PGR sabía de nexos del alcalde de Iguala con la delincuencia: gobernador de Guerrero

"Sabíamos que había vínculos totalmente oscuros", dice Ángel Aguirre. Refiere reuniones con el delegado de la PGR, del Cisen y militares, a quienes comunicó lo que sabía sobre José Luis Abarca.

La PGR sabía de los posibles vínculos entre alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y la delincuencia organizada, aseguró el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, reveló que tras los hechos ocurridos el 26 de septiembre “di instrucciones precisas de que si había condiciones, se procediera contra el alcalde”. Sin embargo, como goza de fuer no pudo proceder en su contra.

No obstante, prometió: “Lo vamos a detener, ten la plena seguridad”.

Reconoció que antes de la violencia desatada a finales de septiembre en Iguala, “era del dominio público los vínculos con la delincuencia organizada”. 

“El señor estaba señalado de posibles vinculos con la delincuencia organizada”, refirió.

Indicó que “fueron muchas” las reuniones con el delegado de la PGR, el delegado del Cisen, y elementos del Ejército, en las que alertó de los nexos del alcalde.

“Sabíamos que había vínculos totalmente oscuros”, agregó.

Los señalamientos los hizo por “la fortuna que había construido”, además de que acusó que estaba implicado en el asesinato del líder de la organización Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, en 2013.

“Es parte de los diagnósticos que tenemos que presentar… todos tenemos que investigarlo, si hay una situación donde se le puede vincular con delincuencia organizada hay áreas específicas… aquí hay un representante de la PGR, al delegado usted lo puede entrevistar y preguntar cuántas veces abordé el tema”, subrayó.

Además, dijo que Iguala no era el único municipio gobernado por un narcoalcalde; “he hablado de otros municipios en circunstancias más o menos similares”, aunque no dijo cuáles, pero negó que sea la mitad del estado.

Sobre los nexos del alcalde,  confió: “Estoy seguro que se abrió esa investigación… tengo entendido que sí hay una averiguación previa contra el señor por delincuencia organizada”.

Insistió en que al delegado de la PGR se lo expuso “varias veces”, sin embargo “no tenía elementos probatorios de esos hechos, se hablaba de posibilidad de vínculos”.

Aguirre negó que se haya involucrado en la designación de Abarca como candidato al gobierno municipal; “yo no puedo negar que cuando acudía a Iguala me recibía la autoridad municipal”, aceptó.


El mandatario dijo que la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda, buscaba ser la próxima presidenta municipal de Iguala.



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Un manto oscuro cubre al nuevo avión presidencial, un palacio flotante

Ante la negativa de Banobras para transparentar el contrato, se solicitó la intervención del Ifai, cuyos comisionados decidirán si ese archivo debe ser público o, por el contrario, permanecerá clasificado.

El contrato para comprar el nuevo avión presidencial por 6 mil 700 millones de pesos no puede conocerse públicamente, porque el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, lo ha clasificado como “reservado”.

En respuesta a una solicitud de acceso a la información, hecha por esta primera emisión de Noticias MVS desde julio pasado, Banobras consideró que transparentar el contenido de ese contrato violaría los secretos bancario y fiduciario, aun cuando estén de por medio recursos públicos.

Banobras fue designada, durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón, como la instancia encargada de transferir el dinero a la compañía estadounidense Boeing, para la compra del 787 Dreamliner. Sin embargo, el equipamiento estará bajo vigilancia del Estado Mayor Presidencial.

Ante la negativa de Banobras para transparentar el contrato, se solicitó la intervención del Instituto Federal de Acceso la Información y Protección de Datos, el Ifai, cuyos comisionados decidirán si ese archivo debe ser público o, por el contrario, permanecerá clasificado.

Hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sólo ha transparentado documentos sobre las condiciones técnicas, de operación y  seguridad del avión, que incluyen la capacitación para los pilotos y los vuelos de prueba, como el realizado el pasado jueves 9 de octubre, cuando el avión aterrizó en la base de Santa Lucía del Ejército, en el Estado de México.

El jueves pasado, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, explicó que aún falta el equipamiento de la aeronave: “El avión se está entregando por parte de la fábrica para su equipamiento probablemente en estos días sea esa entrega pero no es que llegue para ponerse en operación, llegará a un punto para equiparse y se entregará en septiembre del año que entra ya listo para operar”.

Durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón se fijó en  7 mil 520 millones de pesos el costo total del nuevo avión, incluido el equipamiento especializado, según consta en un análisis de la Sedena al que tuvo acceso MVS el 15 de julio de 2013.

No obstante, antes de que concluyera el sexenio, el gobierno obtuvo una rebaja de 820 millones de pesos.

El entonces secretario de Hacienda, José Antonio Meade, declaró en octubre del 2012 que el nuevo avión presidencial sería adquirido conjuntamente con la empresa Aeroméxico, a fin de obtener un precio privilegiado.

Aeroméxico, por su parte, informó a sus inversionistas de la compra de 100 aeronaves nuevas, en su último reporte trimestral del año 2012, enviado a  la Bolsa Mexicana de Valores.

De acuerdo con el propio Meade, se trató de una operación anclada. La primera emisión de Noticias MVS solicitó una explicación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre el significado ese tipo de transacción con recursos públicos y, hasta el momento, no hay una respuesta.

El precio final de 6 mil 700 millones de pesos fue incluido en el presupuesto 2015 por parte de la Secretaría de Hacienda, el cual está disponible en internet.

Por separado, Comunicaciones y Transportes informó que el costo de la aeronave, sin equipamiento para pasajeros ni de seguridad y sin intereses, tendría un costo de 1,733 millones de pesos, bajo un esquema de arrendamiento financiero.

Este último se pagará durante 15 años, es decir, se liquidará hasta el año 2027.

El nuevo avión presidencial es un Boeing 787 modelo Dreamliner. En el ámbito comercial éste tiene una capacidad para 250 personas.  Pero no se sabe cuántos lugares tendrá con las modificaciones que se le realizarán.

De acuerdo con un reportaje publicado por la revista Emeequis, en agosto de 2013, el avión puede volar a una velocidad de 954 kilómetros por hora y su diseño le permite usar 20 por ciento menos combustible, comparado con cualquier otro avión de su tamaño. Mide 56 metros de largo y puede ir de México a Tokio sin escalas.

Pero la compra del nuevo avión presidencial no será la única inversión que hará el actual gobierno.

El hangar presidencial será remodelado con un gasto extra de 945 millones de pesos, según un convenio firmado el 25 de octubre del 2013,  entre la SCT, la Sedena y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En este documento, consta que el Estado Mayor Presidencial supervisará las obras; y el procedimiento de contratación quedará a cargo del propio aeropuerto del Distrito Federal.

