MEXICO, D.F. (apro).- Ahora sí se cumplieron los sueños de los promotores del gobierno que ha “movido a México”. El gobierno de Enrique Peña Nieto está en todas las primeras planas de los periódicos internacionales. Las columnas más importantes señalan a nuestro país. Cientos de corresponsales están pendientes de los sucesos nacionales. Las principales cadenas de televisión han desplazado a sus corresponsales y sus equipos.
Lástima que tanto interés no sea por las “reformas estructurales” y el relato épico de cómo Peña Nieto logró “mover a México”.
El interés son las fosas y los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 y 27 de septiembre. Las narcofosas. Las tumbas clandestinas que no paran de encontrarse, tan sólo en un perímetro muy corto que rodea al municipio de Iguala, hoy epicentro de la descomposición política, como hace 10 meses lo fue Apatzingán, en Michoacán y como, tal vez, después se convierta Ecatepec, en el Estado de México. Ahí han vuelto a encontrar 21 restos de algo que el gobierno de Eruviel Ávila niega que sean de cuerpos humanos.
El procurador general Jesús Murillo Karam hoy volvió a concentrar la atención de los medios: afirmó que de los 28 cuerpos exhumados en las cinco primeras fosas encontradas en los alrededores de Iguala ninguno pertenece a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
¿Entonces de quiénes son? ¿A quiénes asesinaron, desollaron y arrojaron en esos sitios donde se está escribiendo el rostro más horroroso de un México en guerra?
Horas antes del anuncio del procurador Murillo Karam, en las inmediaciones del municipio de La Parota, también cercano a Iguala, se hallaron otras cuatro fosas clandestinas. Estas fueron encontradas a través de los familiares de las víctimas y con la ayuda de los cuerpos de autodefensa comunitaria que han entrado en acción para localizar a estos jóvenes.
¿Desde el principio se dieron pistas falsas sobre las fosas para desviar la atención? ¿Por qué ni todo el Ejército, ni la Gendarmería, ni las policías ministeriales estatal y federal pudieron dar antes con estas otras cuatro fosas donde presuntamente deben estar otros cuerpos, quizá otros jóvenes que fueron arrojados a la muerte por esta especie de narcocleptocracia que gobierna Guerrero?
El problema mayúsculo ya no son sólo los 43 normalistas desaparecidos. Ellos humanizaron el horror. Han generado una conmoción nacional e internacional como no se había visto ni siquiera en la masacre de los 72 migrantes de San Fernando, Tamaulipas.
Encontrar a los 43 normalistas constituye una luz de esperanza en medio de estas tinieblas que no dejan ver. Ellos son la causa más clara ante el juego de poder que trae el inefable de Angel Aguirre, sus cómplices de la dirigencia del PRD, sus vínculos con Peña Nieto y sus negocios con el nieto de Rubén Figueroa.
Encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa se está convirtiendo en un viaje dantesco. En menos de 10 días se han encontrado nueve fosas en los alrededores de Iguala. No menos de 40 cuerpos deben estar enterrados en esos sitios. No son las únicas. Van a encontrar más.
¿Qué se preguntará la opinión pública internacional? ¿Lástima que han pasado dos semanas y los jóvenes normalistas continúan desaparecidos? ¿Lanzarán bravos al gobierno de Peña Nieto que “valientemente” sacrifica su capital político ante un gobernador desacreditado para acabar con la impunidad, al menos discursivamente?
Las preguntas más lógicas y comunes desde la prensa internacional serán: ¿Desde cuándo se sabe que existen tales “cementerios de narcos” en los municipios de Guerrero, del Estado de México y seguramente de Michoacán y Tamaulipas? ¿Cuántos hay? ¿Quién está investigando? ¿Cuántos muertos invisibilizados, no contabilizados, prescindibles han sido olvidados por el Estado mexicano?
Estamos en la antesala de la peor pesadilla para el régimen y para la sociedad mexicana. Y la prensa internacional quizá no quite el dedo del renglón por una razón muy sencilla: este es el Mexican Moment.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
MÉXICO, D.F. (apro).- La inflación alcanzará su meta de 3% hasta mediados del próximo año, aseguró este martes el gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens.
Durante su participación en el seminario Las cambiantes características de los sistemas de pago, el exsecretario de Hacienda aclaró que esa meta se pretendía alcanzar en los primeros meses de 2015, pero el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) ha mermado por el alza de algunos productos agropecuarios, lo que afecta la previsión del banco central.
De hecho, 2014 ha sido un año de altibajos: en enero la inflación se ubicó en 4.48% anual y un mes después en 4.23%, mientras que en marzo se redujo a 3.76%, y en abril y mayo a 3.5%, pero volvió a subir en junio a 3.75%. En julio se elevó de nueva cuenta a 4.07%, en agosto a 4.15% y en septiembre se colocó en 4.22%.
Así, la inflación ha estado por arriba de la meta de 3% (+/- un punto porcentual) durante los últimos tres meses consecutivos.
Para el gobernador del Banco de México, el fin del alza mensual de la gasolina será determinante para alcanzar la convergencia en la meta de la inflación.
Por otra parte, celebró que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se percatara de la presunta colusión entre una cadena de autoservicio y un productor del limón, quienes acordaron subir el costo del cítrico a principios de año, hecho que tuvo un impacto negativo sobre la inflación.
Carstens señaló que “si la Profeco ya lo descubrió y está actuando, pues nos da mucho gusto. (…) Eso es materia de la Profeco y de la Comisión Federal de Competencia (Cofece). Al fin del día la Profeco se dedica a proteger al consumidor y qué bueno que están actuando en esa medida”.
Añadió: “La Cofece lo que debe de buscar es el buen funcionamiento de los mercados, mercados competitivos, entonces, pues esa es materia de esas agencias y nosotros aplaudimos lo que puedan hacer en ese sentido, pues va a redundar en menores precios”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
MÉXICO, D.F. (apro).- En respuesta a los señalamientos del movimiento estudiantil del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que había descalificado las propuestas oficiales por considerarlas “imprecisas” e “incompletas”, el gobierno federal admitió su incompetencia para resolver las exigencias de abrogar el Reglamento Interno y cancelar definitivamente los planes y programas de estudio de la institución, génesis del conflicto, y aceptó la instalación de un Congreso Nacional Politécnico propuesta por el colectivo.
Así lo explica el documento de ocho cuartillas que elaboró la Secretaría de Educación Pública (SEP), entregado este mediodía a representantes de la Asamblea General Politécnica (AGP) por parte de los subsecretarios de Gobierno, Luis Enrique Miranda, y de Educación Superior, Fernando Serrano.
