Quitan mando a general del caso Tlatlaya

MÉXICO, D.F: La secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) removió al general de brigada José Luis Sánchez León como comandante de la 22ª Zona Militar, a la que pertenece el 102 Batallón de Infantería, implicado en la ejecución sumaria de presuntos delincuentes en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México.

Sin explicación alguna, la Sedena publicó en su sitio electrónico cambios en las zonas militares del país, en los que destaca la remoción del general de brigada Sánchez León.

De acuerdo con la rotación aprobada por el titular de la Sedena y jefe del Ejército, el general de división Salvador Cienfuegos, Sánchez León no fue asignado a alguna otra de las 46 zonas militares del país.

En su lugar, fue designado como comandante de la 22ª Zona Militar el general de brigada José Ricardo Bárcena Rosiles, quien hasta hace algunos días era el subjefe administrativo y logístico del Estado Mayor de la Defensa Nacional, uno de los cargos de confianza del general secretario para el manejo del Ejército.

El cambio se produjo tres meses después de la matanza de civiles por parte de elementos del 102 Batallón de Infantería y bajo una creciente presión internacional para que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables.

Instalado en el municipio de Luvianos para combatir en el corredor del narcotráfico de Guerrero y el Estado de México, el batallón fue inaugurado en mayo de 2010 por el entonces titular de la Sedena, Guillermo Galván, y el entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, hoy comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (Proceso 1979).

La Procuraduría General de la República (PGR) ha consignado a cuatro elementos del batallón –tres soldados y un teniente¬¬– por homicidio y encubrimiento en los hechos ocurridos el 30 de junio de este año.

Según la PGR, los tres soldados fueron quienes dispararon contra ocho presuntos delincuentes que ya estaban desarmados. Una testigo asegura que fueron 21 los ejecutados extrajudicialmente por los militares y sólo uno fallecido en un enfrentamiento.

El único mando investigado es el teniente por encubrimiento de sus hombres, al asegurar en su parte informativo que los 22 civiles murieron al repeler una agresión armada.

A los cuatro consignados se suman dos soldados detenidos por actos de indisciplina y desobediencia sancionados en el Código de Justicia Militar.

El comandante del batallón es el coronel Raúl Castro Aparicio, quien según versiones extraoficiales llegó a la comunidad de San Pedro Limón, lugar de los hechos, una hora después de ocurridos.

El coronel Castro informó al ahora removido general Sánchez León, quien a su vez reportó al comandante de la I Región Militar, el general Jaime Godínez Ruiz.

El pasado sábado 11, decenas de familiares de militares procesados por el Ejército se manifestaron en la ciudad de México para protestar por lo que consideran abandono y traición de los altos mandos a la tropa en casos como el de Tlatlaya.

En un pliego petitorio que entregaron en la residencia presidencial de Los Pinos, cuestionaron también las consignas que aseguran hay en la justicia militar para actuar contra personal, incluidos generales, que han caído de la gracia del Alto Mando del Ejército –el titular de la Sedena– o del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

Exigen la liberación de líder social detenido en Chiapas

MÉXICO, D.F., (apro).- Organizaciones civiles y campesinas condenaron la detención del presidente Estatal del Frente Popular Revolucionario (FPR) en Chiapas, Romeo Farrera Vicente, y exigieron al gobernador del estado, Manuel Velasco, su inmediata liberación.

Mediante un comunicado, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, (MOCRI – CNPA MN), y las organizaciones que integran el Frente Indígena y Campesino de México (FICAM) señalaron que Farrera Vicente fue detenido la mañana de este lunes en su domicilio, en el municipio de Suchiapa, por elementos de la Policía Estatal y que hasta el momento se ignora su paradero.

Según Francisco Jiménez Pablo, líder de la CNPA MN, personal de la Secretaría General de Gobierno de Chiapas que recibió a familiares y militantes del FPR negó conocer los hechos y el paradero del activista.

Y señaló que “ante los lamentables hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México e Iguala, en Guerrero familiares y militantes del FPR tienen sospechas fundadas de que corre peligro la integridad física y psicológica de Romeo Farrera Vicente”.

El líder social lamentó que gobierno actual mantenga la política de la persecución, hostigamiento, represión, encarcelamiento y asesinato de dirigentes sociales que mantuvieron los gobiernos anteriores, lo cual “no resuelve los graves problemas que aquejan al estado, sino que los profundiza”, apuntó.

Los activistas condenaron que el pasado 15 de Junio de 2014 a través del Congreso Local se sentó la base legal para legitimar la represión con la aprobación de “#La Ley Garrote” mediante la que el Congreso aprobó el uso legítimo de la fuerza pública.

El dictamen regula el uso de la fuerza pública ante movimientos, disturbios y protestas sociales y avala el uso de armas no letales para dispersar manifestaciones violentas.

Sin embargo, las organizaciones señalaron que con la detención de luchadores sociales, con la falta de voluntad política y sensibilidad social no se resolverán los graves conflictos que existen en el estado.

“Hacemos un enérgico llamado al gobernador Manuel Velasco Coello, a que reconsidere su postura y la reoriente a resolver la grave conflictividad social que existe y se sigue acumulando en el estado de Chiapas.

“Esto no se va a lograr aplicando la política del garrote, sino a través de un diálogo franco, respetuoso y de voluntades, no de simulación”, señalan los activistas en su comunicado.

Además de exigir la liberación de Farrera Vicente, exigieron al gobierno de Chiapas “la libertad inmediata de los presos políticos” de MOCRI – CNPA-MN en los estados de Chiapas y Tabasco.

También exigieron al gobierno de Velasco Coello acatar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH 064/2011 y 11/2013 y la reparación del daño a sus compañeros de MOCRI – CNPA MN por las violaciones de derechos humanos cometidas contra ellos por el exgobernador Juan Sabines.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA

El miércoles, alumnos del IPN recogerán la respuesta en Segob; analizarán levantar o no el paro

Representantes de los alumnos acudirán por la respuesta a la Secretaría de Gobernación, así como a la Secretaría de Educación Pública y, ese mismo día, evalúan poner a votación levantar o no el paro de labores.

Representantes de los alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) acudirán el miércoles 15 de octubre por la respuesta a la Secretaría de Gobernación, así como a la Secretaría de Educación Pública (SEP), dio a conocer Yutzil Saucedo, representante de la Escuela de Economía del IPN, quien dijo que así se determinó en una asamblea extraordinaria.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, la estudiante señaló que esperan que la respuesta del gobierno federal contenga fechas y mecanismos de aplicación específicos.
Será ese mismo día, a las 11 horas durante una asamblea, que los alumnos discutan sobre si levantan o no el paro de labores, explicó Saucedo.


“Sí, sí cabría la posibilidad tomando en cuenta todos los puntos de nuestra contrarespuesta. Tendríamos que ver punto por punto y cuáles son las opciones también para esto. No se va a poder hacer así de un día para otro, pero sí podríamos empezar a tomar decisiones en cuanto a esto, a abrir las escuelas porque también es importante y muchas personas ya quieren regresar a clases“, dijo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

El diablo sigue en Iguala

Con un centro de acopio de alimentos para la Normal Rural de Ayotzinapa, y habitantes que recuerdan un pasado más tranquilo, el municipio guerrerense de Iguala intenta recuperarse tras la desaparición de 49 personas.

