Había “total y absoluta empatía entre los funcionarios y el grupo delictivo (Guerreros Unidos)”, señala Jesús Murillo Karam. Pone en duda si 30 cuerpos encontrados son de estudiantes o no.
La PGR señaló al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, como presuntos autores intelectuales del ataque a estudiantes normalistas, el pasado 26 de septiembre en ese municipio guerrerense.
Ambos celebraban ese viernes un “informe de labores”, que pensaron sería saboteado por los normalistas; sin embargo, éstos solo se encontraban de paso, en la central de autobuses.
Aquí parte de la explicación que da hoy el procurador Jesús Murillo Karam, por lo que 43 estudiantes continúan “desaparecidos”:
-Normalistas llegaron a Iguala a las 21 horas, donde toman 2 unidades de la central de autobuses.
-Por estos hechos, hay comunicaciones entre la policía municipal.
-Asumieron que el grupo se dirigía a sabotear la celebración del informe de actividades de María de los Ángeles Pineda.
-Pensando en un escenario de conflicto, “se les ordena reaccionar y pedir apoyo a la policía de Cocula”.
-La orden llega por radio desde la central, de parte del “A5″, clave para identificar al alcalde de Iguala.
-Los policías bloquean la carretera y evitan el desplazamiento de estudiantes. Los atacan a balazos. En ese momento 1 policía mata a un normalista.
-Al existir esta agresión, uno de los autobuses intenta darse a la fuga.
-En medio de la confusión, la policía detiene y dispara al autobús donde viajaba el equipo de futbol “Avispones de Chilpancingo”.
-A la postre detienen el camión que se había escapado.
-A los detenidos se los llevan a la zona de Pueblo Viejo. Ahí los policías entregan a los estudiantes a integrantes del Grupo Guerreros Unidos.
-3 integrantes del criminal, quienes recibieron a los estudiantes, aún no son detenidos pero están identificados. “Su detención es crucial, determinante para dar con el paradero de los estudiantes no localizados”, dijo el procurador.
Hasta ahora hay 30 cadáveres y 9 fosas. Murillo puso en duda lo que dijo en un principio, sobre que los primeros 28 cuerpos encontrados no correspondían a los normalistas. Ahora pide esperar a lo que digan peritos argentinos.
Tanto José Luis Abarca, María de los Ángeles Pineda y Felipe Flores Velásquez, señalados como responsables de los hechos, continúan sin ser detenidos.
Murillo agregó que la esposa del alcalde prófugo era la principal fuente de financiamiento del grupo delincuencial Guerreros Unidos, con el que tejió una red de complicidad. Había “total y absoluta empatía entre los funcionarios y el grupo delictivo”, comentó.
Video de la conferencia:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Ante la crisis de Guerrero, los medios internacionales que alguna vez alabaron las reformas de Enrique Peña Nieto ahora señalan que lo que necesita el país es ‘ley y orden’.
Lejos quedaron el “Saving Mexico” y los aplausos al “Mexican Moment”.
Los medios internacionales que aplaudieron la actitud reformista del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ahora lo reprueban por el mal manejo de la crisis de inseguridad de Guerrero, donde 43 estudiantes desaparecieron el pasado 26 de septiembre.
Uno de los más críticos ha sido The Economist, la revista británica que apenas el 5 de julio había publicado la nota “El poder y la gloria”, que relataba el entusiasmo extranjero que existía en torno a las reformas de Peña Nieto.
“Para modernizarse, el país necesita ley y orden tanto como reformas económicas”, publicó The Economist en su más reciente edición, del 18 de octubre.
“El área que rodea Apatzingán muestra qué tan lejos México aún tiene que ir antes de volverse un país respetuoso de las leyes. Conocida como Tierra Caliente, ha sido escenario de una abducción masiva y una masacre”, agregó.
“Ambas atrocidades son lo suficiente serias para cambiar el curso del presidente Enrique Peña Nieto en sus dos años de gobierno. Peña ha priorizado las reformas económicas y olvidado la ley y orden para modernizar a México”.
La eterna corrupción
También TIME, que en febrero causó polémica al difundir la portada “Saving Mexico”, reportó este 10 de octubre que la matanza de Ayotzinapa “expone la corrupción en el corazón de México”.
“Grupos de derechos humanos y familiares (de las víctimas) lo acusaron de ser muy lento para responder a la tragedia, lo que permitió que los posibles culpables escaparan”, informó.
USA Today, Washington Post y The New York Times también publicaron este fin de semana artículos que cuestionan cómo hay decenas de cuerpos en las narcofosas de Guerrero, pero ningún cadáver corresponde a los normalistas desaparecidos.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PEDRO PABLO CORTÉS.
En realidad nos encontramos ante la dramática presencia de la gota que derramó el vaso. Lo que aconteció el día de ayer cuando un grupo de estudiantes, maestros y padres de familia incendiaron el palacio de gobierno de Chilpancingo, Guerrero, en realidad, podría repetirse en todo el país.
¿Acaso el gobierno federal y el local podía esperar una conducta distinta de los guerrerenses ante la inexplicable desaparición de 43 jóvenes estudiantes llamados, además, a ser maestros en un país de reprobados?
La presente tragedia se puede resumir en una sola palabra: corrupción.
En realidad nos encontramos ante la dramática presencia de la gota que derramó el vaso. Lo que aconteció el día de ayer cuando un grupo de estudiantes, maestros y padres de familia incendiaron el palacio de gobierno de Chilpancingo, Guerrero, en realidad, podría repetirse en todo el país.
Año con año, día con día, instante por instante, se han venido repitiendo los atentados en contra de la sociedad mexicana sin que ningún político haya tenido la sensibilidad de detener estas terribles agresiones que empiezan a agotar la paciencia ciudadana, según lo podemos comprobar en el Estado de Guerrero y en otras latitudes nacionales.
¿Cuales atentados? No creo que sea insignificante el hecho de constatar como en los estados de Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Veracruz, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Michoacán, entre otros tantos más los gobernadores y las auténticas pandillas que integraban sus gabinetes han defraudado escandalosamente las arcas estatales y materialmente saqueado los ahorros públicos, sin que por ningún lado se vea la presencia de la autoridad ni se recluyan en las prisiones del país a los responsables de estos desfalcos.
¿Dónde está el Estado de derecho? ¿Era válido incendiar los palacios? ¿Dónde quedan los juramentos de los mandatarios cuando con la mano derecha colocada encima de la Constitución, protestan guardar y hacer guardar las leyes y si no que la patria se los demande y bla y bla bla…?
¿Más atentados?
