IGUALA, Gro. (apro).- El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) informó que aún no tiene sus propios resultados para descartar que los 28 cuerpos encontrados en las primeras cinco fosas de Iguala no corresponden a los estudiantes normalistas.
“Nosotros respetamos lo que ha dicho el procurador (Jesús Murillo Karam), pero no tenemos nuestros propios resultados y vamos a seguir trabajando hasta que tengamos los nuestros y podamos seguir con el peritaje independiente y podamos cumplir con las familias”, informó un portavoz de la organización internacional que trabaja en las identificaciones de restos por invitación de las familias de los jóvenes desaparecidos, los normalistas y las organizaciones de derechos humanos que los acompañan.
El experto señaló que, “posiblemente dentro de tres semanas”, puedan dar sus resultados.
Esta información se da luego de que el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, anunció en conferencia de prensa que los 28 cuerpos exhumados de las primeras cinco fosas encontradas una semana después de los hechos ocurridos en Iguala no pertenecen a ninguno de los 43 normalistas desaparecidos.
“En las primeras fosas encontradas (…) les puedo decir que no corresponden a los ADN de los familiares de estos jóvenes”, apuntó, e indicó que en el segundo grupo no se hallaron cuerpos, y en el tercero –descubierto gracias a la búsqueda de policías comunitarias– apenas iniciaron los trabajos de excavación.
En tanto, el portavoz de la organización mencionó que el equipo de 11 expertos de distintos países (compuesto por antropólogos, arqueólogos, médicos forenses, criminalistas y balísticos) mencionó que todavía no se procesan los restos tomados a los cuerpos.
“Hemos tomado muestras a las familias, estamos todavía en análisis de los restos y el laboratorio con el que trabajamos ese es el tiempo que tiene”, señaló en entrevista telefónica.
El laboratorio que el equipo utiliza está en Virginia, Estados Unidos.
“Somos peritos independientes y las familias están informadas de que ese es el tiempo que tenemos para dar resultados. Eso lo hemos hablado con ellos. Nosotros no vamos a abandonar todo y no nos iremos sin concretar”, dijo.
El portavoz no es identificado por cuestión de seguridad, ya que el equipo está trabajando en Guerrero, pero a nombre del grupo informó que únicamente tuvieron acceso a las muestras de los 28 cadáveres encontrados en las primeras cinco fosas descubiertas el sábado 4.
Cabe destacar que la Fiscalía de Guerrero había informado que eran seis fosas, pero seis días después la PGR desmintió la información y mencionó que eran cinco. Nunca explicaron la confusión.
El equipo de expertos internacionales, sin embargo, nunca tuvo acceso a los cuerpos del segundo grupo de cuatro fosas, cuyo hallazgo fue anunciado ante la prensa por Murillo Karam –antes de informar a las familias–, quien hasta detalló que los cuerpos fueron calcinados por lo que compartían el modus operandi de los 28 encontrados previamente.
Los reporteros y fotógrafos que hicieron guardia afuera del segundo grupo de fosas pudieron notar cierto nerviosismo de personal de PGR, que parecía no encontrar las fosas como las había descrito el procurador y ni siquiera podían ubicar la cuarta fosa anunciada. En esa ocasión bloquearon el acceso a los peritos de la Procuraduría estatal. Los peritos argentinos tampoco pudieron tener acceso a la zona.
El EAAF no quiso calificar las declaraciones de Murillo Karam descartando por completo que los restos analizados sean de los normalistas.
“Las noticias nos llegan medio cortadas hasta este lugar. El procurador habló únicamente de los 28 y nuestro tiempo sería ese (las tres semanas). Sabemos lo que ha dicho, pero nosotros tenemos que seguir trabajando y no queremos que las familias crean que vamos a abandonar”, ofreció.
“Las otras (fosas) las descartó el propio gobierno antes de que nosotros pudiéramos saber nada, nosotros en ésas no trabajamos”.
Consultado sobre las denuncias que hicieron Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, de que el gobierno mexicano ha obstaculizado la participación del equipo argentino, el entrevistado mencionó: “Está mejor (la relación), mucho mejor, siempre hay como cierta animosidad pero sí ha estado mejor”.
El sábado anterior, proceso.com.mx había informado que a la misma hora que el gobernador Ángel Aguirre Rivero presumía su colaboración con el EAAF, los expertos argentinos encontraron el acceso bloqueado a las fosas y eran excluidos de una reunión con el gobierno federal.
“Ha habido una serie de obstáculos para que hagan su trabajo”, informó entonces el abogado Vidulfo Rosales, de Tlachinollan, en entrevista. “No se les permitió el acceso a las fosas pese a que con el gobierno federal se acordó su entrada para poder hacer el trabajo. Al parecer no bajó bien la instrucción, no les permitieron el acceso y hoy se encuentran en el Semefo haciendo los trabajos”.
El equipo es reconocido mundialmente por su trabajo en identificación de restos humanos en países donde han ocurrido violaciones masivas a derechos humanos, como Argentina en tiempos de la dictadura, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, Perú, Bosnia, Kosovo, Croacia, Sierra Leona, Irak y, en años recientes en México, por los asesinatos de mujeres en Juárez, Chihuahua, y en las fosas de San Fernando, Tamaulipas.
Según el abogado perteneciente a este centro de derechos humanos que ha acompañado a los estudiantes y a las familias, aunque los gobiernos estatal y federal manifiestan en público su beneplácito por la inclusión del prestigiado equipo argentino en la identificación de cadáveres, en realidad impidieron a los extranjeros hacer su trabajo.
“No se les permite ingresar a hacer toma de muestras porque llegaron peritos de PGR. Hubo un problema para acreditarlas legalmente y no se los permitían porque no traían documentos originales que respaldaran su experiencia, y cuando se destrabó el punto no estaba el Ministerio Público que tenía que hacer los trámites para que pudieran trabajar en la Normal (tomando muestras de ADN) y en el Semefo”, dijo.
“Fueron dos días de martirio y complicaciones, y hasta el tercer día se normalizó” la situación, explicó.
Por esas primeras horas perdidas llegaron a las primeras cinco fosas –de las que se rescataron 28 cuerpos– cuando las exhumaciones ya estaban terminando. “No tuvieron oportunidad de participar en eso”.
“El obstáculo más reciente es que no se les permitió el ingreso a las cuatro fosas nuevas”, dijo al salir de una reunión con padres de familia.
El viernes 10 Amnistía denunció a través de un comunicado que la búsqueda era “caótica y hostil” y que los “peritos internacionales reconocidos por los familiares de los desaparecidos” no habían podido acceder a las fosas para realizar su trabajo.
Según la información recabada por AI, el trabajo realizado por agentes del Ministerio Público estatal sobre las exhumaciones de los restos hallados en las seis fosas descubiertas anteriormente presentaría deficiencias, lo cual dificultará las pruebas de identificación.