Según las autoridades, la remodelación es necesaria porque las instalaciones están saturadas y complican el resguardo de las aeronaves.

Textualmente dice lo siguiente:

“Lo anterior se robustece considerando el tema de la seguridad nacional, que por sí sólo sería razón suficiente para realizar de manera inmediata e impostergable el rediseño y construcción del nuevo hangar presidencial, en beneficio de la integridad física y seguridad del primer mandatario y funcionarios de la administración pública federal”.

En conjunto, el nuevo avión presidencial equipado por completo y la remodelación del hangar costarán al erario 7 mil 645 millones de pesos, es decir, alrededor de 588 millones de dólares.

Esta inversión con recursos públicos alcanzaría para cubrir la mayor parte de las afectaciones ocasionadas por el huracán “Odile”, que azotó la península de Baja California el 15 de septiembre, de acuerdo con datos proporcionados por  la Secretaría de Turismo.


Esta misma bolsa de dinero, equivale al presunto desfalco de la compañía petrolera Oceanografía a Banamex, estimado por las autoridades en 580 millones de dólares.



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

México en alerta

¿Tiene Estados Unidos razones suficientes para alertar a sus compatriotas de no viajar a México? Los acontecimientos violentos más recientes en el país podrían ser la respuesta.

La página oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene una lista de alertas para sus ciudadanos.

En ellas aparece desde un posible huracán o precauciones por el ébola, hasta advertencias de viaje a otros países. 

En esa lista, México es invitado frecuente.

La más reciente alerta para no viajar al país fue emitida el 10 de octubre y comparte créditos con Ucrania, Yemen, Mozambique, Afganistán, Israel y la Franja de Gaza, entre otras.

El Departamento de Estado renovó la anterior advertencia -publicada el 15 de agosto- y en esta señala que sus ciudadanos han sido víctimas de robos y secuestros en algunos estados del país.

La lista presta especial atención a Guerrero, testigo de graves episodios violentos estas últimas semanas y sugiere a los turistas estadounidenses que aplacen “los viajes no esenciales”.

Otros estados que los norteamericanos piden evitar son Tamaulipas, Michoacán, Estado de México y Morelos.

¿Tiene Estados Unidos razones suficientes para alertar a sus compatriotas?

Los acontecimientos violentos más recientes en México podrían ser la respuesta.

> Tamaulipas

Detienen al ‘Metro 103’y se desata la violencia

El fin de semana, luego de la captura de Juan Francisco Tamez Sáenz, alias “Metro 103”, presunto mando del Cártel del Golfo, Tamaulipas vivió nuevos episodios de violencia.

Tamez Sáenz, considerado uno de los 12 líderes del narco buscados en Tamaulipas por Fuerzas Federales, fue detenido el jueves Edinburg, Texas, en donde vivía hacía meses.

La madrugada del sábado un enfrentamiento entre dos grupos armados del crimen organizado en Miguel Alemán, dejó al menos cuatro muertos en pleno centro de la ciudad, según confirmó la Procuraduría de Justicia del Estado.

El gobernador no toca el tema

A pesar de las balaceras reportadas por los ciudadanos en Miguel Alemán, Reynosa y Tampico, el gobernador del Estado, Egidio Torre Cantú, no tocó el tema.

Durante el fin de semana, el mandatario recibió una felicitación por parte del presidente de la Coparmex por la presentación de la Agenda Energética de Tamaulipas y después acudió con su esposa a la inauguración de las obras de remodelación de la Casa de Arte en Ciudad Victoria.

> Michoacán

Autodefensas se reactivan, la violencia también

Diversos hechos registrados el fin de semana en cuatro municipios de Michoacán dejaron como saldo al menos 10 personas muertas.

Hace apenas dos semanas, las guardias ciudadanas de los municipios de Coalcomán, Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Lázaro Cárdenas y Tepalcatepec anunciaron la reactivación de sus actividades para exigirle al gobierno desmantelar al cártel de Los Caballeros Templarios.

El jueves 9 de octubre fueron decomisados 11 predios presuntamente propiedad de la “La Tuta”.

Entre las víctimas del fin de semana pasado se encuentra un exintegrante de los grupos de autodefensa y un exintegrante de la Fuerza Rural.

Estudiantes secuestran camiones

Ayer, el presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Pasajeros y Turismo, Arcadio Méndez, denunció que entre el viernes y el domingo 21 autobuses fueron secuestrados por normalistas.

El líder aseguró que presentará denuncias penales, pues en las autopistas Morelia-México-Guadalajara, Morelia-Pátzcuaro, Morelia-Lázaro Cárdenas y en carreteras de la Meseta Purépecha, los pasajeros fueron bajados por la fuerza.

El domingo, diversas líneas de autobuses paralizaron las salidas a las regiones de Tierra Caliente y Costa de Michoacán por miedo a ser víctimas de secuestro.

Pese al clima de violencia en el estado, el gobernador Salvador Jara Guerrero no tocó el tema. 

> Guerrero

Incendian Palacio de Gobierno

Ayer por la tarde, estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa tomaron las instalaciones del Palacio de Gobierno y del Congreso estatal de Guerrero, como medida de protesta.

“Nadie sale ni entra a este lugar hasta que nos regresen vivos a nuestros compañeros”, fue advertencia de los manifestantes.

Estudiantes y maestros mantuvieron tomadas las instalaciones bloqueando los accesos y manteniendo retenidos en el interior a los trabajadores.

Inicialmente eran cerca de 270 normalistas los que participaban en la protesta, según reportó a CNNMéxico, pero posteriormente un grupo de 500 maestros la CETEG se unió.

Con piedras, bombas caseras, palos y picos, los jóvenes atacaron el complejo oficial, integrado por siete edificios de dos pisos. La mayoría de los cristales y los muebles de las oficinas quedó destruido, mientras el edificio donde despacha el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, ardía en llamas.

‘En Guerrero no hay gobierno’

El domingo, empresarios de Guerrero se sumaron a las protestas de estudiantes, maestros, campesinos y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre.

Los manifestantes salieron a las calles de la capital del estado para exigir la desaparición de poderes en la entidad, bajo el argumento de que “en Guerrero no hay gobierno”.

En el mitin demandaron la renuncia del gobernador Ángel Aguirre y del alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez a quienes responsabilizan del ataque, asesinato y desaparición de los estudiantes normalistas.

Crean ‘Brigadas de ajusticiamiento’


El lunes, en un comunicado difundido en redes sociales, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) anunció la creación de una “brigada de ajusticiamiento”.

“Hoy más que nunca necesitamos responder con todas las formas de lucha, violentas y pacíficas, legales o fuera de esta legalidad sin ética que intentan imponernos los de arriba. Al fin que ellos son los primeros en violar la legalidad, en utilizar los métodos mafiosos para enriquecerse y saquearnos aún más”, amenaza el ERPI.

