Policías y narcotaxistas “blindan” Acapulco por marcha de Ayotzinapa

CHILPANCINGO, Gro: El gobierno estatal desplazó a Acapulco a cientos de policías estatales, así como a su grupo de choque conformado por ‘narcotaxistas’ de esta capital, para contener la marcha anunciada por normalistas y miembros del magisterio disidente, quienes demandan la presentación con vida de 43 estudiantes de Ayotzinapa y castigo a los responsables de la masacre en Iguala.

En tanto, diputados locales convocaron a las 23:00 horas a sesión extraordinaria en la sede del Congreso estatal, donde se acordó el desafuero del alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien sigue reportado como prófugo.

Por la tarde, trascendió que el depuesto edil habría sido detenido durante un operativo realizado por la Marina en un rancho ubicado en el municipio de Amacuzac, Morelos.

Mientras que integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) tomaron seis alcaldías más, con lo que suman ocho los inmuebles en su poder de los 81 ayuntamientos que conforman la entidad.

Los docentes también se dirigieron a las casetas de la Autopista del Sol, ubicadas en Paso Morelos, Palo Blanco y La Venta, donde flanquearon el paso a automovilistas, previa cooperación, e impidieron el tránsito a vehículos militares y policiacos que circulaban por esa vía.

Esta situación provocó que autoridades municipales ordenaran el desalojo de los ayuntamientos y el gobernador Aguirre hiciera un llamado a los manifestantes a no afectar derechos de terceros en sus protestas.

Desde temprano, burócratas de Iguala, Eduardo Neri y Tixtla comenzaron a sacar documentación, equipo de cómputo y diversos artículos de los inmuebles por temor a que normalistas y miembros del magisterio disidente causen destrozos, como ocurrió el lunes pasado en la sede del gobierno estatal y el ayuntamiento de Chilpancingo.

Hasta el momento, los profesores tienen tomados los ayuntamientos de Chilpancingo, Huamuxtitlán, Apango, Olinalá, San Luis Acatlán, Copalillo, Tlapa y Atenango del Río, informaron dirigentes del magisterio disidente.

Por su parte, cerca de las 12:40, los cetegistas tomaron tres casetas de la Autopista del Sol y, en el punto ubicado en el poblado de Palo Blanco, localizado a 10 kilómetros al sur de la capital de la entidad, los profesores detuvieron a un militar y un agente de Gobernación estatal que realizaban labores de seguimiento al movimiento social.


Uno de los informantes fue identificado como el cabo Antonio Reyes, adscrito a la sección segunda (Inteligencia Militar), de la 35 Zona Militar, y Miguel Guillén, empleado de la Secretaría de Gobierno estatal; ambos se desplazaban en motocicletas que fueron quemadas por los manifestantes sobre la autopista.

Poco después, los maestros trasladaron a las “orejas” al Zócalo de esta capital, donde se mantiene el plantón del magisterio disidente. Tras retenerlos unas horas, fueron entregados a autoridades ministeriales bajo la observación de integrantes de la Comisión de Derechos Humanos en la entidad.

En tanto que el grupo de choque conformado por transportistas ligados a la delincuencia organizada que operan en este capital, que mantienen resguardada la sede del gobierno estatal, fueron desplazados al puerto de Acapulco.

Ello con el propósito de encarar a los manifestantes que anunciaron una marcha en el balneario, informó un transportista.

Al respecto, dijo que el gobierno de Aguirre está pagando 500 pesos a cada chofer para resguardar edificios gubernamentales y evitar “actos vandálicos” de manifestantes.


Ayer, Apro dio a conocer que el gobierno estatal utiliza a organizaciones de transportistas vinculadas con el narco como grupos de choque para resguardar edificios oficiales y contener protestas de normalistas de Ayotzinapa.

Los funcionarios estatales y dirigentes transportistas Mario Torres Cerecero y Marco Antonio Oropeza Astudillo convocaron el miércoles pasado a choferes de esta capital para asumir funciones ajenas a su actividad.

“La orden es partirle su madre a los ayotzinapos si regresan a hacer desmadre”, confirmó un chofer a Apro.

Torres Cerecero y Oropeza Astudillo han sido señalados públicamente por sus presuntos nexos con la delincuencia y de permitir que circulen taxis operados por el narco en las principales ciudades de la entidad.


Este es el contexto que se vive en la entidad donde la sociedad está polarizada frente al caso Ayotzinapa, que exhibió los vínculos de autoridades con bandas del crimen organizado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Iguala, coartada para el Ejército

MÉXICO, D.F: Con el apoyo del Congreso, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se parapetó en la ingobernabilidad en Guerrero para mantenerse lejos del escrutinio público por la ejecución sumaria del Ejército en Tlatlaya, Estado de México.

El Congreso está contribuyendo a levantar una muralla más en torno del Ejército. Muy lejos de su papel de equilibrio de poderes –básico en una sociedad democrática–, los llamados representantes populares están dejando a “la buena fe” del Ministerio Público federal la investigación de esa matanza que exhibió a México ante el mundo como un país donde agentes del Estado cometen delitos de lesa humanidad.

La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional decidió, por motivos que sólo los partidos conocen, excluir al titular de la Sedena, general de división Salvador Cienfuegos, de la reunión que tuvieron el jueves 15 con integrantes del gabinete de seguridad del Ejecutivo federal.

Asistieron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio; el procurador Jesús Murillo Karam: el comisionado nacional de Seguridad, Alejandro Monte Rubido, y el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Eugenio Ímaz. No acudió el alto mando del Ejército, como si nada tuviera que ver con la crisis de gobernabilidad en México.

En sus nueve años de existencia, la Comisión Bicameral ha demostrado ser absolutamente marginal, intrascendente. Ha sido, acaso, testimonial. Se creó como parte de la Ley de Seguridad Nacional, aprobada en agosto de 2005 a finales del gobierno de Vicente Fox.

De entonces a la fecha, en el país han ido creciendo las amenazas a la seguridad nacional, haciendo cada vez más difícil las condiciones de vida para el Estado mexicano, sus ciudadanos y su desarrollo político.

El Estado ha ido perdiendo control territorial a manos de una delincuencia organizada que en Iguala, Guerrero, mostró su real dimensión: el control de los municipios, como base de la organización política y administrativa del país.

Munícipes y síndicos han pasado de protectores a integrantes de las organizaciones delictivas, dejando que la cosa pública quede en manos de esos grupos.

Las consecuencias han sido catastróficas para la población, como lo demuestran Iguala y Tlatlaya, donde agentes del Estado y sus asociados dedicados al exterminio actuaron para controlar a opositores políticos o presuntos rivales en sus actividades delictivas.

Pero para el Congreso esos dos casos merecen un tratamiento distinto, por separado, a pesar de tratarse en ambos de violencia institucional, sólo que en Iguala fue con el apoyo de privados.

Por el caso Iguala se discute la eventual desaparición de poderes en Guerrero. Por Tlatlaya, nada. No se atreve a llamar a cuentas al Ejército, dejando que la PGR construya una “verdad jurídica” de la matanza de civiles.