“Es esencial que los peritos internacionales tengan acceso inmediato e irrestricto a todas las investigaciones forenses que se están llevando a cabo”, indicaba el comunicado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.
MÉXICO, D.F. (apro).- Miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) localizaron otras cuatro fosas en el Cerro La Parota, a cinco kilómetros del municipio de Iguala.
El hallazgo, en el que participaron familiares de los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, fue reportado a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con integrantes de la UPOEG, las fosas se localizaron la tarde de ayer, gracias a información proporcionada por pobladores de Iguala, quienes dijeron que habían escuchado gritos y llamadas de auxilio en esa área.
No obstante, señalaron que aún se desconoce el número de cadáveres que se encuentran en las tumbas clandestinas.
Horas después de conocerse la información, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, anunció en conferencia de prensa que los 28 cuerpos exhumados de las primeras cinco fosas encontradas una semana después de los hechos ocurridos en Iguala, no pertenecen a ninguno de los 43 normalistas desaparecidos.
“En las primeras fosas encontradas (…) les puedo decir que no corresponden a los ADN de los familiares de estos jóvenes”, apuntó, e indicó que en el segundo grupo no se hallaron cuerpos, y en el tercero apenas iniciaron los trabajos de excavación.
El procurador también informó que fueron detenidos 14 elementos de la policía municipal de Cocula, los cuales participaron en la detención de estudiantes y en su entrega a integrantes de la organización de Guerreros Unidos. Y aclaró que el alcalde de Cocula, el priista César Peñaloza, no se encuentra detenido.
En breve, subrayó, los 14 agentes municipales serán consignados por el delito de secuestro.
Según Murillo Karam, ya han sido detenidos la mayoría de quienes privaron de la libertad a los 43 estudiantes. El reto es encontrar a los autores intelectuales de “este hecho que nos lastima a todos”, dijo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Que no les sorprenda que el pueblo haga justicia por propia mano, advierte el grupo guerrillero.
El grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR) emitió un nuevo comunicado relacionado con los ataques contra normalistas de Ayotzinapa ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre, en el que rechaza el “perdón” y la consulta ciudadana para la renuncia del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, anunciada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
De acuerdo con el posicionamiento del EPR, los hechos ocurridos hace varios días en el municipio de Iguala no fueron una “confusión” sino un “crimen de Estado”, que requiere respuestas y no discursos políticos.
Y es que la semana pasada el presidente del partido del sol azteca, Carlos Navarrete, pidió “perdón” por los hechos ocurridos en los que se presume que está involucrado el presidente municipal de Iguala de extracción perredista, José Luis Abarca, y anunció la idea de realizaron una consulta de revocación de mandato de Aguirre Rivero.
“Los crímenes de Estado no se resuelven con un simple ‘perdón’, ni mucho menos con ‘consultas ciudadanas’ para decidir si renuncia o se queda el gobernador Ángel Aguirre Rivero, eso no es más que demagogia pura y retórica barata, un manotazo de desesperación ante la creciente ira y protesta popular” señala el grupo guerrillero.
El EPR abundó en que la mera renuncia del gobernador resulta insuficiente ante los hechos de violencia en Guerrero y dijo que es urgente la aplicación de protocolos internacionales para la investigación de hechos que consideró como “homicidios de lesa humanidad” y donde el estado es responsable.
Subrayó que es “equivocada” la tesis de que la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y el homicidio de otros se debiera a una “confusión” del crimen organizado.
“Los estudiantes normalistas de todo el país y particularmente los de Ayotzinapa Guerrero no son ni podrían ser delincuentes, ni confundirse con miembros del crimen organizado, sus tradicionales formas de protesta son inconfundibles por propios y extraños, en Iguala todos sabían que eran estudiantes los que se trasladaban en los autobuses” indica el EPR.
En ese contexto, el grupo guerrillero recordó que otros hechos como el homicidio de dos estudiantes normalistas en diciembre del 2011 sigue impune, al igual que otros hechos de violencia de alto impacto como la masacre de Aguas Blancas.
El EPR añade su posicionamiento fechado en Guerrero, reiteró su “exigencia categórica de presentación con vida de los 43 normalistas” y de otras personas desaparecidas.
“lzamos nuestra voz para decirle al Estado burgués mexicano, sus personeros y apologistas que no les sorprenda cuando el pueblo se haga justicia por cuenta propia, dado que se le viene orillando a ello desde hace décadas” sentencia el EPR.
FUENTE: 24 HORAS.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
Se requiere una revolución pacífica de honestidad, indica el político tabasqueño. Al participar en un foro afirma que el gobierno nos regresa al pasado para quitarnos el futuro.
Nueva York, 14 octubre. El régimen mexicano está podrido y para rescatar al país de las consecuencias de 30 años de neoliberalismo –muy parecido al porfiriato– la revolución pacífica que se requiere es la de la honestidad, resumió Andrés Manuel López Obrador en la Universidad Columbia, en Nueva York.
En un foro patrocinado por el Centro de Estudios Mexicanos, López Obrador subrayó que nada ha dañado más a México que la corrupción política; a eso se debe la monstruosa desigualdad social y económica, la pobreza y la violencia que nos agobia.
Esa corrupción, señaló, es integral a la aplicación del neoliberalismo que está despojando las riquezas del pueblo y de la nación para beneficio sólo de unos cuantos. La deshonestidad en el actual periodo neoliberal no tiene precedente, argumentó, agregando que “se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación”.
Acusó: La corrupción se ha convertido en la principal función del Estado (...) un pequeño grupo ha conquistado todos los poderes y mantiene secuestradas las instituciones públicas para sus propios intereses, lo cual ha llevado al “saqueo más grande en la historia del país.
“En México no hay democracia… es una dictadura simulada”, una que gira en torno a la misma mentira que durante el porfiriato, donde se subastaron los recursos naturales del país, incluyendo el petróleo, las tierras de cultivo, y se vendieron los ferrocarriles y más a las empresas extranjeras, afirmó. “El llamado neoliberalismo es neoporfirismo… Nos regresan al pasado para quitarnos el futuro”.
Presentado por John Coats-worth, vicerrector de la Universidad Columbia e historiador especializado en México, y por el director del Centro de Estudios Mexicanos, Claudio Lomnitz (también colaborador de este diario), López Obrador rompió, en este foro, la imagen tan cuidadosa y efectivamente proyectada en este país por la cúpula política y empresarial mexicana y estadunidense, ofreciendo una crítica del llamado nuevo paradigma al indicar que sólo es más de lo mismo.
Afirmó que Enrique Peña Nieto es la continuación del proyecto neoliberal implementado desde hace tres décadas en el país. La mafia del poder lo impuso, afirmó, y acusó que Peña Nieto es sólo otro subordinado de la oligarquía que está cumpliendo con las prioridades de ese pequeño grupo al impulsar las llamadas reformas estructurales con un alto costo a la soberanía.
