cuando este largo silencio finalmente se interrumpió, fue con una serie de anuncios contradictorios por parte de funcionarios que, más que aportar claridad, generaron mayor confusión.
En mayo pasado, Ud. señaló que la cantidad de personas desaparecidas o extraviadas había descendido a 8.000. Posteriormente, en junio, el subprocurador de derechos humanos de la Procuraduría General de la República indicó que la cifra de 8.000 incluía únicamente a personas extraviadas durante el gobierno de Peña Nieto. Más tarde ese mismo mes, Ud. anunció en una conferencia de prensa que en México todavía se desconocía el paradero de 16.000 personas[3]. Por último, el 21 de agosto, SEGOB y la PGR anunciaron que la cantidad de “personas no localizadas” en México era superior a 22.000, incluidos los casos tanto de la presidencia de Calderón como los de la presidencia de Peña Nieto[4].
Este cálculo más reciente parecería ser el más confiable hasta la fecha. No obstante, no es posible tener certezas sobre la base de la información brindada por el gobierno. Para empezar, la lista completa de casos no ha sido difundida. En vez de ello, el gobierno ha proporcionado simplemente una base de datos en línea que permite a las personas determinar si ciertos casos concretos están en la lista, pero no indica prácticamente nada sobre los casos en cuestión, más allá de la fecha y el lugar donde la persona fue vista por última vez, y datos de identificación mínimos como género o edad[5].
Algunos interrogantes clave continúan sin respuesta. Por ejemplo, el gobierno informó que la cantidad de personas no localizadas del período de Calderón había descendido a 12.000. Sin embargo, ¿cómo es que esta cifra se redujo de manera tan significativa? Según el gobierno, la mayoría de los casos eliminados de la lista correspondían a personas que habían sido halladas con vida. No obstante, el gobierno no ha hecho públicos los nombres de estas personas ni aportado información sobre estos casos que permita corroborar tal afirmación.
La base de datos tampoco aclara cuántas de las personas que continúan sin ser localizadas o fueron halladas muertas habían sido víctimas de desaparición (es decir, personas que fueron llevadas contra su voluntad). Resulta particularmente preocupante que la base de datos no prevé modo alguno para determinar cuántos de los casos involucran a víctimas de presuntas “desapariciones forzadas” perpetradas por agentes estatales, como miembros de fuerzas de seguridad, sobre los cuales el Estado mexicano tiene responsabilidad directa. Según autoridades gubernamentales entrevistadas por Human Rights Watch, apenas una minoría de los miles de casos de personas “no localizadas” serían presuntos casos de desapariciones forzadas[6]. Si bien esto podría ser cierto, las evidencias recabadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una unidad de la PGR que se ocupa de la investigación de desapariciones, así como las investigaciones que ha llevado a cabo Human Rights Watch, sugieren que esta cantidad podría ser igualmente muy significativa[7].
Por último, la base de datos no aporta información sobre avances en la investigación y persecución penal de casos en los cuales se puedan haber cometido delitos (incluidas graves violaciones de derechos humanos), y esto dificulta la posibilidad de evaluar en qué medida México está cumpliendo con su obligación jurídica internacional de llevar a los responsables de abusos ante la justicia[8].
Es decir, la información difundida por el gobierno ha suscitado tantos interrogantes como preguntas ha esclarecido con respecto a la magnitud del problema y a la eficacia con que el gobierno está respondiendo a él.
Encontrar a las personas ausentes
En reuniones con Human Rights Watch, representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SEGOB y la PGR indicaron que la prioridad del gobierno, en consonancia con las solicitudes recibidas de las víctimas y sus familias, es encontrar con vida a las personas cuyo paradero se desconoce[9].
Con ese fin, el gobierno ha impulsado diversas iniciativas potencialmente prometedoras. Una de ellas es el sistema “Alerta Amber”, creado inicialmente por el gobierno de Calderón en mayo de 2012[10]. Por medio de este sistema, cuando se denuncia como ausente a un menor de edad o una mujer, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) analiza la denuncia y puede activar la alerta enviando información sobre la persona extraviada a las autoridades relevantes a nivel estatal, nacional e internacional[11]. A través de este procedimiento, FEVIMTRA pudo localizar a 214 menores y mujeres cuyo paradero se desconocía desde 2011, todos ellos vivos a excepción de dos[12].
El gobierno actual también ha estado trabajando en la creación de un mecanismo de “búsqueda urgente” para dar con el paradero de cualquier persona (no sólo niños, niñas o mujeres) inmediatamente después de que se haya presentado una denuncia de desaparición. Según ha sido previsto por el gobierno, sería aplicado durante las primeras 48 horas por agentes especializados que operan desde las distintas procuradurías de los estados[13]. Si bien el gobierno ha creado una red nacional de 160 funcionarios para implementar este mecanismo, en agosto aún no había terminado de definir su diseño[14].
