La relación de varios negocios y propiedades vinculados a Elba Esther Gordillo podrían evidenciar los mecanismos en donde se ha ‘desviado’ dinero del SNTE.
El juicio mercantil que va perdiendo Comercializadora GC, propietaria de un piso en Reforma 222, acerca cada vez más la empresa a la exlíder magisterial Elba Esther Gordillo.
Lo que se ha descubierto a partir de estas deudas y sus apoderados, podrían dar la clave de en dónde se ha “lavado” el dinero desviado del SNTE y por lo que La Maestra enfrenta un juicio desde febrero del año pasado. Para esto se ha tejido un gran entramado de empresas.
En el caso de GC, Francisco Yáñez Herrera endosó tres pagarés por 6.5 millones de pesos, lo que dio origen a un pleito judicial.
Tres días después tres de los abogados que defienden a La Maestra en su juicio penal, fueron inscritos como apoderados legales de GC.
Ellos pertenecen al despacho Del Toro Carazo, con sedes en Guadalajara y la Ciudad de México, el cual ha llevado el caso del juicio de Gordillo desde marzo del año pasado.
La defensa de estos abogados se suma a otro nexo de la Comercializadora GC con la familia de la exdirigente sindical.
La agencia de viajes Bel-Air, ubicada en las oficinas propiedad de la otra empresa de los Gordillo, Inmobiliaria Galilei, en la planta baja de Reforma 295, fungiría como parapeto para la dirección fiscal de la dueña de los departamentos en el condominio de Reforma 222.
Esta agencia de viajes ha tenido 134 contratos en los últimos siete años con dependencias federales, lo que han generado ventas por 99 millones de pesos.
Los casos más mediáticos
Casos más cubiertos por medios del despacho de Marco Antonio del Toro Carazo
> Napoleón Gómez Urrutia
(contra extradición)
> Vicente Fox Quesada
(difamación)
> Pemexgate
(funcionarios implicados)
> Grupo Carso
> Carlos Cabal Peniche
(contra extradición)
> Director general de Los Pinos
(caso “Toallagate”)
Defensor de indefendibles
Cuando Elba Esther Gordillo ajustó su defensa legal a mediados de marzo del año pasado, nombró como su principal defensor a Marco Antonio del Toro Carazo.
Él defiende a Gordillo por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada derivados del supuesto desvío de mil 978 millones de pesos de las cuentas del SNTE.
Tres meses después de asumir la defensa legal de Gordillo, el representante legal de Comercializadora GC, Jesús Rodríguez Millán, designó a Del Toro como apoderado de la compañía que había comprado 11 departamentos en Reforma 222 por 25.7 millones de pesos en diciembre de 2010.
Ese mismo día se inscribieron también como apoderados a Luis Ricardo Chávez Coronado y Luis Antonio Lagunas Gutiérrez, ambos socios del despacho Del Toro Carazo.
La defensa de los departamentos en Reforma 222 es aparte de la personal de La Maestra, por lo que el despacho cobra 105 millones de pesos de honorarios, más 100 mil pesos mensuales, según datos que publicó La Jornada en agosto del año pasado.
Estas propiedades, además del avión embargado por la PGR con valor de cuatro millones de dólares (54 millones de pesos), son las únicas conocidas hasta ahora registradas en la Comercializadora GC.
El mismo día se inscribieron también como apoderados tres litigantes del despacho Tiburcio Abogados, especializado en fiscal y administrativa, que tienen una alianza con Del Toro Carazo.
Los abogados registrados de este segundo bufete fueron: Arturo Tiburcio Tiburcio, Mauricio Reynoso Galván y Francisco Palmero Rivera Cambas, quienes tienen poder legal para pleitos, cobranzas y actos de administración, de acuerdo con los registros del Registro Público, de los que este diario tiene una copia.
En febrero de este año el despacho Del Toro Carazo también fungió como representante del exesposo de Gordillo, Francisco Arriola Urbina, en la solicitud de un amparo contra su implicación en el caso de la exlideresa, según publicó el semanario Zeta.
En el mismo lugar, Bel Air
La notificación del juicio ejecutivo mercantil que interpuso el abogado Alexis Orta Salgado contra Comercializadora GC por el cobro de los tres pagarés, que suman 6.5 millones de pesos, también reveló conexiones con la agencia de Viajes Bel-Air, empresa vinculada a Gordillo.
El 6 de agosto del año pasado el secretario actuario del juzgado 31º del Tribunal Superior de Justicia del DF, Horacio Salazar Castillo, fue a la dirección fiscal que tiene registrada Comercializadora GC ante Hacienda: la planta baja de Reforma 295.
Acudió para notificarles que el 18 de junio Orta Salgado había interpuesto el juicio ejecutivo mercantil para cobrarles el monto de los pagarés.
En el lugar respondió como empleada de la comercializadora Adriana Rivera Sitjá, quien recibió la notificación y escribió en el acta que “no sabe del adeudo y no es la persona autorizada”, de acuerdo con la copia de la diligencia obtenida por Reporte Indigo.
El perfil en Linkedin de Rivera indica que trabaja desde febrero del año pasado como asesora en viajes corporativos en Viajes Bel-Air, una agencia que también tiene su domicilio en la planta baja de Reforma 295.
En Viajes Bel-Air sí dan cuenta de su existencia, a diferencia de GC, que la seguridad del local reporta como que “ya no radican allí”.
La agencia de viajes ha sido también relacionada con Gordillo en investigaciones periodísticas de los últimos seis años, como parte del entramado de empresas mediante las cuales se desviaban recursos del SNTE.
La compañía fue registrada en mayo de 1989. Su objeto es la “reservación, expedición y ministración de pasajes aéreos y otros servicios del ramo turístico”.
El Informe Anual de Ingresos Totales y Gastos Ordinarios para 2006 -elecciones en las que resultó electo Calderón con el supuesto apoyo de Gordillo- que registró el IFE, muestra que los mayores gastos del Partido Nueva Alianza fueron a estas dos compañías.
Ese año el Panal pagó 6.2 millones de pesos a Comercializadora GC y 2.7 millones a Viajes Bel-Air.
Comercializadora GC fue dada de baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en noviembre de 2011, Viajes Bel-Air sigue activa.
En los últimos dos sexenios ha tenido 134 contratos con el Gobierno Federal. La mayoría, 117 de ellos, han sido firmados entre 2013 y 2014 con la Casa de Moneda de México.
