El gobernador Eruviel Ávila felicitó públicamente al Ejército Mexicano por liberar a tres víctimas de secuestradores y adelantó que los soldados actuaron en legítima defensa.
El gobierno del Estado de México, que encabeza Eruviel Ávila, torturó a testigos y manipuló pruebas periciales para encubrir los rastros dejados por miembros del Batallón 102 del Ejército Mexicano sobre el asesinato de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, según consta en la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, emitida sobre este caso.
En su investigación, la CNDH concluyó que el mandatario mexiquense y el procurador Alejandro Gómez Sánchez, no tenían pruebas para concluir, como lo hicieron, que los 22 muertos encontrados en esa localidad colindante con Guerrero cayeron durante un enfrentamiento con soldados, toda vez que desde entonces había pruebas en el sentido de que algunos de ellos fueron asesinados ilegalmente.
El pasado 1 de julio, un día después de las ejecuciones extrajudiciales, el gobernador Eruviel Ávila, felicitó públicamente al Ejército Mexicano por liberar a tres víctimas de secuestradores y adelantó que los soldados actuaron en legítima defensa.
“El Ejército mexicano, allá en Tlatlaya, tuvo una valiente presencia y acción al poder rescatar a tres personas que estaban secuestradas, lamentablemente un militar salió herido, pero el ejército en su legítima defensa actuó y abatió a los delincuentes”, dijo el mandatario estatal.
De acuerdo con la investigación de la CNDH, el Ejército entregó a ministerios públicos estatales a tres presuntas víctimas de una banda de secuestradores, cuyos integrantes murieron en la bodega de Tlatlaya. Sus nombres, así como los de otros testigos no fueron hechos públicos por razones seguridad.
Se trataba de tres mujeres que relataron que fueron llevadas a oficinas de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, en donde otros funcionarios las interrogaron en tono amenazante. En sus testimonios afirmaron que una persona calva, de alrededor de 35 años, les dijo que había una forma de hacerlas hablar sin que se les notaran los golpes. La intención era que reconocieran que formaban parte de la banda de secuestradores.
A dos de ellas, primero las sentaron sobre sillas y les pidieron sus contraseñas de Facebook para acosarlas con las fotografías que encontraron. Como aún no confesaban lo que ellos querían, la postraron a jalones sobre el piso. El hombre calvo pateó a una de ellas en los costados y la amenazó con dañar a su familia. Luego la levantaron de los cabellos para ponerla de nuevo en una silla y lanzarle más preguntas.
Cada vez que una de ellas se negaba a responder a lo que ellos querían, a confesar ser parte de la banda de secuestradores, los funcionarios les pegaban en la cara y en la cabeza con los nudillos. Las torturas duraron 30 minutos aproximadamente. Luego les advirtieron que no debían contar lo ocurrido ahí dentro, o de lo contrario, sus hijas quedarían en un orfanato.
Entre golpes y amenazas, las víctimas contaron su versión, involucrando a soldados con la ejecución de los civiles. Los funcionarios les dijeron que esa no era la verdad de los hechos.
Una funcionaria llamó mentirosa a una de las mujeres. En la página 72, en el punto 316, la CNDH dice lo siguiente:
“No obstante, la abogada que había visto antes en la bodega, la llama “mentirosa”, “que los militares no habían matado a nadie”, por lo que le ordenó a la persona que tomaba nota que borrara lo que había declarado”.
Por la madrugada, funcionarios de la Procuraduría local llevaron a las mujeres a un hotel. Tardaron 20 minutos en llegar. Ahí continuaron los interrogatorios.
Por separado las metieron a un baño, en donde tres hombres las golpearon de nuevo, les jalonearon el cabello, las asfixiaron con bolsas de plástico y metieron sus cabezas en la taza del baño varias veces. Uno de ellos les advirtió lo siguiente: “Aquí, hasta los muertos hablan”.
Además de exigirles que se asumieran como parte de la banda de secuestradores, los funcionarios querían que declararan que las personas muertas en la bodega en Tlatlaya asesinaron a 10 de sus compañeros.
Este testimonio fue plasmado por la CNDH en su página 72 de la recomendación del caso Tlatlaya. Textualmente dice los siguiente:
“Le decían que tenía que decir que las personas que fallecieron “habían matado a diez”, a quienes pusieron en bolsas negras, y que ella daba de comer a los secuestrados”.
Entonces un hombre amenazó con violarlas. Hubo preguntas sexuales amenazantes. Un funcionario se bajó el pantalón y ordenó a una de ellas que se inclinara. Fue en ese momento cuando aceptaron firmar una declaración, sin saber qué contenía.
La CNDH concluyó que estas violaciones a las garantías individuales sirvieron para encubrir la actuación de los militares y también para que dos de estas mujeres terminaran en el penal federal de Tepic procesadas por delitos graves.
El 8 de julio, la agencia AP publicó un reportaje en el que sostenía que algunas víctimas en la bodega de Tlatlaya fueron puestas contra la pared y murieron de uno o dos disparos a la altura del pecho.
El 17 de julio, durante una rueda de prensa, Noticias MVS preguntó al procurador mexiquense, Alejandro Gómez, qué explicación tenía ante lo publicado por la agencia AP en el sentido de que podría tratarse de un fusilamiento a manos del Ejército y no de un enfrentamiento como indicaba la versión oficial.
Gómez, quien asumió el cargo apenas el pasado 21 de mayo, aseguró que de las diligencias oficiales no había pruebas de que hubo una ejecución.
“De las diligencias practicadas por el Ministerio Público del fueron común no se desprende indicio alguno que haga presuponer o que nos haga la pensar en la posible ejecución o el posible fusilamiento que usted hace referencia y se hace referencia en otros medios de comunicación”.
No obstante, la CNDH estableció que la procuraduría mexiquense actuó de forma irregular al no resguardar adecuadamente las evidencias, ni tomar fotografías dentro y fuera de la bodega antes de practicar los estudios periciales, lo que viola los protocolos establecidos en una investigación científica de este tipo.
Además detalla que el enfrentamiento entre militares y los civiles armados ocurrió alrededor de las 6:00 horas, pero los especialistas de la procuraduría local llegaron hasta las 12:30 horas.
Por otra parte, los peritos de la CNDH y PGR concluyeron que al menos tres cadáveres fueron movidos de su posición original y se les colocaron armas para simular que cayeron en un enfrentamiento, lo cual no fue detectado por la procuraduría mexiquense aún cuando esto era evidente en sus propias fotografías.
En otra parte de la recomendación, la CNDH cuestionó los resultados de las necropcias realizadas a 22 cuerpos, toda vez que omitieron datos que permitieran tener mayor certeza sobre la forma en que sucedieron los hechos.
También destaca, por ejemplo, que las víctimas refirieron la presencia de teléfonos celulares en la escena del crimen, pero la procuraduría mexiquense no registró ninguno como evidencia. Además, dentro de una camioneta se encontró un aparato de radiocomunicación que no quedó en manos de las autoridades.
La CNDH recibió mil 676 fotografías del lugar de los hechos y de las necropcias, pero en el caso de los cadáveres de cinco víctimas no se recibieron imágenes con detalle individual, sino que únicamente se enviaron fotos con planos generales de la zona.
Sin embargo, imágenes con el nivel de detalle requerido fueron filtradas a medios de comunicación. Para los investigadores de la Comisión esto significa que las autoridades de Servicios Periciales del Estado de México obstaculizaron la investigación por violaciones a derechos humanos.
Este miércoles, el gobernador Eruviel Ávila dijo que el gobierno del estado aprovechará los 15 días que les da la ley para analizar si aceptan o no la recomendación.