Por más delincuentes que pudieran haber sido las víctimas, como lo relató la reportera Jesusa Cervantes en la edición del semanario Proceso que circula esta semana, el Estado mexicano no puede dar una respuesta criminal.

Frente a las Fuerzas Armadas, los congresistas mexicanos abdican. Renuncian a su soberanía como Poder del Estado. En el extremo, ni las mínimas formas democráticas respetan cuando van al despacho del general secretario en turno como parte de “la glosa” de los informes de gobierno. Una vergüenza para la rendición de cuentas y el equilibrio de poderes.

El Ejército tiene así todo el espacio para actuar como orden sin que sus mandos tengan que responder a nadie. Sólo así se entiende que hasta ahora sólo tres soldados “desobedientes” de las reglas militares y un sargento que los encubrió estén ahora indiciados como responsables de la matanza.

Sin escrutinio alguno, el Ejército ha decidido quitar del mando de la 22ª Zona Militar, a la que pertenece el 102 Batallón de Infantería, al general José Luis Sánchez León, a quien sólo por trascendidos periodísticos se le señala como parte de las investigaciones. Fuentes oficiosas dicen que el general fue enviado al Estado Mayor de la Sedena, en la Quinta Región Militar, en Jalisco.

Mucho menos se sabe del coronel al mando del batallón, de quien dependían directamente los señalados como responsables de los homicidios.

De la manera en que se cierre el expediente de Tlatlaya y su eventual falta de esclarecimiento será también responsable el ausente Congreso mexicano.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

En EU, declaran culpable a priista narco, relacionado con el Cártel de Sinaloa

Rafael Humberto Celaya Valenzuela fue detenido en agosto de 2012, durante un operativo de la Policía Nacional Española y el FBI en Madrid, España. Luego fue extraditado a EU.

Rafael Humberto Celaya Valenzuela, presunto integrante del Cártel de Sinaloa, fue declarado culpable -por un jurado de Nueva Hampshire- por tráfico de cocaína, heroína y metanfetaminas a Estados Unidos, informó el Departamento de Justicia de aquel país.

Celaya Valenzuela fue precandidato a una diputación federal por el PRI en Sonora y era buscado por la justicia de Estados Unidos desde 2011, de acuerdo con el diario Reforma.

Fue detenido en Madrid el pasado 10 de agosto de 2012, por la policía española; se encontraba junto con otros tres miembros del Cártel de Sinaloa, entre ellos un primo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en una operación coordinada con el FBI. Los cuatro fueron extraditados a Estados Unidos. Todos recibirán sentencia entre diciembre de este año y enero del próximo.

Además del priista, fueron detenidos Manuel Gutiérrez Guzmán, Samuel Zazueta Valenzuela y Jesús Palazuelos Soto, quienes se declararon culpables antes del juicio en Nueva Hampshire.

En EU se le ubica a Celaya Valenzuela, de 41 años, como abogado y asesor financiero del cártel sinaloense.


El sonorense presumía en su cuenta de Facebook su cercanía con la campaña del PRI en 2012; incluso se fotografió con el entonces candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, pues participó en varios actos de campaña.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Va un solo competidor por Tren México-Querétaro; es cercano a EPN

El único participante en la licitación está conformado por China Railway, GIA+A, Constructora Teya, Prodemex y GHP Infraestructura. La primera, de Hipólito Gerard, hermano de Ana Paula, esposa de Carlos Salinas.

El Tren de Alta Velocidad México-Querétaro sólo recibió una oferta para ser construido, la cual es 21 por ciento más cara de lo presupuestado. 16 grandes empresas declinaron competir.

Pusimos el ojo en la empresa propiedad del cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, y en la constructora vinculada a empresas que han tenido relación con el PRI y Enrique Peña Nieto, indicó el periodista Daniel Lizárraga. 

Aquí el reportaje transmitido en MVS este jueves:

Constructora Teya -una de las compañías mexicanas que integra el consorcio que se perfila para construir el tren de alta velocidad México-Querétaro- forma parte del grupo empresarial que rentó aeronaves para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en el año 2012.

Esta misma empresa, pertenece al grupo empresarial Higa, el cual edificó obras públicas emblemáticas cuando Peña Nieto gobernó el Estado de México.

Ayer, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer que en la licitación de este tren, sólo se recibió una propuesta surgida de un consorcio de empresas chinas y mexicanas, entre las que destaca Constructora Teya.

Teya integra el consorcio junto con las siguientes firmas:

-       China Railway Construction, con sus divisiones corporativa, internacional y mexicana.

-       CSR Corporation Limited.

-       Constructora y Edificadora GIA+A.

-       Promotora y Desarrolladora Mexicana.

-       GHP Infraestructura Mexicana.

La propuesta que el consorcio presentó para construir el tren fue de 50 mil 820 millones de pesos, equivalentes a 3 mil 800 millones de dólares.

Constructora Teya es una de las filiales de Grupo Higa, perteneciente al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, quien también es propietario de Eolo Plus, la compañía que rentó helicópteros y aviones al PRI para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Por la renta de las aeronaves a Eolo Plus, el PRI nacional pagó 26 millones de pesos, de acuerdo con documentos entregados vía transparencia por el extinto Instituto Federal de Electoral a esta Primera Emisión de Noticias MVS.

En las aeronaves de Grupo Higa viajaron Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera, los ahora secretarios de Hacienda Luis Videgaray y de Energía Pedro Joaquín Coldwell, entre otros políticos de su círculo cercano.

El 1 de diciembre de 2012, horas después de que tomó protesta ante el Congreso, Enrique Peña Nieto presentó en Palacio Nacional 13 grandes proyectos a los llamó “decisiones presidenciales”.

La novena de ellas fue impulsar cinco planes para regresar los trenes de pasajeros a la infraestructura nacional, entre los que incluyó al tren México-Querétaro: “En México volveremos a tener trenes de pasajeros para conectar nuestras ciudades (…) He ordenado al secretario de Comunicaciones y Transportes arrancar en el 2013 la construcción del tren México-Querétaro”.

Constructora Teya, una de las empresas mexicanas que integra el único consorcio registrado para construir el tren de alta velocidad, tiene una larga historia con el Gobierno del Estado de México, cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador.

En 2009, Constructora Teya ganó un contrato por más de 7 mil 38 millones de pesos para edificar, operar y dar mantenimiento al Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango del Gobierno mexiquense.

Esta obra fue contratada bajo el esquema de “Proyecto de Prestación de Servicios”, el cual se acabará de pagar hasta el año 2027.

Pero hubo más contratos del Estado de México a favor de Constructora Teya.

Por ejemplo, la Junta de Caminos de la entidad le encargó la construcción de obras viales en el Boulevard Aeropuerto, en la ciudad de Toluca, por la que se pagaron 575 millones de pesos.

A Teya también fue encargada la rehabilitación de la carretera a Chalma, en el Estado de México, por casi 127 millones de pesos, entre otras obras.

