MÉXICO, D.F: En junio de 1998, con Angel Aguirre Rivero como gobernador sustituto de Guerrero, ocurrió la matanza de El Charco: 11 jóvenes, supuestos guerrilleros, fueron ejecutados por soldados… como en Tlatlaya.
Proceso en su edición 1128, del 13 de junio de 1998, publicó un reportaje sobre la masacre de El Charco que, por su antecedente con lo ocurrido en Iguala y Tlatlaya, consideramos pertinente sea recordado.
A continuación, el texto íntegro, escrito por los reporteros Álvaro Delgado y Gloria Leticia Díaz:
AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO. (Proceso).– Un grito que brotó de la oscuridad rompió la quietud de una madrugada salpicada por una leve llovizna:
—¡Salgan, perros muertos de hambre!
Dentro de los salones de la escuela “Caritino Maldonado Pérez”, sitiada por centenares de soldados, el miedo se apoderó de las 42 personas que sólo habían suspendido, para dormir, una asamblea en la comunidad de El Charco, convocada con propósitos de adoctrinamiento por un grupo de integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), una escisión del Ejército Popular Revolucionario (EPR) que se produjo por pugnas internas el 4 de marzo último.
Después de haber lanzado lacrimógenos y disparado intermitentes ráfagas de fusilería, la voz del militar tronó otra vez, impositiva, a través del megáfono: “¡Salgan, putos entreguen las armas!”.
Desde uno de los salones, alguien gritó que eran campesinos humildes y que estaban desarmados “¡No tiren, por favor!”, clamó otro.
Transcurrieron unos 20 minutos, con disparos esporádicos que rompían los cristales de las ventanas Después, se produjeron varias ráfagas; las paredes de los salones del plantel quedaron llenas de hoyos.
Volvió la aparente calma y tras de unas dos horas de intermitentes disparos, los soldados volvieron a la ofensiva.
La mayor parte de los pobladores próximos al plantel se marcharon hacia el monte para buscar refugio Otros, como el indígena mixteco Narciso Santiago Morales, de 60 años de edad, prefirió que su familia huyera y él se quedó resguardando en su casa, hecha con bagazo de caña y techo de lámina de cartón “Duraron varias horas los balazos”, dice.
Amanecía, cuando unos 30 civiles desarmados salieron de uno de los salones; los soldados los rodearon de inmediato y les ordenaron que se tendieran sobre la cancha de basquetbol Según los testimonios obtenidos por los reporteros, dos fueron asesinados a mansalva.
Después salieron los miembros del ERPI Los rebeldes se rindieron; algunos estaban heridos Y también fueron ejecutados, afirman en entrevista con Proceso los testigos que fueron liberados el jueves 11.
Cerca de las 10 de la mañana del domingo 7 de junio, el operativo había concluido: murieron once personas, cinco resultaron heridas y 22 fueron detenidas.
Después siguió el saqueo.
Fuera de las casas sus moradores, los soldados entraron a hurgar. Según quejas recogidas por los reporteros, robaron alimentos y enseres domésticos, se apoderaron de documentos particulares, como actas de nacimiento, y se llevaron el poco dinero que los indígenas habían dejado.
Los soldados inclusive mataron —de cuatro disparos— a una res. La llegada de periodistas y autoridades municipales al lugar impidió que destazaran el animal. Y los perros, que temporalmente se quedaron sin dueño, tuvieron su festín.
Las evidencias sobre la acción del Ejército se esfumaron apenas 72 horas después. El albañil Sergio Ramos Aguilar, con tres ayudantes, resanó con yeso las paredes de los salones, horadadas por centenares de disparos; desmontó las ventanas rotas y las sustituyó con nuevas, de aluminio y hierro. Y con pintura blanca ocultó la sangre que manchaba las paredes.
Antes de que las cubriera la pintura, en una de las paredes se podían observar las huellas ensangrentadas de dos manos en la pared, a un lado de la puerta de uno de los salones, como si alguien hubiera estado arrodillado. Debajo de las manos, una bala se incrustó a unos 20 centímetros del piso y otra en la unión de éste con la pared. “Aquí ejecutaron a uno”, dice el maestro bilingüe Moisés González Rodríguez, director de la escuela de la comunidad de Ocote Amarillo, donde —en diciembre último— los soldados irrumpieron cuando se celebraba un novenario, para obligar a los indígenas a que revelaran la identidad de guerrilleros en la zona.
Miseria ancestral
El Charco es una comunidad formada por unos 300 indígenas mixtecos, que habitan en caseríos dispersos, encaramados en varios cerros, contrastantes entre sí por la verde vegetación y las parcelas que prometen una buena cosecha si continúan las lluvias.
Distante 35 kilómetros de la cabecera municipal de Ayutla de los Libres, aquí se llega por una accidentada brecha de terracería, peligrosa no sólo por los abundantes desfiladeros —que en época de lluvias se hace casi intransitable—, sino por las bandas de gavilleros que suelen cometer toda suerte de delitos.
Integrado por 67 comunidades, la mayoría de la etnia mixteca, Ayutla es un municipio gobernado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y se ubica en los límites de la Baja Montaña y la Costa Chica, región de enorme riqueza natural, pero con una población que se mantiene en el atraso ancestral.
Situado a 175 kilómetros de la capital, Chilpancingo, y 140 de Acapulco, Ayutla es uno de los 10 municipios con mayor pobreza y marginación social de los 76 que integran el estado, y la mayoría de sus 25,000 habitantes carece de luz eléctrica, agua potable y teléfono.
Las comunidades, como El Charco y su vecina de Ocote Amarillo, sobreviven con apuros mediante el cultivo de maíz, frijol, caña de azúcar, jamaica, mango, aguacate y otros productos que suelen comercializar en la cabecera municipal, que en ocasiones sólo les deja una mínima ganancia tras pagar el pasaje.
A raíz de que el 28 de julio de 1996 hizo su aparición pública el EPR en el vado cercano a Aguas Blancas —donde un año antes fueron acribillados por policías 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del sur (OCSS)—, en Ayutla comenzaron a aparecer encapuchados Y eso atrajo al Ejército.
Desde diciembre del año pasado, los patrullajes son constantes. Y sus abusos, también. A principios de este año, pobladores de Ocote Amarillo, comunidad ubicada a dos kilómetros de El Charco, presentaron dos denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el cerco y los abusos que sufrieron por parte de los soldados.
Esas, como otras comunidades, solían votar por el PRI En las elecciones de octubre de 1996 decidieron experimentar un cambio, y le dieron el triunfo al PRD. Hoy, los priístas afirman que el PRD y el EPR son la misma cosa Del ERPI todavía no saben qué pensar, fresca aún la confesión de Erika Zamora Pardo —detenida el domingo 7—, quien confirmó la escisión del EPR.
La diputada local priísta por el distrito que comprende Ayutla, Olivia García Martínez, asegura que hay una vinculación orgánica del PRD con el EPR “Los del EPR merodean por estas comunidades, que son del PRD Y cuando llegan las autoridades, los encapuchados desaparecen Son las comunidades donde hay perredistas”.
—¿Qué pruebas tiene de eso?
—Todo el mundo lo sabe, hasta los maestros bilingües, que influyen mucho en las comunidades, están a favor de los guerrilleros.
“Estos brotes son cotidianos Ojalá viniera con más frecuencia el Ejército No estoy de acuerdo con lo que pasó, ni por parte del Ejército ni por parte del EPR El Ejército debe ser más mesurado, pero también los del PRD Los que murieron y los detenidos son indígenas que no saben lo que están haciendo”.
El profesor bilingüe González Rodríguez, dirigente magisterial en la zona, comenta al respecto:
“Es una vil calumnia culparnos de eso Que diga qué bases tiene para culparnos Ella es una mestiza a la que no le interesan los indígenas Es racista ¿Qué ha hecho como diputada del PRI? Sólo cobrar 25,000 pesos mensuales”.
