En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Iñaki Blanco Cabrera, explicó también que el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores, y el director de la corporación, Francisco Salgado Valladares, fueron acusados de los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones agravadas y desaparición forzada.
De acuerdo con el funcionario estatal, el alcalde de Iguala fue omiso en su responsabilidad de preservar los derechos de los estudiantes y de la población en general. “Prefirió seguir en un baile que investigar lo que estaba pasando con los normalistas”, subrayó.
Y confirmó que promoverán un juicio contra Abarca por “violación a las garantías de la población”, pues se le imputan seis homicidios y 43 desapariciones correspondientes a los normalistas.
Hasta ahora, agregó, se ha vinculado a 30 personas con los hechos ocurridos en Iguala, de las cuales se ha ejercido acción contra 22, y detalló que entre ellas hay 26 policías y cuatro miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos.
Sobre los 22 policías consignados, reveló que fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 4, ubicado en Tepic, Nayarit, como una “medida especial de seguridad para ellos”.
También confirmó que son seis las fosas halladas, en las cuales se encontraron 28 cuerpos, pero insistió que no puede asegurar que pertenezcan a los normalistas desaparecidos hasta que se realicen los peritajes correspondientes, que tardarían entre 15 días y dos meses.
Para ello, apuntó, intervienen la policía científica de la Policía Federal; la Procuraduría General de la República (PGR), a través de su coordinación General de Servicios Periciales, y peritos externos argentinos.
Blanco Cabrera comentó que de acuerdo con las versiones, los normalistas estaban boteando y habían ido por unos autobuses en los que viajarían a distintos puntos para las manifestaciones por el 2 de octubre, día en que se conmemora la masacre de Tlatelolco.
Asimismo, destacó que en el caso de la esposa del alcalde de Iguala, María de los Ángeles Pineda, presidenta del DIF municipal, no existe una investigación o señalamientos en su contra.
No hay una denuncia formal, pues nadie ha acudido a la PGJE a denunciar hechos en ese sentido, “estaríamos hablando de aspectos ligados a delincuencia organizada, se habla de hechos relacionados con los hermanos de la señora, pero en la dependencia no hay una denuncia al respecto hasta ahora”, dijo.
Sobre la detención de Abarca, Iñaki Cabrera manifestó que no se le podía aprehender por el fuero que lo ampara, aunque recordó que para ello ejercieron un juicio de procedencia.
El procurador detalló que el pasado lunes 6 la fiscalía general presentó ante el Congreso de Guerrero la solicitud de declaración de procedencia, que tiene como propósito que se retire el fuero constitucional al alcalde con licencia de Iguala.
“José Luis Abarca debe responder a los señalamientos en su contra como probable responsable de diversos ilícitos como homicidio, lesiones y desaparición forzada”, puntualizó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