Una iniciativa más ambiciosa ha sido la creación, en junio de 2013, de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, una unidad especial de la PGR con facultades específicamente para investigar desapariciones y buscar a las víctimas[15]. A mediados de agosto de 2014, eran cerca de 190 las personas que trabajaban en la unidad, incluidos 30 agentes del Ministerio Público, con aproximadamente 15 casos a cargo de cada uno[16]. Hasta el 9 de julio de 2014, la unidad había encontrado a 86 personas (29 muertas y 57 con vida)[17].
Aunque la creación de esta unidad representa una medida importante, funcionarios de esa entidad nos dijeron que si bien el Procurador General de la República le había asignado carácter prioritario a esta área de trabajo, no contaban con recursos suficientes para gestionar el volumen de casos a su cargo[18]. En vez de asegurar que tenga estos recursos, el gobierno decidió recientemente reducir drásticamente el presupuesto de la unidad[19].
Por último, en febrero de 2013, la PGR y SEGOB firmaron un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para generar una base de datos exhaustiva con información estandarizada sobre restos no identificados y casos de personas cuyo paradero sea desconocido[20]. Esta “Base de Datos Ante-Mortem – Post-Mortem” es una plataforma electrónica donada por la CICR con capacidad para cruzar datos y determinar si alguno de los cuerpos no identificados pertenece a alguna de las personas denunciadas como extraviadas.
Esta nueva base de datos podría ser crucial para determinar el paradero de muchas de las personas desaparecidas, permitir que las familias puedan recuperar los restos de sus seres queridos y facilitar investigaciones penales que podrían posibilitar que se juzgue a los autores de delitos.
No obstante, hasta agosto de 2014, solamente seis jurisdicciones habían firmado un acuerdo adicional para que la CICR les donara el software necesario, y al momento de la redacción de esta carta el sistema no estaba funcionando en ninguna de ellas[21]. Las autoridades trabajan actualmente en la finalización de protocolos para determinar qué información debería ser recabada y volcada a la base de datos, así como en la capacitación de funcionarios y la elaboración de un censo de cementerios y fosas clandestinas en el país[22]. Han efectuado, asimismo, un diagnóstico de la infraestructura existente de servicios forenses locales en todos los estados, e instalado 95 “laboratorios móviles” de la PGR en todo el país para apoyar a agentes del Ministerio Público locales[23].
Si bien las autoridades de la PGR esperan que la plataforma con información de algunos de los estados esté funcionando para diciembre de 2014, no hay una fecha prevista para que la totalidad del sistema esté operativo en todo el país[24].
Asistencia a las víctimas
En enero de 2013, el gobierno aprobó una Ley de Víctimas para proveer medidas de justicia y reparación para víctimas de delitos. Por medio de la ley se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), encargada de brindar asistencia legal y psicológica a víctimas de delitos, establecer un Registro Nacional de Víctimas y administrar un fondo que permitiera otorgarles reparaciones adecuadas[25].
La CEAV se estableció formalmente en enero de 2014[26]. Hasta agosto, tenía a su cargo cerca de 4.000 casos, de los cuales 1.712 eran casos de desapariciones, y todavía se encontraba trabajando en el Registro Nacional de Víctimas, que esperaba estuviera listo para mediados de 2015[27].
Sin embargo, miembros de la CEAV indicaron a Human Rights Watch que no podían otorgarles reparaciones a las víctimas debido a que el gobierno no había reglamentado la Ley de Víctimas, un paso que debería haber cumplido hace un año. Sin tal reglamentación, la CEAV no puede ejecutar el presupuesto de cerca de 500 millones de pesos mexicanos (aproximadamente USD 38 millones), que ya fue aprobado por el Congreso de México para ese fin dentro del presupuesto federal[28].
Además de la CEAV, en abril de 2013, el gobierno creó una oficina en el ámbito de SEGOB que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos, con la misión concreta de apoyar a víctimas de delitos[29]. En agosto, la oficina brindaba asistencia psicológica, legal y social a víctimas de delitos, incluidas aproximadamente 700 familias de víctimas de desapariciones[30].
La Ley de Víctimas dispone expresamente que el gobierno debe asegurar que los familiares de víctimas de desaparición “ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar”[31]. No obstante, el proceso por el cual se declara formalmente “ausente” a una persona extraviada y luego se establece su “presunción de muerte” no resulta adecuado para reconocer formalmente casos de desapariciones y atender las necesidades de las familias de las víctimas[32]. La CEAV, la PGR y SEGOB reconocen la necesidad urgente de modificar las normas existentes, pero hasta agosto ninguna había presentado públicamente un proyecto legislativo con ese fin[33].
Justicia por abusos
El informe publicado en 2013 por Human Rights Watch demostró que en general el gobierno no había efectuado investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales de casos de presuntas desapariciones forzadas. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es común que los agentes del Ministerio Público no cumplan con pasos elementales durante la investigación para asegurar que las víctimas obtengan acceso a la justicia[34].