El sitio de El Charco
En El Charco suelen realizarse asambleas para analizar las gestiones que se harán ante el ayuntamiento, de modo que el aviso del comisario de la comunidad, Pánfilo Santiago Hernández, para celebrar una reunión llamó la atención de los lugareños.
El sábado 6, sin que los tres maestros bilingües de la escuela estuvieran presentes ni el propio comisario municipal, comenzaron a llegar al lugar numerosos indígenas, entre ellos los doce o catorce que más tarde fueron identificados como miembros del ERPI.
Los asistentes a la reunión, organizada con el propósito de formar el “ejército del pueblo” mediante la “Asamblea Popular Insurgente”, provenían de varias comunidades de Ayutla y otros municipios del estado, como Cruz Grande, de donde es otro de los consignados, Efrén Gómez Chávez.
Antes de comenzar la asamblea, los anfitriones de El Charco prepararon el almuerzo y la comida en una tina de acero y escucharon lo que los visitantes exponían sobre la necesidad de organizarse para mejorar las condiciones de vida de la población más pobre, aunque no necesariamente los convocaron a incorporarse a la guerrilla.
Inclusive, varios testimonios de los indígenas indican que vieron llegar desarmados a los visitantes, ya que solamente portaban bolsas en las que guardaban ropa “No vimos que trajeran armas”, dicen.
Al caer la noche, varios de los habitantes de El Charco se retiraron a sus casas a dormir, mientras que los visitantes, 38, pernoctaron en la escuela, refugiándose de una lluvia ligera Aparentemente, no colocaron vigías.
Escampaba pasada la medianoche, cuando pobladores de Coapinola, una comunidad distante a unos cuatro kilómetros de El Charco, escucharon el ruido que producían los vehículos tipo Hummer y los Torton del Ejército Luego de pasar por San Pedro Coxcatlán y Coxcatlán Candelaria, se detuvieron en Ocote Amarillo, a dos kilómetros de la escuela bilingüe “Caritino Maldonado Pérez”
Y de ahí caminaron hacia la escuela y la rodearon.
Muchos de los indígenas de las comunidades por donde pasó el convoy militar, huyeron con sus familias hacia el monte, antes de que se escucharan los primeros disparos.
Mientras, unos 300 soldados, al mando del general Juan Manuel Oropeza Guernica, comandante de la 27 Zona Militar —resultó herido en el enfrentamiento con el EPR el 24 de mayo de 1997 en El Guanábano, Atoyac de Alvarez—, tomaron posiciones alrededor de la escuela, en la que imparten primaria completa los jóvenes profesores Celestino Maximino Rojas, Juan José Morales y Valentín Zavala Ortega, este último encargado de la dirección.
La escuela se encuentra casi en las faldas de un cerro, al que le arrancaron terreno para construirla. Cuenta con seis salones Dos, utilizados como jardín de niños, están separados del resto por la cancha de basquetbol. El conjunto ocupa unos 500 metros cuadrados.
Una vez sitiada la escuela, uno de los oficiales, mediante un megáfono exigió la rendición de quienes se encontraban en su interior.
“Empezó a gritar: ‘¡Sálganse, perros muertos de hambre!’ Y al ratito gritaba otra vez: ‘¡Sálganse, putos!\’”, cuenta Narciso Santiago Morales, quien ordenó a su mujer e hijos buscar refugio en el monte, mientras se quedaba encerrado en su casa, situada a unos 30 metros de la escuela.
—Los que estaban dentro, ¿respondían?
—Sí, decían que ellos no tenían nada que ver, que no traían armas “Somos gente humilde”, gritaban Pero los soldados seguían gritando.
Después, comenzaron a lanzar granadas de gas lacrimógeno y a disparar ráfagas de ametralladora, en intervalos de cinco minutos.
Ejecuciones y torturas
Ante el acoso casi constantes, los 30 indígenas que habían asistido a la reunión, que se encontraban en uno de los salones —en otro estaban los milicianos del ERPI—, gritaron a los soldados que dejaran de disparar, que se rendían.
Clareaba cuando traspasaron la puerta de la escuela con las manos en alto Un oficial les ordenó que se acostaran sobre la cancha de basquetbol. Dos de ellos, Bernardino García Francisco y Porfirio Hernández Francisco, apenas podían caminar por las heridas que tenían en las piernas.
Tendidos en el piso de concreto, oyeron que un soldado decía: “Querían su chilate, su café y su carnita, ¿no? Aquí se las traemos”, y disparó contra Honorio García Lorenzo y Mauro Feliciano Morales Castro, de la comunidad del Ahuacachahue.
Atrincherados en el salón, donde apilaron pupitres, los milicianos del ERPI esporádicamente disparaban contra los soldados. Cerca de las 9 de la mañana gritaron que se rendían.
Los soldados entraron al salón, mientras los civiles eran arrastrados hacia los vehículos militares. Se escuchó que un guerrillero pidió perdón, antes de ser ejecutado con varios disparos.
Varios de los indígenas pudieron observar cómo algunos milicianos eran sacados de la escuela sin armas y con las manos en alto. También los condujeron a la cancha, donde los soldados los tendieron boca abajo y dispararon. Después los volvieron boca arriba y volvieron a disparar.
Otros milicianos, al parecer Martín Macario Salazar, Francisco Cristino Crescencio y Eugenio Edudosio Trinidad permanecían heridos dentro del salón.
En helicópteros, 22 de los detenidos fueron transportados a las instalaciones del 48 Batallón de Infantería, en Cruz Grande, donde permanecieron algunas horas antes de ser conducidos a la IX Región Militar, con sede en Acapulco.
En Cruz Grande, los militares interrogaron y torturaron a Erika Zamora Pardo En Acapulco, los 22 detenidos aseguran que les colocaron cables en el cuello y los amenazaron con colgarlos para que se declararan culpables. A los menores de edad, los abofetearon por no entender el español.
Uno de ellos comenta que, “gracias a Dios”, no lo golpearon. “A otros sí, porque decían los soldados que estábamos diciendo mentiras. Nos aconsejaban que dijéramos que llevábamos armas y que éramos encapuchados, pero les dijimos que no era cierto. Fuimos a la reunión para hablar de la pobreza y de que todos queremos que nuestros hijos crezcan mejor, y eso no es malo”.
En el campo militar de Acapulco, los obligaron a firmar papeles que no leyeron y a poner las huellas digitales de los dedos de pies y manos, mientras que oían los gritos de Zamora Pardo y Cortés Chávez.
Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, el lunes 8.
Huellas borradas
Los once cadáveres fueron conducidos a las instalaciones del Servicio Médico Forense de Acapulco, donde una delegación del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro y la reportera estuvieron el viernes 12.
Los cuerpos estaban amontonados, sin señas que los identificaran; no estaban embalsamados. Nos muestran las cicatrices que quedan después de las autopsias. Pero son evidentes los impactos de bala en el tórax, la cara y la espalda, cubiertos con tatuajes de pólvora.
De los once, cuatro corresponden a personas de entre 25 y 30 años; los demás tienen edades menores.
Antes de ser liberados la tarde del jueves, los 22 indígenas que reconstruyeron en entrevistas con Proceso lo sucedido en El Charco escucharon una orden de un agente del Ministerio Público Federal:
“Corran y no digan nada, o los volvemos a encerrar”.
A la calle salieron a toda prisa y, en efecto, corrieron unos 250 metros, hasta que Carmen Padrazini, Magdalena Sánchez, Aurora Muñoz, Hilda Navarrete, del Centro Agustín Pro, y Lilia Moreno, del CEN del PRD, los alcanzaron para acompañarlos hasta Ayutla Y de ahí se marcharon a sus comunidades, mediante transportes que les proporcionó el alcalde perredista de Ayutla, Odilón Romero Gutiérrez.
