Diputado local reportó que 16 cuerpos de mujeres fueron hallados en el Gran Canal del Estado de México; la procuraduría estatal negó la información.
Se llama “Curva del Diablo” y está en Ecatepec de Morelos, en el Estado de México. Hasta ayer, esa región era conocida por el número de accidentes que ahí suceden. Se estima que al año, justo en este punto, se presentan 10 a 15 percances.
Sin embargo, lo que reveló el diputado local perredista Octavio Martínez Vargas en su cuenta de Facebook cambió todo.
“16 cuerpos de mujeres son encontrados sin vida en Ecatepec en el canal del perímetro de la curva del diablo a Héroes Primera, padres de jóvenes desaparecidas exigen al gobierno dar con los responsables, increíble que ningún medio de comunicación en nuestro país comente tan trágicos acontecimientos. Exijo al Procurador de Justicia del Edo. Mex. dar con los responsables”, señaló el funcionario el domingo pasado.
De inmediato, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) lo desmintió mediante su cuenta de Twitter.
“@PGJEM_Oficial descarta que hayan sido localizados restos de jóvenes en #Ecatepec, como se ha difundido hoy en algunas redes”.
También el Gobierno del Estado de México rechazó las declaraciones del diputado local.
José Manzur Quiroga, secretario general de Gobierno, señaló que sí se localizaron restos óseos durante las labores de limpieza de canales, pero sus orígenes serán determinados de manera científica.
“No se puede precisar si son de origen animal o humano, y que aún es más complejo precisar si se trata de un solo cuerpo e incluso su género”, indicó.
Manzur Quiroga hizo un llamado al diputado para actuar con responsabilidad y no tergiversar información que genera especulaciones, y por el contrario, le invitó a acercarse a las autoridades para presentar las pruebas correspondientes a sus dichos.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
martes, 14 de octubre de 2014
Peña habla de democracia en Puebla… entre protestas contra Moreno Valle
PUEBLA, Pue. (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto inauguró aquí el Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil, en el Centro Expositor, mientras decenas de personas se manifestaban en las calles en rechazo a las políticas “represoras” del gobierno de Rafael Moreno Valle.
Encabezados por habitantes de Cholula que reclaman la liberación de Adán y Paul Xicale, Albino Odilón y Primo Manuel Tlachi, considerados “presos políticos”, los manifestantes se quejaron de que el gobierno de Puebla no ha cumplido con las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el ataque contra pobladores de Chalchihuapan, el pasado 7 de julio.
La zona de Los Fuertes, donde se encuentra el Centro Expositor, fue rodeada por granaderos para evitar que las manifestaciones llegaran hasta ese lugar, donde el mandatario estatal anunció una iniciativa de ley para el “fomento a las organizaciones de la sociedad civil”, supuestamente para alentar la participación de la ciudadanía en el ámbito gubernamental.
Ahí mismo el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que en “una democracia moderna, la participación de la sociedad civil y la acción del gobierno se complementan para mejorar las condiciones de vida de la población”.
Añadió: “Reconozco el papel de las organizaciones para hacer conciencia ciudadana y ser factor decisivo en la reconstrucción del tejido social (…) La sociedad civil es la gran aliada del gobierno de la República en la construcción de un México en paz”.
Los manifestantes decidieron marchar hacia el zócalo de esta capital, con el fin de no dar motivos al gobierno de Moreno Valle para recurrir a la fuerza policiaca.
La semana pasada, policías estatales y municipales desalojaron de manera violenta a opositores al Parque de las Siete Culturas que tenían tomada la alcaldía de San Andrés Cholula.
Ese mismo día fueron detenidos cuatro de los dirigentes del movimiento, entre ellos Adán Xicale, el abogado que interpuso una serie de amparos para frenar el proyecto de construcción del parque.
Desde el penal, Xicale se comunicó vía telefónica con los participantes en la manifestación de este lunes, a quienes pidió mantener la lucha en defensa de la Pirámide, la fe religiosa, la parroquia de la Señora de los Remedios, la cultura y la identidad de los cholultecas.
“Yo les pido que no desistan. Nosotros cuatro (encarcelados) estamos dispuestos a seguir hasta las últimas consecuencias, porque sabemos que nuestra lucha es justa. Tenemos que tomar en cuenta que la lucha social no es sólo de principios, sino también de sentimientos nobles”.
Esta mañana, mientras los cholultecas se encontraban en el zócalo capitalino y luego de despedir a Peña Nieto, Moreno Valle aprovechó para hacer un recorrido por los terrenos que pretende expropiar para construir el parque de las Siete Culturas.
Acompañado de los alcaldes de San Andrés y San Pedro, Leoncio Paisano y José Juan Espinosa, respectivamente, el gobernador aprovechó la ausencia de los habitantes opositores para “supervisar” lo que llamó “el proyecto de rescate y preservación del entorno de la pirámide de Cholula”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
Encabezados por habitantes de Cholula que reclaman la liberación de Adán y Paul Xicale, Albino Odilón y Primo Manuel Tlachi, considerados “presos políticos”, los manifestantes se quejaron de que el gobierno de Puebla no ha cumplido con las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el ataque contra pobladores de Chalchihuapan, el pasado 7 de julio.
La zona de Los Fuertes, donde se encuentra el Centro Expositor, fue rodeada por granaderos para evitar que las manifestaciones llegaran hasta ese lugar, donde el mandatario estatal anunció una iniciativa de ley para el “fomento a las organizaciones de la sociedad civil”, supuestamente para alentar la participación de la ciudadanía en el ámbito gubernamental.
Ahí mismo el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que en “una democracia moderna, la participación de la sociedad civil y la acción del gobierno se complementan para mejorar las condiciones de vida de la población”.
Añadió: “Reconozco el papel de las organizaciones para hacer conciencia ciudadana y ser factor decisivo en la reconstrucción del tejido social (…) La sociedad civil es la gran aliada del gobierno de la República en la construcción de un México en paz”.
Los manifestantes decidieron marchar hacia el zócalo de esta capital, con el fin de no dar motivos al gobierno de Moreno Valle para recurrir a la fuerza policiaca.
La semana pasada, policías estatales y municipales desalojaron de manera violenta a opositores al Parque de las Siete Culturas que tenían tomada la alcaldía de San Andrés Cholula.
Ese mismo día fueron detenidos cuatro de los dirigentes del movimiento, entre ellos Adán Xicale, el abogado que interpuso una serie de amparos para frenar el proyecto de construcción del parque.
Desde el penal, Xicale se comunicó vía telefónica con los participantes en la manifestación de este lunes, a quienes pidió mantener la lucha en defensa de la Pirámide, la fe religiosa, la parroquia de la Señora de los Remedios, la cultura y la identidad de los cholultecas.
“Yo les pido que no desistan. Nosotros cuatro (encarcelados) estamos dispuestos a seguir hasta las últimas consecuencias, porque sabemos que nuestra lucha es justa. Tenemos que tomar en cuenta que la lucha social no es sólo de principios, sino también de sentimientos nobles”.
Esta mañana, mientras los cholultecas se encontraban en el zócalo capitalino y luego de despedir a Peña Nieto, Moreno Valle aprovechó para hacer un recorrido por los terrenos que pretende expropiar para construir el parque de las Siete Culturas.
Acompañado de los alcaldes de San Andrés y San Pedro, Leoncio Paisano y José Juan Espinosa, respectivamente, el gobernador aprovechó la ausencia de los habitantes opositores para “supervisar” lo que llamó “el proyecto de rescate y preservación del entorno de la pirámide de Cholula”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
Se oponen ONG a reelección de Raúl Plascencia en la CNDH
MÉXICO, D.F: Organizaciones sociales manifestaron su inconformidad por la pretensión de senadores de reelegir a Raúl Plascencia Villanueva como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2014-2019, en momentos en que el país “vive una situación de crisis en materia de derechos humanos”.
Mientras en el Senado de la República las comisiones de Derechos Humanos y Justicia se declararon este lunes en sesión permanente para revisar el proceso de designación o ratificación del ombudsman, activistas de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) criticaron la convocatoria dada a conocer hasta ahora por la cámara alta al considerar que no se apega a principios constitucionales ni al derecho internacional.
En un comunicado firmado por más de 70 organizaciones de todo el país, expresaron su preocupación por la tendencia de los legisladores de proponer “evaluar primer al actual ombudsman (…) sin tomar en cuenta otras candidaturas posibles” y sólo en caso de que en comisiones se vote en mayoría por la no ratificación “procederían las elecciones abiertas a cualquier candidata o candidato”.
Los activistas consideraron que una nueva evaluación de la labor de Plascencia Villanueva al frente de la CNDH es “ociosa”. Argumentaron que el pasado 20 de mayo “rindió cuentas durante la reunión de trabajo (…) ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado”, sesión en la que, por cierto, no salió bien librado ante duros cuestionamientos de legisladores del PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y PT, excepto del PAN.
En el documento, las organizaciones recordaron los procesos legales iniciados por defensores de derechos humanos y académicos que solicitaron un juicio político contra Plascencia Villanueva así como el juicio de amparo iniciado por familiares de 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas en 2010, inconformes por la recomendación 80/2013.
A través de estas iniciativas, agregaron, “se ha establecido que Raúl Plascencia no ha estado a la altura de su cargo, y de las múltiples omisiones detectadas durante su mandato lo descalifican para un procedimiento de ratificación”.
Además, consideraron que la convocatoria propuesta para designar al presidente de la CNDH para los próximos cinco años “no es congruente con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011”.
Abundaron que, de acuerdo con el apartado B del artículo 102 constitucional, la elección del ombudsman nacional y de los integrantes de su Consejo Consultivo, así como de los titulares de organismos estatales de derechos humanos en los estados “se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley”.
Los activistas añadieron que un artículo noveno transitorio de la reforma señala que “se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto”.
El procedimiento propuesto por las comisiones de Derechos Humanos y Justicia del Senado, acusaron, no cumple “con los estándares internacionales como son los Principios de París promovidos por la ONU, que rigen a las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de Derechos Humanos, particularmente sobre la composición y garantías de independencia y pluralismo”.
Puntualizaron que “sólo elecciones directas en competencia con varios candidatos permitirán identificar la mejor candidatura de un puesto esencial para un México que vive una situación de crisis en materia de derechos humanos”.
Los firmantes confiaron en que “los senadores descarten estas contradicciones y permitan que el proceso de elección del o la titular de la CNDH sea transparente, plural y garantice su participación”.
El comunicado lo firmaron las 74 agrupaciones que conforman la Red TDT con presencia en 22 entidades del país, así como Amnistía Internacional, Asociadas por lo Justo, Propuesta Cívica, Servicio Jesuita para Migrantes, Misión para Migrantes y Refugiados, entre otras agrupaciones.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
Por caso Ayotzinapa, se opone red a firma de acuerdo de seguridad México-Alemania
BERLÍN (apro).- La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México exhortó al Parlamento alemán a votar en contra del acuerdo de seguridad que pretenden firmar los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Angela Merkel a finales de este año, luego de considerar que “la cooperación entre las fuerzas de seguridad (mexicanas) y el crimen organizado es directa, y queda ilustrada en los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero”.
La red, integrada por 15 organizaciones alemanas, condenó en un comunicado la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y, en ese contexto, consideró inviable la cooperación en materia de seguridad y policial entre ambos países.
“El gobierno alemán se encuentra actualmente en la etapa final de la negociación de un acuerdo de seguridad con México. Éste habrá de firmarse a finales del año por los gobiernos, y el próximo año será decidido por el Parlamento alemán. Este acuerdo incluye que Alemania estaría obligada, bajo determinadas condiciones, a la transmisión de datos personales. Estos datos serían transmitidos a los organismos de seguridad, quienes como puede probarse utilizan métodos de tortura en las cárceles.
“También está planeada, como resultado del acuerdo de seguridad, la cooperación policial entre Alemania y México. Dada la cooperación directa entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado, ilustrada una vez más en los hechos ocurridos en Iguala, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos de México rechaza la cooperación en virtud de un acuerdo” en la materia, señala el documento.
De esta forma la red alemana se suma a la condena lanzada el viernes 10 por un grupo de 16 eurodiputados, y el domingo 12 por la delegación de la Unión Europea en México por la desaparición de los 43 normalistas y el asesinato de seis personas el viernes 26 de septiembre en la ciudad de Iguala.
“Lo que se reprocha es que no se ha cumplido el procedimiento necesario para la búsqueda de los desaparecidos. La Procuraduría General (de la República) no realizó la investigación inmediatamente, sino después de algunos días de lo ocurrido, a pesar de que de acuerdo con la legislación mexicana y en el artículo 28 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, México está obligado a una investigación inmediata. Asimismo, el presidente Peña Nieto comentó lo ocurrido el lunes 6 de octubre, 10 días después de los hechos, en vez de reaccionar inmediatamente con la mayor determinación y utilizando todos los medios de un estado de derecho”, destacó la red de organizaciones.