“Así que vamos a atender lo que marca la comisión nacional, lo que marca de ley, habremos de esperar estos 15 días hábiles para, en su caso, emitir nuestra respuesta formal, si aceptamos o no aceptamos dicha recomendación”
De acuerdo al gobernador, su administración no había sido notificada formalmente de la recomendación, aunque serán respetuosos de los tiempos y formas que establece la ley.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El sacerdote defensor de los derechos de los migrantes se reunió con el procurador Jesús Murillo Karam, tras declarar que recabó testimonos sobre el caso de los normalistas de Ayotzinapa.
El sacerdote defensor de los derechos humanos de migrantes, Alejandro Solalinde, se reunió este jueves 23 de octubre con el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, a quien le entregó la información que ha recabado sobre el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que fueron detenidos por policías del municipio de Iguala, en Guerrero, y posteriormente entregados a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos.
A través de su cuenta de Twitter, el director del albergue Hermanos del Camino, ubicado en Oaxaca, informó que la información que tiene la PGR —a 20 días de atraer el caso y hacerse cargo de la investigación— coincide en un 80% con la que él ha recabado a través de testimonios de sobrevivientes de los hechos violentos ocurridos el pasado 26 y 27 de septiembre, cuando los normalistas fueron atacados por policías municipales bajo las órdenes del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien se encuentra prófugo junto con su esposa María de los Ángeles Pineda.
A la reunión con Murillo Karam, Solalinde asistió acompañado de la escritora y periodista Elena Poniatowska. Después de un encuentro de dos horas, el sacerdote dijo al salir que “(la PGR) sólo no tenían el testimonio de un sobreviviente”, de acuerdo con un reporte del diario mexicano Reforma.
“Me siento satisfecho (con la reunión), pero no resolvió gran cosa, porque finalmente siguen pendiente los desaparecidos”, agregó.
Por su parte, Poniatowska dijo que “él (Murillo Karam) dijo que si nosotros estábamos apesumbrados, que su pesar era igual. Dijo algo que a él le había sucedido en lo personal. Así que se ve que está preocupadísimo”, según el diario.
El pasado viernes 17 de octubre, Solalinde declaró a medios que los estudiantes están muertos y que incluso algunos fueron quemados vivos, basándose en los testimonios de dos personas. “La primera información directa la tuve el domingo pasado (12 de octubre). La segunda la tuve ayer (16 de octubre), en la Ciudad de México. Lo primero que supe es que hay testigos, pero tienen miedo de hablar, son testigos de los mismos policías”, declaró.
Posteriormente, el lunes 20 de octubre, el activista asistió a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para rendir su declaración ministerial por escrito; sin embargo, al salir acusó que no recibieron su declaración. En esa ocasión Solalinde llevaba información recabada a partir de la declaración de cuatro testigos.
Este hecho ocurre a 24 horas de la Jornada de Acción Global por Ayotzinapa, en el que se realizaron protestas en todo el mundo para exigir a las autoridades localizar a los estudiantes hasta ahora desaparecidos.
En su reporte más actualizado, la PGR identificó a José Luis Abarca y a su esposa, además del director de seguridad pública de Iguala, como probables responsables de la desaparición de los estudiantes. Las autoridades federales confirmaron también la relación de la esposa del alcalde con el grupo delictivo Guerreros Unidos, de los cuales recibían mensualmente entre 2 y 3 millones de pesos, 600 mil destinados al cuerpo policial, influso al del vecino municipio de Cocula.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
CHILPANCINGO, Gro: Ángel Aguirre Rivero pidió licencia como gobernador de Guerrero, al cumplirse 27 días de la desaparición de 43 normalistas y a medio año de que concluya su mandato.
“Yo dije públicamente que si mi separación del cargo ayudaba a resolver este asunto no habría objeción en ello y señalé también que mi obligación era asumir con responsabilidad esta emergencia.
“En razón de lo anterior para favorecer un clima político, que ponga la atención en estas prioridades, el día de hoy he decidido solicitar licencia al Congreso del Estado”.
Acompañado de algunos funcionarios de su gabinete y el senador Sofío Hernández Ramírez, Aguirre señaló que de todas las investigaciones que su gobierno hizo sobre lo ocurrido en Iguala, va a entregar un informe al Congreso del Estado y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (CIDH).
La salida del funcionario ocurre luego de que el PRD le retirara su apoyo y los partidos de oposición demandaran su dimisión.
El 26 de septiembre fueron levantados 43 normalistas por policías y sicarios ligados al cártel de Guerreros Unidos. Hasta el momento se desconoce el paradero de los estudiantes.
Por estos hechos, han sido detenidos más de 50 personas, entre ellos 22 agentes municipales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
MÉXICO, D.F: Antorchas, veladoras, trompetas, pero, sobre todo, un silencio impactante de decenas de miles de jóvenes en varios contingentes provenientes de todos los puntos cardinales de la Ciudad de México fluyeron como un río humano durante cuatro horas desde el Ángel de la Independencia, sobre la avenida Reforma, hasta el Zócalo, con un solo clamor: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Aquí Todos somos Ayotzinapa, pero también todos somos normalistas, padres de familia, primos, hermanos, de los más humildes, de los más criminalizados durante décadas por un Estado que desprecia a sus maestros egresados de las normales rurales.
Todos demandan la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, secuestrados desde el 26 de septiembre, en una orgía de narcopoder protagonizada por policías municipales que, hasta hoy, confirmó la Procuraduría General de la República, recibieron la orden del alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca.
No piden la renuncia de Ángel Aguirre, mandatario estatal. Para casi todos, el expriista está hundido en las mismas 19 fosas que se han encontrado recientemente. Piden la renuncia del primer mandatario Enrique Peña Nieto y acusan a los tres grandes partidos (PRI, PAN y PRD) de estar coludidos con el “narcopoder”.
Los jóvenes anarquistas, encapuchados, encapsulados, hacen pintas en el trayecto, pero todo amago de violencia y provocación es rechazado de inmediato. Es una marcha pacífica, sin vigilancia policiaca ostentosa ni intimidante.
“No violencia, no violencia”, gritan cientos de jóvenes, muy jóvenes, de la Universidad de Chapingo, sobre la calle de Tacuba, a dos cuadras del Zócalo, cuando se presentó uno de los intentos de utilizar las antorchas para incendiar una bandera del Hotel Holiday Inn.
No pasó a mayores. La gente se vigila a sí misma.
Es la intersección de una indignación largamente larvada por una guerra contra el narco que se transformó en una guerra contra los más pobres. Un etnocidio simulado. Crímenes de lesa humanidad. Desapariciones forzosas. “El país se nos volvió una narcofosa”.
Decenas de familias, oficinistas, turistas y cientos de reporteros vieron pasar una marcha que se prolongó desde las 18 horas hasta más allá de las diez de la noche.
Las veladoras proliferaron en la plancha del Zócalo, donde se instaló un templete con la presencia de los padres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos, de sus compañeros de la Escuela Normal Rural y con integrantes de otros colectivos, como el Frente Popular de Defensa de Atenco.
Estamos ante la marcha más grande de los últimos años –quizá desde las jornadas del movimiento universitario del 68- sin signo partidista, sin consignas electorales y con una gran indignación que se ve en los rostros, en las mantas, en los carteles, en las pintas, en las consignas que escalan la rabia hasta Enrique Peña Nieto.
“Podrán arrancar la vida, jamás los ideales”, proclama una manta de jóvenes de la UNAM. “En México es más peligros ser estudiante que ser narcotraficante”, reza una pancarta. “La rebeldía es arena cargada de futuro”, de la Facultad de Filosofía y Letras.