En el Charco, en tanto, el albañil Sergio Ramos Aguilar casi terminaba el trabajo para el que fue contratado por las autoridades educativas del estado. Recogió huaraches, libros destrozados por las balas, lápices de colores, pizarrones.
Resanó los centenares de orificios de bala y cambió puertas y ventanas de las dos aulas Y bajo la pintura blanca quedó una evidencia de la desesperación: Las huellas ensangrentadas de dos manos sobre la pared en uno de los salones.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO Y GLORIA LETICIA DÍAZ
MÉXICO, D.F: La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptó ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que, en el caso de la muerte de 22 jóvenes en el municipio mexiquense de Tlatlaya a manos de elementos del Ejército, “tenía conciencia y constancia de que había hechos claros de estos militares que no correspondían con lo que su función obligaba”.
Jaime Rochín del Rincón, presidente de la CEAV, reveló lo anterior al comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y adelantó que sólo esperan el informe de la CNDH en el que se destaque que “hubo violaciones graves” en el caso Tlatlaya, para que la comisión contacte y atienda a las víctimas.
La presencia del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un órgano desconcentrado de la administración federal, fue desdeñada por los legisladores, pues de 27 integrantes de la comisión ordinaria sólo asistieron tres diputados: los perredistas Elena Tapia Fonllen y Juan Muñoz Soria, así como la priista y presidenta Miriam Cárdenas Cantú.
Transcurrida la primera hora llegaron dos legisladores más, el priista Rodimiro Barrera Estrada, de Michoacán, y el panista Juan Aquino Calvo, de Chiapas. Minutos más tarde acudió la también priista Esther Garza Moreno, de Guanajuato.
Los temas centrales de la comparecencia fueron el caso Tlatlaya y el ataque, desaparición y muerte de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
En el primer caso, Rochín del Rincón comentó que en cuanto se enteraron del suceso “hablamos a la Dirección de Derechos Humanos de la Sedena, preguntamos cómo veían el asunto y, desde el primer momento, nos dijeron que se iría al ámbito civil y que la secretaría no iba a proteger ni a defender a nadie”.
Más aún, abundó, “nos comentaron que (el caso) ya estaba en manos de la Procuraduría General de la República, y nos señalaron que sí, que ellos tenían conciencia y constancia de que había, digamos, hechos claros de estos militares que no correspondían con lo que su función obligaba, que de eso ellos se encargaban de la parte administrativa, pero que de la parte penal ellos no iban a intervenir para defender a nadie”.
El presidente de la CEAV dijo que no han acudido a Tlatlaya porque su función inicia cuando un organismo establece que hay violaciones a los derechos humanos, pero que ya están listos para intervenir y atender a las víctimas de los hechos violentos.
“Nosotros estamos esperando que la CNDH defina, pues ellos informaron en su momento que habían abierto una investigación y que iban a dar una determinación posiblemente como violaciones graves, entonces estamos esperando que haya esa determinación para poder nosotros entrar a operar”, detalló Jaime Rochín, quien aclaró que la comisión “no tiene facultades de investigación”, y “sólo cuando alguien determine que ahí hay una violación a derechos humanos o un delito, entramos”.
También explicó que el comisionado Adrián Franco Zevada fue el primero en analizar el tema a nivel escrito, pero que una vez que se presente la declaratoria de la CNDH y haya una declaratoria de “víctima”, la comisión entrará en acción, pues serían “violaciones gravísimas y esa es una situación intolerable”.
Rochín del Rincón informó que no ha hablado del tema con Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, y adelantó que podrían entrar en contacto con las organizaciones de derechos humanos para abordar el tema.
FUENTE: PROCESO. 15 OCTUBRE 2014
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
Fuerzas federales lo capturan en un centro comercial de Acapulco.
Raúl Núñez Salgado, presunto operador financiero del grupo delictivo denominado Guerreros Unidos, fue detenido, informó el director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, Tomás Zerón de Lucio.
En entrevista antes de ingresar a un edificio de la PGR, señaló que la captura se concretó cuando Núñez Salgado salía de un centro comercial ubicado en Acapulco, Guerrero, y posteriormente fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica.
En sus primeras declaraciones, el detenido afirmó que entregaba 600 mil pesos mensuales al subdirector de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, quien se encuentra prófugo por los hechos ocurridos el 26 de septiembre pasado en ese municipio.
“Él está vinculado con Guerreros Unidos, hoy ya en declaraciones nos está refiriendo que hacia un pago de 600 mil pesos mensuales, que entregaba a Francisco Salgado Valladares, quién era el subdirector de seguridad pública de Iguala, el cual hoy se encuentra en calidad de prófugo”, mencionó
Zerón de Lucio precisó que entre las 46 personas arrestadas por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, no se encuentra Salomón Pineda Villa, cuñado del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
"Causa gran preocupación y extrañeza las descalificaciones emitidas por el Sr. Fernando Landeros, Presidente de la Fundación Teletón" a las recomendaciones hechas por el Comité de la ONU, señalan.
Organizaciones dedicadas a atender a personas con discapacidad explicaron el proceso que siguió el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) antes de sugerir al gobierno mexicano no destinar fondos públicos al Teletón.
Textualmente, la ONU lo manifestó así: “Al Comité le preocupa que buena parte de los recursos para la rehabilitación de las personas con discapacidad del Estado Parte sean objeto de administración en un ente privado como Teletón. Además, observa que dicha campaña promueve estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad. El Comité insta al Estado Parte a establecer una distinción clara entre el carácter privado de las campañas Teletón y las obligaciones que el Estado debe acometer para la rehabilitación de las personas con discapacidad. Asimismo, le recomienda desarrollar programas de toma de conciencia sobre las personas con discapacidad como titulares de derechos”.
El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Disability Rights International; Documenta, análisis y acción para la justicia social; Centro Estratégico de Impacto Social, CEIS; Colectivo Chuhcan; y COAMEX, Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad; expusieron que desde 2008, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad representa el instrumento que otorga mayor protección a este grupo de la población y rompe con el “hasta entonces persistente modelo médico, caritativo y asistencialista dela discapacidad”.
Indicaron que ellos como otras organizaciones de la sociedad entregaron informes, basados “en experiencias de vida y laborales”, respecto a lo que ocurre en México.
“Desde la perspectiva de la sociedad civil, causa gran preocupación y extrañeza las descalificaciones emitidas por el Sr. Fernando Landeros, Presidente de la Fundación Teletón, con relación a las recomendaciones formuladas a México por parte del Comité (se exponen al final de esta nota), por el hecho de estar basadas en comentarios de algunas asociaciones civiles”, indicó.
Landeros también descalificó al organismo internacional por no haber solicitado información al Teletón, antes de emitir el informe sobre personas con discapacidad.
Las organizaciones consideraron “desafortunado que se demerite nuestro trabajo sin que exista una revisión previa y cuidadosa del mismo”, en referencia a lo expresado por Landeros.
“Hacemos un llamado urgente: A todas las instancias del gobierno, en todos sus niveles, a atender las Recomendaciones emitidas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“Al Teletón, a adoptar los principios y preceptos de la Convención sobre los Derechos de lasPersonas con Discapacidad, e imprimir en su objeto el enfoque de derechos humanos”, pidió.
La postura de las referidas organizaciones:
posicionamiento 14Oct.2014.pdf by Aristegui Noticias:
Recomendaciones del comité de la ONU:
241899362-Informe-ONU-Me-xico-discapacidad-pdf.pdf by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN
"Tomando en cuenta conflictos y movimientos estudiantiles históricos mantenemos una posición crítica en cuanto a la contestación de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Gobernación", señalaron los alumnos.
Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se mantienen en paro y analizan la permanencia de este movimiento estudiantil, luego de considerar insatisfactoria la respuesta que ha dado la Secretaría de Educación Pública a sus demandas.