El Jardín Juárez es una de las tres pequeñas explanadas que rodean la iglesia principal de Iguala, justo en el centro de la localidad.

Alberga un quiosco, jardineras y una escultura del Benemérito de las Américas, que mira de frente al edificio que antiguamente era ocupado por el Ayuntamiento igualteco, con su famosa frase inscrita al pie: “Entre las naciones como entre las personas, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Hace 54 años, esta plaza fue el escenario del acto más sangriento del que la historia de Iguala tuviera registro, hasta antes del pasado 26 de septiembre de 2014, cuando la Policía Municipal emboscó a un contingente de estudiantes normalistas, asesinando a tres de ellos, así como a tres transeúntes, y secuestrando a otros 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, cuyo paradero se desconoce hasta la fecha.

“El 30 de septiembre de 1962 –narra Salvador Román, profesor igualteco de secundaria, abogado e historiador– aquí hubo una masacre, en el Jardín Juárez, cuando Genaro Vázquez, líder de la Asociación Cívica Guerrerense, llevaba a cabo un acto de protesta porque su agrupación se consideró despojada del triunfo electoral que los llevaría al gobierno municipal de Iguala, así como al gobierno del estado”. 

Desde el antiguo palacio del Ayuntamiento, que hoy es sede del Museo de la Bandera, “esa noche de 1962 fueron baleados los manifestantes, por parte de agentes de la Policía Municipal de Iguala, apoyados por agentes de la Policía Judicial y elementos del Ejército Mexicano –señala el experto en movimientos sociales de Guerrero y México–. Y aunque oficialmente sólo se acreditó de forma legal la muerte de siete personas a manos de las autoridades, hay versiones de la época que señalan que, en realidad, fueron 15 los asesinados… ése había sido el evento más cruento del que Iguala tuviera memoria, hasta el pasado 26 de septiembre, y, por eso, lo que ocurrió ese día, lo que le hicieron a esos jovencitos de la Normal Rural, no tiene parangón: si, Dios no lo quiera, se confirma que ellos ya no están con vida, estaríamos hablando de que el ataque de hace unas semanas habría dejado 49 víctimas fatales, y esa es una cifra espantosa, terrible, y es un hecho que difícilmente vamos a poder superar…”

El profesor Roldán habla pausadamente, dentro de su oficina en la escuela secundaria Plan de Iguala, por cuyas ventanas se ve brincar a los alumnos que juegan y practican deportes en el patio.

“Hoy como nunca me encuentro conmovido por lo que ha sucedido en mi tierra, por lo que aconteció esa noche del 26 de septiembre de 2014, que ha entrado ya como un hito en nuestra ciudad, en nuestro estado y en la nación mexicana… Como igualteco –se lamenta– estoy realmente desconcertado, porque, como lo bautizó la prensa en Europa, este municipio es ahora el corazón salvaje de Guerrero, y eso nos lastima, porque no se habla de Iguala como la cuna de la Bandera Nacional, como el lugar donde se proclamó la independencia de México, como el lugar donde nació el primer ejército nacional mexicano, que fue el Ejército de las Tres Garantías… no… ahora se habla de Iguala de otra forma: Iguala está ahora en la nota roja de todos los periódicos nacionales y extranjeros.”

La voz

Hoy, el Jardín Juárez luce como un sitio apacible, al que la gente acude a tomar la sombra. Nada en esta plaza hace memoria sobre la masacre del 62 y, si acaso, los pobladores la identifican por ser éste el punto principal de reunión para el reducido gremio de boleros callejeros de Iguala, así como por ser el lugar donde en la actualidad se acopian alimentos para donar a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa –luego de que el gobierno estatal suspendiera el abasto de comida a ese plantel-internado, tras el ataque del 26 de septiembre–.

El centro de acopio en el Jardín Juárez, de hecho, es operado por un puñado de adolescentes, que se definen como “normalistas urbanos”, la mayoría mujeres, estudiantes del Centro Regional de Educación Normal de Iguala.

Temen hablar, pero están convencidas de que es necesario difundir la existencia de ese centro de acopio, el cual, se enorgullecen, “instalamos sin pedirle permiso a nadie, porque sabemos la necesidad que tienen los compañeros de Ayotzinapa”.

Es un joven de uniforme escolar el elegido por sus compañeras para conceder una breve entrevista.

“Hay un gran temor, una psicosis, entre la población de Iguala –comienza a decir el muchacho, pero inmediatamente titubea… tres agentes de la Policía Federal, con armas largas y radios al oído, se han acercado a dos metros del centro de acopio, y miran fijamente a los y las adolescentes, atrincheradas tras la pila de alimentos que han logrado reunir en cuatro días. Un segundo después el joven se recompone y prosigue, lo suficientemente alto para que los policías lo escuchen bien–: Los compañeros estamos espantados, asustados, porque ya se ve que no hay el respeto, no se tiene la decencia de decir ‘ése es un estudiante’, no somos gente que se la pase en las calles, sin hacer nada, sin estudiar… cuando nosotros nos manifestamos, lo hacemos porque nos atrevemos a alzar la voz, y somos uno de los pocos sectores de esta sociedad que se atreven a alzar la voz, a reclamar, a exponer las necesidades que es obligación del Estado cubrir…”

Los policías sonríen y se van, a paso lento.

“Sí –dice el adolescente–, hay un gran temor por la represión a líderes sociales, a estudiantes… sí, está el temor, pero finalmente, con el nudo en la garganta, estamos aquí presentes”.

–¿Qué tanto han logrado recaudar?

–Poco –responde–, porque la economía del municipio está a la baja, de eso se quejan los comerciantes. Prácticamente los únicos negocios que tienen venta en estos días son los de alimentos, los restaurantes, porque ahí comen los federales, pero los pequeños negocios, los que viven del pueblo igualteco, pues se han visto afectados. Entonces, sí, hay una respuesta humanitaria de la gente, pero es poco lo que nos pueden traer, una lata, un litro de aceite, un litro de agua… estamos pidiendo a la gente que done productos de higiene, productos enlatados, o empacados, que no se descompongan rápidamente, y en un par de días realizaremos el primer envío de alimentos, porque estamos haciendo esto con nuestros propios recursos, no tenemos vehículo para llevar esto a Ayotzinapa, y vamos a tener que pagarlo y pagar la gasolina. No estamos recibiendo apoyo de ninguna autoridad y vamos a resolver por nuestra cuenta el aspecto del traslado de los víveres.

–¿Han sido acosados o agredidos de alguna forma en estos días que llevan aquí?


–Nomás así –dice, en referencia a los policías de hace unos segundos–… al menos han tenido la decencia de no venirnos a molestar aquí, en el quiosco, donde nos instalamos.

El control

Antes de partir del Jardín Juárez, se antoja imprescindible una foto del monumento a Juárez, y mientras la cámara se alista, un hombre de sombrero se aproxima, se planta a un metro, mira fijamente, amenazantemente, y extrae de su bolsillo un teléfono celular.

El hombre no sólo clava su mirada. Reta con ella.

Teclea un rápido mensaje en su teléfono, y vuelve a a la intimidación.


Una foto de Juárez y es todo.

Se parte a paso rápido, volviendo a cada tanto la vista atrás, a donde el hombre de sombrero permanece, en pose de vaquero en duelo, siempre con la mirada amartillada.