Hasta abril de 2014, ninguna persona había sido condenada por desapariciones forzadas ocurridas después de 2006, según surge de estadísticas oficiales aportadas por el gobierno de México al Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas. El informe gubernamental indica que, entre 2006 and 2013, las autoridades iniciaron 99 averiguaciones previas por presuntos delitos de desaparición forzada a nivel federal, y 192 en el ámbito de los estados[35]. En el orden federal, se dictaron seis condenas contra seis acusados por la desaparición forzada de siete víctimas, pero todas esas desapariciones se habían producido antes del gobierno de Calderón[36].
Prevención del delito
En agosto de 2014, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación indicó a Human Rights Watch que la estrategia del gobierno de prevención del delito aspira a “reducir los niveles de violencia” y lograr que “no haya desaparecidos”[37]. Sin embargo, el Programa Nacional para Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, adoptado por el gobierno y publicado en abril de 2014 con el propósito de definir de manera general sus estrategias y objetivos en materia de prevención del delito y seguridad ciudadana para los próximos cuatro años, no hace siquiera mención del problema de las desapariciones[38].
En la reunión con Human Rights Watch, el Subsecretario Campa manifestó interés en entablar contacto con organizaciones de la sociedad civil que trabajen en este tema. El 26 de agosto, Human Rights Watch proporcionó datos de contacto de algunas de las principales organizaciones. A la fecha de redacción de esta carta, las organizaciones no han sido contactadas por la Subsecretaría para abordar este asunto.
Recomendaciones
Cabe concluir que, si bien el gobierno mexicano ha adoptado algunas medidas en la dirección acertada, se necesitan acciones mucho más enérgicas para hacer frente a esta crisis de derechos humanos.
La prioridad principal debería ser impulsar medidas de persecución penal y justicia en casos de desaparición forzada. Concretamente, el gobierno debería priorizar la investigación penal de presuntos casos de desapariciones forzadas, asegurando que la unidad especial de la PGR, y otros agentes del Ministerio Público con competencia, cuenten con los recursos y el personal que necesitan para hacer su trabajo, y que los investigadores reciban cooperación plena y activa de parte de todas las instituciones federales y de los estados.
Otra prioridad central debería ser acelerar la implementación en todo el país de la Base de Datos Ante-Mortem – Post-Mortem que, una vez en funcionamiento, podría jugar un papel clave al brindar la información necesaria para que las familias de personas desaparecidas encuentren a sus seres queridos, para que los agentes del Ministerio Público lleven adelante investigaciones penales y para que los responsables de la adopción de políticas públicas y la sociedad mexicana comprendan la verdadera naturaleza y magnitud de la crisis de derechos humanos que atraviesa México.
Entre otros pasos cruciales que el gobierno debería adoptar se incluyen:
Dar a conocer los nombres de las 30,000 personas cuyo paradero se desconocía y fueron encontradas, así como de las 22,000 personas que siguen sin ser localizadas;
Reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir denuncias de desapariciones forzadas presentadas por personas y Estados, e invitar a sus miembros a que realicen una visita oficial a México;
Asegurar que la definición de desaparición forzada contenida en los distintos códigos penales, tanto a nivel federal como en los estados, sea coherente en las diferentes jurisdicciones e incluya todas las conductas contempladas en las definiciones establecidas por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En especial, debe asegurarse que la definición incluya las desapariciones cometidas por organizaciones o personas que actúen en representación de funcionarios estatales, o con su apoyo (directo o indirecto), su consentimiento o aquiescencia;
Modificar la definición y el proceso de declaración de ausencia establecido en el Código Civil Federal para evitar que los familiares de personas desaparecidas pierdan el acceso a servicios sociales básicos, y promover reformas similares en el ámbito de los estados;
Reglamentar la Ley General de Víctimas;
Adoptar una estrategia clara de prevención del delito para frenar las desapariciones, que incluya un análisis profundo del modus operandi de las fuerzas de seguridad en casos de presunta desaparición forzada;
Elaborar indicadores claros para medir el avance en la implementación de los objetivos del Programa Nacional de Derechos Humanos vinculados con el problema de las desapariciones; y
Tomar la iniciativa para asegurar una colaboración efectiva entre autoridades federales y de los estados, así como entre las distintas autoridades federales con mandatos similares.
Esperamos que las recomendaciones anteriores sean tenidas en cuenta al adoptar las medidas necesarias para abordar esta crisis de derechos humanos.
Aprovecho la oportunidad para expresar los sentimientos de mi más alta consideración y estima.
Atentamente,
José Miguel Vivanco
Director Ejecutivo, División de las Américas
CC: Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
Human Rights Watch envió al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, una carta donde denuncia que en México hay una crisis profunda en la materia de derechos humanos.
“Los esfuerzos del gobierno mexicano para combatir la desaparición forzada de personas y los secuestros están plagados de demoras inexplicables y declaraciones contradictorias”, dice la organización en la misiva enviada ayer, 7 de octubre.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de ese organismo, explicó que demandan una investigación seria y resultados inmediatos al gobierno mexicano en el tema de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y de las ejecuciones de Tlatlaya.