“Reconocemos el apego al principio de legalidad en el documento entregado por la asamblea, en el sentido de que la SEP por sí misma no puede cancelar el Reglamento Interno de fecha 24 de septiembre de 2014 (…) El apego a la legalidad de la Asamblea permite reconocer que son las instancias competentes del IPN las que acuerden respecto a la vigencia de los planes y programas”, se lee en los dos primeros puntos del documento que revalida como vigente el Reglamento Interno publicado en 1998 y reformado en 2004.
Así, y con el objetivo de generar “consensos” y “propuestas” que “conduzcan” a la solución del conflicto, explica, el gobierno propone la integración de una mesa de diálogo público que tenga como fin la instalación del Congreso Nacional demandado por los politécnicos.
La mesa de diálogo, dicen las autoridades, sesionaría públicamente con la participación de 10 representantes del gobierno y 10 elegidos por la AGP, que podrían ser rotados cada sesión. Las reglas se pactarían en el primer encuentro y la difusión estaría a cargo del canal 11.
Entre otras cosas, se establecerían ahí las vías para concretar la cancelación de los planes y programas de estudio “cuestionados”, incluyendo el nivel medio superior, entre otras demandas del pliego petitorio.
Lo que el gobierno aún no ha concedido es lo que el movimiento llamó la “democratización” del IPN, donde advirtió que desconocería a cualquier director interino que no fuera elegido mediante el voto universal, libre, secreto y directo de toda la comunidad politécnica.
“En apego al principio de legalidad, el director y el secretario generales deben ser nombrados conforme a los preceptos de la ley vigente. En su caso, puede considerarse la designación de un director que durará hasta la conclusión del Congreso Nacional Politécnico”, apunta el gobierno, argumentando que “no puede dejarse de lado la inmediata atención” a las propias demandas del movimiento, que corresponde tomar a las máximas autoridades del Instituto.
Sobre las exigencias de elevar a 8% del Producto Interno Bruto el presupuesto para la educación pública en el ejercicio 2015, así como a 2% del PIB lo destinado para investigación, ciencia y tecnología, el gobierno federal, a través de la SEP, respondió:
“La Mesa de Diálogo Público podrá analizar los caminos y los procedimientos para someter a las instancias competentes las solicitudes respectivas. El gobierno de la República continuará, como lo ha venido haciendo, proponiendo incrementos presupuestales para fortalecer la calidad de la educación y de la investigación que imparte el IPN”, apunta el párrafo dedicado al tema.
Por último, el gobierno niega que el Instituto Tecnológico Nacional de México, anunciado este año por Enrique Peña Nieto, se vincule en sus atribuciones con el IPN, según el documento que será discutido desde hoy en las distintas asambleas del IPN, para después determinar en la AGP si se levanta o continúa el paro indefinido del Politécnico.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SANTIAGO IGARTÚA.
El comisionado Alfredo Castillo divide las voces en Michoacán. Algunos abogan por que permanezca en la entidad hasta que concluya su encomienda, mientras que otros claman su salida.
Mientras por un lado las señales más recientes apuntan hacia un pronto retiro de Michoacán, por otro, el comisionado Federal Alfredo Castillo hace cabildeo con diversos grupos sociales para valorar su presencia en la entidad.
Pero entre las voces que reclaman la salida del comisionado se encuentra la del presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala, quien considera a Castillo “un riesgo para las próximas elecciones”.
No hay ocasión pública que no aproveche para exigir la salida del comisionado.
También algunos líderes de los grupos de autodefensas se han manifestado abiertamente a favor de la salida del comisionado. El argumento es que no se ha mejorado la condición de seguridad en la entidad, incluso aseguran que la escalda en la violencia que se vive en la entidad continua a la alza.
En una reunión con empresarios de diversos ramos, el comisionado habló claro.
Manifestó la incomodidad personal que le provoca el cuestionamiento de sus presencia en la entidad.
Ante el principal jerarca de la Iglesia Católica en la entidad, arzobispo Alberto Suarez Inda, Castillo lamentó las críticas de las que ha sido objeto, aunque aseguró que no le importan.
“No venimos a ser populares ni por aplausos, ni a vanagloriarnos, o a presumir o a jactarnos; estamos aquí para poner orden, para asumir costos y, sobre todo, para dar certeza a las instituciones de seguridad y de procuración de justicia”, dijo.
Los empresarios michoacanos agrupados en la Coparmex y en la Canaco no han dudado en dar su respaldo al enviado del presidente para que continúe poniendo orden al desgobierno que se generalizó en Michoacán desde el inicio de la administración de Fausto Vallejo Figueroa y Jesús Reyna García.
Pero, sobre Castillo pende un acuerdo entre senadores michoacanos y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el que se estableció el compromiso para retirar al comisionado antes del inicio del proceso electoral del 2015.
El proceso ya se comenzó a organizar y la versión dada a conocer sobre ese acuerdo, por parte del senador del PRD Raúl Morón Orozco, apunta a la retirada del comisionado federal para antes de que concluya el mes de octubre.
Firman para que se quede
Tras escuchar un informe general de los avances logrados por la comisión para el desarrollo y la seguridad de Michoacán, los 160 empresarios convocados al evento firmaron una declaración en donde solicitaron al enviado del presidente Peña Nieto que se mantenga en la entidad bajo el argumento de que aún no está concluida la encomienda para la que fue asignado.
Reconocieron tácitamente la debilidad de las instituciones y de la figura del gobernador sustituto Salvador Jara.
A la propuesta de los empresarios, representados por Adrián Huerta Leal, de Coparmex y Pedro Plancarte Andrade, de la Canaco, se sumó la del líder de los grupos de autodefensa de La Ruana, Hipólito Mora.
El hoy comandante de la Policía Rural Estatal destacó que la permanencia de Castillo en Michoacán es imperiosa.
También los legisladores locales del PRI, Daniela de los Santos Torres y Olivio López Mújica, han hablado por toda la bancada de su partido en el congreso local para pedir que la presencia de Castillo en la entidad continúe.
¿Comienza la desbandada?
Una señal de lo que podría ser la salida de Michoacán del comisionado Alfredo Castillo fue el retiro de su jefe de prensa, Rodrigo Gallardi.
El comunicador se ha reincorporado a la Presidencia de la República dejando al comisionado sin apoyo en medios informativos. Gallardi era quien tenía la relación con los medios locales de comunicación más importantes.
También salió el periodista Víctor Americano, encargado de prensa de la Secretaria de Seguridad Pública.
Americano fue colocado al frente de la jefatura informativa de una cadena radiofónica local, pero su llegada fue denunciada como una imposición.
El hecho disparó un debate sobre la injerencia de la comisión de seguridad en los medios de comunicación.
Violencia a la alza
En las últimas horas se han registrado 15 ejecuciones en el estado, que apuntan hacia una escalada de violencia. La totalidad de los asesinatos registrados en las últimas horas revelan la disputa de territorios por bandas delincuenciales.