La agrupación acusa al Estado mexicano de la muerte y desaparición de normalistas, pues asegura que la afrenta la encabeza el “narcoestado mexicano”. Además, acusó también a la corriente Nueva Izquierda, del PRD, de ser cómplice de los hechos violentos ocurridos en Iguala.

Condicionan acuerdo de seguridad 

En Guerrero se realizó el domingo un despliegue del grupo antisecuestro. 

Durante el operativo, un estudiante alemán, del Tec de Monterrey, resultó herido.


Ayer, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México exhortó a votar en contra del acuerdo de seguridad que pretenden firmar Enrique Peña Nieto y Angela Merkel a finales de este año, luego de considerar que “la cooperación entre las fuerzas de seguridad (mexicanas) y el crimen organizado es directa, y queda ilustrada en los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.

Restos misteriosos

Diputado local reportó que 16 cuerpos de mujeres fueron hallados en el Gran Canal del Estado de México; la procuraduría estatal negó la información.

Se llama “Curva del Diablo” y está en Ecatepec de Morelos, en el Estado de México. Hasta ayer, esa región era conocida por el número de accidentes que ahí suceden. Se estima que al año, justo en este punto, se presentan 10 a 15 percances.

Sin embargo, lo que reveló el diputado local perredista Octavio Martínez Vargas en su cuenta de Facebook cambió todo.

“16 cuerpos de mujeres son encontrados sin vida en Ecatepec en el canal del perímetro de la curva del diablo a Héroes Primera, padres de jóvenes desaparecidas exigen al gobierno dar con los responsables, increíble que ningún medio de comunicación en nuestro país comente tan trágicos acontecimientos. Exijo al Procurador de Justicia del Edo. Mex. dar con los responsables”, señaló el funcionario el domingo pasado.

De inmediato, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) lo desmintió mediante su cuenta de Twitter.

“@PGJEM_Oficial descarta que hayan sido localizados restos de jóvenes en #Ecatepec, como se ha difundido hoy en algunas redes”.

También el Gobierno del Estado de México rechazó las declaraciones del diputado local.

José Manzur Quiroga, secretario general de Gobierno, señaló que sí se localizaron restos óseos durante las labores de limpieza de canales, pero sus orígenes serán determinados de manera científica.

“No se puede precisar si son de origen animal o humano, y que aún es más complejo precisar si se trata de un solo cuerpo e incluso su género”, indicó.


Manzur Quiroga hizo un llamado al diputado para actuar con responsabilidad y no tergiversar información que genera especulaciones, y por el contrario, le invitó a acercarse a las autoridades para presentar las pruebas correspondientes a sus dichos.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

Peña habla de democracia en Puebla… entre protestas contra Moreno Valle

PUEBLA, Pue. (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto inauguró aquí el Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil, en el Centro Expositor, mientras decenas de personas se manifestaban en las calles en rechazo a las políticas “represoras” del gobierno de Rafael Moreno Valle.

Encabezados por habitantes de Cholula que reclaman la liberación de Adán y Paul Xicale, Albino Odilón y Primo Manuel Tlachi, considerados “presos políticos”, los manifestantes se quejaron de que el gobierno de Puebla no ha cumplido con las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el ataque contra pobladores de Chalchihuapan, el pasado 7 de julio.

La zona de Los Fuertes, donde se encuentra el Centro Expositor, fue rodeada por granaderos para evitar que las manifestaciones llegaran hasta ese lugar, donde el mandatario estatal anunció una iniciativa de ley para el “fomento a las organizaciones de la sociedad civil”, supuestamente para alentar la participación de la ciudadanía en el ámbito gubernamental.

Ahí mismo el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que en “una democracia moderna, la participación de la sociedad civil y la acción del gobierno se complementan para mejorar las condiciones de vida de la población”.

Añadió: “Reconozco el papel de las organizaciones para hacer conciencia ciudadana y ser factor decisivo en la reconstrucción del tejido social (…) La sociedad civil es la gran aliada del gobierno de la República en la construcción de un México en paz”.

Los manifestantes decidieron marchar hacia el zócalo de esta capital, con el fin de no dar motivos al gobierno de Moreno Valle para recurrir a la fuerza policiaca.

La semana pasada, policías estatales y municipales desalojaron de manera violenta a opositores al Parque de las Siete Culturas que tenían tomada la alcaldía de San Andrés Cholula.

Ese mismo día fueron detenidos cuatro de los dirigentes del movimiento, entre ellos Adán Xicale, el abogado que interpuso una serie de amparos para frenar el proyecto de construcción del parque.

Desde el penal, Xicale se comunicó vía telefónica con los participantes en la manifestación de este lunes, a quienes pidió mantener la lucha en defensa de la Pirámide, la fe religiosa, la parroquia de la Señora de los Remedios, la cultura y la identidad de los cholultecas.

“Yo les pido que no desistan. Nosotros cuatro (encarcelados) estamos dispuestos a seguir hasta las últimas consecuencias, porque sabemos que nuestra lucha es justa. Tenemos que tomar en cuenta que la lucha social no es sólo de principios, sino también de sentimientos nobles”.

Esta mañana, mientras los cholultecas se encontraban en el zócalo capitalino y luego de despedir a Peña Nieto, Moreno Valle aprovechó para hacer un recorrido por los terrenos que pretende expropiar para construir el parque de las Siete Culturas.

Acompañado de los alcaldes de San Andrés y San Pedro, Leoncio Paisano y José Juan Espinosa, respectivamente, el gobernador aprovechó la ausencia de los habitantes opositores para “supervisar” lo que llamó “el proyecto de rescate y preservación del entorno de la pirámide de Cholula”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Se oponen ONG a reelección de Raúl Plascencia en la CNDH

MÉXICO, D.F: Organizaciones sociales manifestaron su inconformidad por la pretensión de senadores de reelegir a Raúl Plascencia Villanueva como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2014-2019, en momentos en que el país “vive una situación de crisis en materia de derechos humanos”.

Mientras en el Senado de la República las comisiones de Derechos Humanos y Justicia se declararon este lunes en sesión permanente para revisar el proceso de designación o ratificación del ombudsman, activistas de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) criticaron la convocatoria dada a conocer hasta ahora por la cámara alta al considerar que no se apega a principios constitucionales ni al derecho internacional.

En un comunicado firmado por más de 70 organizaciones de todo el país, expresaron su preocupación por la tendencia de los legisladores de proponer “evaluar primer al actual ombudsman (…) sin tomar en cuenta otras candidaturas posibles” y sólo en caso de que en comisiones se vote en mayoría por la no ratificación “procederían las elecciones abiertas a cualquier candidata o candidato”.