“México huele a muerte, en el dolor de una madre de su hijo desaparecido”, reza una pancarta. La porta una madre de clase media, sentada en silla de ruedas, con una bandera mexicana que ondea a media asta, en una esquina de la Catedral Metropolitana.
La imagen es un símbolo y una síntesis. Aquí las clases sociales se mezclan. Los chicos de la Ibero marchan con los del Politécnico Nacional. Los chavos ITAM con los de la UNAM, las antiguas vocacionales con varias escuelas normales que toman por asalto el corazón de la marcha.
“Que se Atengan a las Consecuencias”.
Sobre el templete instalado delante del Palacio Nacional, Rafael, uno de los padres de los normalistas desaparecidos, le advirtió al gobierno de Peña Nieto: “No más de dos días les vamos a dar. Si no, que se atengan a las consecuencias”.
Otro normalista arenga: “Hoy no va a dormir Peña Nieto”. Y los gritos en su contra, con peticiones de que renuncie se escucha con fuerza en un Zócalo con contingentes que llegan de manera intermitente.
Los integrantes del Frente de Defensa de la Tierra de Atenco se hicieron presentes. Ignacio del Valle, líder histórico de Atenco, toma la palabra. Blande su machete. Y recordó que desde hace 14 años ellos han vivido la intensa represión del gobierno peñista.
En esta concentración no hay líderes políticos. Sólo hay líderes cívicos. Y los principales son los 43 ausentes.
El pase de lista de cada uno de estos jóvenes se acompañó con el grito: “Justicia, justicia”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
MÉXICO, D.F: El cuerpo de Jesús Antonio Gamboa, director de la revista Nueva Prensa, de Sinaloa, fue hallado el miércoles pasado en el municipio de Ahome, con impacto de bala y huellas de tortura, según informó la agencia Efe.
Fuentes de la fiscalía del estado citadas por la agencia, precisaron que el cuerpo del periodista, quien desapareció el pasado 10 de octubre, fue hallado gracias a información proporcionada por sus dos presuntos asesinos, en las inmediaciones de la comunidad Águila Azteca cerca de un canal.
Los presuntos asesinos, uno de ellos identificado como Bernal Weltzer, fueron capturados debido a que utilizaron la tarjeta bancaria de su víctima en varias ocasiones para disponer de “elevadas” sumas de dinero.
De acuerdo con las investigaciones, Gamboa, de 39 años, fue asesinado tras una discusión con presuntos delincuentes en el bar “El Paralelo” ubicado cerca de donde fue hallado su cadáver que fue trasladado a una funeraria a la ciudad de Los Mochis, en el municipio de Ahome, donde fue identificado por sus familiares.
La Asociación de Periodistas de Los Mochis, que encabeza Edgardo Vázquez, exigió a las autoridades el esclarecimiento del homicidio.
Con este homicidio suman tres los cometidos contra periodistas en lo que va del año.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Fue al Festival Internacional Cervantino; compañeros afirman que uniformados se lo llevaron. Según la procuraduría estatal y agentes municipales, el universitario cayó de una azotea al tratar de asaltar una vivienda y se golpeó la cabeza. UdeG demanda a ambos gobiernos aclarar el caso.
Guadalajara, Jal., 21 de octubre. Ricardo Esparza Villegas, estudiante del Centro Universitario de Lagos de Moreno (CULagos), campus regional de la Universidad de Guadalajara (UdeG), murió el 19 de octubre durante el Festival Internacional Cevantino (FIC) que se celebra en Guanajuato, en circunstancias no esclarecidas, después de que lo detuvieron policías municipales.
Sobre el deceso del alumno de 23 años, quien cursaba el noveno semestre de la carrera de ingeniería mecatrónica, hay dos versiones. Sus compañeros aseguran que fue detenido la tarde del sábado 18 de octubre cuando auxiliaba a un colega que se encontraba en estado de ebriedad. Los agentes se lo llevaron con rumbo desconocido y al día siguiente se reportó su deceso en el diario guanajuatense AM.
En contraparte, la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato aseveró que el universitario murió de un golpe en la cabeza producido por una caída y llamó a los estudiantes que estuvieron con él en el FIC a que se presenten a declarar.
Reportó que en la carpeta de investigación 30731/2014 se siguen varias hipótesis, las cuales se agotarán hasta tener plena certeza de lo que aconteció y determinar si en este lamentable suceso hubo intervención de terceras personas.
La nota informativa cita la versión de los policías municipales de Guanajuato, quienes aseguraron que Ricardo pereció al caer de una azotea cuando intentaba asaltar una vivienda.
La UdeG demandó al edil de Guanajuato, Luis Fernando Gutiérrez Márquez, y al gobernador panista Miguel Márquez Márquez que aclaren este lamentable crimen. Asimismo pidió al gobierno de Jalisco que colabore en las investigaciones para que se castigue a los responsables.
Advierte saña y criminalización institucional contra los jóvenes
Roberto Castelán Rueda, ex rector del CULagos y actual director de la preparatoria regional de la UdeG en Lagos de Moreno, señaló que, según los acompañantes de Ricardo, la policía se lo llevó. Ellos lo buscaron en la Cruz Roja y en agencias del Ministerio Público, pero no lo localizaron. “Al día siguiente, el diario AM, citando a un jefe de grupo de la policía, informó que el muchacho quería robar una casa, se cayó y se dio un golpe en la cabeza”, dijo.
Castelán Rueda mencionó que la comunidad universitaria está desconcertada por la muerte de Ricardo. “Algunos estudiantes han propuesto hacer una manifestación durante el FIC para que las autoridades den una explicación.
Los muchachos están tristes y muy encabronados, sobre todo porque lo ponen como un ratero. Los chavos de mecatrónica son muy dedicados, pues es una carrera que requiere mucho esfuerzo. Casi todos sus investigadores pertenecen al Sistema Nacional, mencionó Castelán
Lamentó tanta saña contra los jóvenes. Parece que hubiera un programa destinado a criminalizarlos, a exterminarlos. Ser joven ahora es señal de que andas mal, de que te tienen que reprimir y someter, concluyó.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Mauricio Ferrer y Carlos García
De acuerdo con los archivos de la Secretaría de Salud de Jalisco, este nosocomio tiene el mayor número de incidentes por negligencias médicas, con 61 muertes clasificadas por esta causa entre 2013 y 2014.
El Hospital General de Occidente, conocido más como Zoquipan, en el municipio de Zapopan, es por mucho el espacio de la Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ) con el peor récord en casos de negligencias y servicios médicos deficientes por parte de la institución.
Reporte Indigo informó del ocultamiento de 376 de estos hechos ocurridos en las instalaciones de la Secretaría de Salud de Jalisco, de 2011 a 2014, cuyas afectaciones a los usuarios se valuaron en 16 millones 884 mil 852 pesos por su aseguradora.
Además de 83 decesos en 2013 y 2014, en los que se atribuye la responsabilidad al personal médico, con datos oficiales obtenidos tras la intervención del Instituto de Transparencia e Información Pública (ITEI).
Es el Hospital General de Occidente donde se concentra tanto el mayor número de estos servicios con fallas, con 140 de 2011 a 2014, como el de pacientes fallecidos donde se señala la culpa de sus trabajadores, con 61 en 2013 y 2014.
Esto quiere decir que de cada 10 atenciones médicas con deficiencias que brinda la SSJ, cuatro se dan en el Hospital General de Occidente; y que de cada cuatro decesos donde se involucra al personal médico, tres se dan también ahí.