Los contratos más onerosos se firmaron por 18.6 millones de pesos en 2007 con Banobras, por 38.5 millones de pesos en 2008 con la Secretaría de Salud, 6.6 millones en 2009 y 2011 con Banjército.
En la indagatoria para el cobro de los pagarés hasta ahora no aparece ningún documento que haga referencia a Viajes Bel-Air. El caso podría llegar a ellos si se declara a GC en concurso mercantil, solicitud que ya está en preparación por parte del Bufete Capital.
Contratos de Bel Air pagados por dependencias
2007
> Banobras
18.6 millones de pesos
Reservación y expedición de boletos aéreos
> Banjército
3 millones de pesos
2008
> Secretaría de salud
26.5 millones de pesos
Gestión de pasajes aéreos
Licitación pública nacional
> Cofepris
12 millones de pesos
> Banjército
1.7 millones de pesos
2009
> Banjército
3 millones de pesos
Servicio de agencia de viajes
> Secretaría de Turismo
6.4 millones de pesos
2010
> Secretaría de Turismo
7.9 millones de pesos
2011
> Banjército
3.6 millones de pesos
Prestación de servicio de agencia de viajes
> Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
5.6 millones de pesos
2014
> Función Pública
4.5 millones de pesos
Reservación y adquisición de pasajes aéreos
> Fondo Nacional de Habitaciones Populares
5 millones de pesos
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍRES.
El gobernador Rodrigo Medina enfrenta su último periodo ante una sucesión que podría ser impuesta desde Los Pinos. También, con un gran logro en seguridad y una deuda que a través de APP’s supera los 100 mil millones de pesos.
El mandatario estatal presenta hoy su Quinto Informe de Gobierno e inicia el año político, en el que un candidato de su partido podría pesar más que su propia investidura.
Es el año cuando un gobernador, con un presidente del mismo partido, termina siendo avasallado por la regla tácita de que el candidato se designa en Los Pinos.
Hace cinco años, su antecesor y tutor político, Natividad González Parás, pudo imponerse al PRI nacional y colocó sobre la escena electoral a un joven desconocido que finalmente ganó la Gubernatura.
Pero entonces el presidente de la República era panista. Hoy la decisión de Los Pinos es inminente.
Por otro lado, el gobernador logró en los últimos tres años construir una nueva corporación policial: Fuerza Civil.
Policía que no está completa en cuanto al número de elementos, pero que consiguió una nueva percepción de seguridad ante la sociedad, junto a la disminución del crimen en las calles.
Y la integración de este cuerpo policial se hizo junto con los departamentos de recursos humanos de las grandes empresas de Monterrey, que buscaron en todo el país a los uniformados.
Otro foco de atención que enfrenta el mandatario estatal en su Quinto Informe de Gobierno son las críticas a la deuda estatal, que entre el gobierno central y los organismos descentralizados, llega a los 109 mil millones de pesos.
Apenas en septiembre pasado la calificadora crediticia Fitch Ratings dio a conocer un comunicado en el que señala que la presión del servicio de la deuda, si bien puede ser estable, sí reduce la flexibilidad de la inversión estatal en obras.
Y en este marco de la deuda, la falta de transparencia en el proyecto Monterrey VI también atrajo las críticas hacia el gobierno de Medina.
“Errores de comunicación” que dejan mal parada a la administración estatal, porque el presidente Enrique Peña Nieto anunció en diciembre de 2012 una inversión de 14 mil millones de pesos de la Federación para Monterrey VI.
Pero finalmente esa suma sólo significó el acueducto, no los demás servicios para traer el agua a Nuevo León. Todo, finalmente costará 46 mil 980 millones de pesos.
Y además todavía no existe partida federal para esta obra.
A esto se suma el hecho de que se prevé un incremento en el servicio de agua potable por la deuda que representa para el organismo descentralizado Servicios de Agua y Drenaje el pago de Monterrey VI durante los próximos 27 años.
Por otro lado, está la presión para Medina de que las obras de la Línea 3 del Metro estén listas a tiempo, luego de que las elecciones se corrieron un mes antes, de julio a junio de 2015, precisamente cuando el Estado tenía previsto concluir los trabajos de esta obra.
La deuda, es deuda
La administración estatal de Rodrigo Medina insiste en que los pasivos vía Asociación Público-Privada (APP`s) y de organismos descentralizados del gobierno no se suman a su deuda pública.
Sin embargo, el hecho de que el Instituto de Control Vehicular, la Red Estatal de Autopistas, Metrorrey y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, contraten pasivos a mediano y largo plazo, significa que se utilizarán recursos públicos para liquidar esas deudas.
La bursatilización de los pasivos, como en el caso del Instituto de Control Vehicular, no siempre resulta una inversión, también es un riesgo.
Y en cuanto a las deudas de APP`s, en caso de falta de flujo en las finanzas para pagar mensualmente la deuda, los organismos deben aumentar el costo de los servicios a la población, como el caso que se prevé en el proyecto Monterrey VI.
Para esta obra, Servicios de Agua y Drenaje tendrá que pagar 145 millones de pesos mensuales durante 27 años.
En el caso de los 26 vagones de CAF, para la Línea 3 del Metro, que también están bajo el esquema de APP`s, Metrorrey tendrá que pagar 14.6 millones de pesos mensuales por 19 años, que resultará en un gasto de 3 mil 328 millones.
Por ello es que sumando la deuda central, más la bancaria, la de organismos descentralizados y las APP`s, el Gobierno de Nuevo León suma 109 mil 229 millones de pesos.
Apenas en septiembre pasado la calificadora Fitch Ratings señaló que con el programa de reestructuración d el gobierno de Medina en 2013, si bien el Estado tiene un perfil de deuda y fuente de pago favorable, el servicio anual ejerce una presión muy fuerte sobre su flexibilidad financiera.
Por otro lado, Fitch Ratings alaba del Plan de Ajuste de Ordenamiento y Fortalecimiento Integral de la Finanzas Públicas (POFIF) implementado por el Estado, porque indica que seguramente reflejará una mejora en su flexibilidad financiera para el corto y mediano plazo.
Deuda y herencia
34 mil 266.2 mdp
Deuda central reconocida
18 mil 963.4 mdp
Deuda de organismos descentralizados
53 mil 229.6 mdp
Total de deuda reportada hasta el segundo trimestre
Nueva deuda descentralizada a través de APP's
5 mil 692 mdp
Línea 3 del Metro (Aún no hay partida federal -Fonadin-asignada)
3 mil 328 mdp
Metrorrey, 26 vagones de CAF a 19 años
46 mil 980 mdp
Monterrey VI, a 27 años
56 mil mdp
Total deuda APP`s descentralizada
Gran total
109 mil 229 mdp
*Cifras en millones de pesos
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: HUGO GUTIÉRREZ.
