Hace unos días, durante una entrevista con el especialista en temas de narcotráfico y política, Edgardo Buscaglia, señalaba justamente lo anterior. Faltaban horas para que el espanto nos alcanzara a todos con, primero la agresión y muerte contra estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, y luego el horror de tanta barbarie concretada, sintetizada en el desollamiento de un estudiante, y la tortura, ejecución y quema después del resto de los jóvenes.
Aún no sucedía todo esto cuando Buscaglia me explicaba que para empezar a atacar el vínculo entre narcotraficantes y políticos debía darse una presión popular fuerte luego de una crisis, para que las causas penales en contra de quienes están en el poder legalmente y han sido impulsados, o están en connivencia con grupos criminales, se empiecen a abrir.
A unas horas de que detallaba esta situación, empezó el viaje a la atrocidad, el dolor y muerte de los muchachos.
Pero la indolencia del gobierno federal y del gobierno local impidió acortar la posibilidad de que los jóvenes se salvaran.
El gobierno de Guerrero, que encabeza Ángel Aguirre, decía que ya actuaba; el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, que no sabía nada, y el federal que preside Enrique Peña Nieto, que era un asunto local. Como en el caso del asesinato del diputado federal Gabriel Gómez Michel, apenas una semana atrás, se dejaron pasar minutos clave para, posiblemente, salvarles la vida a los estudiantes.
También decía Buscaglia que cuando la denuncia se acerque a cada minuto más y más a los políticos, cuando sigan apareciendo videos, cuando vean la muerte rozar por su corazón, curul o silla, es que entre ellos surgirá la podredumbre.
Sus críticas se volvieron realidad luego de la barbarie de Ayotzinapa, el crimen de lesa humanidad, pues ahora en el PRD se culpan unos a otros, se empiezan a presentar evidencias que vinculan a unos y otros.
Y en San Lázaro, por ejemplo, por vez primera al abordar el tema y reconocer lo que ya todo México sabía, que el presidente municipal de Iguala estaba muy cerca de grupos criminales, o incluso forma parte de ellos, es que el tema de la narcopolítica llegó a la “máxima tribuna” del país.
Desde ahí, Silvano Blanco Deaquino, diputado federal por el PRD y representante popular de una parte territorial de Guerrero, dijo que había que aceptar que en México se vive un “narco-Estado”.
Que el crimen organizado ha penetrado desde las presidencias municipales, diputaciones locales, federales y “me atrevo a decir que hasta a la Presidencia de la República” en su financiamiento, sostuvo.
Pero así como nadie le rebatió sus palabras, por las curules de cada partido político se sabe que el dicho del legislador es cierto.
Y salen a la luz las acusaciones, los señalamientos. No hablar con la verdad sería caer en el cinismo, dijo el legislador federal en la Cámara de Diputados.
Decir que no se puede saber de dónde viene los aspirantes y quién es un militante de un partido político que pretende buscar un puesto de elección popular, es ser un cínico, acusó Buscaglia, pues los partidos tienen los elementos para saberlo.
En el PRD sabían que había indicios del nexo entre el edil de Iguala con el crimen organizado, como también lo supo el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, si atendemos al dicho de una persona que relató cómo en el gobierno de Felipe Calderón, en concreto la PGR, le notificó que el alcalde de Iguala tenía nexos con el narcotráfico.
Ese señalamiento no sólo se lo hizo la PGR de Calderón a un particular para que evitar mayor contacto con el edil de Iguala, sino que además se lo tuvo que dejar sobre el escritorio de Murillo Karam como uno de los principales pendientes a atender por el nuevo gobierno federal priista.
Quienes debían saber el vínculo entre el político local con el crimen organizado, lo sabían. Quienes tuvieron que actuar para evitar mayores riesgos sobre los estudiantes secuestrados, no lo hicieron, dejaron pasar el tiempo, fueron indolentes, fueron cómplices, por lo tanto gobierno federal, estatal y dirigentes partidistas son responsables de la muerte de los estudiantes.
Pero además del gobierno, infiltrado ya por el crimen organizado, la sociedad será culpable de que siga creciendo la barbarie en el país si no actúa. Hoy el reclamo ya se hizo patente en por lo menos una veintena de estados, pero no hay que bajar la guardia, la sociedad mexicana y los organismos internacionales deben seguir presionando, tanto que llegue el momento en que se abran las causas penales contra los políticos vinculados al crimen organizado, para que se les lleve al banquillo de los acusados, para que se les hagan juicios abiertos, desde el Congreso, como sucedió en los años veinte cuando ante los congresistas se llevó a los narcotraficantes, se les juzgó y se les encarceló.
En México ya no necesitamos más matanzas, de nadie, ni de estudiantes ni de criminales ni de integrantes de la seguridad ni de la Marina ni del Ejército ni de políticos; México ya tiene ríos de sangre, la sociedad tiene la palabra y la acción para detener las muertes, porque el gobierno, sin presión, nunca lo hará.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES (ANÁLISIS).
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