Sin mencionar las desapariciones y asesinatos de normalistas en Iguala, que claramente son los hechos que obligaron a actualizar la advertencia, recuerda que Guerrero fue el estado más violento del país en 2013, con 2,087 homicidios y 207 secuestros.
La violencia en Guerrero obligó a la administración de Barack Obama a actualizar su alerta de viajes a escasos dos meses de su última advertencia.
En esta nueva alerta, dada a conocer por el Departamento de Estado el 10 de Octubre, el gobierno de Obama amplía a todo el estado de Guerrero su recomendación de no viajar, con la excepción de las ciudades de Acapulco, Zihuatanejo, Ixtapa, Taxco y las Grutas de Cacahuamilpa, donde pide a sus ciudadanos tomar fuertes precauciones.
“Aún en estos lugares amistosos con los turistas –subraya– se debe ejercer precaución y permanecer en las áreas turísticas“.
El Departamento de Estado explica, con lujo de detalle, las rutas que deben tomar los turistas cuando visiten Guerrero. Recomienda viajar a Taxco solo por la carretera de cuota 95D, tomar la salida 91 Ixtala/Iguala y usar la carretera 95 Cuernavaca-Iguala. Advierte no hacer paradas en el recorrido sobre la carretera de cuota 95D, ni siquiera para llenar el tanque de la gasolina o descansar. Recomienda viajar sólo de día por la carretera 95/95D entre la ciudad de México y Acapulco.
Cuando se viaje hacia Playa Diamante, aconseja usar la carretera de cuota y evitar la carretera que atraviesa por Acapulco. Una vez en Acapulco, recomienda no desplazarse a zonas que estén más allá de dos cuadras hacia el interior del boulevard la Costera Miguel Alemán. En términos generales, dice, la popular área turística de Playa Diamante ha sido menos afectada por la violencia.
Asimismo, recomienda no viajar por carretera entre Acapulco y Zihuatanejo/Ixtapa y mejor optar por el avión.
La alerta prohíbe a los empleados del gobierno de Estados Unidos hospedarse en hoteles fuera de la zona hotelera. Recomienda los hoteles entre el Hotel Avalón Excalibur hasta Puerto Márquez.
Sin mencionar las desapariciones y asesinatos de normalistas en Iguala, que claramente son los hechos que obligaron a actualizar la advertencia, recuerda que Guerrero fue el estado más violento del país en 2013, con 2,087 homicidios y 207 secuestros.
En lo que respecta al resto de la República Mexicana, la nueva alerta no varía de la emitida el 15 de agosto pasado. Reitera la inclusión de 14 estados en la lista negra para viajeros: Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
La alerta no prohíbe viajar a Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Morelos y Veracruz, pero si pide tomar máxima precaución.
No hay alerta vigente para Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quinta Roo, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y el Distrito Federal.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El presidente Peña Nieto habla de impunidad como si fuera algo que el priismo no hubiera inaugurado, señala la doctora Denise Dresser.
Hechos de violencia en el país, como la matanza en Tlatlaya, Estado de México, o la masacre de estudiantes en Iguala, Guerrero, contradicen el discurso oficial del gobierno federal sobre que los hechos violentos van a la baja en México; por ello, la comunidad internacional ha volteado su mirada y ha expresado su preocupación -como recientemente lo hizo la Unión Europea-, aunque sea de forma diplomática, señalaron los analistas Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo y Denise Dresser.
En la Mesa Política de MVS, Meyer retomó el discurso del presidente Enrique Peña Nieto, sobre los vacíos de poder y los vínculos entre autoridades y el crimen organizado. Al respecto, indicó que el mandatario mexicano “habla en términos generales, como un ciudadano más, no como responsable”; “lo que interesaría escuchar son propuestas concretas y además un diagnóstico”.
Pidió que el presidente nos diga porqué ocurre el vacío de poder y persisten los vínculos entre autoridades y el crimen organizado. Señaló que pese a que se ha descabezado a organizaciones importantes, han surgido otras. “Necesitamos que el presidente nos diga porqué está el país como está y qué es lo que se piensa hacer”, dijo el historiador.
Mientras que sobre la declaración del presidente, de que no habrá un resquicio para la impunidad, comentó que en este país “todos sabemos que la impunidad reina”.
Respecto a la reacción internacional, Lorenzo apuntó que los políticos mexicanos les hacen más caso a los externos que a los de aquí adentro.
“El gobierno ya no se puede refugiar en la no intervención cuando desde el mundo echa en cara faltas a los derechos humanos”, sostuvo.
Ante este escenario, celebró la existencia de organizaciones no gubernamentales que protegen los derechos humanos, pues además de que son pocas, luchan contra todos, incluso los partidos; “pareciera que tienen que subir un Everest cada que se enfrentan a estos casos”.
En cuanto a los padres de las víctimas en Iguala, mencionó que “nos están diciendo que nos puede pasar lo mismo a nosotros… no hay garantías de que no vuelva a pasar”.
Y sobre la renuncia del gobernador, expuso que no sabe si será suficiente para que el PRD se redima.
Por su parte, Sergio Aguayo apuntó que la estrategia basada en ataque a cárteles no ha funcionado, pues en la misma semana que detienen a Héctor Beltrán Leyva, ocurre lo de Iguala, donde operó una escisión de los Beltrán Leyva: los “Guerreros Unidos”.
Lo ocurrido en ese municipio es una confirmación del descuido del gobierno federal a lo que pasa en los municipios, sostuvo el académico.
Los municipios son el flanco más débil de la estructura democrática, han sido dejados al ataque despiadado de, por ejemplo, los narcotraficantes.
Y cuestionó porqué los servicios de inteligencia no tienen capacidad para detectar fallas estructurales en municipios.
El discurso de Peña Nieto, de indignación, debe cambiar por una evaluación estratégica, aseveró.
“Por supuesto que es inaceptable pero tiene que haber una autocrítica… uno esperaría de él y su gabinete una revisión de los supuestos fundamentales porque urge que servicios de inteligencias detecten focos rojos”, apuntó.
Aguayo recordó que lo ocurrido en Iguala fue calificado por Human Rights Watch (HRW) como la matanza más grave desde 1968.
Que de manera oficial hayan salido los embajadores, los organismos internacionales, va en contra no sólo de la tesis sobre la reducción de la violencia en México, sino la urgencia que tiene el gobierno de EPN de captar inversiones extranjeras, indicó.
“No deja al gobierno de México en posiciones de negociar cuando la imagen que estamos proyectando es que ocurren todas las barbaridades posibles porque hay un pacto de impunidad”, agregó.
“Estamos indefensos porque hay un pacto de impunidad en la clase política”, abundó.
“La exigencia de que haya peritajes independientes es un clamor nacional porque no se confía en el Estado”, agregó.
En México, aseguró Sergio, las víctimas están indefensas y hay un menosprecio por la vida humana; además, a los políticos les importa poco la dignidad de quienes vivimos en este país.
Y calificó como una “necesidad, urgencia” de que renuncie el gobernador, pues ha sido un gobernante ausente, “que se refugia en lugares comunes y excusas ridículas”; es “inconcebible que sea protegido por el PRD”. Sobre la consulta que propone el mandatario estatal, indicó que “es un asunto de mera dignidad” el que se vaya.