“Aquí parece haber calma –afirma R., un igualteco dedicado al transporte público que acepta hablar, sólo a condición de no identificarlo–, pero sólo ‘parece’ haber calma… porque, en realidad, sobre todo el municipio hay una nube de intranquilidad, de pesadez, se siente el ambiente difícil… aún con la presencia de la Policía Federal”.

Pero esta calma tensa, advierte, sólo se acentuó a partir del 26 de septiembre, no inició esa noche.

“Mira –explica–, antes del 26 de septiembre todo mundo en Iguala ya tenía miedo. Aquí se decía, por ejemplo, que de día cuidaban los policías, y de noche cuidaban los malos… Desde hace tiempo, por ejemplo, se instalaron retenes a las salidas de la ciudad, retenes permanentes, que de día eran cuidados por policías, y de noche eran cuidados por delincuentes. ¿Y de qué se cuidaban? Pues de que no entraran otros grupos delictivos a posesionarse de la plaza.”

R. es hoy un hombre maduro, dedicado al autoempleo, pero en su juventud fue policía municipal y “antes –recuerda–, te hablo de hace 20 años, aquí no había este tipo de cosas. Si a alguien llevabas a la comandancia, era a los borrachitos que se quedaban tirados en la calle; al que estaba orinando en la vía pública; lo más grave que llegaba a pasar es que a alguien le encontraras algo de mariguana en sus bolsillos, y los remitíamos al Ministerio Público federal. Pero desde hace unos 15 años, la cosa empezó a deteriorarse, y hace cinco años, más o menos, cuando se dio todo esto de la guerra de Calderón, fue cuando empezó a ser común saber de un muerto, dos muertos, tres muertos al día en esta región, y ahora la novedad es cuando no hay un muerto… pero no te estoy hablando nada más de muertes así, simples, sino de gente que fue degollada, que fue decapitada, que fue descuartizada, o gente que está desaparecida…”

En el pasado, añora, “Iguala era un importante punto comercial, porque era la puerta de entrada y salida del estado de Guerrero. Y aquí había un importante comercio de oro. Existían unas 50 familias de orfebres que se dedicaban a trabajar el oro y a comerciarlo. Y había extranjeros, había libaneses, japoneses, alemanes, gente que se dedicaba al comercio… y ahora ya no hay ninguno. Y de las familias dedicadas al oro, pues ya casi todas se fueron, o cerraron su negocio, y sólo quedan dos o tres, una de las cuales, por cierto, es la del alcalde José Luis Abarca, actualmente ‘huído’… y lo que nadie se explica es cómo se convirtió esa familia en ‘orera’, si el papá vendía sombreros de pueblo en pueblo… hoy, los Abarca tienen una plaza comercial, una cadena de escuelas privadas, el negocio del oro y quién sabe cuántas cosas más, y lo que uno se pregunta es de dónde, cómo le hicieron, porque, mira, uno trabaja toda su vida y apenas tiene para salir adelante… ¿Cómo ellos pudieron convertirse en los magnates de Iguala, de la noche a la mañana? Yo sólo encuentro una respuesta: el crimen organizado.”

Luego de destacar los vínculos de Abarca con el cartel conocido como Guerreros Unidos –que opera en Guerrero y Morelos, y cuyos líderes son hermanos de María de los Ángeles pineda, esposa del alcalde–, R. destaca: “Abarca y su esposa se manejaban como los príncipes chiquitos de esta región, y su plan, de todos conocido, era gobernar Iguala al menos durante 12 años, primero él, luego ella, y luego la reelección para ambos, así consecutivas…”

–¿Usted o su familia han sido víctimas de alguna forma de violencia por parte del crimen organizado? –se pregunta a R.

–Sí, hace un año secuestraron y asesinaron a un primo, en Morelos, y luego, durante las elecciones, a cada transportista de Iguala, ya fuese taxista, combis, camiones, todos, cada semana, teníamos que llevar dos despensas a una oficina de supuesta gestoría del transporte, pero que en realidad era una oficina de los malos, desde donde nos tenían a todos bien checaditos… Hace un mes, apenas, igual, a todos los transportistas, nos avisaron que el entre iba a ser de 200 pesos por unidad a la semana… así se manejan las cosas aquí, y esa oficina ahorita está cerrada, la desmantelaron rápido. Y eso es con nosotros, los transportistas, pero en el mercado, con los comerciantes de allá, es igual, pasan a cobrar, aquí tienen todo muy bien organizado”.

La pregunta de cuánto tardará esa oficina en reabrirse ahí o en otro lado de la ciudad queda sin respuesta.

Epílogo: el diablo sigue en Iguala

Frente a la iglesia principal de Iguala, cuyo santo patrono es Francisco de Asís, pasa la calle Juan N. Álvarez, que cruza de sur a norte la ciudad. Doce cuadras más allá, en sentido sur, está el cruce con Periférico donde, el 26 de septiembre, y en dos episodios ocurridos entre las 21:30 horas y la medianoche, tres autobuses con estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron emboscados por la Policía Municipal igualteca.

En una esquina de este cruce, en el suelo, tres ramos de flores, ya marchitas por el sol intenso, permanecen en memoria de los jóvenes asesinados y desaparecidos, junto a cinco veladoras cuya flama se apagó en algún momento, y nadie volvió a encender.


Encima, a un metro y medio, sobre la pared permanece un hoyo de bala, y junto, alguien pegó un cartel de búsqueda, con los rostros de los 43 normalistas secuestrados por la Policía Municipal.

A un par de metros del altar, calcinándose bajo el sol, tres hombres que visten de forma humilde permanecen de pie, en silencio.

En un recorrido previo, realizado dos días antes, esos mismos hombres ya estaban ahí, apostados. Esta vez, se les solicita autorización para tomar fotos del altar, y ellos acceden, haciéndose a un lado, para asegurarse de no ser retratados.

Algunos minutos después, en el camino de vuelta al centro de Iguala, dos vehículos cruzan lento, cada cual con tres o cuatro tripulantes, todos con miradas escrutadoras e intimidantes.

“Los mafiosos siguen en Iguala –advierte un policía comunitario, de los 400 que llegaron a Iguala provenientes de municipios rurales, y que buscan a los normalistas desaparecidos, en labores independientes a las realizadas por la autoridad estatal y federal–. Aquí siguen todos ellos, no se han ido… aquí pasan a cada rato, en sus motonetas, en sus carros, nomás mirando, o tomando fotos, radiando…”

El policía comunitario, un hombre fornido, alto, habla en la preparatoria 32 de Iguala, donde tienen su centro de información, instalado para recibir pistas y denuncias de la población igualteca, que permitan localizar a los normalistas desaparecidos o a sus captores.

“De nada sirve que esté aquí la Policía Federal, porque ellos patrullan el centro de la ciudad, quizá dan algunos rondines por la periferia, o hacen patrullaje aéreo, con helicópteros, pero eso no es ir por los malos, ellos siguen en Iguala patrullando en sus vehículos, tienen todo lleno de ‘halcones’, que se mueven a pie y en motoneta, y entran y salen de Iguala, porque, aunque los militares y los federales tengan puestos de revisión a las entradas de la ciudad, no paran a nadie, no revisan… todos esos delincuentes que tienen su base en Iguala, y que tienen jodida a la ciudadanía, quizá ahorita estén calmaditos, pero porque esa orden recibieron, en lo que pasa la tormenta.”