Representantes de 44 escuelas superiores y vocacionales del IPN se reunieron en Asamblea General, donde discutieron y analizaron la respuesta a sus 10 demandas del pliego petitorio, por parte de la SEP.
Adelantaron que el paro de actividades continúa, ya que consideran que la respuesta no resuelve el conflicto.
Señalaron que “Tomando en cuenta conflictos y movimientos estudiantiles históricos mantenemos una posición crítica en cuanto a la contestación de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Gobernación”.
Reclamaron la disparidad en una mesa de diálogo propuesta por la SEP, que incluiría a 10 representantes del gobierno y a 10 alumnos del IPN, cuando la comunidad estudiantil es de más de 150 mil integrantes.
“Las mesas de diálogo deben tener una composición representativa, es decir, que se conforme en su mayoría por la comunidad politécnica, designados por la asamblea (docentes, alumnos y personal administrativo) y que se permita la participación de la totalidad de las escuelas”, indicaron.
Agregaron que “la asamblea general politécnica exhorta a la comunidad a que cada unidad académica analice pertinentemente la situación del movimiento estudiantil”.
Los alumnos también acusaron que en el nivel medio superior se presentan grupos de choque, los que generan hostigamiento, agresión y presión con el objetivo de desintegrar el movimiento.
Esta es la respuesta que la SEP dio a los alumnos:
SEP-IPN.pdf by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Son 43 los estudiantes desaparecidos y hasta hoy no hay rastro de ellos. Pero siguen los esfuerzos de policías, guardias y hasta perros para localizarlos.
Los ojos del mundo están fijos en Iguala desde el pasado 26 de septiembre. Son 43 los estudiantes desaparecidos y hasta hoy no hay rastro de ellos. Mientras familiares, universidades, organismos internacionales y ciudadanos comunes exigen la presentación con vida de los alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, estos son los esfuerzos que se han hecho para localizarlos:
1. Policía Federal
Hasta ayer, la Policía Federal había realizado 324 recorridos en Iguala, Guerrero, algunos de ellos acompañados de familiares y estudiantes. En la zona hay 900 policías federales; aunque la Gendarmería realiza labores de seguridad pública, también ha cooperado en la búsqueda.
2. Guardias comunitarios
Alrededor de 600 policías comunitarios (desarmados) de la Costa Chica de Guerrero llegaron el 8 de octubre al municipio para contribuir a encontrar vivos a los 43 estudiantes. El grupo, integrado principalmente por campesinos e indígenas, es conocido como Sistema de Seguridad de Justicia Ciudadana.
3. Forenses
El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, confirmó ayer que los 28 cuerpos encontrados en seis fosas clandestinas en Iguala, Guerrero, no corresponden a ninguno de los 43 estudiantes; sin embargo, el procurador dijo que forenses siguen haciendo pruebas a los demás restos encontrados.
4. Perros y caballos
La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero informó ayer en un comunicado que a la búsqueda en la zona rural de Iguala se sumaron policías a caballo para entrar a lugares de difícil acceso. También se incorporó a un número no revelado de perros de rastreo.
5. Otras entidades
Además, la dependencia estatal solicitó el pasado martes la colaboración a sus homologas en Oaxaca, Michoacán, Puebla, Estado de México, Morelos y DF para dar con el paradero de los normalistas. Ayer fueron enviados a estos estados materiales impresos con las imágenes de los jóvenes para solicitar el apoyo de la ciudadanía.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
El estado fue uno de los peor evaluados a nivel nacional por la CNDH ante su ‘apatía’ y ‘tolerancia’ a la explotación de personas. El Ejecutivo se dio tiempo de crear una Unidad Especializada de Protección Animal, antes que la fiscalía exclusiva contra la esclavitud moderna a la que obliga la ley.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reprobó al Gobierno de Jalisco en materia de combate a la trata de personas por el poco interés institucional que muestra en ello, calificándolo de omiso y señalando, incluso, una tolerancia al ilícito ante sus pobres resultados.
Los incumplimientos del Ejecutivo a la Ley Estatal para Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata de Personas, y su impacto en la impunidad sobre estas formas de explotación (sexual y laboral principalmente), fueron evidenciados por la CNDH.
Así, mientras los gobiernos de Chiapas, Puebla, Baja California y el Distrito Federal destacan por los casos investigados (166, 107, 68 y 60 respectivamente) de 2009 al 2013 (a marzo), el Gobierno de Jalisco no le pudo enterar de uno solo a la CNDH, mucho menos alguna consignación o sentencia condenatoria.
Por eso concluye la CNDH en su Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México, expuesto el 27 de agosto:
“Destaca que las autoridades de Jalisco, entidad que ha sido señalada por autoridades federales e internacionales como de alta incidencia, no reportaron una sola averiguación previa durante el periodo 2009 a 2013 (primer trimestre), lo cual hace presumir una deficiente capacidad de las autoridades locales para perseguir el delito de manera eficaz”.
Jalisco, Baja California Sur y San Luis Potosí, “en un lapso de cuatro años fueron omisas en reportar una sola averiguación previa por el delito de trata de personas”.
La CNDH marca entre las principales zonas de incidencia de trata del país a Guadalajara y Puerto Vallarta, señalado otra vez en 2014 por el Departamento de Estado estadounidense como uno de los sitios con más turismo sexual infantil, otra cara del ilícito.
“En diversas entidades las autoridades reportaron no contar con datos respecto de la incidencia delictiva, o bien fueron omisas en proporcionar información, lo que manifiesta desconocimiento o apatía, cuando menos, o incluso tolerancia al delito.
“Esta Comisión considera que la falta de registro de casos y de víctimas, lejos de significar que el delito no ocurra, debe constituirse en un llamado de atención a las autoridades locales para redoblar esfuerzos dirigidos a la detección de las víctimas y la persecución del delito”, detalla la CNDH.
Si bien el lapso evaluado en averiguaciones está aún en la anterior gestión estatal, el combate sigue siendo hoy incipiente. La Fiscalía General del Estado (FGE) suma durante 2013 y 2014 sólo seis indagatorias. El Diagnóstico ayuda a entenderlo.
Desde diciembre del 2012, por ley, el Ejecutivo debió reforzarse con una Fiscalía Especializada contra la trata, pero nunca lo hizo, lo que contrasta con la próxima designación de un fiscal exclusivo para lo electoral, y la creación el 11 de octubre de la Unidad Especializada de Protección Animal que dispone de dos agencias de la FGE, con nueve elementos cada una.
La CNDH cita experiencias que demuestran que los cuerpos especializados sí ayudan a perseguir y visibilizar la trata, como el Estado de México, que carecía de indagatorias:
“La creación de una Fiscalía Especial el 29 de junio de 2012 ha contribuido a un incremento en el número de carpetas de investigación iniciadas por esa autoridad (46)”.
Y aúna: “Otro factor relacionado con el exiguo número de procesos y sentencias se relaciona con la falta de unidades especializadas para la persecución de casos de trata, que permitan a su vez la especialización del personal responsable de la procuración de justicia”
Los otros gobiernos con estas áreas son Baja California, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas y el DF.
La confusión
La falta de capacitación que halló la CNDH tiene muestras palpables en Jalisco:
“El número reducido de averiguaciones es atribuible en gran medida al desconocimiento que subsiste en torno al tema. No es extraño que el operador jurídico confunda la trata con el lenocinio u otros delitos. Con frecuencia, los agentes ministeriales carecen de elementos para identificar el delito y desconocen su mecánica”.
Ejemplo: el 31 de enero de 2014 la FGE informa que consignó a un entrenador de un equipo de futbol en Acatlán que producía con los infantes material pornográfico. Lo acusó de abuso sexual infantil, corrupción de menores, prostitución y pornografía infantil, pero no de trata, pese a que las dos últimas son de sus modalidades.