Estos han sido los días más violentos en Michoacán desde hace más de 2 meses, a pesar de la llegada de 300 elementos de la gendarmería nacional a suelo michoacano.
Los municipios en donde el índice de violencia se ha disparado son La Piedad, Charo, Morelia, Lázaro Cárdenas, en donde se han presentado la mayoría de los hechos violentos, en donde se han registrado al menos otras cinco personas lesionadas con arma de fuego, producto de atentados en la vía pública.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JÉSUS LEMUS.
Sin noticias de los normalistas desaparecidos, las protestas suben de intensidad. Guerrero arde. El gobernador, Ángel Aguirre, dice que duerme tranquilo, el alcalde de Iguala sigue prófugo, y Enrique Peña Nieto pide al estado que asuma su responsabilidad.
Ángel Aguirre duerme tranquilo. El gobernador de Guerrero aseguró que él nunca ha ordenado que maten o asesinen a alguien, por lo que su conciencia está en paz.
En entrevista con Carmen Aristegui, el mandatario lamentó los acontecimientos de ayer, cuando estudiantes normalistas prendieron fuego a Palacio de Gobierno.
“Se trató de un acto de vil vandalismo”, dijo. “No se puede entender de otra manera”.
Pero los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa que encendieron el recinto no están de acuerdo con Aguirre y sí lo entienden de otra manera.
Ellos aseguran que sus acciones son movidas por la desesperación y el coraje ante la falta de información concreta sobre el destino de sus 43 compañeros, desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre.
“Los padres de familia tienen mucho coraje, dijeron ya son 18 días que no sabemos nada, no nos pueden ver la cara por eso es que empezamos a romper los vidrios y a prender fuego en el lugar”, dijo en entrevista radiofónica Uriel Alonso, integrante del comité estudiantil.
Sentenció que mientras la autoridad no haga nada, ellos seguirán presionando.
“Nosotros vamos a seguir con las actividades hasta que nuestros compañeros aparezcan, y si no aparecen ya veremos qué es lo que vamos a realizar”, indicó el estudiante.
Ya desde principios de octubre -cuando se encontraron las primeras fosas en Pueblo Viejo- los estudiantes también habían dejado clara su postura.
“Vamos a tomar acciones radicales, asaltaremos si hace falta el palacio del gobernador. Y actuaremos junto a los padres”.
Aguirre pidió calma. Le respondieron lanzando cohetes, piedras y bombas molotov a Casa Guerrero, su residencia oficial.
Estas declaraciones toman tintes dramáticos si se tiene en cuenta la invitación del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) de responder a “la violencia brutal” que se vive en el país, con todas las formas de lucha, violentas y pacíficas, legales e ilegales.
“Se ha criminalizado la protesta social. Hacer pintas es ahora violencia, manifestarse, tomar casetas o cerrar calles es terrorismo y se vocifera contra quienes protestan, pero se calla ante el robo, el saqueo y los crímenes del narco gobierno”, refirió el ERPI en un comunicado, en el que anunció la creación de una “brigada de ajusticiamiento”.
Pero el gobernador no se mueve.
Él cree firmemente que las protestas de los estudiantes normalistas tienen un trasfondo político que busca generar “situaciones complicadas y desestabilizadoras” para el estado.
“Lo que se pretende es confrontar, generar más situaciones problemáticas, desestabilizadoras”, aseguró el gobernador.
El hombre sabe de eso. Esta no es la primera vez que se enfrenta a estas situaciones problemáticas y desestabilizadoras.
En junio de 1995, 17 campesinos fueron asesinados por la policía de Guerrero para impedir su asistencia a un mitin en Aguas Blancas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos lo llamó genocidio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación responsabilizó de violaciones graves a las garantías individuales a Rubén Figueroa, quien era gobernador.
Un año después, en mayo de 1996, Aguirre entró al quite. Se sentó por primera vez en la silla del gobernador y desde ahí prometió que los responsables pagarían. Habrá cero impunidad, dijo.
Cuando la PGR reconoció que no había avances en la indagatoria ni consignados ni una sentencia judicial, el entonces priista alzó la voz.
“Yo me sigo reuniendo con todos los afectados de esta tragedia, de esta masacre y lo vamos a seguir haciendo, los vamos a seguir apoyando como se los he ofrecido. Vamos a seguir trabajando en proyectos productivos y con becas para sus hijos, saben que cuentan con el gobernador”, respondió.
Han pasado casi 20 años y hasta el momento no hay un solo detenido por esa masacre.
En 2011, Aguirre pasó del PRI al PRD, pero su discurso no cambió. En esta nueva matanza su postura es la misma: que nadie quede impune. Que se castigue a todos los que tengan alguna responsabilidad.
No dejará su cargo
Ángel Aguirre reconoció que en Guerrero hay lugares en los que manda la delincuencia organizada, municipios que tienen las policías municipales totalmente infiltradas.
En el caso específico de Iguala, el mandatario aseguró a MVS que muchas veces planteó que el alcalde José Luis Abarca –ahora prófugo- tenía posibles vínculos con el crimen organizado.
“Yo había puesto sobre la mesa el tema de José Luis Abarca; sabíamos que había vínculos totalmente oscuros”.
El día que los estudiantes incendiaron Palacio de Gobierno, las consignas fueron lo mismo contra Abarca que contra Aguirre.
Sin embargo, el gobernador señaló que se mantendrá al frente del estado, pues es su responsabilidad.
Siguen las protestas; suspenden clases
Ayer, las protestas en la capital del estado continuaron. Integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) tomaron tres radiodifusoras, mientras que miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) impidieron el acceso a las instituciones bancarias ubicadas en el centro de la ciudad.
La exigencia para que Aguirre deje la gubernatura y el alcalde de Iguala sea aprehendido se mantuvieron entre los reclamos.
Palacio de gobierno y el ayuntamiento de Chilpancingo permanecieron cerrados y custodiados por policías antimotines.
También algunas escuelas de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) suspendieron actividades por indicaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Pide PAN desaparición de Poderes
En el Senado, la bancada del PAN solicitó la desaparición de Poderes en Guerrero y pidió el nombramiento de un gobernador que sustituya a Aguirre.
El senador del PRI, Enrique Burgos dijo que esta petición es una salida fácil que de ninguna manera resolvería el problema.
“Los familiares de los estudiantes desaparecidos necesitan resultados y no remover de su cargo a funcionarios, pues esto no traerá de regreso a los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa”, planteó Burgos.
‘Todo México es una fosa clandestina’
La búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala ha desenterrado más que solo huesos y restos humanos.
A tan solo 10 días de que se localizó las primeras cinco fosas clandestinas -con 28 cuerpos- el procurador, Jesús Murillo Karam, informó que estos no son de los normalistas.