Por su parte, Denise Dresser dijo que el presidente ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo, pues hay múltiples gobiernos priistas en los que se ha infiltrado el crimen organizado. En esos casos “ha cerrado los ojos”.
Con lo ocurrido en Guerrero, con gobiernos perredistas, el presidente “está intentando capitalizar políticamente los errores evidentes de la izquierda”.
Además, “habla sobre este tema como si fuera un ciudadano”, “como si fuera el director de una ONG y no el presidente de un país”, criticó.
“Habla de la impunidad como si fuera algo que el priismo no hubiera inaugurado… habla de la impunidad como si el PRI no hubiera contribuido a crearla… nació y creció en Los Pinos, en la Segob, en los gobiernos estatales, en los sindicatos”, sostuvo la politóloga.
“Hasta que no comience el combate a la impunidad en casa, la promesa de acabar con ella suena hueca, a otro compromiso no cumplido, eso sí es indignante, inaceptable y doloroso”, agregó.
La doctora señaló que “no es poca cosa la crítica extranjera”, además de que “les debe preocupar que estas notas aparezcan en primera plana de prensa internacional”.
“Son críticas que van directamente al talón de Aquiles de este gobierno: la violencia… que presume haber disminuido, sí se muestra leve descenso pero de cifras muy altas”, expuso.
Tanto Tlatlaya como Guerrero contradicen la narrativa que Enrique Peña Nieto y su equipo se han esforzado en construir, abundó.
Explicó que en México hubo y sigue habiendo muertos y heridos productos de la violencia desde el Estado; “sigue habiendo perseguidos, desaparecidos, ahí están los reportes de prevalencia de la tortura… las madres de Ayotzinapa desesperadas… todas esas víctimas merecen saber que las cosas han cambiado, merecen ser tratados como ciudadanos, el Estado los ha maltratado, en este país lo que hace falta es la verdad, la reparación de un mundo moral en el que las mentiras son mentiras, las verdades verdades y el Estado no es impune”.
Ante lo ocurrido en Iguala, apuntó, no es que deba irse por lo que dicen “opinotecnócratas” -como les llama-, debe irse para que el PRD pueda presentarse con un mínimo de respeto y decencia en las próximas elecciones.
“Si no lo hace, la izquierda continuará contribuyendo a la impunidad que denuncia pero no combate”, concluyó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México se tornó un espacio común de indignación popular que al grito de “Asesino, asesino, asesino”, los asistentes reclamaron al gobierno federal a cargo de Enrique Peña Nieto -sin omitir al del estado de Guerrero, de Ángel Aguirre-, la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.
Fue durante la tertulia realizada con los comunicadores Fernanda Tapia, Sanjuana Martínez, Jenaro Villamil, Virgilio Caballero, Humberto Mussacchio y a la que más tarde se incorporó Paco Ignacio Taibo II, que los asistentes comenzaron a elevar la voz poco a poco.
Conforme el título de la actividad “La historia del presente”, avanzaba en el análisis de los ponentes, los temas sobre la “actualidad mexicana” tocó temas sensibles para los asistentes como el de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, las ejecuciones extrajudiciales en el municipio de Tlatlaya en el Estado de México y la cuenta regresiva comenzó.
Guardería ABC, el derrame de tóxicos en el río Sonora, la masacre de 72 migrantes en San Fernando Tamaulipas y la de 1968 en Tlatelolco, provocó una reacción entre el público; “asesino, asesino, asesino” gritaron al unísono los centenares de presentes bajo la carpa titulada José Revueltas.
“Que se vayan todos”, continuaron otros. La tertulia se volvió un espacio común de la ciudadanía en su mayoría capitalina que argumentaban no dejarían al partido presidencial, “conquistar” la Ciudad de México.
“Si con estos desplegados que están sacando en el extranjero no generan repudio internacional a nuestros políticos, no sé cómo lo lograremos”, destacó la conductora radiofónica Fernanda Tapia, para quien el presente mexicano, “es un momento desesperado y de los más oscuros que yo recuerdo”.
Por su parte, cuando el periodista Virgilio Caballero tomó la palabra, aseguró que los tres niveles de gobierno están comprometidos a dar respuesta a la sociedad mexicana, ya que incluso señaló directamente al Partido de la Revolución Democrática (PRD) de estar comprometido “con el asesinato de estudiantes de Ayotzinapa”.
“No podemos confiar en las autoridades ni siquiera de dizque izquierda de la Ciudad de México y de cualquier parte del país”, afirmó.
Para Humberto Mussachio, la actual administración peñista y en general las administraciones federales “no se comportan como estadistas, sino como gestores del país”, pues a decir de éste, sólo buscan venderlo.
“El gobierno federal y estatal han sido incapaces de decir qué pasó, por qué mataron a esos muchachos y por qué desaparecieron a los otros, al no hacerlo, muestra que este gobierno es incapaz de cumplir con las tareas del Estado”, por lo cual, pidió la renuncia de Enrique Peña Nieto entre ovaciones de los presentes.
Por último, Jenaro Villamil, enfatizó que “por fin Peña Nieto está apareciendo en las portadas de toda la prensa internacional como lo que es: un asesino”.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: ALINA ROSAS DUARTE.
Durante el fin semana pasado se reportaron 21 asesinatos a lo largo de la República.
En el Estado de México se registraron cuatro incidentes diferentes en los que resultaron cinco personas asesinadas por armas de fuego; mientras que en Cuauhtémoc, Chihuahua, desconocidos balearon a tres sujetos.
Asimismo, presuntos enfrentamientos entre cárteles dejaron un fallecido y tres heridos en Tecomán, Colima.
Por su parte, la Procuraduría de La Paz, Baja California, advirtió el hallazgo de tres personas calcinadas en el interior de un vehículo.
En cuanto al estado de Jalisco, siete personas fueron asesinadas en seis municipios diferentes.
Finalmente, se cuenta a otro hombre baleado en Sinaloa, y a una mujer de 43 años en Morelos.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
Las escuelas normales de todo el país son un peligro para México, de allí podrían salir nuevos revolucionarios como Lucio Cabañas o Genaro Vázquez, más en un momento como este cuando hay descontento social general, consideró el ex dirigente de la Sección 18 del SNTE, Sarbelio Molina.
El ahora diputado michoacano por el Panal, reprochó el semillero de insurrectos en que se pueden convertir estos espacios de educación pública, y lejos de considerar que ser revolucionario puede llevar a un mejor país, advirtió que se debe tener mayor vigilancia a esas normales para que su espíritu combativo no suplante a los motivos educativos que son los únicos por los que deberían estar en las normales.
De lo contrario, advirtió que si no se pone un freno a los normalistas, éstos podrían sumarse al fenómeno de manifestaciones de inconformidad social que se vive en toda la geografía de México, y podría llevar en uno de sus puntos más graves, en una guerrilla.
“Recordemos que las guerrillas en este país iniciaron en el estado de Guerrero con dos profesores: Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, que fueron maestros rurales egresados de escuelas normales”, refirió el ex profesor.