La Coordinadora Alemana por los Derechos Humanos en México, además de apoyar a organizaciones mexicanas con iniciativas que difunden su trabajo en Europa, también funciona como interlocutora y realiza tareas de cabildeo tanto en Alemania, dentro del Parlamento alemán, como en Europa, en el Parlamento europeo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: YETLANECI ALCARAZ.
La red, integrada por 15 organizaciones alemanas, condenó en un comunicado la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y, en ese contexto, consideró inviable la cooperación en materia de seguridad y policial entre ambos países.
“El gobierno alemán se encuentra actualmente en la etapa final de la negociación de un acuerdo de seguridad con México. Éste habrá de firmarse a finales del año por los gobiernos, y el próximo año será decidido por el Parlamento alemán. Este acuerdo incluye que Alemania estaría obligada, bajo determinadas condiciones, a la transmisión de datos personales. Estos datos serían transmitidos a los organismos de seguridad, quienes como puede probarse utilizan métodos de tortura en las cárceles.
“También está planeada, como resultado del acuerdo de seguridad, la cooperación policial entre Alemania y México. Dada la cooperación directa entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado, ilustrada una vez más en los hechos ocurridos en Iguala, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos de México rechaza la cooperación en virtud de un acuerdo” en la materia, señala el documento.
De esta forma la red alemana se suma a la condena lanzada el viernes 10 por un grupo de 16 eurodiputados, y el domingo 12 por la delegación de la Unión Europea en México por la desaparición de los 43 normalistas y el asesinato de seis personas el viernes 26 de septiembre en la ciudad de Iguala.
“Lo que se reprocha es que no se ha cumplido el procedimiento necesario para la búsqueda de los desaparecidos. La Procuraduría General (de la República) no realizó la investigación inmediatamente, sino después de algunos días de lo ocurrido, a pesar de que de acuerdo con la legislación mexicana y en el artículo 28 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, México está obligado a una investigación inmediata. Asimismo, el presidente Peña Nieto comentó lo ocurrido el lunes 6 de octubre, 10 días después de los hechos, en vez de reaccionar inmediatamente con la mayor determinación y utilizando todos los medios de un estado de derecho”, destacó la red de organizaciones.
La Coordinadora Alemana por los Derechos Humanos en México, además de apoyar a organizaciones mexicanas con iniciativas que difunden su trabajo en Europa, también funciona como interlocutora y realiza tareas de cabildeo tanto en Alemania, dentro del Parlamento alemán, como en Europa, en el Parlamento europeo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: YETLANECI ALCARAZ.
Decisiones que dividen
La decisión de quiénes serán los aspirantes oficiales del PAN para las alcaldías de Monterrey y Guadalupe enfrenta hoy a los integrantes de La Mesa Nuevo León en la Ciudad de México.
Los tres grandes liderazgos panistas en Nuevo León saben que su conveniencia es unirse en torno a Margarita Arellanes y su proyecto a la Gubernatura de 2015, pero hay otras candidaturas en las que no llegan a un acuerdo.
Hay dos registros para presidencias municipales que están en juego y que pueden provocar división entre el Grupo San Nicolás, el equipo del senador Raúl Gracia y La División del Norte que encabeza José Serrano.
Y es que según las encuestas del CEN del PAN, la alcaldesa regia Margarita Arellanes tiene una ventaja considerable sobre los demás albiazules respecto a la candidatura a la Gubernatura.
Por ello es que en este caso no existe duda y los tres grandes grupos de la cúpula panista están, convenientemente, de acuerdo en respaldar a la munícipe regia porque todos quieren recuperar el gobierno estatal.
Pero en el caso de otros puestos de elección popular no es tan fácil.
Diputaciones locales y alcaldías tienen un acuerdo en La Mesa Nuevo León, que sienta a negociar en el CEN panista a los tres liderazgos que controlan internamente el partido albiazul.
Según el acuerdo de esta Mesa, como son tres grupos, irían en tercios para negociar candidaturas.
Es decir, siete aspirantes a diputados locales por cada liderazgo.
Pero hay como 20 albiazules levantando la mano por cada grupo.
Sin embargo, ese es un problema que el líder de cada fracción panista puede solucionar, pidiendo disciplina a sus correligionarios.
En cambio, en las alcaldías metropolitanas se acordó que el candidato a la Alcaldía de Monterrey será nombrado por el CEN del PAN, para evitar divisiones internas entre los tres grupos, debido al peso específico de la Presidencia Municipal regia.
Y es aquí donde empiezan los conflictos entre los liderazgos.
Tres líderes, un registro para la Alcaldía regia
El Grupo San Nicolás está apoyando al legislador local y líder de la fracción albiazul en el Congreso, Alfredo “Fredy” Rodríguez.
Zeferino Salgado, quien comanda este grupo político panista, así como los diputados federales Fernando Larrazabal y Víctor Fuentes, están detrás de las aspiraciones de Rodríguez.
Pero en las encuestas quien está arriba es Felipe de Jesús Cantú. Sin embargo, es este exalcalde de Monterrey a quien dentro del propio PAN atribuyen más puntos negativos en las encuestas.
Es decir, que Felipe gana en conocimiento, pero tendría menos porcentaje para crecer en las preferencias, según sus detractores.
Y Cantú es apoyado por la alcaldesa de Monterrey Margarita Arellanes para ser el candidato a la capital regia.
Es aquí donde floreció una division interna, porque La División del Norte, liderazgo interno que comanda José Serrano, aunque apoya y abandera a Margarita Arellanes, no está de acuerdo en esta decisión.
La División del Norte apoya al dirigente del Comité Municipal de Monterrey, Iván Garza, para que sea el candidato azul a la Alcaldía regia.
Es decir, ni siquiera entre el mismo grupo de La División del Norte se han puesto de acuerdo en quién debe ser el candidato para la capital regia.
En este clan, el diputado federal Arturo Salinas, el alcalde de Santa Catarina, Víctor Pérez, y la alcaldesa regia, han formado un frente común en favor de Felipe de Jesús Cantú.
Pero por otro lado, La División del Norte prefiere a Iván Garza.
Hoy será uno de los temas a discutir en la Mesa Nuevo León, en la Ciudad de México.
Y para Guadalupe hay otra negociación
El municipio más poblado del área metropolitana, luego de Monterrey, es muy disputado al interior del PAN y está causando divisionismo.
Y es que según el acuerdo de La Mesa Nuevo León, el senador Raúl Gracia lleva “la sartén por el mango”, para asignar al aspirante a esa Alcaldía, que en relación a este grupo político es Alfonso Robledo.
Sin embargo, el apoyo abierto de La División del Norte a las aspiraciones de Judith Díaz es un factor que provoca diferencias entre los grupos.
Aunque Alfonso Robledo ha estado trabajando en Guadalupe durante meses, también está por su cuenta Judith Díaz, con todo el apoyo del liderazgo de más reciente creación dentro del PAN y que dirige José Serrano.
Esta diferencia prendió los focos de alerta para el senador Raúl Gracia, quien seguramente hoy gritará “¡foul!” en la sede del CEN azul en la Ciudad de México.
Incluso, hay actos públicos de ambos grupos albiazules en Guadalupe.
En el caso de Judith Díaz, la semana pasada efectuó varios eventos públicos, en los que incluso fue apoyada por otro panista que aspiraba a la Alcaldía de Guadalupe, se trata de Pedro Garza.
Aquí la diferencia estriba en que el PAN en general ha crecido en un municipio considerado un bastión cetemista y priista, pero que en los últimos sondeos muestra una tendencia que beneficia al panismo.
Este factor de amplias posibilidades para que un panista compita y hasta gane en Guadalupe, es un estímulo para que los azules busquen la candidatura a la Alcaldía.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: HUGO GUTIÉRREZ.
Los tres grandes liderazgos panistas en Nuevo León saben que su conveniencia es unirse en torno a Margarita Arellanes y su proyecto a la Gubernatura de 2015, pero hay otras candidaturas en las que no llegan a un acuerdo.
Hay dos registros para presidencias municipales que están en juego y que pueden provocar división entre el Grupo San Nicolás, el equipo del senador Raúl Gracia y La División del Norte que encabeza José Serrano.
Y es que según las encuestas del CEN del PAN, la alcaldesa regia Margarita Arellanes tiene una ventaja considerable sobre los demás albiazules respecto a la candidatura a la Gubernatura.
Por ello es que en este caso no existe duda y los tres grandes grupos de la cúpula panista están, convenientemente, de acuerdo en respaldar a la munícipe regia porque todos quieren recuperar el gobierno estatal.
Pero en el caso de otros puestos de elección popular no es tan fácil.
Diputaciones locales y alcaldías tienen un acuerdo en La Mesa Nuevo León, que sienta a negociar en el CEN panista a los tres liderazgos que controlan internamente el partido albiazul.
Según el acuerdo de esta Mesa, como son tres grupos, irían en tercios para negociar candidaturas.
Es decir, siete aspirantes a diputados locales por cada liderazgo.
Pero hay como 20 albiazules levantando la mano por cada grupo.
Sin embargo, ese es un problema que el líder de cada fracción panista puede solucionar, pidiendo disciplina a sus correligionarios.
En cambio, en las alcaldías metropolitanas se acordó que el candidato a la Alcaldía de Monterrey será nombrado por el CEN del PAN, para evitar divisiones internas entre los tres grupos, debido al peso específico de la Presidencia Municipal regia.
Y es aquí donde empiezan los conflictos entre los liderazgos.
Tres líderes, un registro para la Alcaldía regia
El Grupo San Nicolás está apoyando al legislador local y líder de la fracción albiazul en el Congreso, Alfredo “Fredy” Rodríguez.
Zeferino Salgado, quien comanda este grupo político panista, así como los diputados federales Fernando Larrazabal y Víctor Fuentes, están detrás de las aspiraciones de Rodríguez.
Pero en las encuestas quien está arriba es Felipe de Jesús Cantú. Sin embargo, es este exalcalde de Monterrey a quien dentro del propio PAN atribuyen más puntos negativos en las encuestas.
Es decir, que Felipe gana en conocimiento, pero tendría menos porcentaje para crecer en las preferencias, según sus detractores.
Y Cantú es apoyado por la alcaldesa de Monterrey Margarita Arellanes para ser el candidato a la capital regia.
Es aquí donde floreció una division interna, porque La División del Norte, liderazgo interno que comanda José Serrano, aunque apoya y abandera a Margarita Arellanes, no está de acuerdo en esta decisión.
La División del Norte apoya al dirigente del Comité Municipal de Monterrey, Iván Garza, para que sea el candidato azul a la Alcaldía regia.
Es decir, ni siquiera entre el mismo grupo de La División del Norte se han puesto de acuerdo en quién debe ser el candidato para la capital regia.
En este clan, el diputado federal Arturo Salinas, el alcalde de Santa Catarina, Víctor Pérez, y la alcaldesa regia, han formado un frente común en favor de Felipe de Jesús Cantú.
Pero por otro lado, La División del Norte prefiere a Iván Garza.
Hoy será uno de los temas a discutir en la Mesa Nuevo León, en la Ciudad de México.
Y para Guadalupe hay otra negociación
El municipio más poblado del área metropolitana, luego de Monterrey, es muy disputado al interior del PAN y está causando divisionismo.
Y es que según el acuerdo de La Mesa Nuevo León, el senador Raúl Gracia lleva “la sartén por el mango”, para asignar al aspirante a esa Alcaldía, que en relación a este grupo político es Alfonso Robledo.
Sin embargo, el apoyo abierto de La División del Norte a las aspiraciones de Judith Díaz es un factor que provoca diferencias entre los grupos.
Aunque Alfonso Robledo ha estado trabajando en Guadalupe durante meses, también está por su cuenta Judith Díaz, con todo el apoyo del liderazgo de más reciente creación dentro del PAN y que dirige José Serrano.
Esta diferencia prendió los focos de alerta para el senador Raúl Gracia, quien seguramente hoy gritará “¡foul!” en la sede del CEN azul en la Ciudad de México.
Incluso, hay actos públicos de ambos grupos albiazules en Guadalupe.
En el caso de Judith Díaz, la semana pasada efectuó varios eventos públicos, en los que incluso fue apoyada por otro panista que aspiraba a la Alcaldía de Guadalupe, se trata de Pedro Garza.
Aquí la diferencia estriba en que el PAN en general ha crecido en un municipio considerado un bastión cetemista y priista, pero que en los últimos sondeos muestra una tendencia que beneficia al panismo.