Otras filiales de Grupo Higa, como Mezcla Asfáltica de Alta Calidad y Concretos y Obra Civil del Pacífico, también ganaron diversos contratos con la administración de Peña Nieto en el Estado de México.

El 27 de julio de 2012, falleció uno de los propietarios de Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa García -hijo de Juan Armando Hinojosa Cantú- al desplomarse el helicóptero de su compañía, Eolo Plus, la misma que rentó aeronaves al PRI para la campaña presidencial de Peña Nieto.

Ante la pérdida, Peña Nieto, entonces presidente electo, escribió un mensaje en su cuenta de Twitter: “Con profundo dolor, nuestras más sentidas condolencias a la familia Hinojosa García por la sensible e irreparable pérdida de Juan Armando”.

El ahora Presidente estuvo en el funeral y horas antes del accidente se había con Juan Armando.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizó ayer la presentación de las propuestas económicas para construir el tren de alta-velocidad México-Querétaro. El único consorcio registrado fue en el que participa Constructora Teya.

Grandes empresas, como la española CAF encargada de la construcción de líneas de metro a nivel internacional, así como otras de la misma jerarquía como la japonesa Mitsubishi, la canadiense Bombardier, la francesa Alstom, la alemana Siemens o las mexicanas ICA y Carso, está última propiedad de Carlos Slim, enviaron cartas para argumentar que fue insuficiente el tiempo otorgado para elaborar sus propuestas.

Esto último fue consignado ayer por el periódico Reforma, el cual estuvo presente en la presentación de propuestas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Las bases para la licitación internacional se hicieron públicas el 15 de agosto pasado y las empresas interesadas debieron presentar sus propuestas hasta ayer miércoles 15 de octubre.

Es decir, los interesados tuvieron dos meses para prepararse.

La Secretaría señaló que el plazo que se dio -60 días naturales- fue tres veces más grande que el establecido por la Ley, que es de 20 días.

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza,  declaró el pasado 15 de agosto, cuando se abrió el concurso, que la inversión estaba calculada en más 40 mil millones de pesos.

Ayer, el grupo de empresas chinas y mexicanas, entre las cuales está Constructora Teya presentó su proyecto por 50 mil 820 millones de pesos.

Es decir, más de 10 mil millones de pesos arriba de lo estimado inicialmente por el Gobierno.

El plan propone conectar a la ciudad de Querétaro con el Distrito Federal en 60 minutos con trenes que viajarán a unos 300 kilómetros por hora.

El fallo de la licitación se dará a conocer el próximo 3 de noviembre.


La propuesta única, en la que aparece Constructora Teya, aún puede ser aceptada o rechazada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Mina Buenavista del Cobre no ha cumplido condicionantes establecidas por derrame: Profepa

México, DF. La minera Buenavista del Cobre que contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi con el derrame de 40 mil litros de residuos peligrosos, aún no ha cumplido con todas las condicionantes de urgente aplicación que estableció la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente cuando comenzó la emergencia el 6 de agosto.

El subprocurador de Inspección Industrial, Arturo Rodríguez Abitia, explicó que la clausura parcial que pesa sobre la minera de Grupo México en Cananea detiene el proyecto de ampliación de la empresa, “que de acuerdo con información que han dado a la bolsa de valores de Nueva York permitiría a la mina elevar su producción en 75 por ciento”.

Agregó que del fideicomiso establecido por la empresa para la reparación del daño ocasionado por el derrame tóxico, se han utilizado 132 millones de pesos de los 532 que la empresa ha depositado.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Angélica Enciso.

Gobierno de Aguirre supo del ataque a normalistas en Iguala cuando ocurría

El gobierno de Guerrero reconoció ante la Comisión especial de diputados que investiga la agresión armada contra los normalistas de Ayotzinapa que sí se enteró del hecho en el momento en que ocurría, pero que no intervino con la policía estatal porque el alcalde de Iguala con licencia, José Luis Abarca, no le respondió el teléfono.

Durante la reunión que mantienen en Guerrero con Ángel Aguirre y un grupo de colaboradores, el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, dijo que él se trató de comunicar con Abarca y que éste le respondió hasta la 1:00 de la madrugada del 27 de septiembre, y que si no envió a la fuerza estatal se debió a que tenía que cumplir con los protocolos de colaboración de la alcaldía.

También los legisladores quisieron saber por qué la procuraduría del estado no aplicó protocolos para evitar que José Luis Abarca se fugara después de la sesión de cabildo que le autorizó la licencia para ausentarse del cargo.

El procurador Inaki Blanco les respondió: “no sabemos cómo se nos escapó”.

Durante el encuentro también los diputados preguntaron al gobernador su opinión respecto de las voces que exigen su renuncia, piden la desaparición de poderes o juicio político, como una forma de evitar que continúe la crisis en la entidad.

Aguirre Rivero les respondió que detrás de esas voces existe una carga política que trata de perjudicar al estado y sostuvo: “la violencia está focalizada en Iguala”.

FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: Enrique Méndez y Roberto Garduño

La Corte da la razón a pacientes con VIH que quieren edificio para enfermos

La Segunda Sala determina que para brindar tratamiento médico apropiado a pacientes con VIH, se debe remodelar edificio o bien construir un nuevo pabellón hospitalario.

La “Construcción y Equipamiento del Servicio Clínico para pacientes con VIH/SIDA y Co-infección por Enfermedades de Transmisión Aérea”, conocido como el “Pabellón 13”, propuesto por el propio INER, y frenado en los últimos meses por la misma institución, motivó un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que reclamaron que se les impedía el acceso al goce del más alto nivel posible de salud porque las autoridades no habían destinado el máximo de los recursos que disponen; además consideraron que se violaba el derecho a la vida.

La Segunda Sala de la Corte resolvió ayer que ”la atención medica que les ha sido proporcionada a los quejosos, no resultan apegadas al derecho humano del nivel más alto posible a la salud, pues en el juicio se encuentra comprobada la necesidad de que se realicen las obras necesarias a efecto de que la atención médica pueda ser considerada de calidad, previniendo, en la medida de lo posible, que los pacientes con VIH/SIDA padezcan otras infecciones, enfermedades y trastornos concomitantes de diversos tipos que repercuten en el tratamiento y la atención que reciben, y que inclusive, pueden poner en riesgo su vida”.

Determinó que “la adecuación a la infraestructura del INER se encuentra comprendida dentro de las obligaciones que los artículos 2 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, imponen al Estado mexicano, pues éste debe contar con establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud”.

La Segunda Sala sostuvo que cuando el Estado mexicano incumpla con la plena realización del derecho al nivel más alto a la salud, aduciendo una falta de recursos, corresponderá no sólo a éste comprobar dicha situación, sino además debe acreditar que ha realizado todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos que están a su disposición para lograr ese objetivo; indicó que “no basta la simple afirmación de limitación presupuestaria para que se tenga por demostrado que ha adoptado todas las medidas hasta el máximo de los recursos que disponga el Estado para lograr la plena realización del señalado derecho humano”.