El legislador michoacano sugirió incluso que el caso de Ayotzinapa, Guerrero pudo deberse a ajustes de un grupo criminal con el que los normalistas pudieron haber tenido un vínculo, “desde que se especula que fue un grupo criminal el que los ejecutó, hablaría ya de hay intereses extra educativos”, refirió el fiel seguidor de la presa Elba Esther Gordillo.
Y aunque reconoció que tanto la escuela de Ayotzinapa como la de Tiripetío y otras de Oaxaca, han sido siempre muy combativas, se debe vigilar más a sus muchachos y sus deseos de querer cambiar el país; porque el Estado Mexicano les está dando educación gratuita, y no se vale que ellos se dediquen a otro tipo de actividades”, declaró el político en un franco reproche contra las actividades de protesta de los estudiantes normalistas.
Para el ahora diputado, las protestas de los normalistas ni siquiera estarían sustentadas en desatinadas políticas públicas, para el que alguna vez fue maestro las normales son “espacios donde los grupos no afines al Gobierno buscan obtener gente para sus propios movimientos”.
La solución para contenerlos, dijo debe ser con una estrecha colaboración entre los gobiernos del Distrito Federal, de los Estados de Oaxaca y Guerrero, “porque lo que está ocurriendo en las normales y en el Politécnico Nacional, es un caldo de cultivo que puede derivar en un movimiento social similar al levantamiento de los Zapatistas en Chiapas”.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: CÉSAR VÁZQUEZ
Carmelo, otro de los estudiantes que sobrevivió al ataque en Iguala, cuenta cómo pasó esa trágica noche del 26 de septiembre.
"Se van a morir, se los va a cargar la chingada para que dejen de hacer sus cosas”, les gritaba una policía municipal a los normalistas, mientras movía su patrulla en todas las direcciones para acorralarlos.
Carmelo lo recuerda bien. El estudiante de 19 años, del segundo grado de la Licenciatura en Educación Primaria de la Nomarl Rural de Ayotzinapa tiene grabado en la mente el rostro de cada uno de los policías que les dispararon la noche del viernes 26 de septiembre.
Por eso cuando revisó el albún fotográfico de los uniformados y la tuvo a la vista no dudo en señalarla.
Del grupo de elementos de seguridad que se le dio para identificar, un rostro le despertó la angustia que vivió aquella noche. El de Margarita Contreras Castillo, la policía que con su camioneta lo acorraló a él y sus compañeros para que no pudieran escapar.
La apuntó con el dedo.
“Ponganse a estudiar huevones, hasta aquí llegaron”, gritaba la mujer, mientras les cerraba el paso a los normalistas que habían tomado los camiones e intentaban salir de Iguala.
“Corrimos hacia diferentes lados o direciones, siendo perseguidos en todo momentos por los elementos policiacos y cuando corríamos nos percatamos que dichos elementos habían detenido a veinte compañeros y los arrojaron a la caja de las patrullas”, recordó Carmelo.
Los aventaban como reses, decribió el normalista.
Es fue la última noche que Carmelo vio a sus compañeros, que forman la lista de los 43 desaparecidos que reportan los familiares y autoridades de la Normal Rural de Ayotzinapa.
“Una mujer policía que conducía una de las patrullas, misma que nos la hechó encima con la intención de matarnos, sin importarle que eramos personas”, relató.
El normalista proporcionó los números de las camionetas patrullas que participaron en el fallido operativo de Iguala. Recordó las unidades 017, 018, 020, 027, 028 y 302, como las que se llevaron a sus compañeros.
Todo sin novedad
Margarita Contreras Castillo, la policía señalada por Carmelo como una de las más activas partícipes de la persecución de normalistas, declaró que el viernes fue asignada al servicio de vigilancia en las instalaciones de la estación de ferrocarril.
La uniformada refirió que es usual entre los compañeros reunirse en los terrenos de la feria antes de presentarse a la comandancia para el pase de lista y recoger sus armas de fuego.
Esa noche, aseguró Contreras Castillo, suplió en el turno a su compañera Fabiola Soberanis Amateco, quien le hizo entrega del radio de comunicación.
Por ese canal fue que se enteró que en la explanada de Iguala se estaba llevando a cabo el Segundo Informe de labores de María de los Ángeles Pineda de Abarca, la presidenta del DIF de Iguala y esposa del alcalde.
“De manera periódica reporté al radio operador que no había novedades, agregando que entre las dieciocho y diecinueve horas escuché, vía radio, que se estaba llevando a cabo el informe de la presidenta del DIF municipal. Incluso escuché que estaban solicitando más apoyos de compañeros para que salvaguardaran el orden en el evento. No recuerdo la hora exacta en que pasó esto, pero fue aproximadamente a las diecinueve horas con treinta minutos, evento del cual me enteré vía radio que terminó sin novedad alguna”, contó la uniformada.
Contreras Castillo aseguró que fue hasta las diez y media cuando volvió a escuchar por radio que había detonaciones dentro de autobús.
“Así también escuché en el radio varias conversaciones, las cuales no lograba escuchar con claridad porque se escuchaba distorsionada la comunicación, y aproximadamente a las veinticuatro horas me indicaron via radio operador, el C. Natividad, que debía estar en 67 dentro del lugar donde me encontraba de servicio y que evitara estar a la vista por mi propia seguridad, pero no refirió el motivo por el cual me indicaba que debía estar segura”.
La clave 67 significa que estén atentos.
Según su declaración, no fue sino hasta las primeras horas del sábado que escuchó por radio la instrucción de acudir a la comandancia a entregar sus armas.
Participan ‘halcones’ y sicarios en la investigación
Los familiares de los estudiantes desaparecidos y las autoridades de la Normal Rural de Ayotzinapa se niegan a aceptar la versión de que otros grupos, ligados al narcotráfico, participaron en la matanza.
Las declaraciones de “halcones” y sicarios de Guerreros Unidos son las que han llevado a las autoridades a establecer que dentro de la Policía Municipal de Iguala existía un grupo conocido como “Los Bélicos”, que se caractizaba por su violenta forma de operar.
A decir de las investigaciones oficiales, “Los Belicos” era la célula de los Guerreros Unidos encargada de ejecutar los levantones en la región.
Tres “halcones” y un sicario del grupo criminal Guerreros Unidos siguen cooperando con las autoridades.
La información de estos cuatro hombres – la cual la Procuraduría de Justicia de Guerrero entregó a la General de la República (PGR)- sigue siendo el hilo conductor para encontrar más fosas del caso Ayotzinapa.
Mientras, los familiares de los 43 desaparecidos mantienen el reclamo para que devuelvan vivos a sus hijos, hermanos, sobrinos.
Aún se mantiene en debate si el gobernador del estado, Ángel Aguirre, debe dejar o no el cargo.
Mientras, se redescubren los lazos del alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, con el narco.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
Gabriel Di Bella, especialista del Fondo Monetario Internacional, asegura que la falta de focalización en los apoyos termina beneficiando a los grupos de mayores ingresos.
A todos nos gusta la energía barata, pero cuando los subsidios a la energía no van dirigidos a un sector específico y con los esquemas adecuados, terminan beneficiando a los más ricos.