Su historial en casi cuatro años es este: 63 incidentes por “negligencia en atención a paciente” o similar; ocho por “otras lesiones”; seis por “negligencia en cirugía”; uno no especificado; uno por “Negación de servicio médico”, más los decesos.
Justo ahora la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) tiene una investigación en curso por una mujer que, momentos después de ser recibida en el hospital, el 11 de octubre, terminó dando a luz en calles cercanas.
El personal médico le solicitó que saliera a caminar por la poca dilatación que presentaba. La SSJ asegura que actuó conforme a las normas.
Se puede hablar de las 10 instalaciones públicas de salud con el mayor número de incidencias por errores médicos de 2011 a 2014, donde actuó la aseguradora Afirme de la SSJ, que sólo lo hace en actos no dolosos, por “culpa negligente (descuido)” o “imperita (carecer de pericia)”.
Luego de Zoquipan, en segundo lugar están los nosocomios del Hospital Civil de Guadalajara (Fray Antonio Alcalde y Juan I. Menchaca), con 41 negligencias; el tercer lugar es el Hospital Materno Infantil de Ocotlán, con 31; seguido del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, con 17; y el Hospital Regional de La Barca, con 16.
Los cinco complementarios: el Hospital Regional de Autlán, con 16; el Hospital Regional de Cocula, con 13; el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, con 10; el Hospital Regional de Ciudad Guzmán, con nueve, y en décimo lugar el Hospital Regional de Puerto Vallarta, con siete.
Los archivos de la SSJ indican 11 instalaciones más con decesos de pacientes clasificados como negligencias –ya sin considerar el primer lugar de Zoquipan- en 2013 y 2014:
El Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, con cinco muertes; el Instituto Jalisciense de Salud Mental, con cuatro; el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, con tres; y el Hospital Regional de Puerto Vallarta, con tres.
Todos los siguientes tienen una muerte así en su haber: los hospitales de Primer Contacto de Colotlán, Huejuquilla y Tamazula; los hospitales Regionales de Cocula, La Barca y Tepatitlán, y el Centro de Salud de Atotonilco.
Las intervenciones médicas deficientes de la SSJ fueron valuadas en casi 17 millones de pesos de 2011 al 2014
Daños y millones
Las intervenciones médicas deficientes de la SSJ causan daños millonarios al erario. Los casi 17 millones valuados de 2011 al 2014 por su aseguradora pueden desglosarse por cada instalación pública.
En el Hospital General de Occidente se estimaron afectaciones a los pacientes por 4 millones 507 mil 665 pesos, la cifra más alta, y se hicieron pagos indemnizatorios por, al menos, un millón 887 mil 500 pesos.
Los archivos ubican en segundo lugar a los nosocomios del Hospital Civil con un monto en daños calculado en 2 millones 425 mil 794 pesos, de los que se reportan pagos por 825 mil pesos.
El tercer lugar está en Autlán, su Hospital Regional, ahí el impacto a los pacientes fue por un millón 387 mil 47 pesos, aunque se precisa haber cubierto 262 mil 500 pesos.
En el cuarto sitio el Hospital Materno Infantil López Mateos, ahí se estimaron en un millón 323 mil 956 pesos, con reparaciones por 462 mil 500 pesos. El quinto lugar es el Hospital Regional de Cocula, con un millón 192 mil 2 pesos y erogaciones por 507 mil 207 pesos.
Los cinco lugares complementarios con las afectaciones más altas al usuario son: el Hospital Materno Infantil de Ocotlán (734 mil 403 pesos), el Hospital Regional de La Barca (706 mil 4 pesos), el Hospital Regional de Ciudad Guzmán (558 mil 62 pesos), el Hospital Regional de Puerto Vallarta (556 mil 530) y el Hospital de Primer Contacto de Atotonilco (456 mil 530 pesos), el mismo monto que en el Hospital Comunitario Ojuelos.
Daños y ahorros
Entre los 376 incidentes por fallas y negligencias médicas en instalaciones públicas que registra la SSJ en todo el estado, de 2011 a 2014, hay 24 cuyos daños al paciente se valuaron en cifras superiores a los 200 mil pesos.
El antecedente de mayor monto se dio en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, en 2012, se clasificó solamente como “negligencia en atención médica” sin especificar de qué error se trata, pero se estimó en 273 mil 918 pesos.
Sin embargo, el pago final registrado fue de sólo 50 mil pesos: la labor de la aseguradora le ahorró a la SSJ el 82 por ciento del daño que infligió.
El segundo hecho más importante se dio en el Hospital Civil de Guadalajara, en 2012, se valuó en 251 mil 95 pesos pero se indemnizó con 50 mil pesos, apenas el 20 por ciento. Fue clasificado también como ”negligencia en atención médica”.
La tercera mayor afectación se vuelve a dar en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, en 2013, se calculó en 243 mil 508 pesos y se clasificó como óbito, es decir, el paciente falleció. Se pagaron 50 mil pesos, el 20 por ciento.
En ese nosocomio para la mujer existen otros dos casos que superan los 200 mil pesos en 2012, uno se valuó en 228 mil 265 pesos, pero se indemnizó con apenas 12 mil 500, el 5 por ciento; y otro por 203 mil 265 pesos que se cubrió con 25 mil pesos, el 12 por ciento.
Hay hechos así de relevantes que se dieron fuera de la ZMG, por ejemplo, en el Centro de Salud San Ignacio Cerro Gordo hay un par, cada uno ascendió a 228 mil 265 pesos, y en el Hospital Comunitario Ojuelos hay otro igual.
En los hospitales de Primer Contacto de Atotonilco y General de Autlán hay un par en cada uno por 228 mil 265 pesos; en el Hospital Regional de Cocula hay uno por 207 mil 207 pesos y otro por 203 mil 265. Y finalmente hay otro en Hospital Regional de Ciudad Guzmán por 203 mil 265 pesos.
Cifra negra
Desde 2007 y hasta hoy sólo existe un caso de negligencia de la SSJ que llegó hasta una resolución judicial en su contra, fue en el Tribunal de lo Administrativo del Estado.
Tras una demanda de responsabilidad patrimonial, en julio del 2014 pagó 412 mil 386 pesos para reparar los daños del fallecimiento de Gabriel Ramírez Chávez, ocurrida en el 2009 en el Hospital General de Occidente.
El 16 de junio la SSJ informó que la muerte se dio “por una negligencia médica”. Fuera de este caso, y según el director de Asuntos Jurídicos, Fernando Letipichia Torres, no hay otros asuntos determinados en procesos penales, civiles o administrativos.
Es decir, las acciones legales por servicios deficientes y negligencias se están desahogando principalmente con los servicios de la aseguradora y la propia Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: LUIS HERRERA
MÉXICO, D.F: Inician simultáneamente un nuevo proceso electoral y un nuevo ciclo de protesta social. El segundo, sin duda, genera más esperanza que el primero.
Todos sabemos que las próximas elecciones del 5 de julio de 2015, para 500 diputados federales, nueve gobernadores, 661 diputados locales y mil 15 ayuntamientos en 17 entidades federativas, no cambiarán absolutamente nada en el país.
La compra masiva de votos y los ríos de dinero de procedencia desconocida que fluirán a los operadores de las campañas y a los medios de comunicación asegurarán que los mismos intereses de siempre continúen gobernando. En contraste, el creciente movimiento popular a raíz de la masacre de Iguala tiene el potencial de transformar radicalmente a la nación.