Hasta el momento, peritos de la Fiscalía General del Estado y de la PGR han localizado 9 fosas clandestinas a las que se le suman otras tres localizadas ayer por miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
A principios de mes, el sacerdote católico y activista Alejando Solandine hizo una declaración tan dolorosa como cierta.
“Todo México es una tumba clandestina”.
Y es que hay tantas que ni las autoridades se ponen de acuerdo en la cifra.
La Marina reportó un total de 39 fosas con 64 cadáveres, de 2006 a 2012. El Ejército detectó 175 con 431 cuerpos, de 2011 a 2012, y la PGR informó 122 fosas con 847 personas asesinadas y la Sedena señaló que entre marzo de 2011 y abril de 2013 se localizaron 198 fosas clandestinas, en las cuales había 466 cadáveres.
Sin embargo, la información es tan confusa que no permite precisar si algunas de esas fosas se repiten en los reportes o si en 7 años las autoridades encontraron 534 fosas con más de mil 800 muertos.
Se suicida líder de cártel
De acuerdo a información publicada por El Universal, el líder del cártel michoacano Guerreros Unidos, Benjamín Mondragón, se quitó la vida ayer al ser acorralado por elementos del Ejército.
En un operativo realizado en Morelos, “El Benjamón” se disparó para evitar ser detenido.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ
XALAPA, Ver. (apro).- A un mes de que se lleven a cabo los Juegos Centroamericanos 2014, el gobernador Javier Duarte pidió a la prensa “hablar de cosas positivas” y dejar tantito de lado el tema de “la seguridad”.
Duarte de Ochoa aseguró que los índices delictivos han bajado en la entidad, aunque expresó que hay medios de comunicación que quieren ver que “estamos de la patada”.
En entrevista con reporteros de Boca del Río, señaló: “Antes se hablaba de balaceras y asesinatos, de participación de la delincuencia organizada, y hoy hablamos de robos a negocios, de que se robaron un Frutsi y dos Pingüinos en el Oxxo”.
El priista aseguró que su administración ha hecho esfuerzos conjuntos con el gobierno federal para “fortalecer” las instituciones, prueba de ello –presumió– es que ya no se reportan tantas balaceras como antes.
No obstante, advirtió, “algunos insisten en decir que estamos de la patada… Se los dije la otra ocasión, hablar mal de Veracruz es escupir para arriba. Muchas veces sólo queremos ganar una nota estridente o que se pueda vender, pero al final estamos hablando mal de nosotros mismos”.
El mandatario pidió a la prensa de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río hacer un “comparativo” de cómo está el territorio en contraste con lo que “sucede en otras partes del país”, en clara alusión a los estados de Guerrero, Estado de México y Michoacán.
“(Nosotros) hemos bajado los índices delincuenciales, pero a ustedes les encanta hablar de seguridad. ¿Por qué no hablamos de cosas positivas? Creo que en ese sentido si nos aliamos todos, nos va a ir mejor como sociedad”, argumentó.
Este mismo martes, Apro publicó un reporte especial en donde se hace un recuento de los campos de adiestramiento de Los Zetas desmantelados por fuerzas federales en los últimos meses y los ocho cementerios clandestinos hallados en lo que va de la administración de Javier Duarte de Ochoa.
Así, en los casi cuatro años del actual gobierno las autoridades federales, estatales y municipales han exhumado más de 83 cadáveres, algunos de ellos decapitados, desmembrados y con el “tiro de gracia”.
La primera narcofosa fue hallada en febrero de 2012 en el rancho “La Poma Rosa”, municipio de Acayucan, de donde extrajeron 15 cuerpos; la segunda, en la congregación Frijol Colorado, en Perote, donde fueron encontrados más de 15 cuerpos; en junio de ese mismo año se localizaron nueve cadáveres en tres narcofosas en una ranchería de Lerdo de Tejada.
En 2013, las autoridades descubrieron siete cadáveres con huellas de tortura y perforaciones de bala en un baldío localizado en Playa La Cava, en la zona costera de Antón Lizardo.
Ya en este año hallaron dos cuerpos más en un terreno de Carlos A. Carrillo; 31 más en una docena de fosas ubicadas en el rancho El Diamante en Tres Valles; ocho en la localidad de Paraíso Novillero en Cosamaloapan, y los últimos tres cadáveres y una cabeza humana sin tronco en un predio baldío, localizado enfrente del rancho Los Alacranes en Agua Dulce.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
MÉXICO, D.F. (apro).- El grupo de trabajo, integrado por legisladores para indagar sobre la presunta ejecución de civiles por parte de militares en Tlatlaya, anunció que solicitará a “peritos independientes” que revisen las pruebas del caso y también pedirá a Gobernación brinde protección a testigos, sobrevivientes y familiares.
Margarita Elena Tapia Fonllem, legisladora del PRD y presidenta de la comisión, dijo que visitarán la comunidad de San Pedro Limón en el municipio mexiquense de Tlatlaya, en donde el 30 de junio murieron 22 jóvenes en una bodega a manos de elementos del Ejército mexicano.
En su primera reunión, que había sido pospuesta por integrantes del PRI, según denunció el perredista Roberto López Suárez, la diputada dijo que realizarán una visita a la 22 Zona Militar “para conocer acerca de los hechos, así como del trabajo del personal militar”.
También comentó que “se encomendará la elaboración de dictámenes periciales a peritos independientes, con certificación internacional y experiencia en casos de investigación sobre violaciones a derechos humanos, propuestos en consulta con la Oficina el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Comité Internacional de la Cruz Roja y Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Además, pedirán a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, al relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, y a la CIDH, “remitan informes sobre su análisis de los acontecimientos en Tlatlaya”.
Asimismo, los legisladores citarán a audiencia pública al secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, para que explique el operativo y funciones de mando del batallón 102 de Infantería de la 22 Zona Militar.
Aparte, buscarán tener encuentros con las “víctimas, testigos, familiares y vecinos de la zona para recibir sus testimonios”, y aquéllos podrán ser privados o limitar su difusión del canal del Congreso, según lo determine el grupo de trabajo.
La diputada del PRD y presidenta de la comisión, detalló que solicitarán al Ejecutivo federal que invite a la “Fiscalía de la Corte Penal Internacional y al relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU para que realicen vistas de trabajo a México para recabar información sobre el caso”.
En el primer encuentro los miembros de la comisión aprobaron solicitar a Gobernación protección a los sobrevivientes, testigos y familiares de quienes fallecieron, y que a través del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos se “gestionen las medidas pertinentes en beneficio de los periodistas que han investigado los hechos y enfrenten situaciones de riesgo”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
MÉXICO, D.F. (apro).- En el ataque, desaparición y muerte a normalistas de Ayotzinapa participaron sicarios y, frente a ese hecho, la PGR “no se ha pronunciado”, reclamaron diputados de la comisión especial establecida para coadyuvar en las investigaciones; además, los legisladores solicitarán juicio político contra Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero.
