Hay lugares donde informar sobre lo que está sucediendo en las calles de su ciudad es una cuestión de vida o muerte. Sin embargo, cada vez más ciudadanos lo hacen para llenar lo que consideran un vacío en los medios.
Hay lugares donde informar sobre lo que está sucediendo en las calles es una cuestión de vida o muerte.
Hace más de una semana que en Reynosa, ciudad fronteriza mexicana con Estados Unidos, la cuenta de la tuitera @miut13 Felina apareció el mensaje “#reynosafollow cierren sus cuentas, no arriesguen a sus familias como lo hice yo, les pido perdón”.
El mensaje estaba seguido de dos fotos de una mujer: en una miraba a la cámara y en otra aparecía aparentemente muerta.
No se ha vuelto a saber de la mujer y la cuenta fue cerrada.
Pero el mensaje causó impacto en todo el mundo.
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Reynosa queda en el estado fronterizo de Tamaulipas, donde operan el cartel del Golfo y los Zetas.
Allí, los tiroteos, secuestros y extorsiones están a la orden del día.
No obstante, los medios tradicionales tienen lo que se conoce como una política de silencio donde no informan de estos sucesos.
Así que es la ciudadanía la que –resguardada tras el anonimato de las redes sociales– llena ese vacío. Es la gente de a pie la que denuncia, informa y habla de lo que ocurre en su comunidad.
Hashtags como #reynosafollow, #SDRMadero (situación de riesgo) o sitios como Valor por Tamaulipas se han convertido en la norma a la hora de saber o informar sobre actividades del crimen organizado.
Bandolera7, Felina o Agente son algunos de los tuiteros dedicados al tema.
Todos en las redes
El problema es que tanto los carteles como el ejército también se ocultan detrás de cuentas anónimas para dar su versión de los hechos.
El 8 de octubre, la cuenta de twitter @garzalaura142 amenazaba de muerte tanto a Felina como a otros tuiteros dedicados a denunciar los actos de grupos armados.
Siete días más tarde desaparecía la doctora María del Rosario Fuentes Rubio, quien se presume era la tuitera Felina.
Ese día, muy temprano y como todas las mañanas, Agente (@Agente_Rey) revisaba los comentarios de sus colegas y vio que a todas luces parecía un caso de jaqueo de la cuenta de Felina.
“Creo que la noticia nos impactó a todos”, le explicó a la BBC. “Incluso hay unos que cerraron sus cuentas por temor a ser el siguiente”.
Hace tres años que Agente informa sobre lo que sucede en Reynosa, lo motivó la necesidad de estar informado de lo que pasaba en las calles.
“Vi que muchos compañeros estaban subiendo información a la red y empecé a hacer lo mismo”.
Agente siente que cada vez la situación en ciudades fronterizas como Reynosa es más crítica.
“Aquí a diario hay balaceras, hay levantones (secuestros), puntos de ventas de drogas, extorsiones; hay que tener mucho cuidado al salir a la calle. Incluso en la manera de vestirse, porque a veces la gente del gobierno te puede confundir con alguien del crimen organizado”.
Pero no tiene miedo. “La gente de Reynosa necesita estar informada de lo que pasa, más que nada para evitar las áreas en peligro, para evitar pérdidas humanas”.
“Periodismo ciudadano”
Agente ejerce lo que se conoce como “periodismo ciudadano”.
“(Estas) son personas preocupadas, que quieren informar y saber lo que está ocurriendo”, le dice a BBC Trending el corresponsal de Global Post en México Ioan Grillo, autor del libro El Narco.
“Si en una semana han ocurrido 20 secuestros, ellos quieren saber y quieren hablar al respecto. Si hay unos tipos con AK47 en una calle, quieren saber al respecto”.
Grillo es consciente de la labor de estas personas, pues como periodista ha estado varias veces en la región y confiesa que es una situación “muy intimidante”. “La amenaza está por todas partes”.
Felina no sólo fue amenazada. La procuraduría general de Tamaulipas está investigando su desaparición.
No se puede hablar de muerte o asesinato, porque no hay un cuerpo, y por ahora es muy poco lo que pueden decir.
Lo que sí han declarado a BBC Mundo es que es la primera vez que arremeten de forma abierta contra una tuitera.
En el pasado ha habido casos de colaboradores de blogs –como el Blog del Narco– que aparecieron muertos.
Pero esta es la primera vez donde utilizan la cuenta de la víctima para enviar un mensaje de amenaza a toda la comunidad.
“#reynosafollow encontré la muerte a cambio de nada @bandolera7 @civilarmado_mx @ValorTamaulipas están más cerca de nosotros de lo que creen”, se leyó en la cuenta de Felina.
Rosario –conocida como Felina– colaboró con las personas detrás de Valor por Tamaulipas y Responsabilidad por Tamaulipas.
“Hasta mediados de 2012, luego de amenazas la alejé para evitar que se expusiera a riesgos por colaborar conmigo, posterior a eso colaboramos con reportes de situaciones de riesgo, ella desde su cuenta en Twitter”, explica el administrador de Valor por Tamaulipas, quien desea que no se revele ni su género por motivos de seguridad.
Los casos de víctimas sirven para intimidar a la gente.
“Si matas a una persona asustas a todos los demás”, señala Grillo. “La anonimidad de las redes sociales es como un refugio para muchos y ver que esto es amenazado causa terror”.