“Les prometía comprarles uniformes y zapatos para jugar, o bien, los amenazaba con golpearlos y agredirlos con una navaja. Admitió que a algunos de ellos les pagó entre 10 y 30 pesos por dejarse tomar fotos sin ropa, las cuales guardó en la memoria de su celular; la memoria tenía 549 fotos con contenido pornográfico.”
Las penas para la trata de infantes son mucho más altas, van de los 15 a los 30 años (con una mitad más si hay uso de una posición de confianza), mientras que las de la prostitución y pornografía infantil son de siete a 14 años.
En cambio, la Procuraduría General de la República (PGR), en el caso del sujeto que organizaba campamentos para niños y que poseía pornografía infantil –detenido el 8 de septiembre en Zapopan-, sí lo acusó de trata según la ley.
Hay otras inercias negativas: “Se han denunciado actitudes prejuiciosas y prácticas discriminatorias por parte de la autoridad (‘se fue con el novio’, ‘está ahí porque quiere’) que, de facto, retrasan u obstaculizan la persecución del delito (…) se ha advertido insensibilidad ante la problemática, lo que se traduce en apatía y negligencia en la actuación de la autoridad”.
El titular de la FGE, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, fue cuestionado por asociaciones el 6 de octubre, cuando ante los diputados desestimó la desaparición de mujeres (hay 384 en ese estatus en la entidad), pese a que pueden ser víctimas de trata.
“Y nos damos cuenta que muchas de las mujeres que se dicen desaparecidas, se sustraen de sus domicilios por temas familiares, por otro tipo de temas”, dijo sin aportar más datos.
Las víctimas
A nivel mundial la Organización Internacional del Trabajo estima que hay 14.2 millones de víctimas de explotación laboral y otras 4.5 millones de tipo sexual. En Jalisco, sin embargo, el problema no termina por visibilizarse y pareciera no existir.
La trata por explotación sexual, como la prostitución forzada, dice la CNDH, se da a través de diversas prácticas y espacios:
“Ya sea en la calle o en casas de masajes, a domicilio (call girls) o servicios de acompañamiento (escorts), table dance, pornografía adulta e infantil (incluyendo el abuso sexual de niños), turismo sexual, lenocinio, explotación sexual comercial infantil, y puede llevarse a cabo casi en cualquier sitio”.
La explotación sexual causó el 82 por ciento de las 334 averiguaciones por trata que la PGR reportó en ese lapso, y el 89.1 de las 767 en los estados.
La PGR supo de 441 víctimas de trata, y los estados de mil 427. El 82.9 por ciento fueron mujeres, 13.7 por ciento, hombres, y 63 casos sin definir. En el rango de edades, el 42.1 por ciento eran adultos, y el 39.8 por ciento menores (un 18.1 sin definir).
En Jalisco, además del Fondo de Ayuda de la Ley de Atención a Víctimas que debió crearse el 3 de mayo pasado, debería existir otra bolsa con fines similares prevista en la ley contra la trata desde noviembre de 2012.
En el estado tampoco hay campañas para desalentar la demanda de servicios sexuales, aunque la ley penaliza al cliente-explotador si sabe que la víctima es tratada, y mientras en otras entidades ya hay sentencias con reparación del daño (en DF hay 10), aquí nunca ha sucedido.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: LUIS HERRERA.
CHILPANCINGO, Gro: El gobierno estatal utiliza a organizaciones de transportistas vinculadas con el narco como grupos de choque para resguardar edificios oficiales y contener protestas de normalistas de Ayotzinapa.
Los funcionarios estatales y dirigentes transportistas Mario Torres Cerecero y Marco Antonio Oropeza Astudillo convocaron a choferes de esta capital para asumir funciones ajenas a su actividad.
“La orden es partirle su madre a los ayotzinapos si regresan a hacer desmadre”, dijo un chofer a Apro.
Torres Cerecero y Oropeza Astudillo han sido señalados públicamente por sus presuntos nexos con la delincuencia y de permitir que circulen taxis administrados por el narco en las principales ciudades de la entidad.
Autoridades estatales y dirigentes sociales han reconocido que en Chilpancingo circulan ‘narco-taxis’ y la característica principal es que la numeración de estas unidades va del 520 en adelante.
Los transportistas convocados por los líderes de las organizaciones Grupo Élite y Nuevo Horizonte para Guerrero arribaron a las 10:00 horas a la explanada del edificio que este lunes 13 fue destrozado por normalistas de Ayotzinapa y miembros del magisterio disidente para exigir la presentación con vida de 43 estudiantes y castigo a los responsables de la masacre de Iguala.
Los choferes ocuparon las calles aledañas a la sede del gobierno estatal, vestidos de civil, como se los ordenaron sus jefes, y a bordo de unidades de transporte público.
El medallón de taxis y vehículos tipo Van exhibían leyendas que condenan las protestas de los normalistas: “La violencia afecta la economía del estado”, y paradójicamente tenían marcada la campaña impulsada por el gobierno estatal para localizar a los normalistas desaparecidos.
Algunas de estas unidades son consideradas como “pirata” y señaladas de ser utilizadas por la delincuencia organizada para cometer crímenes y realizar funciones de “halconeo” en esta capital.
A pesar de que las autoridades han informado que policías municipales de Iguala y sicarios al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos atacaron a estudiantes, futbolistas y civiles, y desaparecieron a 43 normalistas de Ayotzinapa, ahora el gobierno de Ángel Aguirre Rivero utiliza a transportistas ligados a la delincuencia para contener las protestas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
Colima, Col. Más de 300 estudiantes de diferentes escuelas y de la Universidad de Colima marcharon hacia la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) para mostrar su repudio al asesinato de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y exigir la presentación con vida de otros 43 jóvenes.
El dirigente de la Federación de Estudiantes Colimenses (FEC), Héctor Magaña Lara, entregó un posicionamiento al delegado estatal de la PGR, Guadalupe Franco Escobar, para exigir la investigación de los hechos y castigar a los culpables.
Los estudiantes llegaron cerca de las 10 de la mañana portando pancartas donde mostraban su inconformidad y guardaron un minuto de silencio por las víctimas.
Magaña Lara destacó que se han suspendido algunos viajes estudiantiles programados para estos días a otros estados de la República, debido a la preocupación de los padres de familia.
Expuso la necesidad de que los tres niveles de gobierno garanticen la seguridad de los estudiantes ante la ola de violencia que se presenta en todo el país.
En Culiacán, unos cien estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa realizan una protesta en la casa de estudios de esa ciudad en solidaridad con los 43 jóvenes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre en la ciudad de Iguala, Guerrero.
Los estudiantes exigen justicia a las autoridades e instalaron una asamblea para solicitar a los directivos de la casa de estudios que convoquen a sesión del consejo universitario para que esta máxima institución se pronuncie a favor de la lucha de los normalistas.
Los inconformes convocaron a jóvenes de otros plantes públicos y privados de Sinaloa a unirse a esta manifestación y se pronuncien por la presentación con vida de los normalistas.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Juan Carlos Flores y Javier Valdez
MÉXICO, D.F. (apro).- Comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) dieron a conocer hoy el hallazgo de seis fosas más en las inmediaciones de la cabecera municipal de Iguala.
Crisóforo Díaz, dirigente de dicha agrupación, detalló que en cuatro de ellas hay restos de un número indeterminado de personas y que las otras dos tumbas clandestinas se encontraban vacías.
“El día de hoy encontramos seis (fosas), cuatro tapadas y dos para uso reciente, es decir nuevas, apenas las iban a utilizar”, dijo.
Las fosas fueron localizadas en el cerro La Sierpe, entre las colonias San Miguel y La Ceiba.
Ayer la misma organización informó del hallazgo de cuatro fosas en una de las cuales, según Díaz, se encontraron osamentas humanas.
