viernes, 24 de octubre de 2014

La pesadilla del ‘American Dream’

Nacieron en México, crecieron en Estados Unidos y ahora no encuentran lugar ni de este ni del otro lado de la frontera. Son los ‘sin papeles’, jóvenes en los que la escritora Jill Anderson basa su libro ‘ Los otros dreamers’.

Un día cuando se trasladaba a su trabajo Nancy Landa fue detenida por “la migra”. Los oficiales de migración le exigieron papeles que, como indocumentada, no tenía. Estuvo 8 horas retenida en un centro de detención y después fue deportada a México.

Era 2009. En ese momento, Nancy dejó atrás todo: su familia, su trabajo y sus estudios universitarios. En fin, su vida.

Nancy era apenas una niña de 9 años cuando sus padres decidieron dejar para siempre su hogar en el Estado de México y buscar el “American Dream”.

Cruzaron de manera ilegal la frontera y se instalaron en Los Ángeles.

La niña comenzó pronto a acoplarse a su nuevo país y a sus costumbres: aprendió a hablar inglés sin olvidar el español.

La inscribieron en la escuela junto a niños norteamericanos y latinos. Luego al high school y después, a la universidad.

El sueño americano comenzaba a cristalizarse para Nancy…pero su destino era otro: ser una “dreamer”. Una de los 2.1 millones de indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños.

Nancy asegura que el día que fue deportada a México fue el peor de su vida.

Los oficiales de Migración la regresaron a un país que había dejado 20 años atrás, por Tijuana, una ciudad desconocida en donde no tenía nada.

Era una “sin papeles” en Estados Unidos, y ahora lo era también en México, el país donde había nacido.

“No sabía dónde me iba a quedar esa noche”, recuerda Nancy. “Ahí comenzó mi trayectoria del retorno”.

La acción diferida

Los “dreamers” son uno de los temas principales en el debate migratorio en los Estados Unidos. Hace dos años, tras movilizaciones importantes en todo el país, el presidente Barak Obama implementó una acción diferida (DACA, por sus siglas en inglés) para intentar detener las deportaciones de estos jóvenes y brindarles un número de seguro social y permisos de trabajo durante dos años.

‘Los otros dreamers’

Jill Anderson es una investigadora estadounidense que desde hace 8 años reside en la Ciudad de México. En la zona donde vive operaba una empresa de callcenter, donde trabajaban jóvenes mexicanos que hablaban con fluidez el idioma inglés.

Ese fue el primer acercamiento que tuvo Jill con los “dreamers”. Un contacto que marcó su vida persona y profesional.

“Ellos son jóvenes bilingües y biculturales, que por varias razones no tienen acceso a sus derechos binacionales ni en Estados Unidos ni en México. Esa quizás es la definición más importante de lo que es un ‘dreamer’ hoy en día”, explica la autora del libro “Los otros dreamers”.

La obra fue publicada de manera independiente el mes pasado y tiene el apoyo de asociaciones civiles como Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, Iniciativa Ciudad de México, US Mexico Foundation y el Gobierno del Distrito Federal.

Este trabajo, que realizó junto con la fotógrafa Nin Solís, documenta el testimonio de 26 jóvenes que han sido deportados por las autoridades migratorias de Estados Unidos o han decidido voluntariamente regresar a México por la falta de oportunidades en el vecino país, dada su condición de ilegales.

En Estados Unidos hay un movimiento social y político de los derechos a los jóvenes sin documentos que llegaron antes de los 15 años. Que llegaron como niños o adolescentes y se formaban su identidad y su lenguaje todo en Estados Unidos, pero sin las posibilidades de los derechos legales”, recuenta Jill.

En entrevista para Reporte Indigo, la escritora explica que cada uno de los chicos ofreció sus testimonios en inglés o en español.

“Cada quién escogió el idioma que querían hablar o querían escribir”, comenta la investigadora.

Del sueño americano a la pesadilla mexicana

Después de ser deportada a México, Nancy vivió la pesadilla de ser también una invisible para las autoridades mexicanas.

En Estados Unidos cursó con esfuerzos la licenciatura de administración de negocios en la Universidad Estatal de Northridge. Su condición de indocumentada la privó de conseguir una beca para cubrir los gastos universitarios, pero igual logró el título universitario.

De regreso a México, Nancy intentó en vano que le validaran sus estudios para realizar un posgrado. Nunca pudo. Ninguna universidad mexicana aceptó lo que cursó como ilegal en Estados Unidos.

Simplemente Nancy, la profesionista, no existía.

Una vez más tuvo que apostar por el destierro y se trasladó al Reino Unido para poder realizar su posgrado. Fue el único país que no le puso trabas para revalidar sus estudios.

“En México no se me facilitó seguir estudiando por el obstáculo de la revalidación”, comenta a Reporte Indigo. “Me puse a ver opciones y vi que en el Reino Unido no me pedían una revalidación entonces ahí empiezo a realinear mi vida para seguir ese sueño y viajé a Londres el año pasado”.

Hoy Nancy tiene 34 años y una maestría en Migración Global en University College London. Vive en la Ciudad de México, pero se considera ciudadana universal. Viaja por estudios a Canadá y países de Europa, pero no puede volver a los Estados Unidos.

Tras su deportación, el gobierno norteamericano la condenó a no pisar tierras estadounidenses por 10 años. Le faltan cinco años para solicitar una visa y poder ingresar legalmente al país donde creció y estudió profesionalmente.

“Hoy pienso que la movilidad es cuestión de personas privilegiadas muchas veces y no un derecho que puede ejercer todo el mundo. Sí me gustaría regresar a Estados Unidos a visitar. No me gusta tener esta restricción de no poder aunque sea visitar a mis amistades que todavía están allá”, detalla.

Los padres de Nancy también fueron deportados a México poco después de que a ella la expulsaron de los Estados Unidos.


‘Esperé 20 años la reforma migratoria’

Tanto la autora Jill Anderson como Nancy Landa muestran su decepción con el gobierno del presidente Barack Obama y su fracaso por llevar a cabo una reforma migratoria para legalizar la situación de millones de indocumentados que existen en Estados Unidos.

 “Yo creo que como muchos esperé mucho de Obama”, comenta Jill. “Sí estoy decepcionada porque todavía no han logrado realmente una reforma, un apoyo real, porque siguen haciendo deportaciones, cientos de deportaciones diarias por todo el país, (…) realmente no se están dando cuenta de lo que pasa después de la deportación”.

Nancy confiesa que ella esperó durante 20 años la reforma migratoria y nunca llegó.

 Sin embargo, no pierde las esperanzas de que algún día se concrete la legalización de los mexicanos y latinos que viven como indocumentados en los Estados Unidos.

¿Por qué Dreamers?

En Estados Unidos, Dreamer es una palabra política originada en 2001 con el acta “Development, Relief, and Education for Alien Minors”.

Esta iniciativa fue conocida también como Dream Act o La Ley Dream. Hasta el momento esta legislación, que buscaba legalizar la estancia de miles de jóvenes que habían llegado de niños a los Estados Unidos, no ha sido aprobada por el Congreso.

Mayores informes sobre este libro hay en las páginas www.losotrosdreamersthebook.com y www.losotrosdreamers.org

‘Dream in México’

Igual que Nancy, Daniel Arenas es un “dreamer”. Pero su caso es diferente.

Daniel dejó León, Guanajuato, y cruzó como ilegal a los Estados Unidos junto con su familia cuando tenía cuatro años.

Se fueron para seguir a su padre que trabajaba como indocumentado en Carolina del Sur.

En la ciudad de Spartanburg, Daniel cursó la primaria, la secundaria y la preparatoria. Soñaba con ir a la universidad, pero sabía que eso era imposible porque no era un ciudadano legal en Estados Unidos.

Entonces fue cuando tomó una decisión radical: dejar Estados Unidos, el país que consideraba su hogar, y regresar a México por su propia voluntad para estudiar profesionalmente.

“Regresé a México en el 2007”, recuerda Daniel, quien tiene hoy 25 años.

