Cae Vicente Carrillo

Vicente Carrillo Fuentes, líder del Cártel de Juárez, fue detenido ayer en Coahuila gracias a que autoridades identificaron el vehículo que solía conducir.

Vicente Carrillo, “El Viceroy” fue detenido ayer, según informaron fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR).

El hermano del fallecido capo Amado Carrillo, “El Señor de los Cielos”, fue aprehendido junto con su escolta durante un operativo en Torreón, según confirmó el comisionado nacional de Seguridad (CNS) Monte Alejandro Rubido, quien detalló que el capo fue rastreado gracias a que se ubicó el vehículo que solía conducir.

Cuando fue presentado anoche en el hangar de la PGR, se le identificó como uno de los responsables de la ola de violencia en Ciudad Juárez, que por años fue considerada una de las ciudades más violentas del mundo.

Por su parte, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) felicitó al Gobierno mexicano por la detención de Carrillo Fuentes, y lo calificó como “uno de los narcotraficantes más notorios de la historia”. 

En un comunicado, la agencia estadounidense señaló que el detenido facilitó la violencia en México, mientras que “alimentó” la adicción a las drogas en otras partes del mundo. 

El trasfondo

El 30 de agosto, trascendió que representantes de cuatro de los principales grupos del crimen organizado de México habrían efectuado una reunión en algún lugar de Piedras Negras, Coahuila, en busca de una alianza.

Ahí, presuntamente se encontraba el líder del Cártel de Juárez.

De acuerdo a una nota de Reforma, el único capo que no asistió a la “cumbre” fue Héctor Beltrán Leyva, “El H”, quien el pasado 1 de octubre fue capturado por agentes de la PGR en un restaurante de San Miguel de Allende.

En la captura de ‘El Viceroy’ participaron grupos especiales de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Policía Federal, quienes trasladaron vía aérea al narcotraficante a la Ciudad de México.

Durante ese proceso, el aeropuerto en Torreón estuvo cerrado y los vuelos comerciales fueron suspendidos.

Carrillo Fuentes era uno de los capos más buscados por las autoridades mexicanas, quienes ofrecían una recompensa de 30 millones de pesos, mientras que el Gobierno de Estados Unidos ofrecía otros 5 millones de dólares.

Además de liderar al Cártel de Juárez, Vicente tenía a “La Línea” -que tiene base de operaciones en Ciudad Juárez- como su brazo armado.

En agosto de 2000, un jurado de Texas le había imputado 46 cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero. También enfrentaba acusaciones de asesinato.

El 11 de septiembre de 2004, la muerte de Rodolfo Carrillo Fuentes marcó la separación definitiva de los cárteles de Juárez y Sinaloa.

Según informes de la PGR y la Sedena, la ejecución del hermano menor de los Carrillo Fuentes habría sido ordenada por el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.  En 2008, Vicente se alió al Cártel del Golfo y a los hermanos Beltrán Leyva.

En el 2011, su hijo -Vicente Carrillo Leyva- fue sentenciado por lavado de dinero.

En ese entonces, la DEA señaló que “El Vicentillo” se dedicaba a funciones directivas y de ocultamiento de recursos ilícitos dentro de la organización estando bajo la tutela del jefe de la misma, su tío “El Viceroy”.

El año pasado, Alberto Carrillo Fuentes, alias “Betty la fea”, fue detenido en Tepic, Nayarit. 

Las capturas del sexenio

Desde que comenzó la actual administración,  el Gobierno federal ha dado duros golpes a diversos grupos del crimen organizado en el país, incluyendo el cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel de Sinaloa y ‘Los Zetas’. 

‘El H’
> Héctor Beltrán Leyva, líder del cártel que lleva sus apellidos, cayó a manos de soldados el pasado 1 de octubre en un restaurante de mariscos en San Miguel de Allende.

‘El Chapo’
> Fue el 22 de febrero de 2014 cuando capturaron en Mazatlán a Joaquín Guzmán Loera tras un operativo conjunto de la Marina mexicana y fuerzas de inteligencia de EU.

‘El Z-40’

>El 15 de julio del año pasado la Marina arrestó a Miguel Treviño Morales, entonces líder del cártel de “Los Zetas”. Su detención ocurrió en Anáhuac, Nuevo León.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.

Promete Peña castigar a agresores de normalistas… “en el estado de Iguala”

IRAPUATO, Gto. (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que su gobierno no descansará hasta atrapar a los agresores de los estudiantes normalistas “en el estado de Iguala” (sic).

Este nuevo dislate presidencial surgió durante su discurso al inaugurar el hospital materno-infantil construido en esta ciudad, justo cuando se refería al asesinato y desaparición de los estudiantes, así como al hallazgo de ‘narcofosas’, en que Peña Nieto ubicó los hechos “en el estado de Iguala”, en lugar de referirse correctamente a Guerrero.

En principio, Peña anunció en su mensaje que ordenó al gabinete de seguridad acelerar su trabajo y profundizar en las investigaciones para dar con los responsables de la masacre estudiantil, ya sea por negligencia o por intervención, “tope donde tope”.

En esta parte de su intervención, ratificó que el gobierno federal irá por quienes hayan solapado o tomado parte de los crímenes contra normalistas de Ayotzinapa, pues “es un hecho que no puede quedar impune; en pocas palabras, no cabe el menor resquicio de impunidad”, señaló.

Y vino la enésima confusión de Peña:

“Lo que ha ocurrido, los hechos que se han estado evidenciando, los descubrimientos de cuerpos, de fosas que se han encontrado, claramente deja ver el nivel de barbarie y el carácter inhumano que ha tenido este hecho en el estado de Iguala”.

El presidente afirmó que estos hechos empañan lo que llamó “el esfuerzo colectivo nacional que hay por realmente lograr de México un país de progreso y desarrollo”.

Por ello, añadió, él como presidente es “el primero en ser solidario” con las expresiones manifestadas en las protestas de ayer en 29 entidades del país y ciudades del mundo, mismas que “con justa razón demandan una investigación a fondo, y sobre todo, dar con los responsables”.

E insistió en que ha dado instrucciones al gabinete de seguridad “para que aceleren su trabajo, sus investigaciones” y pronto la sociedad mexicana conozca quiénes fueron los responsables “de estos hechos inaceptables”.

Peña Nieto estuvo en Irapuato unas pocas horas para inaugurar, junto con el gobernador Miguel Márquez, el Hospital Materno Infantil, que ha permanecido prácticamente sin funcionar desde que fue terminado, hace diez meses, porque se esperaba a que la agenda presidencial dispusiera de un espacio para que lo inaugurara.

El hospital requirió de una inversión de casi 260 millones de pesos y, ahora que por fin fue inaugurado por el presidente y comience a prestar servicios, tendrá una capacidad para atender a unas 300 mil mujeres en edad reproductiva de Irapuato y siete municipios de la región.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.

Llegó a México el “palacio flotante” del presidente

MÉXICO, D.F. (apro).- El avión que estrenará el presidente Enrique Peña Nieto, que costará a los mexicanos 7 mil 520 millones de pesos más otros mil millones para acondicionarle un hangar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), surcó ayer jueves el cielo de México procedente de Estados Unidos.

Se trata de un avión Boeing 787-8 Dreamliner, considerado el más caro del mundo por su lujoso equipamiento, y que llegó a la base aérea de Santa Lucía, en el Estado de México, para hacer maniobras de prueba.