Ante ello, la Corte concedió el amparo para el efecto de que las autoridades tomen todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible a la salud de los quejosos. Además, la sentencia de amparo implica la posibilidad de que las autoridades responsables consideren qué medida resulta más adecuada para poder brindar a los quejosos un tratamiento médico apropiado a su padecimiento, ya sea mediante remodelación del Servicio Clínico 4, en donde actualmente son tratados; o bien mediante la construcción de un nuevo pabellón hospitalario.

Al respecto, en Noticias MVS primera emisión, la abogada de Fundar, María Sánchez de Tagle, señaló que la decisión de la Corte es un “precedente importante” que abona a los derechos sociales.

Indicó que en este caso no deben ser tolerados pretextos del sector salud, por lo que pidió que las autoridades se comporten a la altura de la sentencia. Señaló que “no podrán alegar que no tienen recursos”, pues por ejemplo el sector gastó, en 2012, 2 mil millones de pesos en publicidad en 2012, pese a que sólo tenían autorizados 200 millones.

En tanto, el paciente Rubén Valdez expuso que el proceso cumple ya 7 años y que “esta batalla sigue hasta que se construya este pabellón 13″. 

Recordó que “fueron las propias autoridades las que determinaron esta construcción” y después las mismas lo frenaron.

Valdez confió en que en lugar de una remodelación se haga una nueva construcción, “queremos una verdadera infraestructura hospitalaria”.


“Vamos a ver la segunda parte, que esto se lleve a cabo en la manera más breve que se pueda”, agregó.

El comunicado de la Corte sobre este caso:

COMUNICADO_172_2014_OCT_AMPARA PRIMERA SALA A QUEJOSOS QUE DEMANDAN CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN PARA QUIENES… by Aristegui Noticias:

  COMUNICADO_172_2014_OCT_AMPARA PRIMERA SALA A QUEJOSOS QUE DEMANDAN CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN PARA QUIENES...

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Anuncia Paisano la cancelación del Parque de las Siete Culturas

En un revés al gobierno de Rafael Moreno Valle, el alcalde de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias, confirmó en este momento la cancelación del parque de las siete culturas en el parque arqueológico de la región.

La declaración se dio en estos momentos en una entrevista atropellada donde el gobierno municipal despeja los 300 años de la declaratoria de Ciudad de Indios de San Andrés.

Paisano Arias, evitó hablar sobre la situación legal de los detenidos acusado por policías municipales de San Andrés Cholula, pues dijo que será la Procuraduría de Justicia del Estado la que decidirá el tema.

Paralelamente, por lo menos un millar de pobladores marchan rumbo a la pirámide de Cholula para exigir la liberación, de Adán y Paul Xicale y los hermanos Tlachi.

FUENTE: LA JORNADA DE ORIENTE
AUTOR: Yadira Llaven Anzures

Jamás se va acabar el crimen organizado pero se puede controlar: Bailey

En EU esperan ver qué tanto esfuerzo pone el Estado en el caso de Iguala, para mostrar cómo es que funcionan esas redes de conexiones entre grupos criminales y los gobiernos, dijo el autor de "Crimen e impunidad: Las trampas de la inseguridad en México".

El crimen organizado es como un árbol, ves una parte arriba que es grande y fuerte pero hay una parte subterránea, sus raíces, formadas por la sociedad, que da cobijo político o acceso a la economía informal y formal, para lavar su dinero; entonces, hay una parte subterránea y jamás se va acabar con el crimen organizado porque es parte de la economía y la realidad, pero se puede controlar para que no sea tan violenta, comentó John Bailey, profesor investigador y académico de la Universidad de Georgetown, en Washington, autor del libro Crimen e impunidad: Las trampas de la inseguridad en México.

En entrevista con Aristegui CNN, Bailey dijo que lo que marca la región de América Latina es el problema de un Estado de derecho débil; México es parte de ese contexto, “me interesa más la gobernanza democrática, en la región ha llegado a ser un problema muy profundo la cuestión de la cultura de la legalidad y problemas de delitos y cada país tiene su perfil, es la segunda región más violenta del mundo y el problema de delito e impunidad es un problema en casi todos los países, México es parte de un problema regional”, señaló.

El libro es la síntesis del trabajo realizado en muchos años -como 23 años de estudio-, “he hecho varios libros sobre crimen organizado y delito. He aprendido mucho de los expertos que me han dado su tiempo”, contó.

Trampas de inseguridad, término usado en el libro, es una metáfora, significa un equilibrio bajo en que esas fuerzas de impunidad, crimen, violencia y corrupción, tienen más fuerza que los esfuerzos por parte del Estado y la sociedad para imponer un Estado de derecho; y como lo digo en el libro, es parte de la transición democrática porque hay una lucha constante entre grupos positivos que están intentando imponer o hacer crecer un Estado de derecho contra otras fuerzas negativas, corruptas, violentas; “lo veo como un proceso de largo plazo en que el resultado no se puede conocer, es algo abierto. Soy optimista de que las fuerzas optimistas tienen buen chance”, explicó el autor.

Tambien recordó que Felipe Calderón cuando era presidente dio una entrevista a The New York Times y ante la pregunta sobre si pudiera hacer de nuevo su esfuerzo contra la delincuencia, ¿qué haría de diferente?, respondió que empezaría con los estados y municipios, que están muy débiles.

Por lo que estamos viendo en Guerrero y en Michoacán y en otros estados es un grado de deterioro de las instituciones públicas entonces en la agenda de urgencia hay que atender a los niveles de los estados y municipios y fortalecer esas instituciones para que no pase este tipo de escándalos, refirió sobre los hechos violentos en Iguala y Tlatlaya. 

El proceso de evolución del crimen organizado es muy dinámico, cambia  a través del tiempo. En México las organizaciones del crimen organizado han cambiado y se apoderan de diferentes estados, apuntó.

“Hago un análisis del crimen organizado, y los hay de distintos niveles. Cada país tiene  problemas de crimen organizado, lo más importante es fortalecer las instituciones de procuración de justicia”, subrayó.

Respecto a los casos de Tlatlaya e Iguala dijo que e el presidente Enrique Peña Nieto ha usado un discurso muy fuerte, que tope donde tope, va hasta las últimas consecuencias y para nosotros en Estados Unidos la duda es ¿qué va a pasar?, si habrá realmente resultados; “ese es el trance que tiene el presidente para demostrar que realmente hay un esfuerzo para controlar al crimen organizado en sus expresiones más feas y violentas, es un punto crucial”.


Recordó que el presidente ha elevado mucho las expectativas, por lo que “estamos esperando qué tanto esfuerzo se pone en el caso de Iguala, el caso de Tlatlaya, para mostrar cómo es que funcionan esas redes de conexiones entre grupos criminales y los gobiernos, para que sepamos nosotros hasta qué grado ha llegado”, aseveró.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Padres de familia toman tres ayuntamientos de Guerrero

Integrantes de la Asamblea Nacional Popular ofrecieron una rueda de prensa para fijar su postura y anunciar las acciones que emprenderán para exigir la aparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Chilpancingo, Gro. Maestros y padres de familia tomaron esta mañana los Ayuntamientos de Huamuxtitlán, Tlapa, Chilapa y continúa tomado el de Chilpancingo desde el martes pasado, en demanda de la presentación con vida de los 43 jóvenes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre en la ciudad de Iguala.