La reforma del sector energético, sostuvo, es el robo más grande de la historia y lo calificó de traición a la patria, al buscar repartir a las grandes petroleras extranjeras la riqueza del pueblo y la nación. Afirmó que por ello el Movimiento Regeración Nacional (Morena) está promoviendo un referendo en las próximas elecciones intermedias para obligar a que el pueblo sea consultado sobre esta reforma.
Despojo minero
Como ejemplo del despojo acelerado, señaló que en cinco años las mineras extranjeras se han llevado más oro y plata de México que los españoles durante 300 años de la Colonia.
Afirmó que el régimen es sostenido por dos cosas: los grandes medios y la compra del voto, y que sin eso se desplomarían, agregó que el actual presidente es un fenómeno escenográfico.
Indicó, con una sonrisa, que mientras aquí en Nueva York premian a Peña Nieto con algo llamado estadista mundial o algo así, en México está reprobado en la opinión pública. De hecho, esta percepción se está ampliando a casi todos los gobernadores e indica un cambio político potencial en México.
Expresó la consternación ante los sucesos en Iguala, indicó que esto no es un incidente aislado y que ya llevamos mucho tiempo de luto en México. Argumentó que la violencia es resultado del sistema actual y que, por ahora, la estrategia del gobierno ha empeorado la situación, pues busca “enfrentar la violencia con la violencia… Emplear el fuego contra el fuego”. Subrayó que primero se tiene que entender que la paz es fruto de la justicia.
Por eso, mientras no haya un cambio de fondo, México se continuará hundiendo. Concluyó que se “tiene que derrocar el régimen del PRIAN… pero sin violencia”. Ese cambio necesario, explico, proviene de un retorno a los principios de Francisco I. Madero: la honestidad y la justicia.
En un diálogo en la sala de conferencias de la Escuela de Asuntos Internacionales repleta de estudiantes (muchos de ellos mexicanos), académicos reconocidos de esta y otras instituciones de educación superior, entre ellos Soledad Loaeza; analistas y activistas comunitarios, López Obrador subrayó que el mejor antídoto a la corrupción es mantener los principios e ideales, y recordó que en el esfuerzo de Morena no es fácil crear un partido en un ambiente antidemocrático.
Declaró que México tiene una gran reserva de valores, que se encuentra en sus pueblos, sobre todo los indígenas. “La corrupción es algo que viene de arriba… Eso se limpia como se limpian las escaleras, de arriba para abajo”.
Recordó que esta lucha pacífica para una transformación a fondo es constante y que ante los fraudes, el control mediático y la compra del voto –algo que duele, parte el alma– la mejor manera de enfrentarlo es luchando todo los días. Advirtió contra la depresión de algunos, incluso muchos intelectuales, que se cansan o creen que ya no hay más que se puede hacer, y que ante preguntas de si podemos llegar, o que cuánto tiempo más, la respuesta es: sigue caminando, sigue caminando.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: David Brooks
CANCÚN, Q. Roo (apro).- Las autoridades de este municipio otorgaron a dos familiares del secretario del ayuntamiento de Solidaridad (Playa del Carmen) el permiso para explotar frentes de playa en ese destino turístico de la Riviera Maya, pese a que la Ley Federal de Bienes Nacionales prohíbe el otorgamiento de concesiones a funcionarios y sus parientes.
La dirección municipal de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), a cargo de Roberto Pérez Briceño, extendió constancias de “Congruencia de uso de suelo” a ocho predios localizados frente a Playacar, a favor de Federico Alberto García Camors, casado con Ana Laura Pereyra Escudero, y María Antonieta Godoy, pareja de Jorge Pereyra Escudero, según consta en documentos en poder de Apro.
De acuerdo con las constancias, los terrenos se encuentran dentro de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 10 “con política de conservación con vocación de uso de suelo turística”.
Prosigue el documento:
“Dentro del Programa Maestro de Control y Aprovechamiento de la Zofemat se encuentra inserto el polígono requerido por el que promueve y se le identifica en la Unidad Administrativa para el Control y Aprovechamiento de la Zofemat (UACAZ) no. 13 con política de conservación y uso predominante: Residencial Turístico con Uso Condicionado: Turismo Convencional”.
Las constancias fueron expedidas el 18 de agosto pasado, con copia al presidente municipal José Mauricio Góngora Escalante y el tesorero Gabriel Castro Cárdenas.
La Constancia de Congruencia de Uso de Suelo es requisito indispensable y paso previo para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dé luz verde a la concesión.
Con números de oficio 1579, 1580, 1581 y 1582, Roberto Pérez Briceño entregó constancias de Congruencia de Uso Suelo para cuatro predios a María Antonieta Godoy Lugo, con medidas 196.30, 218.08, 254.75 y 251.01 metros cuadrados, respectivamente.
Y con los números de oficio 1583, 1584, 1585 y 1586, Federico Alberto García Camors recibió las constancias para otros cuatro predios cuyas medida son: 213.68, 212.36, 217.45 y 230.96 metros cuadrados.
Pérez Briceño otorgó el aval a los cuñados del segundo al mando del ayuntamiento de Solidaridad, pese a que la Ley Federal de Bienes Nacionales prohíbe la entrega de concesiones de Zofemat a funcionarios y sus familiares.
En su artículo 72, dicha ley establece las condiciones en las que podrán otorgarse a los particulares derechos de uso o aprovechamiento sobre los inmuebles federales, mediante concesión.
“No podrán otorgarlas a favor de los servidores públicos que en cualquier forma intervengan en el trámite de las concesiones, ni de sus cónyuges o parientes consanguíneos y por afinidad hasta el cuarto grado o civiles, o de terceros con los que dichos servidores tengan vínculos privados o de negocios”, puntualiza.
Asimismo, advierte que “las concesiones que se otorguen en contravención a lo dispuesto en esta fracción serán causa de responsabilidades y de nulidad”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
En tanto, estudiantes normalistas de Tiripetío, Cherán y Arteaga mantienen en su poder un total de 21 autobuses del servicio público de pasajeros que se presume serán utilizados para el traslado de los jóvenes hacia Guerrero para apoyar a normalistas de Ayotzinapa.
Las protestas continúan hoy en Chilpancingo para exigir que las autoridades resuelvan y encuentren a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 de septiembre en el municipio de Iguala.
Además, en estos momentos, miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en el Estado de Guerrero (CETEG), quienes también protestan por los normalistas, mantienen tomadas tres sucursales bancarias, una tienda Oxxo y siguen con el plantón en el Zócalo de la capital guerrerense.
Este 14 de octubre, el gobierno de Guerrero suspendió las actividades laborales en las instalaciones de Palacio de Gobierno, donde peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y notarios públicos realizan una evaluación de los daños luego que ayer normalistas de Ayotzinapa incendiaron varias oficinas que se encuentran en el interior del edificio, así como las instalaciones del Ayuntamiento de Chilpancingo.