Agente sabe que tras la desaparición de Felina muchos cerraron sus cuentas… aunque no se callaron. “Posiblemente van a abrir otras, porque cada vez más gente se está sumando”.
“Yo no tengo miedo. Creo que la información que nosotros ofrecemos en las redes le sirve a mucha gente”, agrega.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
Los representantes estudiantiles confirmaron que el paro de labores que está por cumplir un mes continuará hasta que consigan la realización del Congreso Nacional Politécnico, su principal demanda.
La Asamblea General Politécnica aún analiza si acepta el formato de la mesa de diálogo propuesta por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el próximo martes 28 de octubre con la participación de 10 representantes del gobierno y un igual número de la comunidad estudiantil.
Iniciar el diálogo y designar al director son tareas que no deben detenerse, dijo este jueves 23 de octubre el titular de la SEP, Emilio Chuayffet. “Lo quiero dejar claro: no es nada más pidiendo sensatez a la Asamblea, sino también exigiendo sensatez a los funcionarios de la Secretaría de Educación para que unamos esfuerzos, alumnado, maestros, trabajadores y la autoridad educativa, en beneficio de un diálogo”, agregó.
En la asamblea de este jueves realizada en Zacatenco, los representantes estudiantiles confirmaron que el paro de labores que está por cumplir un mes continuará hasta que consigan la realización del Congreso Nacional Politécnico, su principal demanda.
El titular de la SEP, Emilio Chuayffet, emplazó a los politécnicos a regresar a clases, toda vez que han conseguido respuestas a las demandas que originó el movimiento, pero sobre todo porque algunas de sus demandas “no se pueden llevar a cabo sin director. Veo de manera simultánea la instalación de la mesa, nombramiento de las autoridades y la vuelta a clases”, dijo en conferencia de prensa.
La SEP respondió este jueves a través de un desplegado a la última contrapropuesta de los integrantes del movimiento politécnico, entregada el pasado 20 de octubre. Propuso una mesa de diálogo para discutir los términos de la organización del Congreso Nacional Politécnico, cuyos representantes sean elegidos en razón de proporcionalidad y por votación en cada una de las escuelas.
El encuentro se llevaría a cabo en la Biblioteca Vasconcelos el 28 de octubre a las 11 de la mañana para conseguir los acuerdos necesarios que permitan destrabar el conflicto porque “a todos nos interesa resolver el problema del IPN”, dijo el funcionario.
Aclaró que no existe un periodo fatal para la elección del director general ni secretario del IPN, sin embargo, es uno de los puntos fundamentales para avanzar en las cuestiones académicas como la derogación de planes y programas de estudio rechazados por los estudiantes y que originó su inconformidad.
Chuayffet advirtió que el Congreso Nacional Politécnico tendrá carácter “vinculante”, como lo demandaron los estudiantes, por lo cual, en caso de acordar nuevas formas de dirección y gestión en el Instituto, la SEP deberá “promover las reformas para que la ley (orgánica del IPN) las contemple”.
Los estudiantes ya eligieron a sus representantes para la mesa de diálogo, aunque aún no determinan aceptar la fecha y las condiciones para llevarla a cabo el próximo martes como propuso la SEP.
La asamblea estudiantil comenzó la tarde del jueves y hasta pasadas las 10 de la noche continuaban la discusión, aunque se perfilaba que aceptarían el diálogo.
En tanto, los representantes de la SEP aún no son elegidos, pero serán funcionarios, académicos o estudiantes que cumplan con dos condiciones: que conozcan a la institución y sean respetados por la comunidad.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
El dueño de Oceanografía ya está en prisión, pero los funcionarios sancionados por el caso siguen activos y sin multas.
Al tiempo que Amado Yáñez ingresó en el reclusorio sur del DF por delitos financieros graves, los cuatro funcionarios sancionados por el caso Oceanografía en Pemex están a punto de regresar al trabajo y ninguno de ellos fue multado.
Los funcionarios tienen niveles de gasto que triplican sus ingresos, de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, y no era la primera vez que se les castigaba por irregularidades.
El 24 de abril de este año, dos meses y medio después de que Oceanografía fuera inhabilitada por la diferencia en el pago de fianzas sobre varios de sus contratos, el Órgano Interno de Control de Pemex Exploración y Producción (PEP) sancionó a cuatro funcionarios de tercer nivel por “violación de procedimientos de contratación”.
El expediente CI-R-PEP-032 /2014 llevó a la destitución e inhabilitación de los funcionarios, pero ninguno de ellos recibió sanción económica.
El gerente de administración y finanzas sur de Pemex Exploración y Producción (PEP) con sede en Villahermosa, Joel Bermúdez Castro, fue destituido e inhabilitado por un año, hasta abril de 2015, de acuerdo con el registro de servidores públicos sancionados de la Secretaría de la Función Pública.
Castro estaba registrado con un sueldo neto mensual de 90 mil 549 pesos. A pesar de ello, escribió en su declaración patrimonial que durante el año pasado tuvo ingresos por 2.9 millones de pesos. Posee dos terrenos, dos casas y cuatro automóviles, comprados entre 2010 y 2013.
Aunque la inhabilitación causó efecto desde abril, Castro aún aparece como funcionario activo de Pemex en el registro del Portal de Transparencia del IFAI.
El subgerente de Seguridad y Control de Contratos de Obras Estratégicas en Villahermosa para PEP, Luis Ignacio García Mendoza, fue destituido y también inhabilitado por un año en el mismo expediente. En 2001 y 2002 ya había sido amonestado y suspendido por negligencia administrativa.