En rueda de prensa, Lilia Aguilar, integrante de la comisión y diputada por el PT, anunció que someterán a votación la demanda de juicio político contra Aguirre Rivero, no sólo por el atentado contra los normalistas, sino también por la quema de los edificios de gobierno de Guerrero la tarde del lunes 13.
La legisladora detalló que si la comisión no alcanza la mayoría para el juicio político, ella y Manuel Huerta, también del PT, entregarán la solicitud ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados.
En el caso de los hechos de violencia ocurridos el 26 y 27 de septiembre, y que han sido condenados por diversos países, Lilia Aguilar dijo que en el informe entregado por la comisión ejecutiva de Atención a Víctimas del gobierno federal, a cargo de Jaime Rochín del Rincón, se estableció “que hay sicarios en la desaparición de los estudiantes, está por escrito y la PGR ni siquiera se ha pronunciado sobre el tema”.
La diputada consideró que las policías locales tendrán que ser controladas por el Consejo Nacional de Seguridad “y tomar una determinación de cómo se manejará la seguridad en Guerrero… porque el gobierno del estado definitivamente ya no tiene control ni de la seguridad, y ahora se dedica a balear ciudadanos”.
“Los disturbios que se dan en el Palacio de Gobierno y en el Congreso del estado demuestran que en la entidad no sólo no hay gobernabilidad, sino que además el mandatario ya no puede controlar el estado”, acusó.
También anunció que este miércoles 15 la comisión se reunirá con el gobernador de Guerrero en una “especie de comparecencia”, aunque el lugar, acotó, aún no se ha determinado por seguridad.
Y mientras en el Senado la fracción del PAN solicitó la desaparición de poderes en Guerrero, en San Lázaro el coordinador de los diputados panistas, Isabel Trejo, rechazó la propuesta, pues ello implicaría acabar por desaparecer al Congreso y el Poder Judicial locales.
Trejo dijo que está de acuerdo con la remoción únicamente del gobernador y que se nombre a un interino que concluya los nueve meses que le restan de gestión a Ángel Aguirre Rivero.
Además, definió, ante “el agravamiento de la situación en Guerrero”, el gobierno federal debe actuar pero no con más fuerza bélica, “sino con más inteligencia”.
“Porque es urgente conocer la verdad y que regrese la paz a esa entidad. El pueblo de México quiere saber qué pasó con los estudiantes y qué está sucediendo en materia de seguridad en el estado; las escenas han cimbrado la sensibilidad aquí y en otras partes del mundo”, advirtió el panista Isabel Trejo.
Por otra parte, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, “canceló” su reunión con la comisión especial para el caso de Ayotzinapa “por motivos de agenda”, por lo que se espera que el lunes 20 se concrete el encuentro con los diputados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
La relación de varios negocios y propiedades vinculados a Elba Esther Gordillo podrían evidenciar los mecanismos en donde se ha ‘desviado’ dinero del SNTE.
El juicio mercantil que va perdiendo Comercializadora GC, propietaria de un piso en Reforma 222, acerca cada vez más la empresa a la exlíder magisterial Elba Esther Gordillo.
Lo que se ha descubierto a partir de estas deudas y sus apoderados, podrían dar la clave de en dónde se ha “lavado” el dinero desviado del SNTE y por lo que La Maestra enfrenta un juicio desde febrero del año pasado. Para esto se ha tejido un gran entramado de empresas.
En el caso de GC, Francisco Yáñez Herrera endosó tres pagarés por 6.5 millones de pesos, lo que dio origen a un pleito judicial.
Tres días después tres de los abogados que defienden a La Maestra en su juicio penal, fueron inscritos como apoderados legales de GC.
Ellos pertenecen al despacho Del Toro Carazo, con sedes en Guadalajara y la Ciudad de México, el cual ha llevado el caso del juicio de Gordillo desde marzo del año pasado.
La defensa de estos abogados se suma a otro nexo de la Comercializadora GC con la familia de la exdirigente sindical.
La agencia de viajes Bel-Air, ubicada en las oficinas propiedad de la otra empresa de los Gordillo, Inmobiliaria Galilei, en la planta baja de Reforma 295, fungiría como parapeto para la dirección fiscal de la dueña de los departamentos en el condominio de Reforma 222.
Esta agencia de viajes ha tenido 134 contratos en los últimos siete años con dependencias federales, lo que han generado ventas por 99 millones de pesos.
Los casos más mediáticos
Casos más cubiertos por medios del despacho de Marco Antonio del Toro Carazo
> Napoleón Gómez Urrutia
(contra extradición)
> Vicente Fox Quesada
(difamación)
> Pemexgate
(funcionarios implicados)
> Grupo Carso
> Carlos Cabal Peniche
(contra extradición)
> Director general de Los Pinos
(caso “Toallagate”)
Defensor de indefendibles
Cuando Elba Esther Gordillo ajustó su defensa legal a mediados de marzo del año pasado, nombró como su principal defensor a Marco Antonio del Toro Carazo.
Él defiende a Gordillo por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada derivados del supuesto desvío de mil 978 millones de pesos de las cuentas del SNTE.
Tres meses después de asumir la defensa legal de Gordillo, el representante legal de Comercializadora GC, Jesús Rodríguez Millán, designó a Del Toro como apoderado de la compañía que había comprado 11 departamentos en Reforma 222 por 25.7 millones de pesos en diciembre de 2010.
Ese mismo día se inscribieron también como apoderados a Luis Ricardo Chávez Coronado y Luis Antonio Lagunas Gutiérrez, ambos socios del despacho Del Toro Carazo.
La defensa de los departamentos en Reforma 222 es aparte de la personal de La Maestra, por lo que el despacho cobra 105 millones de pesos de honorarios, más 100 mil pesos mensuales, según datos que publicó La Jornada en agosto del año pasado.
Estas propiedades, además del avión embargado por la PGR con valor de cuatro millones de dólares (54 millones de pesos), son las únicas conocidas hasta ahora registradas en la Comercializadora GC.
El mismo día se inscribieron también como apoderados tres litigantes del despacho Tiburcio Abogados, especializado en fiscal y administrativa, que tienen una alianza con Del Toro Carazo.
Los abogados registrados de este segundo bufete fueron: Arturo Tiburcio Tiburcio, Mauricio Reynoso Galván y Francisco Palmero Rivera Cambas, quienes tienen poder legal para pleitos, cobranzas y actos de administración, de acuerdo con los registros del Registro Público, de los que este diario tiene una copia.