Se instaló en Monterrey para cursar la licenciatura de Relaciones Internacionales en el ITESM Campus Monterrey, con una beca y financiamiento que le ofreció la institución.

“Cuando regresé, me di cuenta que tenía muchas oportunidades en México, tenía más oportunidades de las que fueron evidentes en Estados Unidos en cuanto al estudio”, dice a Reporte Indigo.

Como estudiante del ITESM, Daniel pudo regresar a Estados Unidos para realizar intercambios académicos en las universidades de Virginia y Austin. En esos viajes de estudios se involucró con la University Leadership Initiative (ULI), una institución que apoyaba a los estudiantes indocumentados.

Un tiempo después, fundó “Dream in México”, una asociación que brinda ayuda y asesoría a los jóvenes mexicanos que como él residen en Estados Unidos como ilegales, pero buscan realizar estudios profesionales.

“Mi más grande sueño es que más jóvenes mexicanos indocumentados que están en Estados Unidos puedan considerar a México como una opción, si es que no están viviendo una situación ideal en Estados Unidos (…) y no lo vean como algo pesimista”, explica.

Hace tres años, Daniel fundó esta organización que hoy es conformada por miles de jóvenes que fueron deportados a México por los Estados Unidos o decidieron por su cuenta regresar a su país natal para continuar sus vidas.

“Estos jóvenes pueden ser un actor muy positivo en cualquier país, porque son biculturales, bilingües y muy talentosos y tienen un potencial enorme”.

El libro

El libro, que aborda el fenómeno de los  dreamers en México, se publicó el mes pasado con un tiraje de 3 mil ejemplares en su primera edición apoyada por asociaciones civiles como Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, Iniciativa Ciudad de México, U.S.-Mexico Foundation, Iniciativa Ciudad de México y también del Gobierno del Distrito Federal.

Nin Solis: diálogo en imágenes

Las historias que escribe Jill Anderson en “Los otros dreamers” son acompañadas por fotografías captadas por el lente de Nin Solís. La fotógrafa acompañó a la autora y convivió con los chicos que le permitieron retratar sus vidas.

Nin viajó hasta Londres para vivir en el dormitorio que rentaba Nancy cuando realizaba su posgrado y acompañó a Daniel al pueblo de Guanajuato donde nació años atrás.

“Lo que yo quiero contar con estas imágenes es una historia paralela a la de los testimonios”, explica la fotógrafa.

“Los testimonios por los general comienzan en un momento en el pasado y se acercan al presente. Las fotos intentan capturar el presente, alguna huella del pasado y las fantasías sobre un posible futuro”.

Nin buscó retratar a los dreamers en su entorno inmediato: sus casas, sus recámaras y sus pueblos natales.


“En cada caso intenté que las imágenes funcionaran como un espacio para pensar y dejarle al espectador la última palabra. (…) Para mi era muy importante lograr un equilibrio entre lo poético y la visibilización de esta generación de jóvenes que vivieron durante años en las sombras”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: HIDALGO NEIRA.

Vulneran pluralidad educativa

Recientes medidas tomadas por la Universidad de Guadalajara prenden alerta entre profesores de asignatura, que denuncian una amenaza laboral para desaparecerlos. Alumnos se unen a sus demandas y llaman a una mesa de diálogo.

El cuerpo académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y alumnos de diversos centros universitarios se han manifestado inconformes respecto a las nuevas medidas para el registro de materias que estarán cursando los siguientes semestres.

La falta de pagos a los profesores de asignatura fue denunciada desde inicios de agosto de este año en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) por profesores integrantes del Colectivo Reflexión Universitaria (CRU).

Tras la presión ejercida por los académicos independientes, el rector tuvo que declarar que se comprometían al pago de los salarios retrasados, pero a la fecha algunos profesores no han recibido dicho salario.

Estos hechos sirvieron como antecedente a una nueva problemática, que es denunciada no sólo por profesores, sino por los estudiantes, de acuerdo con Ignacio Mancilla Torres, profesor de asignatura del CUCSH y excandidato independiente a rector como miembro del CRU. 

“A finales del semestre pasado nos dijeron a los profesores de asignatura que no se nos iba a pagar y que el pago estaba condicionado a la segunda quincena de agosto, siempre y cuando tuviéramos un mínimo de alumnos registrados en la materia respectiva”, relató Mancilla Torres.

En ese contexto, la semana pasada fue anunciado a los alumnos un proceso de preregistro en el que inscribirán materias de forma preliminar para así dar un panorama a la UdeG sobre las materias y su convocatoria para con los alumnos.

Este hecho ha sido convocado por los profesores de asignatura, quienes no gozan de un contrato colectivo de trabajo y su sueldo está sujeto al número de horas que obtengan.

“Lo que se está llamando es que los alumnos se registren en una lista nominal de materias, sin maestro, para el próximo semestre evaluar (…) cuáles (materias) serían viables de darse y cuáles no. El asunto es que justamente como maestros vemos esto como una amenaza laboral”, señaló Mancilla Torres.

Actualmente, del total de 16 mil 522 miembros académicos de la Red Universitaria de la UdeG, 9 mil 298 son de asignatura, es decir, el 56.3 por ciento de los profesores.

De ese porcentaje, sólo el uno por ciento tiene un contrato definitivo y poco más del 60 por ciento tiene más de cinco años de antigüedad, por lo que una ausencia de nombramiento definitivo en la universidad contraviene al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de la UdeG.

La diferencia de carreras, factor clave

Con la nueva medida impuesta por la rectoría de la casa de estudios, aquellos profesores de asignatura que tengan materias optativas para el grueso del alumnado de las diversas carreras y no cubran una cuota mínima de alumnos, podrían perder esa hora de salario.

Los profesores de asignatura ganan alrededor de 50 a 60 pesos por cada hora de clase.

“Es probable que en esa circunstancia algunos de los maestros que a ellos (los alumnos) les gustan, en términos de la calidad de sus clases no estén, si le dan clases optativas, por ejemplo, y no se registran suficientemente. Porque las clases optativas sí tienen un sesgo mucho más especializante”, explicó Ignacio Mancilla ante la problemática de que algunas clases puedan desaparecer.

Un maestro que goza de una plaza tiene un salario asignado y por tanto no hay vulnerabilidad al no cubrir cuotas mínimas de alumnos.

En el caso de los profesores de asignatura sus clases deben cubrir un mínimo de diez alumnos, aunque Mancilla señaló que existe ambigüedad respecto a ese tema y acusa que “no hay claridad”.

“El problema aquí es la diferencia de carreras, por ejemplo en una asamblea que hicimos en estos días, una alumna decía que a la carrera de Antropología entran semestralmente 30 personas, toda la carrera más los que se van saliendo, cómo vamos a hacerle para tener cinco o diez alumnos en una clase”, manifestó el profesor del CUCSH.

La asamblea

De acuerdo con Ignacio Mancilla, al menos en el departamento de Filosofía —donde él labora— se les informó a los profesores, el pasado jueves 16 de octubre, que habría cambios respecto al registro de los alumnos al implementar un preregistro.

En ese sentido, el pasado martes 21 de octubre, en el jardín de la carrera de filosofía del CUCSH, se realizó una asamblea a la que asistieron alumnos y maestros para mostrar la problemática antes planteada, y en donde se decidió que no se realizaría tal registro de materias.

Ahora denominados como Asamblea CUCSH, los alumnos de dicho centro han expresado su inconformidad para con el nuevo sistema de registro, además de signar un escrito que será entregado este viernes al mediodía a las autoridades de dicho centro.

“Al calor de esa asamblea se gestó un documento común que firmaremos maestros y alumnos, donde estamos llamando que se dé marcha atrás al preregistro, estamos llamando a una mesa de diálogo, y estamos llamando también a que cualquier medida que afecte tanto alumnos como a maestros se nos haga de nuestro conocimiento para que se hagan acuerdos comunes”, explicó Mancilla Torres.

Este viernes es la fecha límite para que los alumnos hagan su preregistro, y aunque algunos ya han manifestado su rechazo a realizarlo y han firmado una petición para que sea eliminado, esperan que las autoridades universitarias sean sensibles a sus denuncias y abran una mesa de diálogo con ellos.