Su puesto tiene percepciones mensuales netas por 52 mil 640 pesos, pero su declaración patrimonial de 2013 muestra ingresos anuales que representan 124 mil pesos cada mes, más de dos veces su salario.
El tercer sancionado es Erick Cabañas Ramírez, quien se desempeñaba como especialista de bases técnicas para licitaciones en Ciudad del Carmen.
Su última declaración patrimonial es de 2009 aunque la suspensión es de abril de 2014. Fue inhabilitado por seis meses, que se cumplieron este jueves.
Quien obtuvo únicamente destitución y no inhabilitación fue José Juan Félix Arenas Muñoz, residente de obra para PEP en Villahermosa, con un sueldo neto mensual de 43 mil pesos.
A pesar de ello, reportó ingresos durante 2013 por 91 mil 400 pesos mensuales.
Ninguno de los implicados tuvo participación en el fraude a Banamex, según Pemex.
Comparte juez con Elba
Con el aliciente de que actuó sin complicidad de funcionarios públicos, la resolución por la que Amado Yáñez ingresó al reclusorio sur del Distrito Federal resultó tan ambigua como el resto de las informaciones oficiales divulgadas desde su detención el 20 de octubre.
El Consejo de la Judicatura Federal informó que el juzgado 14 penal del DF dictó la consignación contra Amado Yáñez como administrador único de Oceanografía, y se limitaron a decir que había cometido “delitos contra la Ley de Instituciones de Crédito”.
La probable responsabilidad penal por la que Yáñez podría ser sentenciado indica que la consignación sería por el caso Banamex.
El juez que dictó la consignación fue Rubén Darío Noguera, el mismo que en noviembre de 2013 determinó el segundo auto de formal prisión contra Elba Esther Gordillo por evasión fiscal.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
Felipe Consuelo Soto, juez tercero de Distrito en Materia Civil, resolvió que no puede reconocer las deudas de Oceanografía con Banamex como válidas.
El juez federal notificó este viernes la sentencia de reconocimiento y graduación de créditos en el concurso mercantil de Oceanografía, pero dejó fuera cinco créditos reclamados por Banamex, por considerar que no está debidamente comprobado que sean deudas líquidas y exigibles a la empresa de Amado Yáñez Osuna.
De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, los créditos no reconocidos de Banamex suman mil 602 millones de UDIS, aproximadamente 8 mil 334 millones de pesos, y el juez los rechazó pese a que el conciliador del concurso, José Antonio de Anda Turati, había propuesto darlos por válidos.
Banamex había reclamado que se le reconocieran al menos 405 millones de dólares, unos 5 mil 589 millones de pesos.
Felipe Consuelo indicó que el banco puede intentar de nueva cuenta el reconocimiento de sus créditos, durante el plazo que hoy inicia para interponer recursos de apelación contra esta sentencia, lo que le da a la institución bancaria nueve días para lograr algo que no fue posible en los cinco meses que lleva el trámite del concurso.
El juzgado avaló que de acuerdo con lo ordenado en el numeral 223 de la Ley de Concursos Mercantiles, “no se hará pago a los acreedores de un grado sin que queden saldados los del anterior, según la prelación establecida para ellos”.
Ayer jueves, el Consejo de la Judicatura Federal informó que el presidente de Oceanografía, Amado Omar Yáñez Osuna, consignado por delitos graves, se reservó su derecho a declarar y solicitó la duplicidad del plazo constitucional de 72 a 144 horas.
En una tarjeta informativa, recordó que el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales consignó penalmente a Yáñez Osuna, y que no tiene derecho a libertad bajo fianza ya que los delitos financieros de los que es acusado son considerados graves.
El propietario de Oceanografía está acusado del delito sancionado por la Ley de Instituciones de Crédito en la modalidad de las personas que para obtener un crédito proporciona a un organismo crediticio datos falsos sobre el monto de activos de una persona moral.
Esto se considera un delito si como consecuencia se origina un quebranto o perjuicio patrimonial para la institución cuando el monto de la operación quebranto o perjuicio patrimonial, exceda el equivalente a los 350 mil días de salarios mínimos.
FUENTE: SIN EMBARGO
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/24-10-2014/1151300.
Dos representantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa transmitieron, a través de esta televisora universitaria, la exigencia de que sus 43 compañeros "detenidos-desaparecidos" el pasado 26 de septiembre sean presentados con vida por las autoridades.
Por iniciativa de un grupo de estudiantes capitalinos, y con la anuencia de los trabajadores de TVUNAM, este jueves, 23 de octubre, dos representantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa transmitieron, a través de esta televisora universitaria, la exigencia de que sus 43 compañeros “detenidos-desaparecidos” el pasado 26 de septiembre sean presentados con vida por las autoridades.
“Y, ¿por qué mencionar (el término) ‘detenidos-desaparecidos’? –subrayó uno de los jóvenes normalistas– Porque hay pruebas, hay fotos, en donde se ve cómo se los llevan las patrullas (de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero). Entonces, no entendemos la razón de que mencionen (las autoridades) que no los tienen. Si no hubiera ninguna foto, ninguna evidencia de que ellos se los llevaron, a lo mejor tendríamos otra perspectiva. Sin embargo, ahí están las fotos en las cuales se ve cómo se llevan a los compañeros, cómo van aventados ahí, en las patrullas. Eso es lo que exigimos, que nos digan en dónde están los compañeros (…) Esas brigadas de búsqueda para encontrar a los compañeros que se han realizado pues simple y sencillamente son una tapadera, por el hecho de que ellos saben dónde están“.