Este factor de amplias posibilidades para que un panista compita y hasta gane en Guadalupe, es un estímulo para que los azules busquen la candidatura a la Alcaldía.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: HUGO GUTIÉRREZ.
Maestra... en bienes raíces
Un piso completo con 11 departamentos del lujoso complejo Reforma 222 pertenece a Comercializadora GC. Una empresa que desde hace dos décadas administra los bienes de la exlíder sindical.
Una imponente vista panorámica de la Ciudad de México se observa desde el piso 10 de la tercera torre de condominios del lujoso complejo de Reforma 222.
Las montañas y la avenida Reforma en pleno se pueden disfrutar, mientras se trota en la pista privada de jogging con pasto artificial, desde la terraza que bordea la azotea del complejo.
Los habitantes ingresan a sus departamentos con llaves electrónicas después de hacer uso de su SPA y cine privados, su cancha de paddel tenis, su centro de negocios o su salón de fiestas.
De los 110 departamentos que alberga esta tercera torre del condominio que tiene acceso directo al Centro Comercial Reforma 222, 11 pertenecen a una compañía que maneja desde hace dos décadas la familia de la exlideresa del sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo.
Los departamentos ocupan por entero el piso 10 de la Torre 3 del condominio, más dos cajones de estacionamiento cada uno.
La compañía que los compró, Comercializadora GC, pagó por ellos 25.7 millones de pesos de contado en diciembre de 2010, al mismo tiempo que transfirió su administración a un fideicomiso del Banco Interacciones.
Las conexiones con “la maestra” no son pocas.
La empresa GC es la dueña del avión en que viajaba Elba Esther Gordillo cuando fue detenida en el aeropuerto del Toluca, su dirección fiscal es una oficina que pertenece a los Gordillo y su representante legal es el mismo que ha administrado las propiedades de la familia desde hace tres lustros.
La propiedad de los inmuebles fue revelada gracias a un juicio mercantil que ha llevado un abogado capitalino desde el año pasado contra la empresa.
El juicio ha buscado el cobro de tres pagarés que GC otorgó a uno de los hombres más cercanos a Gordillo, Francisco Yáñez Herrera, mientras este fungía como director de la Lotería Nacional, cargo que la exlideresa ganó en una negociación con Felipe Calderón luego de las elecciones de 2006.
Estos departamentos no han sido embargados luego de la detención de Gordillo en febrero del año pasado.
Actualmente están rentados y siguen perteneciendo a la compañía.
Once viviendas bien rentadas
El décimo piso de la tercera torre de Reforma 222 consta de mil 133 metros cuadrados de construcción, divididos en 11 departamentos con planta baja y planta alta, todos con acabados de lujo y vista a la ciudad.
Actualmente se rentan en precios que oscilan entre los 26 mil y los 38 mil pesos mensuales.
Pagan 5 mil pesos mensuales de mantenimiento del condominio que incluye las áreas comunes, el circuito de cámaras de seguridad y los guardias de acceso.
El lunes 13 de diciembre de 2010 el diario El Universal publicó un artículo firmado por Gordillo.
Escribió que la desnutrición y la falta de acceso a la salud mermaban a los estudiantes y “si en verdad queremos elevar la calidad de la educación, es preciso mejorar (…) la calidad de vida de los educandos”.
Ese mismo día la Comercializadora GC firmó las escrituras para la adquisición de estos 11 departamentos con la empresa Reforma Residencial 222 ante la notaria 27 de la capital, Mildred Novelo Rivas.
Los departamentos se compraron con “certificados de libertad de gravámen” y no mediante ninguna hipoteca que generara intereses, explicó en entrevista el abogado Carlos Odriozola, quien descubrió la propiedad de los inmuebles.
“No aparece registrado ningún tipo de contrato de crédito, de tal suerte que se infiere que fueron adquiridos de contado”, dice Odriozola.
Los departamentos cuentan con planta baja y planta alta y sus dimensiones van de los 67 a los 182 metros cuadrados. Fueron comprados por un costo global de 25 millones 695 mil pesos, según consta en los documentos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, de los que Reporte Indigo obtuvo una copia.
El mismo día en que se formalizó la compra se constituyó un fideicomiso de tiempo indeterminado con la división fiduciaria del Banco Interacciones, para administrar la renta de los inmuebles y las ganancias de su comercialización, de acuerdo con una copia del instrumento financiero al que este diario tuvo acceso.
Tanto el Registro Público como la constitución del Fideicomiso dejan constancia de que el representante legal de Comercializadora GC es Jesús Antonio Rodríguez Millán, de 45 años, originario de Culiacán y abogado por la Universidad Autónoma Metropolitana, quien vive en un departamento de clase media en la colonia Nochebuena.
Este abogado ha sido el representante de GC desde marzo de 2001, aunque la empresa fue constituida en junio de 1995.
El objeto social de GC muestra que la compañía pretendía tener muchas más atribuciones que la administración de unos departamentos.
Incluye la compra-venta de toda clase de muebles, maquinarias y equipos, la construcción y mantenimiento de vías de comunicación, terrestres aéreas y marinas, la construcción de obras civiles y edificios, la elaboración de dictámenes o avalúos, el desarrollo de centros turísticos o vacaciones y la construcción o adquisición de todo tipo de desarrollos inmobiliarios, entre otros objetos.
En el cielo, en la tierra y…
Entre los bienes de GC se contemplaba también el avión Cessna Citation Encore 560 donde viajó Gordillo de San Diego a Toluca el 26 de febrero de 2013, cuando fue detenida por delincuencia organizada y lavado de dinero.
El avión con matrícula XA-UEF estuvo en resguardo de la Procuraduría General de la República desde abril del año pasado, y fue enajenado cuatro meses más tarde (Reporte Indigo, 26 de septiembre de 2013).
El nexo del abogado Rodríguez Millán con la familia Gordillo tiene más de una década, pues dos años después de que recibiera la representación legal de Comercializadora GC también lo hizo de la Inmobiliaria Galilei, creada en febrero de 1997, que antes había sido administrada por las hijas de la maestra, Mónica Arriola y Maricruz Montelongo, cuya comisaria era su madre, Zoila Morales.
La inmobiliaria Galilei compró propiedades en Polanco, Chapultepec Polanco, además de la planta baja y el mezzanine del edificio 295 sobre la avenida Reforma, a un costado de la embajada de Estados Unidos.
Una investigación publicada en marzo del año pasado en la revista 360 grados reveló que las oficinas de Reforma 295, de 738 metros cuadrados con cuatro cajones de estacionamiento, fueron compradas en octubre de 2005 por la Inmobiliaria Galilei en 6.1 millones de pesos.
El autor del reportaje, Alberto Aguirre, ya había mencionado el nexo de Rodríguez Millán y Comercializadora GC con Gordillo en su libro “Doña Perpetua. El poder y la opulencia de Elba Esther Gordillo”, publicado por editorial Grijalbo en 2008 en coautoría con Arturo Cano.
Ahora el vínculo luce más obvio: el expediente del juicio ejecutivo mercantil 546/2013 muestra que la dirección fiscal de Comercializadora GC es precisamente la planta baja de Reforma 295, el inmueble propiedad de Inmobiliaria Galilei.
Así consta también en el registro de esta compañía ante el Servicio de Administración Tributaria, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y en Compranet.
Lotería de deudas
El círculo que une los departamentos de Reforma 222 con la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pasa también por otro edificio ubicado en la misma avenida: la sede de la Lotería Nacional.
Allí despachó desde el 1º de diciembre de 2006 al 30 de enero de 2009 Francisco Yáñez Herrera, exsecretario particular de Elba Esther Gordillo.
Los cinco años previos a ser nombrado en ese cargo había fungido como vocal propietario del SNTE ante el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Yáñez es dueño del yate Bayliner valuado en 82 mil dólares estacionado afuera de una de las casas de la familia Gordillo en San Diego, California.
Al registrar el yate ante el condominio de Coronado Cays, Yáñez dijo vivir en el número 23 de Green Turtle, la misma casa registrada como propiedad desde 1991 de la madre de Gordillo, fallecida en 2009 (Reporte Indigo, 4 de marzo de 2013).
Un año antes de que Yáñez dejara la Lotería Nacional, el 22 de febrero de 2008, el abogado Rodríguez Millán expidió a nombre de Comercializadora GC cinco pagarés a favor del funcionario, para cobrarse el 22 de agosto de 2010, fecha que coincide con el primer aviso preventivo de la creación del fideicomiso que ahora administra los departamentos de Reforma 222.
A pesar de que Yáñez debía esperar más de dos años para utilizar el dinero, el documento no causó ningún gravamen a la compañía, ya tendría intereses de cero por ciento.
Tres meses antes de que se venciera la posibilidad de su cobro, el 11 junio, el propio Yáñez endosó tres de los pagarés que sumaban un monto de 6.5 millones de pesos a nombre de Alexis Orta Salgado.
El abogado que representa a Salgado, Carlos Odriozola, asegura que el endoso fue para “pagar un servicio” y que es legal porque los pagarés “son títulos de crédito que pueden circular”.
Cuando intentó cobrarlos y no pudo, Salgado contrató al Bufete Capital para iniciar un juicio ejecutivo mercantil para conseguir el pago vía legal ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Hasta el 6 de agosto del año pasado, cuando llevaron la notificación del juicio a la dirección fiscal de Comercializadora GC, aún respondían a nombre de la empresa en la planta baja de Reforma 295.
Diez días más tarde la compañía contestó, por medio de su abogado, Miguel Valdez Villanueva, que “en ningún momento se ha negado a realizar dicho pago”, pero que el endoso que había realizado Yáñez carecía de validez.
Sus argumentos fueron que la empresa no había sido requerida del pago, que ya había vencido el tiempo para reclamarlo y que había diferencias en la firma de Yáñez.
“Quisieron engañar al juez diciendo que los pagarés habían vencido en 2011, pero la ley dice que se pueden cobrar por juicio ejecutivo mercantil hasta el 23 de agosto de 2013, un día después de que se cumplieron los tres años de su fecha de pago”, explica el abogado Odriozola.
Como prueba de que la firma era falsa presentaron una solicitud para que Mercedes Morales Guillén realizara un estudio como perito en análisis grafológico y de documentos. Ella no es perito sino enfermera.
El 12 de diciembre se dictó sentencia definitiva en contra de GC. El juez Odilón Centeno Rendón consideró “procedente” que la empresa pagara 6.5 millones de pesos, además de seis por ciento de intereses anuales desde agosto de 2010.
El Bufete Capital ganó el caso también en segunda instancia. Pero la empresa ahora no ha podido ser localizada.
El encargado de la seguridad del edificio de Reforma 295, Josué Domínguez, dijo a Reporte Indigo que “hace meses que GC no está aquí, tengo ahí otras dos empresas pero no tienen nada que ver con ellos”.
El siguiente paso, en el que ya trabaja el despacho de Odriozola, es declarar a la compañía en concurso mercantil.
“Estamos tratando de que nuestro interventor con cargo a la caja tome parte de la administración de la sociedad. Ha sido infructuoso. A nuestro concepto se están escondiendo”, relata.
Con estos antecedentes van a presentar el concurso, lo cual haría que intervengan en el caso las autoridades federales, se conozcan todos los activos que tiene la empresa, todos sus acreedores y operaciones.
La información incluiría cuánto ha ganado GC por medio del fideicomiso de Interacciones por la renta de los departamentos en Reforma 222 y quiénes son sus socios.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
Una imponente vista panorámica de la Ciudad de México se observa desde el piso 10 de la tercera torre de condominios del lujoso complejo de Reforma 222.
Las montañas y la avenida Reforma en pleno se pueden disfrutar, mientras se trota en la pista privada de jogging con pasto artificial, desde la terraza que bordea la azotea del complejo.
Los habitantes ingresan a sus departamentos con llaves electrónicas después de hacer uso de su SPA y cine privados, su cancha de paddel tenis, su centro de negocios o su salón de fiestas.
De los 110 departamentos que alberga esta tercera torre del condominio que tiene acceso directo al Centro Comercial Reforma 222, 11 pertenecen a una compañía que maneja desde hace dos décadas la familia de la exlideresa del sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo.
Los departamentos ocupan por entero el piso 10 de la Torre 3 del condominio, más dos cajones de estacionamiento cada uno.
La compañía que los compró, Comercializadora GC, pagó por ellos 25.7 millones de pesos de contado en diciembre de 2010, al mismo tiempo que transfirió su administración a un fideicomiso del Banco Interacciones.
Las conexiones con “la maestra” no son pocas.