Además de que el electorado y la nación en su conjunto está verdaderamente harta de los políticos corruptos que entienden su gestión pública como la gran oportunidad para enriquecerse desvergonzada y cínicamente, el 98 por ciento de los delitos que se cometen en el país quedan impunes, lo cual, sin duda alguna constituye una fuente de malestar y de rabia de la ciudadanía que tarde o temprano tendría que quemar los palacios de gobierno, en la misma forma en que las masas enardecidas de franceses incendiaron y tomaron por la vía violenta la cárcel de la Bastilla.
¿Cuánto tiempo iba a tardar antes de que los mexicanos hartos de la corrupción, de los atropellos y los atentados decidieran hacer justicia por su propia mano? ¿Alguien puede estar de acuerdo con lo que aconteció el día de ayer en Chilpancingo? Por supuesto que no: lo que sí cabe es una reflexión para explicar lo que sucedió y por qué sucedió.
¿El hecho de que existan 60 millones de mexicanos sepultados en la miseria, no constituye acaso otro atentado, y otra respuesta para explicar la desesperación social?
En la existencia de 7 millones de Ninis ¿no se encuentra otra explicación de este actual estallido de violencia que puede proliferar por todo el país? Otro factor de irritación no descansa en la presencia de un 60 por ciento de la población económicamente activa que se encuentra en la informalidad, es decir, millones de parásitos que no cooperan con sus impuestos al sostenimiento del gasto público? ¿Todo lo anterior no implica un justificado llamado a la violencia cuando nos percatamos de que no solamente no se resuelven los problemas, sino que se complican ante un crecimiento económico paupérrimo, amenazador y frustrante, acompañado de un feroz y temerario endeudamiento público?
Pero no solamente constituye un atentado el hecho de que resulte inexistente el sistema de impartición de justicia penal, sino que la justicia, en general, también se encuentra corrompida, en la inteligencia de que las diferencias entre las contrapartes se pueden dirimir a billetazos o a periodicazos, invariablemente apartados de lo dispuesto por la ley.
Cuando Séneca se preguntaba ¿qué hace un pueblo antes de morir de hambre…? Yo parafraseándolo me cuestionaría, ¿qué hace un país cuando las instituciones de impartición de justicia no funcionan y la sociedad incendiada y furiosa tiene que dirimir sus diferencias con las manos como en el paleolítico tardío? ¿Acaso no era previsible otro estallido de violencia cuando hace ya 5 años se encendió involuntariamente una guardería, en donde murieron calcinados casi 50 pequeñitos sin que hasta la fecha se encuentren en prisión los responsables de este oprobioso crimen?
Se trataba de quemar documentación comprobatoria que demostraba los desfalcos cometidos por el gobernador Bours de Sonora y al prender fuego a dichas evidencias delictuosas las llamas acabaron con la vida de dichos menores y, sin embargo, hasta hoy no han sido arrestados los responsables de dicha tragedia.
Por supuesto que después de cierto tiempo también era explicarle que los padres de esos menores se instalarán en una huelga de hambre o que, en su desesperación, quemaran el Palacio de Gobierno de Hermosillo. ¿No…? Asesinados imprudencialmente 50 infantes y nadie hace absolutamente nada…
¿Y la masacre de Aguas Blancas de 1995 ejecutada también en Guerrero, hace ya muchos años por orden del gobernador Figueroa, quien decía no tener enemigos porque todos estaban muertos…? A casi 20 años de distancia jamás se aplicó asimismo la justicia. ¿Y los retratos de las mujeres muertas en Juárez que produjeron escalofríos en todo el mundo? ¿Y las masacres de San Miguel Canoa y las de Villas de Salvárcar y las de Goliad y la de San Fernando en 2011 y los cientos de periodistas asesinados sin que nunca se encarcelara a los asesinos? ¿Y la interminable cadena de políticos rateros que jamás pisaron una prisión y ostentan su riqueza mal habida ante la nación? ¿Y el hecho de que sea un mejor negocio entrar a robar al gobierno en lugar de trabajar dignamente? ¿No es irritante?
El pueblo de México está harto de que se contaminen los ríos y de que éstos mueran por culpa de empresarios irresponsables o indolentes sin que jamás se le sancione. Ahora un nuevo grupo de políticos corruptos van a comprar Oceanografía, empresa que defraudó a los bancos y al gobierno mexicano, operación financiera ciertamente descarada irritante que en nada ayuda a aplacar la furia nacional.
El pueblo de México está harto de subsistir en el semi analfabetismo, harto de ser un país de reprobados, de frustrados, de resignados que ven como en una vitrina delinquen abiertamente quienes tienen el privilegio de administrar los ahorros públicos y disponen de ellos a su antojo para estimular su desesperación y coraje. México está harto de los cobros asesinos de la telefonía, harto de que los bancos cobren el 50 por ciento en las tarjetas de crédito y pague únicamente el 3 por ciento de interés, harto de los sobornos y de las mordidas que exige el gobierno a cambio de ventilar los trámites burocráticos que deberían ser gratuitos y harto de los inspectores venales. Harto, harto, harto…
Imposible olvidar en este breve recuento aquello de “Mátalos en caliente” o de “Fusílalos y luego averiguamos”, que se remonta a la catastrófica dictadura de Porfirio Díaz, que, ocioso resulta precisarlo, tampoco existió jamás el Estado de derecho.
¿Cuando ha existido en México el Estado de derecho, el respeto al derecho ajeno, la aplicación de la ley y la instrumentación oportuna de la justicia?
Nunca ni tampoco lo disfrutamos durante los años depresivos de la dictadura perfecta que empezó a funcionar exitosamente durante la gestión de Lázaro Cárdenas, el fundador del autoritarismo moderno en México.
Los terribles acontecimientos que se viven en este momento en el país, la adhesión temeraria de escuelas, universidades y tecnológicos que se suman para exigir justicia ante la desaparición de los 43 jóvenes mexicanos sin que hasta la fecha se conozca su integridad física ni su condición, los crímenes recientes en Tlatlaya, son los detonadores de un nuevo estallido social en México, un México harto de la corrupción, harto de la ineficiencia, harto de la ignorancia, harto de la resignación, harto de la inacción de los políticos alto del atraso y harto del gobierno.
La mejor prueba de todo ello es que ya empezamos a quemar los palacios de gobierno. Cuidémonos todos de despertar otra vez a México bronco. Sin embargo, todo parece indicar que lo vamos despertando ante la incompetencia y la frivolidad de la autoridad.
¿Qué esperaba el gobierno? ¿Están equivocados los más de 30 millones de mexicanos que huyeron a Estados Unidos? ¿Huyeron antes de que se volvieran a incendiar los palacios?