Los activistas consideraron que una nueva evaluación de la labor de Plascencia Villanueva al frente de la CNDH es “ociosa”. Argumentaron que el pasado 20 de mayo “rindió cuentas durante la reunión de trabajo (…) ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado”, sesión en la que, por cierto, no salió bien librado ante duros cuestionamientos de legisladores del PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y PT, excepto del PAN.

En el documento, las organizaciones recordaron los procesos legales iniciados por defensores de derechos humanos y académicos que solicitaron un juicio político contra Plascencia Villanueva así como el juicio de amparo iniciado por familiares de 72  migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas en 2010, inconformes por la recomendación 80/2013.

A través de estas iniciativas, agregaron, “se ha establecido que Raúl Plascencia no ha estado a la altura de su cargo, y de las múltiples omisiones detectadas durante su mandato lo descalifican para un procedimiento de ratificación”.

Además, consideraron que la convocatoria propuesta para designar al presidente de la CNDH para los próximos cinco años “no es congruente con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011”.

Abundaron que, de acuerdo con el apartado B del artículo 102 constitucional, la elección del ombudsman nacional y de los integrantes de su Consejo Consultivo, así como de los titulares de organismos estatales de derechos humanos en los estados “se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley”.

Los activistas añadieron que un artículo noveno transitorio de la reforma señala que “se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto”.

El procedimiento propuesto por las comisiones de Derechos Humanos y Justicia del Senado, acusaron, no cumple “con los estándares internacionales como son los Principios de París promovidos por la ONU, que rigen a las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de Derechos Humanos, particularmente sobre la composición y garantías de independencia y pluralismo”.

Puntualizaron que “sólo elecciones directas en competencia con varios candidatos permitirán identificar la mejor candidatura de un puesto esencial para un México que vive una situación de crisis en materia de derechos humanos”.

Los firmantes confiaron en que “los senadores descarten estas contradicciones y permitan que el proceso de elección del o la titular de la CNDH sea transparente, plural y garantice su participación”.

El comunicado lo firmaron las 74 agrupaciones que conforman la Red TDT con presencia en 22 entidades del país, así como Amnistía Internacional, Asociadas por lo Justo, Propuesta Cívica, Servicio Jesuita para Migrantes, Misión para Migrantes y Refugiados, entre otras agrupaciones.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Por caso Ayotzinapa, se opone red a firma de acuerdo de seguridad México-Alemania

BERLÍN (apro).- La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México exhortó al Parlamento alemán a votar en contra del acuerdo de seguridad que pretenden firmar los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Angela Merkel a finales de este año, luego de considerar que “la cooperación entre las fuerzas de seguridad (mexicanas) y el crimen organizado es directa, y queda ilustrada en los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero”.

La red, integrada por 15 organizaciones alemanas, condenó en un comunicado la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y, en ese contexto, consideró inviable la cooperación en materia de seguridad y policial entre ambos países.

“El gobierno alemán se encuentra actualmente en la etapa final de la negociación de un acuerdo de seguridad con México. Éste habrá de firmarse a finales del año por los gobiernos, y el próximo año será decidido por el Parlamento alemán. Este acuerdo incluye que Alemania estaría obligada, bajo determinadas condiciones, a la transmisión de datos personales. Estos datos serían transmitidos a los organismos de seguridad, quienes como puede probarse utilizan métodos de tortura en las cárceles.

“También está planeada, como resultado del acuerdo de seguridad, la cooperación policial entre Alemania y México. Dada la cooperación directa entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado, ilustrada una vez más en los hechos ocurridos en Iguala, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos de México rechaza la cooperación en virtud de un acuerdo” en la materia, señala el documento.

De esta forma la red alemana se suma a la condena lanzada el viernes 10 por un grupo de 16 eurodiputados, y el domingo 12 por la delegación de la Unión Europea en México por la desaparición de los 43 normalistas y el asesinato de seis personas el viernes 26 de septiembre en la ciudad de Iguala.

“Lo que se reprocha es que no se ha cumplido el procedimiento necesario para la búsqueda de los desaparecidos. La Procuraduría General (de la República) no realizó la investigación inmediatamente, sino después de algunos días de lo ocurrido, a pesar de que de acuerdo con la legislación mexicana y en el artículo 28 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, México está obligado a una investigación inmediata. Asimismo, el presidente Peña Nieto comentó lo ocurrido el lunes 6 de octubre, 10 días después de los hechos, en vez de reaccionar inmediatamente con la mayor determinación y utilizando todos los medios de un estado de derecho”, destacó la red de organizaciones.

La Coordinadora Alemana por los Derechos Humanos en México, además de apoyar a organizaciones mexicanas con iniciativas que difunden su trabajo en Europa, también funciona como interlocutora y realiza tareas de cabildeo tanto en Alemania, dentro del Parlamento alemán, como en Europa, en el Parlamento europeo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: YETLANECI ALCARAZ.

Decisiones que dividen

La decisión de quiénes serán los aspirantes oficiales del PAN para las alcaldías de Monterrey y Guadalupe enfrenta hoy a los integrantes de La Mesa Nuevo León en la Ciudad de México.

Los tres grandes liderazgos panistas en Nuevo León saben que su conveniencia es unirse en torno a Margarita Arellanes y su proyecto a la Gubernatura de 2015, pero hay otras candidaturas en las que no llegan a un acuerdo.

Hay dos registros para presidencias municipales que están en juego y que pueden provocar división entre el Grupo San Nicolás, el equipo del senador Raúl Gracia y La División del Norte que encabeza José Serrano.

Y es que según las encuestas del CEN del PAN, la alcaldesa regia Margarita Arellanes tiene una ventaja considerable sobre los demás albiazules respecto a la candidatura a la Gubernatura.

Por ello es que en este caso no existe duda y los tres grandes grupos de la cúpula panista están, convenientemente, de acuerdo en respaldar a la munícipe regia porque todos quieren recuperar el gobierno estatal.

Pero en el caso de otros puestos de elección popular no es tan fácil.

Diputaciones locales y alcaldías tienen un acuerdo en La Mesa Nuevo León, que sienta a negociar en el CEN panista a los tres liderazgos que controlan internamente el partido albiazul.

Según el acuerdo de esta Mesa, como son tres grupos, irían en tercios para negociar candidaturas.

Es decir, siete aspirantes a diputados locales por cada liderazgo.

Pero hay como 20 albiazules levantando la mano por cada grupo.

Sin embargo, ese es un problema que el líder de cada fracción panista puede solucionar, pidiendo disciplina a sus correligionarios.

En cambio, en las alcaldías metropolitanas se acordó que el candidato a la Alcaldía de Monterrey será nombrado por el CEN del PAN, para evitar divisiones internas entre los tres grupos, debido al peso específico de la Presidencia Municipal regia.

Y es aquí donde empiezan los conflictos entre los liderazgos.