En febrero de este año el despacho Del Toro Carazo también fungió como representante del exesposo de Gordillo, Francisco Arriola Urbina, en la solicitud de un amparo contra su implicación en el caso de la exlideresa, según publicó el semanario Zeta.
En el mismo lugar, Bel Air
La notificación del juicio ejecutivo mercantil que interpuso el abogado Alexis Orta Salgado contra Comercializadora GC por el cobro de los tres pagarés, que suman 6.5 millones de pesos, también reveló conexiones con la agencia de Viajes Bel-Air, empresa vinculada a Gordillo.
El 6 de agosto del año pasado el secretario actuario del juzgado 31º del Tribunal Superior de Justicia del DF, Horacio Salazar Castillo, fue a la dirección fiscal que tiene registrada Comercializadora GC ante Hacienda: la planta baja de Reforma 295.
Acudió para notificarles que el 18 de junio Orta Salgado había interpuesto el juicio ejecutivo mercantil para cobrarles el monto de los pagarés.
En el lugar respondió como empleada de la comercializadora Adriana Rivera Sitjá, quien recibió la notificación y escribió en el acta que “no sabe del adeudo y no es la persona autorizada”, de acuerdo con la copia de la diligencia obtenida por Reporte Indigo.
El perfil en Linkedin de Rivera indica que trabaja desde febrero del año pasado como asesora en viajes corporativos en Viajes Bel-Air, una agencia que también tiene su domicilio en la planta baja de Reforma 295.
En Viajes Bel-Air sí dan cuenta de su existencia, a diferencia de GC, que la seguridad del local reporta como que “ya no radican allí”.
La agencia de viajes ha sido también relacionada con Gordillo en investigaciones periodísticas de los últimos seis años, como parte del entramado de empresas mediante las cuales se desviaban recursos del SNTE.
La compañía fue registrada en mayo de 1989. Su objeto es la “reservación, expedición y ministración de pasajes aéreos y otros servicios del ramo turístico”.
El Informe Anual de Ingresos Totales y Gastos Ordinarios para 2006 -elecciones en las que resultó electo Calderón con el supuesto apoyo de Gordillo- que registró el IFE, muestra que los mayores gastos del Partido Nueva Alianza fueron a estas dos compañías.
Ese año el Panal pagó 6.2 millones de pesos a Comercializadora GC y 2.7 millones a Viajes Bel-Air.
Comercializadora GC fue dada de baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en noviembre de 2011, Viajes Bel-Air sigue activa.
En los últimos dos sexenios ha tenido 134 contratos con el Gobierno Federal. La mayoría, 117 de ellos, han sido firmados entre 2013 y 2014 con la Casa de Moneda de México.
Los contratos más onerosos se firmaron por 18.6 millones de pesos en 2007 con Banobras, por 38.5 millones de pesos en 2008 con la Secretaría de Salud, 6.6 millones en 2009 y 2011 con Banjército.
En la indagatoria para el cobro de los pagarés hasta ahora no aparece ningún documento que haga referencia a Viajes Bel-Air. El caso podría llegar a ellos si se declara a GC en concurso mercantil, solicitud que ya está en preparación por parte del Bufete Capital.
Contratos de Bel Air pagados por dependencias
2007
> Banobras
18.6 millones de pesos
Reservación y expedición de boletos aéreos
> Banjército
3 millones de pesos
2008
> Secretaría de salud
26.5 millones de pesos
Gestión de pasajes aéreos
Licitación pública nacional
> Cofepris
12 millones de pesos
> Banjército
1.7 millones de pesos
2009
> Banjército
3 millones de pesos
Servicio de agencia de viajes
> Secretaría de Turismo
6.4 millones de pesos
2010
> Secretaría de Turismo
7.9 millones de pesos
2011
> Banjército
3.6 millones de pesos
Prestación de servicio de agencia de viajes
> Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
5.6 millones de pesos
2014
> Función Pública
4.5 millones de pesos
Reservación y adquisición de pasajes aéreos
> Fondo Nacional de Habitaciones Populares
5 millones de pesos
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍRES.
El gobernador Rodrigo Medina enfrenta su último periodo ante una sucesión que podría ser impuesta desde Los Pinos. También, con un gran logro en seguridad y una deuda que a través de APP’s supera los 100 mil millones de pesos.
El mandatario estatal presenta hoy su Quinto Informe de Gobierno e inicia el año político, en el que un candidato de su partido podría pesar más que su propia investidura.
Es el año cuando un gobernador, con un presidente del mismo partido, termina siendo avasallado por la regla tácita de que el candidato se designa en Los Pinos.
Hace cinco años, su antecesor y tutor político, Natividad González Parás, pudo imponerse al PRI nacional y colocó sobre la escena electoral a un joven desconocido que finalmente ganó la Gubernatura.
Pero entonces el presidente de la República era panista. Hoy la decisión de Los Pinos es inminente.
Por otro lado, el gobernador logró en los últimos tres años construir una nueva corporación policial: Fuerza Civil.
Policía que no está completa en cuanto al número de elementos, pero que consiguió una nueva percepción de seguridad ante la sociedad, junto a la disminución del crimen en las calles.
Y la integración de este cuerpo policial se hizo junto con los departamentos de recursos humanos de las grandes empresas de Monterrey, que buscaron en todo el país a los uniformados.
Otro foco de atención que enfrenta el mandatario estatal en su Quinto Informe de Gobierno son las críticas a la deuda estatal, que entre el gobierno central y los organismos descentralizados, llega a los 109 mil millones de pesos.
Apenas en septiembre pasado la calificadora crediticia Fitch Ratings dio a conocer un comunicado en el que señala que la presión del servicio de la deuda, si bien puede ser estable, sí reduce la flexibilidad de la inversión estatal en obras.
Y en este marco de la deuda, la falta de transparencia en el proyecto Monterrey VI también atrajo las críticas hacia el gobierno de Medina.
“Errores de comunicación” que dejan mal parada a la administración estatal, porque el presidente Enrique Peña Nieto anunció en diciembre de 2012 una inversión de 14 mil millones de pesos de la Federación para Monterrey VI.
Pero finalmente esa suma sólo significó el acueducto, no los demás servicios para traer el agua a Nuevo León. Todo, finalmente costará 46 mil 980 millones de pesos.
Y además todavía no existe partida federal para esta obra.
A esto se suma el hecho de que se prevé un incremento en el servicio de agua potable por la deuda que representa para el organismo descentralizado Servicios de Agua y Drenaje el pago de Monterrey VI durante los próximos 27 años.
Por otro lado, está la presión para Medina de que las obras de la Línea 3 del Metro estén listas a tiempo, luego de que las elecciones se corrieron un mes antes, de julio a junio de 2015, precisamente cuando el Estado tenía previsto concluir los trabajos de esta obra.