MÉXICO, D.F. (apro).- El gabinete de seguridad informó hoy que fueron detenidas 14 personas más que confesaron su participación en la desaparición de normalistas en Iguala, Guerrero.
En rueda de prensa, el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, explicó que se investiga la participación de policías de los municipios de Cocula e Iguala en la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, así como su entrega a un grupo delincuencial Guerreros Unidos.
Zerón de Lucio enfatizó que se están desplegando diversas acciones para lograr la captura de más implicados en los hechos y principalmente se busca a los autores intelectuales, resaltó Notimex.
El funcionario subrayó que la PGR ya atrajo las investigaciones sobre el homicidio del activista social Arturo Hernández Cadena, quien presuntamente perdió la vida por órdenes del alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
También indicó que en las últimas horas se localizó una nueva fosa en la zona y personal especializado se encuentra laborando, por lo que en breve podría haber información sobre el contenido de la misma.
En su intervención, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, indicó que continúan las acciones para localizar a los normalistas desaparecidos, además de que se ha desplegado a 896 elementos federales para esas tareas.
Rubido García destacó que el objetivo primordial es localizar a los 33 normalistas, por lo que se realiza un gran despliegue de elementos policiales en Iguala y las zonas aledañas.
Además, precisó que de los 896 elementos desplegados en la zona, 300 buscan a los estudiantes, mientras que el resto lleva a cabo funciones de seguridad, y hasta el momento se han realizado 252 patrullajes en Iguala, Cocula, Tixtla y Cuetzala del Progreso.
Asimismo, detalló que han sido revisados 18 puntos para intentar localizar a los estudiantes y se han instalado seis filtros de revisión, además de que se realizan vuelos de reconocimiento en la región.
El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, indicó que hasta el momento las pruebas de ADN realizadas a los restos de 28 cuerpos encontrados en las primeras fosas no corresponden a la de los normalistas reportados como desaparecidos.
El funcionario federal también confirmó que han sido detenidos 14 policías de Cocula y 22 de Iguala, además de continúan las indagatorias para dar con las personas que hayan participado en los hechos y el objetivo son los autores intelectuales.
Murillo Karam afirmó que el alcalde de Cocula continúa declarando en las instalaciones de la dependencia en calidad de testigo y en las próximas horas se solicitará orden de aprehensión en contra del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y de su secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
IGUALA, Gro. (apro).- El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) informó que aún no tiene sus propios resultados para descartar que los 28 cuerpos encontrados en las primeras cinco fosas de Iguala no corresponden a los estudiantes normalistas.
“Nosotros respetamos lo que ha dicho el procurador (Jesús Murillo Karam), pero no tenemos nuestros propios resultados y vamos a seguir trabajando hasta que tengamos los nuestros y podamos seguir con el peritaje independiente y podamos cumplir con las familias”, informó un portavoz de la organización internacional que trabaja en las identificaciones de restos por invitación de las familias de los jóvenes desaparecidos, los normalistas y las organizaciones de derechos humanos que los acompañan.
El experto señaló que, “posiblemente dentro de tres semanas”, puedan dar sus resultados.
Esta información se da luego de que el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, anunció en conferencia de prensa que los 28 cuerpos exhumados de las primeras cinco fosas encontradas una semana después de los hechos ocurridos en Iguala no pertenecen a ninguno de los 43 normalistas desaparecidos.
“En las primeras fosas encontradas (…) les puedo decir que no corresponden a los ADN de los familiares de estos jóvenes”, apuntó, e indicó que en el segundo grupo no se hallaron cuerpos, y en el tercero –descubierto gracias a la búsqueda de policías comunitarias– apenas iniciaron los trabajos de excavación.
En tanto, el portavoz de la organización mencionó que el equipo de 11 expertos de distintos países (compuesto por antropólogos, arqueólogos, médicos forenses, criminalistas y balísticos) mencionó que todavía no se procesan los restos tomados a los cuerpos.
“Hemos tomado muestras a las familias, estamos todavía en análisis de los restos y el laboratorio con el que trabajamos ese es el tiempo que tiene”, señaló en entrevista telefónica.
El laboratorio que el equipo utiliza está en Virginia, Estados Unidos.
“Somos peritos independientes y las familias están informadas de que ese es el tiempo que tenemos para dar resultados. Eso lo hemos hablado con ellos. Nosotros no vamos a abandonar todo y no nos iremos sin concretar”, dijo.
El portavoz no es identificado por cuestión de seguridad, ya que el equipo está trabajando en Guerrero, pero a nombre del grupo informó que únicamente tuvieron acceso a las muestras de los 28 cadáveres encontrados en las primeras cinco fosas descubiertas el sábado 4.
Cabe destacar que la Fiscalía de Guerrero había informado que eran seis fosas, pero seis días después la PGR desmintió la información y mencionó que eran cinco. Nunca explicaron la confusión.
El equipo de expertos internacionales, sin embargo, nunca tuvo acceso a los cuerpos del segundo grupo de cuatro fosas, cuyo hallazgo fue anunciado ante la prensa por Murillo Karam –antes de informar a las familias–, quien hasta detalló que los cuerpos fueron calcinados por lo que compartían el modus operandi de los 28 encontrados previamente.
Los reporteros y fotógrafos que hicieron guardia afuera del segundo grupo de fosas pudieron notar cierto nerviosismo de personal de PGR, que parecía no encontrar las fosas como las había descrito el procurador y ni siquiera podían ubicar la cuarta fosa anunciada. En esa ocasión bloquearon el acceso a los peritos de la Procuraduría estatal. Los peritos argentinos tampoco pudieron tener acceso a la zona.
El EAAF no quiso calificar las declaraciones de Murillo Karam descartando por completo que los restos analizados sean de los normalistas.
“Las noticias nos llegan medio cortadas hasta este lugar. El procurador habló únicamente de los 28 y nuestro tiempo sería ese (las tres semanas). Sabemos lo que ha dicho, pero nosotros tenemos que seguir trabajando y no queremos que las familias crean que vamos a abandonar”, ofreció.