Omar García, uno de los valientes normalistas de Ayotzinapa sobrevivientes de la masacre, lo ha dicho con todas sus letras: “Esto que vivimos, con lo doloroso que es, es una oportunidad única de escalar la presión, de lograr una movilización generalizada que trascienda Ayotzinapa, que trascienda Guerrero, que pueda poner fin de una vez por todas a la situación intolerable de violencia e impunidad que está viviendo México desde hace años.
Ojalá no la dejemos escapar”. Comparte también las palabras de los padres de familia de los ayotzis desaparecidos: “Nosotros, por nuestros hijos, estamos dispuestos a dar la vida. Y ustedes, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar?” (Texto completo de la entrevista con Blanche Petrich disponible aquí: http://ow.ly/CQbGQ).
La gran visión política y enorme valentía de los estudiantes de Ayotzinapa y sus familiares es precisamente lo que requiere hoy el país. En un contexto social en donde predominan el egoísmo, el “agandalle” y la corrupción, se levanta una generosa voz de dignidad rebelde desde las montañas de Guerrero. Estos grandes líderes sociales están dispuestos a sacrificar todo, incluso la vida misma, con tal de conquistar la justicia y la paz para el país entero. Los “chilangos”, normalmente enajenados con nuestra apurada vida cotidiana, tenemos mucho que aprender de su ejemplo. Y todo México tendría que apoyar públicamente a estos jóvenes líderes, así como replicar su lucha en las comunidades, trabajos y escuelas.
Nunca faltan las voces de siempre que insisten en que los movimientos sociales no deberían “desvirtuarse” al incorporar asuntos supuestamente “ajenos” a sus causas iniciales. Por ejemplo, Leonardo Curzio ha acusado a un servidor de “usar” a los estudiantes del Politécnico para fines políticos (Véase: http://ow.ly/CQhyU) por haber sugerido, en estas mismas páginas, que la batalla por refundar el Instituto Politécnico Nacional es simultáneamente una lucha por democratizar el país (Véase: http://ow.ly/CQjF8). Y en su cobertura de la masacre de Iguala, los principales medios de comunicación electrónicos han hecho esfuerzos sobrehumanos para presentarla como un asunto estrictamente local donde no habría complicidad alguna ni del gobierno federal ni de Washington.
Estas perspectivas subestiman enormemente la conciencia crítica y la capacidad de movilización del pueblo mexicano. Tantos años codeándose con políticos corruptos y oligarcas apátridas han hecho a muchos periodistas pensar que todo México es igual de cínico y egoísta que las élites que dominan el país.
Pero los acontecimientos de la semana pasada han desmentido de manera contundente esta apuesta por la desmovilización social. En el nuevo mundo de redes sociales y comunicación digital es más fácil que nunca articular luchas y acciones. El paro solidario con Ayotzinapa de docenas de escuelas y facultades de la UNAM, UAM, ENAH, UACM y otras universidades es una excelente señal. Y la ampliación del movimiento en Guerrero para incluir a los maestros de la CETEG y a docenas de ayuntamientos a lo largo y ancho del estado implica una sana expansión de la indignación social. Asimismo, mientras la PGR sigue sin dar resultados sobre la desaparición de los 43 normalistas, los policías comunitarios avanzan con paso firme al encontrar cada día más fosas utilizadas por el narcogobierno para esconder sus fechorías sangrientas.
Los movimientos sociales exitosos son aquellos que saben dictar la agenda de discusión, negociación y presión. Los estudiantes del Politécnico, por ejemplo, han dado una gran lección en la materia al resistir los intentos de manipulación por parte del gobierno federal o de los medios de comunicación. Los estudiantes mandan y las autoridades obedecen. Así se construyen las luchas sociales victoriosas, desde abajo y con gran astucia política.
El antiguo debate entre la “vía electoral” y la “vía armada” ya quedó sin materia. Ambas vías fracasaron terriblemente en su intento por transformar el país. Las importantes luchas emprendidas en ambos frentes desde 1968 nos han dejado en una situación igual de ignominiosa que hace 46 años.
Surge entonces la imperiosa necesidad de articular una nueva vía de aguerrida militancia social que pueda derrocar al neoliberalismo despótico con la fuerza de la razón y la presencia multitudinaria de la ciudadanía en las calles. No es cuestión, desde luego, de apostarle a una “sociedad civil” deslavada, bien portada y controlada por el financiamiento de corporaciones extranjeras, sino al México bronco que siempre ha estado presente en los momentos más cruciales de la historia nacional.
Tampoco se trata de abandonar la democracia electoral o la autodefensa popular. El abstencionismo y el “voto en blanco” solamente ayudan al régimen a acumular más votos. Y en muchas comunidades del país, notablemente en Michoacán y Guerrero, las armas son estrictamente necesarias para defenderse de los narcotraficantes en un contexto de total ausencia del estado de derecho.
Pero ni el voto ni las armas pueden ser hoy el centro articulador hacia el futuro. Urge ensayar nuevas formas de lucha y de organización.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOHN M. ACKERMAN.
La organización internacional Greenpeace realizó este día una protesta frente al Palacio Nacional donde personificaron al Presidente Enrique Peña Nieto realizando diversos ejemplos de desastres ambientales.
Con esta acción, Greenpeace busca dejar en claro a Peña Nieto que no están “dispuestos a mantener un ambiente de injusticia y de desastres”.
“El panorama de México en las últimas semanas ha mostrado un estado terrible de indignación ante hechos que siguen siendo todavía increíbles. Cada una de las historias que han sido protagonistas en los días recientes, tienen indudablemente un toque de impunidad”, destacan en un comunicado.
En las imágenes que representaron, se ve a diversas personas con trajes y máscaras de la imagen de Peña Nieto, algunos con cierras y simulando que talan árboles; otros derramando barriles de petróleo en el suelo.
En una lona que desplegaron, señalan: “Peña Nieto estás destruyendo México. ¡Basta de impunidad!”.
Detallan que acudieron al Palacio Nacional para exponer las catástrofes naturales que “son sólo responsabilidad de la pésima política ejercida y apoyada por nuestros gobernantes”, declaran.
Esta acción, como parte de la campaña que Greenpeace ha emprendido llamada “Tiempo de héroes”, con la que buscan que la población se sume a la exigencia hacia el gobierno federal, para que detenga la “devastación ambiental”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/23-10-2014/1150410.
Miles de estudiantes de la Universidad de Guadalajara marcharon en esa capital para exigir se aclare la muerte de su compañero Ricardo de Jesús Esparza, ocurrida en Guanajuato.
Guadalajara, Jal. Por lo menos 600 personas, la mayoría estudiantes de la Universidad de Guadalajara salieron de Lagos de Moreno donde hicieron escala rumbo a Guanajuato, donde prevén llegar al filo de la una de la tarde para exigir al gobierno municipal y estatal el esclarecimiento de la muerte de su compañero Ricardo de Jesús Esparza Villegas.
El grupo integra 9 autobuses y decenas de vehículos particulares, que inicialmente partió en 5 camiones desde la rectoría de la UdeG, en el centro de Guadalajara, pasadas las 8.00 de la mañana.
En Lagos de Moreno, municipio que colinda con Guanajuato en la región de los Altos de Jalisco, Ricardo estudiaba mecatrónica en el campus que la UdeG tiene en esa ciudad. Ahí se sumaron 4 camiones más a la caravana.
El grupo partirá hacia la ciudad de Guanajuato en cualquier momento, reportó el vocero de la UdeG en Lagos de Moreno, Luis Alberto Pérez Amezcua, y se tiene previsto llegar al filo de la una de la tarde para realizar un mitin en la presidencia municipal.