El convenio de la toma de los Ayuntamientos se acordó ayer durante la Asamblea Nacional Popular. En el caso de los Ayuntamientos de Iguala, Copalillo y Atenango del Río, Tixtla y Zumpango del Río, trabajadores sacaron desde temprano la documentación y el mobiliario para resguardarlos.

Por su parte contingentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del estado de Guerrero (Ceteg) se trasladan a la caseta de cobro de Palo Bnaco con la finalidad de botear y recabar recursos para su movimiento.


Entre tanto contingentes de estudiantes normalistas realizan labores de limpieza en algunas calles de la capital para mostrar una “buena imagen”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SERGIO OCAMPO.

Seguirá el diálogo con el IPN, el movimiento es legítimo: Gobernación

El gobierno federal tendrá la paciencia necesaria para dialogar con los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) porque su movimiento es “legítimo”, aseveró el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava.

“Tenemos qué tener (paciencia), nuestra función es dialogar, no imponer. Nos falta todavía dialogar en torno a algunos puntos fundamentales”, dijo a La Jornada.

Entrevistado al término de una reunión con normalistas de Guerrero y, minutos más tarde, con el gobernador de Michoacán, el subsecretario subrayó que seguirá “trabajando, platicando, dialogando” con los estudiantes del IPN.

“No vamos a descansar hasta que tengamos un consenso mutuo entre la comunidad politécnica y la Secretaría de Educación Pública”, subrayó.

Respecto de las manifestaciones de los días recientes, en apoyo a los estudiantes del IPN en paro y para exigir justicia en el caso de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre, en Iguala, Miranda Nava pidió no confundir los conflictos.

Uno deriva, dijo, de un problema estudiantil generado por la falta de consensos en un reglamento y que es legítimo, y el otro es un acto de barbarie, imperdonable que no puede pasar inadvertido para la justicia mexicana.

“Entonces, estamos resolviendo cada uno en su propia dinámica”, comentó.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: FABIOLA MARTÍNEZ.

Obtiene PGR orden de aprehensión contra José Luis Abarca

México, DF. La Procuraduría General de la República consignó ante un juez federal y obtuvo de él una orden de aprehensión en contra de José Luis Abarca, alcalde con licencia de Iguala, Guerrero, y contra de quien fuera su jefe de la policía municipal, Felipe Flores Velázquez, por delitos relacionados con la delincuencia organizada, informaron este jueves funcionarios ministeriales.

Aunque se reservaron el juzgado que libró las medidas cautelares indicaron que Abarca y Flores ya son considerados prófugos de la justicia y en las próximas horas se emitirá una ficha roja de la Interpol para que proceda su búsqueda y localización en más de 180 países.

En tanto la PGR inició una averiguación previa en contra de quien resulte responsable por los daños que sufrieron las instalaciones de esa dependencia el pasado miércoles durante un mitin que realizaron jóvenes cubiertos del rostro, quienes lanzaron piedras y otros objetos contra el inmueble y destrozaron algunos cristales.

Sobre el caso de Abarca, los funcionarios consultados indicaron que agentes del Ministerio Público adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) fueron quienes ejercitaron acción penal contra el alcalde con licencia y su jefe de la policía de Iguala.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ.

México continúa negociando tratado sobre propiedad intelectual en internet: WikiLeaks

Uno de los puntos del borrador que generó mayor oposición fue el que establecía que los proveedores de servicio de internet sean obligados a quitar contenido que el autor considere que viola sus derechos de autor.

La Jornada difunde un cable de WikiLeaks en el que refiere que el gobierno de México continúa negociando el Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP o TPP, por sus siglas en inglés), con otros 11 países, que condicionaría los derechos de propiedad intelectual en los rubros de internet, medicamentos y recursos genéticos.

Según el  borrador relativo a l TPP, fechado el 16 de mayo de 2014,  el acuerdo entre México, Estados Unidos, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam se negocia en secreto.
En noviembre del año pasado, Wikileaks filtró un borrador de este mismo capítulo y, comparando el documento con la filtración pasada, “al menos en aspectos de derechos de autor, el texto ha tenido muy pocos cambios”, refiere el diario.

Uno de los puntos del borrador que generó mayor oposición fue el que establecía que los proveedores de servicio de internet sean obligados a quitar contenido que el autor considere que viola sus derechos de autor.


El ATP abarca, además del tema de los derechos de propiedad intelectual, medio ambiente, agricultura, servicios, compras de gobierno y regulación.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Valor por Tamaulipas denuncia el asesinato de una de sus administradoras

La colaboradora de las cuentas de Facebook "Valor por Tamaulipas" y "Responsabilidad por Tamaulipas" fue asesinada el miércoles por la noche y, presuntamente, sus asesinos usurparon su cuenta de Twitter para publicar fotos del homicidio.

La cuenta de Facebook “Valor por Tamaulipas” denunció la mañana de este 16 de octubre el asesinato de una de sus administradoras, ocurrido ayer,  luego de que fuese secuestrada. Identificada solamente como María del Rosario Fuentes Rubio, y con la cuenta de Twitter @Miut3, la periodista ciudadana también fue objeto de usurpación en esa red social, puesto que en la cuenta se tuitearon fotos de su propio asesinato.

Animal Político buscó a personal de comunicación de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal; sin embargo, en ambas dependencias descartaron tener información al respecto.


Alrededor de las 14 horas. la cuenta @Miut3 fue suspendida de la red social Twitter:

“Valor por Tamaulipas”, junto con la cuenta aliada “Responsabilidad por Tamaulipas”, son un canal informativo por el que los ciudadanos reportan puntos y situaciones de riesgo en la entidad. En la primera, Rosario era colaboradora. En la segunda, administradora.

La última publicación de “Valor por Tamaulipas” denuncia que desde la cuenta @Miut3 fueron publicados mensajes y fotos de la muerte de Rosario, a quien describe como “un ángel que dio todo, su vida, su futuro, su seguridad y su tranquilidad (…) por la gente de bien del estado”.


“Lo que los delincuentes no saben, es que @Miut3 está en nuestra alma y  ella nunca nos dejaría rendirnos ante el crimen organizado”, afirma la publicación”.

Entre las 5:04 y las 5:11 de la mañana, de la cuenta @Miut3 salieron cuatro mensajes. Uno de ellos, con dos fotografías donde se observaba muerta a Rosario. Alrededor de las 14 horas de este 16 de octubre, la cuenta fue suspendida.

En abril de 2013, las cuentas en redes sociales de “Valor por Tamaulipas” que difundían información para alertar sobre las situaciones de riesgo que se registran en las diversas ciudades del estado, desaparecieron.

En febrero de ese año comenzó a circular un volante en el que un grupo criminal, aún no identificado, ofrecía una recompensa de 600 mil pesos para aquella persona que aportara datos exactos para la localización del creador y administrador de “Valor por Tamaulipas” con el objetivo de “callarle el hocico”.