“Las otras (fosas) las descartó el propio gobierno antes de que nosotros pudiéramos saber nada, nosotros en ésas no trabajamos”.
Consultado sobre las denuncias que hicieron Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, de que el gobierno mexicano ha obstaculizado la participación del equipo argentino, el entrevistado mencionó: “Está mejor (la relación), mucho mejor, siempre hay como cierta animosidad pero sí ha estado mejor”.
El sábado anterior, proceso.com.mx había informado que a la misma hora que el gobernador Ángel Aguirre Rivero presumía su colaboración con el EAAF, los expertos argentinos encontraron el acceso bloqueado a las fosas y eran excluidos de una reunión con el gobierno federal.
“Ha habido una serie de obstáculos para que hagan su trabajo”, informó entonces el abogado Vidulfo Rosales, de Tlachinollan, en entrevista. “No se les permitió el acceso a las fosas pese a que con el gobierno federal se acordó su entrada para poder hacer el trabajo. Al parecer no bajó bien la instrucción, no les permitieron el acceso y hoy se encuentran en el Semefo haciendo los trabajos”.
El equipo es reconocido mundialmente por su trabajo en identificación de restos humanos en países donde han ocurrido violaciones masivas a derechos humanos, como Argentina en tiempos de la dictadura, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, Perú, Bosnia, Kosovo, Croacia, Sierra Leona, Irak y, en años recientes en México, por los asesinatos de mujeres en Juárez, Chihuahua, y en las fosas de San Fernando, Tamaulipas.
Según el abogado perteneciente a este centro de derechos humanos que ha acompañado a los estudiantes y a las familias, aunque los gobiernos estatal y federal manifiestan en público su beneplácito por la inclusión del prestigiado equipo argentino en la identificación de cadáveres, en realidad impidieron a los extranjeros hacer su trabajo.
“No se les permite ingresar a hacer toma de muestras porque llegaron peritos de PGR. Hubo un problema para acreditarlas legalmente y no se los permitían porque no traían documentos originales que respaldaran su experiencia, y cuando se destrabó el punto no estaba el Ministerio Público que tenía que hacer los trámites para que pudieran trabajar en la Normal (tomando muestras de ADN) y en el Semefo”, dijo.
“Fueron dos días de martirio y complicaciones, y hasta el tercer día se normalizó” la situación, explicó.
Por esas primeras horas perdidas llegaron a las primeras cinco fosas –de las que se rescataron 28 cuerpos– cuando las exhumaciones ya estaban terminando. “No tuvieron oportunidad de participar en eso”.
“El obstáculo más reciente es que no se les permitió el ingreso a las cuatro fosas nuevas”, dijo al salir de una reunión con padres de familia.
El viernes 10 Amnistía denunció a través de un comunicado que la búsqueda era “caótica y hostil” y que los “peritos internacionales reconocidos por los familiares de los desaparecidos” no habían podido acceder a las fosas para realizar su trabajo.
Según la información recabada por AI, el trabajo realizado por agentes del Ministerio Público estatal sobre las exhumaciones de los restos hallados en las seis fosas descubiertas anteriormente presentaría deficiencias, lo cual dificultará las pruebas de identificación.
“Es esencial que los peritos internacionales tengan acceso inmediato e irrestricto a todas las investigaciones forenses que se están llevando a cabo”, indicaba el comunicado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.
MÉXICO, D.F. (apro).- Miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) localizaron otras cuatro fosas en el Cerro La Parota, a cinco kilómetros del municipio de Iguala.
El hallazgo, en el que participaron familiares de los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, fue reportado a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con integrantes de la UPOEG, las fosas se localizaron la tarde de ayer, gracias a información proporcionada por pobladores de Iguala, quienes dijeron que habían escuchado gritos y llamadas de auxilio en esa área.
No obstante, señalaron que aún se desconoce el número de cadáveres que se encuentran en las tumbas clandestinas.
Horas después de conocerse la información, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, anunció en conferencia de prensa que los 28 cuerpos exhumados de las primeras cinco fosas encontradas una semana después de los hechos ocurridos en Iguala, no pertenecen a ninguno de los 43 normalistas desaparecidos.
“En las primeras fosas encontradas (…) les puedo decir que no corresponden a los ADN de los familiares de estos jóvenes”, apuntó, e indicó que en el segundo grupo no se hallaron cuerpos, y en el tercero apenas iniciaron los trabajos de excavación.
El procurador también informó que fueron detenidos 14 elementos de la policía municipal de Cocula, los cuales participaron en la detención de estudiantes y en su entrega a integrantes de la organización de Guerreros Unidos. Y aclaró que el alcalde de Cocula, el priista César Peñaloza, no se encuentra detenido.
En breve, subrayó, los 14 agentes municipales serán consignados por el delito de secuestro.
Según Murillo Karam, ya han sido detenidos la mayoría de quienes privaron de la libertad a los 43 estudiantes. El reto es encontrar a los autores intelectuales de “este hecho que nos lastima a todos”, dijo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Que no les sorprenda que el pueblo haga justicia por propia mano, advierte el grupo guerrillero.
El grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR) emitió un nuevo comunicado relacionado con los ataques contra normalistas de Ayotzinapa ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre, en el que rechaza el “perdón” y la consulta ciudadana para la renuncia del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, anunciada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
De acuerdo con el posicionamiento del EPR, los hechos ocurridos hace varios días en el municipio de Iguala no fueron una “confusión” sino un “crimen de Estado”, que requiere respuestas y no discursos políticos.
Y es que la semana pasada el presidente del partido del sol azteca, Carlos Navarrete, pidió “perdón” por los hechos ocurridos en los que se presume que está involucrado el presidente municipal de Iguala de extracción perredista, José Luis Abarca, y anunció la idea de realizaron una consulta de revocación de mandato de Aguirre Rivero.
“Los crímenes de Estado no se resuelven con un simple ‘perdón’, ni mucho menos con ‘consultas ciudadanas’ para decidir si renuncia o se queda el gobernador Ángel Aguirre Rivero, eso no es más que demagogia pura y retórica barata, un manotazo de desesperación ante la creciente ira y protesta popular” señala el grupo guerrillero.
El EPR abundó en que la mera renuncia del gobernador resulta insuficiente ante los hechos de violencia en Guerrero y dijo que es urgente la aplicación de protocolos internacionales para la investigación de hechos que consideró como “homicidios de lesa humanidad” y donde el estado es responsable.