Gabriel Di Bella, especialista del Fondo Monetario Internacional, asegura que en los países de economías emergentes y de bajo ingreso, un 43 por ciento de los subsidios energéticos benefician al 20 por ciento más rico de la población.
Generan desperdicio de recursos, afectan la fiscalidad en los países y retroceden la competitividad de la economía, indica. Y México no se salva de esa práctica.
Hoy, el país ocupa el tercer lugar de latinoamericana entre los que más otorgan subsidios generalizados a la energía y que no focaliza adecuadamente.
México, igual que Chile y Perú, explica Di Bella, aplica esta clase de subsidios para suavizar el impacto interno del aumento en los precios del crudo que se traslada a la gasolina y la electricidad.
En muchos casos, explica el especialista, los subsidios se otorgan porque las tarifas de electricidad no cubren completamente los costos que comprenden el robo de energía o su no pago como en Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.
Pero lo grave de estas políticas, advierte, es que si se implementan por un periodo largo y los beneficios están mal diseñados, los subsidios a la energía pueden tener consecuencias negativas.
Sobre todo, explica, porque se trata de una reducción artificial de los precios que producen sobreconsumo por parte de los hogares, y reducen el incentivo de las empresas a invertir en tecnologías que utilicen la energía de manera eficiente.
También, aclara Di Bella, producen efectos negativos sobre la inversión en el sector energético, afectando finalmente la calidad y la cantidad de su oferta, así como la competitividad de la economía.
“En la mayoría de los casos se otorgan de manera generalizada, y su falta de focalización termina beneficiando a los grupos de mayores ingresos. De hecho, en algunos países de América Latina son mayores que el gasto en educación y salud”, detalla.
Además, alerta, su magnitud y volatilidad restringen la política fiscal y en muchas naciones son el principal factor detrás de los déficits fiscales.
Di Bella recuerda que en la mayoría de los casos este tipo de políticas comienzan como medidas transitorias, pero después con el tiempo su reducción se torna difícil.
“México comenzó a reducir los subsidios a los combustibles a principios de la década, y espera terminar de hacerlo pronto, luego de cuatro años de aumentos de precios”, dice.
Para el analista, la experiencia internacional destaca que la racionalización de la política de subsidios tiene más probabilidad de éxito si se aplica de manera programática.
Es decir, reduciendo los subsidios generalizados de manera gradual, mejorar la calidad del servicio y liberar los precios.
“La población debe comprender que los subsidios implican costos para le economía y para la sociedad en general, no beneficios”, acota.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: GEORGINA HOWARD.
MÉXICO, D.F: El IFE, precursor del Instituto Nacional Electoral (INE), organizó su primera elección en 1991, de manera coincidente con las de gobernador en San Luis Potosí y Guanajuato, entre otros estados, que resultaron muy disputadas y controvertidas, así como cargadas de operativos para burlar la voluntad popular e instalar a los candidatos priistas, lo que finalmente no se pudo conseguir porque, ante las protestas partidistas y ciudadana, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari tuvo que recurrir a las llamadas concertacesiones.
En las elecciones federales, las únicas que había organizado directamente el IFE, no había mayores cuestionamientos, pero sí un histórico repunte de los candidatos priistas, quienes recuperaron muchas de las posiciones que habían perdido en la Cámara de Diputados en los comicios de 1988.
La combinación de elecciones estatales muy cuestionadas y el insólito crecimiento tricolor obligó al PRI a acceder a reformar nuevamente la legislación electoral y, entre otras cosas, modificar la conformación del Consejo General del IFE antes de los comicios presidenciales de 1994. El recién nacido IFE no había logrado su objetivo: ganar la confianza ciudadana.
En octubre de 2003, los grupos parlamentarios del PRI y el PAN decidieron excluir al PRD de la negociación para la renovación del Consejo General del IFE, lo cual provocó que la designación de los nueve integrantes del órgano de gobierno del instituto fueran designados con el voto en contra de los partidos de izquierda, que dos años más tarde postularían a Andrés Manuel López Obrador como su candidato a la Presidencia de la República. Como se recordará, aquella campaña fue muy polarizadora, y al final la elección se resolvió con el triunfo de Felipe Calderón por poco más de medio punto porcentual, hecho que dio lugar a un prolongado conflicto poselectoral.
La crisis se había gestado en octubre de 2003, cuando PRI y PAN marginaron al PRD de las negociaciones, pues le habían dado el argumento principal para arremeter contra la institución electoral, precisamente porque desconfiaba de los integrantes de su órgano de gobierno. Hay que reconocer que otros dos factores potenciaron la inconformidad: los errores de la autoridad electoral y el estrecho margen por el que perdió la elección López Obrador. La embestida contra esa autoridad fue la principal razón de la reforma electoral –constitucional y legal– de 2007.
El pasado 30 de septiembre el Consejo General del INE aprobó el nombramiento de 126 consejeros que integrarán los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) de 18 entidades de la republica, que serán los responsables de organizar, entre otras cosas, los procesos de renovación de nueve gubernaturas en elecciones coincidentes con las federales.
Los nombramientos fueron muy cuestionados por los principales partidos de oposición (PAN, PRD y Morena) por considerar que favorecían claramente al PRI y por evidentes problemas surgidos en la mecánica de selección (Proceso 1978); conflictos que llevaron incluso a modificar las propuestas en la misma sesión del Consejo al detectarse que en Tabasco se había incluido a una consejera con vínculos comprobables con el PRI; en Chiapas a una pareja de esposos; en San Luis Potosí a padre e hija… Una muestra más del descuido del proceso de selección.
Con todo, el INE ignoró las protestas de los representantes partidistas y siguió adelante con las designaciones. PAN, PRD y Morena ya advirtieron que acudirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar los nombramientos; pero, más allá del resultado de ello, el conflicto se podría agudizar conforme avance el proceso electoral, y particularmente si en las nueve entidades donde se elegirá gobernador el candidato de alguno de los partidos que hoy se queja de la conformación del órgano local pierde por una diferencia muy estrecha. En esos estados el conflicto poselectoral está asegurado desde este momento.
Las entidades donde se elegirá gobernador son Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora. En varias de éstas el PAN, el PRD o ambos partidos, los principales contendientes del PRI, ya hicieron señalamientos específicos; y, sobre todo en los casos de Campeche, Michoacán, Nuevo León y Sonora, la designación no se efectuó por unanimidad: la consejera Pamela San Martín votó en contra por considerar que se estaba violando la ley al haber incluido entre los consejeros a exintegrantes del Servicio Profesional Electoral, lo que está prohibido en la ley. Al menos en tres de esos estados (Michoacán, Nuevo León y Sonora) las elecciones se esperan muy reñidas, con la consecuente posibilidad de que el conflicto se agudice.
Aunque no se hayan hecho señalamientos concretos, todo indica que los comicios en Baja California Sur, Querétaro y San Luis Potosí (donde ya se ha dado doble alternancia), así como en Guerrero, entidad en manos del PRD, tendrán contiendas muy cerradas.