Tres líderes, un registro para la Alcaldía regia

El Grupo San Nicolás está apoyando al legislador local y líder de la fracción albiazul en el Congreso, Alfredo “Fredy” Rodríguez.

Zeferino Salgado, quien comanda este grupo político panista, así como los diputados federales Fernando Larrazabal y Víctor Fuentes, están detrás de las aspiraciones de Rodríguez.

Pero en las encuestas quien está arriba es Felipe de Jesús Cantú. Sin embargo, es este exalcalde de Monterrey a quien dentro del propio PAN atribuyen más puntos negativos en las encuestas.

Es decir, que Felipe gana en conocimiento, pero tendría menos porcentaje para crecer en las preferencias, según sus detractores.

Y Cantú es apoyado por la alcaldesa de Monterrey Margarita Arellanes para ser el candidato a la capital regia.

Es aquí donde floreció una division interna, porque La División del Norte, liderazgo interno que comanda José Serrano, aunque apoya y abandera a Margarita Arellanes, no está de acuerdo en esta decisión.

La División del Norte apoya al dirigente del Comité Municipal de Monterrey, Iván Garza, para que sea el candidato azul a la Alcaldía regia.

Es decir, ni siquiera entre el mismo grupo de La División del Norte se han puesto de acuerdo en quién debe ser el candidato para la capital regia.

En este clan, el diputado federal Arturo Salinas, el alcalde de Santa Catarina, Víctor Pérez, y la alcaldesa regia, han formado un frente común en favor de Felipe de Jesús Cantú.

Pero por otro lado, La División del Norte prefiere a Iván Garza.

Hoy será uno de los temas a discutir en la Mesa Nuevo León, en la Ciudad de México.

Y para Guadalupe hay otra negociación

El municipio más poblado del área metropolitana, luego de Monterrey, es muy disputado al interior del PAN y está causando divisionismo.

Y es que según el acuerdo de La Mesa Nuevo León, el senador Raúl Gracia lleva “la sartén por el mango”, para asignar al aspirante a esa Alcaldía, que en relación a este grupo político es Alfonso Robledo.

Sin embargo, el apoyo abierto de La División del Norte a las aspiraciones de Judith Díaz es un factor que provoca diferencias entre los grupos.

Aunque Alfonso Robledo ha estado trabajando en Guadalupe durante meses, también está por su cuenta Judith Díaz, con todo el apoyo del liderazgo de más reciente creación dentro del PAN y que dirige José Serrano.

Esta diferencia prendió los focos de alerta para el senador Raúl Gracia, quien seguramente hoy gritará “¡foul!” en la sede del CEN azul en la Ciudad de México.

Incluso, hay actos públicos de ambos grupos albiazules en Guadalupe.

En el caso de Judith Díaz, la semana pasada efectuó varios eventos públicos, en los que incluso fue apoyada por otro panista que aspiraba a la Alcaldía de Guadalupe, se trata de Pedro Garza.

Aquí la diferencia estriba en que el PAN en general ha crecido en un municipio considerado un bastión cetemista y priista, pero que en los últimos sondeos muestra una tendencia que beneficia al panismo.


Este factor de amplias posibilidades para que un panista compita y hasta gane en Guadalupe, es un estímulo para que los azules busquen la candidatura a la Alcaldía.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: HUGO GUTIÉRREZ.

Maestra... en bienes raíces

Un piso completo con 11 departamentos del lujoso complejo Reforma 222 pertenece a Comercializadora GC. Una empresa que desde hace dos décadas administra los bienes de la exlíder sindical.

Una imponente vista panorámica de la Ciudad de México se observa desde el piso 10 de la tercera torre de condominios del lujoso complejo de Reforma 222.

Las montañas y la avenida Reforma en pleno se pueden disfrutar, mientras se trota en la pista privada de jogging con pasto artificial, desde la terraza que bordea la azotea del complejo. 

Los habitantes ingresan a sus departamentos con llaves electrónicas después de hacer uso de su SPA y cine privados, su cancha de paddel tenis, su centro de negocios o su salón  de fiestas. 

De los 110 departamentos que alberga esta tercera torre del condominio que tiene acceso directo al Centro Comercial Reforma 222, 11 pertenecen a una compañía que maneja desde hace dos décadas la familia de la exlideresa del sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo. 

Los departamentos ocupan por entero el piso 10 de la Torre 3 del condominio, más dos cajones de estacionamiento cada uno. 

La compañía que los compró, Comercializadora GC, pagó por ellos 25.7 millones de pesos de contado en diciembre de 2010, al mismo tiempo que transfirió su administración a un fideicomiso del Banco Interacciones.

Las conexiones con “la maestra” no son pocas. 

La empresa GC es la dueña del avión en que viajaba Elba Esther Gordillo cuando fue detenida en el aeropuerto del Toluca, su dirección fiscal es una oficina que pertenece a los Gordillo y su representante legal es el mismo que ha administrado las propiedades de la familia desde hace tres lustros. 

La propiedad de los inmuebles fue revelada gracias a un juicio mercantil que ha llevado un abogado capitalino desde el año pasado contra la empresa.

El juicio ha buscado el cobro de tres pagarés que GC otorgó a uno de los hombres más cercanos a Gordillo, Francisco Yáñez Herrera, mientras este fungía como director de la Lotería Nacional, cargo que la exlideresa ganó en una negociación con Felipe Calderón luego de las elecciones de 2006.

Estos departamentos no han sido embargados luego de la detención de Gordillo en febrero del año pasado. 

Actualmente están rentados y siguen perteneciendo a la compañía.

Once viviendas bien rentadas

El décimo piso de la tercera torre de Reforma 222 consta de mil 133 metros cuadrados de construcción, divididos en 11 departamentos con planta baja y planta alta, todos con acabados de lujo y vista a la ciudad. 

Actualmente se rentan en precios que oscilan entre los 26 mil y los 38 mil pesos mensuales. 

Pagan 5 mil pesos mensuales de mantenimiento del condominio que incluye las áreas comunes, el circuito de cámaras de seguridad y los guardias de acceso.

El lunes 13 de diciembre de 2010 el diario El Universal publicó un artículo firmado por Gordillo. 

Escribió que la desnutrición y la falta de acceso a la salud mermaban a los estudiantes y “si en verdad queremos elevar la calidad de la educación, es preciso mejorar (…) la calidad de vida de los educandos”.

Ese mismo día la Comercializadora GC firmó las escrituras para la adquisición de estos 11 departamentos con la empresa Reforma Residencial 222 ante la notaria 27 de la capital, Mildred Novelo Rivas.

Los departamentos se compraron con “certificados de libertad de gravámen” y no mediante ninguna hipoteca que generara intereses, explicó en entrevista el abogado Carlos Odriozola, quien descubrió la propiedad de los inmuebles.