“Lo que nosotros queremos es sentar una mesa de diálogo, y dependerá de cuál sea la respuesta de las autoridades (…) estamos abiertos, eso lo hemos dicho todo el tiempo como Colectivo de Reflexión Universitaria y como asamblea del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.


“Estamos abiertos al diálogo, y del tipo de respuesta que tengamos dependerán las acciones que tomaremos”, sentenció Mancilla Torres.

Y aunque el nuevo sistema de preregistro debe ser aplicado en toda la red universitaria, es al interior del CUCSH que se han evidenciado el mayor número de demandas y se han planteado puntos que entregarán a las autoridades de la universidad.

Contrastes universitarios

Mientras algunos profesores de asignatura aún no reciben su salario que adeuda la Universidad de Guadalajara desde la primera semana de agosto, también ha habido denuncias sobre el salario del rector.

Tonatiuh Bravo Padilla gana alrededor de 110 mil pesos mensuales y ha sido ampliamente criticado por la prensa local por estar al mismo nivel que el del gobernador del estado de Jalisco, mientras que los profesores de asignatura ganan apenas alrededor de los 5 mil pesos.

De igual forma existen otras problemáticas latentes al interior de la UdeG, como el dobleteo en el personal de la casa de estudios.

Tal es el caso del hermano del rector general, Tenoch Huematzin Bravo Padilla, quien goza de dos sueldos por parte de la universidad.

El primero de ellos es de 24 mil 524 pesos mensuales por su puesto de coordinador de la carrera de Arquitectura en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, además de percibir 15 mil 596 al ser profesor e investigador, de esa forma recibe mensualmente 40 mil 120 pesos mensuales por parte de la casa de estudios.

“En lo personal, como miembro del Colectivo Reflexión Universitaria, nos hemos manifestado; la burocracia media y media-alta, y alta por supuesto, goza de muy buenos salarios (…) si también consideramos esta cuestión de que muchos universitarios tienen doble plaza (…) entonces tienen dobles sueldos y sueldos elevados.

“Esto implica que hay una casta privilegiada a costa de una mayoría que estamos en una vulnerabilidad salarial impresionante”, señaló Ignacio Mancilla Torres, profesor de asignatura y miembro del CRU.

El CRU también ha denunciado que el pasado jueves 12 de junio fue aprobado, en asamblea extraordinaria, un préstamo de 120 millones de pesos por parte del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.


De esta forma denuncian los contrastes entre la falta de pago a los profesores y el “despilfarro” de la universidad.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JONATHAN ÁVILA.

Diputados de oposición exigen tres cabezas: las de Aguirre (que ya cayo), Murillo Karam y Osorio Chong.

Ciudad de México, 23 de octubre: La Cámara de Diputados tiene ya en su poder la solicitud de juicio político en contra del Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero; el Procurador general de la República, Jesús Murillo Karam; y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

El Diputado petista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, proponente de las denuncias, detalló que los servidores públicos en comento son responsables por una serie de acciones y omisiones que derivaron en la violación constante de derechos humanos, la ingobernabilidad en la entidad y la falta de resultados para encontrar a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

“Estamos ante hechos muy graves, porque estamos hablando de Ayotzinapa, que no es cualquier cosa; y de omisiones, en este caso del secretario de Gobernación, del Procurador General de la República y de un Gobernador, que por no actuar se generó todo esto que sabemos”, sostuvo en entrevista para Sin Embargo.

El Diputado Huerta no despega los pies de la tierra, sabe que su solicitud de justicia en contra del secretario Osorio Chong, del Procurador Murillo Karam y del Gobernador Aguirre Rivero sólo procederá con la voluntad política de los partidos mayoritarios en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, porque es un asunto de mucha la tensión política.

Por eso, llamó a los coordinadores parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) a dejar de lado el doble discurso y a colaborar para que no haya impunidad en el caso Iguala.

“Lo que la cámara debe de hacer en este momento es darle paso a este juicio político que no hace otra que decir ‘sí tienen responsabilidades administrativas los funcionarios, sí fueron omisos, o por el contrario, que me demuestren que sí hicieron bien su trabajo”, sostuvo.

No obstante, el petista observó poco interés de los coordinadores parlamentarios de los partidos mayoritarios para empezar a analizar los motivos de esta denuncia, del mismo modo que ocurrió con la propuesta del mismo legislador para crear una fiscalía especial que sustituyera a la Procuraduría General de la República por los escasos resultados para dar con el paradero de los normalistas desparecidos desde hace casi un mes.

A pesar de esto confió en que al dar entrada a la solicitud de juicio político se avanzará en el camino correcto para recuperar la normalidad institucional legal y las autoridades pensarán mejor en hacer bien su trabajo.

“De haber voluntades políticas de los partidos que tanto hablan de que quieren que se avance contra la impunidad, esto pudiera proceder más rápido de los tiempos legales”, apuntó.

A partir del pasado miércoles 22 de octubre, día en que el Diputado ratificó la denuncia, la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva y las comisiones de Gobernación y de Justicia, tienen un plazo de 30 días para crear una subcomisión investigadora para revisar los argumentos de la solicitud de juicio político y emitir un dictamen en que se informe si procede o no la propuesta.

JUICIO POLÍTICO CONTRA OSORIO CHONG

El pasado 20 de octubre, la Secretaría General de la Cámara de Diputados recibió la solicitud de juicio político en contra del Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y del procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por ser presuntos responsables de violación “grave y sistemática” en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Ayotzinapa.

Menos de 48 horas después, el mismo legislador se presentó ante el director de servicios legales de la Cámara de Diputados, Jorge Ricardo Jiménez Ramírez, para ratificar su denuncia y ampliarla con una solicitud de juicio político en contra del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

El legislador acusó al funcionario de evadir su responsabilidad al no investigar oportunamente el presunto asesinato de Arturo Hernández Cardona y otros perredistas, el 31 de mayo de 2013, a pesar de que la Comisión Permanente se lo pidió de manera oficial.

Recordó que el 12 de junio del 2013, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo por el cual se pidió a la Secretaría de Gobernación investigar la desaparición de ocho integrantes de la Unidad Popular de Iguala, que derivó en la ejecución de Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas y Ángel Román Ramírez.

La proposición fue suscrita por la Senadora Dolores Padierna Luna, y las diputadas federales Aleida Alavez Ruiz y Lizbeth Rosas Montero, quienes solicitaron que la Procuraduría General de la República atrajera la investigación del caso, en donde se señaló como autor intelectual al entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, hoy prófugo de la justicia por su presunta responsabilidad en dar la orden para detener a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.

Asimismo, se pidió al Comisionado nacional de Seguridad que instruyera a integrantes de la Policía Federal a suspender de inmediato “los actos de intimidación y persecución en contra de los defensores de derechos humanos”.

El Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara sostuvo que el secretario de Gobernación fue omiso a la solicitud de la Permanente para que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajera la investigación del caso.

“En los hechos sabemos que fueron omisos, porque todos sabemos que la PGR apenas atrajo el caso en días pasados”, expresó el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

AGUIRRE Y MURILLO KARAM

Con el apoyo de legisladores de su bancada, el petista Manuel Huerta Ladrón de Guevara solicitó un juicio político en contra del Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, porque el mandatario “ya no tiene control ni de la seguridad”. Por el contrario, dice el documento, es responsable de la violación grave y sistemática de derechos humanos en la entidad.

En el texto se precisó que sus acciones han afectado la normalidad política y administrativa en el estado, específicamente en los municipios de Iguala, Cocula, Arcelia, Buenavista de Cuéllar, Taxco, Apaxtla, Cuetzala del Progreso, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo, Olinalá y Acapulco.

En aquella ocasión, la Diputada petista Lilia Aguilar Gil, integrante de la comisión especial que da seguimiento a los hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre en Iguala informó que pediría a este órgano integrar la solicitud de juicio político, como parte de los objetivos de la comisión.