Con cierta ansiedad, el comunitario revela sus anhelos: “Nosotros quisiéramos que la ciudadanía de Iguala nos diga si quieren que la Policía Comunitaria entre a la ciudad, porque, la gente ya está cansada, aquí han venido muchas personas a dejarnos cartas, a decirnos de viva voz, todo lo que ocurre, y la gente es la única que puede resolver este problema de inseguridad, porque la gente sabe quiénes son, sabe qué han hecho, sabe dónde operan, qué delitos cometen… las mujeres son las más entronas, las denuncias que nos han venido a dejar son la mayoría de mujeres, de señoras, y si la ciudadanía nos lo pide, esta misma semana entramos, y formamos con la población la nueva policía comunitaria de Iguala, y ahora sí, a catear las casas de los malos, a cerrar las carreteras y a revisar todos los carros, para ver quién entra, pero también para impedir que escapen, como ya se les escapó a los federales Abarca y su esposa.”

El comunitario no oculta su ansiedad.

–¿Qué futuro puede esperarse para la comunidad de Iguala, a partir de lo ocurrido el 26 de septiembre? –se pregunta al profesor Salvador Román?

–Yo creo que tenemos dos escenarios –responde–: el optimista, porque puede verse con optimismo el que la federación al fin volteó sus ojos a Guerrero, y especialmente a Iguala. Y ahora esperamos que vengan programas sociales, ahora esperamos que vengan, dentro de los programas sociales, un fuerte apoyo a la educación, a la salud, y más becas para los estudiantes. Y esperemos que no sea pura llamarada de petate, mientras se calman las cosas, y que después las autoridades vuelvan a cerrar los ojos. Ojalá y el gobierno federal y el Congreso de la Unión se den cuenta de que Guerrero necesita mucho apoyo, pero además necesita que auditen sus cuentas públicas, para que realmente el dinero que viene por la vía federal llegue a su destino y se cumplan sus objetivos, que no se quede en los bolsillos de los gobernantes… El otro es el escenario pesimista: el del temor ante la falta de certeza sobre ¿qué va a pasar con los igualtecos cuando se retire la Policía Federal, la Gendarmería, y tengamos nueva policía municipal sin certificar, o aún certificada, con sueldos de hambre, cuyos agentes vuelvan a ser cooptados por las organizaciones delictivas… entonces sí, que Dios se apiade de nosotros…

Cabe destacar que durante el gobierno municipal de Abarca, en Iguala fueron asaltadas 136 viviendas, 86 negocios, y se reportaron 919 robos “de otro tipo”, según las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Además, de octubre de 2012 a agosto de 2014, en Iguala fueron robados 489 autos, y por primera vez en los últimos años se dieron tres casos de asaltos bancarios y dos robos a casas de cambio.

Asimismo, durante la presidencia municipal de Abarca han sido asesinadas 184 personas y otras 12 fueron secuestradas. A ellas, hay que sumar a las seis víctimas mortales del ataque del 26 de sepetiembre pasado, y las 43 víctimas de desaparición forzada.


Viene entonces a cuento una frase del cura de Iguala, durante la misa nocturna del pasado viernes: “Hay que buscar la paz –oró ante los presentes–, la unidad, ahora que estamos en estos tiempos tan complicados, tan difíciles, aquí en Iguala… que reine la paz y que se vaya Satanás, que los siete espíritus del mal no se refugien en Iguala, que se vayan de aquí, que regresen a su lugar, porque para eso es el infierno, y no un pueblo, una comunidad como la nuestra…”

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.

Juez da protección al alcalde de Iguala… pero no contra delitos graves

José Luis Abarca promovió un amparo, el cual fue admitido a trámite; se le otorgó una suspensión provisional para que no pueda ser detenido; "la medida no surte efecto si las mencionadas órdenes reclamadas se refieren a delitos graves".

El alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, quien desde hace más de una semana no se encuentra localizable, promovió el pasado 6 de octubre un amparo “contra actos de diversas autoridades estatales, federales y jurisdiccionales, señalando como actos reclamados órdenes de localización y/o búsqueda, presentación, detención, arraigo, aprehensión y su ejecución”.

El recurso fue admitido a tramite y se le concedió la suspensión provisional para que no pueda ser detenido; sin embargo, “la medida no surte efecto si las mencionadas órdenes reclamadas se refieren a delitos considerados como graves”, señaló el Consejo de la Judicatura Federal, en una nota informativa que se reproduce a continuación.

CASO: Suspensión otorgada por juez federal de amparo a José Luis Abarca  Velázquez, no lo ampara contra órdenes por delitos graves

ASUNTO: El Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia de Penal en el  Distrito Federal da a conocer, dentro del juicio de amparo 979/2014, promovido por José Luis Abarca Velázquez, presidente municipal de Iguala, Guerrero, con licencia, lo siguiente:

.       Con fecha 6 de octubre de 2014, el quejoso promovió demanda de amparo contra actos de diversas autoridades estatales, federales y jurisdiccionales, señalando como actos reclamados órdenes de localización y/o búsqueda, presentación, detención, arraigo, aprehensión y su ejecución.

.       La autoridad jurisdiccional admitió la demanda a trámite y concedió la suspensión provisional cuyos efectos, exclusivamente, son para que el quejoso no sea privado de su libertad, con motivo de las órdenes reclamadas, hasta en tanto se resuelva en definitiva el amparo.

.       Es de puntualizar que la medida no surte efecto si las mencionadas órdenes reclamadas se refieren a delitos considerados como graves.

Este órgano jurisdiccional informa que hasta el momento 17 de las autoridades señaladas como responsables han rendido los informes correspondientes negando la existencia de los actos reclamados por el quejoso.


Las autoridades que han informado son: 15 juzgados locales y federales del Estado de Guerrero y dos autoridades de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Guerrero.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Repudio internacional por asesinatos y desapariciones de estudiantes en Guerrero

La delegación de la Unión Europea se suma a condenar los hechos violentos en Iguala, como ya lo han hecho la ONU, EU y la OEA.

La delegación de la Unión Europea y embajadores de países miembros en México manifestaron su “profunda preocupación” por los hechos de violencia ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, y en Iguala, Guerrero.

En un comunicado, esta comunidad internacional confió en que las autoridades mexicanas harán justicia y llevarán a cabo una investigación exhaustiva sobre ambos hechos, los primeros ocurridos el 30 de junio en San Pedro Limón, y los segundos el pasado 26 de septiembre.


Además, reconocieron la creación de comisiones de seguimiento en el Senado como en la Cámara de Diputados, sobre la violencia en Iguala.

comunicado UE sobre Tlatlaya e Iguala.pdf by Aristegui Noticias:

  comunicado UE sobre Tlatlaya e Iguala.pdf

Por otra parte, legisladores de 33 países latinoamericanos y caribeños condenaron la desaparición y asesinato de estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, y demandaron al gobierno de Enrique Peña Nieto que no permita la impunidad y se castigue a los responsables de esos hechos.

Mientras tanto Amnistía Internacional denunció que las familias de los estudiantes desaparecidos continúan sufriendo las consecuencias de una “investigación judicial caótica y hostil”. 