La nueva aeronave, que aún está siendo acondicionada y que será estrenada por Peña hasta el próximo año, tendrá un hangar especial en el AICM, cuyo acondicionamiento costará por lo menos mil millones de pesos.

Así, el costo total del nuevo avión será, por lo menos, de 8 mil 520 millones de pesos, el doble de lo que este año gastarán todos los partidos políticos de México –4 mil millones– y una cantidad con la que se podrían construir ocho hospitales con 200 camas, 11 quirófanos, dos salas de partos y área de urgencias para atender a unas 240 mil personas.

En su versión comercial el avión Dreamliner tiene capacidad para 250 pasajeros, aunque el que estrenará Peña Nieto sólo tendrá 80 asientos, según reveló a Proceso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en una carta enviada en junio:

“De manera inicial se tiene considerado lo siguiente: un área de trabajo de 14 asientos para personal del Estado Mayor Presidencial, 24 asientos para funcionarios y 42 asientos para personal de apoyo y representantes de medios; un área de trabajo del titular del Ejecutivo federal, que consta de despacho y área de descanso”.

En esa carta de la SCT, en respuesta a un artículo de este reportero sobre el costo del nuevo avión, se recordó que fue Felipe Calderón el que contrató con Boing Company la adquisición del avión Boeing 787-8, MSN 40695, a través del titular de Hacienda, José Antonio Meade, actual secretario de Relaciones Exteriores.

“También la administración anterior dejó previsto un posible esquema de financiamiento a pagar en 15 años. En la actualidad se exploran diversas opciones de financiamiento para optar por la que resulte más conveniente para el gobierno de la República, sin que a la fecha se haya determinado alguna”.

En efecto, fue Calderón quien inicio el trámite de compra del nuevo avión presidencial y Peña lo avaló ya como presidente electo y, de acuerdo con el esquema de financiamiento acordado en 2012 y vigente hasta ahora, el Dreamliner costará 7 mil 520 millones de pesos, más otros mil millones por la adecuación del hangar.

De acuerdo con el Proyecto Público de Inversión de la SHCP, dado a conocer en agosto del año pasado por la revista Emeequis y el reportero Rafael Cabrera, en 2012 el gobierno pagó sólo 4.8 millones de pesos, el 2013 otros 70.8 millones y este año 219 millones.

Para 2015 se pagarán 425 millones, y de 2016 a 2027 la cuota anual será de 467.3 millones de pesos, de manera que el pago total del avión, conforme a este esquema financiero, será de 6 mil 308 millones de pesos.

A esta cantidad deben sumarse otros mil 211 millones de pesos por concepto de mantenimiento de la aeronave, lo que da una suma de 7 mil 520 millones de pesos.

Aunque el precio de contado de la aeronave era de mil 667 millones de pesos, su costo final será 350% más caro por el esquema de pagos elegido y se prolongará hasta el año 2027.

Conforme al contrato, la entrega del avión –que tiene una vida útil de sólo 25 años– está prevista para el 30 de este mes en las instalaciones de la empresa Boeing, en Washington, Estados Unidos, y Peña podrá estrenar ese “palacio volador” de inmediato.

Pese a que ayer llegó a México el lujoso Boeing 787-8 Dreamliner, denominado a menudo como un “palacio flotante”, la SCT precisó en junio que “el avión estará listo para ser utilizado por el presidente de la República y el Estado Mayor Presidencial en septiembre del año 2015”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.

AMLO llama a Peña “faraón acomplejado” por compra de avión; pedirá datos al Ifai

MÉXICO, D.F. (apro).- Andrés Manuel López Obrador informó que en los próximos días solicitará al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) información relacionada con la compra del nuevo avión presidencial.

Además, adelantó que tratará de conseguir autorización para ver el interior de la aeronave y tomar fotografías y video, para “mostrar al pueblo de México, los privilegios del pequeño faraón acomplejado y corrupto que mal gobierna al país”.

En su cuenta de Facebook, el excandidato presidencial se refirió a la información publicada este miércoles sobre la nave.

“Parece ficción, pero no, es real. En el periódico Excélsior, del compadre de EPN, se anuncia que entre ‘hoy y mañana llegará el nuevo avión presidencial TP-01, modelo Boeing Dreamliner 787, cuyo equipamiento interior ya fue terminado en Dallas, Texas’”.

El político tabasqueño aseguró que “este avión de gran lujo, para 280 pasajeros significa destinar del presupuesto público, que es dinero del pueblo, alrededor de 10 mil millones de pesos, sumando a su valor el financiamiento, lo destinado a la ampliación del hangar presidencial y el costo de operación y mantenimiento”.

Por ello, agregó que “en uso de mis derechos ciudadanos”, enviará la solicitud al IFAI para obtener los datos de la compra, “incluyendo otros gastos” y el acceso a interior del avión para tomar fotografías y video.

El palacio que vuela

El pasado 2 de junio, Álvaro Delgado, reportero de la revista Proceso, publicó en la página web de este semanario el artículo titulado: “El capricho de Peña: avión de 7 mil millones”.

En el texto, aseguró que esta aeronave no la tiene “ningún presidente del mundo, ni los más poderosos de Estados Unidos, Alemania, Rusia o China”.

Se trata, dijo, “de un palacio que vuela: tiene doble pasillo y puede transportar hasta 250 pasajeros, alcanza una velocidad de casi mil kilómetros por hora y es capaz de hacer la ruta Nueva York-Atenas o Tokio-Los Angeles sin hacer escalas”.

Aseguró que es “otra bofetada a los mexicanos”. Y explicó: “Este capricho de Peña Nieto, que también lo fue de Felipe Calderón –porque él inició el trámite al final de su corrupto sexenio–, nos costará a los que pagamos impuestos más de 7 mil 500 millones de pesos, más otros mil millones por la adecuación del Hangar Presidencial en el aeropuerto capitalino”.

En el texto argumentó que con esta cantidad “podrían construirse por lo menos ocho hospitales como el del IMSS que, apenas el 22 de abril, inauguró Peña en Hermosillo, Sonora, y que, a un costo de mil millones de pesos, tiene 189 camas, 11 quirófanos, dos salas de partos y una sala de urgencias para atender a 240 mil derechohabientes.

El mismo costo de mil millones de pesos tendrán el hospital regional de alta especialidad de Coatzacoalcos, Veracruz, también del IMSS, que atenderá a un millón 600 mil personas de la zona sur del estado, y lo mismo el complejo hospitalario-turístico que el empresario mexicano Juan Antonio Hernández construirá en Acapulco, Guerrero”.

De hecho, insistió en que el precio del nuevo avión presidencial duplica el presupuesto que en 2014 gastarán todos los partidos políticos de México, de 4 mil millones de pesos.

El reportero aludió a la información publicada por la revista Emeequis, que dio a conocer que “aunque el precio de contado de la compra de esta nave –propia de una personalidad megalómana– era de mil 667 millones de pesos, su costo final será 350% más caro por el esquema de pagos elegido, una responsabilidad compartida entre Calderón y Peña: nada menos que 7 mil 520 millones de pesos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El rostro de los señalados

Estos son los policías acusados de homicidio de los normalistas de Ayotzinapa. Están en esa lista porque fueron reconocidos por los estudiantes, o porque la noche del ataque habrían manejado algunas de las patrullas identificadas en las declaraciones. Todos se dicen inocentes.