La empresa GC es la dueña del avión en que viajaba Elba Esther Gordillo cuando fue detenida en el aeropuerto del Toluca, su dirección fiscal es una oficina que pertenece a los Gordillo y su representante legal es el mismo que ha administrado las propiedades de la familia desde hace tres lustros.
La propiedad de los inmuebles fue revelada gracias a un juicio mercantil que ha llevado un abogado capitalino desde el año pasado contra la empresa.
El juicio ha buscado el cobro de tres pagarés que GC otorgó a uno de los hombres más cercanos a Gordillo, Francisco Yáñez Herrera, mientras este fungía como director de la Lotería Nacional, cargo que la exlideresa ganó en una negociación con Felipe Calderón luego de las elecciones de 2006.
Estos departamentos no han sido embargados luego de la detención de Gordillo en febrero del año pasado.
Actualmente están rentados y siguen perteneciendo a la compañía.
Once viviendas bien rentadas
El décimo piso de la tercera torre de Reforma 222 consta de mil 133 metros cuadrados de construcción, divididos en 11 departamentos con planta baja y planta alta, todos con acabados de lujo y vista a la ciudad.
Actualmente se rentan en precios que oscilan entre los 26 mil y los 38 mil pesos mensuales.
Pagan 5 mil pesos mensuales de mantenimiento del condominio que incluye las áreas comunes, el circuito de cámaras de seguridad y los guardias de acceso.
El lunes 13 de diciembre de 2010 el diario El Universal publicó un artículo firmado por Gordillo.
Escribió que la desnutrición y la falta de acceso a la salud mermaban a los estudiantes y “si en verdad queremos elevar la calidad de la educación, es preciso mejorar (…) la calidad de vida de los educandos”.
Ese mismo día la Comercializadora GC firmó las escrituras para la adquisición de estos 11 departamentos con la empresa Reforma Residencial 222 ante la notaria 27 de la capital, Mildred Novelo Rivas.
Los departamentos se compraron con “certificados de libertad de gravámen” y no mediante ninguna hipoteca que generara intereses, explicó en entrevista el abogado Carlos Odriozola, quien descubrió la propiedad de los inmuebles.
“No aparece registrado ningún tipo de contrato de crédito, de tal suerte que se infiere que fueron adquiridos de contado”, dice Odriozola.
Los departamentos cuentan con planta baja y planta alta y sus dimensiones van de los 67 a los 182 metros cuadrados. Fueron comprados por un costo global de 25 millones 695 mil pesos, según consta en los documentos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, de los que Reporte Indigo obtuvo una copia.
El mismo día en que se formalizó la compra se constituyó un fideicomiso de tiempo indeterminado con la división fiduciaria del Banco Interacciones, para administrar la renta de los inmuebles y las ganancias de su comercialización, de acuerdo con una copia del instrumento financiero al que este diario tuvo acceso.
Tanto el Registro Público como la constitución del Fideicomiso dejan constancia de que el representante legal de Comercializadora GC es Jesús Antonio Rodríguez Millán, de 45 años, originario de Culiacán y abogado por la Universidad Autónoma Metropolitana, quien vive en un departamento de clase media en la colonia Nochebuena.
Este abogado ha sido el representante de GC desde marzo de 2001, aunque la empresa fue constituida en junio de 1995.
El objeto social de GC muestra que la compañía pretendía tener muchas más atribuciones que la administración de unos departamentos.
Incluye la compra-venta de toda clase de muebles, maquinarias y equipos, la construcción y mantenimiento de vías de comunicación, terrestres aéreas y marinas, la construcción de obras civiles y edificios, la elaboración de dictámenes o avalúos, el desarrollo de centros turísticos o vacaciones y la construcción o adquisición de todo tipo de desarrollos inmobiliarios, entre otros objetos.
En el cielo, en la tierra y…
Entre los bienes de GC se contemplaba también el avión Cessna Citation Encore 560 donde viajó Gordillo de San Diego a Toluca el 26 de febrero de 2013, cuando fue detenida por delincuencia organizada y lavado de dinero.
El avión con matrícula XA-UEF estuvo en resguardo de la Procuraduría General de la República desde abril del año pasado, y fue enajenado cuatro meses más tarde (Reporte Indigo, 26 de septiembre de 2013).
El nexo del abogado Rodríguez Millán con la familia Gordillo tiene más de una década, pues dos años después de que recibiera la representación legal de Comercializadora GC también lo hizo de la Inmobiliaria Galilei, creada en febrero de 1997, que antes había sido administrada por las hijas de la maestra, Mónica Arriola y Maricruz Montelongo, cuya comisaria era su madre, Zoila Morales.
La inmobiliaria Galilei compró propiedades en Polanco, Chapultepec Polanco, además de la planta baja y el mezzanine del edificio 295 sobre la avenida Reforma, a un costado de la embajada de Estados Unidos.
Una investigación publicada en marzo del año pasado en la revista 360 grados reveló que las oficinas de Reforma 295, de 738 metros cuadrados con cuatro cajones de estacionamiento, fueron compradas en octubre de 2005 por la Inmobiliaria Galilei en 6.1 millones de pesos.
El autor del reportaje, Alberto Aguirre, ya había mencionado el nexo de Rodríguez Millán y Comercializadora GC con Gordillo en su libro “Doña Perpetua. El poder y la opulencia de Elba Esther Gordillo”, publicado por editorial Grijalbo en 2008 en coautoría con Arturo Cano.
Ahora el vínculo luce más obvio: el expediente del juicio ejecutivo mercantil 546/2013 muestra que la dirección fiscal de Comercializadora GC es precisamente la planta baja de Reforma 295, el inmueble propiedad de Inmobiliaria Galilei.
Así consta también en el registro de esta compañía ante el Servicio de Administración Tributaria, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y en Compranet.
Lotería de deudas
El círculo que une los departamentos de Reforma 222 con la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pasa también por otro edificio ubicado en la misma avenida: la sede de la Lotería Nacional.
Allí despachó desde el 1º de diciembre de 2006 al 30 de enero de 2009 Francisco Yáñez Herrera, exsecretario particular de Elba Esther Gordillo.
Los cinco años previos a ser nombrado en ese cargo había fungido como vocal propietario del SNTE ante el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Yáñez es dueño del yate Bayliner valuado en 82 mil dólares estacionado afuera de una de las casas de la familia Gordillo en San Diego, California.
Al registrar el yate ante el condominio de Coronado Cays, Yáñez dijo vivir en el número 23 de Green Turtle, la misma casa registrada como propiedad desde 1991 de la madre de Gordillo, fallecida en 2009 (Reporte Indigo, 4 de marzo de 2013).
Un año antes de que Yáñez dejara la Lotería Nacional, el 22 de febrero de 2008, el abogado Rodríguez Millán expidió a nombre de Comercializadora GC cinco pagarés a favor del funcionario, para cobrarse el 22 de agosto de 2010, fecha que coincide con el primer aviso preventivo de la creación del fideicomiso que ahora administra los departamentos de Reforma 222.
A pesar de que Yáñez debía esperar más de dos años para utilizar el dinero, el documento no causó ningún gravamen a la compañía, ya tendría intereses de cero por ciento.
Tres meses antes de que se venciera la posibilidad de su cobro, el 11 junio, el propio Yáñez endosó tres de los pagarés que sumaban un monto de 6.5 millones de pesos a nombre de Alexis Orta Salgado.
El abogado que representa a Salgado, Carlos Odriozola, asegura que el endoso fue para “pagar un servicio” y que es legal porque los pagarés “son títulos de crédito que pueden circular”.
Cuando intentó cobrarlos y no pudo, Salgado contrató al Bufete Capital para iniciar un juicio ejecutivo mercantil para conseguir el pago vía legal ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Hasta el 6 de agosto del año pasado, cuando llevaron la notificación del juicio a la dirección fiscal de Comercializadora GC, aún respondían a nombre de la empresa en la planta baja de Reforma 295.
Diez días más tarde la compañía contestó, por medio de su abogado, Miguel Valdez Villanueva, que “en ningún momento se ha negado a realizar dicho pago”, pero que el endoso que había realizado Yáñez carecía de validez.
Sus argumentos fueron que la empresa no había sido requerida del pago, que ya había vencido el tiempo para reclamarlo y que había diferencias en la firma de Yáñez.
“Quisieron engañar al juez diciendo que los pagarés habían vencido en 2011, pero la ley dice que se pueden cobrar por juicio ejecutivo mercantil hasta el 23 de agosto de 2013, un día después de que se cumplieron los tres años de su fecha de pago”, explica el abogado Odriozola.
Como prueba de que la firma era falsa presentaron una solicitud para que Mercedes Morales Guillén realizara un estudio como perito en análisis grafológico y de documentos. Ella no es perito sino enfermera.
El 12 de diciembre se dictó sentencia definitiva en contra de GC. El juez Odilón Centeno Rendón consideró “procedente” que la empresa pagara 6.5 millones de pesos, además de seis por ciento de intereses anuales desde agosto de 2010.
El Bufete Capital ganó el caso también en segunda instancia. Pero la empresa ahora no ha podido ser localizada.
El encargado de la seguridad del edificio de Reforma 295, Josué Domínguez, dijo a Reporte Indigo que “hace meses que GC no está aquí, tengo ahí otras dos empresas pero no tienen nada que ver con ellos”.
El siguiente paso, en el que ya trabaja el despacho de Odriozola, es declarar a la compañía en concurso mercantil.
“Estamos tratando de que nuestro interventor con cargo a la caja tome parte de la administración de la sociedad. Ha sido infructuoso. A nuestro concepto se están escondiendo”, relata.
Con estos antecedentes van a presentar el concurso, lo cual haría que intervengan en el caso las autoridades federales, se conozcan todos los activos que tiene la empresa, todos sus acreedores y operaciones.
La información incluiría cuánto ha ganado GC por medio del fideicomiso de Interacciones por la renta de los departamentos en Reforma 222 y quiénes son sus socios.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
Paro de 48 horas en la UNAM en apoyo a estudiantes desaparecidos
MÉXICO, D.F. (apro).- Un total de 15 escuelas y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), convocaron a un paro de 48 horas a partir de este martes 14 para sumarse a la exigencia de que sean presentados con vida los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos el pasado 27 de septiembre.
Además del paro de labores en al menos 11 facultades y cuatro escuelas de nivel medio superior, normalistas sobrevivientes al ataque perpetrado por policías municipales de Iguala visitarán Ciudad Universitaria el próximo miércoles 15.
Dichas actividades forman parte del plan de acciones de vinculación que la UNAM lleva a cabo con otras universidades.
A través de un comunicado los estudiantes indicaron que el jueves 16 se concentrarán frente a la PGR, a las 16:00 horas, para exigir una investigación justa y castigo a los responsables.
También informaron que realizarán una movilización nocturna el 22 de octubre del Ángel de la Independencia al Zócalo y señalaron que prevén continuar la movilización para conseguir un segundo paro de 48 horas en las escuelas para el miércoles 22 y jueves 23 de octubre.
Las escuelas y facultades cuya participación está confirmada hasta hoy son:
CCH Azcapotzalco, CCH Sur, ENP 2, ENP 3, Escuela Nacional de Trabajo Social, Facultad de Arquitectura, Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Economía, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ingeniería, Facultad de Psicología, Facultad de Química, FES Aragón y FES Zaragoza.
La unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) también se unirá al paro de actividades académicas de 48 horas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Además del paro de labores en al menos 11 facultades y cuatro escuelas de nivel medio superior, normalistas sobrevivientes al ataque perpetrado por policías municipales de Iguala visitarán Ciudad Universitaria el próximo miércoles 15.
Dichas actividades forman parte del plan de acciones de vinculación que la UNAM lleva a cabo con otras universidades.
A través de un comunicado los estudiantes indicaron que el jueves 16 se concentrarán frente a la PGR, a las 16:00 horas, para exigir una investigación justa y castigo a los responsables.
También informaron que realizarán una movilización nocturna el 22 de octubre del Ángel de la Independencia al Zócalo y señalaron que prevén continuar la movilización para conseguir un segundo paro de 48 horas en las escuelas para el miércoles 22 y jueves 23 de octubre.
Las escuelas y facultades cuya participación está confirmada hasta hoy son:
CCH Azcapotzalco, CCH Sur, ENP 2, ENP 3, Escuela Nacional de Trabajo Social, Facultad de Arquitectura, Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Economía, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ingeniería, Facultad de Psicología, Facultad de Química, FES Aragón y FES Zaragoza.
La unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) también se unirá al paro de actividades académicas de 48 horas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Estalla ira de normalistas: queman oficinas de gobierno y exhiben vacío de autoridad en Guerrero
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El coraje acumulado de estudiantes, padres de familia y organizaciones sociales, debido a la indolencia gubernamental frente a la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y la masacre de Iguala, estalló esta tarde contra la sede del Ejecutivo estatal y del ayuntamiento capitalino.