Según la información recibida por AI, el trabajo realizado por agentes del Ministerio Público estatal sobre las exhumaciones de los restos, presentaría deficiencias y dificultará las pruebas de identificación.

Amnistía urgió que los peritos internacionales tengan acceso inmediato e irrestricto a todas las investigaciones forenses que se estén llevando a cabo en iguala.

Operación maquillaje

El gobierno de Enrique Peña Nieto movilizó a sus embajadores para informar sobre la “realidad” de lo que ocurre en México, tras la violencia en Iguala.

El canciller José Antonio Meade dijo que la respuesta del gobierno federal es “contundente” ante los hechos violentos y eso es lo que se comunica con “transparencia” a los demás países que han volteado los ojos al territorio mexicano. 


“Los esfuerzos que está haciendo el país por resolver el asunto. Ha habido un gran apoyo internacional, las medidas que el gobierno ha anunciado y el interés de darle seguimiento al caso que habremos de estar informando puntualmente”, dijo Meade.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Familiares de normalistas piden impulsar búsqueda de desaparecidos: Centro Prodh

Desde que se encontraron las fosas y cuerpos -cuyo proceso de identificación continúa-, la búsqueda ha perdido rigor y el despliegue ha ido disminuyendo, sostiene Santiago Aguirre.

Santiago Aguirre, abogado del Centro Prodh, expuso las demandas de los padres de normalistas desaparecidos, tras el ataque a balazos que sufrieron en Iguala, el pasado 26 de septiembre; la petición principal es retomar la búsqueda de los 43 desaparecidos, independientemente de las 9 fosas que se han encontrado.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, señaló que la percepción es que a partir de funestos hallazgos en fosas, las autoridades se han centrado en identificación de restos y no en la búsqueda de normalistas.

Además, urgieron la intervención de peritos independientes, en los trabajos de identificación de cadáveres.

Asimismo, pidieron seguridad para familiares, estudiantes y organizaciones, que están haciendo frente a poderes “que han probado un uso de la violencia irracional”.

Aguirre sostuvo que la sociedad tiene “el derecho a la verdad, a saber qué pasó, a que se esclarezcan estos hechos”.

El abogado indicó que los familiares exigen no seguir enterándose a través de los medios de comunicación sobre hallazgos de fosas y cuerpos, pues “ha sido por ese mecanismo que se enteran de hallazgos y declaraciones de que afirman que sí son estudiantes y luego que no son”, lo que “genera incertidumbre y angustia”.


Como representante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, pidió evitar la revictimización de las familias. 

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Padres de la Guardería ABC levantan plantón, pero se quedan en el DF esperando ser recibidos por Peña

Un grupo de padres de familia de la Guardería ABC levantó un campamento que habían montado al exterior de Los Pinos a fin de ser recibidos por Peña Nieto para tratar el caso de la estancia infantil en la que fallecieron 49 niños en junio de 2009.

Un grupo de seis padres de familia de la Guardería ABC levantó este sábado 11 de octubre un campamento que habían montado al exterior de Los Pinos a fin de ser recibidos por el presidente Enrique Peña Nieto para tratar el caso de la estancia infantil en la que fallecieron 49 niños en junio de 2009.

Luego de que los padres de los niños fallecidos en la estancia se reunieran con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), José Antonio González, Julia Escalante, una de las madres, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, que éste les explicó que la vía para tratar su caso es a través de ellos o de la PGR.

Sin embargo, dijo Escalante, seguirán buscando ver al Presidente de la República y, explicó, el desacuerdo fue porque lejos de ser una mesa de trabajo, se trató “de un exhorto directo a que nos retiráramos; a que si no era a través de instituciones como IMSS y PGR, el Presidente  no nos recibiría”.

Han pasado dos años y cuatro meses desde que Enrique Peña Nieto, entonces candidato a la Presidencia de la República por el PRI, se reuniera en junio de 2012 con los padres de los 49 niños que murieron en el incendio de la guardería ABC, de Hermosillo. En aquella reunión en Ciudad Obregón, el abanderado del tricolor escuchó los reclamos de los padres y fue incluso un paso más allá en su compromiso ante el electorado: recibió y firmó un escrito con cuatro puntos en el que le pedían que, de llegar a Los Pinos, atendiera en los primeros 100 días de su administración “la resolución total y definitiva del caso”.

A más de 800 días de aquella promesa electoral, el presidente Peña Nieto no se ha vuelto a reunir con los padres de las víctimas de la guardería ABC. Y cinco años y cuatro meses después del 5 de junio de 2009, cuando tuvo lugar el incendio, sigue sin haber ningún responsable en la cárcel.


Ante esta situación, un grupo de padres instaló desde el lunes 6 de octubre un campamento frente a la residencial oficial de Los Pinos, para exigir al presidente Peña Nieto que reciba a todos los padres afectados.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Tres que salvaron la vida el día trágico narran: hasta el 066 dio largas para no ayudar

La noche del 26 de septiembre, en Iguala, Guerrero, policías municipales dispararon a estudiantes de Ayotzinapa sin motivo alguno. Hubo cuatro balaceras. La primera y la segunda a las 9 de la noche.

Hubo heridos, uno de gravedad, y el 066 se negó a prestarle auxilio. Diez minutos después de la segunda balacera llegó un comandante que trató de hablar con los estudiantes y les advirtió: “ahorita los voy a venir a levantar”.

Dos normalistas narraron a El Sur los ataques a tres autobuses, en los que murieron dos de sus compañeros, y vieron que en patrullas de la policía de Iguala se llevaron detenidos a sus compañeros que ahora están desaparecidos.

El primero y segundo ataque fueron cerca de las 9 de la noche, y ninguna autoridad, ni policías ni el Ejército llegaron al lugar para ver qué pasaba, y con su presencia, probablemente, evitar el tercer ataque, cerca de las 12:30, ya en los primeros minutos del 27.

Además de los tres autobuses de los que murieron dos normalistas y hubo 25 heridos y 44 detenidos, de los cuales uno apareció al día siguiente muerto y 43 están desaparecidos, esa noche salían de Iguala otros dos autobuses con estudiantes de Ayotzinapa.

También fueron agredidos por policías, que los interceptaron para impedirles que llegaran a donde estaban sus compañeros atacados, los jóvenes se bajaron y corrieron por la ciudad y por un cerro, y fueron perseguidos a balazos.

Era correr o morir por las balas. Juan, Pedro y Julio, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, contaron y dibujaron los momentos y los lugares que vivieron y la persecución de policías municipales y el ataque del grupo criminal Guerreros Unidos, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala.

Los sobrevivientes, por separado, rememoraron su salida de la escuela, las actividades que realizaron en el camino y los momentos de los ataques que dejaron a sus compañeros Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo en el piso abatidos por las balas de los sicarios después de la media noche. Al día siguiente se encontró a su compañero Julio César Mondragón asesinado y con la piel del rostro arrancada. Esa noche dos de ellos vieron que policías de Iguala se llevaron a decenas de sus compañeros, detenidos, a bordo de camionetas, que son los 43 detenidos-desaparecidos. Los tres pidieron que se les identificara con esos nombres para resguardar su identidad.