Algunos de los policías municipales de Iguala señalados de participar en el ataque contra los estudiantes el 26 de septiembre pasado, argumentan que ese día les tocó descansar y no estuvieron de labores.

Otros aseguran que no escucharon nada por la radio de la policía.

Hay quienes aseguran que ese viernes se fijaron dos objetivos principales: garantizar la seguridad en el Segundo Informe de labores de la presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda, y vigilar que el encuentro deportivo de futbol en el que jugaron Los Avispones transcurriera con calma.

Pero todos se dicen inocentes, a pesar de que todos aparecen en una lista, o porque fueron reconocidos por los normalistas o porque la noche del ataque manejaron algunas de las patrullas identificadas en las declaraciones.

Uno de los jefes de turno de esa noche fue Fausto Bruno Heredia. En su declaración ministerial, el mando policiaco reconoce que sí recibió el reporte de que en la Central de Autobuses se habían robado unos camiones.

Asegura que pese a que varios de sus compañeros (sin mencionar nombres) protagonizaron una persecución de los autobuses, los policías los dejaron ir para evitar dañar más sus patrullas por las piedras que les aventaban los estudiantes.

Este es su relato:

“…decidí dejar que siguieran su camino estas personas ya que estaban muy agresivos, y yo me quedé en el centro por el evento que se llevaba a cabo.

“Posteriormente me enteré por la misma vía de radio, que había problemas en el periférico Norte y por mi parte yo no me acerqué, de ahí se quedó en silencio el radio (…) de aquí en adelante ya no me di cuenta de nada.

“Posteriormente de esto, decidí realizar recorrido por las colonias de la periferia, que no escuché ningún disparo ese día de los hechos. Posteriormente, vía radio, recibimos reporte que había personas armadas por la calle de Galeana y decidimos no ir para evitar que nos fueran a agredir”, relató.

Heredia manifestó que nunca estuvo cerca de las personas que se llevaron los autobuses, por temor a ser agredido.

“También manifiesto que no me percaté si alguno de mis compañeros policías preventivos realizó algún disparo y que yo por mi parte nunca disparé”, agregó.

El jefe de turno dijo que el día de los hechos se encontraban laborando la mayoría de las patrullas, de las cuales no me recordó su numero económico.

Activan la alerta roja

La noche del viernes 26 de septiembre, Natividad Elías, el encargado de operar la frecuencia de la policía, activó la alerta roja.

Ahí se escuchó el reporte en clave que había diversos 10 y 11 (muertos y heridos).

Emilio Torres Quezada, uno de los 22 elementos consignados por los hechos, declaró ante las autoridades que fue alrededor de las nueve de la noche del viernes cuando los radios se volvieron locos.

“Escuché las voces de los compañeros que mencionaban sobre la persecución de un autobús indicando las calles hacia dónde se dirigía.

“La comunicación era intensa, por lo que supongo participaron varias patrullas ya que se escuchaban varias voces de las cuales no pude identificar a nadie ya que el canal es abierto.

“Quince minutos después, escuché que ya había logrado detener al autobús y que lo tenían abajo del puente de la autopista México-Acapulco”, recordó Torres Quezada.

Refirió que se trasladó hasta ese punto para apoyar a sus compañeros, pero que no supo ni cuántas personas estaban a bordo ni cuáles compañeros tenían detenido al autobús.

Él también negó haber disparado contra los estudiantes y declaró que solo atravesó su patrulla frente al autobús.

Otro de los elementos que aparecen en la lista de involucrados, Marco Antonio Ramírez Urban, aseguró que el viernes le tocó descansar, por lo que estuvo viendo televisión en su casa hasta la noche que asumió el turno en la patrulla 17, una de las reconocidas por los normalistas de Ayotzinapa que sobrevivieron.

“Escuché rumores de varios compañeros en el pase de lista,  que se habían suscitado unos hechos relacionados con los estudiantes con la escuela Normal de Ayotzinapa, sin más detalles precisos sobre dichos hechos, los cuales yo desconozco totalmente”, recalcó.

Ramírez Urban señaló que apenas iniciaba su turno cuando fue notificado que regresara a la comandancia para entregar su arma, ya que el personal de la Policía Ministerial del Estado había llegado a las oficinas.

“Nos preguntaron quiénes eran los tripulantes de la patrulla 17, en la cual habíamos llegado al cuartel. Fue así que el elementos ministerial le ordenó al chofer que metiera el vehículo al interior del cuartel… que los ocupantes de la patrulla 17 entregáramos de manera inmediata las armas”, recordó el policía.

Zulaid Marino Rodríguez, otro de los inculpados en el caso,  confesó que no era la primera vez que lo detenían, pues en Teloloapan, Guerrero, fue acusado de uso indebido de funciones.

El policía municipal recalcó que no escuchó nada anormal hasta el amanecer del sábado cuando supo de la orden del secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez para que se presentaran al cuartel de la policía y entregaran sus armas.


Así fue como se formó el grupo de los primeros 22 presuntos responsables del ataque de los normalistas y de los jugadores del equipo de futbol Los Avispones.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La reina de Iguala

María de los Ángeles Pineda de Abarca es señalada como el principal nexo con el crimen organizado en el municipio.  Ella siempre tuvo claro que sería ‘la señora presidenta’. Para lograrlo realizaba campañas desde su puesto en el DIF.

María de los Ángeles Pineda Villa tenía una obstinación que la perseguía como una sombra: un deseo insaciable por convertirse en alguien popular y una mujer con mucho poder.

En Iguala, el municipio que gobernaba su esposo José Luis Abarca, no existía ceremonia pública que la primera dama se perdiera.

Las ceremonias de cortes de listón de una obra, los festejos y las entregas de apoyos eran eventos que la presidenta del DIF municipal utilizaba para promoverse entre los igualenses.

Le gustaba que le llamaran: “La primera trabajadora social del Municipio de Iguala”.

La mujer era impecable en su vestimenta y cuidado personal. En las decenas de fotos de sus eventos que publicaba a diario en las tres páginas de Facebook que manejaba, casi siempre luce peinada y bien arreglada. 

Era raro que repitiera un vestido.

Los regalos que repartía en las fiestas eran espléndidos. 

El pasado festejo de los Día de los Reyes en Iguala es recordado entre los habitantes de este municipio porque María de los Ángeles regaló tabletas y bicicletas a los niños.

La esposa del alcalde de Iguala no se ponía límites y poco le importaban las críticas: hace un año ella misma cortó el listón de inauguración de una escuela técnica en la comunidad Grupo Colosio que hoy lleva su nombre.

La creación de este plantel –ubicado a menos de 300 metros de una telesecundaria- provocó problemas con los maestros de esa comunidad.

Ella tuvo una idea infalible para consagrarse con el gobernador Ángel Aguirre y conseguir su apoyo político para postularse como candidata del PRD a la alcaldía de Iguala en la elección del próximo año. 

Hoy en el Municipio de Iguala se construye la Ciudad Deportiva “Lic. Ángel Aguirre Rivero”.

En la foto del evento aparece el mandatario guerrerense –con un collar de flores que le llega hasta el pecho- flanqueado por el matrimomio Abarca Pineda, buscados hoy por las autoridades federales como presuntos responsables del ataque y desaparición de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

La primera dama y su familia de narcos

María de los Ángeles Pineda Villa convirtió su presidencia del DIF de Iguala en una precampaña con la intención de convertirse en alcaldesa y sucesora de su marido.