“Si la comisión especial no asume el Juicio Político como uno de sus objetivos, nosotros haremos uso de nuestro derecho establecido en la Constitución, para promover el Juicio Político en la Cámara de Diputados”, afirmó.

Sin embargo, su solicitud no tuvo eco al interior de la Comisión integrada por un legislador de cada grupo parlamentario representado en la Cámara de Diputados.

Por su parte, el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara confió en que pronto inicie la solicitud de juicio político contra el Gobernador de Guerrero, el procurador general de la República y el secretario de Gobernación.

“Puede haber otro tipo de responsabilidades, como penales pero no es mi labor, ni de la Cámara de Diputados juzgar eso. Eso tendrá que ser a partir del litigio administrativo que estoy disparando con este juicio”, apuntó.

Por lo pronto, consideró que la Cámara de Diputados se ha comportado como un cuerpo sin alma, calificó a la Junta de Coordinación Política como “frívola”, por no haber dado entrada a su solicitud para crear una fiscalía especial. “Nunca vi el interés, lamentó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: David Martínez Huerta.
LINK: http://www.sinembargo.mx/23-10-2014/1150655.

Autodefensas de Guerrero descubren mochilas, lápices y restos humanos en fosas.

En entrevista con Carmen Aristegui, Bruno Placido Valerio que los restos encontrados en las fosas son recientes porque había cortes de carne semiroja revuelta con tierra.

Bruno Placido Valerio, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) consideró que los restos de las nueve fosas que localizaron ayer en Iguala son recientes porque había “carne semiroja”, lapiceros y mochilas, sin embargo dijo que el gobierno debe realizar el trabajo profesional para la identificación de los restos y ya buscaron ala Policía Federal.

En entrevista con Carmen Aristegui, Placido Valerio explicó que el objetivo principal de la UPOEG es buscar a los 43 normalistas de Ayotzinapa y otros desaparecidos del estado. “La gente tiene mucha información pero tienen desconfianza” y están trabajando con ellos para tener más datos, explicó.

A casi un mes de que 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos por policías de Iguala las movilizaciones en México y en el mundo crecen, sin embargo las investigaciones oficiales no han tenido resultados sobre su localización.

Cabe señalar que José Luis Abarca, alcalde de Iguala y su esposa, María de los Ángeles Pineda, quienes han sido señalados por la Procuraduría General de la República como principales culpables de los hechos por sus vínculos con el narcotráfico, continúan prófugos y este jueves Ángel Aguirre solicitó licencia como gobernador del estado.


Bruno Pacido indicó que buscan al Alto Comisionado de derechos humanos y la CIDH para realizar una mesa y saber cuántos desaparecidos hay en el estado.

FUENTE: NOTICIAS MVS
AUTOR: Gabriela Reyes Sanchez

Cae Ángel Aguirre; se perfila Beatriz Mojica como interina

CHILPANCINGO, Gro: Con el rostro desencajado y la voz entrecortada, el gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció esta tarde su dimisión al cargo por la indolencia asumida frente al tema de la infiltración del narco en la esfera política que desató la masacre y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa a finales de septiembre en la ciudad de Iguala.

“Estos hechos nos deben llevar a una reflexión nacional que permita construir una nueva estrategia de seguridad efectiva que evite tragedias como las de Iguala”, expresó Aguirre durante la lectura de un comunicado en la residencia oficial Casa Guerrero.

También dijo que su licencia la presentará al Congreso estatal para que los diputados locales la autoricen y definan a su sucesor, a pesar de que se perfila a la secretaria de Desarrollo Social estatal, Beatriz Mojica Moraga como gobernadora interina.

Durante los últimos días, Aguirre asumió una actitud reacia para dejar el cargo, e incluso hizo todo lo posible para mantenerse al frente del Ejecutivo, entre otras acciones, pagó a organizaciones de transportistas ligadas a la delincuencia para que se asumieran como un grupo de choque y confrontarán las protestas de los normalistas.

También pidió que la clase política, alcaldes y diputados locales, que en su mayoría han sido señalados por sus presuntos nexos con el narco, como el presidente del Congreso, Bernardo Ortega Jiménez, cerraran filas y manifestarán públicamente su apoyo.

No obstante, la delgada cuerda que sostenía al gobernador postulado por el PRD se reventó esta tarde y Aguirre convocó a representantes de los medios para fijar su postura y anunciar su dimisión al cargo.

Casi una hora después de la hora citada, cerca de las 18:00, Aguirre apareció flanqueado por sus colaboradores más cercanos, entre ellos el senador perredista Sofío Ramírez, para anunciar que había tomado la decisión de solicitar licencia al cargo, al argumentar que estaba convencido de que se trata una decisión “responsable”.

Luego, dio por hecho que su separación del cargo es definitiva al señalar que los diputados locales que conforman el
Congreso estatal decidirán a su sucesor, quien “encabezará la administración estatal en los próximos meses”.

Al defenestrado Aguirre prácticamente le quedaba un año en la administración, no obstante la masacre y desaparición de normalistas de Ayotzinapa exhibió el nivel de impunidad, violencia y corrupción que se padece en la entidad.

Este hecho, ha provocado que la clase política en la entidad, señalada por sus presuntos nexos con la delincuencia, se mantenga arrinconada frente a la escalada de protestas que paralizó la entidad.

Por su parte, padres de familia de los estudiantes desaparecidos, normalistas de Ayotzinapa y miembros de organizaciones sociales marcharon de Tixtla a Chilpancingo, donde se realizó una misa en la plaza Primer Congreso de Anáhuac, el mismo lugar donde el generalísimo José María Morelos y Pavón proclamó los “Sentimientos de la Nación”.

Los manifestantes recorrieron casi 15 kilómetros partiendo de la Normal de Ayotzinapa para llegar a esta capital, sobre la carretera federal Chilpancingo-Tlapa, en medio del silencio protector de la Montaña y la consigna consecuente en contra de las autoridades que sintetiza el dolor de las víctimas: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos de regreso”.

Mientras el obispo de Chilpancingo, Alejo Zavala, oficiaba la misa, los padres de las víctimas y los normalistas advirtieron: “No basta con la renuncia del gobernador, pues el objetivo es encontrar con vida a nuestros compañeros, hijos y hermanos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Tardío deslinde del PRD de Aguirre; Bejarano expone fisuras

MÉXICO, D.F: Tarde, el PRD oficializó su deslinde del gobernador de Guerrero, Angel Aguirre, quien se adelantó al partido al solicitar licencia al cargo, debido a la presión social por la desaparición de 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa.

En un pronunciamiento realizado minutos después de que el mismo Aguirre anunció su salida del gobierno de Guerrero, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD admitió que “lo acontecido en Iguala es una tragedia nacional que ha conmocionado a México y al mundo. Lo ocurrido en Iguala ha llenado de zozobra, angustia e indignación al país”.

En voz de su dirigente nacional Carlos Navarrete, presumió que las primeras líneas de investigación dadas a conocer empiezan a localizar a presuntos responsables intelectuales y materiales de lo ocurrido.

“Esto ratifica la realidad que tenemos en el país, el eslabón más débil de las instancias de gobierno, que es el municipal, es acosado por la delincuencia organizada, que toma territorios, penetra policías y funcionarios municipales, llena de violencia a cientos de municipios de todo el país, de todos los partidos”, justificó.

No obstante, añadió que el no haber encontrado aún a los jóvenes estudiantes, mantiene la esperanza de encontrarlos vivos, y por ello pidió que todo el esfuerzo de las autoridades federales debe concentrarse ahora en la localización de los autores materiales e intelectuales de esta desaparición forzada.

“El PRD no es un espectador lejano de las expresiones de angustia, de dolor, de indignación que ocurren en las calles, en los centros de estudio, en los medios de comunicación y en todos los espacios de la vida del país”, reconoció un día después de la magna marcha donde se exigió la renuncia de Aguirre Rivero.

Ante esas demandas, el PRD pidió a Ángel Aguirre que presente al Congreso estatal la licencia para separarse del cargo, “y pedimos a los diputados guerrerenses de todos los partidos el nombramiento de una persona que asuma el Poder Ejecutivo, reorganice al gobierno del estado, abra canales de diálogo con la sociedad guerrerense y se sume a las investigaciones para encontrar a los jóvenes y fincar responsabilidades”.

Al término de la conferencia, René Bejarano, de Izquierda Democrática Nacional (IDN), pidió agregar –“al pronunciamiento de la mayoría de la dirigencia del PRD”– la posibilidad de fincar responsabilidades a funcionarios federales que estuvieran involucrados en hechos delictivos en la entidad.

“El PRD considera que existen responsabilidades del gobierno federal, y plantea la necesidad de que se evalúe la permanencia en sus cargos de los principales funcionarios responsables de la seguridad y procuración de justicia a nivel nacional”, sentenció Bejarano.

En tanto, el excandidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, destacó en su cuenta de Twitter que, “aunque era necesaria la renuncia de Aguirre, sigue sin resolverse lo que más duele, el crimen y desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.

En marcha, “control de daños” ante la Unión Europea por caso Ayotzinapa

MÉXICO, D.F: El gobierno de Enrique Peña Nieto inició un control de daños ante la Unión Europea (UE) por el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y lo puso en marcha a través de la Cámara de Diputados.

Luego de conocerse la “condena” europea emitida hoy, la Comisión de Relaciones Exteriores de San Lázaro, que encabeza el priista Eloy Cantú Segovia, anunció que elaborará un “pronunciamiento en torno a la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, luego de la resolución emitida por el Parlamento Europeo”.

Mediante un comunicado de prensa, Cantú Segovia informa que la comisión se reunió y consideró “necesario que sus correligionarios” en Europa se enteren “que todos los grupos parlamentarios (en México) son solidarios con el gobierno federal para que se esclarezcan los hechos y se encuentre a los responsables” de la violencia contra los normalistas.

Lo que no se aclara en el comunicado es que representantes de partido, como Movimiento Ciudadano, del PT o el propio PRD, han detallado que las desapariciones forzadas no son exclusivas de Guerrero, pues también ocurren en Tamaulipas, Michoacán, Sonora, Sinaloa y otras entidades; o que por ejemplo han sostenido que en México se vive un “narco-Estado”.

Curiosamente, el diputado priista y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Cantú Segovia, dijo que enviar un mensaje donde todos los partidos “se solidarizan” con Enrique Peña Nieto “es positivo”, pero sobre todo “cuando el Parlamento de la Unión Europea ha tomado resoluciones que lastiman a nuestro país, como frenar la actualización de un convenio con ellos, mientras este asunto no se resuelva”.

Resulta curioso porque el Parlamento nunca resolvió o condicionó la firma del convenio que hay entre México y la Unión Europea, o por lo menos no se hizo público. Lo que sí ocurrió, según los reportes de prensa, es que “condenó” por mayoría, es decir, cuatro de los siete grupos políticos que integran esa instancia legislativa regional.

En tanto, dos de los partidos que no firmaron el documento, el Verde Europeo, e Izquierda Unitaria Europea, consideraron que en la resolución se ubica al gobierno mexicano como “víctima del narcotráfico, y se soslaya el contexto de crisis de derechos humanos que existe en el país desde hace tiempo”.

Y ellos sí pidieron que la Corte Penal Internacional de La Haya examine los crímenes ocurridos en México y se interrumpa el proceso de modernización del Acuerdo Global México-UE, se suspendan los pactos de seguridad y la cooperación en armamento con México hasta que se restablezca el estado de derecho en todo el territorio mexicano.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores dijo que también se elaborará un documento para dirigirlo al Parlamento Latinoamericano (Parlatino).

“Si enviamos a los eurodiputados nuestro posicionamiento, como comisión, será un buen mensaje para darles a conocer que nos sumamos al esfuerzo del gobierno federal para no dejar impune este crimen, ya que es algo que ofende a los mexicanos y nos une a buscar una solución”, admite en su comunicado el priista Eloy Cantú.

También reconoció que “estos temas nos unen (a todos los partidos político mexicanos) en la defensa de nuestro país para que se haga justicia, se llegue al fondo de la investigación y no quede impune este crimen”.

En el mismo comunicado se establece que la panista Adriana González Carrillo dijo que la Comisión de Relaciones Exteriores debe dar una respuesta institucional frente al caso Ayotzinapa.

“Las instituciones y el Estado mexicano están trabajando. Nos gustaría que éste fuera mucho más eficaz, rápido, pero hay que dar los tiempos necesarios para armar expedientes y no se caiga en el camino el proceso judicial”. Y añadió que la comisión “ha sido comprensiva en moderar posiciones radicales que no abonan al esclarecimiento de los hechos ni al deseo de México de que aparezcan los 43 normalistas”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

jueves, 23 de octubre de 2014

Fotogaleria: Manifestaciones ayotzinapa 22 Octubre 2014

El 22 de octubre, ha sido una jornada nacional e internacional, de grandes magnitudes. Hemos marchado, protestado, hecho un paro nacional de universidades, visitado embajadas de México en el extranjero, hemos respaldado a los estudiantes de AYOTZINAPA, a sus padres y madres, hemos logrado, participar en mas de 100 actividades de protesta, de múltiples maneras y con esa creatividad
Por primera vez en la historia de nuestro país, los diferentes hemos marchado como un solo hombre digno y una sola mujer rebelde. Sin reunirnos, sin debatir, sin planear nada, hemos coincidido y nos hemos unido por una sola causa: La presentación con vida de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos, con evidencias contundentes de que los 3 niveles de gobierno, son parte del problema. Que están coludidos con el crimen organizado. Asimismo, nuestra lucha diversa, nuestras banderas distintas, no chocan con una causa común, como lo es la defensa de la vida. Así lucha Mireles, Nestora Salgado, los comunitarios y autodefensas de Guerrero y Michoacán.


Fotogaleria: Ayozitnapa

VIDEO: Manifestacion en Tijuana BC 22 de Octubre 2014

En este vídeo, se muestra desde las primeras personas que comenzaron a unirse ala Marcha en ‪#‎Tijuana‬.
Hasta que fueron aproximadamente entre 300, se Manifestó en el Centro Cultural de Tijuana (CECUT), donde se llevaba acabo Tijuana Innovadora ala vista Publica de Ciudadanos así como Estudiantes de Secundaria y Preparatoria.
Después nos dirigimos hacia la PGR.




Caso Tlatlaya: PGR tardó 85 días en iniciar la investigación

Pasaron más de dos meses entre los hechos ocurridos el pasado 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, y el inicio de la averiguación previa por homicidio, abierta por la PGR el 23 de septiembre.

La Procuraduría General de la República (PGR) tardó 85 días en iniciar la averiguación previa por el homicidio de civiles a manos de militares en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, a pesar de que tenía indicios que contradecían la versión del Ejército, sobre que los decesos se debían a un enfrentamiento, de acuerdo con la recomendación emitida el pasado martes por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La PGR inició la averiguación por los homicidios hasta el 23 de septiembre, a pesar que los hechos se dieron el 30 de junio, como señala la recomendación del organismo de derechos humanos.

La averiguación por las muertes se dio después de que la agencia AP y la revista Esquire publicaron testimonios y evidencia de que un grupo de militares asesinó a presuntos criminales cuando ya se habían rendido.

Para esa fecha, de acuerdo con la recomendación, la PGR ya había realizado una prueba pericial desde el 5 de julio, la cual reforzaba la hipótesis de que un número reducido de los fallecidos disparó armas de fuego y que la mayoría se rindió a los militares.

No obstante que se habían rendido, los militares tomaron las armas de los presuntos criminales para asesinar al menos a 15 de ellos, de acuerdo con el organismo de derechos humanos. En total, hubo 22 decesos.

Pasaron más de dos meses entre los hechos ocurridos el pasado 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, y el inicio de la averiguación previa por homicidio, abierta por la PGR el 23 de septiembre.

El 10 de octubre, en este espacio informativo, el procurador Murillo Karam dijo que el ejército le notificó de violaciones al protocolo castrense, inmediatamente después de que los militares asesinaron a los presuntos delincuentes en el municipio de Tlatlaya.

Sin embargo, Murillo Karam no pudo precisar las fechas en que la PGR comenzó a investigar:

-          Nosotros no podemos actuar en función de lo que publica un periodista, actuamos con base a evidencias. El Ejército lo informó en el momento que tuvo evidencias de violaciones protocolos. Mi primera información de irregularidades, me la da el Ejército.

-          ¿Y en qué momento tomas, Jesús Murillo Karam, la investigación?

-          En ese momento…

-          Pero es muy importante saber cuándo fue eso…

-          Te lo preciso si quieres, tengo las fechas en el expediente.

En la recomendación emitida, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló lo siguiente sobre la PGR.

“Este Organismo Nacional observa que la investigación por los delitos cometidos por personal militar en contra de las víctimas que fallecieron fue iniciada hasta el 23 de septiembre de 2014… Ello a pesar de que desde el 3 de julio del presente año la Procuraduría estatal le remitió la carpeta de investigación, que se inició con motivo del fallecimiento de las 22 personas…”

Para la propia CNDH, la autoridad ministerial federal debió iniciar la investigación por homicidio desde que conoció de los hechos, pues se trataba de un delito que involucraba a autoridades milItares.

Además, la Comisión señala que la PGR contaba con indicios previos que permitían presumir que la muerte de los civiles no se dio durante un enfrentamiento.

Este miércoles 22 de octubre, el procurador Murillo Karam respondió así a la pregunta expresa de por qué inició la averiguación previa por homicidios 85 días después de los hechos:

“Hasta ese momento era un problema de protocolos y la misma Ley y la Constitución señalan que eso se ve en la defensa. Cuando la propia Secretaría de la Defensa, en el análisis del rompimiento de sus protocolos, le dice a la Procuraduría que hay posibilidades que el rompimiento de los protocolos tenga algunas deficiencias en cuanto a la información sobre los hechos, nos lo plantea y empezamos a investigar sobre este asunto”.


Si bien la PGR inició dos averiguaciones previas por delincuencia organizada desde el 3 de julio, la que tiene que ver con el delito de homicidio se inició hasta el 23 de septiembre, después de lo publicado por AP y la revista Esquire, y dos meses después de que la propia PGR realizó pruebas periciales que ponían en duda la versión del Ejército sobre un supuesto enfrentamiento.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Gobierno Edomex torturó a testigos y manipuló pruebas en caso #Tlatlaya para encubrir al Ejército: CNDH

El gobernador Eruviel Ávila felicitó públicamente al Ejército Mexicano por liberar a tres víctimas de secuestradores y adelantó que los soldados actuaron en legítima defensa.


El gobierno del Estado de México, que encabeza Eruviel Ávila, torturó a testigos y manipuló pruebas periciales para encubrir los rastros dejados por miembros del Batallón 102 del Ejército Mexicano sobre el asesinato de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, según consta en la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, emitida sobre este caso.

En su investigación, la CNDH concluyó que el mandatario mexiquense y el procurador Alejandro Gómez Sánchez, no tenían pruebas para concluir, como lo hicieron, que los 22 muertos encontrados en esa localidad colindante con Guerrero cayeron durante un enfrentamiento con soldados, toda vez que  desde entonces había pruebas en el sentido de que algunos de ellos fueron asesinados ilegalmente.

El pasado 1 de julio, un día después de las ejecuciones extrajudiciales, el gobernador Eruviel Ávila, felicitó públicamente al Ejército Mexicano por liberar a tres víctimas de secuestradores y adelantó que los soldados actuaron en legítima defensa.

“El Ejército mexicano, allá en Tlatlaya, tuvo una valiente presencia y acción al poder rescatar a tres personas que estaban secuestradas, lamentablemente un militar salió herido, pero el ejército en su legítima defensa actuó y abatió a los delincuentes”, dijo el mandatario estatal.

De acuerdo con la investigación de la CNDH, el Ejército entregó a ministerios públicos estatales a tres presuntas víctimas de una banda de secuestradores, cuyos integrantes murieron en la bodega de Tlatlaya. Sus nombres, así como los de otros testigos no fueron hechos públicos por razones seguridad.

Se trataba  de tres mujeres que relataron que fueron llevadas a oficinas de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, en donde otros funcionarios las interrogaron en tono amenazante. En sus testimonios afirmaron que una persona calva, de alrededor de 35 años, les dijo que había una forma de hacerlas hablar sin que se les notaran los golpes. La intención era que reconocieran que formaban parte de la banda de secuestradores.

A dos de ellas, primero las sentaron sobre sillas y les pidieron sus contraseñas de Facebook para acosarlas con las fotografías que encontraron. Como aún no confesaban lo que ellos querían, la postraron a jalones sobre el piso. El hombre calvo  pateó a una de ellas en los costados y la amenazó con dañar a su familia. Luego la levantaron de los cabellos para ponerla de nuevo en una silla y lanzarle más preguntas.

Cada vez que una de ellas se negaba a responder a lo que ellos querían, a confesar ser parte de la banda de secuestradores, los funcionarios les pegaban en la cara y en la cabeza con los nudillos. Las torturas duraron 30 minutos aproximadamente. Luego les advirtieron que no debían contar lo ocurrido ahí dentro, o de lo contrario, sus hijas quedarían en un orfanato.

Entre golpes y amenazas, las víctimas contaron su versión, involucrando a soldados con la ejecución de los civiles. Los funcionarios les dijeron que esa no era la verdad de los hechos.

Una funcionaria llamó mentirosa a una de las mujeres. En la página 72, en el punto 316,  la CNDH dice lo siguiente:

“No obstante, la abogada que había visto antes en la bodega, la llama “mentirosa”, “que los militares no habían matado a nadie”, por lo que le ordenó a la persona que tomaba nota que borrara lo que había declarado”.

Por la madrugada, funcionarios de la Procuraduría local llevaron a las mujeres a un hotel. Tardaron 20 minutos en llegar.  Ahí continuaron los interrogatorios.

Por separado las metieron a un baño, en donde tres hombres las golpearon de nuevo, les jalonearon el cabello, las asfixiaron con bolsas de plástico y metieron sus cabezas en la taza del baño varias veces. Uno de ellos les advirtió lo siguiente: “Aquí, hasta los muertos hablan”.

Además de exigirles que se asumieran como parte de la banda de secuestradores, los funcionarios querían que declararan que las personas muertas en la bodega en Tlatlaya asesinaron a 10 de sus compañeros.

Este testimonio fue plasmado por la CNDH en su página 72 de la recomendación del caso Tlatlaya. Textualmente dice los siguiente:

“Le decían que tenía que decir que las personas que fallecieron “habían matado a diez”, a quienes pusieron en bolsas negras, y que ella daba de comer a los secuestrados”.

Entonces un hombre amenazó con violarlas. Hubo preguntas sexuales amenazantes. Un funcionario se bajó el pantalón y ordenó a una de ellas que se inclinara.  Fue en ese momento cuando aceptaron firmar una declaración, sin saber qué contenía.

La CNDH  concluyó que estas violaciones a las garantías individuales sirvieron para encubrir la actuación de los militares y también para que dos de estas mujeres terminaran en el penal federal de Tepic procesadas por delitos graves.

El 8 de julio, la agencia AP publicó un reportaje en el que sostenía que algunas víctimas en la bodega de Tlatlaya fueron puestas contra la pared y murieron de uno  o dos disparos a la altura del pecho.

El 17 de julio, durante una rueda de prensa, Noticias MVS preguntó al procurador mexiquense, Alejandro Gómez, qué explicación tenía ante lo publicado por la agencia AP en el sentido de que podría tratarse de un fusilamiento a manos del Ejército y no de un enfrentamiento como indicaba la versión oficial.

Gómez, quien asumió el cargo apenas el pasado  21 de mayo, aseguró que de las diligencias oficiales no había pruebas de que hubo una ejecución.

“De las diligencias practicadas por el Ministerio Público del fueron común no se desprende indicio alguno que haga presuponer o que nos haga la pensar en la posible ejecución o el posible fusilamiento que usted hace referencia y se hace referencia en otros medios de comunicación”.

No obstante, la CNDH estableció que la procuraduría mexiquense actuó de forma irregular al no resguardar adecuadamente las evidencias, ni tomar fotografías dentro y fuera de la bodega antes de practicar los estudios periciales, lo que viola los protocolos establecidos en una investigación científica de este tipo.

Además detalla que el enfrentamiento entre militares y los civiles armados ocurrió alrededor de las 6:00 horas, pero los especialistas de la procuraduría local llegaron hasta las 12:30 horas.

Por otra parte, los peritos de la CNDH y PGR concluyeron que al menos tres cadáveres fueron movidos  de su posición original y se les colocaron armas para simular que cayeron en un enfrentamiento, lo cual no fue detectado por la procuraduría mexiquense aún cuando esto era evidente en sus propias fotografías.

En otra parte de la recomendación, la CNDH cuestionó los resultados de las necropcias realizadas a 22 cuerpos, toda vez que omitieron datos que permitieran tener mayor certeza sobre la forma en que sucedieron los hechos.

También destaca, por ejemplo,  que las víctimas refirieron la presencia de teléfonos celulares en la escena del crimen, pero la procuraduría mexiquense no registró ninguno como evidencia. Además, dentro de una camioneta se encontró un aparato de radiocomunicación que no quedó en manos de las autoridades.

La CNDH recibió mil 676 fotografías del lugar de los hechos y de las necropcias, pero en el caso de los cadáveres de cinco víctimas no se recibieron imágenes con detalle individual, sino que únicamente se enviaron fotos con planos generales de la zona.

Sin embargo, imágenes con el nivel de detalle requerido fueron filtradas a medios de comunicación. Para los investigadores de la Comisión esto significa que las autoridades de Servicios Periciales del Estado de México obstaculizaron la investigación por violaciones a derechos humanos.

Este miércoles, el gobernador Eruviel Ávila dijo que el gobierno del estado aprovechará los 15 días que les da la ley para analizar si aceptan o no la recomendación.

“Así que vamos a atender lo que marca la comisión nacional, lo que marca de ley, habremos de esperar estos 15 días hábiles para, en su caso, emitir nuestra respuesta formal, si aceptamos o no aceptamos dicha recomendación”


De acuerdo al gobernador, su administración no había sido notificada formalmente de la recomendación, aunque serán respetuosos de los tiempos y formas que establece la ley.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

La información recabada por Solalinde coincide 80% con la de la PGR

El sacerdote defensor de los derechos de los migrantes se reunió con el procurador Jesús Murillo Karam, tras declarar que recabó testimonos sobre el caso de los normalistas de Ayotzinapa.

El sacerdote defensor de los derechos humanos de migrantes, Alejandro Solalinde, se reunió este jueves 23 de octubre con el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, a quien le entregó la información que ha recabado sobre el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que fueron detenidos por policías del municipio de Iguala, en Guerrero, y posteriormente entregados a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos.


A través de su cuenta de Twitter, el director del albergue Hermanos del Camino, ubicado en Oaxaca, informó que la información que tiene la PGR —a 20 días de atraer el caso y hacerse cargo de la investigación— coincide en un 80% con la que él ha recabado a través de testimonios de sobrevivientes de los hechos violentos ocurridos el pasado 26 y 27 de septiembre, cuando los normalistas fueron atacados por policías municipales bajo las órdenes del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien se encuentra prófugo junto con su esposa María de los Ángeles Pineda.

A la reunión con Murillo Karam, Solalinde asistió acompañado de la escritora y periodista Elena Poniatowska. Después de un encuentro de dos horas, el sacerdote dijo al salir que “(la PGR) sólo no tenían el testimonio de un sobreviviente”, de acuerdo con un reporte del diario mexicano Reforma.

“Me siento satisfecho (con la reunión), pero no resolvió gran cosa, porque finalmente siguen pendiente los desaparecidos”, agregó.

Por su parte, Poniatowska dijo que “él (Murillo Karam) dijo que si nosotros estábamos apesumbrados, que su pesar era igual. Dijo algo que a él le había sucedido en lo personal. Así que se ve que está preocupadísimo”, según el diario.

El pasado viernes 17 de octubre, Solalinde declaró a medios que los estudiantes están muertos y que incluso algunos fueron quemados vivos, basándose en los testimonios de dos personas. “La primera información directa la tuve el domingo pasado (12 de octubre). La segunda la tuve ayer (16 de octubre), en la Ciudad de México. Lo primero que supe es que hay testigos, pero tienen miedo de hablar, son testigos de los mismos policías”, declaró.

Posteriormente, el lunes 20 de octubre, el activista asistió a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para rendir su declaración ministerial por escrito; sin embargo, al salir acusó que no recibieron su declaración. En esa ocasión Solalinde llevaba información recabada a partir de la declaración de cuatro testigos.

Este hecho ocurre a 24 horas de la Jornada de Acción Global por Ayotzinapa, en el que se realizaron protestas en todo el mundo para exigir a las autoridades localizar a los estudiantes hasta ahora desaparecidos.


En su reporte más actualizado, la PGR identificó a José Luis Abarca y a su esposa, además del director de seguridad pública de Iguala, como probables responsables de la desaparición de los estudiantes. Las autoridades federales confirmaron también la relación de la esposa del alcalde con el grupo delictivo Guerreros Unidos, de los cuales recibían mensualmente entre 2 y 3 millones de pesos, 600 mil destinados al cuerpo policial, influso al del vecino municipio de Cocula.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Pide licencia gobernador de Guerrero

CHILPANCINGO, Gro: Ángel Aguirre Rivero pidió licencia como gobernador de Guerrero, al cumplirse 27 días de la desaparición de 43 normalistas y a medio año de que concluya su mandato.

“Yo dije públicamente que si mi separación del cargo ayudaba a resolver este asunto no habría objeción en ello y señalé también que mi obligación era asumir con responsabilidad esta emergencia.

“En razón de lo anterior para favorecer un clima político, que ponga la atención en estas prioridades, el día de hoy he decidido solicitar licencia al Congreso del Estado”.

Acompañado de algunos funcionarios de su gabinete y el senador Sofío Hernández Ramírez, Aguirre señaló que de todas las investigaciones que su gobierno hizo sobre lo ocurrido en Iguala, va a entregar un informe al Congreso del Estado y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (CIDH).
La salida del funcionario ocurre luego de que el PRD le retirara su apoyo y los partidos de oposición demandaran su dimisión.

El 26 de septiembre fueron levantados 43 normalistas por policías y sicarios ligados al cártel de Guerreros Unidos. Hasta el momento se desconoce el paradero de los estudiantes.

Por estos hechos, han sido detenidos más de 50 personas, entre ellos 22 agentes municipales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

La marcha estudiantil más grande en décadas retumba en el DF

MÉXICO, D.F: Antorchas, veladoras, trompetas, pero, sobre todo, un silencio impactante de decenas de miles de jóvenes en varios contingentes provenientes de todos los puntos cardinales de la Ciudad de México fluyeron como un río humano durante cuatro horas desde el Ángel de la Independencia, sobre la avenida Reforma, hasta el Zócalo, con un solo clamor: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Aquí Todos somos Ayotzinapa, pero también todos somos normalistas, padres de familia, primos, hermanos, de los más humildes, de los más criminalizados durante décadas por un Estado que desprecia a sus maestros egresados de las normales rurales.

Todos demandan la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, secuestrados desde el 26 de septiembre, en una orgía de narcopoder protagonizada por policías municipales que, hasta hoy, confirmó la Procuraduría General de la República, recibieron la orden del alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca.

No piden la renuncia de Ángel Aguirre, mandatario estatal. Para casi todos, el expriista está hundido en las mismas 19 fosas que se han encontrado recientemente. Piden la renuncia del primer mandatario Enrique Peña Nieto y acusan a los tres grandes partidos (PRI, PAN y PRD) de estar coludidos con el “narcopoder”.

Los jóvenes anarquistas, encapuchados, encapsulados, hacen pintas en el trayecto, pero todo amago de violencia y provocación es rechazado de inmediato. Es una marcha pacífica, sin vigilancia policiaca ostentosa ni intimidante.

“No violencia, no violencia”, gritan cientos de jóvenes, muy jóvenes, de la Universidad de Chapingo, sobre la calle de Tacuba, a dos cuadras del Zócalo, cuando se presentó uno de los intentos de utilizar las antorchas para incendiar una bandera del Hotel Holiday Inn.
No pasó a mayores. La gente se vigila a sí misma.

Es la intersección de una indignación largamente larvada por una guerra contra el narco que se transformó en una guerra contra los más pobres. Un etnocidio simulado. Crímenes de lesa humanidad. Desapariciones forzosas. “El país se nos volvió una narcofosa”.

Decenas de familias, oficinistas, turistas y cientos de reporteros vieron pasar una marcha que se prolongó desde las 18 horas hasta más allá de las diez de la noche.

Las veladoras proliferaron en la plancha del Zócalo, donde se instaló un templete con la presencia de los padres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos, de sus compañeros de la Escuela Normal Rural y con integrantes de otros colectivos, como el Frente Popular de Defensa de Atenco.

Estamos ante la marcha más grande de los últimos años –quizá desde las jornadas del movimiento universitario del 68- sin signo partidista, sin consignas electorales y con una gran indignación que se ve en los rostros, en las mantas, en los carteles, en las pintas, en las consignas que escalan la rabia hasta Enrique Peña Nieto.

“Podrán arrancar la vida, jamás los ideales”, proclama una manta de jóvenes de la UNAM. “En México es más peligros ser estudiante que ser narcotraficante”, reza una pancarta. “La rebeldía es arena cargada de futuro”, de la Facultad de Filosofía y Letras.

“México huele a muerte, en el dolor de una madre de su hijo desaparecido”, reza una pancarta. La porta una madre de clase media, sentada en silla de ruedas, con una bandera mexicana que ondea a media asta, en una esquina de la Catedral Metropolitana.

La imagen es un símbolo y una síntesis. Aquí las clases sociales se mezclan. Los chicos de la Ibero marchan con los del Politécnico Nacional. Los chavos ITAM con los de la UNAM, las antiguas vocacionales con varias escuelas normales que toman por asalto el corazón de la marcha.

“Que se Atengan a las Consecuencias”.

Sobre el templete instalado delante del Palacio Nacional, Rafael, uno de los padres de los normalistas desaparecidos, le advirtió al gobierno de Peña Nieto: “No más de dos días les vamos a dar. Si no, que se atengan a las consecuencias”.

Otro normalista arenga: “Hoy no va a dormir Peña Nieto”. Y los gritos en su contra, con peticiones de que renuncie se escucha con fuerza en un Zócalo con contingentes que llegan de manera intermitente.

Los integrantes del Frente de Defensa de la Tierra de Atenco se hicieron presentes. Ignacio del Valle, líder histórico de Atenco, toma la palabra. Blande su machete. Y recordó que desde hace 14 años ellos han vivido la intensa represión del gobierno peñista.

En esta concentración no hay líderes políticos. Sólo hay líderes cívicos. Y los principales son los 43 ausentes.

El pase de lista de cada uno de estos jóvenes se acompañó con el grito: “Justicia, justicia”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Hallan muerto a periodista desaparecido en Ahome, Sinaloa

MÉXICO, D.F: El cuerpo de Jesús Antonio Gamboa, director de la revista Nueva Prensa, de Sinaloa, fue hallado el miércoles pasado en el municipio de Ahome, con impacto de bala y huellas de tortura, según informó la agencia Efe.

Fuentes de la fiscalía del estado citadas por la agencia, precisaron que el cuerpo del periodista, quien desapareció el pasado 10 de octubre, fue hallado gracias a información proporcionada por sus dos presuntos asesinos, en las inmediaciones de la comunidad Águila Azteca cerca de un canal.

Los presuntos asesinos, uno de ellos identificado como Bernal Weltzer, fueron capturados debido a que utilizaron la tarjeta bancaria de su víctima en varias ocasiones para disponer de “elevadas” sumas de dinero.

De acuerdo con las investigaciones, Gamboa, de 39 años, fue asesinado tras una discusión con presuntos delincuentes en el bar “El Paralelo” ubicado cerca de donde fue hallado su cadáver que fue trasladado a una funeraria a la ciudad de Los Mochis, en el municipio de Ahome, donde fue identificado por sus familiares.

La Asociación de Periodistas de Los Mochis, que encabeza Edgardo Vázquez, exigió a las autoridades el esclarecimiento del homicidio.

Con este homicidio suman tres los cometidos contra periodistas en lo que va del año.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Señalan a policías de Guanajuato por muerte de estudiante de Jalisco

Fue al Festival Internacional Cervantino; compañeros afirman que uniformados se lo llevaron. Según la procuraduría estatal y agentes municipales, el universitario cayó de una azotea al tratar de asaltar una vivienda y se golpeó la cabeza. UdeG demanda a ambos gobiernos aclarar el caso.

Guadalajara, Jal., 21 de octubre. Ricardo Esparza Villegas, estudiante del Centro Universitario de Lagos de Moreno (CULagos), campus regional de la Universidad de Guadalajara (UdeG), murió el 19 de octubre durante el Festival Internacional Cevantino (FIC) que se celebra en Guanajuato, en circunstancias no esclarecidas, después de que lo detuvieron policías municipales.

Sobre el deceso del alumno de 23 años, quien cursaba el noveno semestre de la carrera de ingeniería mecatrónica, hay dos versiones. Sus compañeros aseguran que fue detenido la tarde del sábado 18 de octubre cuando auxiliaba a un colega que se encontraba en estado de ebriedad. Los agentes se lo llevaron con rumbo desconocido y al día siguiente se reportó su deceso en el diario guanajuatense AM.

En contraparte, la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato aseveró que el universitario murió de un golpe en la cabeza producido por una caída y llamó a los estudiantes que estuvieron con él en el FIC a que se presenten a declarar.

Reportó que en la carpeta de investigación 30731/2014 se siguen varias hipótesis, las cuales se agotarán hasta tener plena certeza de lo que aconteció y determinar si en este lamentable suceso hubo intervención de terceras personas.

La nota informativa cita la versión de los policías municipales de Guanajuato, quienes aseguraron que Ricardo pereció al caer de una azotea cuando intentaba asaltar una vivienda.


La UdeG demandó al edil de Guanajuato, Luis Fernando Gutiérrez Márquez, y al gobernador panista Miguel Márquez Márquez que aclaren este lamentable crimen. Asimismo pidió al gobierno de Jalisco que colabore en las investigaciones para que se castigue a los responsables.

Advierte saña y criminalización institucional contra los jóvenes

Roberto Castelán Rueda, ex rector del CULagos y actual director de la preparatoria regional de la UdeG en Lagos de Moreno, señaló que, según los acompañantes de Ricardo, la policía se lo llevó. Ellos lo buscaron en la Cruz Roja y en agencias del Ministerio Público, pero no lo localizaron. “Al día siguiente, el diario AM, citando a un jefe de grupo de la policía, informó que el muchacho quería robar una casa, se cayó y se dio un golpe en la cabeza”, dijo.

Castelán Rueda mencionó que la comunidad universitaria está desconcertada por la muerte de Ricardo. “Algunos estudiantes han propuesto hacer una manifestación durante el FIC para que las autoridades den una explicación.

Los muchachos están tristes y muy encabronados, sobre todo porque lo ponen como un ratero. Los chavos de mecatrónica son muy dedicados, pues es una carrera que requiere mucho esfuerzo. Casi todos sus investigadores pertenecen al Sistema Nacional, mencionó Castelán


Lamentó tanta saña contra los jóvenes. Parece que hubiera un programa destinado a criminalizarlos, a exterminarlos. Ser joven ahora es señal de que andas mal, de que te tienen que reprimir y someter, concluyó.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Mauricio Ferrer y Carlos García