Hoy, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa tomaron las instalaciones de ABC Radio para emitir un comunicado sobre las que calificaron agresiones recibidas ayer por los trabajadores del Palacio de Gobierno, quienes señalan los agredieron a pedradas, al tiempo que exigieron la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos.
Por su parte, el secretario de Gobierno estatal, Jaime Darío Oseguera, llamó a los normalistas michoacanos a dejar de lado la disputa, el debate y la radicalización y, afirmó, que la administración estatal seguirá estableciendo los mecanismos de diálogo, acercamiento y concertación.
“Vamos a seguir hablando con los muchachos porque no queremos un Ayotzinapa en Michoacán”, puntualizó.
En entrevista, señaló que si hay denuncias por delitos que hayan cometido se perseguirán.
“Nosotros, lo que queremos, es que todos abonen a esta cultura de la legalidad, no vamos a cejar en nuestro intento por hacer política, pero no desconocemos los cauces legales de los que tienen que partir las denuncias penales que se presenten”, dijo.
En tanto, estudiantes normalistas de Tiripetío, Cherán y Arteaga, en Michoacán, mantienen en su poder un total de 21 autobuses del servicio público de pasajeros.
La retención de unidades inició el domingo pasado y se presume que serán utilizadas para el traslado de los jóvenes hacia Guerrero para apoyar a normalistas de Ayotzinapa que protestan por la desaparición de 43 de sus compañeros en la ciudad de Iguala.
En este sentido, y tras más de 24 horas de suspensión, diferentes líneas de autobuses reanudaron sus corridas hacía todo el territorio estatal.
La tarde de este lunes, normalistas de Ayotzinapa incendiaron varias oficinas que se encuentran en el interior del Palacio de Gobierno de Guerrero, así como las instalaciones del Ayuntamiento de Chilpancingo.
Luego de replegar a policías antimotines que pretendían desalojarlos, los jóvenes entraron a la explanada del Palacio y prendieron fuego en el interior del edificio Tierra Caliente.
Además, los normalistas quemaron un camión de la empresa Bimbo sobre el bulevar René Juárez Cisneros
Tras romper ventanas a pedradas y derribar macetas, los estudiantes se retiraron a bordo de más de media docena de autobuses.
En esta acción también participaron maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg).
Los alumnos de la Escuela Normal rural dijeron que a 16 días de la desaparición de sus compañeros en Iguala decidieron realizar estas protestas para ver si de esta manera las autoridades logran localizarlos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
Esto, con el fin de señalar violaciones a derechos humanos. Se trata del primer caso relacionado con libertad de expresión, que llega a esta instancia internacional.
Tras casi nueve años de haber sido detenida arbitrariamente, la periodista y activista Lydia Cacho expondrá su caso este martes, en Ginebra, Suiza, ante el secretariado del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
La organización Artículo 19 señala “la ruta de la impunidad” que vivió la periodista desde que fue detenida arbitrariamente, incomunicada y torturada, el 16 de diciembre del 2005, acusada de difamación y calumnia.
Recordó que la Policía Judicial del estado de Puebla, en contuberbio con la Procuraduría General de Justicia del estado de Quintana Roo, detuvo a la periodista en Cancún sin estar legalmente habilitada para ello.
“Durante el traslado de Quintana Roo a Puebla, la periodista estuvo incomunicada y fue torturada”, señala.
En aquel entonces, se le acusaba de difamar en su libro Los demonios del edén, al empresario de Puebla, Kamel Nacif, quien tenía nexos con una red de pederastas. Además, se hicieron públicas varias grabaciones en las que el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, ofrecía a su amigo Kamel Nacif castigar a la periodista Lydia Cacho por lo que había publicado.
VÍDEO:
Documentos relacionados al caso:
Resumen LCR.docx by Aristegui Noticias:
Comunicado LCR.docx by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La población de migrantes está a disposición del Estado, de ahí que las responsabilidades son claras y contundentes en términos de debido proceso, señalo Mario Patrón.
En la detención y encarcelamiento de migrantes en nuestro país hay una responsabilidad del Estado mexicano, hay obligaciones internacionales que se tienen que cumplir y que no se están cumpliendo, señalaron Denise González Núñez y Mario Patrón, ambos del Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
En entrevista para Aristegui CNN hablaron del informe “Migrantes en prisión, la incriminación de migrantes en México otro destino trágico”.
Denise comentó que dicho informe lo que trata de visibilizar es que además de los migrantes secuestrados, ejecutados, desaparecidos, hay migrantes que están en la cárcel acusados de una gran cantidad de delitos y que no se ha analizado este fenómeno de la migración, de migrantes que están detenidos y que nadie sabe; un caso es el de Ángel que el centro Pro ha venido acompañando y a partir de ese caso el centro se pregunta cuántas otras personas están en la misma situación que él.
A la luz del caso de Ángel, el riesgo sería que hay muchas personas que están en igual situación que él, en lugar de estar auténticamente investigando delitos con estándares científicos de calidad están simulando deteniendo a migrantes y acusándolos de delitos y fabricándoles pruebas, aseveró.
Contó que Ángel salió de Honduras en enero de 2009, porque la situación económica de su familia había venido a menos; uno de sus dos hijos había sido diagnosticado de cáncer y entonces en una situación de desesperación sale de su país, cruza Guatemala, cruza territorio mexicano indocumentado… Y es acusado de delincuencia organizada, de delitos contra la salud y otros delitos que no cometió, estuvo en dos períodos de arraigo y posteriormente consignado a las autoridades judiciales por los delitos que mencioné y desde mayo del 2009 está en encarcelado en Tepic.
Migrantes son detenidos, encarcelados, acusados de robo, homicidios, de delitos que nosotros pudimos constatar a través de esta investigación, son los delitos que más se les acusa y también se ha documentado que los migrantes muchas veces son sentenciados porque ellos renuncian a ofrecer pruebas, a demostrar su inocencia porque prefieren cumplir la pena y salir lo antes posible de cárcel, entonces esta realidad es terrible y las casas de los migrantes lo han podido documentar y alimentan estos hallazgos que son alarmantes.
Por su parte Mario Patrón dijo que han documentado más de 1200 migrantes en prisión (1219);decimos que hemos documentado porque hay que cuestionar la información de acceso público, vimos contradicciones de la información que nos dio el Instituto Nacional de Migración en función del órgano desconcentrado federal, por eso decimos que son aproximadamente 1219 porque no podemos afirmarlo categóricamente, debido a que la información pública no es contundente y no es seria en términos de sistematicidad.
De los mil 219 casos que tenemos documentados el 40 por ciento son de personas que todavía están en prisión preventaiva, que no tienen una condena, precisó.