Ella quería ser alcaldesa por dos razones: darle garantías a su marido, pero principalmente cuidar los intereses de los Guerreros Unidos, cártel vinculado con su familia.

Ella pertenece a la familia del Clan Pineda, un grupo del narco que operó con el Cártel de los Beltrán Leyva.

Dos de los hermanos de María Guadalupe -Alberto Pineda Villa, alias “El Borrado”, y Marco Antonio Pineda Villa, alias “El MP”- eran cabecillas de este grupo del crimen organizado.

Hace cinco años fueron ejecutados y sus cuerpos dejados con mensajes presuntamente del Cártel de los Beltrán Leyva.

Su otro hermano, Salomón Pineda Villa, alias “El Molón”, fue aprehendido en el 2009 y recluido en el Cefereso de Matamoros por delitos contra la salud, pero liberado el año pasado.

Hoy se asegura que es el jefe de Guerreros Unidos, el grupo armado que está bajo la sospecha de haber secuestrado y ejecutado la matanza de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Un reporte del Cisen, divulgado esta semana por El Universal, revela que la orden de detener a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa fue dada directamente por la primera dama al director de la Policía Municipal de Iguala. 

La tarde del del 26 de septiembre todo estaba listo en la Plaza Cívica de las Tres Garantías para que la presidenta del DIF rindiera su segundo informe de actividades.

“Quiero invitarlos a que hoy me acompañen a mi segundo informe de actividades en punto de las 6 de la tarde en la plaza cívica de las Tres Garantías”, escribió en su página de Facebook ese día.

Fue el último mensaje que posteó la señora de Abarca.

El mensaje está acompañado de una fotografía de un templete con una gigantesca manta donde ella aparece con un vestido color rosa, impecablemente peinada y maquillada.

El informe terminó con un baile en la plaza, mientras en otro lado de la ciudad, un grupo de estudiantes era detenido por la Policía de Iguala.

Cuatro murieron y 43 aún se encuentran desaparecidos, luego de un episodio calificado por la ONU como “uno de los sucesos más terribles de los tiempos recientes”.

¿En qué va el caso de Iguala?

> María de los Ángeles Pineda no tiene ninguna denuncia formal.

> El secretario de Turismo de Morelos, Jaime Álvarez Cisneros, informó que tres hermanos de María de los Ángeles Pineda Villa fueron detenidos en un operativo en Cuernavaca.

> Autoridades policiacas del Estado indicaron extraoficialmente que las tres personas detenidas están vinculadas con los hechos registrados en Iguala, Guerrero, donde fueron asesinados y desaparecidos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

> El juicio de procedencia contra José Luis Abarca, para quitarle su fuero inició ayer. El diputado Omar Jalil Flores Majul, presidente de la Comisión Instructora explicó que el proceso tardaría ocho días en desahogarse y la declaratoria de procedencia por lo menos seis semanas.

> El procurador del Estado, Iñaky Blanco, señaló que no se podía detener al alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, ya que lo ampara el fuero.

> El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, aclaró que la detención del alcalde puede proceder, porque su fuero es estatal y los delitos que se le imputan son federales.


> Enrique Peña Nieto dijo ayer que lo ocurrido con los normalistas en Iguala es un “hecho verdaderamente inhumano, prácticamente un acto de barbarie que no puede distinguir a México”.

> Human Rights Watch (HRW) había acusado un día antes al Gobierno Federal de responder “muy tarde” a la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, y de “encubrir la masacre” cometida en junio en Tlatlaya, dentro de un patrón de “desidia” ante las crisis de derechos humanos.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.

Elección de director y Congreso Nacional, demandas de estudiantes del IPN

MÉXICO, D.F. (apro).- Luego de tres días de debate en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, la Asamblea General Politécnica (AGP) acordó los resolutivos para aterrizar las respuestas de la Secretaría de Gobernación (que el movimiento estudiantil calificó de imprecisas e incompletas) al pliego petitorio que presentó el pasado 30 de septiembre.

Sobre la exigencia de abrogación al Reglamento Interno, que el gobierno federal acordó cancelar, los estudiantes precisaron que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no tendría esa facultad, toda vez que el documento en cuestión no tiene vigencia, por lo que demandaron la “cancelación definitiva de la publicación ahora y en lo posterior”, se lee en el documento que será presentado públicamente mañana.

Para la elaboración de un nuevo reglamento interno, los politécnicos reclamaron un “proceso democrático”, para lo cual habrá de establecerse un Congreso Nacional Politécnico, no permanente, que tenga un carácter “resolutivo y refundacional” de la institución.

Respecto de la anulación de los planes y programas de estudio impuestos durante la administración de la exdirectora Yoloxóchitl Bustamante, los jóvenes aclararon que esta es una atribución correspondiente a la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), no de la SEP, por lo que propusieron como plazo máximo el segundo semestre de 2015 (con la participación del propuesto Congreso Nacional Politécnico) para la regularización de los planes y programas anteriores, con el respectivo “alineamiento académico” y revalidación de materias.

Aparte de la suspensión “definitiva” de los planes y programas impugnados, pidieron no incorporar a las unidades académicas del nivel medio superior dentro del Sistema Nacional del Bachillerato (SNB) y la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), pues consideran que “disminuyen el nivel académico de sus egresados”.

Rechazaron también la figura de las “salidas laterales”, que ofrecía a los estudiantes una salida prematura de sus carreras con el título de técnicos superiores, no de ingenieros.

Acerca de la democratización en los procesos de elección en el IPN, punto al que el gobierno no dio una respuesta concisa, la AGP fijó su postura: “Desconocemos a cualquier director interino que nos sea impuesto, por lo tanto demandamos una elección inmediata, mediante el voto universal, libre, secreto y directo de los alumnos, personal docente, personal no docente y personal directivo”, se lee en los resolutivos. De igual manera, los inconformes exigieron la participación del ya mencionado Congreso Nacional del IPN.

Referente a la anulación de las pensiones vitalicias a exdirectivos de la institución, propusieron que los recursos asignados sean destinados al otorgamiento de becas y mejoras en la infraestructura de la institución.

En lo que corresponde a probables represalias en contra del movimiento o cualquiera de sus integrantes, hicieron responsable al presidente de la República “por cualquier daño físico, psicológico, académico, moral o de cualquier otra índole que atente contra la integridad personal de los miembros de la comunidad politécnica, y de otras instituciones educativas y no educativas que hayan dado muestra de apoyo y solidaridad al movimiento del Instituto Politécnico Nacional”.

Exigieron también mecanismos concretos de interlocución directa con las autoridades federales, locales y académicas competentes, que garanticen por escrito que “no habrá medidas de coerción o intimidación, a nivel administrativo y académico, para toda la comunidad politécnica”.

En torno del presupuesto, en la respuesta del movimiento estudiantil al gobierno federal se solicita el incremento de 8% del PIB al presupuesto de educación pública, y se reitera la exigencia de alcanzar 2% para la investigación en ciencia y tecnología.

Para evitar injerencias ajenas en los destinos del politécnico, demandaron transparentar cada uno de los convenios, acuerdos y contratos a través de los medios escritos y electrónicos de comunicación con los que cuenta la institución.

Y sumaron la demanda de la “abrogación del decreto por el cual se fundó el Tecnológico Nacional de México”, por considerar que se “contrapone al interés superior del Instituto Politécnico Nacional, el cual es regir la educación técnica y tecnológica del país”.