A pesar de que los normalistas de Ayotzinapa aclararon que “no tenemos ningún interés en desaparecer ciertos poderes”, puesto que eso generaría “descontrol y es lo que menos se quiere, llegar a conflictuar”, en el mensaje transmitido por TVUNAM reiteraron el “repudio que tenemos hacia el mismo presidente (Enrique Peña Nieto), hacia el gobernador (Ángel Aguirre, quien horas antes pidió licencia para separarse del cargo), y hacia el alcalde del mismo municipio (de Iguala, José Luis Abarca)”, debido a que acciones represivas, como la sufrida el pasado 26 de septiembre, “no es la primera vez que acontecen en nuestro estado de Guerrero”.
Los dos jóvenes normalistas que se presentaron a cuadro denunciaron, también, que el objetivo de la “represión” y la “política fascista” emprendida por las autoridades es “desaparecer el normalismo rural, porque en este tipo de instituciones se nos enseña a pensar, a analizar las cosas. Entonces, lo que le interesa al gobierno es que no existan este tipo de escuelas, porque cuando uno egresa, empiezas a concientizar a más gente, empiezas a hacer a la sociedad crítica, y a eso es a lo que el gobierno le teme: a que exista gente que analice las cosas, que exista gente que te enseñe a pensar“.
Además, subrayaron, aún cuando “últimamente los mismos representantes del Estado ciertamente han tenido cercanía con nosotros, no nos han brindado ningún resultado (…) y el principal apoyo que hemos venido teniendo es de las organizaciones sociales”, a las cuales agradecieron sus expresiones de solidaridad, lo mismo que a los ciudadanos que en lo individual han prestado su ayuda o manifestado su indignación, y los invitaron a continuar exigiendo la presentación de los 43 normalistas raptados por la Policía Municipal de Iguala.
VÍDEO:
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FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
Una red de contrabando de textiles que evadió por un año al fisco fue denunciada ayer por la Secretaría de Hacienda.
Una red de más de 200 actores, entre proveedores, importadores y empresas ficticias que se dedicaba al contrabando de mercancías textiles importadas evadió al fisco más de 500 millones de pesos de pago de impuestos.
En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, informó que la dependencia a su cargo trabaja con el sector textil en un paquete de medidas para “que esto no vuelva a ocurrir”.
La red se dedicaba a importar mercancías subvaluadas al país, es decir, que tenían un valor menor al que realmente pagaron por ellas. Esto, explicó el funcionario, les permitía pagar menos impuestos por importarlas.
La dependencia, junto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), investigó las operaciones de esta red de julio de 2013 a junio de este año.
Descubrió que 31 importadores establecidos en el territorio nacional compraban la mercancía a proveedores extranjeros utilizando facturas falsas.
Además, pagaban a 113 empresas fachada en México, las cuales enviaban las ganancias a los proveedores, expuso el titular del SAT, Aristóteles Núñez.
Las operaciones irregulares de estas empresas ascienden aproximadamente a mil 512 millones de pesos.
Bajo investigación
Las empresas ya son investigadas por la PGR y fueron dadas de baja del padrón de importadores, por lo que ya no podrán seguir trayendo mercancías al país, confirmó Núñez.
Además, se les canceló el Certificado de Sello Digital y la Firma Electrónica para que no puedan facturar ni operar formalmente.
En la red participaron también 22 agentes aduanales que ya son investigados y que se les suspendieron sus patentes.
Hasta ahora, las autoridades han asegurado 85 cuentas bancarias que pertenecen a los involucrados, y se iniciaron 12 auditorías de comercio exterior.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: GEORGINA HOWARD
Todavía no se recupera por el derrame de gasolina en Arroyo Hondo y la entidad ya enfrenta una nueva fuga de petróleo.
En Tierra Blanca, Veracruz, la mancha de gasolina se extendió 24 kilómetros. El derrame, ocurrido el pasado 27 de agosto, tiñó de rojo el Arroyo Hondo y afectó a más de cinco mil familias.
A pesar de que dejó de ser noticia, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la entidad estimó que tomará cuatro años para compensar los daños, que van desde árboles secos hasta deterioros en campos de cultivo y ganadería.
Una contingencia ambiental similar, aunque a menor escala, se presentó este miércoles en el municipio de Coatzintla. Según informó la Secretaría de Protección Civil (PC) de Veracruz, se registró una fuga de petróleo en la comunidad de Troncones.
El derrame provocó un fuerte olor a combustible. Y es que el petróleo se extendió por las calles de la zona antes de llegar a los márgenes del Río Cazones, afectando a la comunidad de Plan de Ayala, en Tihuatlán.
La fuga también provocó que alumnos y docentes fueran desalojados de sus escuelas. Asimismo, provocó mareos y vómitos entre los habitantes.
Recuento de los daños
La dependencia estatal señaló ayer en un comunicado que 70 personas están refugiadas en albergues y que equipo médico se trasladó a la localidad para atender a los pobladores.
Protección Civil agregó que ya se realizan recorridos de evaluación de impacto ambiental con personal del Ejército Mexicano, Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y Conagua.