Sobre el caso de Ángel comentó que se enmarca en esta política de seguridad, quienes son más vulnerables y quienes son más criminalizables los de por sí ya ilegales, los indocumentados, por eso es que el caso de Ángel condensa toda una cadena de violaciones. Estuvo vinculado con su carácter afrodescendiente, arraigado, todos los tratos crueles vinculados a que era negro, a que lo ponían como un payaso a hacer actuaciones, a lavar las botas del personal militar con su saliva, agregó.
Estamos hablando de una población de migrantes que está a disposición del Estado y ahí las responsabilidades son claras y contundentes en términos de debido proceso, acceso a la justicia y si hay una responsabilidad del Estado mexicano pero también de los países de origen, el derecho de asistencia consultar es de doble vía, tanto México no lo tutela como los países de origen no lo reivindican y no lo exigen, subrayó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La Fiscalía de estado justificó los hechos del domingo como una confusión, tras escuchar “un ruido similar al de una detonación”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una investigación de oficio por la agresión a 10 estudiantes por parte de agentes de la Policía Ministerial de Guerrero, en Chilpancingo, mientras circulaban el domingo por la Autopista del Sol.
En un comunicado, la CNDH explicó que según información publicada en los medios de comunicación, este fin de semana 10 estudiantes (dos alemanes, dos franceses y seis mexicanos) circulaban a bordo de una camioneta, procedentes de Acapulco, cuando una patrulla de la Policía Ministerial les marcó el alto.
Por temor a un atentado contra su integridad física, los estudiantes ignoraron los señalamientos de los policías, lo que dio paso a una persecución en la que los uniformados dispararon sus armas contra el vehículo, creyendo que era de un grupo de delincuentes, detalló.
Aseveró que uno de los estudiantes de nacionalidad alemana recibió un balazo en el glúteo, que le provocó una fuerte hemorragia y los obligó a detenerse en una gasolinera ubicada al norte de Chilpancingo.
“Ahí, los elementos del Grupo Táctico Antisecuestro los encañonaron y sometieron; después de corroborar que no eran delincuentes fueron auxiliados por los propios policías y el lesionado llevado a un hospital en la ciudad de México”, abundó la CNDH.
Ante esto y por instrucciones del presidente del organismo, Raúl Plascencia Villanueva, se envió un grupo de visitadores adjuntos al lugar de los hechos, a fin de investigar lo ocurrido, así como las presuntas violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, personal de la CNDH acudió al hospital al que fue trasladado el estudiante, para certificar las condiciones físicas en que se encuentra y a entrevistar a sus familiares y brindarles la atención y orientación que requieran.
Especificó que también solicitó información a autoridades estatales y municipales, a fin de recabar mayores elementos de prueba y una vez agotada la investigación emitirá la determinación que conforme a derecho corresponda.
Por otra parte, el Tecnológico de Monterrey exigió el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Chilpancingo, Guerrero.
Cabe señalar que el joven alemán herido de bala, es un estudiante de intercambio en el Tec; actualmente se encuentra estable.
“Reprobamos todo incidente que afecte la seguridad de nuestros alumnos y de cualquier persona, y demandamos el esclarecimiento de este suceso”, pidió el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en un comunicado denominado “Postura oficial”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
En MVS, el gobernador de Guerrero afirma que denunció varias veces al delegado de la PGR los vínculos del alcalde de Iguala con la delincuencia organizada.
Aunque el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, dice no estar “empecinado” con mantenerse en su cargo -e incluso desliza la posibilidad de irse (“si sirve mi salida, no tengo ningún inconveniente”)-, espeta: ”No voy a claudicar a mi responsabilidad”.
En entrevista para Noticias MVS primera emisión, a más de medio mes del ataque a normalistas en Iguala, por el que hay 43 desaparecidos, y a unas horas de que en una protesta en su contra, le incendiaran el Palacio de Gobierno, donde despacha, él sostiene que ha actuado en el límite de sus responsabilidades.
Reveló que después del ataque de policías municipales de Iguala a normalistas, el 26 de septiembre, pidió al Procurador del estado que detuviera al alcalde, José Luis Abarca, pero el fiscal estatal le dijo que primero había que retirarle el fuero. Paralelamente, el alcalde solicitó licencia a su cargo y actualmente no se encuentra localizable; es buscado pues se le señala como el principal responsable de dar la orden de detener y someter a los normalistas que llegaron a Iguala a aquel día, justo cuando su esposa -quien aspiraba a la alcaldía- rendía su informe de labores en la explanada del municipio.
“Yo di instrucciones precisas de que si había condiciones, se procediera contra el alcalde. Se lo instruí días antes de que presentara su solicitud de licencia; me dijo (el procurador) que no hay condiciones de detenerlo porque goza de fuero”, contó.
Y reconoció que “era del dominio público los posibles vínculos del alcalde con la delincuencia organizada”; este medio ya ha señalado los nexos del edil, primero con los Beltrán Leyva y, después, con su escisión, “Guerreros Unidos”.
El mandatario estatal afirmó que dichos nexos los denunció personalmente al delegado de la PGR en Guerrero, por lo que consideró que se debió abrir una investigación federal contra Abarca.
Aseveró que en la agresión contra estudiantes y otros habitantes de Iguala -entre ellos un menor de edad del equipo de futbol, Los Avispones de Chilpancingo- no participaron elementos de la policía estatal, sino que lo hizo sólo la policía municipal, que está bajo las órdenes del director de seguridad del municipio y del alcalde.
En cuanto a las nueve fosas encontradas en Iguala, aseveró que algunas de las primeras no fueron excavadas recientemente, por lo que él cree que podrían no ser los cuerpos de los estudiantes de Ayotzinapa. Ante ello, confía en que los 43 pudieran estar vivos, aunque no tiene ninguna señal de ello. Sólo la esperanza.
Fosas que no son recientes
Sobre las 9 fosas que hasta ahora se han encontrado en Iguala -primero 5 y después 4-, Aguirre dijo que “hay algunas que no son recientes”.
“Eso me lleva a pensar que algunos no son normalistas de Ayotzinapa”, mencionó.
“Algunas de esas fosas no fueron excavadas recientemente”, señaló.
“Tal vez son recientes 4 o 5, otras no lo eran”, apuntó. ”De las últimas no sabría en virtud de que eso lo ha investigado la PGR”.
Además, “he escuchado la posibilidad de encontrarlos con vida”.
Que si me voy, que se mi quedo, eso es secundario, lo fundamental es que estos jóvenes puedan regresar con vida, abundó.
“Yo he dicho que cuando se conozca el resultado de las investigación me ajustaré sea cual sea el resultado… Yo en ningún momento he detenido las acciones que me corresponden como gobernador y lo voy a hacer hasta el último momento… seguiré contribuyendo para que regrese el clima de tranquilidad, no voy a claudicar a mi responsabilidad”, sostuvo.