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El dirigente del PAN explica a detalle su propuesta para crear un Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual se debatirá en el Congreso.
Ante “niveles altísimos de corrupción” en México y con un diagnóstico bajo el brazo -”el diseño institucional del país propicia la impunidad”-, el dirigente del PAN, Ricardo Anaya urgió la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, una propuesta elaborada por miembros de su partido, la cual se discutirá próximamente en el Congreso.
En entrevista para Noticias MVS primera emisión, consideró que este es un problema gigantesco. Y dio datos:
-De acuerdo al Banco Mundial, la corrupción le cuesta a nuestro país 9 puntos porcentuales del PIB (1.5 billones de pesos) cada año. Esto equivale a 45 veces el presupuesto de la UNAM o cerca de 10 veces el costo del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
-Según Transparencia Mexicana, sólo para trámites básicos, los hogares mexicanos destinan 32 mil millones de pesos al año. Las familias mexicanas pagan sobornos para asuntos que van desde llevar un proceso ante el ministerio público hasta inscribir a un niño en la escuela. (Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010, Transparencia Mexicana).
-Los más pobres son los más afectados: los hogares con ingresos menores a un salario mínimo destinan el 25% de sus ingresos (uno de cada cuatro pesos) al pago de sobornos para procesar trámites o acceder a servicios básicos.
-En el índice que publica Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 106 de 176 naciones, donde 1 es el país mejor evaluado y 177 el de mayores niveles de corrupción; también estamos entre los peores lugares de América Latina.
“Esta no es una ocurrencia”, refirió Anaya sobre la propuesta panista. “Corresponde a mejores prácticas a nivel internacional”, continúa. El rediseño que propone se basa principalmente en quién sanciona la corrupción.
“De nada sirve que haya investigaciones si acabamos en impunidad… primero entenderlo como en otras partes del mundo, como un sistema, no se trata de crear un órgano… observatorios ciudadanos en todo el territorio… nos pondría en mucho mejores condiciones para acabar con el cáncer de la corrupción. El problema de México es de diseño institucional, impunidad terrible donde unos protegen a otros, los corruptos se salen con la suya… más que un pacto, hay un problema gravísimo de diseño institucional… (se debe) romper con círculo vicioso de impunidad. No es un problema de voluntades, si fuera así solo habría que reunirnos y acordarlo, es un diseño que propicia la impunidad, me resisto a que México viva como país corrupto. Reconozcamos que es un problema gravísimo. El corrupto en lugar de estar en la cárcel está en las calles o despachando desde una oficina del gobierno”, expuso el presidente del PAN en MVS.
El sistema anticorrupción que el PAN propone es un conjunto de órganos con funciones que se complementan entre sí; aquí la propuesta:
1- Consejo Nacional en el que participan todos los órganos públicos que intervienen en el sistema, así como una amplia representación ciudadana.
2- Comité Ciudadano para la Ética Pública, integrado por ciudadanos de reconocido prestigio en materia de combate a la corrupción, responsable de la instalación de observatorios ciudadanos en todo el territorio nacional, y encargado de formular denuncias y proponer políticas públicas para el combate a la corrupción.
3. En materia de control interno, propone el fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública en materia de auditoría e investigación. Propone que el titular sea ratificado por el Senado de la República. Y que el titular del Órgano Interno de Control de todos los Organismos Constitucionales Autónomos, sea nombrado por mayoría calificada de la Cámara de Diputados.
4- En materia de control externo, propone que sean dos órganos, absolutamente independientes del Poder Ejecutivo, los responsables de auditar el uso de los recursos públicos e investigar, con las más amplias facultades, posibles actos de corrupción. Ambos órganos estarán facultados para recibir quejas y denuncias ciudadanas, con la garantía de que sus denuncias sí darán lugar a investigaciones serias, realizadas por órganos autónomos y que habrá consecuencias para los corruptos.
A) El primero, la Auditoría Superior de la Federación. Propone modificar la Constitución para otorgarle las más amplias facultades en materia de auditoría, antes, durante y después del ejercicio del gasto, y también con las más amplias facultades de investigación ante quejas y denuncias ciudadanas o actuando de oficio
B) El segundo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en los términos aprobados en la reciente reforma constitucional de febrero de este año. Con las más amplias facultades de investigación.
5- Retirar la facultad de sanción a las contralorías que dependen de los Presidentes municipales, Gobernadores y Presidente de la República. Proponemos otorgar las facultades de sanción a los jueces en materia penal (ante acusaciones de la Fiscalía), y en materia administrativa, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. La propuesta implica transformar este tribunal en un Tribunal Federal de Cuentas.
6- La propuesta incluye reproducir el sistema en el ámbito local de los estados y los municipios.
“Pongamos a los corruptos en su lugar: en la cárcel y lejos, muy lejos, del manejo de los recursos que son de todos los mexicanos”, dijo ayer Anaya.
La propuesta panista:
ANTICORRUPCIÓN_V4.pptx by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El padre irá a la PGR este lunes y el jueves, por invitación del procurador Jesús Murillo Karam, con el fin de que cuente lo que sabe sobre el caso Iguala. El Estado mexicano “quiere fragmentar responsabilidades”, sostuvo.
El 26 de septiembre pasado, en Iguala, Guerrero, hubo dos ataques a normalistas por parte de policías municipales; se llevaron a 43 estudiantes, algunos heridos, ”los llevaron a algún lugar donde los hicieron caminar”, donde al llegar “habría varias fosas donde los colocaron, a algunos inclusive vivos, fueron poniendo como madera, se habla de tablas, les pusieron diesel y los quemaron”, a todos, sostiene el padre Alejandro Solalinde.
En entrevista para Noticias MVS primera emisión, dijo que habló con un testigo de los hechos; además de estudiantes que presenciaron el ataque, también con familias, estudiantes de Ayotzinapa, policías involucrados e investigadores.
“Desde el primer momento supe que algunos de los muchachos atacados 2 veces con armas de fuego como si fueran un Ejército, fueron heridos y otros cayeron muertos”, expuso.
“Se llevaron 43, algunos heridos”, narró.
“La primera información que me dieron fueron que algunos (fueron quemados) en el curso de la semana, ayer mismo, me dijeron que no eran unos cuantos, fueron todos”, indicó.
“Yo por mi parte estoy muy preocupado porque esto rebasa todo. Sabíamos que había represión contra estudiantes… esto es muy grave, gravísimo, refleja no un hecho aislado sino una acción de Estado”, sostuvo.