Los tres comparten la necesidad de estudiar en un internado para hijos de campesinos, tienen la ilusión de ser maestros. Juan y Pedro entraron a la institución en el ciclo escolar 2014-2015 tienen la característica del pelo a rape porque a los estudiantes de primero los rapan los de otros años como una tradición escolar. Julio va en segundo.

La tarde del viernes 26 una asamblea estudiantil decidió que una comisión de alumnos iría a Iguala a retener tres autobuses que serían utilizados para acudir a la marcha del 2 de octubre en la ciudad de México y para visitar comunidades de las siete regiones del estado donde realizarían prácticas docentes: “estudiar el entorno, mirar a los maestros dar clases y ayudar a los niños de lento aprendizaje, es lo que hacemos”, enfatizó Juan.

Tras la decisión salieron rumbo a Iguala alrededor de las 6 de la tarde, a bordo de dos autobuses de la línea Estrella de Oro, unos 80 estudiantes de primero e integrantes de la dirigencia estudiantil.

Juan, de 18 años, indicó que la escuela tiene un autobús que el gobierno del estado entregó y dos Urvan, pero éstos no son suficientes para trasladar a unos 140 estudiantes de primero a diferentes puntos del estado para realizar las observaciones académicas como parte de sus actividades en el internado.

Llegaron minutos después de las 7 de la noche al crucero de la carretera federal Chilpancingo-Iguala y Huitzuco. En el camino y sin que estuviera en los planes, los estudiantes realizaron una colecta para dar a los choferes de los autobuses una compensación económica por manejar mientras están retenidos, contó Pedro.

Ahí estuvieron no más de una hora, para después dirigirse a la central de Autobuses de Estrella Blanca, ubicada en la calle Arteaga entre Galeana y Altamirano en Iguala, donde previo aviso y acuerdo con los representantes de la empresa iban a tomar tres autobuses. Julio contó que desde hace tiempo hay un acuerdo con las líneas de autobuses: ante la frecuencia de las tomas de camiones por los estudiantes, ellos se comprometieron a la toma pacífica de éstos y a devolverlos sin daños.

Pedro de 20 años dijo que la decisión de ir a Iguala fue porque en Chilpancingo, que les queda más cerca de Ayotzinapa, a sólo 20 minutos, había desde un día antes presencia policiaca en los alrededores de la central de autobuses, y ese mismo viernes normalistas que iban a tomar un autobús fueron disuadidos por policías del estado que en un acto intimidatorio, les pidieron que se retiraran. Las notas periodísticas que se refieren a la presencia de los estudiantes y policías en la central de autobuses de Chilpancingo indican que éstos eran más que los alumnos, por eso para evitar confrontaciones con la policía previsibles en la capital, decidieron ir a Iguala por los tres autobuses.

El estudiante recuerda que una vez que llegaron a la zona urbana de Iguala justo donde se pone el retén de policías municipales frente a la entrada al fraccionamiento Villas del Rey, los efectivos que más tarde los atacarían no los revisaron ni los detuvieron, y los dejaron pasar en los dos autobuses.

EL PRIMER ATAQUE

Alrededor de las ocho de la noche los estudiantes a bordo de los autobuses, llegaron a la central Estrella Blanca donde estacionan los autobuses de la línea Costa Line, ahí previo aviso a los encargados de la empresa, procedieron a retener tres camiones, uno perteneciente a Estrella Roja, y dos a Costa Line. El primer autobús con unos 24 estudiantes y el autobús de Estrella de Oro que partió de la escuela, salieron en dirección a la calle Ignacio Manuel Altamirano hasta llegar al Periférico Sur.

Mientras dos autobuses de Costa Line y uno de Estrella de Oro, este último en la retaguardia, por su ubicación salieron por la calle Hermenegildo Galeana que cuadras adelante toma el nombre de Juan Álvarez. Pasaron frente al Zócalo de la ciudad donde la esposa del alcalde, José Luis Abarca Velázquez, María de los Ángeles Pineda, rindió su segundo informe de labores y se celebraba un baile para los invitados. Los estudiantes, en los tres autobuses pretendían salir al Periférico Norte, recordó Julio de 22 años, quien iba en el último autobús, del que minutos después bajaron los policías a la mayoría de los 43 estudiantes para someterlos y llevárselos en patrullas y que ahora están desaparecidos.

Julio relató que al momento de pasar frente al Zócalo, policías municipales en cinco patrullas siguieron a los tres autobuses. Recordó que le dijo al chofer “písele” pero le respondió que no podía manejar a prisa porque la calle es angosta y el autobús tiene un límite de velocidad.

Adelante del Zócalo “bajé del autobús para hablar con los policías y fue cuando nos empezaron a tirar de balazos, primero en los pies y luego dispararon a los autobuses. (…) Subí a los compañeros que bajaron del autobús conmigo, cuando vi que ya no faltaba nadie, me pasé al primero” para presionar al primer chofer de ir más rápido.

Marcha nacional por la desaparición
de los normalistas de Ayotzinapa

EL SEGUNDO ATAQUE

Iban llegando a la esquina de la calle Álvarez y Periférico Norte alrededor de las 9 de la noche, cuando vio que una mujer policía atravesó una patrulla en medio de la calle y se retiró con otros policías. Julio bajó con otros estudiantes y apedrearon la patrulla para que la quitaran, y otro alumno trató de arrancar el carro para moverlo pero no pudo y entre todos trataron de empujar el automóvil pero no pudieron moverlo. Fue entonces cuando escuchó las detonaciones y sintió pasar las balas cerca de su cuerpo.

“Es cuando vimos cómo cayó nuestro compañero Aldo Gutiérrez (que estaba en la calle, frente al autobús), le dan un balazo en la cabeza, y es cuando todos nos hicimos para atrás. Incluso yo me metí abajo del autobús porque las balas pasaban cerquita”.

Después recordó que él y otros 15 normalistas quedaron en medio del primero y segundo autobús, ambos de Costa Line. “Después un compañero se arrimó a Aldo; le puso su playera en la cabeza y aún así los policías siguieron tirando balazos”.

Julio dijo que en dos ocasiones marcó al 066 para pedir una ambulancia para que atendieran a Aldo, pero la operadora le dijo que no sabía dónde estaba la dirección que proporcionó ni las señas del lugar, “¿para qué la quieren?, ¿de dónde son?, ¿a qué vinieron?, ¿porqué quieren la ambulancia?”, fueron las preguntas que la operadora hizo, “sólo dio largas para no mandar la ambulancia”, es su conclusión.

Después decidió hablar a un familiar de Iguala quien pidió la ambulancia y ésta llegó unos 40 minutos después del ataque. Los propios policías le advirtieron a los paramédicos que sólo levantaran al primer herido, Aldo, a quien en un momento dieron por muerto, quien se encuentra en estado de coma.

El estudiante sentado en el patio central de la Normal Rural, de mirada congelada, un tanto nervioso dijo: “los policías nos tiraron como si fuéramos narcotraficantes. ¡Nos tiraron a matar!”. Dos de los estudiantes que dieron su testimonio dicen que fueron como 400 disparos que tiraron los policías en esa segunda balacera y quedaron varios estudiantes heridos.