Lee la carta íntegra aquí; la reproducción, a continuación:
De mi mayor consideración:
Tengo el honor de dirigirme a Ud. con el propósito de transmitirle la preocupación de Human Rights Watch ante los limitados avances de México en casos de desapariciones forzadas y de personas llevadas ilegalmente contra su voluntad. Si bien esta grave crisis de derechos humanos comenzó durante el gobierno anterior, han ocurrido miles de casos durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y sigue afectando a muchísimos mexicanos en la actualidad.
En febrero de 2013, Human Rights Watch publicó el informe “Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada”, donde se documentan casi 250 desapariciones ocurridas durante el gobierno del Presidente Felipe Calderón. Como posiblemente recuerde, encontramos evidencias convincentes de que 149 de esos casos constituyeron desapariciones forzadas, en las cuales estaban involucrados agentes de todas las fuerzas de seguridad, incluidos el Ejército, la Marina, la policía federal y las policías locales. También documentamos que las autoridades en general no investigaban estas desapariciones, ni hallaban a las víctimas o perseguían penalmente a los responsables[1].
Cabe reconocer que, en respuesta a la publicación del informe, el gobierno de Peña Nieto admitió la gravedad del problema y anunció una serie de iniciativas destinadas a encontrar a personas cuyo paradero se desconocía, y a brindar asistencia a las víctimas y sus familiares.
Sin embargo, desde entonces, los esfuerzos del gobierno se han visto eclipsados por demoras inexplicables y declaraciones públicas contradictorias, y las medidas adoptadas han tenido resultados muy limitados.
Para evaluar cabalmente la respuesta del gobierno, Human Rights Watch realizó recientemente una misión de investigación a México, durante la cual se reunió con un amplio espectro de altos funcionarios gubernamentales, así como con abogados de víctimas, especialistas en seguridad pública, representantes de la sociedad civil y miembros de la comunidad internacional.
Comprobamos que —aunque algunos funcionarios, especialmente en la Procuraduría General de la República, están genuinamente comprometidos con avanzar en la búsqueda de personas no localizadas y proveer asistencia a las víctimas— las actuaciones del gobierno en general están muy por debajo de lo requerido para asegurar que México cumpla con su obligación jurídica internacional de abordar esta crisis de derechos humanos.
Determinar la magnitud del problema
Tras la presentación de nuestro informe de 2013, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) reconoció la existencia de una lista, confeccionada por el gobierno anterior, de más de 26.000 personas que habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas[2]. Debido a que esta lista era deficiente e incompleta, SEGOB se comprometió a examinar los casos, eliminar aquellos que ya no correspondiera incluir en ella y determinar con mayor precisión la magnitud y la naturaleza del problema de las desapariciones en México.
No obstante, transcurrió más de un año sin que hubiera novedades sobre la actualización de la lista. Y cuando este largo silencio finalmente se interrumpió, fue con una serie de anuncios contradictorios por parte de funcionarios que, más que aportar claridad, generaron mayor confusión.
En mayo pasado, Ud. señaló que la cantidad de personas desaparecidas o extraviadas había descendido a 8.000. Posteriormente, en junio, el subprocurador de derechos humanos de la Procuraduría General de la República indicó que la cifra de 8.000 incluía únicamente a personas extraviadas durante el gobierno de Peña Nieto. Más tarde ese mismo mes, Ud. anunció en una conferencia de prensa que en México todavía se desconocía el paradero de 16.000 personas[3]. Por último, el 21 de agosto, SEGOB y la PGR anunciaron que la cantidad de “personas no localizadas” en México era superior a 22.000, incluidos los casos tanto de la presidencia de Calderón como los de la presidencia de Peña Nieto[4].
Este cálculo más reciente parecería ser el más confiable hasta la fecha. No obstante, no es posible tener certezas sobre la base de la información brindada por el gobierno. Para empezar, la lista completa de casos no ha sido difundida. En vez de ello, el gobierno ha proporcionado simplemente una base de datos en línea que permite a las personas determinar si ciertos casos concretos están en la lista, pero no indica prácticamente nada sobre los casos en cuestión, más allá de la fecha y el lugar donde la persona fue vista por última vez, y datos de identificación mínimos como género o edad[5].
Algunos interrogantes clave continúan sin respuesta. Por ejemplo, el gobierno informó que la cantidad de personas no localizadas del período de Calderón había descendido a 12.000. Sin embargo, ¿cómo es que esta cifra se redujo de manera tan significativa? Según el gobierno, la mayoría de los casos eliminados de la lista correspondían a personas que habían sido halladas con vida. No obstante, el gobierno no ha hecho públicos los nombres de estas personas ni aportado información sobre estos casos que permita corroborar tal afirmación.