Por último, el documento dirigido a la Segob y también a la Presidencia de la República, la SEP, la Dirección General del IPN y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reivindica al movimiento como apartidista, democrático y exige “sancionar las prácticas porriles que inhiben la participación de la comunidad politécnica”.

Además, la AGP decidió convocar a una marcha mañana viernes 10 a las tres de la tarde, que partiría de la Estela de Luz rumbo a Tlatelolco. Sin embargo, la comunidad politécnica rechazó la ruta a través de las redes sociales desde las cuales se difundió, por lo que aún se discute en asambleas escolares. La AGP emplazó al gobierno federal a responder sus demandas el próximo martes 14.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SANTIAGO IGARTÚA.

Ayotzinapa: Rezos, para amortiguar la espera

AYOTZINAPA, Gro: El techo de lámina de esta Escuela Normal Rural es insuficiente para resguardarse de la lluvia. El aguacero obliga a acercar las sillas hacia el centro de la cancha deportiva, allí donde se levanta ese altar rodeado por veladoras siempre despiertas, piezas de pan dispuestas como ofrendas, coronas de cempacúchil y ramos de flores sostenidos dentro de latas de chile improvisadas como florero. Es un altar donde lo mismo se reza por muertos que por vivos.

“…Que los muchachos puedan volver, ayúdales, dales esa fortaleza, esa fuerza para salir adelante… Que la violencia, la injusticia que han sufrido nuestros hijos, tú tienes el poder de solucionar ese problema, ayúdanos a que aparezcan, dales fuerza, fortaleza, tú nos vas a dar la solución….”. Es el rezo-súplica dirigida por unos ministros de oración y seguido por una veintena de padres y madres huérfanos desde hace casi dos semanas, cuando dejaron de tener noticias de sus hijos.

Cuarenta y tres son los estudiantes desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre en aquella noche de infierno en Iguala en la que fueron cazados por policías municipales apoyados por sicarios. Seis personas murieron en el acto; la mayoría estudiantes. Un estudiante hospitalizado aún juega un volado con la muerte.

Al tiempo que los rezos se alzan al cielo nublado en el ambiente se cuela el rumor del hallazgo, otra vez en Iguala, de otras cuatro fosas también con cadáveres calcinados. Con estas van nueve.

En el rincón donde se alzan los rezos comienzan las lágrimas, las respiraciones entrecortadas que buscan laberintos para no asfixiarse en la garganta, los pechos adoloridos por la ausencia.

Los familiares espantan la idea de que esas fosas pudieran ser las tumbas de sus hijos como insinúa la procuraduría de justicia. Todos los esperan con vida.

La profesora María Maestro García, de Tixtla, es una de las mujeres que se han dedicado a la espera. Ella está en este campamento por su hijo Antonio Santana, su primogénito, de apenas 19 años y quien se estrenaba como normalista.

“Es un chico muy inteligente, buena onda, amistoso. El siempre ha querido tener carrera, no quiso nunca quedarse nomas así. Su sueño era precisamente ser alguien en la vida”, dice orgullosa. El bebé que tiene sentado sobre su regazo llora hasta que ella lo amamanta.

A través de las noticias esta maestra se enteró de la violencia que sufrieron los muchachos la noche que fueron a Iguala por unos autobuses y a pedir cooperación para asistir a la marcha conmemorativa de la masacre estudiantil del 2 de octubre.

Cuando llamó a la Normal, le confirmaron la noticia: Antonio era uno de los desaparecidos. Tramitó un permiso de trabajo y con sus tres hijos ha hecho guardia en esta escuela desde hace 10 días.

“Estamos aquí para que nos los entreguen a la voz de ya, con vida. Ellos no se merecen esto, aspiran a ser algo en su vida, no se merecen eso. Por eso pedimos que nos entreguen a los 43”, dice sentada en una de las sillas de plástico dispuestas en la cancha de esta escuela que desde 1935 forma a maestros rurales. Uno de los requisitos para ingresar a la Normal de Ayotzinapa es ser pobre.

La madre-maestra dice que se siente agotada pero de inmediato aclara que el cansancio no importa cuando se está pidiendo por la vida de un hijo. Si lo esperó nueve meses hasta que naciera qué no lo va a esperar semanas enteras.
Otro padre se mete a la charla y dice que él quiere que el mundo entero se de cuenta de lo que pasa en Guerrero: que los gobernantes están contra el pueblo.

“Con la primera ráfaga mataron a un compañero de primer año, se llama Julio Mondragón, él entró en agosto (a la Normal) como los demás, llevaba pocos días”, narra en otro momento el joven Jesús Rodríguez, uno de los sobrevivientes de la cacería.

Los periodistas hacen fila para entrevistar a los sobrevivientes de la persecución policiaca. Uno de ellos, Ernesto Guerrero, de Tixtla, dice que la nuestra es su entrevista número 74. En su relato aparecen las ráfagas, maltratos y persecuciones de los policías, la indolencia de las demás policías, los amigos muertos a los que le tocó identificar en la morgue, uno de ellos sin piel y sin ojos. El desprecio es el protagonista de su relato.

Los familiares que se mudaron a esta escuela desde que se enteraron de la noticia están cansados de hablar. Se dicen frustrados pues por más entrevistas que otorgan y por más veces que narran su dolor sus hijos nada más no aparecen.
Ya todos dejaron muestras de sangre para contrastarlo con los restos encontrados en las fosas descubiertas y las que siguen apareciendo.

En las paredes varios murales narran la historia de esta escuela, las represiones sufridas a lo largo del tiempo, las muertes y asesinatos de sus antecesores normalistas. En los muros se asoman también las fotos de los 43 que faltan.


Bernardo. Felipe. Benjamín. Israel. José Ángel. Marcial, Jorge Antonio. Miguel Ángel. Emiliano Alen. Dorian. Jorge Luis. Alexander. Saúl. Luis Ángel, Jorge. Magdaleno Rubén. José Luis. Jesús Jovany. Mauricio. José Ángel. Jorge Aníbal. Giovanni. Jhosivani. Carlos Lorenzo. Israel. Adán. Abelardo. Christian. Martín Getsemaní. Cutberto. Everardo. Marco Antonio. César Manuel. Christian Tomás. Luis Ángel, Leonel. Miguel Ángel. Jonás. José Eduardo. Julio César. Carlos Iván. Antonio. Abel.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI

Eurodiputados piden suspender Acuerdo Global México-UE por desaparecidos de Ayotzinapa

BRUSELAS: Un grupo de 16 diputados del Parlamento Europeo se manifestaron “profundamente consternados” por los hechos ocurridos en el estado de Guerrero y solicitaron que el proceso de modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea (UE), que negocian actualmente las partes, sea suspendido hasta poder “reconstruir la confianza” con las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos.

“El Acuerdo Global del 2000 y la Asociación Estratégica del 2008, celebrados entre México y la UE, establecen mecanismos de cooperación entre ambas partes en el respeto indivisible de los derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos, como se estipula en la cláusula de derechos humanos”, refieren en una masiva dirigida a Catherine Ashton, la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores; a Federica Mogherini, quien fue designada para reemplazar a Ashton a partir del 1 de noviembre; y al presidente Enrique Peña Nieto.