Normalistas y miembros del magisterio disidente protagonizaron este día una jornada de intensas protestas en la capital de la entidad como medida de presión para que autoridades federales y estatales agilicen los trabajos de búsqueda de los desaparecidos y se castigue a los responsables de la masacre de Iguala, ocurrida el 26 y 27 de septiembre.
Por ello, los manifestantes destrozaron e incendiaron dos edificios oficiales: la sede del gobierno estatal y el ayuntamiento de Chilpancingo, y exhibieron la ausencia plena de autoridad que prevalece en la entidad.
La ira de los manifestantes se desató luego de que policías antimotines amagaron con desalojar a un grupo de normalistas de Ayotzinapa que, desde las 11:00 horas, tomaron el edificio del gobierno estatal, ubicado al sur de esta capital.
Durante casi cinco horas permanecieron retenidos más de 3 mil burócratas y funcionarios del primer círculo del gobernador Ángel Aguirre Rivero, entre ellos su secretario de Finanzas, Jorge Salgado Leyva, y el de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez.
Cerca de las 14:00 horas, por intervención de Verapaz, organización defensora de derechos humanos, los normalistas sólo permitieron que salieran mujeres, adultos mayores y personas con alguna discapacidad.
Dos horas después, aproximadamente a las cuatro de la tarde, la administración de Aguirre reaccionó y desplegó un operativo policiaco por aire y tierra, situación que alertó a los normalistas por el arribo de antimotines sobre el carril norte-sur del encauzamiento del río Huacapa.
La movilización policiaca provocó que los normalistas retiraran las guardias que mantenían en el perímetro del edificio gubernamental, para dirigirse después al punto donde se aceraban los uniformados y proceder a enfrentarlos con piedras, palos y bombas molotov.
El repliegue de los jóvenes fue aprovechado por las autoridades estatales, quienes abrieron uno de los accesos laterales; luego de ello, los burócratas que permanecían retenidos, todos varones, salieron en estampida y sirvieron de “escudo humano” a Jorge Salgado y Leonardo Vázquez, quienes escaparon a bordo de camionetas blindadas y resguardados por escoltas armados.
Un reducido grupo de normalistas se percató de la huida de los funcionarios y arremetieron a pedradas contra los burócratas que protegieron en todo momento el escape de los secretarios del gabinete aguirrista, entre ellos el secretario de Finanzas, personaje considerado como brazo derecho del mandatario estatal.
El grueso de los normalistas se encontraba frente al grupo de policías antimotines, que en ningún momento trataron de desalojar a los manifestantes y simplemente se mantuvieron a una distancia aproximada de 500 metros del inmueble.
Los normalistas, al percatarse que se trató de una acción disuasiva para permitir que salieran los funcionarios de las oficinas cercadas, incendiaron una camioneta repartidora de la empresa Bimbo para proteger el repliegue hacia el edificio.
En ese momento se incorporó a la protesta un grupo de miembros de la CETEG, quienes se encontraban en la caseta de peaje de la autopista Del Sol, ubicada en el poblado de Palo Blanco, luego de que en la mañana habían irrumpido con violencia en la sede del Congreso local, donde se celebraba una ceremonia para otorgar un reconocimiento a la exdiputada y exsenadora priista Guadalupe Gómez Bermeo.
Reforzado el grupo de normalistas, los estudiantes y docentes de la CETEG arremetieron contra el inmueble, ya desalojado, provocando destrozos en vidrios de la fachada y al interior de oficinas.
Asimismo, prendieron fuego a una parte de la estructura de la sede del Ejecutivo, siete secciones interconectadas que son clasificadas como las regiones que conforman la entidad.
Después de destrozar este inmueble, los normalistas y miembros del magisterio disidente abordaron autobuses y se enfilaron al centro de esta ciudad, donde también arremetieron el ayuntamiento de Chilpancingo e incendiaron la parte del Registro Público y otras áreas.
Los destrozos fueron de todo tipo y hasta el momento no han sido cuantificados, informó posteriormente el secretario de Finanzas en un escenario montado en la explanada de la sede del Ejecutivo destrozada, donde se enfocó en hacer un recuento general de daños.
Al respecto, el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, dijo que a pesar de las acciones de los normalistas, la administración de Aguirre seguirá manteniendo el diálogo con los estudiantes y padres de familia.
También dijo que el gobierno estatal mantendrá las labores de búsqueda de los 43 normalistas que siguen desparecidos.
No obstante, calificó las acciones como una muestra de “intolerancia y desenfreno” de los normalistas, y anunció que la ciudad de Chilpancingo será resguardada por policías con equipo antimotín para evitar que se repitan acciones violentas.
En tanto, el secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez, consideró que el operativo de disuasión para evacuar el edificio fue la causa que desató la ira de los normalistas, quienes exigen la presentación con vida de sus compañeros y castigo para los responsables de la masacre de Iguala.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
Normalistas y miembros del magisterio disidente protagonizaron este día una jornada de intensas protestas en la capital de la entidad como medida de presión para que autoridades federales y estatales agilicen los trabajos de búsqueda de los desaparecidos y se castigue a los responsables de la masacre de Iguala, ocurrida el 26 y 27 de septiembre.
Por ello, los manifestantes destrozaron e incendiaron dos edificios oficiales: la sede del gobierno estatal y el ayuntamiento de Chilpancingo, y exhibieron la ausencia plena de autoridad que prevalece en la entidad.
La ira de los manifestantes se desató luego de que policías antimotines amagaron con desalojar a un grupo de normalistas de Ayotzinapa que, desde las 11:00 horas, tomaron el edificio del gobierno estatal, ubicado al sur de esta capital.
Durante casi cinco horas permanecieron retenidos más de 3 mil burócratas y funcionarios del primer círculo del gobernador Ángel Aguirre Rivero, entre ellos su secretario de Finanzas, Jorge Salgado Leyva, y el de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez.
Cerca de las 14:00 horas, por intervención de Verapaz, organización defensora de derechos humanos, los normalistas sólo permitieron que salieran mujeres, adultos mayores y personas con alguna discapacidad.
Dos horas después, aproximadamente a las cuatro de la tarde, la administración de Aguirre reaccionó y desplegó un operativo policiaco por aire y tierra, situación que alertó a los normalistas por el arribo de antimotines sobre el carril norte-sur del encauzamiento del río Huacapa.
La movilización policiaca provocó que los normalistas retiraran las guardias que mantenían en el perímetro del edificio gubernamental, para dirigirse después al punto donde se aceraban los uniformados y proceder a enfrentarlos con piedras, palos y bombas molotov.
El repliegue de los jóvenes fue aprovechado por las autoridades estatales, quienes abrieron uno de los accesos laterales; luego de ello, los burócratas que permanecían retenidos, todos varones, salieron en estampida y sirvieron de “escudo humano” a Jorge Salgado y Leonardo Vázquez, quienes escaparon a bordo de camionetas blindadas y resguardados por escoltas armados.
Un reducido grupo de normalistas se percató de la huida de los funcionarios y arremetieron a pedradas contra los burócratas que protegieron en todo momento el escape de los secretarios del gabinete aguirrista, entre ellos el secretario de Finanzas, personaje considerado como brazo derecho del mandatario estatal.
El grueso de los normalistas se encontraba frente al grupo de policías antimotines, que en ningún momento trataron de desalojar a los manifestantes y simplemente se mantuvieron a una distancia aproximada de 500 metros del inmueble.
Los normalistas, al percatarse que se trató de una acción disuasiva para permitir que salieran los funcionarios de las oficinas cercadas, incendiaron una camioneta repartidora de la empresa Bimbo para proteger el repliegue hacia el edificio.
En ese momento se incorporó a la protesta un grupo de miembros de la CETEG, quienes se encontraban en la caseta de peaje de la autopista Del Sol, ubicada en el poblado de Palo Blanco, luego de que en la mañana habían irrumpido con violencia en la sede del Congreso local, donde se celebraba una ceremonia para otorgar un reconocimiento a la exdiputada y exsenadora priista Guadalupe Gómez Bermeo.
Reforzado el grupo de normalistas, los estudiantes y docentes de la CETEG arremetieron contra el inmueble, ya desalojado, provocando destrozos en vidrios de la fachada y al interior de oficinas.
Asimismo, prendieron fuego a una parte de la estructura de la sede del Ejecutivo, siete secciones interconectadas que son clasificadas como las regiones que conforman la entidad.
Después de destrozar este inmueble, los normalistas y miembros del magisterio disidente abordaron autobuses y se enfilaron al centro de esta ciudad, donde también arremetieron el ayuntamiento de Chilpancingo e incendiaron la parte del Registro Público y otras áreas.
Los destrozos fueron de todo tipo y hasta el momento no han sido cuantificados, informó posteriormente el secretario de Finanzas en un escenario montado en la explanada de la sede del Ejecutivo destrozada, donde se enfocó en hacer un recuento general de daños.
Al respecto, el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, dijo que a pesar de las acciones de los normalistas, la administración de Aguirre seguirá manteniendo el diálogo con los estudiantes y padres de familia.
También dijo que el gobierno estatal mantendrá las labores de búsqueda de los 43 normalistas que siguen desparecidos.
No obstante, calificó las acciones como una muestra de “intolerancia y desenfreno” de los normalistas, y anunció que la ciudad de Chilpancingo será resguardada por policías con equipo antimotín para evitar que se repitan acciones violentas.
En tanto, el secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez, consideró que el operativo de disuasión para evacuar el edificio fue la causa que desató la ira de los normalistas, quienes exigen la presentación con vida de sus compañeros y castigo para los responsables de la masacre de Iguala.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
México, patria rota
MÉXICO, D.F. (apro).- Implicados en el horror que ha conmocionado al mundo, en la peor represión del Estado desde 1968, los normalistas de Ayotzinapa, los policías de Iguala y los sicarios que desaparecieron a 43 estudiantes, que aún no se sabe si murieron, tienen un distintivo común: Son pobres.
También de extracción humilde eran los 22 muchachos identificados como pistoleros que fueron fusilados en Tlatlaya, Estado de México, la misma condición económica y social de sus presuntos victimarios: Soldados del Ejército Mexicano.
Del mismo perfil socioeconómico eran los 45 indígenas de Acteal, Chiapas, asesinados el 22 de diciembre de 1997, el mismo de sus ejecutores sometidos a proceso. Pobres eran los 17 campesinos abatidos en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, en 1995, por policías estatales, miserables también.
Evoco estas masacres no para simplificar ni asociar la barbarie a la pobreza, sino para subrayar un fenómeno social y su contraparte que a menudo se olvida u omite: La acumulación de la riqueza nacional en una élite mezquina que nada quiere que cambie.
Y si México sigue en la misma ruta de decadencia y degradación, sin una reacción contundente por parte de la sociedad, la única certeza es la prolongación del baño de sangre que alcanzará hasta a los que se creen intocables.
México está abierto en canal para el que quiera asomarse: De un lado, la inmensa mayoría, millones atormentados por la pobreza, y del otro los pocos, la élite, que controla el destino del país y que sólo sabe del sufrimiento cuando le toca, pero que pronto olvida.
Los números son elocuentes: Hay oficialmente 54 millones de mexicanos pobres y 11 millones en miseria extrema. Al menos 6.7 millones viven con un salario mínimo –mil 615 pesos al mes–, nada menos que 15% de la población ocupada del país.
En contraste, los multimillonarios siguen creciendo: De 22 que había el año pasado subieron a 27 en 2014 los que poseen más de mil millones de dólares, con activos que suman 169 mil millones dólares, según el censo de Wealth and UBS Billionaire 2014 (Riqueza y Billonarios 2014).
Emblema de este modelo que fabrica pobres y magnates es Germán Larrea, de Grupo México: Favorecido por Carlos Salinas, socio de Televisa y patrón de Vicente Fox y Felipe Calderón, su fortuna pasó de mil millones de dólares en 2001 a 16 mil millones de dólares en 2011. Es una fortuna criminal.
Ahí está, a la vista, la pus: Las complicidades al más alto nivel entre criminales y políticos, sin distinción de partidos; entre jueces y magnates; entre mafiosos y autoridades para que el dinero sucio fluya en los circuitos financieros formales.
El Estado es ya un megacártel, una estructura mafiosa con fachada de democracia que se va desvaneciendo aceleradamente. Y la única certeza que hay –quién lo duda– es que la violencia va a seguir desbordándose, con el costo mayor para los pobres.
Si no se quiere entender que la miseria y la inequidad social son el fermento para la violencia y no se procede para contrarrestarlo, lo único seguro es que seguirá desbordada la violencia y las matazones serán, como se ha visto, cada vez más cruentas.