Según las autoridades de Jalisco y Guanajuato, se carece de evidencia que demuestre que Ricardo fue detenido por policías. Tanto las autoridades de la UdeG como de la Federación de Estudiantes Universitarios que organizan la caravana, sostienen lo contrario.
El muchacho de 23 años fue encontrado muerto el domingo pasado, al parecer sólo con un golpe en la cabeza. Las autoridades sostienen que cayó de la azotea de una vivienda que intentaba asaltar, lo que incrementó la indignación universitaria.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Juan Carlos G. Partida.
Para la primera sesión de este dialogo público, la Secretaría de Educación propuso que se determinen las reglas de funcionamiento de la mesa y su agenda de trabajo.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) propuso a los estudiantes del IPN a instalar una mesa pública el próximo martes, a las 11:00 horas en la biblioteca José Vasconcelos de Buenavista.
En un desplegado publicado este jueves en varios periódicos de circulación nacional, la dependencia planteó que el gobierno federal y los politécnicos designen a diez representantes, los cuales deberán participar con voz y voto una vez que se acrediten.
La SEP sugirió que en la mesa de diálogo se discutan los términos para la organización del Congreso Nacional Politécnico, que comprenda a toda la comunidad politécnica, para los cual su integración debe corresponder a los principios de representatividad y proporcionalidad.
Dijo que es importante que “en aras de la legitimidad, sus representantes emanen de elecciones convocadas por la comunidad de cada plantel, en las que participen sus integrantes y cuyo escrutinio se lleve a cabo por ellos mismos”.
Además, planteó que en concordancia con lo pedido por los estudiantes en el punto 1 de su pliego petitorio, se designe al director general que atenderá los problemas internos del instituto, así como los que por ley le corresponden.
Además, la SEP convocó a la comunidad politécnica a retomar sus actividades normales a la brevedad “con el fin de acelerar los mecanismos académicos y administrativos para la instrumentación de las medidas solicitadas”.
El comunicado de la SEP:
RNAC20141023-015 by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El político priista, suplente de Manuel Añorve, habría recibido disparos a la altura del cuello, en lo que se presume fue un ataque directo.
El exdiputado local priista, Gilberto Arturo Sánchez Osorio, fue asesinado con disparos de arma de fuego y su cuerpo fue hallado junto a un vehículo, en calles de la colonia Del Carmen, Coyoacán.
Sánchez es el suplente del diputado federal, Manuel Añorve, quien contendió por el gobierno de Guerrero en las últimas elecciones.
De acuerdo con fuentes de la policía capitalina, los hechos ocurrieron cerca de las 22:30 horas en la calle Francisco Sosa, cerca del centro de la delegación Coyoacán.
La víctima viajaba en vehículo Mercedes Benz de su propiedad, en compañía de una mujer identificada como María del Pilar Corona Toledo y José Luis Cárdenas Gómez.
Al llegar a su domicilio, bajó del auto, tras lo que fue agredido por un sujeto, quien escapó.
La Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Coyoacán, realizó las primeras investigaciones, aunque por la forma como sucedió el hecho no se descarta que la Fiscalía de Homicidios atraiga la investigación.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
"Sin duda tendría que haber videograbación... (compañeros) dicen que eran policías pero no qué tipo", expone en MVS.
Hay muchas cámaras en el lugar, sin duda tendría que haber una videograbación de lo que sucedió entre el sábado y domingo pasado, en la zona donde fue encontrado muerto Ricardo de Jesús Esparza Villegas, estudiante del Centro Universitario de los Lagos (CULagos) quien asistió al Festival Cervantino, indicó el procurador de Guanajuato, Carlos Zaparripa.
En entrevista para Noticias MVS primera emisión, dijo que las investigaciones están en curso, luego de que el domingo se encontrara el cuerpo en el patio trasero de una casa de estudiantes.
Señaló que donde dicen los jóvenes que estaban, es un “lugar donde hay muchas cámaras”. Y adelantó: “tenemos asegurados todos los videos en la zona“, ”donde dicen que sucedió el arresto ahí sí hay cámaras”. Pero se revisó “exhaustivamente y no aparece”. Sostuvo que los videos “son claros y podemos encontrar” lo que lleve a resolver el caso.
Sin embargo, mencionó que hasta ahora sólo tiene la declaración de 1 de los testigos. Hay más (entre 3 y 4), que acompañaban la noche del sábado a Ricardo, indicó, pero no han querido declarar. Ante ello pidió a la Universidad de Guadalajara que colabore e invite a los demás jóvenes a declarar.
“Desde el lunes hemos reiterado que se presenten a declarar (los otros testigos) entre 3 y 4 lo a acompañaban… solo sabemos el nombre de uno… Daniel”, detalló.
El procurador apuntó que ya tienen la declaración de 27 vecinos del callejón que da al patio donde encontraron al cuerpo. Agregó que es “bastante larga distancia” donde comentan se encontraba y donde murió.
Añadió que de los vecinos, “nadie ha referido algo semejante”, en referencia a que hubo elementos de alguna corporación en ese lugar, en contraste con lo que aseguran los compañeros de Ricardo, sobre que éste fue detenido por policías.
Expuso que los hechos habrían ocurrido entre las 2:30 y 3 de la mañana, del domingo, de acuerdo con el único testigo que ha declarado.
Comentó que los vecinos dicen que vieron 4 jóvenes en el lugar; y explicó que en la propiedad privada donde se encontro sin vida a Ricardo “solamente es de acceso peatonal”.
En cuanto a lo publicado en medios locales, que difundieron la hipótesis de que el joven cayó desde una azotea, al intentar asaltar una casa, el funcionario dijo que “no tiene ningún elemento” sobre ello. E invitó a “preguntarle al medio de quien emite esa hipótesis”, “ninguna autoridad ha emitido declaración semejante”.
Sólo refirió que el joven “estaba alcoholizado”, “uno de ellos (los acompañantes) estaba tirado en el piso”, “además estaban consumiendo diferentes cosas además del alcohol, que por ello le dicen que se retiraran del lugar”.
Zamarripa reveló que pidió a los familiares que no cremaran el cuerpo por si hubiera alguna “revisión” qué hacer.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La exigencia de la renuncia del gobernador de Guerrero sube de tono. Y mientras muchos dudan que su remoción resuelva el problema de fondo, la PGR documenta nexos entre narcos y autoridades locales.
El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, está en la mira.
La exigencia de que renuncie a su cargo es a sangre y fuego. Se hacen marchas y se incendian palacios para conseguirlo.
Los partidos -incluida un ala del PRD- también se unen a la petición de que deje su puesto. Las manifestaciones en su contra inundan las calles de cientos de ciudades en México y el mundo.
Ayer, apenas pasaba de mediodía y el ayuntamiento de Iguala ya estaba en llamas.
Maestros y normalistas disidentes de la CETEG prendieron fuego al edificio en una clara muestra de que su advertencia de elevar el tono de su protestas va en serio.
“Ya se nos agotó la paciencia, porque ya tocamos todas las puertas, hablamos con las más altas autoridades de la federación, sin embargo, no hay avances significativos para dar con el paradero de nuestros 43 compañeros”, señalaron.
La falta de información y resultados que ayuden a desenmarañar el caso de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre, ha puesto la cabeza de Aguirre en juego.
El confuso y enredado tema de la desaparición de poderes en el estado enciende los ánimos y exacerba la idea de que quitarle la silla al gobernador traerá esa justicia que se pide a gritos.
Pero la historia no es muy optimista en ese punto.