El sacerdote escuchó más testimonios de las familias el domingo 19, en la Basílica de Guadalupe, a donde acudieron a escuchar una misa dedicada a los normalistas desaparecidos.
Sin embargo, lamentó que “no nos permitieron celebrar la misa”, y que “el padre nunca mencionó jamás a las familias y nunca se dirigió a ellos en la homilía”.
“Yo aproveché el tiempo para platicar con las personas… la gente tiene miedo pero aseguran que todos los 43 fueron llevados, algunos heridos, los hicieron caminar hasta un lugar donde sucedió eso”, refirió.
“La novedad de ayer fue que confirmaron lo que había dicho (que fueron quemados), pero de todos”, señaló.
“La gente sabe ya esta información pero está asimilándola”, afirmó. “Los familiares son consientes de eso (de las muertes)”, agregó.
Apuntó que las familias quieren a sus seres queridos “vivos o muertos”, pero quieren los cuerpos.
“Lo más triste de todo esto es que yo no les pude asegurar que van a tener sus cuerpos”, mencionó.
“Esos muchachos permanecerán siempre como desaparecidos tal cual porque no dejaron rastros”, refirió.
Un testigo de los hechos le contó al padre, a detalle, lo ocurrido el 26 de septiembre en Iguala.
Por ello, “hoy a las 2 de la tarde presentaré declaración en PGR y el jueves hablaré con Murillo Karam”, contó Solalinde.
“Me dijeron que el procurador quería platicar conmigo y lo hice encantado”.
Además, “le voy a decir que lo que yo pienso de este gobierno: que es tan corrupto, tan simulador y se ha convertido en una verdadera amenaza para su pueblo… que no es un hecho aislado… en lugar de caminar con nosotros, buscar la justicia, se ha convertido en una amenaza y peligro para la ciudadanía. No creo en el gobierno, veo corrupción en todos lados… ellos saben perfectamente todo, ellos saben que en esas fosas que han encontrado restos calcinados ahí están los muchachos”.
Solalinde pidió esperar los resultados del peritaje argentino sobra las fosas encontradas en Iguala, pero dijo que habría qué preguntarles “si los han dejado trabajado a gusto”, pues hay muchas restricciones y un “manejo político”.
Aseveró que el gobierno, el Estado mexicano, “quiere fragmentar responsabilidades”, pese a que “el Estado mexicano se los llevó” a los normalistas; primero los tiroteó, los atacó como si fueran criminales, luego ese mismo Estado se los lleva, no importa si los entregaron o no al crimen organizado porque son ellos mismos.
“Por lo pronto esto es un crimen de Estado, de lesa humanidad, agentes que deberían estar al servicio del pueblo…”.
“Si no están quemados, si no fueron asesinados, que los presenten, pero que no hagan creer a la pobre gente que están vivos, esto es una manipulación electorera, les importa tan poco la vida de las personas… ¡cómo si les interesa quién se va a quedar con el estado! (el próximo año hay elecciones) ¿qué es eso?”, finalizó.
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Son silenciosos, están en todo el mundo y a donde llegan arrasan con los bosques. Son los traficantes de maderas preciosas.
La tala y el tráfico ilegal en el sureste del país, son hoy una amenaza a vencer.
En los últimos años se han perdido 1.08 millones de hectáreas de maderas preciosas que se venden en los países asiáticos.
Calakmul, en Campeche; Puerto Progreso, en Yucatán, y Punto Put, en Quintana Roo son víctimas de una red bien organizada que cada año remueve 56 millones de metros cuadrados de caoba, ébano y cedro.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Areas Protegidas, las maderas se embarcan a Taiwán, China, Hong Kong, Japón, Vietnam y Malasia.
La guerra por esas maderas, según cifras oficiales, está acabando con más de 800 mil hectáreas de bosques y selvas en México cada año.
El 17 por ciento del territorio nacional está conformado por bosque, es decir, 141 millones de hectáreas.
De ahí que México se ubica en el onceavo lugar del mundo con mayor superficie forestal, como lo revelan los datos de la Comisión Nacional Forestal.
A la fecha, la cadena forestal aporta al país 1.8 por ciento del PIB y solo satisface la tercera parte del consumo nacional.
En algunas regiones como Quintana Roo, la tala ilegal llega a representar hasta el 55 por ciento de la actividad lícita.
La entidad cuenta con 64 millones de hectáreas de bosques de clima templado y selvas que abarcan el 32 por ciento del territorio.
Aunque la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ha solicitado la intervención del Ejército y policías de las tres entidades, el tráfico ilegal continua.
Según la CONANP, la madera es sacada de áreas naturales protegidas como la reserva de la biosfera en Calakmul y es exportada desde Puerto Progreso en Yucatán.
El transporte de la madera, informa Profepa, se realiza mediante el amparo de remisiones forestales que no corresponden a los sitios de aprovechamientos autorizados.
Sin embargo, muchas de esas maderas preciosas salen del país con certificados autorizados por el gobierno.
Pero la mayoría de esos documentos son falsos.
Las autoridades reconocen que los tráileres que viajan con las maderas pagan hasta 20 mil pesos para pasar los retenes oficiales con documentación ilegal.
Los talamontes ganan terreno
Desde hace más de 30 años, el gobierno estableció un mecanismo para evitar la deforestación de los bosques basado en la conservación y la producción de madera.
Desde entonces, los ejidatarios se sumaron al Programa de Desarrollo Forestal Sustentable.
Se les entregaron mil 350 hectáreas para que manejaran la producción de madera y reforestaran.
A la fecha, el 80 por ciento de los bosques y selvas de México se encuentran bajo régimen de propiedad social a través de 8 mil 500 núcleos agrarios que ahí se constituyeron.
Y están vinculadas directamente con los recursos forestales para la obtención de sus principales satisfactores.
Sin embargo, los talamontes han ganado terreno y están acabando con las selvas y los bosques del sur del país.
Caoba, la joya de la corona
En el sureste del país yace uno de los árboles más preciados, la caoba.
Esta especie es muy cotizada por su textura, color y facilidad para fabricar muebles de lujo y es la que más se exporta de manera ilícita.
Este tipo de árboles requieren de cuando menos 50 años para alcanzar la madurez reproductiva y poder ser cortados.
Pero la avaricia de la tala ilegal, los corta desde muy jóvenes y se pone en riesgo la existencia de esta especie en los bosques de Quintana Roo, advierte Gustavo Alanis, presidente del Centro Mexicano del Derecho Ambiental (CMDA).
Este fenómeno también se observa en Tabasco, Veracruz, Michoacán, Chiapas y se extiende hasta la frontera sur con Guatemala por donde salen camiones con maderas preciosas para ser vendidos.