“No aparece registrado ningún tipo de contrato de crédito, de tal suerte que se infiere que fueron adquiridos de contado”, dice Odriozola.

Los departamentos cuentan con planta baja y planta alta y sus dimensiones van de los 67 a los 182 metros cuadrados. Fueron comprados por un costo global de 25 millones 695 mil pesos, según consta en los documentos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, de los que Reporte Indigo obtuvo una copia. 

El mismo día en que se formalizó la compra se constituyó un fideicomiso de tiempo indeterminado con la división fiduciaria del Banco Interacciones, para administrar la renta de los inmuebles y las ganancias de su comercialización, de acuerdo con una copia del instrumento financiero al que este diario tuvo acceso.

Tanto el Registro Público como la constitución del Fideicomiso dejan constancia de que el representante legal de Comercializadora GC es Jesús Antonio Rodríguez Millán, de 45 años, originario de Culiacán y abogado por la Universidad Autónoma Metropolitana, quien vive en un departamento de clase media en la colonia Nochebuena.

Este abogado ha sido el representante de GC desde marzo de 2001, aunque la empresa fue constituida en junio de 1995.

El objeto social de GC muestra que la compañía pretendía tener muchas más atribuciones que la administración de unos departamentos. 

Incluye la compra-venta de toda clase de muebles, maquinarias y equipos, la construcción y mantenimiento de vías de comunicación, terrestres aéreas y marinas, la construcción de obras civiles y edificios, la elaboración de dictámenes o avalúos, el desarrollo de centros turísticos o vacaciones y la construcción o adquisición de todo tipo de desarrollos inmobiliarios, entre otros objetos.

En el cielo, en la tierra y…

Entre los bienes de GC se contemplaba también el avión Cessna Citation Encore 560 donde viajó Gordillo de San Diego a Toluca el 26 de febrero de 2013, cuando fue detenida por delincuencia organizada y lavado de dinero. 


El avión con matrícula XA-UEF estuvo en resguardo de la Procuraduría General de la República desde abril del año pasado, y fue enajenado cuatro meses más tarde (Reporte Indigo, 26 de septiembre de 2013).

El nexo del abogado Rodríguez Millán con la familia Gordillo tiene más de una década, pues dos años después de que recibiera la representación legal de Comercializadora GC también lo hizo de la Inmobiliaria Galilei, creada en febrero de 1997, que antes había sido administrada por las hijas de la maestra, Mónica Arriola y Maricruz Montelongo, cuya comisaria era su madre, Zoila Morales.

La inmobiliaria Galilei compró propiedades en Polanco, Chapultepec Polanco, además de la planta baja y el mezzanine del edificio 295 sobre la avenida Reforma, a un costado de la embajada de Estados Unidos. 

Una investigación publicada en marzo del año pasado en la revista 360 grados reveló que las oficinas de Reforma 295, de 738 metros cuadrados con cuatro cajones de estacionamiento, fueron compradas en octubre de 2005 por la Inmobiliaria Galilei en 6.1 millones de pesos. 

El autor del reportaje, Alberto Aguirre, ya había mencionado el nexo de Rodríguez Millán y Comercializadora GC con Gordillo en su libro “Doña Perpetua. El poder y la opulencia de Elba Esther Gordillo”, publicado por editorial Grijalbo en 2008 en coautoría con Arturo Cano.

Ahora el vínculo luce más obvio: el expediente del juicio ejecutivo mercantil 546/2013 muestra que la dirección fiscal de Comercializadora GC es precisamente la planta baja de Reforma 295, el inmueble propiedad de Inmobiliaria Galilei.

Así consta también en el registro de esta compañía ante el Servicio de Administración Tributaria, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y en Compranet.

Lotería de deudas

El círculo que une los departamentos de Reforma 222 con la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pasa también por otro edificio ubicado en la misma avenida: la sede de la Lotería Nacional.

Allí despachó desde el 1º de diciembre de 2006 al 30 de enero de 2009 Francisco Yáñez Herrera, exsecretario particular de Elba Esther Gordillo.

Los cinco años previos a ser nombrado en ese cargo había fungido como vocal propietario del SNTE ante el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Yáñez es dueño del yate Bayliner valuado en 82 mil dólares estacionado afuera de una de las casas de la familia Gordillo en San Diego, California.

Al registrar el yate ante el condominio de Coronado Cays, Yáñez dijo vivir en el número 23 de Green Turtle, la misma casa registrada como propiedad desde 1991 de la madre de Gordillo, fallecida en 2009 (Reporte Indigo, 4 de marzo de 2013).

Un año antes de que Yáñez dejara la Lotería Nacional, el 22 de febrero de 2008, el abogado Rodríguez Millán expidió a nombre de Comercializadora GC cinco pagarés a favor del funcionario, para cobrarse el 22 de agosto de 2010, fecha que coincide con el primer aviso preventivo de la creación del fideicomiso que ahora administra los departamentos de Reforma 222. 

A pesar de que Yáñez debía esperar más de dos años para utilizar el dinero, el documento no causó ningún gravamen a la compañía, ya tendría intereses de cero por ciento.

Tres meses antes de que se venciera la posibilidad de su cobro, el 11 junio, el propio Yáñez endosó tres de los pagarés que sumaban un monto de 6.5 millones de pesos a nombre de Alexis Orta Salgado.

El abogado que representa a Salgado, Carlos Odriozola, asegura que el endoso fue para “pagar un servicio” y que es legal porque los pagarés “son títulos de crédito que pueden circular”.

Cuando intentó cobrarlos y no pudo, Salgado contrató al Bufete Capital para iniciar un juicio ejecutivo mercantil para conseguir el pago vía legal ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Hasta el 6 de agosto del año pasado, cuando llevaron la notificación del juicio a la dirección fiscal de Comercializadora GC, aún respondían a nombre de la empresa en la planta baja de Reforma 295.

Diez días más tarde la compañía contestó, por medio de su abogado, Miguel Valdez Villanueva, que “en ningún momento se ha negado a realizar dicho pago”, pero que el endoso que había realizado Yáñez carecía de validez.

Sus argumentos fueron que la empresa no había sido requerida del pago, que ya había vencido el tiempo para reclamarlo y que había diferencias en la firma de Yáñez.

“Quisieron engañar al juez diciendo que los pagarés habían vencido en 2011, pero la ley dice que se pueden cobrar por juicio ejecutivo mercantil hasta el 23 de agosto de 2013, un día después de que se cumplieron los tres años de su fecha de pago”, explica el abogado Odriozola.

Como prueba de que la firma era falsa presentaron una solicitud para que Mercedes Morales Guillén realizara un estudio como perito en análisis grafológico y de documentos. Ella no es perito sino enfermera. 