“Vil vandalismo”
Sobre los destrozos causados el lunes al Palacio de Gobierno, al Congreso local y al Ayuntamiento, Aguirre los consideró como actos “de vil vandalismo, no se puede entender de otra manera”.
Aseguró que desde que comenzó con su gobierno ha mantenido el diálogo y apoyo a estudiantes de Ayotzinapa; “les hemos dado todas las facilidades”.
Sin embargo, eventos como el de Iguala, o los del 11 de diciembre de 2011 –cuando la policía estatal mató a dos normalistas en un intento por desbloquear la carretera- “todo se dio al traste”.
Con los hechos del lunes, dijo, “se pretende confrontar”, es una “provocación que genere más situaciones complicadas y desestabilizadoras”.
Su estrategia
El gobernador indicó que su estrategia se base en 3 puntos:
1- Localizar a los 43 desaparecidos
2- Agilizar hasta donde nos sea posible las investigaciones para castigar a los responsables y detener al alcalde de Iguala por los hechos violentos del 26 de septiembre.
3- Que estos eventos no impacten la actividad turística en el estado.
Niega vínculos con la delincuencia
El mandatario guerrerense negó tener vínculos con la delincuencia, como se le acusa en un video que circula en internet.
“El video lo conozco, ya me deslindé, jamás en mi vida he tenido vínculo alguno con la delincuencia organizada, el propio procurador ya descalificó ese video, yo soy el más interesado de que eso se llegue a fondo”, expuso.
“Hay un señor que se llama Víctor Aguirre, jefe de grupos delictivos en Acapulco, dicen que es mi primo, no tengo ninguna relación de parentesco, por si fuera poco su padre es originario de Ometepec, donde yo nací”, agregó.
VÍDEO:
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"Sabíamos que había vínculos totalmente oscuros", dice Ángel Aguirre. Refiere reuniones con el delegado de la PGR, del Cisen y militares, a quienes comunicó lo que sabía sobre José Luis Abarca.
La PGR sabía de los posibles vínculos entre alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y la delincuencia organizada, aseguró el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.
En entrevista para Noticias MVS primera emisión, reveló que tras los hechos ocurridos el 26 de septiembre “di instrucciones precisas de que si había condiciones, se procediera contra el alcalde”. Sin embargo, como goza de fuer no pudo proceder en su contra.
No obstante, prometió: “Lo vamos a detener, ten la plena seguridad”.
Reconoció que antes de la violencia desatada a finales de septiembre en Iguala, “era del dominio público los vínculos con la delincuencia organizada”.
“El señor estaba señalado de posibles vinculos con la delincuencia organizada”, refirió.
Indicó que “fueron muchas” las reuniones con el delegado de la PGR, el delegado del Cisen, y elementos del Ejército, en las que alertó de los nexos del alcalde.
“Sabíamos que había vínculos totalmente oscuros”, agregó.
Los señalamientos los hizo por “la fortuna que había construido”, además de que acusó que estaba implicado en el asesinato del líder de la organización Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, en 2013.
“Es parte de los diagnósticos que tenemos que presentar… todos tenemos que investigarlo, si hay una situación donde se le puede vincular con delincuencia organizada hay áreas específicas… aquí hay un representante de la PGR, al delegado usted lo puede entrevistar y preguntar cuántas veces abordé el tema”, subrayó.
Además, dijo que Iguala no era el único municipio gobernado por un narcoalcalde; “he hablado de otros municipios en circunstancias más o menos similares”, aunque no dijo cuáles, pero negó que sea la mitad del estado.
Sobre los nexos del alcalde, confió: “Estoy seguro que se abrió esa investigación… tengo entendido que sí hay una averiguación previa contra el señor por delincuencia organizada”.
Insistió en que al delegado de la PGR se lo expuso “varias veces”, sin embargo “no tenía elementos probatorios de esos hechos, se hablaba de posibilidad de vínculos”.
Aguirre negó que se haya involucrado en la designación de Abarca como candidato al gobierno municipal; “yo no puedo negar que cuando acudía a Iguala me recibía la autoridad municipal”, aceptó.
El mandatario dijo que la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda, buscaba ser la próxima presidenta municipal de Iguala.
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Ante la negativa de Banobras para transparentar el contrato, se solicitó la intervención del Ifai, cuyos comisionados decidirán si ese archivo debe ser público o, por el contrario, permanecerá clasificado.
El contrato para comprar el nuevo avión presidencial por 6 mil 700 millones de pesos no puede conocerse públicamente, porque el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, lo ha clasificado como “reservado”.
En respuesta a una solicitud de acceso a la información, hecha por esta primera emisión de Noticias MVS desde julio pasado, Banobras consideró que transparentar el contenido de ese contrato violaría los secretos bancario y fiduciario, aun cuando estén de por medio recursos públicos.
Banobras fue designada, durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón, como la instancia encargada de transferir el dinero a la compañía estadounidense Boeing, para la compra del 787 Dreamliner. Sin embargo, el equipamiento estará bajo vigilancia del Estado Mayor Presidencial.
Ante la negativa de Banobras para transparentar el contrato, se solicitó la intervención del Instituto Federal de Acceso la Información y Protección de Datos, el Ifai, cuyos comisionados decidirán si ese archivo debe ser público o, por el contrario, permanecerá clasificado.
Hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sólo ha transparentado documentos sobre las condiciones técnicas, de operación y seguridad del avión, que incluyen la capacitación para los pilotos y los vuelos de prueba, como el realizado el pasado jueves 9 de octubre, cuando el avión aterrizó en la base de Santa Lucía del Ejército, en el Estado de México.
El jueves pasado, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, explicó que aún falta el equipamiento de la aeronave: “El avión se está entregando por parte de la fábrica para su equipamiento probablemente en estos días sea esa entrega pero no es que llegue para ponerse en operación, llegará a un punto para equiparse y se entregará en septiembre del año que entra ya listo para operar”.
Durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón se fijó en 7 mil 520 millones de pesos el costo total del nuevo avión, incluido el equipamiento especializado, según consta en un análisis de la Sedena al que tuvo acceso MVS el 15 de julio de 2013.
No obstante, antes de que concluyera el sexenio, el gobierno obtuvo una rebaja de 820 millones de pesos.
El entonces secretario de Hacienda, José Antonio Meade, declaró en octubre del 2012 que el nuevo avión presidencial sería adquirido conjuntamente con la empresa Aeroméxico, a fin de obtener un precio privilegiado.
Aeroméxico, por su parte, informó a sus inversionistas de la compra de 100 aeronaves nuevas, en su último reporte trimestral del año 2012, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.
De acuerdo con el propio Meade, se trató de una operación anclada. La primera emisión de Noticias MVS solicitó una explicación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre el significado ese tipo de transacción con recursos públicos y, hasta el momento, no hay una respuesta.