Basta cruzar la frontera de Guerrero y llegar a Michoacán para poner al ahora exgobernador, Fausto Vallejo, como ejemplo.
A mediados de junio, el mandatario priista anunció que dejaría su cargo por problemas de salud.
Unos días antes de ese aviso, un video en el que presuntamente aparecía su hijo en franca plática con Servando Gómez, “La Tuta”, inundaba las redes. Y en mayo, se había dictado una orden de aprensión contra su exsecretario de gobierno, Jesús Reyna, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El cártel de Los Caballeros Templarios aterrorizaba la región y todo Michoacán hervía con la aparición de los grupos de autodefensas.
El motivo oficial de Vallejo para dejar la silla fue visto como una excusa ante la ingobernabilidad que se vivía en el estado.
Su administración ya se había interrumpido por razones de salud en 2013. A su regreso a funciones, la crisis de violencia que permanecía en Tierra Caliente obligó al Gobierno Federal nombrar a un comisionado especial.
En la Cámara de diputados, las izquierdas solicitaron la salida de Vallejo, bajo el argumento de que su incapacidad para gobernar le impedía conciliar y devolver la paz social a la entidad.
Finalmente Vallejo se fue, pero la violencia se quedó. El problema fue más allá de un cambio de gobernador.
Esto no es nada
El martes, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), advirtieron que mientras no haya respuestas sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos las protestas irán en aumento.
Ayer, cientos de manifestantes salieron a las calles de Iguala a exigir respuestas con machetes, piedras y palos.
La marcha terminó en disturbios y en el incendio del Palacio Municipal.
Una enorme manta con la imagen de María de los Ángeles Pineda -la esposa del alcalde- ardía en la plaza.
“Lo sentimos, pero esto que le están haciendo los compañeros al Ayuntamiento no es nada en comparación con lo que les ocurrió a nuestros hijos. A uno lo desollaron y lo tiraron en la carretera como a un animal, estuvieron horas sin que nadie los recogiera, 43 estudiantes siguen desaparecidos”.
Funcionarios involucrados
Además de los 22 policías relacionados con la desaparición de los normalistas, hay otros funcionarios que también están señalados por su presunta participación en los hechos:
> José Luis Abarca
Alcalde de Iguala
Prófugo de la justicia
> María de los Ángeles Pineda
Presidenta de DIF de Iguala
Prófuga de la justicia
> Felipe Flores Velázquez
Secretario de Seguridad Pública de Iguala
prófugo de la justicia
> César Nava González
Subdirector de la Policía de Cocula
prófugo de la justicia
> Sidronio Casarrubias Salgado
Líder del grupo criminal Guerreros Unidos
Consignado al penal de máxima seguridad El Altiplano
> Óscar Antonio Chávez Pineda
Síndico de Iguala
Detenido por la PGR y trasladado a SEIDO para declarar
Los infiltrados
Ayer, el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, reconoció que cártel de los Guerreros Unidos tejió una red de complicidad con la alcaldía y con la policía de Iguala y de Cocula.
En conferencia de prensa, el procurador dijo que la PGR tiene plenamente identificados a los presuntos responsables de los hechos ocurridos en Ayotzinapa y su captura será crucial para las investigaciones del caso.
Murillo Karam destacó que la prioridad es encontrar a los normalistas desaparecidos y erradicar los serios problemas de infiltración de los delincuentes en las corporaciones de los municipios.
El lunes, la Policía Federal apoyada por el Ejército Mexicano asumió las labores de seguridad pública en 12 municipios de Guerrero y uno más del Estado de México, tras descubrir que elementos de esas 13 policías municipales tenían nexos con Guerreros Unidos.
El Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, explicó que en las 13 policías municipales intervenidas son corporaciones en las que se detectaron graves irregularidades en su operación.
“Derivada de la investigación, se han identificado situaciones irregulares en algunas corporaciones de seguridad municipal en las regiones Norte y Tierra Caliente de Guerrero, así como en el municipio limítrofe de Ixtapan de la Sal, ya en el Estado de México, lo que permite presumir nexos entre elementos de seguridad pública de dicho orden y miembros de la delincuencia organizada”, detalló.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.
Amado Yáñez fue consignado por el delito de defraudación fiscal y lavado de dinero. Los abogados estaban tramitando un amparo.
La orden para la detención de Amado Yáñez fue directa: consignarlo por delitos que no alcanzaran libertad bajo fianza.
Su caso en la Procuraduría General de la República (PGR) fue tratado con discreción y marchas forzadas para armar un expediente que amparara que el empresario ahora sí irá a la cárcel por defraudación fiscal y lavado de dinero.
Un día antes de su captura, su equipo más cercano se sentía confiado en que “las cosas iban muy bien”, a pesar de que el diario La Jornada publicó que existían órdenes de aprehensión contra “los involucrados” en el fraude contra Banamex, que incluían a Yáñez y tres funcionarios del banco.
El empresario, sin embargo, no fue detenido en calidad de procesado. Se le llevó a declarar ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) con una orden de presentación la noche del lunes 20.
El martes, cuando llevaba más de doce horas en la PGR sin acceso a sus vías usuales de comunicación, una de sus personas más cercanas dijo a Reporte Indigo que “estaba tranquilo y declarando en buena lid”. Sus abogados estaban tramitando un amparo y creían que “iba a salir hoy mismo”.
Al interior de la Procuraduría aún no estaba claro cuál sería el caso por el que se le consignaría, a pesar de que se tenía en el abanico las denuncias penales del Infonavit y el Instituto Mexicano del Seguro Social, el fraude de Banamex y los despidos injustificados a cientos de trabajadores.
Una fuente de la PGR dijo a este diario que la consignación no sería “por Pemex ni por el IMSS”, pero se estaba trabajando para que no alcanzara fianza.
El segundo aire
Al tiempo que no se confirmaba cuáles serían los cargos, el diario La Jornada y luego El Universal publicaron más detalles sobre el caso Banamex, con base en el oficio 110/F/A/267/2014, elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la PGR, el dictamen del 29 de abril de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la resolución del juzgado 14 en materia penal del DF, que apuntaban a Yáñez y los empleados del banco.
Era la segunda vez que Yáñez y el procurador Jesús Murillo Karam se encontraban cara a cara durante una declaración ministerial.
La primera ocasión derivó en el pago de 80 millones de pesos por una fianza para enfrentar el proceso penal en libertad. Murillo Karam le pidió entonces explicaciones sobre una supuesta flota de Rolls Royce que el empresario habría comprado con el dinero de los préstamos de Banamex.
A la negativa de Yáñez, Murillo Karam le mostró unas facturas de compra de los aparatos, que incluían la acotación de que eran Rolls Royce marine.
Yáñez dijo que no se trataba de automóviles sino de los motores de varios de los barcos de Oceanografía.
El procurador entonces habría quedado “sorprendido y muy enojado con la respuesta”, según una fuente que presenció el encuentro, la cual significaba que algunas de las imputaciones contra Yáñez que habían llegado a la PGR desde Pemex podrían no resultar contundentes.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Según testigos, agentes estatales sometieron al joven estudiante del Centro Universitario de los Lagos, perteneciente a la Universidad de Guadalajara, el sábado pasado. Su cuerpo apareció el domingo en el patio de una casa.
El estudiante, Ricardo de Jesús Esparza Villegas, habría sido asesinado durante su estancia en el Festival Cervantino en Guanajuato, cuando policías intentaban extorsionarlo, de acuerdo a testigos, informó el diario Reforma.
Según testigos, agentes estatales sometieron al joven estudiante del Centro Universitario de los Lagos, perteneciente a la Universidad de Guadalajara, el sábado pasado. Su cuerpo apareció el domingo en el patio de una casa.