La Conafor ha denunciado que en el mercado ilegal, una tabla de caoba cuesta 50 pesos, mientras que en el mercado formal el precio se triplica.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: GEORGINA HOWARD.
En Michoacán casi todos los periodistas han sido orillados a dejar de publicar los temas de violencia. Las primeras planas de la mayoría de los diarios locales son solo ‘buenas noticias’
En Michoacán, la mayoría de los periodistas tienen miedo.
Casi todos están convencidos de la imposibilidad para ejercer libremente su profesión sin poner en riesgo la integridad física. Esta entidad en la tercera del ranking nacional en donde las agresiones contra los trabajadores de los medios de comunicación van a la alza. Por encima solo están Tamaulipas y Veracruz.
El miedo de los periodistas está fundado. Tras la aparición del video en donde se observan dos reporteros reunidos con el jefe del cártel de Los Caballeros Templarios, se ha generalizado un descrédito general para el gremio.
Incluso el gobierno de Michoacán lo ha aprovechado y lanza consignas hacia algunos trabajadores de los medios de comunicación.
“Existe un video que se divulgará cuando la ocasión lo amerite”, asegura un funcionario estatal cercano al gobernador sustituto, Salvador Jara.
El recordatorio se desliza de vez en vez entre los comunicadores locales. Por esa razón, muchos periodistas han dejado de cubrir la información coyuntural que se genera en esta entidad.
Para decenas de medios informativos locales y regionales el tema de la violencia ya no es foco de atención. No existe movilización de grupos de autodefensas ni las células del crimen organizado han tomado por asalto las principales ciudades de la entidad. Las primeras planas de algunos diarios locales son solo “buenas noticias”.
La impunidad es uno de los males que afronta el periodismo michoacano, reconoce el veterano periodista Andrés Resillas.
Él es el coordinador local de un movimiento que pretende reivindicar la función del periodista en la entidad.
Recientemente Resillas acudió ante el gobierno estatal para reclamar el abandono en el que se encuentran las averiguaciones de agravios a periodistas. El gobernador ni siquiera recibió.
De el 2010 a la fecha, en Michoacán se han registrado 22 agresiones contra representantes de los medios de comuicación. Ninguna de ellas se ha resuelto pese a la intervención de la fiscalía especializada en la materia de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Ninguna de esas averiguaciones fue consignada ante un juez”, destaca Resillas.
La mayoría de las agresiones se registraron en los municipios de Morelia, Paracho, Apatzingán, Jacona y Zamora.
“En este caso, el asunto es grave”, explica, “pues el titular de la Comisión de los Derechos Humanos en Michoacán parece tener una complicidad con las autoridades, llámese Poder Ejecutivo, Gobierno del Estado, Procuraduría de Justicia, Seguridad Pública y con los gobiernos municipales, a quienes no ha requerido ni sancionado por las agresiones a periodistas”.
Los periodistas locales tienen miedo
Nadie sabe si la existencia de un segundo video -en donde supuestamente se observa a una treintena de periodistas locales en reunión con el cártel de Los Templarios- es real o es solo una estrategia para contener la crítica de los medios locales de comunicación.
Lo que sí es real es el miedo que aseguran tener muchos de los periodistas locales, los que se dicen perseguidos por el gobierno estatal.
Fuentes de la PGR en la Ciudad de México aseguran que el primer video -que se difundió recientemente- sirvió para abrir de nueva cuenta una investigación archivada sobre los nexos que “unos 32 periodistas” de diversos municipios de Michoacán podrían tener con el crimen organizado.
Funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) realizan actualmente labores para conformar fichas técnicas de la mayoría de los periodistas que trabajan en Michoacán.
La última vez que el Cisen realizó acciones para “identificar” a representantes de los medios en el estado fue durante la década de 1990, cuando irrumpió en la entidad el grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR).
La existencia del segundo video al que hacen alusión funcionarios en algunas esferas del gobierno estatal de Michoacán no ha podido ser confirmada desde adentro de la PGR. Tampoco en el Cisen.
El gobierno estatal de Michoacán, a través de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) tenía convenios de publicidad para la difusión de programas oficiales con los medios informativos de los principales municipios del estado por un monto anual de cerca de 3 millones
Actualmente, la autoridad ha suprimido esos contratos con algunos medios locales a cambio de que dejen de dar cobertura a la crisis que violencia que se vive en Michoacán.
Desde el arribo del gobernador sustituto Salvador Jara se ha suprimido el pago de esos convenios de publicidad. Cerca de 90 medios locales han dejado de circular en forma regular por la falta de pago de la publicidad pactada con el gobierno estatal.
“La agresión del gobierno estatal a la prensa local se ha acentuado con la llegada de Salvador Jara Guerrero a la gubernatura sustituta”, dice un periodista de Zamora, quien pide el anonimato. “Nunca como ahora se había impuesto un silencio oficial como parte de la política de comunicación social. La encargada de comunicación social, Georgina Morales, es la promotora de la política mordaza del gobierno estatal”.
El video de la discordia
Tras la aparición del video en donde se observan dos reporteros reunidos con el jefe del cártel de Los Caballeros Templarios, se ha generalizado un descrédito general para el gremio.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
Profesores y empleados de escuelas estatales y federales que laboran por contrato llevan hasta cuatro quincenas sin pagos de la Secretaría de Educación.
Decenas de maestros y empleados del sistema educativo público en el estado se encuentran actualmente en la incertidumbre económica y prácticamente en el desempleo.
Docentes y administrativos denunciaron a Reporte índigo que a pesar de estar trabajando para escuelas de Nuevo León, no cuentan con un contrato escrito y no han recibido su salario desde el inicio del ciclo escolar.
“Somos todos los empleados que trabajamos por contratos, desde maestros, personal administrativo e intendentes, los que no sabemos qué pasará y no hemos recibido sueldo desde agosto”, denunció una empleada administrativa que pidió mantener su nombre en el anonimato, porque entonces la SEP menos le pagaría las quincenas que le adeuda.
Esta mujer y sus compañeros pusieron a la vista la verdad que hay detrás del sistema de educación en Nuevo León: una serie de disputas entre la Secretaría de Educación estatal (SE) y las secciones 21 y 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Y los afectados por esas rencillas entre los liderazgos sindicales y de la Secretaría de Educación, son quienes laboran por contrato.
Son decenas de maestros y personal administrativo a quienes les adeudan varias quincenas, porque la dependencia estatal no ha autorizado formalmente sus plazas.
“Nosotros seguimos trabajando, porque si nos vamos, no nos pagarían lo que ya hemos trabajado”.