Eso enseñan todas las masacres recientes: Los “ayotzinapos”, como se llama con desdén a los estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, sólo tienen esta opción para salir del infierno de la miseria. La otra es el crimen, como los jóvenes fusilados en Tlatlaya, justamente en la misma región de Tierra Caliente.
El trabajo periodístico de Jesusa Cervantes, en Proceso de esta semana, acredita, con el testimonio de los familiares, que muchos de los jóvenes abatidos por soldados habían sido forzados a integrarse a la organización criminal.
“Eran buenos muchachos, la ‘maña’ los levantó”, tituló la revista el reportaje de Jesusa, quien platicó con las viudas y otros familiares de los jóvenes asesinados la madrugada del 30 de junio en una bodega de Tlatlaya: Eran mexiquenses y guerrerenses dedicados al campo o eran empleados de comercios.
Los señalados por fusilar a estos jóvenes, soldados del 102 Batallón de Infantería, son también de condición modesta, como todo el personal de tropa del Ejército: La mayoría expulsados del campo por la miseria, carentes de educación, se vuelven soldados para no morirse de hambre y ascender, como máximo, a sargento.
Su condición vulnerable hace que sea la tropa y no los oficiales, los que imparten las órdenes, los que sean juzgados: Salvo un teniente, acusado de encubrimiento, todos los soldados procesados son de tropa.
Con los policías ocurre lo mismo y así lo documenta Marcela Turati, también en Proceso, sobre los de Iguala, acusados de entregar a los 43 estudiantes a los sicarios de Guerreros Unidos.
Una estampa muestra la condición de los policías: Una anciana que fiaba a los policías, le mostró a la reportera una libreta llena de tachaduras donde anota las deudas de sus clientes que no han vuelto para pagar: 22 están en la cárcel y casi 300 fueron llevados a una reeducación en Tlaxcala.
“Si fueran extorsionados tuvieran para comer –le dice–. Cuando la gente anda ‘en cosas’ se sube inmediatamente, pero mire sus deudas: Este no tenía para cigarros, este para galletas, estos pedían fiados almuerzos”, dice la mujer mientras prepara un queso en salsa.
Los sicarios tampoco suelen ser como los operadores financieros de los capos –ejemplo reciente es Germán Goyaneche, militante del Partido Verde y amigo de priistas como el alcalde de San Miguel de Allende–, sino salidos de las zonas de miseria rurales y urbanas, enganchados por el dinero que jamás obtendrán por su condición de atraso educativo.
El Estado está podrido, el país está enfermo, la nación fragmentada, la patria rota…
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO
También de extracción humilde eran los 22 muchachos identificados como pistoleros que fueron fusilados en Tlatlaya, Estado de México, la misma condición económica y social de sus presuntos victimarios: Soldados del Ejército Mexicano.
Del mismo perfil socioeconómico eran los 45 indígenas de Acteal, Chiapas, asesinados el 22 de diciembre de 1997, el mismo de sus ejecutores sometidos a proceso. Pobres eran los 17 campesinos abatidos en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, en 1995, por policías estatales, miserables también.
Evoco estas masacres no para simplificar ni asociar la barbarie a la pobreza, sino para subrayar un fenómeno social y su contraparte que a menudo se olvida u omite: La acumulación de la riqueza nacional en una élite mezquina que nada quiere que cambie.
Y si México sigue en la misma ruta de decadencia y degradación, sin una reacción contundente por parte de la sociedad, la única certeza es la prolongación del baño de sangre que alcanzará hasta a los que se creen intocables.
México está abierto en canal para el que quiera asomarse: De un lado, la inmensa mayoría, millones atormentados por la pobreza, y del otro los pocos, la élite, que controla el destino del país y que sólo sabe del sufrimiento cuando le toca, pero que pronto olvida.
Los números son elocuentes: Hay oficialmente 54 millones de mexicanos pobres y 11 millones en miseria extrema. Al menos 6.7 millones viven con un salario mínimo –mil 615 pesos al mes–, nada menos que 15% de la población ocupada del país.
En contraste, los multimillonarios siguen creciendo: De 22 que había el año pasado subieron a 27 en 2014 los que poseen más de mil millones de dólares, con activos que suman 169 mil millones dólares, según el censo de Wealth and UBS Billionaire 2014 (Riqueza y Billonarios 2014).
Emblema de este modelo que fabrica pobres y magnates es Germán Larrea, de Grupo México: Favorecido por Carlos Salinas, socio de Televisa y patrón de Vicente Fox y Felipe Calderón, su fortuna pasó de mil millones de dólares en 2001 a 16 mil millones de dólares en 2011. Es una fortuna criminal.
Ahí está, a la vista, la pus: Las complicidades al más alto nivel entre criminales y políticos, sin distinción de partidos; entre jueces y magnates; entre mafiosos y autoridades para que el dinero sucio fluya en los circuitos financieros formales.
El Estado es ya un megacártel, una estructura mafiosa con fachada de democracia que se va desvaneciendo aceleradamente. Y la única certeza que hay –quién lo duda– es que la violencia va a seguir desbordándose, con el costo mayor para los pobres.
Si no se quiere entender que la miseria y la inequidad social son el fermento para la violencia y no se procede para contrarrestarlo, lo único seguro es que seguirá desbordada la violencia y las matazones serán, como se ha visto, cada vez más cruentas.
Eso enseñan todas las masacres recientes: Los “ayotzinapos”, como se llama con desdén a los estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, sólo tienen esta opción para salir del infierno de la miseria. La otra es el crimen, como los jóvenes fusilados en Tlatlaya, justamente en la misma región de Tierra Caliente.
El trabajo periodístico de Jesusa Cervantes, en Proceso de esta semana, acredita, con el testimonio de los familiares, que muchos de los jóvenes abatidos por soldados habían sido forzados a integrarse a la organización criminal.
“Eran buenos muchachos, la ‘maña’ los levantó”, tituló la revista el reportaje de Jesusa, quien platicó con las viudas y otros familiares de los jóvenes asesinados la madrugada del 30 de junio en una bodega de Tlatlaya: Eran mexiquenses y guerrerenses dedicados al campo o eran empleados de comercios.
Los señalados por fusilar a estos jóvenes, soldados del 102 Batallón de Infantería, son también de condición modesta, como todo el personal de tropa del Ejército: La mayoría expulsados del campo por la miseria, carentes de educación, se vuelven soldados para no morirse de hambre y ascender, como máximo, a sargento.
Su condición vulnerable hace que sea la tropa y no los oficiales, los que imparten las órdenes, los que sean juzgados: Salvo un teniente, acusado de encubrimiento, todos los soldados procesados son de tropa.
Con los policías ocurre lo mismo y así lo documenta Marcela Turati, también en Proceso, sobre los de Iguala, acusados de entregar a los 43 estudiantes a los sicarios de Guerreros Unidos.
Una estampa muestra la condición de los policías: Una anciana que fiaba a los policías, le mostró a la reportera una libreta llena de tachaduras donde anota las deudas de sus clientes que no han vuelto para pagar: 22 están en la cárcel y casi 300 fueron llevados a una reeducación en Tlaxcala.
“Si fueran extorsionados tuvieran para comer –le dice–. Cuando la gente anda ‘en cosas’ se sube inmediatamente, pero mire sus deudas: Este no tenía para cigarros, este para galletas, estos pedían fiados almuerzos”, dice la mujer mientras prepara un queso en salsa.
Los sicarios tampoco suelen ser como los operadores financieros de los capos –ejemplo reciente es Germán Goyaneche, militante del Partido Verde y amigo de priistas como el alcalde de San Miguel de Allende–, sino salidos de las zonas de miseria rurales y urbanas, enganchados por el dinero que jamás obtendrán por su condición de atraso educativo.
El Estado está podrido, el país está enfermo, la nación fragmentada, la patria rota…
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO
lunes, 13 de octubre de 2014
Por Centroamericanos, ordenan matar perros callejeros en Xalapa
XALAPA, Ver., (proceso.com.mx).- El ayuntamiento de Xalapa alista un operativo para recoger y matar perros de la calle para “limpiar” la “buena imagen” de la ciudad para la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 (JCC).
La directora del Centro de Salud Animal (CSA), Gabriela García Jiménez, el regidor quinto, Martín Espinoza Roldán, el director del Instituto de la Juventud, Jacob Zayas, y el médico veterinario Rogelio Edmundo Pérez admiten que son “ordenes de muy arriba”, en alusión al gobernador, Javier Duarte.
En audios de esa reunión interna -obtenidos por Apro-, se escucha al regidor quinto decir lo siguiente: “Puede ser un tipo de redada, pero hay que cuidar que no se desvirtúe”.
El veterinario Rogelio Edmundo Pérez acota: “Las protectoras (de animales) deben de tener muy claro que vamos a tener que dormir (matar) a algunos, estrictamente los necesarios”.
En los audios entregados por un empleado municipal presente en la reunión, la directora del CSA, Gabriela García Jiménez, asegura que para el “control de daños” y para evitar la recriminación de la sociedad, se hará un acto protocolario de reconocimiento a los protectores de animales.
Sin embargo, García hace mofa de la confrontación existente en los diversos organismos protectores de mascotas y animales que hay en Veracruz: “Ese evento de reconocimiento a las protectoras se va a tener que hacer en el CSA para ponerlas en jaulas separadas”. Acto seguido, todos los empleados del ayuntamiento de Xalapa presentes en la reunión estallan en carcajadas.
En dicha reunión, los funcionarios municipales se muestran preocupados por la gran cantidad de perros callejeros que tendrán que recoger de una ciudad con una densidad demográfica humana de medio millón de habitantes.
“La cantidad que nos va a llegar (de perros) es impresionante. No tenemos el presupuesto para la alimentación de perros”, expone Gabriela García.
El veterinario Rogelio Pérez acota: “Que la gente entienda que no son sacrificios, son eutanasias”.
En la reunión, los funcionarios del ayuntamiento priista de Xalapa evalúan que para el control de daños y para evitar el escarnio público los operativos para recoger perros de la calle se podrían hacer durante el puente de día de muertos, es decir, los últimos días de octubre y los dos primeros de noviembre.
En Xalapa existe el Reglamento de Bienestar y Protección a los Animales aprobado en 2013 por la anterior administración municipal.
En la entidad de Veracruz existe la Ley de Protección Animal del Estado de Veracruz aprobada en noviembre de 2010 y cuyo artículo 18 señala: “A los centros de control animal les está prohibido hacer redadas de animales, teniendo sólo facultades para recoger animales que han sido reportados como agresores a fin de descartar posible contagio de rabia, así como el rescate de animales enfermos o atropellados, para ser entregados a una asociación protectora de animales o, en su caso, rehabilitarlos y entregarlos en adopción”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
La directora del Centro de Salud Animal (CSA), Gabriela García Jiménez, el regidor quinto, Martín Espinoza Roldán, el director del Instituto de la Juventud, Jacob Zayas, y el médico veterinario Rogelio Edmundo Pérez admiten que son “ordenes de muy arriba”, en alusión al gobernador, Javier Duarte.
En audios de esa reunión interna -obtenidos por Apro-, se escucha al regidor quinto decir lo siguiente: “Puede ser un tipo de redada, pero hay que cuidar que no se desvirtúe”.
El veterinario Rogelio Edmundo Pérez acota: “Las protectoras (de animales) deben de tener muy claro que vamos a tener que dormir (matar) a algunos, estrictamente los necesarios”.
En los audios entregados por un empleado municipal presente en la reunión, la directora del CSA, Gabriela García Jiménez, asegura que para el “control de daños” y para evitar la recriminación de la sociedad, se hará un acto protocolario de reconocimiento a los protectores de animales.
Sin embargo, García hace mofa de la confrontación existente en los diversos organismos protectores de mascotas y animales que hay en Veracruz: “Ese evento de reconocimiento a las protectoras se va a tener que hacer en el CSA para ponerlas en jaulas separadas”. Acto seguido, todos los empleados del ayuntamiento de Xalapa presentes en la reunión estallan en carcajadas.
En dicha reunión, los funcionarios municipales se muestran preocupados por la gran cantidad de perros callejeros que tendrán que recoger de una ciudad con una densidad demográfica humana de medio millón de habitantes.
“La cantidad que nos va a llegar (de perros) es impresionante. No tenemos el presupuesto para la alimentación de perros”, expone Gabriela García.
El veterinario Rogelio Pérez acota: “Que la gente entienda que no son sacrificios, son eutanasias”.