“Valor por Tamaulipas” nació en 2012 y contaba con más de 150 mil seguidores en las redes sociales. A partir de esta campaña salieron otras con el mismo fin como “Valor por Michoacán”, “Valor por Reynosa” y “Valor por Tijuana” que se dedican a informar a la ciudadanía.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La masacre de El Charco, en Guerrero, antecedente de la tragedia de Iguala

MÉXICO, D.F: En junio de 1998, con Angel Aguirre Rivero como gobernador sustituto de Guerrero, ocurrió la matanza de El Charco: 11 jóvenes, supuestos guerrilleros, fueron ejecutados por soldados… como en Tlatlaya.

Proceso en su edición 1128, del 13 de junio de 1998, publicó un reportaje sobre la masacre de El Charco que, por su antecedente con lo ocurrido en Iguala y Tlatlaya, consideramos pertinente sea recordado.

A continuación, el texto íntegro, escrito por los reporteros Álvaro Delgado y Gloria Leticia Díaz:

AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO. (Proceso).– Un grito que brotó de la oscuridad rompió la quietud de una madrugada salpicada por una leve llovizna:

—¡Salgan, perros muertos de hambre!

Dentro de los salones de la escuela “Caritino Maldonado Pérez”, sitiada por centenares de soldados, el miedo se apoderó de las 42 personas que sólo habían suspendido, para dormir, una asamblea en la comunidad de El Charco, convocada con propósitos de adoctrinamiento por un grupo de integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), una escisión del Ejército Popular Revolucionario (EPR) que se produjo por pugnas internas el 4 de marzo último.

Después de haber lanzado lacrimógenos y disparado intermitentes ráfagas de fusilería, la voz del militar tronó otra vez, impositiva, a través del megáfono: “¡Salgan, putos entreguen las armas!”.

Desde uno de los salones, alguien gritó que eran campesinos humildes y que estaban desarmados “¡No tiren, por favor!”, clamó otro.

Transcurrieron unos 20 minutos, con disparos esporádicos que rompían los cristales de las ventanas Después, se produjeron varias ráfagas; las paredes de los salones del plantel quedaron llenas de hoyos.

Volvió la aparente calma y tras de unas dos horas de intermitentes disparos, los soldados volvieron a la ofensiva.

La mayor parte de los pobladores próximos al plantel se marcharon hacia el monte para buscar refugio Otros, como el indígena mixteco Narciso Santiago Morales, de 60 años de edad, prefirió que su familia huyera y él se quedó resguardando en su casa, hecha con bagazo de caña y techo de lámina de cartón “Duraron varias horas los balazos”, dice.

Amanecía, cuando unos 30 civiles desarmados salieron de uno de los salones; los soldados los rodearon de inmediato y les ordenaron que se tendieran sobre la cancha de basquetbol Según los testimonios obtenidos por los reporteros, dos fueron asesinados a mansalva.

Después salieron los miembros del ERPI Los rebeldes se rindieron; algunos estaban heridos Y también fueron ejecutados, afirman en entrevista con Proceso los testigos que fueron liberados el jueves 11.

Cerca de las 10 de la mañana del domingo 7 de junio, el operativo había concluido: murieron once personas, cinco resultaron heridas y 22 fueron detenidas.

Después siguió el saqueo.

Fuera de las casas sus moradores, los soldados entraron a hurgar. Según quejas recogidas por los reporteros, robaron alimentos y enseres domésticos, se apoderaron de documentos particulares, como actas de nacimiento, y se llevaron el poco dinero que los indígenas habían dejado.

Los soldados inclusive mataron —de cuatro disparos— a una res. La llegada de periodistas y autoridades municipales al lugar impidió que destazaran el animal. Y los perros, que temporalmente se quedaron sin dueño, tuvieron su festín.

Las evidencias sobre la acción del Ejército se esfumaron apenas 72 horas después. El albañil Sergio Ramos Aguilar, con tres ayudantes, resanó con yeso las paredes de los salones, horadadas por centenares de disparos; desmontó las ventanas rotas y las sustituyó con nuevas, de aluminio y hierro. Y con pintura blanca ocultó la sangre que manchaba las paredes.

Antes de que las cubriera la pintura, en una de las paredes se podían observar las huellas ensangrentadas de dos manos en la pared, a un lado de la puerta de uno de los salones, como si alguien hubiera estado arrodillado. Debajo de las manos, una bala se incrustó a unos 20 centímetros del piso y otra en la unión de éste con la pared. “Aquí ejecutaron a uno”, dice el maestro bilingüe Moisés González Rodríguez, director de la escuela de la comunidad de Ocote Amarillo, donde —en diciembre último— los soldados irrumpieron cuando se celebraba un novenario, para obligar a los indígenas a que revelaran la identidad de guerrilleros en la zona.

Miseria ancestral

El Charco es una comunidad formada por unos 300 indígenas mixtecos, que habitan en caseríos dispersos, encaramados en varios cerros, contrastantes entre sí por la verde vegetación y las parcelas que prometen una buena cosecha si continúan las lluvias.

Distante 35 kilómetros de la cabecera municipal de Ayutla de los Libres, aquí se llega por una accidentada brecha de terracería, peligrosa no sólo por los abundantes desfiladeros —que en época de lluvias se hace casi intransitable—, sino por las bandas de gavilleros que suelen cometer toda suerte de delitos.

Integrado por 67 comunidades, la mayoría de la etnia mixteca, Ayutla es un municipio gobernado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y se ubica en los límites de la Baja Montaña y la Costa Chica, región de enorme riqueza natural, pero con una población que se mantiene en el atraso ancestral.

Situado a 175 kilómetros de la capital, Chilpancingo, y 140 de Acapulco, Ayutla es uno de los 10 municipios con mayor pobreza y marginación social de los 76 que integran el estado, y la mayoría de sus 25,000 habitantes carece de luz eléctrica, agua potable y teléfono.

Las comunidades, como El Charco y su vecina de Ocote Amarillo, sobreviven con apuros mediante el cultivo de maíz, frijol, caña de azúcar, jamaica, mango, aguacate y otros productos que suelen comercializar en la cabecera municipal, que en ocasiones sólo les deja una mínima ganancia tras pagar el pasaje.

A raíz de que el 28 de julio de 1996 hizo su aparición pública el EPR en el vado cercano a Aguas Blancas —donde un año antes fueron acribillados por policías 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del sur (OCSS)—, en Ayutla comenzaron a aparecer encapuchados Y eso atrajo al Ejército.

Desde diciembre del año pasado, los patrullajes son constantes. Y sus abusos, también. A principios de este año, pobladores de Ocote Amarillo, comunidad ubicada a dos kilómetros de El Charco, presentaron dos denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el cerco y los abusos que sufrieron por parte de los soldados.