La titular de PC de la entidad, Noemí Guzmán Lagunes, dijo que están en coordinación con Pemex, por lo que ya se realiza la limpieza y se colocaron barreras oleofílicas.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ADRIANA LUSTHOFF.
MÉXICO, D.F: El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) transparentar la información estadística relacionada con averiguaciones previas iniciadas por el delito de desaparición forzada durante el sexenio de Felipe Calderón.
Mediante una solicitud de información, un particular solicitó a la PGR, entre otras cifras, el número de órdenes de aprehensión obtenidas y ejecutadas por el delito de desaparición forzada, el número de autos de formal prisión dictados, el número de sentencias de primera instancia dictadas, así como el número de sentencias firmes.
En respuesta la dependencia federal le proporcionó información estadística sobre la cantidad de averiguaciones previas iniciadas y consignadas, con detenido y sin detenido por ese delito, pero en el caso de las sentencias le indicó que el sistema estadístico institucional contabiliza el delito de desaparición forzada dentro del rubro “delitos cometidos por servidores públicos”, por lo que no podía entregar datos específicos.
En el caso de los autos de formal prisión, le indicó no contar con el dato exacto, porque el sistema estadístico institucional los contabiliza “en general y no por delito”.
Inconforme el requirente interpuso un recurso de revisión ante el Ifai, mismo que fue turnado a la ponencia de la comisionada Areli Cano Guadiana.
En su análisis, la comisionada advirtió que la PGR no cumplió con el procedimiento de búsqueda porque no turnó la solicitud a todas las unidades administrativas competentes, al menos cinco, para conocer sobre las órdenes de aprehensión.
La PGR, indicó, cuenta además con el Sistema Informático de Procuración de Justicia Federal y el Sistema Institucional de Información Estadística, que administran información como la requerida.
Asimismo, refirió que en diversos informes de labores se citan cifras de autos de formal prisión por diversos delitos y de ellos se desprende que sí cuenta con información específica respecto al delito de desaparición forzada.
Por ejemplo, dijo, en el Informe de Gobierno de 2007 de la PGR dicha dependencia dio a conocer el número de órdenes de aprehensión cumplidas.
En cuanto al número de sentencias respecto del delito de desaparición forzada, la comisionada afirmó que la PGR también conoce el dato y como prueba mencionó un boletín de prensa en el que se informó que Roberto Hernández Galarza, quien se desempeñaba como agente de la extinta Agencia Federal de Investigación, fue sentenciado a nueve años y cuatro meses de prisión, por su responsabilidad en el delito de desaparición forzada.
Cano Guadiana dijo que la desaparición forzada “es uno de los actos más extremos de violencia” y los hechos recientes de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa evidencian “el grave problema de las desapariciones forzadas en diferentes partes del país y la escasa o nula información existente”.
Por ello destacó que contar con registros construidos con base en criterios estandarizados por las distintas agencias del Ministerio Público, permitirá dar cuenta de la dimensión real del problema: “una información confiable y desagregada además de permitir la identificación de las víctimas es indispensable para que los familiares y la sociedad conozcan la verdad sobre estos hechos tan lamentables”, afirmó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: En medio de la conmoción que ha generado la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Rodrigo Archundia Barrientos, presentó su renuncia al cargo, supuestamente para asumir la dirección de la primera fiscalía regional de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con información difundida en Noticias MVS, tras su renuncia al cargo con carácter de irrevocable, Archundia comenzó a vaciar su oficina y a preparar la entrega-recepción de todas las unidades y áreas de la SEIDO.
Colaboradores del procurador Jesús Murillo Karam revelaron que el movimiento de Archundia forma parte de la reestructuración de la PGR para convertirse en Fiscalía General de la República.
Según dijeron, la dependencia se dividirá en fiscalías regionales con estructuras operativas que acortarán los tramos de control en términos de mando para que de manera regional se combatan los delitos y se atiendan de manera integral todas las denuncias que se presenten.
Con ello desaparecerían las subprocuradurías que actualmente tiene la PGR, entre ellas las de Derechos Humanos, la de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, y de Delitos Federales.
Rodrigo Archundia Barrientos fue designado titular de la SEIDO en noviembre de 2012, en sustitución de José Cuitláhuac Salinas Martínez, y antes participó como fiscal en el proceso penal que se le instruyó por delitos contra la salud y delincuencia organizada al general Jesús Gutiérrez Rebollo.
Además, formó parte del área de Investigaciones Especiales y fungió como titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro.
También fue coordinador general en la Unidad Especializada en Investigación y Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos, y director general de investigación y análisis.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Nacieron en México, crecieron en Estados Unidos y ahora no encuentran lugar ni de este ni del otro lado de la frontera. Son los ‘sin papeles’, jóvenes en los que la escritora Jill Anderson basa su libro ‘ Los otros dreamers’.
Un día cuando se trasladaba a su trabajo Nancy Landa fue detenida por “la migra”. Los oficiales de migración le exigieron papeles que, como indocumentada, no tenía. Estuvo 8 horas retenida en un centro de detención y después fue deportada a México.
Era 2009. En ese momento, Nancy dejó atrás todo: su familia, su trabajo y sus estudios universitarios. En fin, su vida.
Nancy era apenas una niña de 9 años cuando sus padres decidieron dejar para siempre su hogar en el Estado de México y buscar el “American Dream”.
Cruzaron de manera ilegal la frontera y se instalaron en Los Ángeles.