El precio final de 6 mil 700 millones de pesos fue incluido en el presupuesto 2015 por parte de la Secretaría de Hacienda, el cual está disponible en internet.
Por separado, Comunicaciones y Transportes informó que el costo de la aeronave, sin equipamiento para pasajeros ni de seguridad y sin intereses, tendría un costo de 1,733 millones de pesos, bajo un esquema de arrendamiento financiero.
Este último se pagará durante 15 años, es decir, se liquidará hasta el año 2027.
El nuevo avión presidencial es un Boeing 787 modelo Dreamliner. En el ámbito comercial éste tiene una capacidad para 250 personas. Pero no se sabe cuántos lugares tendrá con las modificaciones que se le realizarán.
De acuerdo con un reportaje publicado por la revista Emeequis, en agosto de 2013, el avión puede volar a una velocidad de 954 kilómetros por hora y su diseño le permite usar 20 por ciento menos combustible, comparado con cualquier otro avión de su tamaño. Mide 56 metros de largo y puede ir de México a Tokio sin escalas.
Pero la compra del nuevo avión presidencial no será la única inversión que hará el actual gobierno.
El hangar presidencial será remodelado con un gasto extra de 945 millones de pesos, según un convenio firmado el 25 de octubre del 2013, entre la SCT, la Sedena y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
En este documento, consta que el Estado Mayor Presidencial supervisará las obras; y el procedimiento de contratación quedará a cargo del propio aeropuerto del Distrito Federal.
Según las autoridades, la remodelación es necesaria porque las instalaciones están saturadas y complican el resguardo de las aeronaves.
Textualmente dice lo siguiente:
“Lo anterior se robustece considerando el tema de la seguridad nacional, que por sí sólo sería razón suficiente para realizar de manera inmediata e impostergable el rediseño y construcción del nuevo hangar presidencial, en beneficio de la integridad física y seguridad del primer mandatario y funcionarios de la administración pública federal”.
En conjunto, el nuevo avión presidencial equipado por completo y la remodelación del hangar costarán al erario 7 mil 645 millones de pesos, es decir, alrededor de 588 millones de dólares.
Esta inversión con recursos públicos alcanzaría para cubrir la mayor parte de las afectaciones ocasionadas por el huracán “Odile”, que azotó la península de Baja California el 15 de septiembre, de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Turismo.
Esta misma bolsa de dinero, equivale al presunto desfalco de la compañía petrolera Oceanografía a Banamex, estimado por las autoridades en 580 millones de dólares.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
¿Tiene Estados Unidos razones suficientes para alertar a sus compatriotas de no viajar a México? Los acontecimientos violentos más recientes en el país podrían ser la respuesta.
La página oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene una lista de alertas para sus ciudadanos.
En ellas aparece desde un posible huracán o precauciones por el ébola, hasta advertencias de viaje a otros países.
En esa lista, México es invitado frecuente.
La más reciente alerta para no viajar al país fue emitida el 10 de octubre y comparte créditos con Ucrania, Yemen, Mozambique, Afganistán, Israel y la Franja de Gaza, entre otras.
El Departamento de Estado renovó la anterior advertencia -publicada el 15 de agosto- y en esta señala que sus ciudadanos han sido víctimas de robos y secuestros en algunos estados del país.
La lista presta especial atención a Guerrero, testigo de graves episodios violentos estas últimas semanas y sugiere a los turistas estadounidenses que aplacen “los viajes no esenciales”.
Otros estados que los norteamericanos piden evitar son Tamaulipas, Michoacán, Estado de México y Morelos.
¿Tiene Estados Unidos razones suficientes para alertar a sus compatriotas?
Los acontecimientos violentos más recientes en México podrían ser la respuesta.
> Tamaulipas
Detienen al ‘Metro 103’y se desata la violencia
El fin de semana, luego de la captura de Juan Francisco Tamez Sáenz, alias “Metro 103”, presunto mando del Cártel del Golfo, Tamaulipas vivió nuevos episodios de violencia.
Tamez Sáenz, considerado uno de los 12 líderes del narco buscados en Tamaulipas por Fuerzas Federales, fue detenido el jueves Edinburg, Texas, en donde vivía hacía meses.
La madrugada del sábado un enfrentamiento entre dos grupos armados del crimen organizado en Miguel Alemán, dejó al menos cuatro muertos en pleno centro de la ciudad, según confirmó la Procuraduría de Justicia del Estado.
El gobernador no toca el tema
A pesar de las balaceras reportadas por los ciudadanos en Miguel Alemán, Reynosa y Tampico, el gobernador del Estado, Egidio Torre Cantú, no tocó el tema.
Durante el fin de semana, el mandatario recibió una felicitación por parte del presidente de la Coparmex por la presentación de la Agenda Energética de Tamaulipas y después acudió con su esposa a la inauguración de las obras de remodelación de la Casa de Arte en Ciudad Victoria.
> Michoacán
Autodefensas se reactivan, la violencia también
Diversos hechos registrados el fin de semana en cuatro municipios de Michoacán dejaron como saldo al menos 10 personas muertas.
Hace apenas dos semanas, las guardias ciudadanas de los municipios de Coalcomán, Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Lázaro Cárdenas y Tepalcatepec anunciaron la reactivación de sus actividades para exigirle al gobierno desmantelar al cártel de Los Caballeros Templarios.
El jueves 9 de octubre fueron decomisados 11 predios presuntamente propiedad de la “La Tuta”.
Entre las víctimas del fin de semana pasado se encuentra un exintegrante de los grupos de autodefensa y un exintegrante de la Fuerza Rural.
Estudiantes secuestran camiones
Ayer, el presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Pasajeros y Turismo, Arcadio Méndez, denunció que entre el viernes y el domingo 21 autobuses fueron secuestrados por normalistas.
El líder aseguró que presentará denuncias penales, pues en las autopistas Morelia-México-Guadalajara, Morelia-Pátzcuaro, Morelia-Lázaro Cárdenas y en carreteras de la Meseta Purépecha, los pasajeros fueron bajados por la fuerza.
El domingo, diversas líneas de autobuses paralizaron las salidas a las regiones de Tierra Caliente y Costa de Michoacán por miedo a ser víctimas de secuestro.
Pese al clima de violencia en el estado, el gobernador Salvador Jara Guerrero no tocó el tema.
> Guerrero
Incendian Palacio de Gobierno
Ayer por la tarde, estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa tomaron las instalaciones del Palacio de Gobierno y del Congreso estatal de Guerrero, como medida de protesta.
“Nadie sale ni entra a este lugar hasta que nos regresen vivos a nuestros compañeros”, fue advertencia de los manifestantes.
Estudiantes y maestros mantuvieron tomadas las instalaciones bloqueando los accesos y manteniendo retenidos en el interior a los trabajadores.
Inicialmente eran cerca de 270 normalistas los que participaban en la protesta, según reportó a CNNMéxico, pero posteriormente un grupo de 500 maestros la CETEG se unió.