La base de datos tampoco aclara cuántas de las personas que continúan sin ser localizadas o fueron halladas muertas habían sido víctimas de desaparición (es decir, personas que fueron llevadas contra su voluntad). Resulta particularmente preocupante que la base de datos no prevé modo alguno para determinar cuántos de los casos involucran a víctimas de presuntas “desapariciones forzadas” perpetradas por agentes estatales, como miembros de fuerzas de seguridad, sobre los cuales el Estado mexicano tiene responsabilidad directa. Según autoridades gubernamentales entrevistadas por Human Rights Watch, apenas una minoría de los miles de casos de personas “no localizadas” serían presuntos casos de desapariciones forzadas[6]. Si bien esto podría ser cierto, las evidencias recabadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una unidad de la PGR que se ocupa de la investigación de desapariciones, así como las investigaciones que ha llevado a cabo Human Rights Watch, sugieren que esta cantidad podría ser igualmente muy significativa[7].
Por último, la base de datos no aporta información sobre avances en la investigación y persecución penal de casos en los cuales se puedan haber cometido delitos (incluidas graves violaciones de derechos humanos), y esto dificulta la posibilidad de evaluar en qué medida México está cumpliendo con su obligación jurídica internacional de llevar a los responsables de abusos ante la justicia[8].
Es decir, la información difundida por el gobierno ha suscitado tantos interrogantes como preguntas ha esclarecido con respecto a la magnitud del problema y a la eficacia con que el gobierno está respondiendo a él.
Encontrar a las personas ausentes
En reuniones con Human Rights Watch, representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SEGOB y la PGR indicaron que la prioridad del gobierno, en consonancia con las solicitudes recibidas de las víctimas y sus familias, es encontrar con vida a las personas cuyo paradero se desconoce[9].
Con ese fin, el gobierno ha impulsado diversas iniciativas potencialmente prometedoras. Una de ellas es el sistema “Alerta Amber”, creado inicialmente por el gobierno de Calderón en mayo de 2012[10]. Por medio de este sistema, cuando se denuncia como ausente a un menor de edad o una mujer, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) analiza la denuncia y puede activar la alerta enviando información sobre la persona extraviada a las autoridades relevantes a nivel estatal, nacional e internacional[11]. A través de este procedimiento, FEVIMTRA pudo localizar a 214 menores y mujeres cuyo paradero se desconocía desde 2011, todos ellos vivos a excepción de dos[12].
El gobierno actual también ha estado trabajando en la creación de un mecanismo de “búsqueda urgente” para dar con el paradero de cualquier persona (no sólo niños, niñas o mujeres) inmediatamente después de que se haya presentado una denuncia de desaparición. Según ha sido previsto por el gobierno, sería aplicado durante las primeras 48 horas por agentes especializados que operan desde las distintas procuradurías de los estados[13]. Si bien el gobierno ha creado una red nacional de 160 funcionarios para implementar este mecanismo, en agosto aún no había terminado de definir su diseño[14].
Una iniciativa más ambiciosa ha sido la creación, en junio de 2013, de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, una unidad especial de la PGR con facultades específicamente para investigar desapariciones y buscar a las víctimas[15]. A mediados de agosto de 2014, eran cerca de 190 las personas que trabajaban en la unidad, incluidos 30 agentes del Ministerio Público, con aproximadamente 15 casos a cargo de cada uno[16]. Hasta el 9 de julio de 2014, la unidad había encontrado a 86 personas (29 muertas y 57 con vida)[17].
Aunque la creación de esta unidad representa una medida importante, funcionarios de esa entidad nos dijeron que si bien el Procurador General de la República le había asignado carácter prioritario a esta área de trabajo, no contaban con recursos suficientes para gestionar el volumen de casos a su cargo[18]. En vez de asegurar que tenga estos recursos, el gobierno decidió recientemente reducir drásticamente el presupuesto de la unidad[19].
Por último, en febrero de 2013, la PGR y SEGOB firmaron un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para generar una base de datos exhaustiva con información estandarizada sobre restos no identificados y casos de personas cuyo paradero sea desconocido[20]. Esta “Base de Datos Ante-Mortem – Post-Mortem” es una plataforma electrónica donada por la CICR con capacidad para cruzar datos y determinar si alguno de los cuerpos no identificados pertenece a alguna de las personas denunciadas como extraviadas.
Esta nueva base de datos podría ser crucial para determinar el paradero de muchas de las personas desaparecidas, permitir que las familias puedan recuperar los restos de sus seres queridos y facilitar investigaciones penales que podrían posibilitar que se juzgue a los autores de delitos.
No obstante, hasta agosto de 2014, solamente seis jurisdicciones habían firmado un acuerdo adicional para que la CICR les donara el software necesario, y al momento de la redacción de esta carta el sistema no estaba funcionando en ninguna de ellas[21]. Las autoridades trabajan actualmente en la finalización de protocolos para determinar qué información debería ser recabada y volcada a la base de datos, así como en la capacitación de funcionarios y la elaboración de un censo de cementerios y fosas clandestinas en el país[22]. Han efectuado, asimismo, un diagnóstico de la infraestructura existente de servicios forenses locales en todos los estados, e instalado 95 “laboratorios móviles” de la PGR en todo el país para apoyar a agentes del Ministerio Público locales[23].