Sobre estos hallazgos la Procuraduría General de la República (PGR) no se ha pronunciado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Una demanda en EU, provocada por el fraude de Oceanografía a Citi-Banamex, concluye que Manuel Medina Mora habría tolerado las fallas de control del gigante financiero en México, lo que hace al banco vulnerable a pérdidas patrimoniales.
El “discreto y desafortunado caso” que describió Citigroup para dimensionar el fraude a su filial Banamex de parte de Oceanografía, se acerca cada vez más a concluir que los orígenes están en la médula de la institución.
De haber iniciado como un tema “aislado y menor” en su filial mexicana Banamex, como lo describió Citigroup en marzo, pasó a provocar un juicio en Estados Unidos cuyas consecuencias ya han empezado a verse.
Esta averiguación ha influido en el descenso a negativo que dio la calificadora Moody’s en la perspectiva de crédito del emporio financiero.
Y por el mismo juicio estaría implícita la eventual salida de Manuel Medina Mora de la copresidencia del Citigroup.
Ese proceso inició cuando salió a medios el fraude que Oceanografía hizo a Banamex-Citi, lo que llevó a que el Sistema de Pensiones y Retiro de los Bomberos de Oklahoma, temerosa del fin de sus recursos ahí ahorrados pudieran mermar, hizo una demanda para comprobar los controles que la institución tiene implementados para proteger su patrimonio.
El caso, a cargo de la magistrada Abigael LeGrow, concluyó colocando a Medina Mora como el responsable de la supervisión de las operaciones en México, y el enlace con el corporativo Citigroup.
En consecuencia salió a relucir que en los últimos cuatro años han existido malas prácticas y falta de controles internos de la empresa bancaria en casos de intentos de fraude, lavado de dinero y faltas al secreto bancario.
La vía judicial acerca el dedo a la implicación de Citigroup con Banamex en el caso Oceanografía como un actor participante, no una mera víctima de su rama mexicana.
Y aunque Medina Mora ya sufrió en marzo una baja en su compensación anual de 11 millones de dólares en 2012, a 9.5 millones en 2013, según informó Citigroup a la Comisión de Valores de EU (SEC, por sus siglas en inglés), lo siguiente sería su salida del gigante financiero.
Y según trascendió ayer en The Wall Street Journal, se prepara su salida de Medina Mora del Grupo “en los próximos meses”, de acuerdo a lo publicado ayer por su corresponsal en México.
Dudas en seguridad
La demanda del Sistema de Pensiones y Retiro de los Bomberos de Oklahoma contra Citigroup fue presentada el 17 de marzo, apenas tres semanas después de que se anunciara en México que Banamex había sufrido un presunto fraude por 400 millones de dólares prestados a Oceanografía.
Desde esta primera aproximación legal los Bomberos mencionan la participación de Manuel Medina Mora como quien “se encarga de supervisar la franquicia en México de Banamex”.
El Sistema de Retiro ha sido accionista de Citigroup desde diciembre de 2007 y a partir de la demanda, el 13 de agosto formalizaron una petición al Tribunal de Equidad de Delaware para “inspeccionar los libros y registros relativos a los acontecimientos recientemente revelados” que implicaron a Banamex, “uno de los bancos más grandes de consumo fuera de Estados Unidos”.
Las firmas de abogados Grant & Eisenhofer, P. A. y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton y Garrison, LLP, radicadas en Wilmington, Delaware, ubicaban desde la demanda a Medina Mora como copresidente de Citigroup y presidente en su filial en México, según informó también La Jornada la primera semana de octubre.
La investigación buscaba determinar si hubo mala gestión o incumplimiento del deber fiduciario de los directores o funcionarios de Citigroup, y si la junta de accionistas del banco en EU debió comenzar una demanda derivada de los hechos.
Citi anunció que al 31 de diciembre del año pasado tenía una línea de crédito de corto plazo con Oceanografía (OSA) por 585 millones de dólares.
Y según se revela en la demanda el 11 de febrero “Citi, junto con Pemex, inició revisiones detalladas de su exposición crediticia a OSA y del programa de financiamiento de cuentas por cobrar”.
Pero las verificaciones solo tomaron ocho días, hasta el 20 de febrero, una semana antes de que se anunciara el embargo de la empresa por parte de la Procuraduría General de la República.
“La diferencia de 400 millones de dólares entre las cuentas por cobrar registradas por Banamex, y las que se harían válidas para Citigroup, fueron cargadas a gastos de operación”, explica la magistrada Abigail LeGrow en la conclusión de las medidas preliminares, del 30 de septiembre.
Este “cargo de operación” le permitió al banco deducir estas pérdidas de impuestos en el ejercicio fiscal 2013, y ajustó a la baja los ingresos netos de Citi de 13.9 a 13.7 mil millones de dólares
Esto “redujo” el beneficio neto en 112 millones de dólares.
Citi pecó por omisión
Los abogados del Fondo de Pensiones comienzan a apuntar a una posible omisión por parte del banco.
Como prueba hace un recuento de los empleados de Banamex que fueron despedidos “después de que Citigroup hiciera una investigación interna”.
Los demandantes citan que “la oficina en Manhattan del FBI investiga posibles señales de advertencia deliberadamente ignoradas” y que “la falta de controles internos contribuyeron al fraude”.
Del mismo modo hacen énfasis en el informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el cual determinó que 10 empleados de Banamex “conocieron, consintieron e implementaron la conducta dolosa encaminada a autorizar o realizar operaciones a sabiendas de que estas resultaran en quebranto al patrimonio de Banamex” (Reporte Indigo, 23 de junio de 2014).
Los abogados de los bomberos de Oklahoma también hacen ver que el caso ocasionó la baja en la calificación del banco por parte de Moody’s.
Esta baja se confirmó con la perspectiva negativa que la calificadora otorgó a Banamex este 14 de octubre, con el argumento de que “a pesar del impacto inicial aparentemente limitado del incidente Oceanografía en los negocios del banco, todavía no está claro cuáles pueden ser sus consecuencias a largo plazo”.
“Aunque no hay informes públicos en unión directa con el Consejo de Administración de Citigroup y el banco, ha dicho que el fraude era un incidente aislado, Citigroup podría haber carecido de los controles adecuados para frustrar el plan en sus inicios”, ampliaron los abogados de los bomberos.
Los demandantes centran su reclamo en los comités de Gestión de Riesgos, de Finanzas y de Auditoría del banco, quienes administran el perfil, políticas, prácticas, evaluación y procesos de gestión de riesgos.
Citygroup protagonista, no víctima
Las averiguaciones en el proceso de una demanda del Fondo de Pensiones de los Bomberos de Oklahoma sobre los controles de seguridad de Citigroup, pusieron en evidencia que la participación del gigante financiero en el fraude de Oceanografía a Banamex coloca a Citi como participante y no víctima por los pobres controles de seguridad y riesgos de la filial mexicana.
2 de marzo
> Se publica en medios el presunto fraude de Oceanografía contra Banamex, filial en México de Citigroup
17 de marzo
> El Sistema de Pensión y Retiro de los bomberos de Oklahoma demanda a Citigroup por sus controles internos, preocupados por la seguridad de sus ahorros. Mencionan a Manuel Medina Mora por su puesto de copresidente de Citigroup y presidente de Banamex-City
13 de agosto
> La magistrada Abigail LeGrow, encargada del caso, hace una petición para inspeccionar los libros y registros relativos a los acontecimientos recientemente revelados que implicaron a Banamex, haciendo referencia a Oceanografía.
> El banco respondió que el Fondo de Pensiones debía tener "pruebas concretas y tangibles" de que el Consejo Administrativo de Citi "fue complice en el fraude a Banamex".
> Este argumento fue desechado porque la magistrada consideró que, a pesar de que no son concretas, las pruebas de los bomberos "cruzan el umbral de una base creíble".