Esas, como otras comunidades, solían votar por el PRI En las elecciones de octubre de 1996 decidieron experimentar un cambio, y le dieron el triunfo al PRD. Hoy, los priístas afirman que el PRD y el EPR son la misma cosa Del ERPI todavía no saben qué pensar, fresca aún la confesión de Erika Zamora Pardo —detenida el domingo 7—, quien confirmó la escisión del EPR.

La diputada local priísta por el distrito que comprende Ayutla, Olivia García Martínez, asegura que hay una vinculación orgánica del PRD con el EPR “Los del EPR merodean por estas comunidades, que son del PRD Y cuando llegan las autoridades, los encapuchados desaparecen Son las comunidades donde hay perredistas”.

—¿Qué pruebas tiene de eso?

—Todo el mundo lo sabe, hasta los maestros bilingües, que influyen mucho en las comunidades, están a favor de los guerrilleros.

“Estos brotes son cotidianos Ojalá viniera con más frecuencia el Ejército No estoy de acuerdo con lo que pasó, ni por parte del Ejército ni por parte del EPR El Ejército debe ser más mesurado, pero también los del PRD Los que murieron y los detenidos son indígenas que no saben lo que están haciendo”.

El profesor bilingüe González Rodríguez, dirigente magisterial en la zona, comenta al respecto:


“Es una vil calumnia culparnos de eso Que diga qué bases tiene para culparnos Ella es una mestiza a la que no le interesan los indígenas Es racista ¿Qué ha hecho como diputada del PRI? Sólo cobrar 25,000 pesos mensuales”.

El sitio de El Charco

En El Charco suelen realizarse asambleas para analizar las gestiones que se harán ante el ayuntamiento, de modo que el aviso del comisario de la comunidad, Pánfilo Santiago Hernández, para celebrar una reunión llamó la atención de los lugareños.

El sábado 6, sin que los tres maestros bilingües de la escuela estuvieran presentes ni el propio comisario municipal, comenzaron a llegar al lugar numerosos indígenas, entre ellos los doce o catorce que más tarde fueron identificados como miembros del ERPI.

Los asistentes a la reunión, organizada con el propósito de formar el “ejército del pueblo” mediante la “Asamblea Popular Insurgente”, provenían de varias comunidades de Ayutla y otros municipios del estado, como Cruz Grande, de donde es otro de los consignados, Efrén Gómez Chávez.

Antes de comenzar la asamblea, los anfitriones de El Charco prepararon el almuerzo y la comida en una tina de acero y escucharon lo que los visitantes exponían sobre la necesidad de organizarse para mejorar las condiciones de vida de la población más pobre, aunque no necesariamente los convocaron a incorporarse a la guerrilla.

Inclusive, varios testimonios de los indígenas indican que vieron llegar desarmados a los visitantes, ya que solamente portaban bolsas en las que guardaban ropa “No vimos que trajeran armas”, dicen.

Al caer la noche, varios de los habitantes de El Charco se retiraron a sus casas a dormir, mientras que los visitantes, 38, pernoctaron en la escuela, refugiándose de una lluvia ligera Aparentemente, no colocaron vigías.

Escampaba pasada la medianoche, cuando pobladores de Coapinola, una comunidad distante a unos cuatro kilómetros de El Charco, escucharon el ruido que producían los vehículos tipo Hummer y los Torton del Ejército Luego de pasar por San Pedro Coxcatlán y Coxcatlán Candelaria, se detuvieron en Ocote Amarillo, a dos kilómetros de la escuela bilingüe “Caritino Maldonado Pérez”
Y de ahí caminaron hacia la escuela y la rodearon.

Muchos de los indígenas de las comunidades por donde pasó el convoy militar, huyeron con sus familias hacia el monte, antes de que se escucharan los primeros disparos.

Mientras, unos 300 soldados, al mando del general Juan Manuel Oropeza Guernica, comandante de la 27 Zona Militar —resultó herido en el enfrentamiento con el EPR el 24 de mayo de 1997 en El Guanábano, Atoyac de Alvarez—, tomaron posiciones alrededor de la escuela, en la que imparten primaria completa los jóvenes profesores Celestino Maximino Rojas, Juan José Morales y Valentín Zavala Ortega, este último encargado de la dirección.

La escuela se encuentra casi en las faldas de un cerro, al que le arrancaron terreno para construirla. Cuenta con seis salones Dos, utilizados como jardín de niños, están separados del resto por la cancha de basquetbol. El conjunto ocupa unos 500 metros cuadrados.

Una vez sitiada la escuela, uno de los oficiales, mediante un megáfono exigió la rendición de quienes se encontraban en su interior.

“Empezó a gritar: ‘¡Sálganse, perros muertos de hambre!’ Y al ratito gritaba otra vez: ‘¡Sálganse, putos!\’”, cuenta Narciso Santiago Morales, quien ordenó a su mujer e hijos buscar refugio en el monte, mientras se quedaba encerrado en su casa, situada a unos 30 metros de la escuela.

—Los que estaban dentro, ¿respondían?
—Sí, decían que ellos no tenían nada que ver, que no traían armas “Somos gente humilde”, gritaban Pero los soldados seguían gritando.


Después, comenzaron a lanzar granadas de gas lacrimógeno y a disparar ráfagas de ametralladora, en intervalos de cinco minutos.

Ejecuciones y torturas

Ante el acoso casi constantes, los 30 indígenas que habían asistido a la reunión, que se encontraban en uno de los salones —en otro estaban los milicianos del ERPI—, gritaron a los soldados que dejaran de disparar, que se rendían.

Clareaba cuando traspasaron la puerta de la escuela con las manos en alto Un oficial les ordenó que se acostaran sobre la cancha de basquetbol. Dos de ellos, Bernardino García Francisco y Porfirio Hernández Francisco, apenas podían caminar por las heridas que tenían en las piernas.

Tendidos en el piso de concreto, oyeron que un soldado decía: “Querían su chilate, su café y su carnita, ¿no? Aquí se las traemos”, y disparó contra Honorio García Lorenzo y Mauro Feliciano Morales Castro, de la comunidad del Ahuacachahue.

Atrincherados en el salón, donde apilaron pupitres, los milicianos del ERPI esporádicamente disparaban contra los soldados. Cerca de las 9 de la mañana gritaron que se rendían.

Los soldados entraron al salón, mientras los civiles eran arrastrados hacia los vehículos militares. Se escuchó que un guerrillero pidió perdón, antes de ser ejecutado con varios disparos.

Varios de los indígenas pudieron observar cómo algunos milicianos eran sacados de la escuela sin armas y con las manos en alto. También los condujeron a la cancha, donde los soldados los tendieron boca abajo y dispararon. Después los volvieron boca arriba y volvieron a disparar.

Otros milicianos, al parecer Martín Macario Salazar, Francisco Cristino Crescencio y Eugenio Edudosio Trinidad permanecían heridos dentro del salón.

En helicópteros, 22 de los detenidos fueron transportados a las instalaciones del 48 Batallón de Infantería, en Cruz Grande, donde permanecieron algunas horas antes de ser conducidos a la IX Región Militar, con sede en Acapulco.