En la reunión, los funcionarios del ayuntamiento priista de Xalapa evalúan que para el control de daños y para evitar el escarnio público los operativos para recoger perros de la calle se podrían hacer durante el puente de día de muertos, es decir, los últimos días de octubre y los dos primeros de noviembre.
En Xalapa existe el Reglamento de Bienestar y Protección a los Animales aprobado en 2013 por la anterior administración municipal.
En la entidad de Veracruz existe la Ley de Protección Animal del Estado de Veracruz aprobada en noviembre de 2010 y cuyo artículo 18 señala: “A los centros de control animal les está prohibido hacer redadas de animales, teniendo sólo facultades para recoger animales que han sido reportados como agresores a fin de descartar posible contagio de rabia, así como el rescate de animales enfermos o atropellados, para ser entregados a una asociación protectora de animales o, en su caso, rehabilitarlos y entregarlos en adopción”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
Derechos humanos, “piedra angular de nuestro orden constitucional”: Peña
Puebla. Pue. En México, los derechos humanos "son la piedra angular de nuestro orden constitucional y deben serlo también de nuestra realidad cotidiana", sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto.
Al inaugurar el XII Encuentro Iberoamericano Nuevos Roles y Expresiones de la Sociedad Civil, Peña Nieto reconoció, ante representantes de 13 naciones participantes, el trabajo comprometido y permanente que realizan las organizaciones civiles para hacer conciencia ciudadana por una nueva y "vigorosa" cultura en favor de los derechos humanos"
Al inaugurar el XII Encuentro Iberoamericano Nuevos Roles y Expresiones de la Sociedad Civil, Peña Nieto reconoció, ante representantes de 13 naciones participantes, el trabajo comprometido y permanente que realizan las organizaciones civiles para hacer conciencia ciudadana por una nueva y "vigorosa" cultura en favor de los derechos humanos"
Después de que el presidente del Consejo del Centro Mexicano para la Filantropia (Cemefi), Jorge Eduardo Familiar lamentara los hechos de violencia ocurridos recientemente en el país -en alusión a la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero.- "y en otras partes del mundo", porque demuestran "el desprecio al valor de la vida".
El Ejecutivo federal reconoció el papel de la sociedad civil organizada en la promoción, respeto y protección de los derechos humanos "en los que el gobierno está seriamente comprometido".
Seguiremos sumando esfuerzos con la ciudadanía para fortalecer el andamiaje institucional en favor de los derechos fundamentales", indicó.
Ante la presencia del gobernador de la entidad, Rafael Moreno Valle y de miembros de su gabinete, el Ejecutivo federal dijo que en una democracia moderna, la participación de la sociedad civil y la acción del gobierno se complementan para mejorar los niveles de vida de la población.
Destacó que la sociedad organizada suma esfuerzos con su administración en el combate a la pobreza, el respeto a los derechos humanos, la justicia, la seguridad pública, la protección de menores y migrantes y, particularmente, en la recomposición del tejido social.
Mientras que los organizadores del evento demandaron mayor participación en la elaboración de políticas públicas, beneficios fiscales y mayor interlocución con el gobierno, Peña Nieto destacó que en 2013 su administración canalizó apoyos a organizaciones y fundaciones privadas por más de cinco mil 400 millones de pesos para destinarlos a más de dos mil 800 proyectos de distinto tipo.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
Detienen en Cancún a cómplice de saqueo a Tabasco
VILLAHERMOSA, Tab: Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron en Cancún, Quintana Roo, a Martín Alberto Medina Sonda, socio de José Manuel Sáiz Pineda, tesorero del exgobernador Andrés Granier Melo.
De acuerdo con información publicada por el diario yucateco Por Esto!, el “hombre clave” en el saqueo a Tabasco fue arrestado el domingo 12, acusado de los presuntos delitos de defraudación fiscal y sustracción ilegal de sus tres hijos menores, por los que desde hace más de dos años tenía orden de aprehensión.
A Medina Sonda se le acusa de estar implicado en el multimillonario desfalco a Tabasco en sociedad con el extesorero Sáiz Pineda, con quien presuntamente “lavó” cientos de millones de pesos del erario estatal, a través de decenas de empresas.
El socio de Sáiz Pineda fue aprehendido en compañía de sus tres hijos, quienes fueron trasladados a la ciudad de Mérida.
En mayo de 2010, Emma Gabriela Molina Canto, la mamá de de los pequeños, fue detenida en Yucatán por agentes ministeriales de Tabasco y encarcelada en esta capital, acusada por Medina Sonda de haberle robado una camioneta, lo que éste aprovechó para quitarle a sus tres hijos, que hoy ya están en custodia de su madre por mandato de un juez federal.
Desde ese año Ligia Canto, madre de la agraviada, encabezó protestas y denuncias en Yucatán, Tabasco y el Distrito Federal en contra de su exyerno, que incluso la llevaron a ser encarcelada en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, acusada por Medina Sonda de clonación de tarjetas de crédito. Días después la mujer fue liberada por falta de pruebas.
En noviembre de 2007, mientras Tabasco enfrentaba la peor inundación de su historia, un avión Cessna 340 aterrizó en el aeropuerto de Mérida con ocho millones de pesos en efectivo que fueron incautados por autoridades federales, procedentes de esta entidad y que Medina Sonda reclamó como suyos.
A partir de este hecho se descubrió la sociedad de Medina Sonda con Sáiz Pineda y el entramado de triangulación de fondos públicos de Tabasco para la creación de por lo menos 100 empresas dedicadas a adquirir bienes inmuebles, terrenos, casas y negocios en Yucatán, Tabasco y otros estados del país.
Una red de lavado de dinero de la que presuntamente forma parte el exgobernador Granier Melo, cuyas cabezas eran las empresas Profesionales en Consultoría Fiscal y Patrimonial, y Consultores Jurídicos y Fiscales de México.
De acuerdo con el diario Por Esto!, en el negocio participó Rafael Acosta Solís, exsubprocurador de Yucatán durante la primera etapa del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco.
Hasta el mediodía de este lunes, autoridades de Tabasco no habían comentado nada sobre la detención de Medina Sonda.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN
De acuerdo con información publicada por el diario yucateco Por Esto!, el “hombre clave” en el saqueo a Tabasco fue arrestado el domingo 12, acusado de los presuntos delitos de defraudación fiscal y sustracción ilegal de sus tres hijos menores, por los que desde hace más de dos años tenía orden de aprehensión.
A Medina Sonda se le acusa de estar implicado en el multimillonario desfalco a Tabasco en sociedad con el extesorero Sáiz Pineda, con quien presuntamente “lavó” cientos de millones de pesos del erario estatal, a través de decenas de empresas.
El socio de Sáiz Pineda fue aprehendido en compañía de sus tres hijos, quienes fueron trasladados a la ciudad de Mérida.
En mayo de 2010, Emma Gabriela Molina Canto, la mamá de de los pequeños, fue detenida en Yucatán por agentes ministeriales de Tabasco y encarcelada en esta capital, acusada por Medina Sonda de haberle robado una camioneta, lo que éste aprovechó para quitarle a sus tres hijos, que hoy ya están en custodia de su madre por mandato de un juez federal.
Desde ese año Ligia Canto, madre de la agraviada, encabezó protestas y denuncias en Yucatán, Tabasco y el Distrito Federal en contra de su exyerno, que incluso la llevaron a ser encarcelada en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, acusada por Medina Sonda de clonación de tarjetas de crédito. Días después la mujer fue liberada por falta de pruebas.
En noviembre de 2007, mientras Tabasco enfrentaba la peor inundación de su historia, un avión Cessna 340 aterrizó en el aeropuerto de Mérida con ocho millones de pesos en efectivo que fueron incautados por autoridades federales, procedentes de esta entidad y que Medina Sonda reclamó como suyos.
A partir de este hecho se descubrió la sociedad de Medina Sonda con Sáiz Pineda y el entramado de triangulación de fondos públicos de Tabasco para la creación de por lo menos 100 empresas dedicadas a adquirir bienes inmuebles, terrenos, casas y negocios en Yucatán, Tabasco y otros estados del país.
Una red de lavado de dinero de la que presuntamente forma parte el exgobernador Granier Melo, cuyas cabezas eran las empresas Profesionales en Consultoría Fiscal y Patrimonial, y Consultores Jurídicos y Fiscales de México.
De acuerdo con el diario Por Esto!, en el negocio participó Rafael Acosta Solís, exsubprocurador de Yucatán durante la primera etapa del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco.
Hasta el mediodía de este lunes, autoridades de Tabasco no habían comentado nada sobre la detención de Medina Sonda.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN
Exige el Tec de Monterrey esclarecer agresión contra sus estudiantes en Chilpancingo
MONTERREY, N.L: El Tecnológico de Monterrey demandó el esclarecimiento de los hechos ocurridos el domingo, cuando un grupo de estudiantes que circulaba a bordo de una camioneta hacia Chilpancingo, Guerrero fue agredido por policías ministeriales.
Un alemán que estudia de intercambio en el Tec resultó herido de bala, aunque se encuentra estable.
“Reprobamos todo incidente que afecte la seguridad de nuestros alumnos y de cualquier persona, y demandamos el esclarecimiento de este suceso”, sostuvo hoy el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey mediante un comunicado.
El texto precisa que el alumno alemán, al que no mencionan por su nombre, herido por arma de fuego, está de intercambio en la institución y su salud “estable y él está evolucionando favorablemente”.
El comunicado señala que directivos del Tecnológico de Monterrey acompañan al joven para “brindarle cualquier tipo de apoyo para él y su familia”.
Junto al herido, sólo otro alumno de los que estaban en la camioneta pertenece al Tec, señala la institución.
Este domingo a las 20:00 horas un grupo de universitarios, de los cuales seis eran mexicanos y cuatro extranjeros, fueron agredidos a balazos por agentes de la Policía Ministerial Estatal (PME) porque desobedecieron la orden de detenerse en un retén.
La Fiscalía General de Guerrero informó en un comunicado que los elementos involucrados, un número no especificado, fueron detenidos para ser sometidos a pruebas periciales y determinar su probable responsabilidad en la agresión.
Los estudiantes fueron atacados en el interior de una camioneta Van azul cuando regresaban a Chilpancingo, procedentes de Acapulco. Cuando cruzaron la caseta de peaje de Palo Blanco, efectivos del grupo Antisecuestros de la Fiscalía Estatal comenzaron a seguirlos y otro grupo de agentes ministeriales les marcó el alto, en un retén instalado en la colonia Tata Gildo.
Los ministeriales implicados alegaron que la camioneta no se detuvo y como se escuchó un ruido similar al de una detonación, algunos agentes dispararon contra la unidad, provocándole lesiones al joven alemán.
Según el gobierno de Guerrero, cuando los policías se percataron de que los ocupantes de la Van eran estudiantes y que el alumno europeo estaba lesionado, llamaron a las autoridades consulares y lo acompañaron para su atención médica.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
Un alemán que estudia de intercambio en el Tec resultó herido de bala, aunque se encuentra estable.
“Reprobamos todo incidente que afecte la seguridad de nuestros alumnos y de cualquier persona, y demandamos el esclarecimiento de este suceso”, sostuvo hoy el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey mediante un comunicado.
El texto precisa que el alumno alemán, al que no mencionan por su nombre, herido por arma de fuego, está de intercambio en la institución y su salud “estable y él está evolucionando favorablemente”.
El comunicado señala que directivos del Tecnológico de Monterrey acompañan al joven para “brindarle cualquier tipo de apoyo para él y su familia”.
Junto al herido, sólo otro alumno de los que estaban en la camioneta pertenece al Tec, señala la institución.
Este domingo a las 20:00 horas un grupo de universitarios, de los cuales seis eran mexicanos y cuatro extranjeros, fueron agredidos a balazos por agentes de la Policía Ministerial Estatal (PME) porque desobedecieron la orden de detenerse en un retén.
La Fiscalía General de Guerrero informó en un comunicado que los elementos involucrados, un número no especificado, fueron detenidos para ser sometidos a pruebas periciales y determinar su probable responsabilidad en la agresión.
Los estudiantes fueron atacados en el interior de una camioneta Van azul cuando regresaban a Chilpancingo, procedentes de Acapulco. Cuando cruzaron la caseta de peaje de Palo Blanco, efectivos del grupo Antisecuestros de la Fiscalía Estatal comenzaron a seguirlos y otro grupo de agentes ministeriales les marcó el alto, en un retén instalado en la colonia Tata Gildo.
Los ministeriales implicados alegaron que la camioneta no se detuvo y como se escuchó un ruido similar al de una detonación, algunos agentes dispararon contra la unidad, provocándole lesiones al joven alemán.