El 12 de diciembre se dictó sentencia definitiva en contra de GC. El juez Odilón Centeno Rendón consideró “procedente” que la empresa pagara 6.5 millones de pesos, además de seis por ciento de intereses anuales desde agosto de 2010.

El Bufete Capital ganó el caso también en segunda instancia. Pero la empresa ahora no ha podido ser localizada. 

El encargado de la seguridad del edificio de Reforma 295, Josué Domínguez, dijo a Reporte Indigo que “hace meses que GC no está aquí, tengo ahí otras dos empresas pero no tienen nada que ver con ellos”.

El siguiente paso, en el que ya trabaja el despacho de Odriozola, es declarar a la compañía en concurso mercantil.


“Estamos tratando de que nuestro interventor con cargo a la caja tome parte de la administración de la sociedad. Ha sido infructuoso. A nuestro concepto se están escondiendo”, relata.

Con estos antecedentes van a presentar el concurso, lo cual haría que intervengan en el caso las autoridades federales, se conozcan todos los activos que tiene la empresa, todos sus acreedores y operaciones. 


La información incluiría cuánto ha ganado GC por medio del fideicomiso de Interacciones por la renta de los departamentos en Reforma 222 y quiénes son sus socios.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.

Paro de 48 horas en la UNAM en apoyo a estudiantes desaparecidos

MÉXICO, D.F. (apro).- Un total de 15 escuelas y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), convocaron a un paro de 48 horas a partir de este martes 14 para sumarse a la exigencia de que sean presentados con vida los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos el pasado 27 de septiembre.

Además del paro de labores en al menos 11 facultades y cuatro escuelas de nivel medio superior, normalistas sobrevivientes al ataque perpetrado por policías municipales de Iguala visitarán Ciudad Universitaria el próximo miércoles 15.

Dichas actividades forman parte del plan de acciones de vinculación que la UNAM lleva a cabo con otras universidades.

A través de un comunicado los estudiantes indicaron que el jueves 16 se concentrarán frente a la PGR, a las 16:00 horas, para exigir una investigación justa y castigo a los responsables.

También informaron que realizarán una movilización nocturna el 22 de octubre del Ángel de la Independencia al Zócalo y señalaron que prevén continuar la movilización para conseguir un segundo paro de 48 horas en las escuelas para el miércoles 22 y jueves 23 de octubre.

Las escuelas y facultades cuya participación está confirmada hasta hoy son:

CCH Azcapotzalco, CCH Sur, ENP 2, ENP 3, Escuela Nacional de Trabajo Social, Facultad de Arquitectura, Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Economía, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ingeniería, Facultad de Psicología, Facultad de Química, FES Aragón y  FES Zaragoza.

La unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) también se unirá al paro de actividades académicas de 48 horas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Estalla ira de normalistas: queman oficinas de gobierno y exhiben vacío de autoridad en Guerrero

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El coraje acumulado de estudiantes, padres de familia y organizaciones sociales, debido a la indolencia gubernamental frente a la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y la masacre de Iguala, estalló esta tarde contra la sede del Ejecutivo estatal y del ayuntamiento capitalino.

Normalistas y miembros del magisterio disidente protagonizaron este día una jornada de intensas protestas en la capital de la entidad como medida de presión para que autoridades federales y estatales agilicen los trabajos de búsqueda de los desaparecidos y se castigue a los responsables de la masacre de Iguala, ocurrida el 26 y 27 de septiembre.

Por ello, los manifestantes destrozaron e incendiaron dos edificios oficiales: la sede del gobierno estatal y el ayuntamiento de Chilpancingo, y exhibieron la ausencia plena de autoridad que prevalece en la entidad.

La ira de los manifestantes se desató luego de que policías antimotines amagaron con desalojar a un grupo de normalistas de Ayotzinapa que, desde las 11:00 horas, tomaron el edificio del gobierno estatal, ubicado al sur de esta capital.

Durante casi cinco horas permanecieron retenidos más de 3 mil burócratas y funcionarios del primer círculo del gobernador Ángel Aguirre Rivero, entre ellos su secretario de Finanzas, Jorge Salgado Leyva, y el de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez.

Cerca de las 14:00 horas, por intervención de Verapaz, organización defensora de derechos humanos, los normalistas sólo permitieron que salieran mujeres, adultos mayores y personas con alguna discapacidad.

Dos horas después, aproximadamente a las cuatro de la tarde, la administración de Aguirre reaccionó y desplegó un operativo policiaco por aire y tierra, situación que alertó a los normalistas por el arribo de antimotines sobre el carril norte-sur del encauzamiento del río Huacapa.

La movilización policiaca provocó que los normalistas retiraran las guardias que mantenían en el perímetro del edificio gubernamental, para dirigirse después al punto donde se aceraban los uniformados y proceder a enfrentarlos con piedras, palos y bombas molotov.

El repliegue de los jóvenes fue aprovechado por las autoridades estatales, quienes abrieron uno de los accesos laterales; luego de ello, los burócratas que permanecían retenidos, todos varones, salieron en estampida y sirvieron de “escudo humano” a Jorge Salgado y Leonardo Vázquez, quienes escaparon a bordo de camionetas blindadas y resguardados por escoltas armados.

Un reducido grupo de normalistas se percató de la huida de los funcionarios y arremetieron a pedradas contra los burócratas que protegieron en todo momento el escape de los secretarios del gabinete aguirrista, entre ellos el secretario de Finanzas, personaje considerado como brazo derecho del mandatario estatal.

El grueso de los normalistas se encontraba frente al grupo de policías antimotines, que en ningún momento trataron de desalojar a los manifestantes y simplemente se mantuvieron a una distancia aproximada de 500 metros del inmueble.

Los normalistas, al percatarse que se trató de una acción disuasiva para permitir que salieran los funcionarios de las oficinas cercadas, incendiaron una camioneta repartidora de la empresa Bimbo para proteger el repliegue hacia el edificio.

En ese momento se incorporó a la protesta un grupo de miembros de la CETEG, quienes se encontraban en la caseta de peaje de la autopista Del Sol, ubicada en el poblado de Palo Blanco, luego de que en la mañana habían irrumpido con violencia en la sede del Congreso local, donde se celebraba una ceremonia para otorgar un reconocimiento a la exdiputada y exsenadora priista Guadalupe Gómez Bermeo.

Reforzado el grupo de normalistas, los estudiantes y docentes de la CETEG arremetieron contra el inmueble, ya desalojado, provocando destrozos en vidrios de la fachada y al interior de oficinas.

Asimismo, prendieron fuego a una parte de la estructura de la sede del Ejecutivo, siete secciones interconectadas que son clasificadas como las regiones que conforman la entidad.