“Por lo tanto –continúa la carta presentada con el membrete del Parlamento Europeo–, creemos firmemente que cualquier modernización del Acuerdo Global, como se prevé para el próximo año 2015, tiene que ser puesta en espera y sus objetivos y áreas previstas para la liberalización deben ser revisadas”.

Para los eurodiputados, “el primer y principal deber ahora es reconstruir la confianza en la aplicación efectiva del respeto de los derechos humanos, a los que el Estado mexicano se ha comprometido a nivel nacional e internacional”.

El crimen organizado, se subraya, “tiene que ser detenido, dondequiera que se halle, y las lagunas jurídicas tienen que ser eliminadas más allá del área económica”, ya que “los efectos secundarios son indeseables”.

Los signatarios, entre ellos la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la austriaca Ulrike Lunacek, afirman que, en ese aspecto, “las dos partes, tanto la UE y México, tienen una responsabilidad compartida”.

Los 16 eurodiputados firmantes provienen de Austria, Francia, Suecia, Alemania, Finlandia, Reino Unido, España y Bélgica, y a ella se unieron cuatro diputados del Parlamento Alemán (Bundestag). Los eurodiputados pertenecen al Grupo de los Verdes/ Alianza Libre Europea, pero también cuenta con la firma de la presidenta del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, Gabriele Zimmer.

Los legisladores europeos claman que “ya es hora de acabar con la impunidad en México”, y señalan que “no deben ocurrir nuevos casos como el de los 43 estudiantes secuestrados de Guerrero y de las tumbas encontradas cerca del lugar.

“Le instamos a que haga todo lo posible para esclarecer plenamente los hechos en Iguala, Guerrero y (para) sancionar a todos los responsables. Y exigimos firmemente que no se dé ningún paso adicional en relación con los acuerdos comerciales antes de que la situación de los derechos humanos en México haya mejorado de manera significativa”, exigen los eurodiputados.

El 20 de junio pasado, una de las firmantes de la carta, la eurodiputada alemana Franziska Keller, escribió en su blog que ya era hora de elevar el tono con México en materia de derechos humanos. Se dijo además “muy decepcionada” de la respuesta que le ofreció Ashton cuando le preguntó si consideraba “hacer algo” en ese sentido.

“Creo que la UE debe hablar más fuerte cuando los derechos humanos están en peligro y asegurarse que son respetados. Esa debería ser la prerrogativa de la política exterior de la UE”, concluyó Keller.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: MARCO APPEL

Gobierno de Moreno Valle no aprendió con caso Chalchihuapan: activistas

PUEBLA, Pue. (apro).- Organizaciones sociales advirtieron que la administración de Rafael Moreno Valle no adquirió algún aprendizaje del caso Chalchihuapan y sigue con su política de represión contra las movilizaciones sociales, con lo que agrava el estado de ingobernabilidad que priva en la entidad.

Agrupados en el Frente de Organizaciones Sociales contra la Represión y en Defensa de los Derechos Sociales en Puebla, los activistas y políticos manifestaron su solidaridad con el Círculo de Defensa de Cholula, cuyos integrantes fueron desalojados la madrugada del martes 7 de un plantón que llevaban a cabo frente a la alcaldía de San Andrés Cholula.

La detención de Adán Xicale, el abogado que encabeza la defensa contra el parque que pretende construir Moreno Valle en las inmediaciones de la Gran Pirámide, así como de su hijo Paul, de Albino, Primo Manuel y Odilón Tlachi, señalaron los grupos sociales, es parte de la estrategia que ha mantenido el gobierno para criminalizar la lucha social en lugar de escuchar las demandas de las comunidades.

En la conferencia de prensa cerraron filas la diputada federal del PRD Roxana Luna Porquillo; Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, de la 28 de Octubre; Abraham Cordero Calderón, del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada; Marco Mazatle y Arnulfo Hernández, del Movimiento por la Alternativa Social (MAS).

Asimismo, estuvieron Isaías Cruz, del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular (Miocup); Dora Luz Sánchez y Jorge Méndez, de Izquierda Democrática Nacional, y Javier Montes Bautista, de la Coordinadora Estatal en Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP), quienes exigieron la liberación inmediata de los cinco detenidos en Cholula, considerados presos políticos.

La diputada Roxana Luna dijo que el gobierno estatal mantiene su postura de utilizar las vías de la represión, en lugar del diálogo y la negociación para atender las demandas de grupos sociales.

Mencionó lo ocurrido un día antes en Cholula, donde un representante del gobierno fue a dialogar con los grupos inconformes por el desalojo, firma con ellos puntos de acuerdo y horas después éstos son desmentidos en un boletín oficial. “Es una burla hacia las organizaciones”, reclamó.

En su oportunidad, Mazatle adelantó que en la primera quincena de noviembre realizarán una marcha al Senado y a la Secretaría de Gobernación federal para manifestar  su rechazo a las políticas de represión de Moreno Valle.

Javier Montes, edil auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, dijo que Moreno Valle parece no haber aprendido nada con lo ocurrido en su comunidad, cuando mandó un operativo policiaco a desalojar el bloqueo de la autopista Puebla-Atlixco y resultó muerto el niño José Luis Tehuatlie y ocho pobladores más heridos.

“Si lo que está pensando es que con eso la lucha va a acabar está equivocado, lejos de que la población lo vea como una manera de intimidarse, lo ve como una provocación y eso genera más conflicto”, reclamó.

También dijo que entre las comunidades hay mucho descontento por lo ocurrido la madrugada del martes, pues no sólo se detuvo a dirigentes del movimiento, sino que se golpeó a señoras de edad avanzada que se habían quedado en el campamento para cuidar la toma de la alcaldía.

El abogado Vladimir Luna Porquillo, quien lleva la defensa legal de los detenidos, dijo que las autoridades han incurrido en múltiples irregularidades, como que no se mostró orden de aprehensión, se modificó el escenario del supuesto delito, se incomunicó a los detenidos y se les sometió a golpes.

Especialmente se comentó el caso de Odilón Tlachi, que hasta ayer se desconocía que estaba detenido porque fue golpeado por los policías, que incluso tuvieron que llamar una ambulancia para que fuera atendido, y a la defensa sólo les reportaron que “ya le habían dado una pastillita” para atenderlo.

El abogado indicó que hasta ahora los cargos contra los cinco detenidos son por motín, pero se espera que se cumpla el plazo legal para saber si se ampliarán los cargos o se les dictará auto de libertad.

Integrantes del Círculo de Defensa Cholula indicaron que los trabajadores del ayuntamiento de San Andrés fueron llevados a declarar a la Procuraduría en contra de los detenidos, por lo que se presume que se les buscará fincar responsabilidades por “secuestro”, para evitar que puedan salir bajo fianza.

Por la mañana, los pobladores llevaron a cabo una asamblea en Tlaxcalancingo en la que determinaron trasladarse a Casa Aguayo para realizar un plantón, que mantuvieron hasta alrededor de las seis de la tarde, y luego se trasladaron hacia las instalaciones de la PGJE para realizar otra protesta.

Los manifestantes esperan que se cumpla el plazo legal de 72 horas para que se defina la situación de los detenidos, en el entendido de que existe un acuerdo con el gobierno estatal de que se les dictará auto de libertad.