Las representaciones sindicales en el estado son, la Sección 21 estatal, dirigida por Casimiro Alemán Castillo, con 11 regiones a su cargo.
La segunda es la Sección 50 federal, cuya cabeza en Nuevo León es Guadalupe Castillo García, con 13 regiones.
Ambos líderes han dado a conocer abiertamente las diferencias que existen con la Secretaria de Educación, Juana Aurora Cavazos Cavazos.
La Secretaría de Educación tiene empleados de base y por contrato.
“Los contratos aparecen para cubrir ausencias de maestros por muy diversos motivos.
“Uno de ellos es cuando un maestro de grupo se va a apoyar en ciertas funciones de la dirección, el puesto se llama ATE, Asistente Técnico Escolar”, explicó la trabajadora de Educación.
El sueldo de maestros y administrativos es de alrededor de 3 mil 500 pesos por quincena.
Quienes laboran por contrato no tienen ningún tipo de prestación, ni permisos de ausencia.
Además del bajo sueldo y las precarias condiciones de trabajo, asisten puntualmente a cumplir con su jornada, a cambio de nada.
“A esos maestros que están dando clases, no les han pagado, ni a mí como secretaria.
“Al mes de que ya estábamos trabajando sin paga, hicieron una junta con el portavoz del sindicato y preguntamos si nos pagarían porque la gente necesita el dinero para sostener a su familia”.
“El portavoz”, es el enlace de los trabajadores por contrato y el Sindicato, hay uno en cada zona escolar y les mantiene al tanto de su situación.
La Secretaría de Educación por medio de la región y la zona, hace llegar su pago y “Nombramiento”, documento que determina que tienen un contrato.
Pero esta vez ni siquiera les han entregado el Nombramiento. Simplemente no hay un contrato.
El Portavoz les anunció que la papelería ya estaba entregada, pero que no había una respuesta positiva de la SE.
“Él nos dijo: mandé la papelería, pero si ya no quieren ir a trabajar no vayan, pero nadie les va a pagar este mes que ya cubrieron, mejor espérense a ver si les llega”.
Todo es derivado de las rencillas que existen entre los sindicatos y las autoridades de Educación, que no quieren ceder las vacantes, asegura la empleada de la SE.
“Tan sólo en mi zona son cuatro escuelas con dos turnos, es decir, dos secretarias, dos directivos y dos grupos de maestros, y en total somos como 25 personas en esta situación”, explicó indignada.
El escenario para esta mujer es complicado. Tiene una plaza de base como maestra en el turno vespertino de otra escuela, pero los 7 mil pesos que recibe al mes, no son suficientes.
La mamá de esta trabajadora de Educación tiene ocho años como profesora de base en una escuela y tres años con contrato en otro plantel.
Aún así no les alcanza para los gastos de su casa.
“La mayoría de los maestros tenemos dos turnos, porque con 7 mil pesos al mes no completas y buscas dar más clases y es cuando consigues un contrato”, explica la profesora.
La maestra pidió no revelar su identidad, porque sabe que si los directivos de la Secretaría de Educación conocen su denuncia, la darán de baja.
“Mi hija y yo somos el sostén de la familia, y cada que se renueva el contrato es la misma incertidumbre”.
Nunca los habían dejado sin Nombramiento, si lo tuviera, tendría un medio legal para exigir su pago.
Álvaro es un maestro que a través de un contrato cubre la ausencia de otro docente por ATE, pero no sabe qué le depara el futuro laboral.
“Yo no sé cuándo me van a pagar, yo acabo de empezar por contrato, me avisaron que empezaría este ciclo escolar.
“Al maestro que cubro sí le llega su pago, porque es de base, pero a mi no y no hay quién nos ayude en esto”, explicó el joven profesor.
Un grupo de Facebook denominado “Propuestas Docentes”, creado para plantear estrategias para la enseñanza e intercambiar ideas, se ha convertido en una plataforma de denuncia ante la falta de pagos.
En las conversaciones publicadas en esta red social, se leen acciones que van desde la retención del sueldo a conveniencia de un directivo, hasta la desesperación de maestros que ya no tienen ni para pagar el camión de su traslado a la escuela.
Dejan de manifiesto que la problemática es general, al publicar más de 20 maestros y empleados sin pago, la escuela y la zona en donde trabajan, todas de diversos puntos del estado.
Se percibe además el miedo a amenazas por denunciar.
“Por las represalias que ha habido, con lo de los normalistas desaparecidos, con las mantas de lo de Rodrigo Medina en donde detuvieron a unos muchachos.
“Pertenecemos a la SE y los normalistas van para allá, entonces hay mucho miedo, mucha incertidumbre”, afirmó la empleada administrativa de la Secretaría de Educación.
Los empleados de Educación no reciben ni si quiera el apoyo de los directores de las escuelas.
“Él (el Director) sigue teniendo a su empleado que está haciendo el trabajo, ¿y cuándo va a saltar?
“Cuando deje de ir el empleado y entonces pedirá a alguien más. Lo idóneo es que el directivo vaya y diga: ‘éste es mi elemento y necesito que le paguen’”.
A pesar de todo, la empleada de Educación dice que no se van porque están esperanzados a recibir el pago y porque piensan en lo perjudicial que sería para los alumnos estar sin maestro.
“Lo que pasa es que siguen (los maestros) sacando al grupo adelante. Imagínate que se fueran todos y dejaran a los estudiantes solos.
“Ellos no tienen la culpa y necesitan tener a sus maestros a diario y continuar con su educación”.
Los profesores exigen a las autoridades educativas una respuesta a sus demandas de salario y que les sea enviado su Nombramiento, como lo hacían cada año escolar, en las administraciones anteriores.
Más de 500 por contrato
Según la Secretaría de Educación en NL:
> Existen 2 mil 647 escuelas de preescolar, 2 mil 567 primarias estatales y 8 mil 21 secundarias.
> No especifica la cantidad de profesores.
> El 93.3 % tienen formación normalista.
> El 97.5 % tienen nombramiento de base.
> El 19.6 % tienen otro trabajo además de enseñar.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: MELVA FRUTOS.
Fue acusado de delincuencia organizada, acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, y delitos contra la salud. Al final se comprobó su inocencia.
El migrante hondureño, Ángel Amílcar Colón, quedó en libertad el jueves de esta semana, tras permanecer casi 6 años preso en una cárcel de máxima seguridad, el Centro Federal de Readaptación Social No.4 Noroeste en Tepic, Nayarit.