La niña comenzó pronto a acoplarse a su nuevo país y a sus costumbres: aprendió a hablar inglés sin olvidar el español.
La inscribieron en la escuela junto a niños norteamericanos y latinos. Luego al high school y después, a la universidad.
El sueño americano comenzaba a cristalizarse para Nancy…pero su destino era otro: ser una “dreamer”. Una de los 2.1 millones de indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños.
Nancy asegura que el día que fue deportada a México fue el peor de su vida.
Los oficiales de Migración la regresaron a un país que había dejado 20 años atrás, por Tijuana, una ciudad desconocida en donde no tenía nada.
Era una “sin papeles” en Estados Unidos, y ahora lo era también en México, el país donde había nacido.
“No sabía dónde me iba a quedar esa noche”, recuerda Nancy. “Ahí comenzó mi trayectoria del retorno”.
La acción diferida
Los “dreamers” son uno de los temas principales en el debate migratorio en los Estados Unidos. Hace dos años, tras movilizaciones importantes en todo el país, el presidente Barak Obama implementó una acción diferida (DACA, por sus siglas en inglés) para intentar detener las deportaciones de estos jóvenes y brindarles un número de seguro social y permisos de trabajo durante dos años.
‘Los otros dreamers’
Jill Anderson es una investigadora estadounidense que desde hace 8 años reside en la Ciudad de México. En la zona donde vive operaba una empresa de callcenter, donde trabajaban jóvenes mexicanos que hablaban con fluidez el idioma inglés.
Ese fue el primer acercamiento que tuvo Jill con los “dreamers”. Un contacto que marcó su vida persona y profesional.
“Ellos son jóvenes bilingües y biculturales, que por varias razones no tienen acceso a sus derechos binacionales ni en Estados Unidos ni en México. Esa quizás es la definición más importante de lo que es un ‘dreamer’ hoy en día”, explica la autora del libro “Los otros dreamers”.
La obra fue publicada de manera independiente el mes pasado y tiene el apoyo de asociaciones civiles como Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, Iniciativa Ciudad de México, US Mexico Foundation y el Gobierno del Distrito Federal.
Este trabajo, que realizó junto con la fotógrafa Nin Solís, documenta el testimonio de 26 jóvenes que han sido deportados por las autoridades migratorias de Estados Unidos o han decidido voluntariamente regresar a México por la falta de oportunidades en el vecino país, dada su condición de ilegales.
En Estados Unidos hay un movimiento social y político de los derechos a los jóvenes sin documentos que llegaron antes de los 15 años. Que llegaron como niños o adolescentes y se formaban su identidad y su lenguaje todo en Estados Unidos, pero sin las posibilidades de los derechos legales”, recuenta Jill.
En entrevista para Reporte Indigo, la escritora explica que cada uno de los chicos ofreció sus testimonios en inglés o en español.
“Cada quién escogió el idioma que querían hablar o querían escribir”, comenta la investigadora.
Del sueño americano a la pesadilla mexicana
Después de ser deportada a México, Nancy vivió la pesadilla de ser también una invisible para las autoridades mexicanas.
En Estados Unidos cursó con esfuerzos la licenciatura de administración de negocios en la Universidad Estatal de Northridge. Su condición de indocumentada la privó de conseguir una beca para cubrir los gastos universitarios, pero igual logró el título universitario.
De regreso a México, Nancy intentó en vano que le validaran sus estudios para realizar un posgrado. Nunca pudo. Ninguna universidad mexicana aceptó lo que cursó como ilegal en Estados Unidos.
Simplemente Nancy, la profesionista, no existía.
Una vez más tuvo que apostar por el destierro y se trasladó al Reino Unido para poder realizar su posgrado. Fue el único país que no le puso trabas para revalidar sus estudios.
“En México no se me facilitó seguir estudiando por el obstáculo de la revalidación”, comenta a Reporte Indigo. “Me puse a ver opciones y vi que en el Reino Unido no me pedían una revalidación entonces ahí empiezo a realinear mi vida para seguir ese sueño y viajé a Londres el año pasado”.
Hoy Nancy tiene 34 años y una maestría en Migración Global en University College London. Vive en la Ciudad de México, pero se considera ciudadana universal. Viaja por estudios a Canadá y países de Europa, pero no puede volver a los Estados Unidos.
Tras su deportación, el gobierno norteamericano la condenó a no pisar tierras estadounidenses por 10 años. Le faltan cinco años para solicitar una visa y poder ingresar legalmente al país donde creció y estudió profesionalmente.
“Hoy pienso que la movilidad es cuestión de personas privilegiadas muchas veces y no un derecho que puede ejercer todo el mundo. Sí me gustaría regresar a Estados Unidos a visitar. No me gusta tener esta restricción de no poder aunque sea visitar a mis amistades que todavía están allá”, detalla.
Los padres de Nancy también fueron deportados a México poco después de que a ella la expulsaron de los Estados Unidos.
‘Esperé 20 años la reforma migratoria’
Tanto la autora Jill Anderson como Nancy Landa muestran su decepción con el gobierno del presidente Barack Obama y su fracaso por llevar a cabo una reforma migratoria para legalizar la situación de millones de indocumentados que existen en Estados Unidos.
“Yo creo que como muchos esperé mucho de Obama”, comenta Jill. “Sí estoy decepcionada porque todavía no han logrado realmente una reforma, un apoyo real, porque siguen haciendo deportaciones, cientos de deportaciones diarias por todo el país, (…) realmente no se están dando cuenta de lo que pasa después de la deportación”.