En caso de que la Procuraduría estatal consigne a los cinco activistas, la asamblea acordó que incrementarán las acciones de protesta.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Las fosas mejor planeadas de Iguala

IGUALA, Gro: Nunca vi nada así, se le escucha decir al nervioso policía apostado en la punta del monte, el rifle atento. A unos pasos la tierra cortada; hay seis hoyos bien trazados, son seis fosas que escondían los fragmentos de 23 cuerpos calcinados.

Bajo la arena retirada a golpes de pala se logran ver troncos de árboles chamuscados, ramas marchitas manoseadas por el fuego. Un pedazo de pantalón de mezclilla. Banderines rojos que marcan el terreno y una cinta amarilla desmayada con el rótulo “Escena del crimen”.

“¿Te imaginas todo lo que pensaron mientras llegaban acá?”, suelta una fotógrafa jovencita, la mirada de tristeza. El silencio que se impone.

La identidad de esos cuerpos no está confirmada, pero nadie puede espantar de la mente el testimonio de los dos detenidos que declararon a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero que ahí asesinaron y enterraron a 17 de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos; los que fueron arrestados por policías municipales y entregados a sicarios de la narcomafia local Guerreros Unidos.

El pesado silencio queda ahogado por un zumbido: es el concierto de las moscas.

Un reportero local lanza como telegrama los que imagina fueron últimos momentos de los condenados a muerte: “Los obligaron a subir caminando. Los ejecutaron. Pusieron una cama de troncos. Los quemaron. Ahí mismo los enterraron. A ellos mismos les hicieron cavar sus tumbas”.

La fragancia de la muerte impregna el monte. Ese olor cada vez más frecuente en esta interminable fosa común en la que se ha convertido México. El mismo lodo podrido, con mezcla de masa orgánica, que se pisa en Tijuana, en los terrenos regados con ácidos con los que los cadáveres son disueltos. El mismo olor que despiden las fosas donde quisieron ser reducidos a nada los migrantes masacrados en San Fernando, Tamaulipas. El mismo que se hace presente, cada vez con más frecuencia, en episodios que por comunes pasan desapercibidos para la prensa.

Es un olor dulzón y rancio que hace nido en las fosas nasales, asfixia la garganta, se atenaza en el cerebro. No se quita por más que te bañes o recurras a los perfumes. Es un recordatorio que deja el sufrimiento de un ser humano que se niega a ser desaparecido, enterrado a escondidas martirizado.

Una mariposa negra y amarilla aletea al borde del corte de la tierra. Avanza y retrocede. Testigo de primera fila. Centímetros abajo agua de lluvia que al contacto con la tierra se convirtió en un caldo pútrido, un charco estancado, con nata en la superficie que impide cualquier reflejo.

Para subir a las fosas de Iguala hay que salir de esta ciudad –la tercera más importante de Guerrero– y dirigirse a la periferia, donde la ciudad se convierte en campo. Hay que guiarse por un cerro con pelo verde, andar por calles sin pavimento, preguntar por Jardín Pueblo Viejo, luego por la vereda a La Parota.

Derecho por la vereda formada por piedras hay que seguir el camino marcado por las pisadas pioneras. Es un sendero paralelo a un maizal del que se va perdiendo la perspectiva porque a lo largo se extiende una bóveda de ramas y arbustos que hacen pensar en la entrada a una selva.

No hay pérdida si se sigue la vía marcada por los cubrebocas azules colgados de los matorrales, tirados en el piso, aventados en la cuneta, como en una urgencia de quienes querían desprenderse pronto de la peste. Para más referencias se pueden buscar las marcas que dejó en algunos arbustos el enviado de una televisora deseando que nadie se perdiera.

Impresas en el lodo del suelo se notan huellas de distintos tamaños, de botas, de tenis, de huaraches. Son las huellas de la gente que ha subido a ese cerro. Me pregunto si alguna de ellas será de los asesinados, si sabrían que ese iba a ser su destino, que ese es monte sería su cementerio. Pocas, casi ninguna huella van en sentido contrario. Claro, ellos no bajaron. Ellos se quedaron arriba.

Caminar. Subir. El único ruido es el de la propia respiración y la orquesta de insectos. Hasta que se llega al lugar marcado por las moscas, el inconfundible sitio de la muerte. El lugar que condensa el horror de la narcopolítica mexicana. La presentida confirmación de la identidad que nadie desea. ¿Asesinaron aquí a los estudiantes normalistas rapados durante la novatada que les hicieron en su escuela que ni siquiera habían cumplido los 20 años? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quiénes? ¿Por qué así?

Sólo queda lanzar en silencio un rezo en este espacio de muerte y pedir que (sea quien sea) quien murió aquí encuentre la paz, que sus restos regresen a su casa.

A unos metros del área marcada, en un claro aplanado se ven un montículo formado por ropa, basura, plásticos, cobijas. Es fácil pensar que esa era una guarida de los dueños de estos caminos prohibidos. Donde descansaban porque las masacres implican trabajo.

El camino de regreso a la ciudad lo marca el botadero de bolsas de basura de plástico rojo con signos que indican toxicidad. Y más cubrebocas, decenas de ellas, guantes de látex, botas de plástico, empaques de geles o desinfectantes tiradas a lo largo del camino, como si quienes participaron en las exhumaciones hubieran querido quitarse de encima el horror aferrado en la piel. Como si quisieran dejar atrás la pesadilla.

Un reportero local dice que este horror no es peor que el de las fosas de los 18 turistas michoacanos enterrados en una huerta de coco en Acapulco y exhumados un mes después de sus asesinatos. Su error fue haber viajado juntos a bordo de un autobús que llevaba placas del lugar equivocado, de su estado natal que engendró también un cártel rival a los de Guerrero.

Estos duelen distinto porque las declaraciones apuntan a que aquí quedaron puros estudiantes, los mejores de sus pueblos, los que se inscribieron a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa porque desafiaron su destino y quisieron ser alguien.

Iguala es tierra fértil para la siembra cadáveres.

Según el Departamento Municipal de Panteones, 76 personas no identificadas han sido enviadas a fosa común del cementerio durante la administración interrumpida del alcalde perredista prófugo José Luis Abarca (quien gobernó dos años).

Los cuerpos de desconocidos provienen de diferentes hallazgos.

En mayo de 2013, en San Miguelito, parte trasera del Cerro de La Parota, fueron desenterradas 33 osamentas. Hace cuatro meses, de camino al municipio vecino de Taxco, en Mezcaltepec, se descubrieron 17 cuerpos (el sexenio pasado encontraron a 55 adentro de un pozo). Ahora la tierra engendró cadáveres en La Parota, ese cementerio clandestino que algunos funcionarios locales dicen que era usado desde hace más de un año para eliminar seres humanos.

Esto ocurre en Iguala, la cuna de la bandera nacional. La ciudad que se ufana de tener el lienzo tricolor más grande del país enarbolada desde uno de sus cerros. Por toda la ciudad se ven bardas ilustradas con episodios de la Independencia que se comenzó a esbozar aquí hace 200 años, aunque al día de hoy la gente vive como esclava, sometida por el crimen organizado que de día impone su ley y en las noches su toque de queda.

Antes de subir a La Parota un reportero local que acudió a la despedida de los policías municipales enviados voluntariamente-a la fuerza a reeducarse en una academia de policía en Tlaxcala me mostró una fotografía que lleva en su celular: tirados sobre el piso se encuentran seis cuerpos inflados, brillosos, tapizados por arena café.