30 de septiembre
> La magistrada LeGrow en la conclusión de las medidas preliminares señala a Medina Mora como responsable de los controles de seguridad del sistema bancario y la consecuente falla en ellos. Lo que pudo haber hecho posible el fraude de Oceanografía
> Los documentos que se abrirán serán entregados en la Junta Directiva de Citigroup en los temas que se refiere al fraude a Banamex y la posible falta de controles en el secreto bancario y las medidas antilavado.
14 de octubre
> La calificadora Moody's baja la calificación de Citigroup a negativo como probable consecuencia de las conclusiones preliminares de la demanda.
Medina Mora, responsable
El primer revés para el banco llegó el 27 de junio, cuando la magistrada dio una opinión favorable a que se inspeccionaran los libros y registros.
“El demandante había declarado una base creíble para inferir posible mala gestión o infracciones cometidas por la Junta, o de la alta dirección en Citigroup, en relación con el fraude en Banamex”, escribió LeGrow.
Las propias declaraciones de Citigroup respecto al caso Oceanografía llevaron a la magistrada a inferir “posibles malos manejos o irregularidades con respecto a cómo Citigroup implementó los controles y programas de cumplimiento”.
Los bomberos buscaron que se hicieran públicos “documentos sensibles” que abarcaban de 2008 a 2014, como el otorgamiento de crédito por Banamex a Oceanografía, la carta de requisitos de Banamex en cumplimiento a las leyes de secreto bancario y antilavado, además de la detección y prevención del fraude y la gestión del riesgo.
En junio la magistrada acotó la inspección de los libros y registros relativos al fraude Banamex desde enero de 2011 a junio de este año, y los libros y registros relativos al tema Banamex EU desde enero de 2012 hasta la fecha de la orden.
La valoración de la magistrada niega que sea un evento “discreto, aislado a Banamex”, como dice Citi, en tanto que las ganancias de la filial mexicana representan el 10 por ciento del capital mundial del banco y efectivamente disminuyeron sus ganancias globales para el año pasado.
“El evento fue lo suficientemente considerable como para causar que Citigroup corrigiera los datos financieros.
“La investigación interna dio lugar a la terminación de 12 empleados de Banamex, entre ellos cuatro altos ejecutivos, y las investigaciones asociadas llevaron Moody’s a rebajar las calificaciones de depósitos y deuda de la filial”, ironiza la magistrada.
Ella misma se refiere a la participación directa de Medina Mora: “el copresidente de Citigroup también ostenta el título de presidente en México, y es responsable de la supervisión de las operaciones de Citigroup en México, proporcionando un enlace adicional entre los temas de alta dirección entre Banamex y Citigroup”.
El banco respondió que el Fondo de Pensiones debía tener pruebas “concretas y tangibles” de que el Consejo de Administración de Citi “fue cómplice en el fraude en Banamex”.
Este argumento fue desechado porque la magistrada consideró que, a pesar de que no son concretas, las pruebas de los bomberos “cruzan el umbral de una base creíble”.
La decisión de abrir todos los libros que abordan los temas de controles y procedimientos de Banamex, no solamente los referidos a Oceanografía, es un indicio de que el juicio busca conocer la implicación del banco, más allá de Oceanografía.
Los documento que finalmente se abrirán serán el directorio y las minutas de los comités, los materiales que contienen temas de conversación, transcripciones y resúmenes de declaraciones o informes que fueron entregados a la Junta Directiva de Citigroup, en lo referente al fraude a Banamex,secreto bancario y medidas antilavado.
Conclusión: un banco sin controles
Como un segundo elemento en contra del banco, los abogados demandantes señalan que a principios de marzo Citigroup fue citada por el gran jurado de la oficina del fiscal del distrito de Massachusetts sobre el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario y contra el lavado de dinero.
Ese juicio versa sobre deficiencias detectadas por los reguladores bancarios en EU respecto a la oficina de Citibank en Sioux Falls, Dakota del Sur.
Encontraron que Citi no tuvo controles internos y pruebas independientes y no reportó actividades sospechosas de los clientes del banco en una sucursal extranjera.
El banco “no admitió ni negó ninguno de los hallazgos, pero acordó implementar medidas correctivas, incluyendo el fortalecimiento de los controles internos y la presentación de informes”.
Ya en 2012 y 2013 la institución bancaria había firmado órdenes de consentimientos para mejorar su controles internos con la Corporación Federal de Depósito de Seguros (FDIC, por sus siglas en inglés) y con el Departamento de Instituciones Financieras de California.
En marzo del año pasado firmó una orden similar con la oficina de la Reserva Federal.
Ahí aceptó que “Citigroup carecía de sistemas eficaces de control internos y de gobierno para supervisar adecuadamente las actividades con respecto al legal cumplimiento y el riesgo (a la pérdida) de reputación relacionados con los bancos”.
Las sospechas serían que Banamex pudo haber permitido dinero del narcotráfico:
“No informó sobre las transacciones bancarias sospechosas relacionadas con presuntos miembros del cártel de drogas, incluidos los problemas que se descubrieron durante una revisión llevada a cabo por consultores de Ernst & Young, que fueron contratados para implementar controles de secreto bancario y contra el lavado de dinero”.
Dictamen de CNBV atribuye responsabilidades internas
El hecho de que Banamex tiene pobres controles de seguridad en sus cuentas y sus requisitos para riesgos, quedó evidente con el informe que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió el 29 de abril y publicó Reporte Indigo el 23 de junio en un reportaje firmado por Armando Estrop.
Según la nota el dueño de Oceanografía, Amado Yáñez, no actuó solo y el fraude se hizo con dolo desde la administración del banco, filial del gigante financiero estadounidense Citigroup.
La CNBV emitió el 29 de abril el dictamen sobre el expediente 211.464. 2014/DD/010 enviado a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, en donde se establece que el dinero no se empleó para financiar las obras de Pemex Exploración y Producción, y en cambio fue empleado de manera personal por el poseedor de la mayoría de acciones de la naviera, quien actualmente enfrenta un proceso legal en libertad.
Y a pesar de que en su declaración ministerial Amado Yáñez ha querido inculpar a Martín Díaz Álvarez –sobrino del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz– él no es mencionado en los documentos.
Díaz es socio con el 20 por ciento de las acciones de Oceanografía, sin embargo al realizar la investigación con los documentos del banco y de la empresa, no se puede establecer que alguna de las líneas de crédito haya sido gestionada por él.
El informe agrega que el fraude originó a Banamex un quebranto patrimonial por 455 millones 281 mil 729 pesos, que se encuentra inmerso en el registro contable del daño patrimonial por 5 mil 234 millones de pesos.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
Han pasado 20 días desde el ataque de los policías municipales a estudiantes de Ayotzinapa. Más de una decena de fosas se han encontrado en Iguala, pero eso solo acrecenta la incertidumbre. Las autoridades, lejos de dar certezas, enredan más la trama.
El nombre de Iguala viene del náhuatl “Yohualtepec”, que significa “Lugar rodeado de cerros”.
Y es que la pequeña ciudad al norte del Guerrero está enclavada en un valle custodiado por nueve cerros. Cerros que en los últimos días han sido protagonistas de las más aterradoras historias.
Entre sus parajes se han encontrado –hasta el momento- 19 fosas clandestinas.
Las primeras cinco, el 4 de octubre. Había 28 cuerpos dentro. Días después, se hallaron cuatro tumbas clandestinas más. El martes 14, policías comunitarios descubrieron otras tres y ayer se reportaron seis más.
El hallazgo de todos estos agujeros clandestinos no ha sido fortuito. Los encontraron porque están buscando a 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron atacados, secuestrados y asesinados por policías municipales el 26 de septiembre.
Los calificativos para lo sucedido esa noche no han sido pocos.