Después de destrozar este inmueble, los normalistas y miembros del magisterio disidente abordaron autobuses y se enfilaron al centro de esta ciudad, donde también arremetieron el ayuntamiento de Chilpancingo e incendiaron la parte del Registro Público y otras áreas.

Los destrozos fueron de todo tipo y hasta el momento no han sido cuantificados, informó posteriormente el secretario de Finanzas en un escenario montado en la explanada de la sede del Ejecutivo destrozada, donde se enfocó en hacer un recuento general de daños.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, dijo que a pesar de las acciones de los normalistas, la administración de Aguirre seguirá manteniendo el diálogo con los estudiantes y padres de familia.

También dijo que el gobierno estatal mantendrá las labores de búsqueda de los 43 normalistas que siguen desparecidos.

No obstante, calificó las acciones como una muestra de “intolerancia y desenfreno” de los normalistas, y anunció que la ciudad de Chilpancingo será resguardada por policías con equipo antimotín para evitar que se repitan acciones violentas.


En tanto, el secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez, consideró que el operativo de disuasión para evacuar el edificio fue la causa que desató la ira de los normalistas, quienes exigen la presentación con vida de sus compañeros y castigo para los responsables de la masacre de Iguala.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

México, patria rota

MÉXICO, D.F. (apro).- Implicados en el horror que ha conmocionado al mundo, en la peor represión del Estado desde 1968, los normalistas de Ayotzinapa, los policías de Iguala y los sicarios que desaparecieron a 43 estudiantes, que aún no se sabe si murieron, tienen un distintivo común: Son pobres.

También de extracción humilde eran los 22 muchachos identificados como pistoleros que fueron fusilados en Tlatlaya, Estado de México, la misma condición económica y social de sus presuntos victimarios: Soldados del Ejército Mexicano.

Del mismo perfil socioeconómico eran los 45 indígenas de Acteal, Chiapas, asesinados el 22 de diciembre de 1997, el mismo de sus ejecutores sometidos a proceso. Pobres eran los 17 campesinos abatidos en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, en 1995, por policías estatales, miserables también.

Evoco estas masacres no para simplificar ni asociar la barbarie a la pobreza, sino para subrayar un fenómeno social y su contraparte que a menudo se olvida u omite: La acumulación de la riqueza nacional en una élite mezquina que nada quiere que cambie.

Y si México sigue en la misma ruta de decadencia y degradación, sin una reacción contundente por parte de la sociedad, la única certeza es la prolongación del baño de sangre que alcanzará hasta a los que se creen intocables.

México está abierto en canal para el que quiera asomarse: De un lado, la inmensa mayoría, millones atormentados por la pobreza, y del otro los pocos, la élite, que controla el destino del país y que sólo sabe del sufrimiento cuando le toca, pero que pronto olvida.

Los números son elocuentes: Hay oficialmente 54 millones de mexicanos pobres y 11 millones en miseria extrema. Al menos 6.7 millones viven con un salario mínimo –mil 615 pesos al mes–, nada menos que 15% de la población ocupada del país.

En contraste, los multimillonarios siguen creciendo: De 22 que había el año pasado subieron a 27 en 2014 los que poseen más de mil millones de dólares, con activos que suman 169 mil millones dólares, según el censo de Wealth and UBS Billionaire 2014 (Riqueza y Billonarios 2014).

Emblema de este modelo que fabrica pobres y magnates es Germán Larrea, de Grupo México: Favorecido por Carlos Salinas, socio de Televisa y patrón de Vicente Fox y Felipe Calderón, su fortuna pasó de mil millones de dólares en 2001 a 16 mil millones de dólares en 2011. Es una fortuna criminal.

Ahí está, a la vista, la pus: Las complicidades al más alto nivel entre criminales y políticos, sin distinción de partidos; entre jueces y magnates; entre mafiosos y autoridades para que el dinero sucio fluya en los circuitos financieros formales.

El Estado es ya un megacártel, una estructura mafiosa con fachada de democracia que se va desvaneciendo aceleradamente. Y la única certeza que hay –quién lo duda– es que la violencia va a seguir desbordándose, con el costo mayor para los pobres.

Si no se quiere entender que la miseria y la inequidad social son el fermento para la violencia y no se procede para contrarrestarlo, lo único seguro es que seguirá desbordada la violencia y las matazones serán, como se ha visto, cada vez más cruentas.

Eso enseñan todas las masacres recientes: Los “ayotzinapos”, como se llama con desdén a los estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, sólo tienen esta opción para salir del infierno de la miseria. La otra es el crimen, como los jóvenes fusilados en Tlatlaya, justamente en la misma región de Tierra Caliente.

El trabajo periodístico de Jesusa Cervantes, en Proceso de esta semana, acredita, con el testimonio de los familiares, que muchos de los jóvenes abatidos por soldados habían sido forzados a integrarse a la organización criminal.

“Eran buenos muchachos, la ‘maña’ los levantó”, tituló la revista el reportaje de Jesusa, quien platicó con las viudas y otros familiares de los jóvenes asesinados la madrugada del 30 de junio en una bodega de Tlatlaya: Eran mexiquenses y guerrerenses dedicados al campo o eran empleados de comercios.

Los señalados por fusilar a estos jóvenes, soldados del 102 Batallón de Infantería, son también de condición modesta, como todo el personal de tropa del Ejército: La mayoría expulsados del campo por la miseria, carentes de educación, se vuelven soldados para no morirse de hambre y ascender, como máximo, a sargento.

Su condición vulnerable hace que sea la tropa y no los oficiales, los que imparten las órdenes, los que sean juzgados: Salvo un teniente, acusado de encubrimiento, todos los soldados procesados son de tropa.

Con los policías ocurre lo mismo y así lo documenta Marcela Turati, también en Proceso, sobre los de Iguala, acusados de entregar a los 43 estudiantes a los sicarios de Guerreros Unidos.

Una estampa muestra la condición de los policías: Una anciana que fiaba a los policías, le mostró a la reportera una libreta llena de tachaduras donde anota las deudas de sus clientes que no han vuelto para pagar: 22 están en la cárcel y casi 300 fueron llevados a una reeducación en Tlaxcala.

“Si fueran extorsionados tuvieran para comer –le dice–. Cuando la gente anda ‘en cosas’ se sube inmediatamente, pero mire sus deudas: Este no tenía para cigarros, este para galletas, estos pedían fiados almuerzos”, dice la mujer mientras prepara un queso en salsa.

Los sicarios tampoco suelen ser como los operadores financieros de los capos –ejemplo reciente es Germán Goyaneche, militante del Partido Verde y amigo de priistas como el alcalde de San Miguel de Allende–, sino salidos de las zonas de miseria rurales y urbanas, enganchados por el dinero que jamás obtendrán por su condición de atraso educativo.

El Estado está podrido, el país está enfermo, la nación fragmentada, la patria rota…

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO