Cae Ángel Aguirre; se perfila Beatriz Mojica como interina

CHILPANCINGO, Gro: Con el rostro desencajado y la voz entrecortada, el gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció esta tarde su dimisión al cargo por la indolencia asumida frente al tema de la infiltración del narco en la esfera política que desató la masacre y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa a finales de septiembre en la ciudad de Iguala.

“Estos hechos nos deben llevar a una reflexión nacional que permita construir una nueva estrategia de seguridad efectiva que evite tragedias como las de Iguala”, expresó Aguirre durante la lectura de un comunicado en la residencia oficial Casa Guerrero.

También dijo que su licencia la presentará al Congreso estatal para que los diputados locales la autoricen y definan a su sucesor, a pesar de que se perfila a la secretaria de Desarrollo Social estatal, Beatriz Mojica Moraga como gobernadora interina.

Durante los últimos días, Aguirre asumió una actitud reacia para dejar el cargo, e incluso hizo todo lo posible para mantenerse al frente del Ejecutivo, entre otras acciones, pagó a organizaciones de transportistas ligadas a la delincuencia para que se asumieran como un grupo de choque y confrontarán las protestas de los normalistas.

También pidió que la clase política, alcaldes y diputados locales, que en su mayoría han sido señalados por sus presuntos nexos con el narco, como el presidente del Congreso, Bernardo Ortega Jiménez, cerraran filas y manifestarán públicamente su apoyo.

No obstante, la delgada cuerda que sostenía al gobernador postulado por el PRD se reventó esta tarde y Aguirre convocó a representantes de los medios para fijar su postura y anunciar su dimisión al cargo.

Casi una hora después de la hora citada, cerca de las 18:00, Aguirre apareció flanqueado por sus colaboradores más cercanos, entre ellos el senador perredista Sofío Ramírez, para anunciar que había tomado la decisión de solicitar licencia al cargo, al argumentar que estaba convencido de que se trata una decisión “responsable”.

Luego, dio por hecho que su separación del cargo es definitiva al señalar que los diputados locales que conforman el
Congreso estatal decidirán a su sucesor, quien “encabezará la administración estatal en los próximos meses”.

Al defenestrado Aguirre prácticamente le quedaba un año en la administración, no obstante la masacre y desaparición de normalistas de Ayotzinapa exhibió el nivel de impunidad, violencia y corrupción que se padece en la entidad.

Este hecho, ha provocado que la clase política en la entidad, señalada por sus presuntos nexos con la delincuencia, se mantenga arrinconada frente a la escalada de protestas que paralizó la entidad.

Por su parte, padres de familia de los estudiantes desaparecidos, normalistas de Ayotzinapa y miembros de organizaciones sociales marcharon de Tixtla a Chilpancingo, donde se realizó una misa en la plaza Primer Congreso de Anáhuac, el mismo lugar donde el generalísimo José María Morelos y Pavón proclamó los “Sentimientos de la Nación”.

Los manifestantes recorrieron casi 15 kilómetros partiendo de la Normal de Ayotzinapa para llegar a esta capital, sobre la carretera federal Chilpancingo-Tlapa, en medio del silencio protector de la Montaña y la consigna consecuente en contra de las autoridades que sintetiza el dolor de las víctimas: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos de regreso”.

Mientras el obispo de Chilpancingo, Alejo Zavala, oficiaba la misa, los padres de las víctimas y los normalistas advirtieron: “No basta con la renuncia del gobernador, pues el objetivo es encontrar con vida a nuestros compañeros, hijos y hermanos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Tardío deslinde del PRD de Aguirre; Bejarano expone fisuras

MÉXICO, D.F: Tarde, el PRD oficializó su deslinde del gobernador de Guerrero, Angel Aguirre, quien se adelantó al partido al solicitar licencia al cargo, debido a la presión social por la desaparición de 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa.

En un pronunciamiento realizado minutos después de que el mismo Aguirre anunció su salida del gobierno de Guerrero, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD admitió que “lo acontecido en Iguala es una tragedia nacional que ha conmocionado a México y al mundo. Lo ocurrido en Iguala ha llenado de zozobra, angustia e indignación al país”.

En voz de su dirigente nacional Carlos Navarrete, presumió que las primeras líneas de investigación dadas a conocer empiezan a localizar a presuntos responsables intelectuales y materiales de lo ocurrido.

“Esto ratifica la realidad que tenemos en el país, el eslabón más débil de las instancias de gobierno, que es el municipal, es acosado por la delincuencia organizada, que toma territorios, penetra policías y funcionarios municipales, llena de violencia a cientos de municipios de todo el país, de todos los partidos”, justificó.

No obstante, añadió que el no haber encontrado aún a los jóvenes estudiantes, mantiene la esperanza de encontrarlos vivos, y por ello pidió que todo el esfuerzo de las autoridades federales debe concentrarse ahora en la localización de los autores materiales e intelectuales de esta desaparición forzada.

“El PRD no es un espectador lejano de las expresiones de angustia, de dolor, de indignación que ocurren en las calles, en los centros de estudio, en los medios de comunicación y en todos los espacios de la vida del país”, reconoció un día después de la magna marcha donde se exigió la renuncia de Aguirre Rivero.

Ante esas demandas, el PRD pidió a Ángel Aguirre que presente al Congreso estatal la licencia para separarse del cargo, “y pedimos a los diputados guerrerenses de todos los partidos el nombramiento de una persona que asuma el Poder Ejecutivo, reorganice al gobierno del estado, abra canales de diálogo con la sociedad guerrerense y se sume a las investigaciones para encontrar a los jóvenes y fincar responsabilidades”.

Al término de la conferencia, René Bejarano, de Izquierda Democrática Nacional (IDN), pidió agregar –“al pronunciamiento de la mayoría de la dirigencia del PRD”– la posibilidad de fincar responsabilidades a funcionarios federales que estuvieran involucrados en hechos delictivos en la entidad.

“El PRD considera que existen responsabilidades del gobierno federal, y plantea la necesidad de que se evalúe la permanencia en sus cargos de los principales funcionarios responsables de la seguridad y procuración de justicia a nivel nacional”, sentenció Bejarano.

En tanto, el excandidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, destacó en su cuenta de Twitter que, “aunque era necesaria la renuncia de Aguirre, sigue sin resolverse lo que más duele, el crimen y desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.

En marcha, “control de daños” ante la Unión Europea por caso Ayotzinapa

MÉXICO, D.F: El gobierno de Enrique Peña Nieto inició un control de daños ante la Unión Europea (UE) por el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y lo puso en marcha a través de la Cámara de Diputados.

Luego de conocerse la “condena” europea emitida hoy, la Comisión de Relaciones Exteriores de San Lázaro, que encabeza el priista Eloy Cantú Segovia, anunció que elaborará un “pronunciamiento en torno a la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, luego de la resolución emitida por el Parlamento Europeo”.

Mediante un comunicado de prensa, Cantú Segovia informa que la comisión se reunió y consideró “necesario que sus correligionarios” en Europa se enteren “que todos los grupos parlamentarios (en México) son solidarios con el gobierno federal para que se esclarezcan los hechos y se encuentre a los responsables” de la violencia contra los normalistas.

Lo que no se aclara en el comunicado es que representantes de partido, como Movimiento Ciudadano, del PT o el propio PRD, han detallado que las desapariciones forzadas no son exclusivas de Guerrero, pues también ocurren en Tamaulipas, Michoacán, Sonora, Sinaloa y otras entidades; o que por ejemplo han sostenido que en México se vive un “narco-Estado”.

Curiosamente, el diputado priista y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Cantú Segovia, dijo que enviar un mensaje donde todos los partidos “se solidarizan” con Enrique Peña Nieto “es positivo”, pero sobre todo “cuando el Parlamento de la Unión Europea ha tomado resoluciones que lastiman a nuestro país, como frenar la actualización de un convenio con ellos, mientras este asunto no se resuelva”.

Resulta curioso porque el Parlamento nunca resolvió o condicionó la firma del convenio que hay entre México y la Unión Europea, o por lo menos no se hizo público. Lo que sí ocurrió, según los reportes de prensa, es que “condenó” por mayoría, es decir, cuatro de los siete grupos políticos que integran esa instancia legislativa regional.

En tanto, dos de los partidos que no firmaron el documento, el Verde Europeo, e Izquierda Unitaria Europea, consideraron que en la resolución se ubica al gobierno mexicano como “víctima del narcotráfico, y se soslaya el contexto de crisis de derechos humanos que existe en el país desde hace tiempo”.

Y ellos sí pidieron que la Corte Penal Internacional de La Haya examine los crímenes ocurridos en México y se interrumpa el proceso de modernización del Acuerdo Global México-UE, se suspendan los pactos de seguridad y la cooperación en armamento con México hasta que se restablezca el estado de derecho en todo el territorio mexicano.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores dijo que también se elaborará un documento para dirigirlo al Parlamento Latinoamericano (Parlatino).

“Si enviamos a los eurodiputados nuestro posicionamiento, como comisión, será un buen mensaje para darles a conocer que nos sumamos al esfuerzo del gobierno federal para no dejar impune este crimen, ya que es algo que ofende a los mexicanos y nos une a buscar una solución”, admite en su comunicado el priista Eloy Cantú.

También reconoció que “estos temas nos unen (a todos los partidos político mexicanos) en la defensa de nuestro país para que se haga justicia, se llegue al fondo de la investigación y no quede impune este crimen”.

En el mismo comunicado se establece que la panista Adriana González Carrillo dijo que la Comisión de Relaciones Exteriores debe dar una respuesta institucional frente al caso Ayotzinapa.

“Las instituciones y el Estado mexicano están trabajando. Nos gustaría que éste fuera mucho más eficaz, rápido, pero hay que dar los tiempos necesarios para armar expedientes y no se caiga en el camino el proceso judicial”. Y añadió que la comisión “ha sido comprensiva en moderar posiciones radicales que no abonan al esclarecimiento de los hechos ni al deseo de México de que aparezcan los 43 normalistas”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

Fotogaleria: Manifestaciones ayotzinapa 22 Octubre 2014

El 22 de octubre, ha sido una jornada nacional e internacional, de grandes magnitudes. Hemos marchado, protestado, hecho un paro nacional de universidades, visitado embajadas de México en el extranjero, hemos respaldado a los estudiantes de AYOTZINAPA, a sus padres y madres, hemos logrado, participar en mas de 100 actividades de protesta, de múltiples maneras y con esa creatividad

Por primera vez en la historia de nuestro país, los diferentes hemos marchado como un solo hombre digno y una sola mujer rebelde. Sin reunirnos, sin debatir, sin planear nada, hemos coincidido y nos hemos unido por una sola causa: La presentación con vida de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos, con evidencias contundentes de que los 3 niveles de gobierno, son parte del problema. Que están coludidos con el crimen organizado. Asimismo, nuestra lucha diversa, nuestras banderas distintas, no chocan con una causa común, como lo es la defensa de la vida. Así lucha Mireles, Nestora Salgado, los comunitarios y autodefensas de Guerrero y Michoacán.

Fotogaleria: Ayozitnapa

VIDEO: Manifestacion en Tijuana BC 22 de Octubre 2014

En este vídeo, se muestra desde las primeras personas que comenzaron a unirse ala Marcha en ‪#‎Tijuana‬.
Hasta que fueron aproximadamente entre 300, se Manifestó en el Centro Cultural de Tijuana (CECUT), donde se llevaba acabo Tijuana Innovadora ala vista Publica de Ciudadanos así como Estudiantes de Secundaria y Preparatoria.
Después nos dirigimos hacia la PGR.

Caso Tlatlaya: PGR tardó 85 días en iniciar la investigación

Pasaron más de dos meses entre los hechos ocurridos el pasado 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, y el inicio de la averiguación previa por homicidio, abierta por la PGR el 23 de septiembre.

La Procuraduría General de la República (PGR) tardó 85 días en iniciar la averiguación previa por el homicidio de civiles a manos de militares en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, a pesar de que tenía indicios que contradecían la versión del Ejército, sobre que los decesos se debían a un enfrentamiento, de acuerdo con la recomendación emitida el pasado martes por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La PGR inició la averiguación por los homicidios hasta el 23 de septiembre, a pesar que los hechos se dieron el 30 de junio, como señala la recomendación del organismo de derechos humanos.

La averiguación por las muertes se dio después de que la agencia AP y la revista Esquire publicaron testimonios y evidencia de que un grupo de militares asesinó a presuntos criminales cuando ya se habían rendido.

Para esa fecha, de acuerdo con la recomendación, la PGR ya había realizado una prueba pericial desde el 5 de julio, la cual reforzaba la hipótesis de que un número reducido de los fallecidos disparó armas de fuego y que la mayoría se rindió a los militares.

No obstante que se habían rendido, los militares tomaron las armas de los presuntos criminales para asesinar al menos a 15 de ellos, de acuerdo con el organismo de derechos humanos. En total, hubo 22 decesos.

Pasaron más de dos meses entre los hechos ocurridos el pasado 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, y el inicio de la averiguación previa por homicidio, abierta por la PGR el 23 de septiembre.

El 10 de octubre, en este espacio informativo, el procurador Murillo Karam dijo que el ejército le notificó de violaciones al protocolo castrense, inmediatamente después de que los militares asesinaron a los presuntos delincuentes en el municipio de Tlatlaya.

Sin embargo, Murillo Karam no pudo precisar las fechas en que la PGR comenzó a investigar:

-          Nosotros no podemos actuar en función de lo que publica un periodista, actuamos con base a evidencias. El Ejército lo informó en el momento que tuvo evidencias de violaciones protocolos. Mi primera información de irregularidades, me la da el Ejército.

-          ¿Y en qué momento tomas, Jesús Murillo Karam, la investigación?

-          En ese momento…

-          Pero es muy importante saber cuándo fue eso…

-          Te lo preciso si quieres, tengo las fechas en el expediente.

En la recomendación emitida, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló lo siguiente sobre la PGR.

“Este Organismo Nacional observa que la investigación por los delitos cometidos por personal militar en contra de las víctimas que fallecieron fue iniciada hasta el 23 de septiembre de 2014… Ello a pesar de que desde el 3 de julio del presente año la Procuraduría estatal le remitió la carpeta de investigación, que se inició con motivo del fallecimiento de las 22 personas…”

Para la propia CNDH, la autoridad ministerial federal debió iniciar la investigación por homicidio desde que conoció de los hechos, pues se trataba de un delito que involucraba a autoridades milItares.

Además, la Comisión señala que la PGR contaba con indicios previos que permitían presumir que la muerte de los civiles no se dio durante un enfrentamiento.

Este miércoles 22 de octubre, el procurador Murillo Karam respondió así a la pregunta expresa de por qué inició la averiguación previa por homicidios 85 días después de los hechos:

“Hasta ese momento era un problema de protocolos y la misma Ley y la Constitución señalan que eso se ve en la defensa. Cuando la propia Secretaría de la Defensa, en el análisis del rompimiento de sus protocolos, le dice a la Procuraduría que hay posibilidades que el rompimiento de los protocolos tenga algunas deficiencias en cuanto a la información sobre los hechos, nos lo plantea y empezamos a investigar sobre este asunto”.


Si bien la PGR inició dos averiguaciones previas por delincuencia organizada desde el 3 de julio, la que tiene que ver con el delito de homicidio se inició hasta el 23 de septiembre, después de lo publicado por AP y la revista Esquire, y dos meses después de que la propia PGR realizó pruebas periciales que ponían en duda la versión del Ejército sobre un supuesto enfrentamiento.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Gobierno Edomex torturó a testigos y manipuló pruebas en caso #Tlatlaya para encubrir al Ejército: CNDH

El gobernador Eruviel Ávila felicitó públicamente al Ejército Mexicano por liberar a tres víctimas de secuestradores y adelantó que los soldados actuaron en legítima defensa.

El gobierno del Estado de México, que encabeza Eruviel Ávila, torturó a testigos y manipuló pruebas periciales para encubrir los rastros dejados por miembros del Batallón 102 del Ejército Mexicano sobre el asesinato de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, según consta en la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, emitida sobre este caso.

En su investigación, la CNDH concluyó que el mandatario mexiquense y el procurador Alejandro Gómez Sánchez, no tenían pruebas para concluir, como lo hicieron, que los 22 muertos encontrados en esa localidad colindante con Guerrero cayeron durante un enfrentamiento con soldados, toda vez que  desde entonces había pruebas en el sentido de que algunos de ellos fueron asesinados ilegalmente.

El pasado 1 de julio, un día después de las ejecuciones extrajudiciales, el gobernador Eruviel Ávila, felicitó públicamente al Ejército Mexicano por liberar a tres víctimas de secuestradores y adelantó que los soldados actuaron en legítima defensa.

“El Ejército mexicano, allá en Tlatlaya, tuvo una valiente presencia y acción al poder rescatar a tres personas que estaban secuestradas, lamentablemente un militar salió herido, pero el ejército en su legítima defensa actuó y abatió a los delincuentes”, dijo el mandatario estatal.

De acuerdo con la investigación de la CNDH, el Ejército entregó a ministerios públicos estatales a tres presuntas víctimas de una banda de secuestradores, cuyos integrantes murieron en la bodega de Tlatlaya. Sus nombres, así como los de otros testigos no fueron hechos públicos por razones seguridad.

Se trataba  de tres mujeres que relataron que fueron llevadas a oficinas de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, en donde otros funcionarios las interrogaron en tono amenazante. En sus testimonios afirmaron que una persona calva, de alrededor de 35 años, les dijo que había una forma de hacerlas hablar sin que se les notaran los golpes. La intención era que reconocieran que formaban parte de la banda de secuestradores.

A dos de ellas, primero las sentaron sobre sillas y les pidieron sus contraseñas de Facebook para acosarlas con las fotografías que encontraron. Como aún no confesaban lo que ellos querían, la postraron a jalones sobre el piso. El hombre calvo  pateó a una de ellas en los costados y la amenazó con dañar a su familia. Luego la levantaron de los cabellos para ponerla de nuevo en una silla y lanzarle más preguntas.

Cada vez que una de ellas se negaba a responder a lo que ellos querían, a confesar ser parte de la banda de secuestradores, los funcionarios les pegaban en la cara y en la cabeza con los nudillos. Las torturas duraron 30 minutos aproximadamente. Luego les advirtieron que no debían contar lo ocurrido ahí dentro, o de lo contrario, sus hijas quedarían en un orfanato.

Entre golpes y amenazas, las víctimas contaron su versión, involucrando a soldados con la ejecución de los civiles. Los funcionarios les dijeron que esa no era la verdad de los hechos.

Una funcionaria llamó mentirosa a una de las mujeres. En la página 72, en el punto 316,  la CNDH dice lo siguiente:

“No obstante, la abogada que había visto antes en la bodega, la llama “mentirosa”, “que los militares no habían matado a nadie”, por lo que le ordenó a la persona que tomaba nota que borrara lo que había declarado”.

Por la madrugada, funcionarios de la Procuraduría local llevaron a las mujeres a un hotel. Tardaron 20 minutos en llegar.  Ahí continuaron los interrogatorios.

Por separado las metieron a un baño, en donde tres hombres las golpearon de nuevo, les jalonearon el cabello, las asfixiaron con bolsas de plástico y metieron sus cabezas en la taza del baño varias veces. Uno de ellos les advirtió lo siguiente: “Aquí, hasta los muertos hablan”.

Además de exigirles que se asumieran como parte de la banda de secuestradores, los funcionarios querían que declararan que las personas muertas en la bodega en Tlatlaya asesinaron a 10 de sus compañeros.

Este testimonio fue plasmado por la CNDH en su página 72 de la recomendación del caso Tlatlaya. Textualmente dice los siguiente:

“Le decían que tenía que decir que las personas que fallecieron “habían matado a diez”, a quienes pusieron en bolsas negras, y que ella daba de comer a los secuestrados”.

Entonces un hombre amenazó con violarlas. Hubo preguntas sexuales amenazantes. Un funcionario se bajó el pantalón y ordenó a una de ellas que se inclinara.  Fue en ese momento cuando aceptaron firmar una declaración, sin saber qué contenía.

La CNDH  concluyó que estas violaciones a las garantías individuales sirvieron para encubrir la actuación de los militares y también para que dos de estas mujeres terminaran en el penal federal de Tepic procesadas por delitos graves.

El 8 de julio, la agencia AP publicó un reportaje en el que sostenía que algunas víctimas en la bodega de Tlatlaya fueron puestas contra la pared y murieron de uno  o dos disparos a la altura del pecho.

El 17 de julio, durante una rueda de prensa, Noticias MVS preguntó al procurador mexiquense, Alejandro Gómez, qué explicación tenía ante lo publicado por la agencia AP en el sentido de que podría tratarse de un fusilamiento a manos del Ejército y no de un enfrentamiento como indicaba la versión oficial.

Gómez, quien asumió el cargo apenas el pasado  21 de mayo, aseguró que de las diligencias oficiales no había pruebas de que hubo una ejecución.

“De las diligencias practicadas por el Ministerio Público del fueron común no se desprende indicio alguno que haga presuponer o que nos haga la pensar en la posible ejecución o el posible fusilamiento que usted hace referencia y se hace referencia en otros medios de comunicación”.

No obstante, la CNDH estableció que la procuraduría mexiquense actuó de forma irregular al no resguardar adecuadamente las evidencias, ni tomar fotografías dentro y fuera de la bodega antes de practicar los estudios periciales, lo que viola los protocolos establecidos en una investigación científica de este tipo.

Además detalla que el enfrentamiento entre militares y los civiles armados ocurrió alrededor de las 6:00 horas, pero los especialistas de la procuraduría local llegaron hasta las 12:30 horas.

Por otra parte, los peritos de la CNDH y PGR concluyeron que al menos tres cadáveres fueron movidos  de su posición original y se les colocaron armas para simular que cayeron en un enfrentamiento, lo cual no fue detectado por la procuraduría mexiquense aún cuando esto era evidente en sus propias fotografías.

En otra parte de la recomendación, la CNDH cuestionó los resultados de las necropcias realizadas a 22 cuerpos, toda vez que omitieron datos que permitieran tener mayor certeza sobre la forma en que sucedieron los hechos.

También destaca, por ejemplo,  que las víctimas refirieron la presencia de teléfonos celulares en la escena del crimen, pero la procuraduría mexiquense no registró ninguno como evidencia. Además, dentro de una camioneta se encontró un aparato de radiocomunicación que no quedó en manos de las autoridades.

La CNDH recibió mil 676 fotografías del lugar de los hechos y de las necropcias, pero en el caso de los cadáveres de cinco víctimas no se recibieron imágenes con detalle individual, sino que únicamente se enviaron fotos con planos generales de la zona.

Sin embargo, imágenes con el nivel de detalle requerido fueron filtradas a medios de comunicación. Para los investigadores de la Comisión esto significa que las autoridades de Servicios Periciales del Estado de México obstaculizaron la investigación por violaciones a derechos humanos.

Este miércoles, el gobernador Eruviel Ávila dijo que el gobierno del estado aprovechará los 15 días que les da la ley para analizar si aceptan o no la recomendación.

“Así que vamos a atender lo que marca la comisión nacional, lo que marca de ley, habremos de esperar estos 15 días hábiles para, en su caso, emitir nuestra respuesta formal, si aceptamos o no aceptamos dicha recomendación”


De acuerdo al gobernador, su administración no había sido notificada formalmente de la recomendación, aunque serán respetuosos de los tiempos y formas que establece la ley.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

La información recabada por Solalinde coincide 80% con la de la PGR

El sacerdote defensor de los derechos de los migrantes se reunió con el procurador Jesús Murillo Karam, tras declarar que recabó testimonos sobre el caso de los normalistas de Ayotzinapa.

El sacerdote defensor de los derechos humanos de migrantes, Alejandro Solalinde, se reunió este jueves 23 de octubre con el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, a quien le entregó la información que ha recabado sobre el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que fueron detenidos por policías del municipio de Iguala, en Guerrero, y posteriormente entregados a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos.


A través de su cuenta de Twitter, el director del albergue Hermanos del Camino, ubicado en Oaxaca, informó que la información que tiene la PGR —a 20 días de atraer el caso y hacerse cargo de la investigación— coincide en un 80% con la que él ha recabado a través de testimonios de sobrevivientes de los hechos violentos ocurridos el pasado 26 y 27 de septiembre, cuando los normalistas fueron atacados por policías municipales bajo las órdenes del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien se encuentra prófugo junto con su esposa María de los Ángeles Pineda.

A la reunión con Murillo Karam, Solalinde asistió acompañado de la escritora y periodista Elena Poniatowska. Después de un encuentro de dos horas, el sacerdote dijo al salir que “(la PGR) sólo no tenían el testimonio de un sobreviviente”, de acuerdo con un reporte del diario mexicano Reforma.

“Me siento satisfecho (con la reunión), pero no resolvió gran cosa, porque finalmente siguen pendiente los desaparecidos”, agregó.

Por su parte, Poniatowska dijo que “él (Murillo Karam) dijo que si nosotros estábamos apesumbrados, que su pesar era igual. Dijo algo que a él le había sucedido en lo personal. Así que se ve que está preocupadísimo”, según el diario.

El pasado viernes 17 de octubre, Solalinde declaró a medios que los estudiantes están muertos y que incluso algunos fueron quemados vivos, basándose en los testimonios de dos personas. “La primera información directa la tuve el domingo pasado (12 de octubre). La segunda la tuve ayer (16 de octubre), en la Ciudad de México. Lo primero que supe es que hay testigos, pero tienen miedo de hablar, son testigos de los mismos policías”, declaró.

Posteriormente, el lunes 20 de octubre, el activista asistió a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para rendir su declaración ministerial por escrito; sin embargo, al salir acusó que no recibieron su declaración. En esa ocasión Solalinde llevaba información recabada a partir de la declaración de cuatro testigos.

Este hecho ocurre a 24 horas de la Jornada de Acción Global por Ayotzinapa, en el que se realizaron protestas en todo el mundo para exigir a las autoridades localizar a los estudiantes hasta ahora desaparecidos.


En su reporte más actualizado, la PGR identificó a José Luis Abarca y a su esposa, además del director de seguridad pública de Iguala, como probables responsables de la desaparición de los estudiantes. Las autoridades federales confirmaron también la relación de la esposa del alcalde con el grupo delictivo Guerreros Unidos, de los cuales recibían mensualmente entre 2 y 3 millones de pesos, 600 mil destinados al cuerpo policial, influso al del vecino municipio de Cocula.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Pide licencia gobernador de Guerrero

CHILPANCINGO, Gro: Ángel Aguirre Rivero pidió licencia como gobernador de Guerrero, al cumplirse 27 días de la desaparición de 43 normalistas y a medio año de que concluya su mandato.

“Yo dije públicamente que si mi separación del cargo ayudaba a resolver este asunto no habría objeción en ello y señalé también que mi obligación era asumir con responsabilidad esta emergencia.

“En razón de lo anterior para favorecer un clima político, que ponga la atención en estas prioridades, el día de hoy he decidido solicitar licencia al Congreso del Estado”.

Acompañado de algunos funcionarios de su gabinete y el senador Sofío Hernández Ramírez, Aguirre señaló que de todas las investigaciones que su gobierno hizo sobre lo ocurrido en Iguala, va a entregar un informe al Congreso del Estado y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (CIDH).
La salida del funcionario ocurre luego de que el PRD le retirara su apoyo y los partidos de oposición demandaran su dimisión.

El 26 de septiembre fueron levantados 43 normalistas por policías y sicarios ligados al cártel de Guerreros Unidos. Hasta el momento se desconoce el paradero de los estudiantes.

Por estos hechos, han sido detenidos más de 50 personas, entre ellos 22 agentes municipales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

La marcha estudiantil más grande en décadas retumba en el DF

MÉXICO, D.F: Antorchas, veladoras, trompetas, pero, sobre todo, un silencio impactante de decenas de miles de jóvenes en varios contingentes provenientes de todos los puntos cardinales de la Ciudad de México fluyeron como un río humano durante cuatro horas desde el Ángel de la Independencia, sobre la avenida Reforma, hasta el Zócalo, con un solo clamor: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Aquí Todos somos Ayotzinapa, pero también todos somos normalistas, padres de familia, primos, hermanos, de los más humildes, de los más criminalizados durante décadas por un Estado que desprecia a sus maestros egresados de las normales rurales.

Todos demandan la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, secuestrados desde el 26 de septiembre, en una orgía de narcopoder protagonizada por policías municipales que, hasta hoy, confirmó la Procuraduría General de la República, recibieron la orden del alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca.

No piden la renuncia de Ángel Aguirre, mandatario estatal. Para casi todos, el expriista está hundido en las mismas 19 fosas que se han encontrado recientemente. Piden la renuncia del primer mandatario Enrique Peña Nieto y acusan a los tres grandes partidos (PRI, PAN y PRD) de estar coludidos con el “narcopoder”.

Los jóvenes anarquistas, encapuchados, encapsulados, hacen pintas en el trayecto, pero todo amago de violencia y provocación es rechazado de inmediato. Es una marcha pacífica, sin vigilancia policiaca ostentosa ni intimidante.

“No violencia, no violencia”, gritan cientos de jóvenes, muy jóvenes, de la Universidad de Chapingo, sobre la calle de Tacuba, a dos cuadras del Zócalo, cuando se presentó uno de los intentos de utilizar las antorchas para incendiar una bandera del Hotel Holiday Inn.
No pasó a mayores. La gente se vigila a sí misma.

Es la intersección de una indignación largamente larvada por una guerra contra el narco que se transformó en una guerra contra los más pobres. Un etnocidio simulado. Crímenes de lesa humanidad. Desapariciones forzosas. “El país se nos volvió una narcofosa”.

Decenas de familias, oficinistas, turistas y cientos de reporteros vieron pasar una marcha que se prolongó desde las 18 horas hasta más allá de las diez de la noche.

Las veladoras proliferaron en la plancha del Zócalo, donde se instaló un templete con la presencia de los padres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos, de sus compañeros de la Escuela Normal Rural y con integrantes de otros colectivos, como el Frente Popular de Defensa de Atenco.

Estamos ante la marcha más grande de los últimos años –quizá desde las jornadas del movimiento universitario del 68- sin signo partidista, sin consignas electorales y con una gran indignación que se ve en los rostros, en las mantas, en los carteles, en las pintas, en las consignas que escalan la rabia hasta Enrique Peña Nieto.

“Podrán arrancar la vida, jamás los ideales”, proclama una manta de jóvenes de la UNAM. “En México es más peligros ser estudiante que ser narcotraficante”, reza una pancarta. “La rebeldía es arena cargada de futuro”, de la Facultad de Filosofía y Letras.

“México huele a muerte, en el dolor de una madre de su hijo desaparecido”, reza una pancarta. La porta una madre de clase media, sentada en silla de ruedas, con una bandera mexicana que ondea a media asta, en una esquina de la Catedral Metropolitana.

La imagen es un símbolo y una síntesis. Aquí las clases sociales se mezclan. Los chicos de la Ibero marchan con los del Politécnico Nacional. Los chavos ITAM con los de la UNAM, las antiguas vocacionales con varias escuelas normales que toman por asalto el corazón de la marcha.

“Que se Atengan a las Consecuencias”.

Sobre el templete instalado delante del Palacio Nacional, Rafael, uno de los padres de los normalistas desaparecidos, le advirtió al gobierno de Peña Nieto: “No más de dos días les vamos a dar. Si no, que se atengan a las consecuencias”.

Otro normalista arenga: “Hoy no va a dormir Peña Nieto”. Y los gritos en su contra, con peticiones de que renuncie se escucha con fuerza en un Zócalo con contingentes que llegan de manera intermitente.

Los integrantes del Frente de Defensa de la Tierra de Atenco se hicieron presentes. Ignacio del Valle, líder histórico de Atenco, toma la palabra. Blande su machete. Y recordó que desde hace 14 años ellos han vivido la intensa represión del gobierno peñista.

En esta concentración no hay líderes políticos. Sólo hay líderes cívicos. Y los principales son los 43 ausentes.

El pase de lista de cada uno de estos jóvenes se acompañó con el grito: “Justicia, justicia”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Hallan muerto a periodista desaparecido en Ahome, Sinaloa

MÉXICO, D.F: El cuerpo de Jesús Antonio Gamboa, director de la revista Nueva Prensa, de Sinaloa, fue hallado el miércoles pasado en el municipio de Ahome, con impacto de bala y huellas de tortura, según informó la agencia Efe.

Fuentes de la fiscalía del estado citadas por la agencia, precisaron que el cuerpo del periodista, quien desapareció el pasado 10 de octubre, fue hallado gracias a información proporcionada por sus dos presuntos asesinos, en las inmediaciones de la comunidad Águila Azteca cerca de un canal.

Los presuntos asesinos, uno de ellos identificado como Bernal Weltzer, fueron capturados debido a que utilizaron la tarjeta bancaria de su víctima en varias ocasiones para disponer de “elevadas” sumas de dinero.

De acuerdo con las investigaciones, Gamboa, de 39 años, fue asesinado tras una discusión con presuntos delincuentes en el bar “El Paralelo” ubicado cerca de donde fue hallado su cadáver que fue trasladado a una funeraria a la ciudad de Los Mochis, en el municipio de Ahome, donde fue identificado por sus familiares.

La Asociación de Periodistas de Los Mochis, que encabeza Edgardo Vázquez, exigió a las autoridades el esclarecimiento del homicidio.

Con este homicidio suman tres los cometidos contra periodistas en lo que va del año.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Señalan a policías de Guanajuato por muerte de estudiante de Jalisco

Fue al Festival Internacional Cervantino; compañeros afirman que uniformados se lo llevaron. Según la procuraduría estatal y agentes municipales, el universitario cayó de una azotea al tratar de asaltar una vivienda y se golpeó la cabeza. UdeG demanda a ambos gobiernos aclarar el caso.

Guadalajara, Jal., 21 de octubre. Ricardo Esparza Villegas, estudiante del Centro Universitario de Lagos de Moreno (CULagos), campus regional de la Universidad de Guadalajara (UdeG), murió el 19 de octubre durante el Festival Internacional Cevantino (FIC) que se celebra en Guanajuato, en circunstancias no esclarecidas, después de que lo detuvieron policías municipales.

Sobre el deceso del alumno de 23 años, quien cursaba el noveno semestre de la carrera de ingeniería mecatrónica, hay dos versiones. Sus compañeros aseguran que fue detenido la tarde del sábado 18 de octubre cuando auxiliaba a un colega que se encontraba en estado de ebriedad. Los agentes se lo llevaron con rumbo desconocido y al día siguiente se reportó su deceso en el diario guanajuatense AM.

En contraparte, la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato aseveró que el universitario murió de un golpe en la cabeza producido por una caída y llamó a los estudiantes que estuvieron con él en el FIC a que se presenten a declarar.

Reportó que en la carpeta de investigación 30731/2014 se siguen varias hipótesis, las cuales se agotarán hasta tener plena certeza de lo que aconteció y determinar si en este lamentable suceso hubo intervención de terceras personas.

La nota informativa cita la versión de los policías municipales de Guanajuato, quienes aseguraron que Ricardo pereció al caer de una azotea cuando intentaba asaltar una vivienda.


La UdeG demandó al edil de Guanajuato, Luis Fernando Gutiérrez Márquez, y al gobernador panista Miguel Márquez Márquez que aclaren este lamentable crimen. Asimismo pidió al gobierno de Jalisco que colabore en las investigaciones para que se castigue a los responsables.

Advierte saña y criminalización institucional contra los jóvenes

Roberto Castelán Rueda, ex rector del CULagos y actual director de la preparatoria regional de la UdeG en Lagos de Moreno, señaló que, según los acompañantes de Ricardo, la policía se lo llevó. Ellos lo buscaron en la Cruz Roja y en agencias del Ministerio Público, pero no lo localizaron. “Al día siguiente, el diario AM, citando a un jefe de grupo de la policía, informó que el muchacho quería robar una casa, se cayó y se dio un golpe en la cabeza”, dijo.

Castelán Rueda mencionó que la comunidad universitaria está desconcertada por la muerte de Ricardo. “Algunos estudiantes han propuesto hacer una manifestación durante el FIC para que las autoridades den una explicación.

Los muchachos están tristes y muy encabronados, sobre todo porque lo ponen como un ratero. Los chavos de mecatrónica son muy dedicados, pues es una carrera que requiere mucho esfuerzo. Casi todos sus investigadores pertenecen al Sistema Nacional, mencionó Castelán


Lamentó tanta saña contra los jóvenes. Parece que hubiera un programa destinado a criminalizarlos, a exterminarlos. Ser joven ahora es señal de que andas mal, de que te tienen que reprimir y someter, concluyó.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Mauricio Ferrer y Carlos García

Hospital de Zoquipan, un negro historial

De acuerdo con los archivos de la Secretaría de Salud de Jalisco, este nosocomio tiene el mayor número de incidentes por negligencias médicas, con 61 muertes clasificadas por esta causa entre 2013 y 2014.

El Hospital General de Occidente, conocido más como Zoquipan, en el municipio de Zapopan, es por mucho el espacio de la Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ) con el peor récord en casos de negligencias y servicios médicos deficientes por parte de la institución. 

Reporte Indigo informó del ocultamiento de 376 de estos hechos ocurridos en las instalaciones de la Secretaría de Salud de Jalisco, de 2011 a 2014, cuyas afectaciones a los usuarios se valuaron en 16 millones 884 mil 852 pesos por su aseguradora.  

Además de 83 decesos en 2013 y 2014, en los que se atribuye la responsabilidad al personal médico, con datos oficiales obtenidos tras la intervención del Instituto de Transparencia e Información Pública (ITEI).  

Es el Hospital General de Occidente donde se concentra tanto el mayor número de estos servicios con fallas, con 140 de 2011 a 2014, como el de pacientes fallecidos donde se señala la culpa de sus trabajadores, con 61 en 2013 y 2014.  

Esto quiere decir que de cada 10 atenciones médicas con deficiencias que brinda la SSJ, cuatro se dan en el Hospital General de Occidente; y que de cada cuatro decesos donde se involucra al personal médico, tres se dan también ahí.  

Su historial en casi cuatro años es este: 63 incidentes por “negligencia en atención a paciente” o similar; ocho por “otras lesiones”; seis por “negligencia en cirugía”; uno no especificado; uno por “Negación de servicio médico”, más los decesos. 

Justo ahora la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) tiene una investigación en curso por una mujer que, momentos después de ser recibida en el hospital, el 11 de octubre, terminó dando a luz en calles cercanas.   

El personal médico le solicitó que saliera a caminar por la poca dilatación que presentaba. La SSJ asegura que actuó conforme a las normas.  

Se puede hablar de las 10 instalaciones públicas de salud con el mayor número de incidencias por errores médicos de 2011 a 2014, donde actuó la aseguradora Afirme de la SSJ, que sólo lo hace en actos no dolosos, por “culpa negligente (descuido)” o “imperita (carecer de pericia)”. 

Luego de Zoquipan, en segundo lugar están los nosocomios del Hospital Civil de Guadalajara (Fray Antonio Alcalde y Juan I. Menchaca), con 41 negligencias; el tercer lugar es el Hospital Materno Infantil de Ocotlán, con 31; seguido del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, con 17; y el Hospital Regional de La Barca, con 16. 

Los cinco complementarios: el Hospital Regional de Autlán, con 16; el Hospital Regional de Cocula, con 13; el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, con 10; el Hospital Regional de Ciudad Guzmán, con nueve, y en décimo lugar el Hospital Regional de Puerto Vallarta, con siete. 

Los archivos de la SSJ indican 11 instalaciones más con decesos de pacientes clasificados como negligencias –ya sin considerar el primer lugar de Zoquipan- en 2013 y 2014:

El Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, con cinco muertes; el Instituto Jalisciense de Salud Mental, con cuatro; el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, con tres; y el Hospital Regional de Puerto Vallarta, con tres. 

Todos los siguientes tienen una muerte así en su haber: los hospitales de Primer Contacto de Colotlán, Huejuquilla y Tamazula; los hospitales Regionales de Cocula, La Barca y Tepatitlán, y el Centro de Salud de Atotonilco. 

Las intervenciones médicas deficientes de la SSJ fueron valuadas en casi 17 millones de pesos de 2011 al 2014

Daños y millones

Las intervenciones médicas deficientes de la SSJ causan daños millonarios al erario. Los casi 17 millones valuados de 2011 al 2014 por su aseguradora pueden desglosarse por cada instalación pública.

En el Hospital General de Occidente se estimaron afectaciones a los pacientes por 4 millones 507 mil 665 pesos, la cifra más alta, y se hicieron pagos indemnizatorios por, al menos, un millón 887 mil 500 pesos.  

Los archivos ubican en segundo lugar a los nosocomios del Hospital Civil con un monto en daños calculado en 2 millones 425 mil 794 pesos, de los que se reportan pagos por 825 mil pesos. 

El tercer lugar está en Autlán, su Hospital Regional, ahí el impacto a los pacientes fue por un millón 387 mil 47 pesos, aunque se precisa haber cubierto 262 mil 500 pesos. 

En el cuarto sitio el Hospital Materno Infantil López Mateos, ahí se estimaron en un millón 323 mil 956 pesos, con reparaciones por 462 mil 500 pesos. El quinto lugar es el Hospital Regional de Cocula, con un millón 192 mil 2 pesos y erogaciones por 507 mil 207 pesos. 

Los cinco lugares complementarios con las afectaciones más altas al usuario son: el Hospital Materno Infantil de Ocotlán (734 mil 403 pesos), el Hospital Regional de La Barca (706 mil 4 pesos), el Hospital Regional de Ciudad Guzmán (558 mil 62 pesos), el Hospital Regional de Puerto Vallarta (556 mil 530) y el Hospital de Primer Contacto de Atotonilco (456 mil 530 pesos), el mismo monto que en el Hospital Comunitario Ojuelos. 

Daños y ahorros

Entre los 376 incidentes por fallas y negligencias médicas en instalaciones públicas que registra la SSJ en todo el estado, de 2011 a 2014, hay 24 cuyos daños al paciente se valuaron en cifras superiores a los 200 mil pesos. 

El antecedente de mayor monto se dio en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, en 2012, se clasificó solamente como “negligencia en atención médica” sin especificar de qué error se trata, pero se estimó en 273 mil 918 pesos. 


Sin embargo, el pago final registrado fue de sólo 50 mil pesos: la labor de la aseguradora le ahorró a la SSJ el 82 por ciento del daño que infligió.

El segundo hecho más importante se dio en el Hospital Civil de Guadalajara, en 2012, se valuó en 251 mil 95 pesos pero se indemnizó con 50 mil pesos, apenas el 20 por ciento. Fue clasificado también como ”negligencia en atención médica”. 

La tercera mayor afectación se vuelve a dar en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, en 2013, se calculó en 243 mil 508 pesos y se clasificó como óbito, es decir, el paciente falleció. Se pagaron 50 mil pesos, el 20 por ciento. 

En ese nosocomio para la mujer existen otros dos casos que superan los 200 mil pesos en 2012, uno se valuó en 228 mil 265 pesos, pero se indemnizó con apenas 12 mil 500, el 5 por ciento; y otro por 203 mil 265 pesos que se cubrió con 25 mil pesos, el 12 por ciento.  

Hay hechos así de relevantes que se dieron fuera de la ZMG, por ejemplo, en el Centro de Salud San Ignacio Cerro Gordo hay un par, cada uno ascendió a 228 mil 265 pesos, y en el Hospital Comunitario Ojuelos hay otro igual. 

En los hospitales de Primer Contacto de Atotonilco y General de Autlán hay un par en cada uno por 228 mil 265 pesos; en el Hospital Regional de Cocula hay uno por 207 mil 207 pesos y otro por 203 mil 265. Y finalmente hay otro en Hospital Regional de Ciudad Guzmán por 203 mil 265 pesos. 

Cifra negra

Desde 2007 y hasta hoy sólo existe un caso de negligencia de la SSJ que llegó hasta una resolución judicial en su contra, fue en el Tribunal de lo Administrativo del Estado. 

Tras una demanda de responsabilidad patrimonial, en julio del 2014 pagó 412 mil 386 pesos para reparar los daños del fallecimiento de Gabriel Ramírez Chávez, ocurrida en el 2009 en el Hospital General de Occidente.

El 16 de junio la SSJ informó que la muerte se dio “por una negligencia médica”. Fuera de este caso, y según el director de Asuntos Jurídicos, Fernando Letipichia Torres, no hay otros asuntos determinados en procesos penales, civiles o administrativos. 


Es decir, las acciones legales por servicios deficientes y negligencias se están desahogando principalmente con los servicios de la aseguradora y la propia Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: LUIS HERRERA

México bronco

MÉXICO, D.F: Inician simultáneamente un nuevo proceso electoral y un nuevo ciclo de protesta social. El segundo, sin duda, genera más esperanza que el primero.

Todos sabemos que las próximas elecciones del 5 de julio de 2015, para 500 diputados federales, nueve gobernadores, 661 diputados locales y mil 15 ayuntamientos en 17 entidades federativas, no cambiarán absolutamente nada en el país.

La compra masiva de votos y los ríos de dinero de procedencia desconocida que fluirán a los operadores de las campañas y a los medios de comunicación asegurarán que los mismos intereses de siempre continúen gobernando. En contraste, el creciente movimiento popular a raíz de la masacre de Iguala tiene el potencial de transformar radicalmente a la nación.

Omar García, uno de los valientes normalistas de Ayotzinapa sobrevivientes de la masacre, lo ha dicho con todas sus letras: “Esto que vivimos, con lo doloroso que es, es una oportunidad única de escalar la presión, de lograr una movilización generalizada que trascienda Ayotzinapa, que trascienda Guerrero, que pueda poner fin de una vez por todas a la situación intolerable de violencia e impunidad que está viviendo México desde hace años.

Ojalá no la dejemos escapar”. Comparte también las palabras de los padres de familia de los ayotzis desaparecidos: “Nosotros, por nuestros hijos, estamos dispuestos a dar la vida. Y ustedes, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar?” (Texto completo de la entrevista con Blanche Petrich disponible aquí: http://ow.ly/CQbGQ).

La gran visión política y enorme valentía de los estudiantes de Ayotzinapa y sus familiares es precisamente lo que requiere hoy el país. En un contexto social en donde predominan el egoísmo, el “agandalle” y la corrupción, se levanta una generosa voz de dignidad rebelde desde las montañas de Guerrero. Estos grandes líderes sociales están dispuestos a sacrificar todo, incluso la vida misma, con tal de conquistar la justicia y la paz para el país entero. Los “chilangos”, normalmente enajenados con nuestra apurada vida cotidiana, tenemos mucho que aprender de su ejemplo. Y todo México tendría que apoyar públicamente a estos jóvenes líderes, así como replicar su lucha en las comunidades, trabajos y escuelas.

Nunca faltan las voces de siempre que insisten en que los movimientos sociales no deberían “desvirtuarse” al incorporar asuntos supuestamente “ajenos” a sus causas iniciales. Por ejemplo, Leonardo Curzio ha acusado a un servidor de “usar” a los estudiantes del Politécnico para fines políticos (Véase: http://ow.ly/CQhyU) por haber sugerido, en estas mismas páginas, que la batalla por refundar el Instituto Politécnico Nacional es simultáneamente una lucha por democratizar el país (Véase: http://ow.ly/CQjF8). Y en su cobertura de la masacre de Iguala, los principales medios de comunicación electrónicos han hecho esfuerzos sobrehumanos para presentarla como un asunto estrictamente local donde no habría complicidad alguna ni del gobierno federal ni de Washington.

Estas perspectivas subestiman enormemente la conciencia crítica y la capacidad de movilización del pueblo mexicano. Tantos años codeándose con políticos corruptos y oligarcas apátridas han hecho a muchos periodistas pensar que todo México es igual de cínico y egoísta que las élites que dominan el país.