Nancy confiesa que ella esperó durante 20 años la reforma migratoria y nunca llegó.
Sin embargo, no pierde las esperanzas de que algún día se concrete la legalización de los mexicanos y latinos que viven como indocumentados en los Estados Unidos.
¿Por qué Dreamers?
En Estados Unidos, Dreamer es una palabra política originada en 2001 con el acta “Development, Relief, and Education for Alien Minors”.
Esta iniciativa fue conocida también como Dream Act o La Ley Dream. Hasta el momento esta legislación, que buscaba legalizar la estancia de miles de jóvenes que habían llegado de niños a los Estados Unidos, no ha sido aprobada por el Congreso.
Mayores informes sobre este libro hay en las páginas www.losotrosdreamersthebook.com y www.losotrosdreamers.org
‘Dream in México’
Igual que Nancy, Daniel Arenas es un “dreamer”. Pero su caso es diferente.
Daniel dejó León, Guanajuato, y cruzó como ilegal a los Estados Unidos junto con su familia cuando tenía cuatro años.
Se fueron para seguir a su padre que trabajaba como indocumentado en Carolina del Sur.
En la ciudad de Spartanburg, Daniel cursó la primaria, la secundaria y la preparatoria. Soñaba con ir a la universidad, pero sabía que eso era imposible porque no era un ciudadano legal en Estados Unidos.
Entonces fue cuando tomó una decisión radical: dejar Estados Unidos, el país que consideraba su hogar, y regresar a México por su propia voluntad para estudiar profesionalmente.
“Regresé a México en el 2007”, recuerda Daniel, quien tiene hoy 25 años.
Se instaló en Monterrey para cursar la licenciatura de Relaciones Internacionales en el ITESM Campus Monterrey, con una beca y financiamiento que le ofreció la institución.
“Cuando regresé, me di cuenta que tenía muchas oportunidades en México, tenía más oportunidades de las que fueron evidentes en Estados Unidos en cuanto al estudio”, dice a Reporte Indigo.
Como estudiante del ITESM, Daniel pudo regresar a Estados Unidos para realizar intercambios académicos en las universidades de Virginia y Austin. En esos viajes de estudios se involucró con la University Leadership Initiative (ULI), una institución que apoyaba a los estudiantes indocumentados.
Un tiempo después, fundó “Dream in México”, una asociación que brinda ayuda y asesoría a los jóvenes mexicanos que como él residen en Estados Unidos como ilegales, pero buscan realizar estudios profesionales.
“Mi más grande sueño es que más jóvenes mexicanos indocumentados que están en Estados Unidos puedan considerar a México como una opción, si es que no están viviendo una situación ideal en Estados Unidos (…) y no lo vean como algo pesimista”, explica.
Hace tres años, Daniel fundó esta organización que hoy es conformada por miles de jóvenes que fueron deportados a México por los Estados Unidos o decidieron por su cuenta regresar a su país natal para continuar sus vidas.
“Estos jóvenes pueden ser un actor muy positivo en cualquier país, porque son biculturales, bilingües y muy talentosos y tienen un potencial enorme”.
El libro
El libro, que aborda el fenómeno de los dreamers en México, se publicó el mes pasado con un tiraje de 3 mil ejemplares en su primera edición apoyada por asociaciones civiles como Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, Iniciativa Ciudad de México, U.S.-Mexico Foundation, Iniciativa Ciudad de México y también del Gobierno del Distrito Federal.
Nin Solis: diálogo en imágenes
Las historias que escribe Jill Anderson en “Los otros dreamers” son acompañadas por fotografías captadas por el lente de Nin Solís. La fotógrafa acompañó a la autora y convivió con los chicos que le permitieron retratar sus vidas.
Nin viajó hasta Londres para vivir en el dormitorio que rentaba Nancy cuando realizaba su posgrado y acompañó a Daniel al pueblo de Guanajuato donde nació años atrás.
“Lo que yo quiero contar con estas imágenes es una historia paralela a la de los testimonios”, explica la fotógrafa.
“Los testimonios por los general comienzan en un momento en el pasado y se acercan al presente. Las fotos intentan capturar el presente, alguna huella del pasado y las fantasías sobre un posible futuro”.
Nin buscó retratar a los dreamers en su entorno inmediato: sus casas, sus recámaras y sus pueblos natales.
“En cada caso intenté que las imágenes funcionaran como un espacio para pensar y dejarle al espectador la última palabra. (…) Para mi era muy importante lograr un equilibrio entre lo poético y la visibilización de esta generación de jóvenes que vivieron durante años en las sombras”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: HIDALGO NEIRA.
Recientes medidas tomadas por la Universidad de Guadalajara prenden alerta entre profesores de asignatura, que denuncian una amenaza laboral para desaparecerlos. Alumnos se unen a sus demandas y llaman a una mesa de diálogo.
El cuerpo académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y alumnos de diversos centros universitarios se han manifestado inconformes respecto a las nuevas medidas para el registro de materias que estarán cursando los siguientes semestres.
La falta de pagos a los profesores de asignatura fue denunciada desde inicios de agosto de este año en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) por profesores integrantes del Colectivo Reflexión Universitaria (CRU).
Tras la presión ejercida por los académicos independientes, el rector tuvo que declarar que se comprometían al pago de los salarios retrasados, pero a la fecha algunos profesores no han recibido dicho salario.