Los consejeros del INE repitieron una y otra vez que en esta ocasión se mantendría una supervisión cercana de la actuación de los organismos estatales, y aun si aquellos cumplieran su promesa, el problema es que sus posibilidades de acción son muy limitadas. Realmente las dos únicas vías que tienen son la de atraer la organización, aunque para ello requieren implementar un procedimiento especial y el voto de 8 de los 11 consejeros electorales, lo cual será casi imposible de conseguir pues el bloque priista está conformado por cuatro consejeros, con que prácticamente cancelan la opción. Todavía más difícil sería establecer y concretar un mecanismo de remoción de alguno de los consejeros recién designados.
Y la gran diferencia con 1991 es que ahora es la misma institución la que organiza las elecciones federales y estatales, y que la votación se emitirá un una casilla única, en el mismo local y con los mismos funcionarios de casilla, por lo cual las irregularidades y/o ilegalidades automáticamente contaminarán las dos elecciones.
Por las intervenciones de los consejeros del Poder Legislativo del PAN (Javier Corral) y el PRD (Guadalupe Acosta Naranjo) en la sesión del Consejo del INE, es evidente que los dos partidos (o al menos los dos representantes) están arrepentidos de la creación de éste. Si el proceso electoral del próximo año se complica al menos en uno de los estados donde se renovará gobernador, las posibilidades de una nueva reforma electoral que cree otra institución electoral se multiplicarán.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ (ANÁLISIS)
MÉXICO, D.F: Andrés Manuel López Obrador denunció que con la determinación de Enrique Peña Nieto y Pedro Joaquín Coldwell –secretario de Energía del gobierno federal–, de cancelar la construcción de la refinería Tula, Hidalgo, se tirarán por la borda 3 mil 500 millones de pesos que se gastaron para la edificación de la barda perimetral que protege el terreno donde se llevaría a cabo la obra.
Tanto en la asamblea informativa en San Juanito de Escobedo, Jalisco, como en su cuenta de Facebook, el excandidato presidencial recordó que el 8 de octubre de 2008, el panista Felipe Calderón, para salir del paso, anunció la construcción de una nueva refinería en la entidad hidalguense.
A lo que seis días después, López Obrador rememoró que declaró que terminaría el sexenio de Calderón Hinojosa “y no iba a pegar un solo ladrillo”. Actualmente, detalló, sólo se ha construido la barda perimetral y ya se frenó la construcción de la refinería por instrucciones de Peña y Codwell y eso es muestra sólo de que “sigue el despilfarro y la corrupción”.
En Facebook, también publicó que “desde la Expropiación Petrolera de 1938 hasta 1976, no se vendió petróleo al extranjero y México creció al 6% anual, ahora exportamos petróleo y compramos más de la mitad de la gasolina que consumimos porque en 34 años no se ha construido una nueva refinería en el país, por el negocio de políticos y empresarios corruptos en la importación de combustibles”.
Al informar que el principal problema de México es la corrupción, el presidente del Consejo Nacional del partido Morena puso otro ejemplo que el gobierno federal, –la Secretaría de Salud, el ISSSTE y el IMSS— compran a precios elevadísimos los medicamentos, venden las medicinas quienes no tienen laboratorios, sino los dueños de comunicación ganan los contratos.
Expuso que un medicamento para controlar la diabetes se vende en el país hasta 10 veces más de lo que vale, pero si se termina con los actos de corrupción en el sector salud, habría ahorros y se podría dar la medicina gratis a los pacientes que sufren dicha enfermedad.
Y por si fuera —prosiguió— los servidores públicos de alto rango llevan a cabo compras onerosas como es el caso del “pequeño faraón” Enrique Peña que se compró un avión de 7 mil 500 millones de pesos, además gastó mil millones de pesos para la ampliación del hangar presidencial y si se agrega el mantenimiento, son alrededor de 10 mil millones de pesos.
Dio a conocer que el jueves pasado llegó el nuevo avión modelo Boeing Dreamliner 787, a la base militar Santa Lucía cerca de la Ciudad de México y en uso de sus derechos ciudadanos solicitará al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) la información sobre la compra de la aeronave TP-01.
Agregó que requerirá que le permitan subir al avión para tomar fotografías, video del interior del “Palacio de los cielos” del corrupto de Peña Nieto y mostrárselo al pueblo de México. Sin embargo sólo estuvo la aeronave cuatro horas para supuestamente un trámite, pero por la protesta que hicieron los ciudadanos en las redes sociales tuvo que regresar a Estados Unidos.
Manifestó que el viernes en su cuenta de Facebook pidió que “ojalá y no regresara nunca, que se lo vendan a un multimillonario estadounidense, ruso o a un poderoso jeque árabe, así nos ahorraríamos alrededor de 10 mil millones de pesos y no se ofendería tanto al pueblo de México”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
IGUALA, Gro: En una de las fondas cercanas a la abandonada base de la policía municipal clausurada con esas cintas amarillas que sellan las escenas del crimen, una preocupada anciana muestra la libreta llena de tachaduras donde anota las deudas de sus clientes que no han vuelto para pagar: 22 están en la cárcel, casi 300 fueron llevados a una reeducación en Tlaxcala.
“Si fueran extorsionados tuvieran para comer. Cuando la gente anda ‘en cosas’ se sube inmediatamente, pero mire sus deudas: éste no tenía para cigarros, éste para galletas, éstos pedían fiados almuerzos”, dice la mujer mientras prepara un queso en salsa.
Sus hijas, encariñadas con sus antiguos clientes, mencionan las irregularidades en el proceso que llevan contra ellos que han escuchado. Según su versión, los estudiantes no llegaron esa noche a los separos ubicados a escasos metros de la tienda, en la base policial con fachada de cárcel y roída por la humedad. “Cada que hay detenidos se oye cuando gritan ‘¡poli, dame agua!’, pero esa noche no se escuchó nada, no vimos patrullas fuera”. La madrugada del día 7 no volvieron a ver a sus exvecinos pues ya estaban acuartelados en la policía estatal.
Un cliente comenta que los hicieron rendir honores a la bandera y detonar sus armas, por ello dan positivo en las pruebas de radiozonato que indican que ellos dispararon la noche del 26 de septiembre cuando activaron el operativo contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y dejaron a seis personas muertas (uno desollado), 15 heridas (una con muerte cerebral) y 43 desaparecidas. Esa noche que, hoy se sabe, entregaron a los detenidos a miembros del cártel Guerreros Unidos.
Esta mañana a la fonda van llegando familiares de policías que no quieren identificarse, pero piden se transmitan sus inconformidades: “Se los llevaron a Acapulco, y luego los sacaron y no sabemos dónde están…. No dejan pasar a verlos… ¿Por qué no revisan a las demás corporaciones, por qué los municipales son los culpables? ¿Por qué cuando la federal, los militares y la estatal ven esto se abren y mandan al patito feo?… Hay gente que no estaba en el turno en el que ocurrió todo… Además, ¿quiénes son esos ayotzinapos?, unos delincuentes…. Los balazos del autobús y de los cuerpos no coinciden con las armas que trae la policía que no traen el 762… Violaron sus derechos, los aislaron en Acapulco, ni comida les dieron… ¿Por qué los culpan a ellos si sabemos que hay patrullas clonadas… ¿En qué momento pudieron salirse del turno para ir al cerro a enterrarlos si ya los habían encuartelado? No cuadra”.