Para Amnistía Internacional, su caso es emblemático de un nuevo esquema de violación de derechos en contra de las personas migrantes. “Las autoridades buscan incriminar a este grupo de población vulnerable para aparentar una supuesta respuesta efectiva en la investigación de delitos de alto impacto social, como delincuencia organizada, delitos contra la salud y otros”, acusó la organización.
“A principios de 2014 los expertos forenses, médicos internacionales independientes, lo examinaron y concluyeron que las pruebas médicas de tortura eran coherentes con su queja. Esta evidencia ha sido presentada a la corte, pero la PGR se ha negado a retirar los cargos”, señaló.
Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia porque considera que la tortura y el maltrato al que fue víctima tuvo un factor de discriminación racial por su origen afro descendiente garífuna y resultó en su encarcelamiento y en un procesamiento injusto.
En entrevista para Noticias MVS primera emisión, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, advirtió que presentarán una demanda de reparación del daño por los 5 años 7 meses que permaneció Ángel encarcelado. Además, “demandamos la investigación y sanción de funcionarios”
Sobre su caso, también en entrevista para MVS, Ángel consideró que su encarcelamiento marcó su vida; sin embargo, “he tomado la decisión de perdonar a quienes me hicieron mal”. Y señaló que el problema de la impunidad en el país “es que continúan haciéndolo”.
La historia de Ángel
El 7 de enero de 2009 tuvo que salir de Honduras, dejando a su compañera y dos hijos por la necesidad económica de ayudar a su familia y pagar la atención médica de Ángel Elvir, el mayor de sus hijos, quien había sido diagnosticado con cáncer.
Después de pasar por Guatemala fue abandonado en Tabasco por el coyote al que le había pagado por cruzarlo hasta los Estados Unidos. Tuvo que viajar en la caja refrigerada de un camión durante 34 horas para llegar al D.F. junto con otras 119 personas; de ahí viajó durante 2 meses hasta llegar a Tijuana, en donde otro coyote lo engañó prometiéndole ayuda para cruzar la frontera hacia Estados Unidos y lo llevó a una casa, en donde le ordenó permanecer en un habitación bajo la amenaza de quitarle la vida si desobedecía.
Al cumplir cuatro días en ese lugar, un operativo en el que participaron diversas corporaciones policiacas, irrumpió en la casa. Ángel, luego de escuchar disparos y ante el temor por su vida, se escondió en el baño y después salió por la parte trasera de la casa, pero fue detenido junto con otras 10 personas y acusado de delincuencia organizada, acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, y delitos contra la salud.
Al ser detenido Ángel no tenía en su posesión armas y no existen pruebas que lo vinculen a las drogas que fueron encontradas en el lugar, según el parte informativo de la policía. En cambio, fue víctima de múltiples abusos, agresiones y tortura.
Ángel fue torturado durante varias horas antes de ser puesto a disposición del Ministerio Público, por elementos del Ejército y por policías federales; posteriormente fue llevado a una base militar donde le tomaron su declaración ministerial sin haberle respetado su derecho a recibir asistencia consular.
VÍDEO:
Un video sobre su caso:
DossierAngel.pdf by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN
Un estudio del Banco Mundial concluye que sólo el 8% de las mexicanas desconoce que tiene derecho a denunciar, pero la mayoría elige no hacerlo porque considera que ser víctima no es digno de atención.
Casi la mitad de las mujeres mexicanas mayores de 15 años –el 46.1%- han sido víctimas de violencia a manos de sus parejas, según cifras oficiales. La razón principal por la que no la denuncian es porque consideran que se trata de un hecho insignificante, según datos del Banco Mundial.
En México, el 29% de las mujeres víctimas de la violencia no denuncia porque creen que ser víctimas es algo insignificante, que no es digno de atención; el 18% por preocupación a que sus hijos sufran, el 14% por vergüenza y otro 14% por temor a represalias de sus parejas.
En el documento “Empoderar a las mujeres y niñas para promover la prosperidad compartida” el Banco Mundial hace un llamado a que los países trabajen en promover acciones para que las mujeres no vean como algo cotidiano la violencia en pareja.
El organismo insiste en que acabar con la violencia de género permitirá avances en la igualdad entre hombres y mujeres, la cual está intrínsecamente unida al desarrollo económico: “La igualdad no sólo garantiza los derechos básicos sino que también desempeña un papel vital para tener el crecimiento necesario con miras a acabar con la pobreza extrema”.
Según el Banco Mundial, sólo el 8% de las mujeres víctimas de violencia que participaron en el estudio publicado este año desconocía que podía presentar cargos, pero la mayoría eligió no denunciar.
El diagnóstico del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no discriminación contra las Mujeres 2013-2018 del gobierno federal muestra la gravedad del problema de violencia contra las mujeres: el 46.1% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja:
-A 42.4% se les ha humillado, encerrado, amenazado con correrlas de casa, quitarles a sus hijos o matarlas (violencia emocional).
-A 24.5% les han prohibido trabajar o estudiar, o les han quitado dinero o bienes (violencia económica).
-Un 13.5% ha sido golpeada, amarrada, pateada, o agredida con alguna arma por su pareja (violencia física).
-A 7.3% de las mujeres se les ha obligado a tener relaciones sexuales sin que ellas quieran.
Programas sociales con visión de género
El Banco Mundial cita datos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Programa Oportunidades —que este año cambió su nombre a Prospera— que muestran que las mujeres que reciben el dinero en efectivo del programa —entregado bajo condición de que sus hijos acudan a la escuela y la familia se someta a revisiones rutinarias de salud— son 40% menos propensas a ser víctimas de violencia física de parte de sus parejas, pero se enfrentan a más amenazas.
¿Cómo se puede explicar esta contradicción? Según el Banco Mundial, por un lado, que las mujeres tengan control de las transferencias en efectivo disminuye el estrés económico en el hogar —que puede generar violencia—, pero al mismo tiempo les da independencia financiera para que ellas pueden optar por dejar una relación abusiva.
Sin embargo, si este tipo de programas no están hechos con visión de género y contemplan educación en el tema para las comunidades beneficiadas, en algunos casos la transferencia en efectivo puede ser vista como un desafío de las mujeres a los roles tradicionales de género y agravar la violencia.
“La violencia tiene efectos peligrosos en el corto y largo plazo, por ejemplo en los niños que frecuentemente pueden ser víctimas del abuso. En Monterrey, México, por ejemplo, la mitad de las mujeres maltratadas dijo que sus hijos presenciaban el abuso del que eran víctimas”, cita el informe.
Menos educación, más violencia
El Banco Mundial también alerta sobre el vínculo entre educación y violencia, pues en el estudio concluyó que el 65% de las mujeres de todo el mundo que sólo tienen educación primaria contraen matrimonio durante la niñez, no tienen control sobre los recursos del hogar y toleran la violencia física.
Ese porcentaje se reduce a 5% cuando las mujeres finalizan la escuela secundaria.
“En 18 de los 20 países con la mayor prevalencia de matrimonio infantil, las niñas sin educación tuvieron hasta 6 veces más probabilidades de contraer matrimonio que las niñas con educación secundaria. Entretanto, cerca de 1 de cada 5 niñas en países en desarrollo queda embarazada antes de los 18 años y la mayoría de las muertes de niñas de 15 a 19 años en el mundo en desarrollo se debe a causas relacionadas con el embarazo: alrededor de 70 mil niñas mueren cada año”.
En México, una de cada dos adolescentes de entre 12 y 19 años con vida sexual activa, se embaraza; y dos de cada diez entre los 15 y 19 años ha tenido más de un embarazo.
En total, el 40% de los embarazos en menores de entre 15 y 19 años no son planeados ni deseados y la tasa es de 77 embarazos por cada mil mujeres.
Aunado a eso, México es uno de los países de América Latina con el porcentaje más alto de matrimonio precoz, sólo por debajo de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 4.5 millones de niñas mexicanas se casa sin ser mayor de edad, lo que pone en riesgo su derecho a la salud, a la educación y a la protección.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
MÉXICO, D.F: Con modificaciones, como un tipo de cambio más alto, un incremento en la recaudación, un alza en los recursos destinados al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, así como una disminución en el precio del barril del petróleo, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015.
Después de 10 horas de debate y con una votación en lo particular de 293 a favor y 135 en contra, los legisladores avalaron el proyecto, el cual fue enviado al Senado para su análisis y discusión.
Así, los diputados elevaron el tipo de cambio de 13 pesos por dólar a 13.4 pesos ante la volatilidad que se vive en los mercados financieros; además, el precio del barril del crudo disminuyó a 81 dólares por barril, cuando el gobierno federal había enviado en su iniciativa un costo de 82 dólares. Hasta el miércoles 15, el precio de la mezcla mexicana se cotizaba en 75.7 dólares.
Por otra parte, el gobierno de Enrique Peña Nieto proponía ingresos totales por 4.6 billones de pesos, de los que 2.8 billones correspondían a ingresos federales; 1.1 billones a ingresos de organismos y entidades, y 67 mil 595 millones de pesos en ingresos derivados de financiamiento.
Sin embargo, los legisladores subieron su estimación de ingresos a 4 billones 702 mil 951 mil pesos, lo que significa un aumento de 26 mil 713.9 millones respecto de lo propuesto en la iniciativa del Ejecutivo.
La Ley de Ingresos de la Federación considera que el gobierno federal recibirá ingresos por 2 billones 906 mil millones que se integran por un billón de ISR –5 mil 491 millones de pesos más que lo considerado en la iniciativa por eficiencias recaudatorias–, y 703 mil 848 millones de pesos por IVA y 144 mil millones de pesos por IEPS.
Respecto de los ingresos de organismos y empresas, se prevén recursos por un billón 124 mil millones de pesos, que resultas mayores en 7 mil 542 millones de pesos respecto de la propuesta del Ejecutivo federal.
Mientras, en el caso de los ingresos derivados de financiamientos se buscará captar recursos por 672 mil millones de pesos, manteniendo la meta del déficit fiscal propuesta por el Ejecutivo, equivalente a uno por ciento del PIB.
En consecuencia, los ingresos petroleros alcanzarán un monto de 1.2 billones de pesos que resultan mayores por 20 mil 521 millones de pesos más en comparación con la iniciativa, mientras que los ingresos no petroleros serán del orden de 2.8 billones, aumentando en 18 mil millones respecto de la iniciativa del Ejecutivo federal.
Además, el pronóstico de crecimiento se mantiene en 3.7%, como lo previó la iniciativa enviada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Mayor endeudamiento
El presupuesto aprobado por el pleno fue criticado por la oposición, entre ellos Ricardo Monreal, del MC, quien señaló que la Ley de Ingresos sólo evidencia el “crecimiento económico inercial del país”.
“En el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 se continúa con una estructura inercial en la que subsisten dos problemas que son de suma gravedad, los cuales repercutirán gravemente en la estabilidad macroeconómica del país”, señaló el legislador de Movimiento Ciudadano.
Monreal se basó en los números:
“Como consecuencia, las perspectivas para 2015 prevén un crecimiento real de 3.7 contra 4.7 que pronosticaron o propusieron para este año al inicio de 2014. Una inflación del 3%, un tipo de cambio nominal promedio de 13.4 pesos por dólar y una cuenta corriente de menos 2% del PIB, lo cual significa –como todos deben de concluir– una mayor salida de capital que entrada del mismo y un déficit presupuestario equivalente a 1% del PIB, una vez deducida la inversión de las empresas productivas del Estado y la de los proyectos de alto impacto y a menos 3.5 del PIB con dichos componentes”.
Por su parte, los diputados del PAN reprocharon el débil crecimiento económico, la disminución de la inversión, así como las afectaciones que trajo la reforma fiscal en las empresas.
En ese sentido, Juan Bueno Torio sentenció que “la inversión en México se nos cayó 60% respecto de 2013. Somos una economía emergente que debemos atraer inversiones, no obstante los problemas de seguridad que tiene el gobierno actual y nuestro país, porque este gobierno también se ha mostrado incapaz para resolver los problemas de seguridad, pues este asunto se les está yendo de las manos”.
Mientras que el legislador panista Francisco Pelayo Covarrubias reprochó al gobierno de Peña Nieto que a dos años de su gobierno “ha puesto en crisis a la economía mexicana y al futuro de las familias de nuestra nación, pues el modelo contributivo que nos han impuesto es una real contrarreforma puesta en práctica desde el año pasado por el PRI y PRD”.
Luego recordó que en 2013 el gobierno federal propuso una Ley de Ingresos “atentatoria a los intereses de las familias mexicanas y de los medianos y pequeños empresarios”.
“Los malos resultados están a la vista. Alza de costo de la vida en los estados del norte del país, deterioro del turismo nacional, baja de la competitividad de nuestro comercio y un gran descontento de la sociedad mexicana” señaló.
Pelayo Covarrubias reclamó que “la economía del país no ha crecido como nos lo prometieron. La deuda nacional va al alza. Solamente mencionaremos que en dos años el gobierno de Peña Nieto ha contratado deuda en una cantidad igual a 60% de lo contratado en 12 años por los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