Un testigo dijo que “lo detuvieron en la plaza los agentes. Le revisaron bolsas del pantalón y una mochila que tenía. Después lo tomaron del brazo, se lo doblaron y lo condujeron por el Callejón del Hinojo”.
Otra persona también confirmó que los policías agredieron al joven y le pedían dinero.
El testigo escuchó que los oficiales le dijeron: “¡Habla ya por teléfono!” “¡Saca el dinero!”.
Sin embargo, esta versión no ha sido avalada por las autoridades locales, quienes investigan el caso.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Ciudad de México, 21 de Octubre: El influyente diario británico Financial Times se sumó hoy a la ola de críticas internacionales que ha recibido el gobierno mexicano por la desaparición de 43 estudiantes normalistas en el municipio de Iguala, Guerrero.
“No se sabe aún qué pasó con los estudiantes desparecidos desde el 26 de septiembre en Iguala (…) Es probable que hayan sido secuestrados y asesinados por policías corruptos trabajando con bandas criminales y con el Alcalde. Lo que sí sabemos es por qué las desapariciones ocurrieron: porque los perpetradores pensaron que no tendrían consecuencias”, dice el artículo publicado en la sección de opinión del medio británico.
“Este es un cálculo generalizado dado el estado de la impunidad en México. El año pasado, por ejemplo, sólo .5 por ciento de los crímenes registrados en México recibieron algún castigo. Dado esto, es incluso notable que la criminalidad no sea más alta”, agrega el artículo.
Este posicionamiento se suma a otros publicados en los últimos días por medios internacionales que, a propósito de la crisis en Iguala, también han cuestionado al gobierno de Enrique Peña Nieto.
En coincidencia, publicaciones como The New York Times, The Economist o The Independent han advertido que la criminalidad evidenciada con la desaparición de los estudiantes contrasta con la imagen de modernización económica que trató de proyectar Peña Nieto en sus primeros dos años en la Presidencia.
“Desde que asumió la presidencia, Peña Nieto dejó de hacer énfasis en la narrativa de su predecesor sobre una guerra de México contra el crimen organizado. En su lugar, se enfocó en empujar, a menudo con habilidad política considerable, un paquete de reformas económicas históricas. Este cambio en la marca redondeó la imagen de México en el exterior, y deleitó a los inversionistas que vieron en el país un caso raro –junto con India e Indonesia- de cambios económicos radicales”, dice el artículo de FT.
“Pero tristemente –continúa el texto- las viejas realidades se han inmiscuido. La desaparición de 43 estudiantes el mes pasado a sólo 125 kilómetros de la capital se ha convertido en un potente recordatorio de la anarquía mexicana y ha provocado clamor público. La forma en la que Peña Nieto lidie con este asunto puede muy bien definir su presidencia”, agrega.
FT advierte también que, si bien la debilidad del Estado de Derecho en México no ha detenido a la fecha las inversiones, la crisis de Iguala sí tiene repercusiones económicas.
“Ha cristalizado la inquietud de los mexicanos acerca del aumento en la inseguridad. De acuerdo con una encuesta mensual del Banco Central, analistas privados consideran ahora que la seguridad es el problema número uno de México. Hace dos años, se encontraba en el octavo lugar”, dice el artículo.
“Una razón puede ser la falla de Peña Nieto para empujar la incipiente reforma judicial, tal vez porque podría haber destacado las deficiencias legales que podrían haber impedido las inversiones. Sin embargo, el Estado de Derecho necesita estar en el centro de la agenda económica si se quiere que ésta sea exitosa, y no un ‘lindo’ elemento adjunto”, agrega.
Financial Times cuestiona también el hecho de que Peña Nieto se haya referido a la crisis de Iguala como un problema local en un principio, y que no haya acudido a la zona de los hechos, lo cual, dice, agrega otro grado de incertidumbre a la política interna del país de cara a las elecciones federales intermedias del año que viene.
Al final, el artículo alude al refrán porfiriano que dice “pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios”, para señalar que, si bien el vecino del norte tiene registros de abuso policiaco, el secuestro de estudiantes por un grupo armado en un país rico en petróleo pero sin seguridad y con una tradición de corrupción, más bien, recuerda las acciones del grupo islamista radical Boko Haram en Nigeria.
“Es una comparación que Peña Nieto, un presidente con mayor conciencia de cómo las percepciones pueden moldear la realidad, necesita cambiar”, cierra el artículo, titulado “México batalla en su lucha por el Estado de Derecho”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-10-2014/1148621.
MÉXICO, D.F: En una treintena de ciudades de México, en al menos 14 países del continente americano y europeo y en decenas de planteles universitarios, se realizarán en el transcurso de este miércoles, paros y protestas exigiendo la presentación vida de los 43 normalistas desparecidos desde el 26 de septiembre pasado, en Ayotzinapa, Guerrero.
La Plataforma en Solidaridad con Ayotzinapa dio a conocer que hoy y en próximos días se realizarán más de 100 acciones dentro y fuera del país con ese fin.
“En primer lugar, hoy será un día de Acción Global, participarán varios estados de la República y otras ciudades del mundo”, informó Pilar Santoyo, integrante de la Plataforma, que agrupa a diversas organizaciones de derechos humanos.
Entre las acciones se incluyen paros en 17 normales rurales del País y en diversos planteles de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma Metropolitana (UAM), en todo el Instituto Politécnico Nacional, así como en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en el Claustro de Sor Juana y en la Escuela Superior de Música del INBA.
Uno de los actos centrales se realizará hoy a las 18 horas con una marcha de veladoras del Ángel de la Independencia al Zócalo. Otra movilización arrancará de Ciudad Universitaria a la Plaza de la Constitución.
También el EZLN anunció una movilización para esta tarde.
Los actos de protesta en el extranjero se prevén en las ciudades estadunidenses de Los Ángeles y Chicago; Edmonton y Montreal, en Canadá; Barcelona y Madrid, en España; Londres, Inglaterra; Bogotá, Colombia; Buenos Aires, Argentina; Río de Janeiro, Brasil; Munich, Alemania; Viena, Austria; Nápoles, Italia; París, Francia; Guatemala y El Salvador, entre otras.
En el país, se tienen programados actos en Guerrero, Chiapas, Querétaro, Veracruz, Nuevo León, Chihuahua, Yucatán, Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Quintana Roo, Oaxaca, Michoacán, Campeche, Jalisco, Estado de México, Zacatecas, Baja California, Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila, Sinaloa, Tabasco, Sonora y Puebla.
Los planteles escolares en paro son: UAM Azcapotzalco, UAM Xochimilco, UAM Iztapalapa, UAM Lerma (paro activo), Prepa 5, ENAH, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Ciencias, Facultad de Economía, Prepa 4, Prepa 9, Posgrado de Derecho, Prepa 2, Escuela Nacional de Música UNAM, FES Acatlán, Claustro de Sor Juana, FES Zaragoza, FES Cuautitlán, Facultad de Artes y Diseño (antes ENAP), Escuela Superior de Educación Física, Todos los Posgrados de la UNAM. Unidad de Posgrado, UAM Cuajimalpa, CCH Sur, CUEC (Centro Universitario de Estudios Cinematográficos), Facultad de Arquitectura, FES Iztacala, UPN Ajusco, UACM San Lorenzo Tezonco, UACM Del Valle, Escuela Superior de Música del INBA, Universidad Veracruzana, Universidad de Guadalajara. Todas las Normales Rurales se mantienen en paro indefinido y todo el IPN.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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