Según el gobierno de Guerrero, cuando los policías se percataron de que los ocupantes de la Van eran estudiantes y que el alumno europeo estaba lesionado, llamaron a las autoridades consulares y lo acompañaron para su atención médica.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
Familiares se enfurecen por ineptitud del gobierno para encontrar a los normalistas
TLIXTLA, Gro: El domingo por la mañana, el funcionario Jaime Ramos, enviado de la Secretaría de Gobernación, se presentó ante las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa para informarles que el gobierno federal comenzó a hacerse cargo de la búsqueda de los jóvenes y que tiene desplegada sobre tierra a todas sus fuerzas.
“Nada nuevo. Lo mismo que vienen diciendo siempre, lo mismo que andan buscando, ahora sí en serio. Ningún resultado”, replicó un papá que se salió molesto de la reunión convocada en el auditorio de la escuela.
La intervención de la federación fue tardía, diría más tarde el abogado Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan”, una de las organizaciones que lleva la defensa jurídica de los casos y el acompañamiento a las familias, quien estuvo presente en el encuentro.
“Apenas ayer, sábado (11 de octubre), el gobierno federal atrajo las investigaciones”, dijo en entrevista con Proceso. Mencionó que todo el gobierno estatal se ha enfocado principalmente en mantener la seguridad en Iguala, declarar a los detenidos y buscar fosas, pero ninguno de los dos gobiernos se han dedicado a buscar con vida a los estudiantes.
El enlace con el gobierno federal se comprometió a tener una reunión informativa todos los días con los familiares de los normalistas para evitar que se enteren por la prensa de los avances de las investigaciones, como hasta ahora ha ocurrido con los hallazgos de las fosas, dadas a conocer por el procurador de justicia local y el federal primero a los periodistas.
Varios familiares abandonaron la reunión molestos. Los padres no quisieron dar entrevistas, pero manifestaron su dolor, enojo y frustración por la tardía presencia del gobierno federal: “Nomás nos vinieron a calmar, a hipnotizar para que no hagamos nada”; “Ya se nos olvidó el dolor, ya tengo coraje. Ya pasamos a la etapa del enojo. Esto es un show”; “Tienen helicópteros pero mandan una patrulla. Tienen radares y no los usan. Mejor nos mandaron a nosotros a investigar. Si de verdad los quisieran utilizar ya hubieran encontrado”; “Están dejando que la gente se vaya resignando con el tiempo, ya cuando le vayan a decir para que ya esté resignada”.
Lo que más molestó a los entrevistados fue la presencia de psicólogos en la reunión informativa. Aunque eran especialistas enviados por organizaciones de la sociedad civil, culparon al gobierno de querer mantenerlos quietos a través de terapias.
“No queremos psicólogos, lo que exigimos son a nuestros hijos. Nosotros mismos nos damos fuerzas, por qué no dicen mejor dónde están. ¿Qué habrá dicho el gobernador? Ve y hazlos pendejos”.
“Ya mandaron doctores para apagar los nervios de los padres, ya cuando los vean calmados ‘ora sí, dile que están muertos’”.
Unos de los padres de familia dijo que la comida ha comenzado a escasear en la Normal y que el gobierno quiere debilitarlos para que cesen sus protestas y regresen a sus casas. En el comedor, en cambio, una de las ecónomas informó que siguen recibiendo víveres de organizaciones solidarias, pero como tienen que dar de comer a más de 2 mil personas que hacen guardia permanente en la escuela, “así como va llegando, se va acabando”.
El abogado Rosales hizo un recuento de la fallida intervención de los gobiernos estatal y federal que han soslayado la búsqueda con vida.
El 27 y 28 de septiembre el gobierno estatal tomó el control de Iguala, buscó a los estudiantes, tomó declaraciones a los sobrevivientes y a los policías detenidos. “Pero ameritaba cubrir todos los componentes que era buscar a los desaparecidos”, criticó el defensor.
El 28 los abogados de Tlachinollan pusieron las denuncias por la desaparición y aportaron las fotografías, los documentos y los números celulares que llevaban los jóvenes al momento de ser detenidos para que los rastrearan. En ese momento todavía daban línea.
El 30 tuvieron la primera reunión con el gobierno estatal donde las organizaciones y las familias de las víctimas exigieron una búsqueda intensiva, a lo que les respondieron que tenían desplegados en terreno a sus agentes.
“Les dijimos que nada más nos constaban las acciones para la seguridad de la ciudad pero no la búsqueda”, dijo.
El 1 de octubre, el gobierno comenzó el peinado de las colonias donde se sabe que hay actividad criminal, cementerios clandestinos y los jóvenes fueron vistos por última vez. La búsqueda, acompañada por los familiares, se hizo casa por casa en las colonias Jardín Pueblo Viejo, Sol Azteca, Genaro Vázquez, Jardín Campestre y Los Chocolines.
“Hubo un despliegue de fuerzas de seguridad grandes, eran como 400 elementos de Marina, Ejército, policía federal, ministerial y estatal. Nos extrañó que cada corporación llevaba su área de comunicación, sus área de prensa y sus carteles impresos, distintos”, dijo.
“Cuando llegamos al primer punto nos preguntaron que dónde había que buscar. Los policías no querían entrar a las casas vacías y les decían a los papás que ellos se metieran a buscar. El ejército iba a tras. No había trabajo de inteligencia para la búsqueda ni de información más fina que ellos debían de haber hecho”.
Tras el enojo de las familias, el gobierno mandó a toda la burocracia a la búsqueda sobre terreno –desde el de intendencia, pasando por los directivos de área y secretarios–, vestidos con playeras con el lema: “Hasta encontrarlos”.
A partir del hallazgo de las fosas, los esfuerzos se concentraron en la identificación de cadáveres y la búsqueda de nuevos restos. “Ese día pararon la búsqueda. Para ese entonces el gobierno federal no había aparecido, ni sus luces en el estado de Guerrero”.
Un día preguntó a la titular de la Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas, Elizabeth López Peña, cuál era el plan de búsqueda del gobierno estatal para encontrar a los jóvenes, la respuesta que le dio lo dejó pasmado.
“Nos dijo que el plan que tenía era sensibilizar a la población con los actos públicos, los carteles, el despliegue de la burocracia en la búsqueda, la campaña ‘Hasta encontrarlos’, las recompensas para que la gente pudiera sentir confianza en el gobierno y acercarse a dar la información que tiene. Su plan no era una acción de búsqueda directa”, señaló.
Sumado a esto bloquearon el acceso al Equipo Argentino de Antropología Forense al que han obstaculizado el trabajo para la recuperación de cadáveres y la identificación de los restos.
Proceso intentó entrevistar a López Peña pero en el área de Comunicación Social de la procuraduría informaron que sólo el procurador tiene autorizado hablar con la prensa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.
“Nada nuevo. Lo mismo que vienen diciendo siempre, lo mismo que andan buscando, ahora sí en serio. Ningún resultado”, replicó un papá que se salió molesto de la reunión convocada en el auditorio de la escuela.
La intervención de la federación fue tardía, diría más tarde el abogado Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan”, una de las organizaciones que lleva la defensa jurídica de los casos y el acompañamiento a las familias, quien estuvo presente en el encuentro.
“Apenas ayer, sábado (11 de octubre), el gobierno federal atrajo las investigaciones”, dijo en entrevista con Proceso. Mencionó que todo el gobierno estatal se ha enfocado principalmente en mantener la seguridad en Iguala, declarar a los detenidos y buscar fosas, pero ninguno de los dos gobiernos se han dedicado a buscar con vida a los estudiantes.
El enlace con el gobierno federal se comprometió a tener una reunión informativa todos los días con los familiares de los normalistas para evitar que se enteren por la prensa de los avances de las investigaciones, como hasta ahora ha ocurrido con los hallazgos de las fosas, dadas a conocer por el procurador de justicia local y el federal primero a los periodistas.
Varios familiares abandonaron la reunión molestos. Los padres no quisieron dar entrevistas, pero manifestaron su dolor, enojo y frustración por la tardía presencia del gobierno federal: “Nomás nos vinieron a calmar, a hipnotizar para que no hagamos nada”; “Ya se nos olvidó el dolor, ya tengo coraje. Ya pasamos a la etapa del enojo. Esto es un show”; “Tienen helicópteros pero mandan una patrulla. Tienen radares y no los usan. Mejor nos mandaron a nosotros a investigar. Si de verdad los quisieran utilizar ya hubieran encontrado”; “Están dejando que la gente se vaya resignando con el tiempo, ya cuando le vayan a decir para que ya esté resignada”.
Lo que más molestó a los entrevistados fue la presencia de psicólogos en la reunión informativa. Aunque eran especialistas enviados por organizaciones de la sociedad civil, culparon al gobierno de querer mantenerlos quietos a través de terapias.
“No queremos psicólogos, lo que exigimos son a nuestros hijos. Nosotros mismos nos damos fuerzas, por qué no dicen mejor dónde están. ¿Qué habrá dicho el gobernador? Ve y hazlos pendejos”.
“Ya mandaron doctores para apagar los nervios de los padres, ya cuando los vean calmados ‘ora sí, dile que están muertos’”.
Unos de los padres de familia dijo que la comida ha comenzado a escasear en la Normal y que el gobierno quiere debilitarlos para que cesen sus protestas y regresen a sus casas. En el comedor, en cambio, una de las ecónomas informó que siguen recibiendo víveres de organizaciones solidarias, pero como tienen que dar de comer a más de 2 mil personas que hacen guardia permanente en la escuela, “así como va llegando, se va acabando”.
El abogado Rosales hizo un recuento de la fallida intervención de los gobiernos estatal y federal que han soslayado la búsqueda con vida.
El 27 y 28 de septiembre el gobierno estatal tomó el control de Iguala, buscó a los estudiantes, tomó declaraciones a los sobrevivientes y a los policías detenidos. “Pero ameritaba cubrir todos los componentes que era buscar a los desaparecidos”, criticó el defensor.
El 28 los abogados de Tlachinollan pusieron las denuncias por la desaparición y aportaron las fotografías, los documentos y los números celulares que llevaban los jóvenes al momento de ser detenidos para que los rastrearan. En ese momento todavía daban línea.
El 30 tuvieron la primera reunión con el gobierno estatal donde las organizaciones y las familias de las víctimas exigieron una búsqueda intensiva, a lo que les respondieron que tenían desplegados en terreno a sus agentes.
“Les dijimos que nada más nos constaban las acciones para la seguridad de la ciudad pero no la búsqueda”, dijo.
El 1 de octubre, el gobierno comenzó el peinado de las colonias donde se sabe que hay actividad criminal, cementerios clandestinos y los jóvenes fueron vistos por última vez. La búsqueda, acompañada por los familiares, se hizo casa por casa en las colonias Jardín Pueblo Viejo, Sol Azteca, Genaro Vázquez, Jardín Campestre y Los Chocolines.
“Hubo un despliegue de fuerzas de seguridad grandes, eran como 400 elementos de Marina, Ejército, policía federal, ministerial y estatal. Nos extrañó que cada corporación llevaba su área de comunicación, sus área de prensa y sus carteles impresos, distintos”, dijo.
“Cuando llegamos al primer punto nos preguntaron que dónde había que buscar. Los policías no querían entrar a las casas vacías y les decían a los papás que ellos se metieran a buscar. El ejército iba a tras. No había trabajo de inteligencia para la búsqueda ni de información más fina que ellos debían de haber hecho”.
Tras el enojo de las familias, el gobierno mandó a toda la burocracia a la búsqueda sobre terreno –desde el de intendencia, pasando por los directivos de área y secretarios–, vestidos con playeras con el lema: “Hasta encontrarlos”.
A partir del hallazgo de las fosas, los esfuerzos se concentraron en la identificación de cadáveres y la búsqueda de nuevos restos. “Ese día pararon la búsqueda. Para ese entonces el gobierno federal no había aparecido, ni sus luces en el estado de Guerrero”.
Un día preguntó a la titular de la Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas, Elizabeth López Peña, cuál era el plan de búsqueda del gobierno estatal para encontrar a los jóvenes, la respuesta que le dio lo dejó pasmado.
“Nos dijo que el plan que tenía era sensibilizar a la población con los actos públicos, los carteles, el despliegue de la burocracia en la búsqueda, la campaña ‘Hasta encontrarlos’, las recompensas para que la gente pudiera sentir confianza en el gobierno y acercarse a dar la información que tiene. Su plan no era una acción de búsqueda directa”, señaló.
Sumado a esto bloquearon el acceso al Equipo Argentino de Antropología Forense al que han obstaculizado el trabajo para la recuperación de cadáveres y la identificación de los restos.
Proceso intentó entrevistar a López Peña pero en el área de Comunicación Social de la procuraduría informaron que sólo el procurador tiene autorizado hablar con la prensa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.
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