La deuda, es deuda
La administración estatal de Rodrigo Medina insiste en que los pasivos vía Asociación Público-Privada (APP`s) y de organismos descentralizados del gobierno no se suman a su deuda pública.
Sin embargo, el hecho de que el Instituto de Control Vehicular, la Red Estatal de Autopistas, Metrorrey y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, contraten pasivos a mediano y largo plazo, significa que se utilizarán recursos públicos para liquidar esas deudas.
La bursatilización de los pasivos, como en el caso del Instituto de Control Vehicular, no siempre resulta una inversión, también es un riesgo.
Y en cuanto a las deudas de APP`s, en caso de falta de flujo en las finanzas para pagar mensualmente la deuda, los organismos deben aumentar el costo de los servicios a la población, como el caso que se prevé en el proyecto Monterrey VI.
Para esta obra, Servicios de Agua y Drenaje tendrá que pagar 145 millones de pesos mensuales durante 27 años.
En el caso de los 26 vagones de CAF, para la Línea 3 del Metro, que también están bajo el esquema de APP`s, Metrorrey tendrá que pagar 14.6 millones de pesos mensuales por 19 años, que resultará en un gasto de 3 mil 328 millones.
Por ello es que sumando la deuda central, más la bancaria, la de organismos descentralizados y las APP`s, el Gobierno de Nuevo León suma 109 mil 229 millones de pesos.
Apenas en septiembre pasado la calificadora Fitch Ratings señaló que con el programa de reestructuración d el gobierno de Medina en 2013, si bien el Estado tiene un perfil de deuda y fuente de pago favorable, el servicio anual ejerce una presión muy fuerte sobre su flexibilidad financiera.
Por otro lado, Fitch Ratings alaba del Plan de Ajuste de Ordenamiento y Fortalecimiento Integral de la Finanzas Públicas (POFIF) implementado por el Estado, porque indica que seguramente reflejará una mejora en su flexibilidad financiera para el corto y mediano plazo.
Deuda y herencia
34 mil 266.2 mdp
Deuda central reconocida
18 mil 963.4 mdp
Deuda de organismos descentralizados
53 mil 229.6 mdp
Total de deuda reportada hasta el segundo trimestre
Nueva deuda descentralizada a través de APP's
5 mil 692 mdp
Línea 3 del Metro (Aún no hay partida federal -Fonadin-asignada)
3 mil 328 mdp
Metrorrey, 26 vagones de CAF a 19 años
46 mil 980 mdp
Monterrey VI, a 27 años
56 mil mdp
Total deuda APP`s descentralizada
Gran total
109 mil 229 mdp
*Cifras en millones de pesos
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: HUGO GUTIÉRREZ.
MÉXICO, D.F. (apro).- El gabinete de seguridad informó hoy que fueron detenidas 14 personas más que confesaron su participación en la desaparición de normalistas en Iguala, Guerrero.
En rueda de prensa, el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, explicó que se investiga la participación de policías de los municipios de Cocula e Iguala en la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, así como su entrega a un grupo delincuencial Guerreros Unidos.
Zerón de Lucio enfatizó que se están desplegando diversas acciones para lograr la captura de más implicados en los hechos y principalmente se busca a los autores intelectuales, resaltó Notimex.
El funcionario subrayó que la PGR ya atrajo las investigaciones sobre el homicidio del activista social Arturo Hernández Cadena, quien presuntamente perdió la vida por órdenes del alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
También indicó que en las últimas horas se localizó una nueva fosa en la zona y personal especializado se encuentra laborando, por lo que en breve podría haber información sobre el contenido de la misma.
En su intervención, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, indicó que continúan las acciones para localizar a los normalistas desaparecidos, además de que se ha desplegado a 896 elementos federales para esas tareas.
Rubido García destacó que el objetivo primordial es localizar a los 33 normalistas, por lo que se realiza un gran despliegue de elementos policiales en Iguala y las zonas aledañas.
Además, precisó que de los 896 elementos desplegados en la zona, 300 buscan a los estudiantes, mientras que el resto lleva a cabo funciones de seguridad, y hasta el momento se han realizado 252 patrullajes en Iguala, Cocula, Tixtla y Cuetzala del Progreso.
Asimismo, detalló que han sido revisados 18 puntos para intentar localizar a los estudiantes y se han instalado seis filtros de revisión, además de que se realizan vuelos de reconocimiento en la región.
El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, indicó que hasta el momento las pruebas de ADN realizadas a los restos de 28 cuerpos encontrados en las primeras fosas no corresponden a la de los normalistas reportados como desaparecidos.
El funcionario federal también confirmó que han sido detenidos 14 policías de Cocula y 22 de Iguala, además de continúan las indagatorias para dar con las personas que hayan participado en los hechos y el objetivo son los autores intelectuales.
Murillo Karam afirmó que el alcalde de Cocula continúa declarando en las instalaciones de la dependencia en calidad de testigo y en las próximas horas se solicitará orden de aprehensión en contra del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y de su secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
IGUALA, Gro. (apro).- El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) informó que aún no tiene sus propios resultados para descartar que los 28 cuerpos encontrados en las primeras cinco fosas de Iguala no corresponden a los estudiantes normalistas.
“Nosotros respetamos lo que ha dicho el procurador (Jesús Murillo Karam), pero no tenemos nuestros propios resultados y vamos a seguir trabajando hasta que tengamos los nuestros y podamos seguir con el peritaje independiente y podamos cumplir con las familias”, informó un portavoz de la organización internacional que trabaja en las identificaciones de restos por invitación de las familias de los jóvenes desaparecidos, los normalistas y las organizaciones de derechos humanos que los acompañan.
El experto señaló que, “posiblemente dentro de tres semanas”, puedan dar sus resultados.
Esta información se da luego de que el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, anunció en conferencia de prensa que los 28 cuerpos exhumados de las primeras cinco fosas encontradas una semana después de los hechos ocurridos en Iguala no pertenecen a ninguno de los 43 normalistas desaparecidos.
“En las primeras fosas encontradas (…) les puedo decir que no corresponden a los ADN de los familiares de estos jóvenes”, apuntó, e indicó que en el segundo grupo no se hallaron cuerpos, y en el tercero –descubierto gracias a la búsqueda de policías comunitarias– apenas iniciaron los trabajos de excavación.
En tanto, el portavoz de la organización mencionó que el equipo de 11 expertos de distintos países (compuesto por antropólogos, arqueólogos, médicos forenses, criminalistas y balísticos) mencionó que todavía no se procesan los restos tomados a los cuerpos.
“Hemos tomado muestras a las familias, estamos todavía en análisis de los restos y el laboratorio con el que trabajamos ese es el tiempo que tiene”, señaló en entrevista telefónica.
El laboratorio que el equipo utiliza está en Virginia, Estados Unidos.