Subrayó que es “equivocada” la tesis de que la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y el homicidio de otros se debiera a una “confusión” del crimen organizado.
“Los estudiantes normalistas de todo el país y particularmente los de Ayotzinapa Guerrero no son ni podrían ser delincuentes, ni confundirse con miembros del crimen organizado, sus tradicionales formas de protesta son inconfundibles por propios y extraños, en Iguala todos sabían que eran estudiantes los que se trasladaban en los autobuses” indica el EPR.
En ese contexto, el grupo guerrillero recordó que otros hechos como el homicidio de dos estudiantes normalistas en diciembre del 2011 sigue impune, al igual que otros hechos de violencia de alto impacto como la masacre de Aguas Blancas.
El EPR añade su posicionamiento fechado en Guerrero, reiteró su “exigencia categórica de presentación con vida de los 43 normalistas” y de otras personas desaparecidas.
“lzamos nuestra voz para decirle al Estado burgués mexicano, sus personeros y apologistas que no les sorprenda cuando el pueblo se haga justicia por cuenta propia, dado que se le viene orillando a ello desde hace décadas” sentencia el EPR.
FUENTE: 24 HORAS.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
Se requiere una revolución pacífica de honestidad, indica el político tabasqueño. Al participar en un foro afirma que el gobierno nos regresa al pasado para quitarnos el futuro.
Nueva York, 14 octubre. El régimen mexicano está podrido y para rescatar al país de las consecuencias de 30 años de neoliberalismo –muy parecido al porfiriato– la revolución pacífica que se requiere es la de la honestidad, resumió Andrés Manuel López Obrador en la Universidad Columbia, en Nueva York.
En un foro patrocinado por el Centro de Estudios Mexicanos, López Obrador subrayó que nada ha dañado más a México que la corrupción política; a eso se debe la monstruosa desigualdad social y económica, la pobreza y la violencia que nos agobia.
Esa corrupción, señaló, es integral a la aplicación del neoliberalismo que está despojando las riquezas del pueblo y de la nación para beneficio sólo de unos cuantos. La deshonestidad en el actual periodo neoliberal no tiene precedente, argumentó, agregando que “se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación”.
Acusó: La corrupción se ha convertido en la principal función del Estado (...) un pequeño grupo ha conquistado todos los poderes y mantiene secuestradas las instituciones públicas para sus propios intereses, lo cual ha llevado al “saqueo más grande en la historia del país.
“En México no hay democracia… es una dictadura simulada”, una que gira en torno a la misma mentira que durante el porfiriato, donde se subastaron los recursos naturales del país, incluyendo el petróleo, las tierras de cultivo, y se vendieron los ferrocarriles y más a las empresas extranjeras, afirmó. “El llamado neoliberalismo es neoporfirismo… Nos regresan al pasado para quitarnos el futuro”.
Presentado por John Coats-worth, vicerrector de la Universidad Columbia e historiador especializado en México, y por el director del Centro de Estudios Mexicanos, Claudio Lomnitz (también colaborador de este diario), López Obrador rompió, en este foro, la imagen tan cuidadosa y efectivamente proyectada en este país por la cúpula política y empresarial mexicana y estadunidense, ofreciendo una crítica del llamado nuevo paradigma al indicar que sólo es más de lo mismo.
Afirmó que Enrique Peña Nieto es la continuación del proyecto neoliberal implementado desde hace tres décadas en el país. La mafia del poder lo impuso, afirmó, y acusó que Peña Nieto es sólo otro subordinado de la oligarquía que está cumpliendo con las prioridades de ese pequeño grupo al impulsar las llamadas reformas estructurales con un alto costo a la soberanía.
La reforma del sector energético, sostuvo, es el robo más grande de la historia y lo calificó de traición a la patria, al buscar repartir a las grandes petroleras extranjeras la riqueza del pueblo y la nación. Afirmó que por ello el Movimiento Regeración Nacional (Morena) está promoviendo un referendo en las próximas elecciones intermedias para obligar a que el pueblo sea consultado sobre esta reforma.
Despojo minero
Como ejemplo del despojo acelerado, señaló que en cinco años las mineras extranjeras se han llevado más oro y plata de México que los españoles durante 300 años de la Colonia.
Afirmó que el régimen es sostenido por dos cosas: los grandes medios y la compra del voto, y que sin eso se desplomarían, agregó que el actual presidente es un fenómeno escenográfico.
Indicó, con una sonrisa, que mientras aquí en Nueva York premian a Peña Nieto con algo llamado estadista mundial o algo así, en México está reprobado en la opinión pública. De hecho, esta percepción se está ampliando a casi todos los gobernadores e indica un cambio político potencial en México.
Expresó la consternación ante los sucesos en Iguala, indicó que esto no es un incidente aislado y que ya llevamos mucho tiempo de luto en México. Argumentó que la violencia es resultado del sistema actual y que, por ahora, la estrategia del gobierno ha empeorado la situación, pues busca “enfrentar la violencia con la violencia… Emplear el fuego contra el fuego”. Subrayó que primero se tiene que entender que la paz es fruto de la justicia.
Por eso, mientras no haya un cambio de fondo, México se continuará hundiendo. Concluyó que se “tiene que derrocar el régimen del PRIAN… pero sin violencia”. Ese cambio necesario, explico, proviene de un retorno a los principios de Francisco I. Madero: la honestidad y la justicia.
En un diálogo en la sala de conferencias de la Escuela de Asuntos Internacionales repleta de estudiantes (muchos de ellos mexicanos), académicos reconocidos de esta y otras instituciones de educación superior, entre ellos Soledad Loaeza; analistas y activistas comunitarios, López Obrador subrayó que el mejor antídoto a la corrupción es mantener los principios e ideales, y recordó que en el esfuerzo de Morena no es fácil crear un partido en un ambiente antidemocrático.
Declaró que México tiene una gran reserva de valores, que se encuentra en sus pueblos, sobre todo los indígenas. “La corrupción es algo que viene de arriba… Eso se limpia como se limpian las escaleras, de arriba para abajo”.
Recordó que esta lucha pacífica para una transformación a fondo es constante y que ante los fraudes, el control mediático y la compra del voto –algo que duele, parte el alma– la mejor manera de enfrentarlo es luchando todo los días. Advirtió contra la depresión de algunos, incluso muchos intelectuales, que se cansan o creen que ya no hay más que se puede hacer, y que ante preguntas de si podemos llegar, o que cuánto tiempo más, la respuesta es: sigue caminando, sigue caminando.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: David Brooks
CANCÚN, Q. Roo (apro).- Las autoridades de este municipio otorgaron a dos familiares del secretario del ayuntamiento de Solidaridad (Playa del Carmen) el permiso para explotar frentes de playa en ese destino turístico de la Riviera Maya, pese a que la Ley Federal de Bienes Nacionales prohíbe el otorgamiento de concesiones a funcionarios y sus parientes.