Humans Rights Watch dijo que esta tragedia es la peor desde la matanza estudiantil de Tlatelolco en 1968.
La Unión Europea en México señaló su profunda preocupación ante estos actos de barbarie.
La ONU se dijo conmovida por lo que calificó como uno de los sucesos más terribles de los tiempos recientes.
La organización humanitaria WOLA (Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos) mandó una carta al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, en la que expresa su indignación.
Y a tres semanas de los ataques, la trama lejos de resolverse se complica.
El alcalde de Iguala, José Luis Abarca –acusado de nexos con el narcotráfico- se encuentra prófugo. Su esposa, María de los Ángeles Pineda –señalada como la responsable de dar la orden de que reprendieran a los estudiantes- tampoco aparece, y el secretario de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores –inculpado por su complicidad en homicidio calificado, lesiones agravadas y desaparición forzada– no está localizable.
A este escenario se suman la errática y contradictoria información oficial.
Un día, el gobernador del Estado declara que los cuerpos encontrados en las primeras fosas no son de los estudiantes. Al día siguiente, el procurador de Justicia de la República dice que sí son. Después, el equipo de forenses extranjeros que participan en la búsqueda, asegura que las pruebas no han concluido y que aún no tienen una respuesta.
Mientras, destrozados y llenos de rabia, los familiares de los normalistas esperan un milagro. O noticias. O respuestas. O justicia… nada de eso llega.
Una buena, una mala y una peor
La buena es que Jesús Murillo Karam aseguró el martes que ninguno de los 28 cuerpos encontrados en las primeras fosas clandestinas halladas en Iguala es de los estudiantes de Ayotzinapa.
La mala es que con su declaración, dejó al país con 43 estudiantes desaparecidos que todos saben quiénes son, y aparte, 28 cuerpos aparecidos que nadie sabe quienes son.
La peor es que ayer el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) desmintió al procurador General de la República y aseguró que ellos todavía no tiene los resultados de las pruebas de ADN, por lo que no pueden descartar que los cuerpos encontrados sean de los normalistas.
“Nosotros respetamos lo que ha dicho el procurador, pero no tenemos nuestros propios resultados y vamos a seguir trabajando hasta que tengamos los nuestros”, dijo un portavoz del EAAF.
Por eso Ángel Ramírez, uno de los estudiantes que sobrevivió al ataque de los policías, no cree en ninguno de los informes que da el gobierno.
“Se ve cómo el gobierno quería darle esos cuerpos a las familias, aunque no fueran sus hijos”, dijo a Univision.Noticias.com.
Tampoco Amnistía Internacional (AI) confía demasiado.
La organización defensora de los derechos humanos señaló que a pesar de la promesa del presidente Enrique Peña Nieto de ir a profundidad en el caso, las familias de los estudiantes desaparecidos continúan sufriendo las consecuencias de una investigación judicial caótica y hostil.
Agregó que los peritos internacionales que trabajan en la identificación de los cuerpos encontrados no han podido acceder a todas las fosas.
AI consideró esencial que la PGR reconozca al equipo de argentinos como peritos oficiales en las investigaciones, pues es la única forma en que los familiares y la sociedad tengan confianza en los procesos.
> El alcalde
José Luis Abarca se encuentra prófugo. Pesan sobre él acusaciones formales de homicidio y nexos con el narcotráfico. El día del ataque a los normalistas, dijo que no sabía nada de los hechos, pues estaba en un baile.
> La primera dama
María de los Ángeles Pineda también está prófuga. A ella se le acusa de haber dado la orden de que ‘contuvieran’ a los estudiantes para que no intervinieran durante la presentación de su informe de labores como presidenta del DIF. Su familia está vinculada con el cártel de Guerreros Unidos.
> El procurador
El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, aseguró que los recientes acontecimientos Guerrero lastiman severamente el Estado de Derecho.
> Las universidades
La UNAM, UAM, UACM y del Instituto Politécnico Nacional anunciaron paro de labores académicas para exigir la presentación de 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Ayer, alumnos de la UNAM realizaron una marcha hacia las oficinas de la PGR, en donde lanzaron piedras al edificio.
> Los sobrevivientes
Las declaraciones de los estudiantes que sobrevivieron esa noche en Iguala describen el miedo y la impotencia. Aseguran que los estaban cazando. Que el ataque fue directo. Que nadie los ayudó.
> Las fosas
Se han encontrado al menos 19 fosas clandestinas en los alrededores de Iguala. Oficialmente hay 28 cuerpos exhumados. Ninguno ha sido identificado.
> Los forenses
Un día después de la declaración del procurador, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) informó que aún no tiene sus propios resultados para descartar que los 28 cuerpos encontrados en las primeras cinco fosas de Iguala no corresponden a los estudiantes normalistas.
> El gobernador
El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre aseguró que no dejará su cargo hasta no terminar su mandato y afirmó dicha entidad se encuentra en calma a excepción del municipio de Iguala.
> El ERPI
El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) convocó a formar la Brigada popular de ajusticiamiento en contra de Guerreros Unidos.
“Hoy, más que nunca, necesitamos responder con todas las formas de lucha, violentas y pacíficas, legales e ilegales”.
> Los familiares
Sentados alrededor de la cancha de basquetbol de la Normal Rural de Ayotzinapa, los familiares de los estudiantes desaparecidos –casi todos ellos campesinos- esperan noticias. Sufren, rezan, reclaman. Dicen que no confían más que en los forenses que trajeron de Argentina para que les digan si esos pedazos de cuerpos en las fosas son sus muchachos.
> El capo
En la madrugada del 14 de octubre, Benjamín Mondragón, presunto jefe de plaza de la organización criminal Guerreros Unidos, se suicidó para evitar ser capturado por fuerzas federales. Antes, el capo negoció para que dejarán salir de la casa a su novia embarazada. Los agentes concedieron su último deseo.
¿En qué va el caso de Iguala?
> El juez federal José Alfonso Montalvo Martínez concedió una suspensión de amparo a María de los Ángeles Pineda, el cual impide se ejecute en su contra cualquier orden de detención, comparecencia o aprehensión, siempre y cuando sea por un delito no grave.
El juzgador le impuso una fianza de 35 mil pesos y fijó para el 11 próximo 11 de noviembre a las 09:05 horas, la audiencia constitucional donde se podría determinar si le otorga o no el amparo solicitado.
Ayer, el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, señaló que contra la esposa del alcalde de Iguala todavía no existía una orden de aprehensión.
> José Luis Abarca, alcalde con licencia de Iguala, y Felipe Flores, director de Seguridad Pública de ese municipio se encuentran prófugos. Sobre los dos recae una orden de aprehensión por la desaparición de los estudiantes normalistas.
A Abarca también se le vincula con el cártel de Los Beltrán Leyva y se le investigará por el crimen del regidor Antonio Hernández
> El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, informó que hay 45 detenidos por el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala.
Entre ellos, los operadores que se encargaron de la detención y el traslado hasta entregarlos al grupo delictivo Guerreros Unidos.
¿Por qué estaban en Iguala?
Han pasado 20 días desde aquella noche en Iguala, pero aún está claro cómo fue qué todo comenzó.
Aquí algunas versiones:
> Un informe del Cisen detalla que María de los Ángeles Pineda ordenó al director de Seguridad Pública Municipal detener la movilización de los estudiantes porque pretendían trasladarse al zócalo y “reventar” su informe de labores.
> Los estudiantes señalaron que habían ido a ese municipio a recabar fondos para financiar una marcha del 2 de octubre, en el 46 aniversario de la masacre de estudiantes de Tlatelolco, México.
> En entrevista con Adela micha, Marcos, estudiante de la Normal de Ayotzinapa, señaló que se dirigían a hacer actividades de boteo porque iba a llegar un contingente grande a su escuela y necesitaban recibir a la gente.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.
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