“Somos peritos independientes y las familias están informadas de que ese es el tiempo que tenemos para dar resultados. Eso lo hemos hablado con ellos. Nosotros no vamos a abandonar todo y no nos iremos sin concretar”, dijo.
El portavoz no es identificado por cuestión de seguridad, ya que el equipo está trabajando en Guerrero, pero a nombre del grupo informó que únicamente tuvieron acceso a las muestras de los 28 cadáveres encontrados en las primeras cinco fosas descubiertas el sábado 4.
Cabe destacar que la Fiscalía de Guerrero había informado que eran seis fosas, pero seis días después la PGR desmintió la información y mencionó que eran cinco. Nunca explicaron la confusión.
El equipo de expertos internacionales, sin embargo, nunca tuvo acceso a los cuerpos del segundo grupo de cuatro fosas, cuyo hallazgo fue anunciado ante la prensa por Murillo Karam –antes de informar a las familias–, quien hasta detalló que los cuerpos fueron calcinados por lo que compartían el modus operandi de los 28 encontrados previamente.
Los reporteros y fotógrafos que hicieron guardia afuera del segundo grupo de fosas pudieron notar cierto nerviosismo de personal de PGR, que parecía no encontrar las fosas como las había descrito el procurador y ni siquiera podían ubicar la cuarta fosa anunciada. En esa ocasión bloquearon el acceso a los peritos de la Procuraduría estatal. Los peritos argentinos tampoco pudieron tener acceso a la zona.
El EAAF no quiso calificar las declaraciones de Murillo Karam descartando por completo que los restos analizados sean de los normalistas.
“Las noticias nos llegan medio cortadas hasta este lugar. El procurador habló únicamente de los 28 y nuestro tiempo sería ese (las tres semanas). Sabemos lo que ha dicho, pero nosotros tenemos que seguir trabajando y no queremos que las familias crean que vamos a abandonar”, ofreció.
“Las otras (fosas) las descartó el propio gobierno antes de que nosotros pudiéramos saber nada, nosotros en ésas no trabajamos”.
Consultado sobre las denuncias que hicieron Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, de que el gobierno mexicano ha obstaculizado la participación del equipo argentino, el entrevistado mencionó: “Está mejor (la relación), mucho mejor, siempre hay como cierta animosidad pero sí ha estado mejor”.
El sábado anterior, proceso.com.mx había informado que a la misma hora que el gobernador Ángel Aguirre Rivero presumía su colaboración con el EAAF, los expertos argentinos encontraron el acceso bloqueado a las fosas y eran excluidos de una reunión con el gobierno federal.
“Ha habido una serie de obstáculos para que hagan su trabajo”, informó entonces el abogado Vidulfo Rosales, de Tlachinollan, en entrevista. “No se les permitió el acceso a las fosas pese a que con el gobierno federal se acordó su entrada para poder hacer el trabajo. Al parecer no bajó bien la instrucción, no les permitieron el acceso y hoy se encuentran en el Semefo haciendo los trabajos”.
El equipo es reconocido mundialmente por su trabajo en identificación de restos humanos en países donde han ocurrido violaciones masivas a derechos humanos, como Argentina en tiempos de la dictadura, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, Perú, Bosnia, Kosovo, Croacia, Sierra Leona, Irak y, en años recientes en México, por los asesinatos de mujeres en Juárez, Chihuahua, y en las fosas de San Fernando, Tamaulipas.
Según el abogado perteneciente a este centro de derechos humanos que ha acompañado a los estudiantes y a las familias, aunque los gobiernos estatal y federal manifiestan en público su beneplácito por la inclusión del prestigiado equipo argentino en la identificación de cadáveres, en realidad impidieron a los extranjeros hacer su trabajo.
“No se les permite ingresar a hacer toma de muestras porque llegaron peritos de PGR. Hubo un problema para acreditarlas legalmente y no se los permitían porque no traían documentos originales que respaldaran su experiencia, y cuando se destrabó el punto no estaba el Ministerio Público que tenía que hacer los trámites para que pudieran trabajar en la Normal (tomando muestras de ADN) y en el Semefo”, dijo.
“Fueron dos días de martirio y complicaciones, y hasta el tercer día se normalizó” la situación, explicó.
Por esas primeras horas perdidas llegaron a las primeras cinco fosas –de las que se rescataron 28 cuerpos– cuando las exhumaciones ya estaban terminando. “No tuvieron oportunidad de participar en eso”.
“El obstáculo más reciente es que no se les permitió el ingreso a las cuatro fosas nuevas”, dijo al salir de una reunión con padres de familia.
El viernes 10 Amnistía denunció a través de un comunicado que la búsqueda era “caótica y hostil” y que los “peritos internacionales reconocidos por los familiares de los desaparecidos” no habían podido acceder a las fosas para realizar su trabajo.
Según la información recabada por AI, el trabajo realizado por agentes del Ministerio Público estatal sobre las exhumaciones de los restos hallados en las seis fosas descubiertas anteriormente presentaría deficiencias, lo cual dificultará las pruebas de identificación.
“Es esencial que los peritos internacionales tengan acceso inmediato e irrestricto a todas las investigaciones forenses que se están llevando a cabo”, indicaba el comunicado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.
MÉXICO, D.F. (apro).- Miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) localizaron otras cuatro fosas en el Cerro La Parota, a cinco kilómetros del municipio de Iguala.
El hallazgo, en el que participaron familiares de los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, fue reportado a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con integrantes de la UPOEG, las fosas se localizaron la tarde de ayer, gracias a información proporcionada por pobladores de Iguala, quienes dijeron que habían escuchado gritos y llamadas de auxilio en esa área.
No obstante, señalaron que aún se desconoce el número de cadáveres que se encuentran en las tumbas clandestinas.
Horas después de conocerse la información, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, anunció en conferencia de prensa que los 28 cuerpos exhumados de las primeras cinco fosas encontradas una semana después de los hechos ocurridos en Iguala, no pertenecen a ninguno de los 43 normalistas desaparecidos.
“En las primeras fosas encontradas (…) les puedo decir que no corresponden a los ADN de los familiares de estos jóvenes”, apuntó, e indicó que en el segundo grupo no se hallaron cuerpos, y en el tercero apenas iniciaron los trabajos de excavación.
El procurador también informó que fueron detenidos 14 elementos de la policía municipal de Cocula, los cuales participaron en la detención de estudiantes y en su entrega a integrantes de la organización de Guerreros Unidos. Y aclaró que el alcalde de Cocula, el priista César Peñaloza, no se encuentra detenido.
En breve, subrayó, los 14 agentes municipales serán consignados por el delito de secuestro.
Según Murillo Karam, ya han sido detenidos la mayoría de quienes privaron de la libertad a los 43 estudiantes. El reto es encontrar a los autores intelectuales de “este hecho que nos lastima a todos”, dijo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