La dirección municipal de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), a cargo de Roberto Pérez Briceño, extendió constancias de “Congruencia de uso de suelo” a ocho predios localizados frente a Playacar, a favor de Federico Alberto García Camors, casado con Ana Laura Pereyra Escudero, y María Antonieta Godoy, pareja de Jorge Pereyra Escudero, según consta en documentos en poder de Apro.
De acuerdo con las constancias, los terrenos se encuentran dentro de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 10 “con política de conservación con vocación de uso de suelo turística”.
Prosigue el documento:
“Dentro del Programa Maestro de Control y Aprovechamiento de la Zofemat se encuentra inserto el polígono requerido por el que promueve y se le identifica en la Unidad Administrativa para el Control y Aprovechamiento de la Zofemat (UACAZ) no. 13 con política de conservación y uso predominante: Residencial Turístico con Uso Condicionado: Turismo Convencional”.
Las constancias fueron expedidas el 18 de agosto pasado, con copia al presidente municipal José Mauricio Góngora Escalante y el tesorero Gabriel Castro Cárdenas.
La Constancia de Congruencia de Uso de Suelo es requisito indispensable y paso previo para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dé luz verde a la concesión.
Con números de oficio 1579, 1580, 1581 y 1582, Roberto Pérez Briceño entregó constancias de Congruencia de Uso Suelo para cuatro predios a María Antonieta Godoy Lugo, con medidas 196.30, 218.08, 254.75 y 251.01 metros cuadrados, respectivamente.
Y con los números de oficio 1583, 1584, 1585 y 1586, Federico Alberto García Camors recibió las constancias para otros cuatro predios cuyas medida son: 213.68, 212.36, 217.45 y 230.96 metros cuadrados.
Pérez Briceño otorgó el aval a los cuñados del segundo al mando del ayuntamiento de Solidaridad, pese a que la Ley Federal de Bienes Nacionales prohíbe la entrega de concesiones de Zofemat a funcionarios y sus familiares.
En su artículo 72, dicha ley establece las condiciones en las que podrán otorgarse a los particulares derechos de uso o aprovechamiento sobre los inmuebles federales, mediante concesión.
“No podrán otorgarlas a favor de los servidores públicos que en cualquier forma intervengan en el trámite de las concesiones, ni de sus cónyuges o parientes consanguíneos y por afinidad hasta el cuarto grado o civiles, o de terceros con los que dichos servidores tengan vínculos privados o de negocios”, puntualiza.
Asimismo, advierte que “las concesiones que se otorguen en contravención a lo dispuesto en esta fracción serán causa de responsabilidades y de nulidad”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
En tanto, estudiantes normalistas de Tiripetío, Cherán y Arteaga mantienen en su poder un total de 21 autobuses del servicio público de pasajeros que se presume serán utilizados para el traslado de los jóvenes hacia Guerrero para apoyar a normalistas de Ayotzinapa.
Las protestas continúan hoy en Chilpancingo para exigir que las autoridades resuelvan y encuentren a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 de septiembre en el municipio de Iguala.
Además, en estos momentos, miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en el Estado de Guerrero (CETEG), quienes también protestan por los normalistas, mantienen tomadas tres sucursales bancarias, una tienda Oxxo y siguen con el plantón en el Zócalo de la capital guerrerense.
Este 14 de octubre, el gobierno de Guerrero suspendió las actividades laborales en las instalaciones de Palacio de Gobierno, donde peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y notarios públicos realizan una evaluación de los daños luego que ayer normalistas de Ayotzinapa incendiaron varias oficinas que se encuentran en el interior del edificio, así como las instalaciones del Ayuntamiento de Chilpancingo.
Hoy, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa tomaron las instalaciones de ABC Radio para emitir un comunicado sobre las que calificaron agresiones recibidas ayer por los trabajadores del Palacio de Gobierno, quienes señalan los agredieron a pedradas, al tiempo que exigieron la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos.
Por su parte, el secretario de Gobierno estatal, Jaime Darío Oseguera, llamó a los normalistas michoacanos a dejar de lado la disputa, el debate y la radicalización y, afirmó, que la administración estatal seguirá estableciendo los mecanismos de diálogo, acercamiento y concertación.
“Vamos a seguir hablando con los muchachos porque no queremos un Ayotzinapa en Michoacán”, puntualizó.
En entrevista, señaló que si hay denuncias por delitos que hayan cometido se perseguirán.
“Nosotros, lo que queremos, es que todos abonen a esta cultura de la legalidad, no vamos a cejar en nuestro intento por hacer política, pero no desconocemos los cauces legales de los que tienen que partir las denuncias penales que se presenten”, dijo.
En tanto, estudiantes normalistas de Tiripetío, Cherán y Arteaga, en Michoacán, mantienen en su poder un total de 21 autobuses del servicio público de pasajeros.
La retención de unidades inició el domingo pasado y se presume que serán utilizadas para el traslado de los jóvenes hacia Guerrero para apoyar a normalistas de Ayotzinapa que protestan por la desaparición de 43 de sus compañeros en la ciudad de Iguala.
En este sentido, y tras más de 24 horas de suspensión, diferentes líneas de autobuses reanudaron sus corridas hacía todo el territorio estatal.
La tarde de este lunes, normalistas de Ayotzinapa incendiaron varias oficinas que se encuentran en el interior del Palacio de Gobierno de Guerrero, así como las instalaciones del Ayuntamiento de Chilpancingo.
Luego de replegar a policías antimotines que pretendían desalojarlos, los jóvenes entraron a la explanada del Palacio y prendieron fuego en el interior del edificio Tierra Caliente.
Además, los normalistas quemaron un camión de la empresa Bimbo sobre el bulevar René Juárez Cisneros
Tras romper ventanas a pedradas y derribar macetas, los estudiantes se retiraron a bordo de más de media docena de autobuses.
En esta acción también participaron maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg).