Pero los acontecimientos de la semana pasada han desmentido de manera contundente esta apuesta por la desmovilización social. En el nuevo mundo de redes sociales y comunicación digital es más fácil que nunca articular luchas y acciones. El paro solidario con Ayotzinapa de docenas de escuelas y facultades de la UNAM, UAM, ENAH, UACM y otras universidades es una excelente señal. Y la ampliación del movimiento en Guerrero para incluir a los maestros de la CETEG y a docenas de ayuntamientos a lo largo y ancho del estado implica una sana expansión de la indignación social. Asimismo, mientras la PGR sigue sin dar resultados sobre la desaparición de los 43 normalistas, los policías comunitarios avanzan con paso firme al encontrar cada día más fosas utilizadas por el narcogobierno para esconder sus fechorías sangrientas.

Los movimientos sociales exitosos son aquellos que saben dictar la agenda de discusión, negociación y presión. Los estudiantes del Politécnico, por ejemplo, han dado una gran lección en la materia al resistir los intentos de manipulación por parte del gobierno federal o de los medios de comunicación. Los estudiantes mandan y las autoridades obedecen. Así se construyen las luchas sociales victoriosas, desde abajo y con gran astucia política.

El antiguo debate entre la “vía electoral” y la “vía armada” ya quedó sin materia. Ambas vías fracasaron terriblemente en su intento por transformar el país. Las importantes luchas emprendidas en ambos frentes desde 1968 nos han dejado en una situación igual de ignominiosa que hace 46 años.

Surge entonces la imperiosa necesidad de articular una nueva vía de aguerrida militancia social que pueda derrocar al neoliberalismo despótico con la fuerza de la razón y la presencia multitudinaria de la ciudadanía en las calles. No es cuestión, desde luego, de apostarle a una “sociedad civil” deslavada, bien portada y controlada por el financiamiento de corporaciones extranjeras, sino al México bronco que siempre ha estado presente en los momentos más cruciales de la historia nacional.

Tampoco se trata de abandonar la democracia electoral o la autodefensa popular. El abstencionismo y el “voto en blanco” solamente ayudan al régimen a acumular más votos. Y en muchas comunidades del país, notablemente en Michoacán y Guerrero, las armas son estrictamente necesarias para defenderse de los narcotraficantes en un contexto de total ausencia del estado de derecho.

Pero ni el voto ni las armas pueden ser hoy el centro articulador hacia el futuro. Urge ensayar nuevas formas de lucha y de organización.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOHN M. ACKERMAN.

No estamos dispuestos a más injusticia y desastres, advierte Greenpeace a Peña Nieto

La organización internacional Greenpeace realizó este día una protesta frente al Palacio Nacional donde personificaron al Presidente Enrique Peña Nieto realizando diversos ejemplos de desastres ambientales.

Con esta acción, Greenpeace busca dejar en claro a Peña Nieto que no están “dispuestos a mantener un ambiente de injusticia y de desastres”.

“El panorama de México en las últimas semanas ha mostrado un estado terrible de indignación ante hechos que siguen siendo todavía increíbles. Cada una de las historias que han sido protagonistas en los días recientes, tienen indudablemente un toque de impunidad”, destacan en un comunicado.

En las imágenes que representaron, se ve a diversas personas con trajes y máscaras de la imagen de Peña Nieto, algunos con cierras y simulando que talan árboles; otros derramando barriles de petróleo en el suelo.

En una lona que desplegaron, señalan: “Peña Nieto estás destruyendo México. ¡Basta de impunidad!”.

Detallan que acudieron al Palacio Nacional para exponer las catástrofes naturales que “son sólo responsabilidad de la pésima política ejercida y apoyada por nuestros gobernantes”, declaran.

Esta acción, como parte de la campaña que Greenpeace ha emprendido llamada “Tiempo de héroes”, con la que buscan que la población se sume a la exigencia hacia el gobierno federal, para que detenga la “devastación ambiental”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/23-10-2014/1150410.

Alumnos de la UdeG parten a Guanajuato por muerte de compañero

Miles de estudiantes de la Universidad de Guadalajara marcharon en esa capital para exigir se aclare la muerte de su compañero Ricardo de Jesús Esparza, ocurrida en Guanajuato.

Guadalajara, Jal. Por lo menos 600 personas, la mayoría estudiantes de la Universidad de Guadalajara salieron de Lagos de Moreno donde hicieron escala rumbo a Guanajuato, donde prevén llegar al filo de la una de la tarde para exigir al gobierno municipal y estatal el esclarecimiento de la muerte de su compañero Ricardo de Jesús Esparza Villegas.

El grupo integra 9 autobuses y decenas de vehículos particulares, que inicialmente partió en 5 camiones desde la rectoría de la UdeG, en el centro de Guadalajara, pasadas las 8.00 de la mañana.

En Lagos de Moreno, municipio que colinda con Guanajuato en la región de los Altos de Jalisco, Ricardo estudiaba mecatrónica en el campus que la UdeG tiene en esa ciudad. Ahí se sumaron 4 camiones más a la caravana.

El grupo partirá hacia la ciudad de Guanajuato en cualquier momento, reportó el vocero de la UdeG en Lagos de Moreno, Luis Alberto Pérez Amezcua, y se tiene previsto llegar al filo de la una de la tarde para realizar un mitin en la presidencia municipal.

Según las autoridades de Jalisco y Guanajuato, se carece de evidencia que demuestre que Ricardo fue detenido por policías. Tanto las autoridades de la UdeG como de la Federación de Estudiantes Universitarios que organizan la caravana, sostienen lo contrario.


El muchacho de 23 años fue encontrado muerto el domingo pasado, al parecer sólo con un golpe en la cabeza. Las autoridades sostienen que cayó de la azotea de una vivienda que intentaba asaltar, lo que incrementó la indignación universitaria.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Juan Carlos G. Partida.

Propone SEP diálogo público, el próximo martes, con estudiantes del IPN

Para la primera sesión de este dialogo público, la Secretaría de Educación propuso que se determinen las reglas de funcionamiento de la mesa y su agenda de trabajo.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) propuso a los estudiantes del IPN a instalar una mesa pública el próximo martes, a las 11:00 horas en la biblioteca José Vasconcelos de Buenavista.

En un desplegado publicado este jueves en varios periódicos de circulación nacional, la dependencia planteó que el gobierno federal y los politécnicos designen a diez representantes, los cuales deberán participar con voz y voto una vez que se acrediten.

La SEP sugirió que en la mesa de diálogo se discutan los términos para la organización del Congreso Nacional Politécnico, que comprenda a toda la comunidad politécnica, para los cual su integración debe corresponder a los principios de representatividad y proporcionalidad.

Dijo que es importante que “en aras de la legitimidad, sus representantes emanen de elecciones convocadas por la comunidad de cada plantel, en las que participen sus integrantes y cuyo escrutinio se lleve a cabo por ellos mismos”.

Además, planteó que en concordancia con lo pedido por los estudiantes en el punto 1 de su pliego petitorio, se designe al director general que atenderá los problemas internos del instituto, así como los que por ley le corresponden.


Además, la SEP convocó a la comunidad politécnica a retomar sus actividades normales a la brevedad “con el fin de acelerar los mecanismos académicos y administrativos para la instrumentación de las medidas solicitadas”.

El comunicado de la SEP:

RNAC20141023-015 by Aristegui Noticias:

  RNAC20141023-015

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.