Relató que unos 10 minutos después del segundo ataque llegaron tres patrullas tipo Ram doble cabina y que “fue cuando un comandante quería dialogar con notros, de manera ofensiva nos dijo; a ver hijos de la chingada vamos hablar. Le insistimos que tiraran sus armas para poder dialogar”. Después el mismo oficial les dijo: como quiera ahorita los voy venir a levantar, “se me hizo raro. Fue cuando vimos que a los compañeros –del tercer autobús, de Estrella de Oro, el que iba a la retaguardia, con los alumnos de primero– los empezaron a subir –a esas patrullas y a otras que habían llegado– con las manos en la cabeza”. Minutos después las patrullas arrancaron y en ellas se llevaron a sus compañeros detenidos.

Recordó que después de que se llevaron a los estudiantes en las patrullas, los policías se retiraron. Los estudiantes que estaban escondidos comenzaron a salir de sus refugios. En el lugar quedaron decenas de cartuchos percutidos de diferentes calibres, 9 milímetros y de AR-15.

Juan que iba en el primer vehículo, quedó atrapado al igual que Julio entre los dos primeros autobuses, vio cuando los policías subieron a unos 35 estudiantes en las cinco patrullas que los siguieron desde el Zócalo, las que identificó con los números 018, 020, 023, 027,028 y la 302. Después dijo que no recuerda nada, “era correr o morir por las balas”. Antes de correr vio a los policías municipales levantar varios cartuchos percutidos.

Fue hasta las 3:30 de la mañana cuando peritos de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado, llegaron al lugar

TERCER ATAQUE

Alrededor de las 12:30 de la noche cuando los estudiantes que estuvieron en los primeros dos ataques, acompañados por dirigentes de la Normal de Ayotzinapa que llegaron para ayudarlos y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), estaban dando entrevistas a reporteros, les dispararon nuevamente. Los disparos provenían del lado oeste del Periférico, segundos después unos hombres con rostros cubiertos se apostaron de frente, donde estaban los autobuses y siguieron disparándoles.

Una de las dos Urvan que pertenece a la escuela en la que llegaron los dirigentes tras el segundo ataque, fue baleada y quedó con los vidrios rotos.

“Todos corrimos en sentido contrario a la calle Álvarez a salvarnos, me escondí con cinco compañeros en un terreno baldío. Ahí estuvimos hasta que amaneció, los compañeros que estaban en el Ministerio Público nos dijeron que fuéramos ahí, agarramos un taxi y nos llevó hasta allá”, expresó Julio.

El primer ataque fue alrededor de las 9 de la noche y minutos después el segundo. Desde ese momento y hasta la 1:30 de la madrugada del sábado 27, no llegó ninguna autoridad, ni policías ni soldados. Entre el primer ataque y el tercero, hubo tres horas en las que ninguna autoridad llegó para intervenir y evitar el tercer ataque , a las 12:30. Cuatro horas después (1:30 am) llegaron tres patrullas del Ejército que resguardaron la zona, mientras esperaban a los peritos de la Procuraduría del estado.

Fue hasta las 3:30 de la mañana cuando peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, llegaron al lugar, pero fue después de las 5 de la mañana cuando los cuerpos de los dos estudiantes asesinados en la tercera balacera, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo fueron trasladados al Servicio Médico Forense.

VIERON UN AUTOBÚS CON UN CHOFER HERIDO

Pedro no estuvo en los tres ataques. Él iba en uno de los dos autobuses que se adelantaron y salieron al Periférico Sur. Relató que al llegar a la carretera uno de sus compañeros recibió una llamada por celular que avisó que sus compañeros que iban en los tres autobuses que estaban tratando de salir de Iguala, habían sido agredidos por policías municipales y pedían que los socorrieran.

Los estudiantes en los dos autobuses que se habían adelantado dieron vuelta en la carretera para regresar a Iguala. Trataron de llegar al Periférico Norte, pero tres patrullas les cerraron el paso a los autobuses. Los estudiantes se bajaron de los dos camiones, y de inmediato los policías les apuntaron directo al pecho.

“Colocaron las lámpara en sus caras para no reconocerlos (los estudiantes corrieron) y fue cuando nos empezaron a seguir”, dijo el normalista.

De los 14 alumnos que iban en el autobús, un grupo de cuatro corrió hacia el cerro, Pedro y otros nueve corrieron rumo a la avenida Dr. Arturo Beltrán Ortega, cruzaron el puente elevado que está al lado del Tecnológico de la ciudad, ahí el grupo de estudiantes, de acuerdo con la declaración de Pedro, vieron al chofer de un autobús Estrella de Oro herido y una patrulla al lado. Él cree que los policías pensaron que era uno de los camiones que habían retenido y dispararon, pero “ahí iban civiles, de eso nadie ha dicho nada”.

Pedro corrió con sus compañeros, relató que se refugiaron en un terreno baldío donde permanecieron toda la noche bajo la lluvia y fue en la mañana cuando sus compañeros que estaban en el Ministerio Público de Iguala se comunicaron y les indicaron el lugar donde estaban. Minutos después una patrulla de la Policía Ministerial los recogió y los llevó al Ministerio Público donde declararon y relataron los hechos, como a las 7:30 de la mañana del 27 de septiembre.

Del ataque de policías a estos dos autobuses ­­–el cuarto y quinto de los que salían de Iguala el 26 de septiembre con estudiantes de Ayotzinapa– se supo por notas periodísticas que hablaban de que se oían disparos por diversas calles de la ciudad, cerca del mercado, de una tienda Aurrerá, de un Oxxo, por el Periférico, en la calle Álvarez.

Durante la plática los estudiantes dibujaron en una libreta los lugares donde se encontraban al momento de los ataques.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/ Jacob Morales Antonio.
LINK: http://www.sinembargo.mx/13-10-2014/1141794.

VIDEO muestra cuando policía de Cuautitlán siembra mariguana a jóvenes

Un grupo de policías de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, fueron grabados cuando “sembraban” mariguana a un grupo de jóvenes que se encontraban patinando y que denunciaron el hecho.

En el video se observa a uno de los uniformados revisar los bolsos de los jóvenes mientras les cuestiona qué hacen “hasta allá” y, tras no encontrarles nada, les huele las manos. Acto que ellos interpretaron como intimidación.

Sin embargo, en el minuto 2:05 se ve cómo un policía saca de su bolsillo izquierdo una bolsa de plástico transparente con una pipa y mariguana dentro.

¿Y esto de quién es?–cuestionó.

No, ni idea.

Estaba ahí–señala un lugar donde no se acercó–a un lado del agua. ¿De quién es esa pinche agua que está allá?

Es mía, bueno, de los tres. Pero eso [la bolsa con hierba] de verdad no es mío.

Si está ahí, es tuya. Si está ahí, es tuya–insistió el policía.

No neta no. Te lo juro que no.

Se van a ir a chingar. A ver, de quién es.

Luego un policía les informa que los llevarán a un examen médico para comprobar que consumieron la mariguana y luego con las autoridades correspondientes para definir si es de ellos. “Yo no soy la autoridad para determinar si es de ustedes o no”, declaró.

Al final del video, los jóvenes, al menos uno de ellos menor de edad, informan que estuvieron detenidos alrededor de seis horas y cada quien pagó una fianza de mil pesos.

VÍDEO:



FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/13-10-2014/1141823.

Los opositores al parque de Moreno Valle podrían recibir 54 años de prisión: abogados

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).– Los activistas detenidos en Cholula, Puebla, por la Policía estatal por oponerse a la construcción de un parque temático están acusados de cinco cargos, entre ellos dos delitos graves por lo que, de acuerdo con su abogada, María Elena Tiro Hernández, podrían alcanzar 54 años de prisión.

De acuerdo con la prensa local, el representante legal del Movimiento Cholula Viva y Digna, Adán Xicale Huitle y los otros tres detenidos esta semana en el desalojo del Palacio Municipal de San Andres Cholula son imputados por despojo, ataques a las vías de comunicación, motín, delitos contra el orden constitucional y daño en propiedad ajena.

“En la segunda averiguación previa (despojo, ataques a las vías de comunicación, daño en propiedad ajena y delitos contra el orden institucional) van dos delitos de carácter grave, que no ayudan mucho”, señaló Vladimir Luna Porquillo, dirigente del Movimiento Los de Abajo.

María Elena Tiro Hernández, abogada de los detenidos, dijo que los delitos por los que son acusados podrían alcanzar hasta los 54 años de prisión. Los detenidos son el abogado Adán Xicale Huiltle, su hijo, Paul Xicale Coyópol, y los hermanos Primo Manuel y Albino Tlachi Álvarez.

Adán Xicale, también abogado, fue trasladadoal Cereso de San Pedro Cholula junto con su hijo Paul y los hermanos Primo Manuel y Albino Tlachi Valencia.

Josué Xicale, hijo de Adán, dijo a los medios locales que los cuatro detenidos tienen signos de maltrato físico: su papá tiene marcas en el rostro y las manos hinchadas, Paul tiene marcas en el cuello, Primo se queja constantemente de dolor en las costillas y Albino casi de desmaya cuando un policía le dejó la rodilla en el cuello para que no pudiera respirar.

“A la población le consta que no cometimos ningún delito”, señaló el joven. “Son presos políticos, no son delincuentes”.

DETENCIÓN DE ACTIVISTAS

El pasado 7 de octubre, cerca de 400 activistas en contra de la construcción del parque temático en San Andrés Cholula, Puebla, cerraron la carretera federal Atlixco para exigir la liberación de las cuatro personas que la Policía de Puebla detuvo esta madrugada en el plantón del Zócalo del municipio, ya que, aseguraron, las autoridades municipales negaron las detenciones de sus familiares y compañeros.

Esa madrugada, elementos de la Policía de Puebla arribaron al Zócalo de San Andrés Cholula para desalojar alrededor de cien activistas del plantón contra la construcción del parque temático, el cual se encontraba desde el lunes en la entrada de la Presidencia Municipal.

De acuerdo con el Ayuntamiento, las autoridades municipales detuvieron al menos a cuatro integrantes del movimiento “Ciudadanos Unidos por una Cholula Viva y Digna” para determinar su situación jurídica en el Ministerio Público (MP). Sin embargo, el “Círculo de Defensa” de Cholula reportó en su página de Facebook seis detenidos, entre ellos, el representante de la protesta, Adán Xicale Huitle y su hijo.

El Ayuntamiento de San Andrés Cholula aseguró en un comunicado de prensa que el desalojo ocurrió “después de horas de negociaciones”, luego que “se entregó un acuerdo por escrito con la presencia de dos visitadores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y del Notario Público Auxiliar número 2″.

Agregó que la acción se llevó a cabo ante la presencia de notarios y agentes del MP.

El gobierno panista de Leoncio Paisano Arias asumió su responsabilidad en los hechos luego de que los líderes del movimiento “anticiparon desde ayer su intención de continuar hoy el bloqueo de otras arterías principales con el consecuente daño a personas, ciudadanos y derechos de terceros”, declaró en el informe.

TOMA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

El lunes pasado, alrededor de cien miembros del “Círculo de Defensa” y “Ciudadanos Unidos por una Cholula Viva y Digna” iniciaron la toma de la Presidencia Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, como parte de sus protestas contra la construcción del Parque de las siete culturas.

A ellos se unió el comité en defensa del registro civil de San Andrés, de la que forman parte varias juntas auxiliares del municipio, como San Bernardino Tlaxcalancingo y San Antonio Cacalotepec, de acuerdo con medios locales.

Tras la toma del Ayuntamiento, casi todos los funcionarios y trabajadores fueron desalojados y todas las puertas tenían sellos de clausura.

“Este inmueble queda expropiado para utilidad pública. Se dará un pago justo, conforme a la ley. Se pagará a $162 mt2. Atentamente el pueblo”, decía uno de ellos.

En el balcón de la presidencia se colgaron lonas con leyendas en defensa de Cholula, y en el centro del edificio, justo arriba de la puerta principal había una manta grande con la leyenda “Cholulas Unidas contra la Expropiación”.

Ante el silencio del Gobernador Leoncio Paisano Arias, se bloqueó el Periférico y Camino Real, dos de las vialidades más importantes y transitadas para entrar y salir a Cholula.

Aproximadamente a las cinco de la tarde una comisión de 20 personas entró al auditorio de la parroquia de San Andrés a dialogar con funcionarios de gobierno, entre ellos el Presidente Municipal.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el “Círculo de Defensa” difundió la imagen del documento que dio el Gobernador con cuatro puntos:

1. Que no habrá expropiación por parte del gobierno municipal,

2. Que el ayuntamiento de San Andrés “no tiene autorizado proyecto ejecutivo alguno que hable sobre la construcción de obras dirigidas a la materialización del proyecto” y además que en caso de existir algún proyecto “será condensado con los ciudadanos”,

3. Que el Diputado de Cholula y ex Presidente Municipal, Miguel Ángel Huepa, “se compromete a expresar” al Congreso local las inconformidades de los habitantes de las juntas auxiliares por las modificaciones a la ley orgánica municipal,

4. Que los representantes de los ciudadanos se comprometían a liberar las vialidades bloqueadas y la presidencia.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-10-2014/1139877.

Maestros y policías se enfrentan en Congreso de Guerrero; normalistas toman Palacio

Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa de Guerrero “Raúl Isidro Burgos” y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) tomaron la sede del gobierno estatal y mantienen retenidos a funcionarios en demanda de la presentación con vida de sus 43 compañeros desaparecidos el pasado 26 de septiembre.

También secuestraron más de 20 camiones en Michoacán para movilizarse a Guerrero.

De acuerdo con reportes de la prensa local, alrededor de 150 estudiantes encapuchados, con piedras y cohetones, tomaron el Palacio de Gobierno. En tanto, se reporta que elementos de la Policía resguardan el edificio, y como medida de seguridad, impiden a los trabajadores salir, para evitar actos de violencia por parte de los normalistas.

Desde las 11:00 de la mañana los contingentes comenzaron a arribar al edificio gubernamental. Los alumnos iniciaron la toma del inmueble con la advertencia: “nadie sale ni entra a este lugar hasta que nos regresen vivos a nuestros compañeros”.

En tanto, un grupo de normalistas detuvo más de 20 autobuses en Michoacán para trasladarse a Guerrero en apoyo de sus compañeros de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.  ”Son 21 autobuses los que nos han retenido en diferentes puntos del estado y los tienen en sus escuelas”, dijo Arcadio Méndez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Por lo que impondrán dos denuncias por la toma de las unidades.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/13-10-2014/1141987.