Los alumnos de la Escuela Normal rural dijeron que a 16 días de la desaparición de sus compañeros en Iguala decidieron realizar estas protestas para ver si de esta manera las autoridades logran localizarlos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
Esto, con el fin de señalar violaciones a derechos humanos. Se trata del primer caso relacionado con libertad de expresión, que llega a esta instancia internacional.
Tras casi nueve años de haber sido detenida arbitrariamente, la periodista y activista Lydia Cacho expondrá su caso este martes, en Ginebra, Suiza, ante el secretariado del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
La organización Artículo 19 señala “la ruta de la impunidad” que vivió la periodista desde que fue detenida arbitrariamente, incomunicada y torturada, el 16 de diciembre del 2005, acusada de difamación y calumnia.
Recordó que la Policía Judicial del estado de Puebla, en contuberbio con la Procuraduría General de Justicia del estado de Quintana Roo, detuvo a la periodista en Cancún sin estar legalmente habilitada para ello.
“Durante el traslado de Quintana Roo a Puebla, la periodista estuvo incomunicada y fue torturada”, señala.
En aquel entonces, se le acusaba de difamar en su libro Los demonios del edén, al empresario de Puebla, Kamel Nacif, quien tenía nexos con una red de pederastas. Además, se hicieron públicas varias grabaciones en las que el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, ofrecía a su amigo Kamel Nacif castigar a la periodista Lydia Cacho por lo que había publicado.
VÍDEO:
Documentos relacionados al caso:
Resumen LCR.docx by Aristegui Noticias:
Comunicado LCR.docx by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La población de migrantes está a disposición del Estado, de ahí que las responsabilidades son claras y contundentes en términos de debido proceso, señalo Mario Patrón.
En la detención y encarcelamiento de migrantes en nuestro país hay una responsabilidad del Estado mexicano, hay obligaciones internacionales que se tienen que cumplir y que no se están cumpliendo, señalaron Denise González Núñez y Mario Patrón, ambos del Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
En entrevista para Aristegui CNN hablaron del informe “Migrantes en prisión, la incriminación de migrantes en México otro destino trágico”.
Denise comentó que dicho informe lo que trata de visibilizar es que además de los migrantes secuestrados, ejecutados, desaparecidos, hay migrantes que están en la cárcel acusados de una gran cantidad de delitos y que no se ha analizado este fenómeno de la migración, de migrantes que están detenidos y que nadie sabe; un caso es el de Ángel que el centro Pro ha venido acompañando y a partir de ese caso el centro se pregunta cuántas otras personas están en la misma situación que él.
A la luz del caso de Ángel, el riesgo sería que hay muchas personas que están en igual situación que él, en lugar de estar auténticamente investigando delitos con estándares científicos de calidad están simulando deteniendo a migrantes y acusándolos de delitos y fabricándoles pruebas, aseveró.
Contó que Ángel salió de Honduras en enero de 2009, porque la situación económica de su familia había venido a menos; uno de sus dos hijos había sido diagnosticado de cáncer y entonces en una situación de desesperación sale de su país, cruza Guatemala, cruza territorio mexicano indocumentado… Y es acusado de delincuencia organizada, de delitos contra la salud y otros delitos que no cometió, estuvo en dos períodos de arraigo y posteriormente consignado a las autoridades judiciales por los delitos que mencioné y desde mayo del 2009 está en encarcelado en Tepic.
Migrantes son detenidos, encarcelados, acusados de robo, homicidios, de delitos que nosotros pudimos constatar a través de esta investigación, son los delitos que más se les acusa y también se ha documentado que los migrantes muchas veces son sentenciados porque ellos renuncian a ofrecer pruebas, a demostrar su inocencia porque prefieren cumplir la pena y salir lo antes posible de cárcel, entonces esta realidad es terrible y las casas de los migrantes lo han podido documentar y alimentan estos hallazgos que son alarmantes.
Por su parte Mario Patrón dijo que han documentado más de 1200 migrantes en prisión (1219);decimos que hemos documentado porque hay que cuestionar la información de acceso público, vimos contradicciones de la información que nos dio el Instituto Nacional de Migración en función del órgano desconcentrado federal, por eso decimos que son aproximadamente 1219 porque no podemos afirmarlo categóricamente, debido a que la información pública no es contundente y no es seria en términos de sistematicidad.
De los mil 219 casos que tenemos documentados el 40 por ciento son de personas que todavía están en prisión preventaiva, que no tienen una condena, precisó.
Sobre el caso de Ángel comentó que se enmarca en esta política de seguridad, quienes son más vulnerables y quienes son más criminalizables los de por sí ya ilegales, los indocumentados, por eso es que el caso de Ángel condensa toda una cadena de violaciones. Estuvo vinculado con su carácter afrodescendiente, arraigado, todos los tratos crueles vinculados a que era negro, a que lo ponían como un payaso a hacer actuaciones, a lavar las botas del personal militar con su saliva, agregó.
Estamos hablando de una población de migrantes que está a disposición del Estado y ahí las responsabilidades son claras y contundentes en términos de debido proceso, acceso a la justicia y si hay una responsabilidad del Estado mexicano pero también de los países de origen, el derecho de asistencia consultar es de doble vía, tanto México no lo tutela como los países de origen no lo reivindican y no lo exigen, subrayó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La Fiscalía de estado justificó los hechos del domingo como una confusión, tras escuchar “un ruido similar al de una detonación”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una investigación de oficio por la agresión a 10 estudiantes por parte de agentes de la Policía Ministerial de Guerrero, en Chilpancingo, mientras circulaban el domingo por la Autopista del Sol.
En un comunicado, la CNDH explicó que según información publicada en los medios de comunicación, este fin de semana 10 estudiantes (dos alemanes, dos franceses y seis mexicanos) circulaban a bordo de una camioneta, procedentes de Acapulco, cuando una patrulla de la Policía Ministerial les marcó el alto.
Por temor a un atentado contra su integridad física, los estudiantes ignoraron los señalamientos de los policías, lo que dio paso a una persecución en la que los uniformados dispararon sus armas contra el vehículo, creyendo que era de un grupo de delincuentes, detalló.
Aseveró que uno de los estudiantes de nacionalidad alemana recibió un balazo en el glúteo, que le provocó una fuerte hemorragia y los obligó a detenerse en una gasolinera ubicada al norte de Chilpancingo.
“Ahí, los elementos del Grupo Táctico Antisecuestro los encañonaron y sometieron; después de corroborar que no eran delincuentes fueron auxiliados por los propios policías y el lesionado llevado a un hospital en la ciudad de México”, abundó la CNDH.