Si bien las autoridades de la PGR esperan que la plataforma con información de algunos de los estados esté funcionando para diciembre de 2014, no hay una fecha prevista para que la totalidad del sistema esté operativo en todo el país[24].
Asistencia a las víctimas
En enero de 2013, el gobierno aprobó una Ley de Víctimas para proveer medidas de justicia y reparación para víctimas de delitos. Por medio de la ley se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), encargada de brindar asistencia legal y psicológica a víctimas de delitos, establecer un Registro Nacional de Víctimas y administrar un fondo que permitiera otorgarles reparaciones adecuadas[25].
La CEAV se estableció formalmente en enero de 2014[26]. Hasta agosto, tenía a su cargo cerca de 4.000 casos, de los cuales 1.712 eran casos de desapariciones, y todavía se encontraba trabajando en el Registro Nacional de Víctimas, que esperaba estuviera listo para mediados de 2015[27].
Sin embargo, miembros de la CEAV indicaron a Human Rights Watch que no podían otorgarles reparaciones a las víctimas debido a que el gobierno no había reglamentado la Ley de Víctimas, un paso que debería haber cumplido hace un año. Sin tal reglamentación, la CEAV no puede ejecutar el presupuesto de cerca de 500 millones de pesos mexicanos (aproximadamente USD 38 millones), que ya fue aprobado por el Congreso de México para ese fin dentro del presupuesto federal[28].
Además de la CEAV, en abril de 2013, el gobierno creó una oficina en el ámbito de SEGOB que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos, con la misión concreta de apoyar a víctimas de delitos[29]. En agosto, la oficina brindaba asistencia psicológica, legal y social a víctimas de delitos, incluidas aproximadamente 700 familias de víctimas de desapariciones[30].
La Ley de Víctimas dispone expresamente que el gobierno debe asegurar que los familiares de víctimas de desaparición “ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar”[31]. No obstante, el proceso por el cual se declara formalmente “ausente” a una persona extraviada y luego se establece su “presunción de muerte” no resulta adecuado para reconocer formalmente casos de desapariciones y atender las necesidades de las familias de las víctimas[32]. La CEAV, la PGR y SEGOB reconocen la necesidad urgente de modificar las normas existentes, pero hasta agosto ninguna había presentado públicamente un proyecto legislativo con ese fin[33].
Justicia por abusos
El informe publicado en 2013 por Human Rights Watch demostró que en general el gobierno no había efectuado investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales de casos de presuntas desapariciones forzadas. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es común que los agentes del Ministerio Público no cumplan con pasos elementales durante la investigación para asegurar que las víctimas obtengan acceso a la justicia[34].
Hasta abril de 2014, ninguna persona había sido condenada por desapariciones forzadas ocurridas después de 2006, según surge de estadísticas oficiales aportadas por el gobierno de México al Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas. El informe gubernamental indica que, entre 2006 and 2013, las autoridades iniciaron 99 averiguaciones previas por presuntos delitos de desaparición forzada a nivel federal, y 192 en el ámbito de los estados[35]. En el orden federal, se dictaron seis condenas contra seis acusados por la desaparición forzada de siete víctimas, pero todas esas desapariciones se habían producido antes del gobierno de Calderón[36].
Prevención del delito
En agosto de 2014, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación indicó a Human Rights Watch que la estrategia del gobierno de prevención del delito aspira a “reducir los niveles de violencia” y lograr que “no haya desaparecidos”[37]. Sin embargo, el Programa Nacional para Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, adoptado por el gobierno y publicado en abril de 2014 con el propósito de definir de manera general sus estrategias y objetivos en materia de prevención del delito y seguridad ciudadana para los próximos cuatro años, no hace siquiera mención del problema de las desapariciones[38].
En la reunión con Human Rights Watch, el Subsecretario Campa manifestó interés en entablar contacto con organizaciones de la sociedad civil que trabajen en este tema. El 26 de agosto, Human Rights Watch proporcionó datos de contacto de algunas de las principales organizaciones. A la fecha de redacción de esta carta, las organizaciones no han sido contactadas por la Subsecretaría para abordar este asunto.
Recomendaciones
Cabe concluir que, si bien el gobierno mexicano ha adoptado algunas medidas en la dirección acertada, se necesitan acciones mucho más enérgicas para hacer frente a esta crisis de derechos humanos.
La prioridad principal debería ser impulsar medidas de persecución penal y justicia en casos de desaparición forzada. Concretamente, el gobierno debería priorizar la investigación penal de presuntos casos de desapariciones forzadas, asegurando que la unidad especial de la PGR, y otros agentes del Ministerio Público con competencia, cuenten con los recursos y el personal que necesitan para hacer su trabajo, y que los investigadores reciban cooperación plena y activa de parte de todas las instituciones federales y de los estados.