Uno de ellos, furioso, interroga a la reportera, pide a los demás que revisen si tiene una cámara oculta, amenaza, reclama por las noticias en la televisión, hace un berrinche hasta que suelta: “¿Sabe por qué no hablamos? Hablar es ir al panteón”.
En Iguala hay una preocupación especial por una oficial de nombre Margarita que tiene dos hijos pequeños y la noche salvaje estaba asignada a cuidar la estación de ferrocarriles.
Según la lógica de detenciones del gobierno, los narcopolicías trabajaban en un mismo turno, como si los que entraban en el turno siguiente todos estuvieran limpios y sólo los que estuvieron en servicio durante la noche fueran culpables.
A limpiar el nombre de Iguala
El martes 7, miércoles 8 y viernes 10, a las ocho de la mañana, afuera de la presidencia municipal se repitió una misma escena. Iniciaba un pase de lista y cuando escuchaban su nombre (“…Procopio…. Bulmaro… Basilio… Rufo… Pànfilo… Pantaléon… Margarito….Irineo….”) los policías tenían que dejarse fotografiar de frente por militares y subir con su equipaje a unos autobuses que los llevarían a Tlaxcala a entrenarse. Abajo, sus llorosas esposas les entregaban el lonche y esperaban en la calle hasta verlos marchar.
Algunos policías estaban asustados. El primer día pensaban que los militares los iban a capturar, por eso sólo 112 se presentaron. El segundo día iban más confiados porque ya tenían información: los del primer grupo habían sido llevados a dormir a unas cabañas encima de unos cerros en Tlaxcala donde pasaron la noche con frío y tenían que hacer sus necesidades más básicas en el monte a base de sanitarios, pero no sufrieron maltratos.
“Es voluntario, nadie nos está forzando, es para prepararnos mejor y ser mejores y resguardar la seguridad”, explicó Basilio Rivera Ramírez, hombre con 60 años, siete como policía y un sueldo mensual de siete mil pesos.
Su respuesta parece inspirada en el mensaje de despedida que les dio el síndico Óscar Chávez Pineda, encargado de despacho en ausencia del presidente municipal prófugo, quien realzó su sacrificio en nombre de Iguala.
“Esta medida va a ser muy buena para ustedes y provechosas, para poner en alto el nombre de Iguala, que habemos gente buena. Pongan toda su entereza para aprovechar este curso que va a ser para bien de la ciudad y de ustedes y a poner en alto el nombre de Iguala… ¡No están solos!”. Nadie aplaudió.
Inspirada, una reportera asignada a la cobertura de nota roja, repeló en voz baja: “Hacían cosas malas que no debían de hacer, pero decir que estaban en el crimen organizado no me parece”. Las ‘cosas malas’ son los arrestos a los borrachitos e indigentes. Cada falta administrativa se cobraba por 500 pesos en barandilla. No mencionó las denuncias que existen contra la corporación por secuestro, tortura, desaparición, extorsión y por las que el municipio ha sido considerado foco rojo por la comisión estatal de derechos humanos.
Esperaba su turno a los autobuses Matías González Domínguez, un hombre flacucho de rostro chupado que roza los 70 años de edad y los 16 de servicio. Este exmilitar no recordó cuántos cursos de capacitación ha tomado en la Academia de Policía y cuando se le pregunta qué cosas aprendió respondió: “Ya ni me acuerdo”.
Después de hacer memoria recordó uno: era sobre la forma como debe tratar a la ciudadanía. Un curso que sus colegas pasaron por alto cuando perseguían a los normalistas que empañaban el informe de la esposa del alcalde y presidenta del DIF.
¿Señor, la razón por la que se hizo policía? “Allá afuera está medio crítico, no dan trabajo a gente grande”.
Otra respuesta: “No ajustábamos, éramos gente humilde, necesitaba trabajar”.
El policía primero Carlos Manuel Díaz, quien quedó a cargo de la corporación luego de que los directivos se fugaron cuando a la ciudad llegaron fuerzas federales, reconoce que la mitad de los elementos no tiene estudios de preparatoria, muchos son adultos mayores, sus capacitaciones han sido irregulares y ninguno goza de jubilación.
Díaz no puede precisar el número de policías que existen en la corporación: los que estaban antes se llevaron todo, expedientes y computadoras a sus casas. En el área de Recursos Humanos se niegan a proporcionar los datos: el encargado es yerno del hermano del alcalde fugado, uno de los parientes de Abarca incrustados en la nómina municipal.
Odio a muerte contra los ayotzinapos
¿Cómo explicar la saña con la que fueron perseguidos los estudiantes que boteaban para pedir cooperación en las calles de Iguala y tomaron tres camiones para volver a su escuela? ¿Cómo se explican los dos episodios con balaceras, la cacería, la rafaguiza a los camiones que los transportaban, la persecución como perros, el desollamiento de quien no quiso quitarse la bufanda del rostro, las ejecuciones extrajudiciales, la entrega de los jóvenes a sicarios, la masacre arriba de un cerro donde la fiscalía dice que quemaron a los que permanecen desaparecidos y arrojaron a fosas? Sobre eso no tienen muchos comentarios.
“Esos estudiantes no eran una perita en dulce”, dice un sesentón que trabajaba como administrativo en la policía, encargado de cuidar las armas.
“Yo vi cuando esos ayotzinapos pintarrajearon el palacio, quebraron vidrios, hicieron vandalismo el otro año. Vandalismo, eso es lo que saben. Otro es el que paga por lo que ellos hacen”, dice uno que antes de convertirse en policía fue campesino.
“Mucha gente nos está culpando a los policías, pero sabemos que no es de ahí, que no tenemos que tirar antes, hemos tenido cursos. No sé si había patrullas clonadas, a veces hay reportes pero desconozco”, dice uno pelón de 57 años.
“El procurador hizo su trabajo, quiso quedar bien, pero los policías no hicieron esto, el policía tiene siempre que pagar. A ellos se los llevó otra gente, no fueron policías”, dice uno con 37 años de edad y 11 de servicio.
Sólo un joven de 30 años, un policía con dos años de servicio, es el único que no se expresa mal de los estudiantes, que los ve como cara de un mismo problema: “Las represalias de los ayotzinapos son porque a veces son algo agresivos, pero yo pienso que esa gente era como nosotros que cuando no nos quieren dar bonificación o Subsemun (fondos federales) hacemos nuestros paros porque no les hace caso el gobierno, y hacemos protestas”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.
Cientos se manifestaron en Chilpancingo para exigir la destitución del gobernador Ángel Aguirre y la presentación con vida de los 43 normalistas.
El ambiente en la capital guerrerense se calentó, y el primer señalado fue el gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Cientos de ciudadanos, así como empresarios, comerciantes y campesinos, salieron a las calles para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa que permanecen desparecidos desde el pasado 26 de septiembre.
Los manifestantes pidieron además la destitución del gobernador Aguirre Rivero.
Durante la protesta se escuchaban consignas como “Ojo por ojo y diente por diente, lo mismo al gobernador para que vea lo que se siente” y “Aguirre borracho, libera a los muchachos”, reportó Proceso.
Durante la manifestación, el empresario Pioquinto Damián Huato señaló que la masacre de seis personas y la desaparición de 43 normalistas en Iguala encarnan la corrupción, impunidad y violencia que se vive en Guerrero.
El expresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) pidió además que se castigue a los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes.
Mientras tanto, alrededor de mil personas con las mismas demandas marcharon en el municipio de Apango.
La petición de Aguirre
Por su parte, el mandatario estatal pidió a los guerrerenses sumarse a la búsqueda de los 43 jóvenes normalistas.
“Imaginan ustedes el dolor por el que están pasando en estos momentos los padres de familia, por eso tenemos que perseverar, tener fe y esperanza de que los encontremos con vida”, dijo el gobernador durante un evento público.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
Jorge Hernández Lira pelea la silla de Carlos Romero Deschamps. Sin embargo, los trabajadores de Pemex acusan al secretario General del sindicato petrolero de defraudarlos con un programa de credencialización.
El fantasma de un fraude millonario cometido contra miles de trabajadores de Pemex enturbia la sucesión por la dirigencia del sindicato petrolero y pone bajo sospecha a uno de los aspirantes a relevar al polémico líder Carlos Romero Deschamps.
Jorge Hernández Lira -quien se ostenta desde hace dos años como secretario General del sindicato petrolero- es acusado por trabajadores de Pemex de defraudarlos con un programa de credencialización.
Como dirigente de la Coalición Petrolera Independiente, A.C., Hernández Lira cobró cuotas de 500 pesos a sus agremiados con la falsa promesa de que devolvería los recursos que aportaron para la contratación de un seguro de vida.
Hernández Lira sacó provecho de la ilusión de los trabajadores - principalmente jubilados- de conseguir este dinero que se les descontó durante 20 años en los tiempos de Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, el histórico líder petrolero encarcelado en 1989, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Por años, los trabajadores jubilados y activos de Pemex han buscado por todos los medios legales la devolución de las aportaciones que realizaron durante más de 20 años para la supuesta compra del seguro de vida.
En 1972, el sindicato petrolero, entonces encabezado por “La Quina”, ordenó que por nómina se les descontara parte del salario para pagar la prima del supuesto seguro, con Seguros La República.
Bajo ese concepto, durante 20 años ininterrumpidos Pemex descontó a sus trabajadores montos de entre 100 y 150 pesos.
Nunca el sindicato rindió cuentas sobre este fondo, y en 1988, “La Quina” fue aprehendido en su casa en la ciudad de Tampico y encarcelado, acusado de homicidio y acopio de armas.
La historia no terminó ahí.
En 1992, Seguros La República fue intervenida por la Comisión Nacional Bancaria y declarada en quiebra.
Del patrimonio de los miles de trabajadores de Pemex que tenía bajo resguardo esta empresa -comprada por el Grupo Interacciones- nunca más se supo nada.
Desde entonces, los trabajadores han buscado sin éxito recuperar las reservas matemáticas y los intereses por las aportaciones realizadas.
Los trabajadores presentaron una demanda, pero ninguna autoridad federal ha confirmado la existencia del fideicomiso bancario –el número 56342/FID/III/06- y mucho menos de la existencia de más de 800 millones de pesos del que se supone está conformado este fondo.
En 1995, se creó la Coalición Petrolera Independiente, A.C. con la intención de recuperar los fondos de este seguro de vida. Esta organización comenzó con las gestiones, sin embargo, sus dirigentes y líderes aprovecharon para exigir cuotas a los trabajadores jubilados y activos de Pemex.
Los líderes de esta organización pedían dinero bajo el argumento de que contaban con una resolución judicial que ordenaba el reembolso de esos recursos a los trabajadores petroleros.
Pero lo cierto es que ninguno ha recuperado un centavo y siguen pagando dinero por supuestos programas de credencialización y gastos de representación legal.
Un padrón sin beneficiarios
Reporte Indigo tiene en su poder decenas de credenciales tramitadas por la Coalición Petrolera Independiente (CPI) con el supuesto fin de elaborar un padrón de beneficiados para repartir este fondo, que es considerado incobrable.
Este periódico tiene también recibos de pagos a nombre de trabajadores por un monto de 405 pesos por concepto de “gastos de representación” inherente al rescate del fondo de reserva reclamado ante la Comisión Nacional Bancaria.
Una cadena de defraudación
El primero que se aprovechó la situación para conseguir recursos de los trabajadores afectados fue Francisco Mata Martínez, primer presidente de la Coalición Petrolera Independiente (CPI).
La CPI creó un programa de credencialización entre los petroleros para afiliarse y tener derecho –según ellos- al fondo de reserva relacionado con los pagos realizados para el seguro de vida.
De acuerdo a trabajadores entrevistados por Reporte Indigo, cada uno pagó mil 200 pesos por el empadronamiento.
Cuando Jorge Hernández Lira asumió como dirigente de la CPI hizo exactamente lo mismo que su antecesor Mata Martínez. Exigió una aportación.
El líder petrolero comenzó en la CPI como secretario de comunicación social y luego continuó como apoderado legal.
El aspirante a relevar a Romero Deschamps en el sindicato petrolero pidió 500 pesos a los trabajadores por una nueva credencialización.
Un negocio muy atractivo: los trabajadores afiliados a la Coalición Petrolera Independiente suman 150 mil.
Las denuncias contra Hernández Lira las ha realizado Víctor Manuel Lozano Castro, actualmente presidente de la CPI, quien acusa a su antecesor de engañar con la recuperación de este fondo.
Lozano Castro acusa a Hernández Lira de haber cobrado a trabajadores de Tampico, Madero, Reynosa, Altamira y Poza Rica, trabajadores en activo, muchos de ellos sin derechos de poder cobrar esas aportaciones.
También Jorge Félix Cabrera, representante de petroleros jubilados en Veracruz, asegura que Hernández Lira les pidió 500 pesos para una nueva credencial.
Las nuevas tarjetas sustituían a las que circuló el exlíder Mata Martínez por mil 200 pesos.
“Nos dijo (Hernández Lira) que él tenía la llave para abrir ese candado y rápido hizo dinero como no se imagina”, comenta Félix Cabrera.
Las nuevas tarjetas de Hernández Lira traían una innovación: un código de barras.
“Es el código que les van a pedir en el banco para pagarles”, dicen los trabajadores que les prometió Hernández Lira.
El dirigente sindical les garantizaba hasta 250 mil pesos a cada uno, del rescate del seguro de vida.
Incluso en ese programa de credencialización se afiliaron personas que no eran petroleros.
“Hasta pescadores le entraron y le pagaron a Hernández Lira”.
La única verdad es que hasta el momento los trabajadores petroleros no han recibido un centavo.
El ultimátum de la reforma
Los días de Carlos Romero Deschamps – el polémico líder petrolero conocido por la vida de lujo que se da como dirigente nacional del sindicato petrolero -están contados en este sexenio.
La reforma energética, aprobada este año, dejó fuera al STPRM del Consejo General de Pemex, lo que representó un fuerte golpe a este poderoso sindicato dirigido por el priista.
Pero la reforma también dejó un ultimátum: para antes del 12 de agosto de 2105 Pemex deberá de realizar modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y convertir en deuda pública los pasivos laborales como lo establece el artículo tercero transitorio del decreto.