Ante esto y por instrucciones del presidente del organismo, Raúl Plascencia Villanueva, se envió un grupo de visitadores adjuntos al lugar de los hechos, a fin de investigar lo ocurrido, así como las presuntas violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, personal de la CNDH acudió al hospital al que fue trasladado el estudiante, para certificar las condiciones físicas en que se encuentra y a entrevistar a sus familiares y brindarles la atención y orientación que requieran.
Especificó que también solicitó información a autoridades estatales y municipales, a fin de recabar mayores elementos de prueba y una vez agotada la investigación emitirá la determinación que conforme a derecho corresponda.
Por otra parte, el Tecnológico de Monterrey exigió el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Chilpancingo, Guerrero.
Cabe señalar que el joven alemán herido de bala, es un estudiante de intercambio en el Tec; actualmente se encuentra estable.
“Reprobamos todo incidente que afecte la seguridad de nuestros alumnos y de cualquier persona, y demandamos el esclarecimiento de este suceso”, pidió el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en un comunicado denominado “Postura oficial”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
En MVS, el gobernador de Guerrero afirma que denunció varias veces al delegado de la PGR los vínculos del alcalde de Iguala con la delincuencia organizada.
Aunque el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, dice no estar “empecinado” con mantenerse en su cargo -e incluso desliza la posibilidad de irse (“si sirve mi salida, no tengo ningún inconveniente”)-, espeta: ”No voy a claudicar a mi responsabilidad”.
En entrevista para Noticias MVS primera emisión, a más de medio mes del ataque a normalistas en Iguala, por el que hay 43 desaparecidos, y a unas horas de que en una protesta en su contra, le incendiaran el Palacio de Gobierno, donde despacha, él sostiene que ha actuado en el límite de sus responsabilidades.
Reveló que después del ataque de policías municipales de Iguala a normalistas, el 26 de septiembre, pidió al Procurador del estado que detuviera al alcalde, José Luis Abarca, pero el fiscal estatal le dijo que primero había que retirarle el fuero. Paralelamente, el alcalde solicitó licencia a su cargo y actualmente no se encuentra localizable; es buscado pues se le señala como el principal responsable de dar la orden de detener y someter a los normalistas que llegaron a Iguala a aquel día, justo cuando su esposa -quien aspiraba a la alcaldía- rendía su informe de labores en la explanada del municipio.
“Yo di instrucciones precisas de que si había condiciones, se procediera contra el alcalde. Se lo instruí días antes de que presentara su solicitud de licencia; me dijo (el procurador) que no hay condiciones de detenerlo porque goza de fuero”, contó.
Y reconoció que “era del dominio público los posibles vínculos del alcalde con la delincuencia organizada”; este medio ya ha señalado los nexos del edil, primero con los Beltrán Leyva y, después, con su escisión, “Guerreros Unidos”.
El mandatario estatal afirmó que dichos nexos los denunció personalmente al delegado de la PGR en Guerrero, por lo que consideró que se debió abrir una investigación federal contra Abarca.
Aseveró que en la agresión contra estudiantes y otros habitantes de Iguala -entre ellos un menor de edad del equipo de futbol, Los Avispones de Chilpancingo- no participaron elementos de la policía estatal, sino que lo hizo sólo la policía municipal, que está bajo las órdenes del director de seguridad del municipio y del alcalde.
En cuanto a las nueve fosas encontradas en Iguala, aseveró que algunas de las primeras no fueron excavadas recientemente, por lo que él cree que podrían no ser los cuerpos de los estudiantes de Ayotzinapa. Ante ello, confía en que los 43 pudieran estar vivos, aunque no tiene ninguna señal de ello. Sólo la esperanza.
Fosas que no son recientes
Sobre las 9 fosas que hasta ahora se han encontrado en Iguala -primero 5 y después 4-, Aguirre dijo que “hay algunas que no son recientes”.
“Eso me lleva a pensar que algunos no son normalistas de Ayotzinapa”, mencionó.
“Algunas de esas fosas no fueron excavadas recientemente”, señaló.
“Tal vez son recientes 4 o 5, otras no lo eran”, apuntó. ”De las últimas no sabría en virtud de que eso lo ha investigado la PGR”.
Además, “he escuchado la posibilidad de encontrarlos con vida”.
Que si me voy, que se mi quedo, eso es secundario, lo fundamental es que estos jóvenes puedan regresar con vida, abundó.
“Yo he dicho que cuando se conozca el resultado de las investigación me ajustaré sea cual sea el resultado… Yo en ningún momento he detenido las acciones que me corresponden como gobernador y lo voy a hacer hasta el último momento… seguiré contribuyendo para que regrese el clima de tranquilidad, no voy a claudicar a mi responsabilidad”, sostuvo.
“Vil vandalismo”
Sobre los destrozos causados el lunes al Palacio de Gobierno, al Congreso local y al Ayuntamiento, Aguirre los consideró como actos “de vil vandalismo, no se puede entender de otra manera”.
Aseguró que desde que comenzó con su gobierno ha mantenido el diálogo y apoyo a estudiantes de Ayotzinapa; “les hemos dado todas las facilidades”.
Sin embargo, eventos como el de Iguala, o los del 11 de diciembre de 2011 –cuando la policía estatal mató a dos normalistas en un intento por desbloquear la carretera- “todo se dio al traste”.
Con los hechos del lunes, dijo, “se pretende confrontar”, es una “provocación que genere más situaciones complicadas y desestabilizadoras”.
Su estrategia
El gobernador indicó que su estrategia se base en 3 puntos:
1- Localizar a los 43 desaparecidos
2- Agilizar hasta donde nos sea posible las investigaciones para castigar a los responsables y detener al alcalde de Iguala por los hechos violentos del 26 de septiembre.
3- Que estos eventos no impacten la actividad turística en el estado.
Niega vínculos con la delincuencia
El mandatario guerrerense negó tener vínculos con la delincuencia, como se le acusa en un video que circula en internet.
“El video lo conozco, ya me deslindé, jamás en mi vida he tenido vínculo alguno con la delincuencia organizada, el propio procurador ya descalificó ese video, yo soy el más interesado de que eso se llegue a fondo”, expuso.
“Hay un señor que se llama Víctor Aguirre, jefe de grupos delictivos en Acapulco, dicen que es mi primo, no tengo ninguna relación de parentesco, por si fuera poco su padre es originario de Ometepec, donde yo nací”, agregó.
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