Otra prioridad central debería ser acelerar la implementación en todo el país de la Base de Datos Ante-Mortem – Post-Mortem que, una vez en funcionamiento, podría jugar un papel clave al brindar la información necesaria para que las familias de personas desaparecidas encuentren a sus seres queridos, para que los agentes del Ministerio Público lleven adelante investigaciones penales y para que los responsables de la adopción de políticas públicas y la sociedad mexicana comprendan la verdadera naturaleza y magnitud de la crisis de derechos humanos que atraviesa México.
Entre otros pasos cruciales que el gobierno debería adoptar se incluyen:
Dar a conocer los nombres de las 30,000 personas cuyo paradero se desconocía y fueron encontradas, así como de las 22,000 personas que siguen sin ser localizadas;
Reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir denuncias de desapariciones forzadas presentadas por personas y Estados, e invitar a sus miembros a que realicen una visita oficial a México;
Asegurar que la definición de desaparición forzada contenida en los distintos códigos penales, tanto a nivel federal como en los estados, sea coherente en las diferentes jurisdicciones e incluya todas las conductas contempladas en las definiciones establecidas por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En especial, debe asegurarse que la definición incluya las desapariciones cometidas por organizaciones o personas que actúen en representación de funcionarios estatales, o con su apoyo (directo o indirecto), su consentimiento o aquiescencia;
Modificar la definición y el proceso de declaración de ausencia establecido en el Código Civil Federal para evitar que los familiares de personas desaparecidas pierdan el acceso a servicios sociales básicos, y promover reformas similares en el ámbito de los estados;
Reglamentar la Ley General de Víctimas;
Adoptar una estrategia clara de prevención del delito para frenar las desapariciones, que incluya un análisis profundo del modus operandi de las fuerzas de seguridad en casos de presunta desaparición forzada;
Elaborar indicadores claros para medir el avance en la implementación de los objetivos del Programa Nacional de Derechos Humanos vinculados con el problema de las desapariciones; y
Tomar la iniciativa para asegurar una colaboración efectiva entre autoridades federales y de los estados, así como entre las distintas autoridades federales con mandatos similares.
Esperamos que las recomendaciones anteriores sean tenidas en cuenta al adoptar las medidas necesarias para abordar esta crisis de derechos humanos.
Aprovecho la oportunidad para expresar los sentimientos de mi más alta consideración y estima.
Atentamente,
José Miguel Vivanco
Director Ejecutivo, División de las Américas
CC: Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
Detienen fuerzas rurales al alcalde con licencia de Tepalcatepec
Morelia, Mich. El presidente municipal con licencia de Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes, fue detenido por elementos de la Fuerza Rural y trasladado al inmueble de la asociación ganadera ―que sirvió de trinchera para los grupos de autodefensa, hoy es el cuartel de la recién integrada policía―, informaron autoridades de este ayuntamiento.
El edil de extracción priísta retornó con el propósito de integrarse a la presidencia municipal, cargo que abandonó hace más de un año cuando surgieron los grupos de autodefensa. El cabildo solicitó, ante la ausencia del alcalde, fuera removido del cargo, por lo que ante las presiones solicitó licencia por tiempo indefinido. Hace más de dos meses, a través de redes sociales, el alcalde había anunciado su retorno. Guillermo valencia acusó al comisionado federal Alfredo Castillo de haber orquestado su salida.
Hoy el comisionado Castillo realiza una gira de trabajo por esa región de Tierra Caliente para reunirse con líderes de autodefensas que pretenden levantarse en armas nuevamente, ante los problemas que han tenido con la Fuerza Rural, a la que acusan estar infiltrada por la delincuencia.
Valencia Reyes llegó a Tepalcatepec ayer en la noche, y hoy cuando pretendía realizar trámites en la notaría pública, fue detenido por policías rurales.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Ernesto Martínez Elorriaga
Grupo Alemán acuerda la compra de Oceanografía
El mexicano Grupo Alemán, propietario de la aerolínea Interjet, acordó la compra de la compañía de servicios petroleros Oceanografía, centro de un escándalo por créditos fraudulentos que le costó más de 500 millones de dólares a Citigroup, según una fuente familiarizada con la operación.
La adquisición tendrá que ser aprobada por los acreedores de Oceanografía como parte del concurso mercantil y los detalles finales de la transacción aún no han sido resueltos, dijo la fuente.
Oceanografía fue intervenida en febrero por el gobierno de México, después de ser inhabilitada para celebrar contratos públicos y acusada de defraudar a Banamex, unidad mexicana del gigante estadunidense Citigroup, por al menos 400 millones de dólares.
La cifra posteriormente fue revisada a más de 500 millones de dólares.
El juez encargado del concurso mercantil ordenó este verano suspender la sanción que impedía a Oceanografía obtener contratos del gobierno, allanando el camino para que la empresa reinicie su negocio.
Un vocero de Oceanografía remitió las preguntas sobre una posible compra a la agencia del gobierno encargada de administrar la empresa durante su concurso mercantil, donde declinaron hacer comentarios.
Una portavoz de Grupo Alemán (Galem), una compañía familiar de capital privado que también tiene intereses en el transporte marítimo, tampoco quiso comentar.