En Cruz Grande, los militares interrogaron y torturaron a Erika Zamora Pardo En Acapulco, los 22 detenidos aseguran que les colocaron cables en el cuello y los amenazaron con colgarlos para que se declararan culpables. A los menores de edad, los abofetearon por no entender el español.
Uno de ellos comenta que, “gracias a Dios”, no lo golpearon. “A otros sí, porque decían los soldados que estábamos diciendo mentiras. Nos aconsejaban que dijéramos que llevábamos armas y que éramos encapuchados, pero les dijimos que no era cierto. Fuimos a la reunión para hablar de la pobreza y de que todos queremos que nuestros hijos crezcan mejor, y eso no es malo”.

En el campo militar de Acapulco, los obligaron a firmar papeles que no leyeron y a poner las huellas digitales de los dedos de pies y manos, mientras que oían los gritos de Zamora Pardo y Cortés Chávez.


Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, el lunes 8.

Huellas borradas

Los once cadáveres fueron conducidos a las instalaciones del Servicio Médico Forense de Acapulco, donde una delegación del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro y la reportera estuvieron el viernes 12.

Los cuerpos estaban amontonados, sin señas que los identificaran; no estaban embalsamados. Nos muestran las cicatrices que quedan después de las autopsias. Pero son evidentes los impactos de bala en el tórax, la cara y la espalda, cubiertos con tatuajes de pólvora.

De los once, cuatro corresponden a personas de entre 25 y 30 años; los demás tienen edades menores.

Antes de ser liberados la tarde del jueves, los 22 indígenas que reconstruyeron en entrevistas con Proceso lo sucedido en El Charco escucharon una orden de un agente del Ministerio Público Federal:

“Corran y no digan nada, o los volvemos a encerrar”.

A la calle salieron a toda prisa y, en efecto, corrieron unos 250 metros, hasta que Carmen Padrazini, Magdalena Sánchez, Aurora Muñoz, Hilda Navarrete, del Centro Agustín Pro, y Lilia Moreno, del CEN del PRD, los alcanzaron para acompañarlos hasta Ayutla Y de ahí se marcharon a sus comunidades, mediante transportes que les proporcionó el alcalde perredista de Ayutla, Odilón Romero Gutiérrez.

En el Charco, en tanto, el albañil Sergio Ramos Aguilar casi terminaba el trabajo para el que fue contratado por las autoridades educativas del estado. Recogió huaraches, libros destrozados por las balas, lápices de colores, pizarrones.


Resanó los centenares de orificios de bala y cambió puertas y ventanas de las dos aulas Y bajo la pintura blanca quedó una evidencia de la desesperación: Las huellas ensangrentadas de dos manos sobre la pared en uno de los salones.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO Y GLORIA LETICIA DÍAZ

Ofrecerá la PGR “fuertes” recompensas por funcionarios de Iguala

MÉXICO, D.F: La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptó ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que, en el caso de la muerte de 22 jóvenes en el municipio mexiquense de Tlatlaya a manos de elementos del Ejército, “tenía conciencia y constancia de que había hechos claros de estos militares que no correspondían con lo que su función obligaba”.

Jaime Rochín del Rincón, presidente de la CEAV, reveló lo anterior al comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y adelantó que sólo esperan el informe de la CNDH en el que se destaque que “hubo violaciones graves” en el caso Tlatlaya, para que la comisión contacte y atienda a las víctimas.

La presencia del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un órgano desconcentrado de la administración federal, fue desdeñada por los legisladores, pues de 27 integrantes de la comisión ordinaria sólo asistieron tres diputados: los perredistas Elena Tapia Fonllen y Juan Muñoz Soria, así como la priista y presidenta Miriam Cárdenas Cantú.

Transcurrida la primera hora llegaron dos legisladores más, el priista Rodimiro Barrera Estrada, de Michoacán, y el panista Juan Aquino Calvo, de Chiapas. Minutos más tarde acudió la también priista Esther Garza Moreno, de Guanajuato.

Los temas centrales de la comparecencia fueron el caso Tlatlaya y el ataque, desaparición y muerte de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

En el primer caso, Rochín del Rincón comentó que en cuanto se enteraron del suceso “hablamos a la Dirección de Derechos Humanos de la Sedena, preguntamos cómo veían el asunto y, desde el primer momento, nos dijeron que se iría al ámbito civil y que la secretaría no iba a proteger ni a defender a nadie”.

Más aún, abundó, “nos comentaron que (el caso) ya estaba en manos de la Procuraduría General de la República, y nos señalaron que sí, que ellos tenían conciencia y constancia de que había, digamos, hechos claros de estos militares que no correspondían con lo que su función obligaba, que de eso ellos se encargaban de la parte administrativa, pero que de la parte penal ellos no iban a intervenir para defender a nadie”.

El presidente de la CEAV dijo que no han acudido a Tlatlaya porque su función inicia cuando un organismo establece que hay violaciones a los derechos humanos, pero que ya están listos para intervenir y atender a las víctimas de los hechos violentos.

“Nosotros estamos esperando que la CNDH defina, pues ellos informaron en su momento que habían abierto una investigación y que iban a dar una determinación posiblemente como violaciones graves, entonces estamos esperando que haya esa determinación para poder nosotros entrar a operar”, detalló Jaime Rochín, quien aclaró que la comisión “no tiene facultades de investigación”, y “sólo cuando alguien determine que ahí hay una violación a derechos humanos o un delito, entramos”.

También explicó que el comisionado Adrián Franco Zevada fue el primero en analizar el tema a nivel escrito, pero que una vez que se presente la declaratoria de la CNDH y haya una declaratoria de “víctima”, la comisión entrará en acción, pues serían “violaciones gravísimas y esa es una situación intolerable”.

Rochín del Rincón informó que no ha hablado del tema con Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, y adelantó que podrían entrar en contacto con las organizaciones de derechos humanos para abordar el tema.

FUENTE: PROCESO. 15 OCTUBRE 2014
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

Atrapan a operador financiero de “Guerreros Unidos”; daba 600 mil pesos a policías

Fuerzas federales lo capturan en un centro comercial de Acapulco.

Raúl Núñez Salgado, presunto operador financiero del grupo delictivo denominado Guerreros Unidos, fue detenido, informó el director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, Tomás Zerón de Lucio.

En entrevista antes de ingresar a un edificio de la PGR, señaló que la captura se concretó cuando Núñez Salgado salía de un centro comercial ubicado en Acapulco, Guerrero, y posteriormente fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica.

En sus primeras declaraciones, el detenido afirmó que entregaba 600 mil pesos mensuales al subdirector de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, quien se encuentra prófugo por los hechos ocurridos el 26 de septiembre pasado en ese municipio.

“Él está vinculado con Guerreros Unidos, hoy ya en declaraciones nos está refiriendo que hacia un pago de 600 mil pesos mensuales, que entregaba a Francisco Salgado Valladares, quién era el subdirector de seguridad pública de Iguala, el cual hoy se encuentra en calidad de prófugo”, mencionó


Zerón de Lucio precisó que entre las 46 personas arrestadas por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, no se encuentra Salomón Pineda Villa, cuñado del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.