Se especula que Romero Deschamps no estará para entonces al frente del sindicato, lo que ha desatado una disputa por el control de esta poderosa organización.
Jorge Hernández Lira desde hace dos años se ostenta como secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, alegando que ganó en una elección que convocó en la Ciudad de México
Sin embargo, la toma de nota que dice tener no ha podido ser validada por la Secretaría de Trabajo, por lo que un juez federal le negó una suspensión de amparo.
Eliel Flores Sánchez, dirigente también de la Coalición Petrolera Independiente, ha manifestado su intención de participar en la sucesión.
Omar Toledo es otro de los dirigentes que también pretenden suceder a Romero Deschamps en la dirigencia sindical que ha ocupado por más de 20 años.
Credenciales con códigos
Las nuevas tarjetas que les ‘vendiò’ Jorge Hernández Lira traían una innovación: un código de barras
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
Florence Cassez pasó siete años encarcelada en México acusada de ser parte de una banda de secuestradores, cargo que ella siempre ha negado. Su “captura” televisada –se supo después– fue un montaje perpetrado por el policía favorito del régimen calderonista: Genaro García Luna. La ciudadana francesa salió libre a principios del año pasado gracias a una resolución de la Suprema Corte de Justicia; volvió a su patria, se tomó un tiempo y ahora inició acciones legales –en su país– contra quien resulte responsable de haberla señalado y encarcelado.
PARÍS: “Mi historia no terminó con mi liberación”, advirtió Florence Cassez en entrevista con la corresponsal a mediados del pasado enero (Proceso 1942). Se rehusó a precisar algo más, pero no era muy difícil imaginar su intención de seguir luchando contra quienes le “robaron siete años de vida”, según sus propias palabras.
El pasado 29 de septiembre su abogada, Sophie Thonon, presentó en París una demanda contra quien resulte responsable por “arresto y detención ilegales”, y pidió a las autoridades judiciales francesas que “identificaran y condenaran” a dichos responsables.
La noticia se dio a conocer públicamente el jueves 2.
Contactada por correo electrónico, Cassez responde a la corresponsal que sólo su abogada hablaría del caso. Localizada vía telefónica, Thonon dice a este semanario:
“No sólo represento a Florence Cassez, quien fue encarcelada ilegalmente en México durante siete años y a menudo en condiciones inhumanas. Represento también a sus padres Bernard y Charlotte Cassez, victimes par ricochet (víctimas colaterales), de los perjuicios de extrema gravedad sufridos por su hija.”
Thonon, quien lleva seis meses trabajando en el expediente de Cassez, espera con confianza la próxima etapa del procedimiento judicial.
“Le corresponde ahora al procurador de justicia (de Francia) decidir sobre la oportunidad de instruir el caso de mi clienta, quien, es importante recordarlo, fue liberada por decisión de la Suprema Corte de Justicia de México”, insiste la abogada, quien hace hincapié en el montaje de la detención de Cassez el 9 de diciembre de 2005 ante las cámaras de Televisa y TV Azteca.
Enfatiza: “En realidad mi clienta fue detenida el 8 de diciembre y mantenida incomunicada durante 24 horas. Ese fue el punto de partida de todo”.
Thonon subraya que ese montaje fue llevado a cabo “por altos responsables policiacos en un contexto de guerra contra el crimen”, pero no menciona nombres por considerar que será precisamente la tarea de un juez instructor determinar a quiénes incriminar por los siete años de encarcelamiento de su clienta.
Es difícil prever cuándo dará a conocer su decisión el procurador. El tiempo de la justicia es muchísimo más lento que el tiempo periodístico, advierte Thonon a la corresponsal.
–Vamos a suponer que se abra esa instrucción judicial –se le comenta–. Eso amenaza con crear nuevas tensiones diplomáticas y políticas entre Francia y México. La “reconciliación” entre los dos países fue importante tanto para Francois Hollande como para Enrique Peña Nieto.
–De nuevo vamos a hablar de tiempo. El tiempo político no es mi tiempo. Yo defiendo a una mujer que fue sacrificada en el altar del tiempo político mexicano durante siete años. Y no quiero pensar que se intente sacrificarla esta vez en el altar de las relaciones políticas franco-mexicanas.
Extraterritorialidad
Renombrada litigante, Thonon es una defensora incansable de los derechos humanos y desde hace décadas mantiene estrechos lazos con América Latina, pues representó a las familias de los desaparecidos por las dictaduras argentina y chilena.
Abogada de los deudos de Alice Domon y Léonie Duquet, dos religiosas francesas secuestradas, torturadas y asesinadas en Argentina en 1977, Thonon luchó durante años para que se juzgara en Francia al excapitán Alfredo Astiz, El Ángel de la Muerte, directamente implicado en el suplicio de las monjas.
Su determinación venció todos los obstáculos políticos. El juicio se celebró en 1990 en París. Astiz fue condenado a cadena perpetua pero en ausencia, pues no existían acuerdos de extradición entre Francia y Argentina.
El veredicto causó impacto en particular en Argentina, donde Astiz vivía cómoda y tranquilamente. No fue sino hasta 2009 cuando El Ángel de la Muerte tuvo que responder ante la justicia de su propio país por los crímenes perpetrados contra las religiosas.
Fue con la misma voluntad inquebrantable que Thonon y William Bourdon, otro afamado abogado galo, defendieron a cuatro desparecidos franco-chilenos víctimas del régimen de Augusto Pinochet. Dos de ellos desparecieron durante la aplicación del Plan Cóndor que los dictadores del cono sur elaboraron para acabar con toda forma de oposición.
En diciembre de 2001 Thonon y Bourdon estuvieron a punto de provocar un incidente diplomático de gravedad entre Francia y Estados Unidos al pedir que Henry Kissinger, de paso por París invitado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, compareciera como testigo ante la justicia gala.
Dos agentes judiciales se presentaron en el lujoso hotel Ritz donde el estadunidense exsecretario de Estado se hallaba hospedado para entregarle la convocatoria del juez que instruía el caso de los cuatro franco-chilenos.
Kissinger logró salir discretamente del hotel. “Se refugió” en la embajada de Estados Unidos y abandonó Francia aún más discretamente.
En 2010, después de 12 años de complejos procedimientos y una larga instrucción, Thonon y Bourdon , junto con sus dos colegas Claude Katz y Benjamin Sefati, lograron enjuiciar en la Corte de lo Penal de París a 13 altos responsables del régimen pinochetista y a un argentino (Proceso 1633 y 1783).
El juicio duró más de una semana, del 8 al 17 de diciembre de 2010. Se llevó a cabo en ausencia de los acusados, quienes se negaron a reconocer la autoridad de la Corte, pero en presencia de los familiares de los desaparecidos que llevaban 37 años esperando justicia.
Los juicios contra Astiz y contra los integrantes de la junta militar chilena pudieron realizarse en París porque la ley penal francesa establece “la competencia jurisdiccional extraterritorial” en los crímenes cometidos por extranjeros contra ciudadanos franceses fuera del territorio nacional.
Es esa misma competencia jurisdiccional la que permite ahora a Cassez y a su abogada exigir justicia en Francia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANNE MARIE MERGIER
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