Los estados financieros de 2012 muestran que Oceanografía, que realizaba mantenimiento de ductos y operaba barcos para la petrolera estatal Pemex, recibió de ésta el 97 por ciento de sus ingresos, que alcanzaron los 12 mil 100 millones de pesos (unos 899.4 millones de dólares).
La empresa contaba con una flota y equipos con un valor de unos 16 mil 700 millones de pesos (unos mil 240 millones de dólares) a finales de 2012.
El procurador general de México, Jesús Murillo, dijo al Congreso el mes pasado que "no hubo fraude a Banamex porque el banco estaba de acuerdo con Oceanografía". En junio dijo que apuntaba a ordenar el arresto de tres empleados de Banamex en relación con el caso, pero ninguno de esos arrestos se ha concretado.
El director general de Banamex, Javier Arrigunaga, renunció el viernes al cargo y fue sustituido por Ernesto Torres Cantú.
FUENTE: LA JORNADA/ REUTERS
La adquisición tendrá que ser aprobada por los acreedores de Oceanografía como parte del concurso mercantil y los detalles finales de la transacción aún no han sido resueltos, dijo la fuente.
Oceanografía fue intervenida en febrero por el gobierno de México, después de ser inhabilitada para celebrar contratos públicos y acusada de defraudar a Banamex, unidad mexicana del gigante estadunidense Citigroup, por al menos 400 millones de dólares.
La cifra posteriormente fue revisada a más de 500 millones de dólares.
El juez encargado del concurso mercantil ordenó este verano suspender la sanción que impedía a Oceanografía obtener contratos del gobierno, allanando el camino para que la empresa reinicie su negocio.
Un vocero de Oceanografía remitió las preguntas sobre una posible compra a la agencia del gobierno encargada de administrar la empresa durante su concurso mercantil, donde declinaron hacer comentarios.
Una portavoz de Grupo Alemán (Galem), una compañía familiar de capital privado que también tiene intereses en el transporte marítimo, tampoco quiso comentar.
Los estados financieros de 2012 muestran que Oceanografía, que realizaba mantenimiento de ductos y operaba barcos para la petrolera estatal Pemex, recibió de ésta el 97 por ciento de sus ingresos, que alcanzaron los 12 mil 100 millones de pesos (unos 899.4 millones de dólares).
La empresa contaba con una flota y equipos con un valor de unos 16 mil 700 millones de pesos (unos mil 240 millones de dólares) a finales de 2012.
El procurador general de México, Jesús Murillo, dijo al Congreso el mes pasado que "no hubo fraude a Banamex porque el banco estaba de acuerdo con Oceanografía". En junio dijo que apuntaba a ordenar el arresto de tres empleados de Banamex en relación con el caso, pero ninguno de esos arrestos se ha concretado.
El director general de Banamex, Javier Arrigunaga, renunció el viernes al cargo y fue sustituido por Ernesto Torres Cantú.
FUENTE: LA JORNADA/ REUTERS
Se advierte debilidad institucional en algunas partes del país, reconoce Peña
Monterrey, NL. Al reconocer que el tema de la seguridad pública está en la preocupación de la sociedad mexicana y que se advierten señales de debilidad institucional en algunas partes del territorio nacional, el presidente Enrique Peña Nieto ubicó a Nuevo León como un ejemplo de que las crisis y la adversidad pueden superarse cuando existe voluntad y capacidad.
Puso el caso de la nueva policía de la entidad conocida como Fuerza Civil, que hoy tiene más de cuatro mil elementos y que constituyen -dijo- un referente “que hemos querido llevar a otros estados”.
El mandatario inauguró con una inversión de más de 200 millones de pesos, y sobre seis hectáreas, el Macrocentro Comunitario Cultural y Deportivo San Bernabé.
Se trata de una extensión que antes ocupaban basureros y en una de las zonas de mayor rezago económico de la capital de Nuevo León.
Peña Nieto insistió en que el compromiso compartido y la voluntad de alcanzar objetivos, sin evadir ni darle vueltas a los problemas, puede conseguir el logro en proyectos que eleven la calidad de vida de la población.
Aclamado por unas seis mil personas, mujeres en su mayoría, el jefe del Ejecutivo se dijo alentado por tener estos espacios de encuentro con quienes trabajan y sentir cobijo y respaldo a las acciones gubernamentales.
“Cuando hay sonrisas, expresiones de alegría y júbilo, quiere decir las que acciones que realizamos están dando resultados”, resaltó.
Con interés en subrayar la coordinación de acciones con autoridades locales, el jefe del Ejecutivo dijo que esto se realiza con voluntad regia, decidida y cabal en todo el país, “más allá del origen partidario de cada nivel de gobierno”.
En este acto no estuvo presente la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, a quien se ubica como posible candidata por el PAN para el gobierno de la entidad. Extraoficialmente se supo que ofreció disculpas a su inasistencia por tener reunión de cabildo.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ROSA ELVIRA VARGAS.
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