Con piedras, bombas caseras, palos y picos, los jóvenes atacaron el complejo oficial, integrado por siete edificios de dos pisos. La mayoría de los cristales y los muebles de las oficinas quedó destruido, mientras el edificio donde despacha el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, ardía en llamas.
‘En Guerrero no hay gobierno’
El domingo, empresarios de Guerrero se sumaron a las protestas de estudiantes, maestros, campesinos y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre.
Los manifestantes salieron a las calles de la capital del estado para exigir la desaparición de poderes en la entidad, bajo el argumento de que “en Guerrero no hay gobierno”.
En el mitin demandaron la renuncia del gobernador Ángel Aguirre y del alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez a quienes responsabilizan del ataque, asesinato y desaparición de los estudiantes normalistas.
Crean ‘Brigadas de ajusticiamiento’
El lunes, en un comunicado difundido en redes sociales, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) anunció la creación de una “brigada de ajusticiamiento”.
“Hoy más que nunca necesitamos responder con todas las formas de lucha, violentas y pacíficas, legales o fuera de esta legalidad sin ética que intentan imponernos los de arriba. Al fin que ellos son los primeros en violar la legalidad, en utilizar los métodos mafiosos para enriquecerse y saquearnos aún más”, amenaza el ERPI.
La agrupación acusa al Estado mexicano de la muerte y desaparición de normalistas, pues asegura que la afrenta la encabeza el “narcoestado mexicano”. Además, acusó también a la corriente Nueva Izquierda, del PRD, de ser cómplice de los hechos violentos ocurridos en Iguala.
Condicionan acuerdo de seguridad
En Guerrero se realizó el domingo un despliegue del grupo antisecuestro.
Durante el operativo, un estudiante alemán, del Tec de Monterrey, resultó herido.
Ayer, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México exhortó a votar en contra del acuerdo de seguridad que pretenden firmar Enrique Peña Nieto y Angela Merkel a finales de este año, luego de considerar que “la cooperación entre las fuerzas de seguridad (mexicanas) y el crimen organizado es directa, y queda ilustrada en los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.
Diputado local reportó que 16 cuerpos de mujeres fueron hallados en el Gran Canal del Estado de México; la procuraduría estatal negó la información.
Se llama “Curva del Diablo” y está en Ecatepec de Morelos, en el Estado de México. Hasta ayer, esa región era conocida por el número de accidentes que ahí suceden. Se estima que al año, justo en este punto, se presentan 10 a 15 percances.
Sin embargo, lo que reveló el diputado local perredista Octavio Martínez Vargas en su cuenta de Facebook cambió todo.
“16 cuerpos de mujeres son encontrados sin vida en Ecatepec en el canal del perímetro de la curva del diablo a Héroes Primera, padres de jóvenes desaparecidas exigen al gobierno dar con los responsables, increíble que ningún medio de comunicación en nuestro país comente tan trágicos acontecimientos. Exijo al Procurador de Justicia del Edo. Mex. dar con los responsables”, señaló el funcionario el domingo pasado.
De inmediato, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) lo desmintió mediante su cuenta de Twitter.
“@PGJEM_Oficial descarta que hayan sido localizados restos de jóvenes en #Ecatepec, como se ha difundido hoy en algunas redes”.
También el Gobierno del Estado de México rechazó las declaraciones del diputado local.
José Manzur Quiroga, secretario general de Gobierno, señaló que sí se localizaron restos óseos durante las labores de limpieza de canales, pero sus orígenes serán determinados de manera científica.
“No se puede precisar si son de origen animal o humano, y que aún es más complejo precisar si se trata de un solo cuerpo e incluso su género”, indicó.
Manzur Quiroga hizo un llamado al diputado para actuar con responsabilidad y no tergiversar información que genera especulaciones, y por el contrario, le invitó a acercarse a las autoridades para presentar las pruebas correspondientes a sus dichos.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
PUEBLA, Pue. (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto inauguró aquí el Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil, en el Centro Expositor, mientras decenas de personas se manifestaban en las calles en rechazo a las políticas “represoras” del gobierno de Rafael Moreno Valle.
Encabezados por habitantes de Cholula que reclaman la liberación de Adán y Paul Xicale, Albino Odilón y Primo Manuel Tlachi, considerados “presos políticos”, los manifestantes se quejaron de que el gobierno de Puebla no ha cumplido con las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el ataque contra pobladores de Chalchihuapan, el pasado 7 de julio.
La zona de Los Fuertes, donde se encuentra el Centro Expositor, fue rodeada por granaderos para evitar que las manifestaciones llegaran hasta ese lugar, donde el mandatario estatal anunció una iniciativa de ley para el “fomento a las organizaciones de la sociedad civil”, supuestamente para alentar la participación de la ciudadanía en el ámbito gubernamental.
Ahí mismo el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que en “una democracia moderna, la participación de la sociedad civil y la acción del gobierno se complementan para mejorar las condiciones de vida de la población”.
Añadió: “Reconozco el papel de las organizaciones para hacer conciencia ciudadana y ser factor decisivo en la reconstrucción del tejido social (…) La sociedad civil es la gran aliada del gobierno de la República en la construcción de un México en paz”.
Los manifestantes decidieron marchar hacia el zócalo de esta capital, con el fin de no dar motivos al gobierno de Moreno Valle para recurrir a la fuerza policiaca.
La semana pasada, policías estatales y municipales desalojaron de manera violenta a opositores al Parque de las Siete Culturas que tenían tomada la alcaldía de San Andrés Cholula.
Ese mismo día fueron detenidos cuatro de los dirigentes del movimiento, entre ellos Adán Xicale, el abogado que interpuso una serie de amparos para frenar el proyecto de construcción del parque.
Desde el penal, Xicale se comunicó vía telefónica con los participantes en la manifestación de este lunes, a quienes pidió mantener la lucha en defensa de la Pirámide, la fe religiosa, la parroquia de la Señora de los Remedios, la cultura y la identidad de los cholultecas.
“Yo les pido que no desistan. Nosotros cuatro (encarcelados) estamos dispuestos a seguir hasta las últimas consecuencias, porque sabemos que nuestra lucha es justa. Tenemos que tomar en cuenta que la lucha social no es sólo de principios, sino también de sentimientos nobles”.
Esta mañana, mientras los cholultecas se encontraban en el zócalo capitalino y luego de despedir a Peña Nieto, Moreno Valle aprovechó para hacer un recorrido por los terrenos que pretende expropiar para construir el parque de las Siete Culturas.
Acompañado de los alcaldes de San Andrés y San Pedro, Leoncio Paisano y José Juan Espinosa, respectivamente, el gobernador aprovechó la ausencia de los habitantes opositores para “supervisar” lo que llamó “el proyecto de rescate y preservación del entorno de la pirámide de Cholula”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