El reportero aseguraba que corresponden a los cuerpos recuperados de esa fosa, que son la prueba de que los exhumados no son los de los normalistas. “No son los estudiantes –afirmaba mientras agrandaba con sus dedos la fotografía en su celular–, estos cuerpos son de adultos, no son de jóvenes. Este cinturón de cuero no es del que usan gente como los normalistas”.

Yo veo bultos inertes. No sé distinguirles la humanidad, salvo por la silueta. No sé qué cinturones usan los estudiantes más pobres de México, los que buscan superarse estudiando la carrera de maestro en una escuela normal.

Más tarde un forense que participó en las exhumaciones corregirá la información sobre esa foto de los cadáveres inflados que se publica en un diario de nota roja.

Asegura que las personas enterradas en La Parota podrían haber sido asesinadas ocho días antes. Los restos recuperados no estaban completos. Estaban podridos. Quemados. Fragmentados.

“Quién hizo esto trató de no dejar huella, fue como una cremación. Sabía. Trataba de borrar rastros”, explicaría el especialista bajo la condición del anonimato.

Según se rumora, la noche que cavaron su propia tumba en La Parota, después de que fueron asesinados una lluvia impidió que esos cadáveres rociados con diesel y prendidos con lumbre quedaran reducidos a cenizas. Como si la naturaleza se hubiera resistido a destruir la evidencia. Como si ella también esperara a que en México algún día se haga justicia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.

Bejarano ofrece a la PGR más pruebas de vínculos de edil de Iguala con el narco

MÉXICO, D.F. (apro).- El dirigente de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional (IDN), René Bejarano, ofreció hoy a la Procuraduría General de la República (PGR) aportar más pruebas sobre los presuntos vínculos del alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, con el crimen organizado.

En declaraciones a Noticias MVS, reveló que se trata de otros testimonios de testigos del secuestro y asesinato del líder del Frente Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, y de dos personas más en mayo del año pasado, así como de versiones obtenidas por él mismo durante su trabajo político en Guerrero.

Lo único que pide a cambio es garantizar la seguridad de sus informantes y la de él y la de su familia.

Los testigos, dijo, saben más cosas de lo sucedido el 26 y 27 de septiembre con los normalistas de Ayotzinapa.

“Me han hablado de toda la red delincuencial, de las personas que existen, de los nombres, de la historia que han conocido, de los delitos que se han venido ejerciendo, de la red de complicidad que existen, de las causas por las cuales presumiblemente ejecutaron… desaparecieron… mataron a seis (en Ayotzinpa) y desaparecieron a otros.

–¿Cuáles serían esas causas presumibles René?—preguntó la periodista Carmen Aristegui.

–Pues al parecer, según ellos, como hay una pugna, una disputa entre “Guerreros Unidos” y “Los Rojos”, les hicieron creer a los policías, que también son integrantes del grupo de la delincuencia organizada, que eran del otro grupo delictivo y ellos explican que por eso la saña con la que trataron a los muchachos, por eso desollaron a uno, como para escarmentarlo, como si se tratara de otros delincuentes.

“Quizás, quienes le dieron la orden a esos policías delincuentes les hicieron creer que eran de otro cártel que compite en el mismo lugar, que se conoce como ‘Los Rojos’, que por eso es que hicieron lo que hicieron y no se sabe de los otros 43.

“Hablaron de muchas cosas, pero yo quiero pedir comprensión de que no puedo, mientras no obren en una declaración, decir muchas cosas. Quiero solicitar garantías pues claramente con respecto a estos testigos, a estas víctimas, de que se les proteja, claro, que habrá que buscarlos y presentarlos, pero no es así de fácil.

“Tiene que haber seguridad para ellos. Y, bueno, pues yo estoy también dispuesto a declarar. A mí me constan muchas cosas también y si es necesario, yo también declaro. Pero también quiero pedir protección”, refirió el perredista.

En la entrevista, Bejarano reiteró que la PGR y la Secretaría de Gobernación pudieron haber evitado la tragedia en Iguala de actuar con prontitud.

Dijo que al titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam, le dio datos, nombres, fechas, ubicaciones, y “no hizo nada, pudo detenerlo”.

A través del Cisen, agregó, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien también acudió, puedo haber investigado pero igual que Murillo Karam hizo caso omiso.

“No hubo la respuesta que se necesitaba, ahora estamos ante una tragedia mayor. Si autoridades hubieran actuado no habría seis asesinatos más ¿Cuántas cosas tuvieron que pasar para que finalmente se decidieran a intervenir? ¿Por qué no hicieron caso a las declaraciones ante el notarios y los medios?”, cuestionó Bejarano Martínez.

“En pocas palabras desde el primer momento se hicieron las denuncias, tengo anotado todo y puedo recordar algunas fechas”.

Con base en sus apuntes personales, dijo que el 2 de junio de 2013, denunció públicamente desde Acapulco que José Luis Abarca estaba detrás del asesinato del líder del Frente Unidad Popular, porque había amenazas previas.

Dichas amenazas, siguió, fueron denunciadas ante autoridades estatales por uno de los dos hombres que fueron asesinados el mismo día de Hernández Cardona. No se ratificó la denuncia el 30 de mayo de 2013 porque ese mismo día miembros de la UP fueron “levantados”.

El 3 de junio fueron encontrados los cuerpos de tres de secuestrados, entre ellos el del líder de la UP, y dos días después la senadora Dolores Padierna presentó un punto de acuerdo ante la comisión permanente del Congreso de la Unión, para que el Comisionado Nacional de Seguridad diera un informe sobre lo ocurrido en Iguala.

Posteriormente, contó Bejarano, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la PGR que ejerciera su facultad de atracción para aclarar los hechos y el gobernador, Ángel Aguirre Rivero hizo lo propio de manera oficial porque se presumían de carácter federal. Nada ocurrió.

Un mes después, siguió Bejarano, logró una cita con el procurador General. El encuentro fue –dijo—el martes 2 de julio de 2013, a las ocho de la mañana y se extendió hasta las 9:30 horas.

Según el líder de IDN en esa reunión participó la subprocuradora Mariana Benítez, una diputada y él, y “se señalaron indicios fundados” de múltiples delitos de carácter federal. Tampoco hubo respuesta.

El 5 de julio, sin conseguir respuesta hasta ese día, Nicolás Villa, quien fue testigo del asesinato de Hernández Cardona y dos hombres más, aceptó declarar contra el alcalde de Iguala y su testimonio fue notariado el 7 de agosto.

Una semana después, el 15 de agosto, en Acapulco, Murillo Karam habló finalmente sobre el tema pero dijo que los delitos eran del fuero común y declinó atraer el caso. La declaración quedó consignada en el periódico El Sur.

El mismo mes el sacerdote Raúl vera denunció públicamente al alcalde de Iguala pero nada sucedió, la mentó Bejarano, a pesar de que el caso implicaba uso exclusivo de armas para el Ejército, desaparición forzada, secuestro, tortura, asesinato, presunción de delincuencia organizada y lavado de dinero, todos ellos considerados delitos del fuero federal.

El 14 de noviembre de 2013, Bejarano acudió a unas oficinas alternas en Polanco para reunirse con el secretario de Gobernación para solicitarle realizar una investigación a través del Cisen pero tampoco obtuvo respuesta.

En marzo de este año, siguió, se turnó un desglose a la PGR pero nada sucedió.

“Quizá (si hubiera atendido la denuncia) no hubiera pasado lo de Iguala”, lamentó el perredista.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.