Estos hechos sirvieron como antecedente a una nueva problemática, que es denunciada no sólo por profesores, sino por los estudiantes, de acuerdo con Ignacio Mancilla Torres, profesor de asignatura del CUCSH y excandidato independiente a rector como miembro del CRU.
“A finales del semestre pasado nos dijeron a los profesores de asignatura que no se nos iba a pagar y que el pago estaba condicionado a la segunda quincena de agosto, siempre y cuando tuviéramos un mínimo de alumnos registrados en la materia respectiva”, relató Mancilla Torres.
En ese contexto, la semana pasada fue anunciado a los alumnos un proceso de preregistro en el que inscribirán materias de forma preliminar para así dar un panorama a la UdeG sobre las materias y su convocatoria para con los alumnos.
Este hecho ha sido convocado por los profesores de asignatura, quienes no gozan de un contrato colectivo de trabajo y su sueldo está sujeto al número de horas que obtengan.
“Lo que se está llamando es que los alumnos se registren en una lista nominal de materias, sin maestro, para el próximo semestre evaluar (…) cuáles (materias) serían viables de darse y cuáles no. El asunto es que justamente como maestros vemos esto como una amenaza laboral”, señaló Mancilla Torres.
Actualmente, del total de 16 mil 522 miembros académicos de la Red Universitaria de la UdeG, 9 mil 298 son de asignatura, es decir, el 56.3 por ciento de los profesores.
De ese porcentaje, sólo el uno por ciento tiene un contrato definitivo y poco más del 60 por ciento tiene más de cinco años de antigüedad, por lo que una ausencia de nombramiento definitivo en la universidad contraviene al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de la UdeG.
La diferencia de carreras, factor clave
Con la nueva medida impuesta por la rectoría de la casa de estudios, aquellos profesores de asignatura que tengan materias optativas para el grueso del alumnado de las diversas carreras y no cubran una cuota mínima de alumnos, podrían perder esa hora de salario.
Los profesores de asignatura ganan alrededor de 50 a 60 pesos por cada hora de clase.
“Es probable que en esa circunstancia algunos de los maestros que a ellos (los alumnos) les gustan, en términos de la calidad de sus clases no estén, si le dan clases optativas, por ejemplo, y no se registran suficientemente. Porque las clases optativas sí tienen un sesgo mucho más especializante”, explicó Ignacio Mancilla ante la problemática de que algunas clases puedan desaparecer.
Un maestro que goza de una plaza tiene un salario asignado y por tanto no hay vulnerabilidad al no cubrir cuotas mínimas de alumnos.
En el caso de los profesores de asignatura sus clases deben cubrir un mínimo de diez alumnos, aunque Mancilla señaló que existe ambigüedad respecto a ese tema y acusa que “no hay claridad”.
“El problema aquí es la diferencia de carreras, por ejemplo en una asamblea que hicimos en estos días, una alumna decía que a la carrera de Antropología entran semestralmente 30 personas, toda la carrera más los que se van saliendo, cómo vamos a hacerle para tener cinco o diez alumnos en una clase”, manifestó el profesor del CUCSH.
La asamblea
De acuerdo con Ignacio Mancilla, al menos en el departamento de Filosofía —donde él labora— se les informó a los profesores, el pasado jueves 16 de octubre, que habría cambios respecto al registro de los alumnos al implementar un preregistro.
En ese sentido, el pasado martes 21 de octubre, en el jardín de la carrera de filosofía del CUCSH, se realizó una asamblea a la que asistieron alumnos y maestros para mostrar la problemática antes planteada, y en donde se decidió que no se realizaría tal registro de materias.
Ahora denominados como Asamblea CUCSH, los alumnos de dicho centro han expresado su inconformidad para con el nuevo sistema de registro, además de signar un escrito que será entregado este viernes al mediodía a las autoridades de dicho centro.
“Al calor de esa asamblea se gestó un documento común que firmaremos maestros y alumnos, donde estamos llamando que se dé marcha atrás al preregistro, estamos llamando a una mesa de diálogo, y estamos llamando también a que cualquier medida que afecte tanto alumnos como a maestros se nos haga de nuestro conocimiento para que se hagan acuerdos comunes”, explicó Mancilla Torres.
Este viernes es la fecha límite para que los alumnos hagan su preregistro, y aunque algunos ya han manifestado su rechazo a realizarlo y han firmado una petición para que sea eliminado, esperan que las autoridades universitarias sean sensibles a sus denuncias y abran una mesa de diálogo con ellos.
“Lo que nosotros queremos es sentar una mesa de diálogo, y dependerá de cuál sea la respuesta de las autoridades (…) estamos abiertos, eso lo hemos dicho todo el tiempo como Colectivo de Reflexión Universitaria y como asamblea del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
“Estamos abiertos al diálogo, y del tipo de respuesta que tengamos dependerán las acciones que tomaremos”, sentenció Mancilla Torres.
Y aunque el nuevo sistema de preregistro debe ser aplicado en toda la red universitaria, es al interior del CUCSH que se han evidenciado el mayor número de demandas y se han planteado puntos que entregarán a las autoridades de la universidad.
Contrastes universitarios
Mientras algunos profesores de asignatura aún no reciben su salario que adeuda la Universidad de Guadalajara desde la primera semana de agosto, también ha habido denuncias sobre el salario del rector.
Tonatiuh Bravo Padilla gana alrededor de 110 mil pesos mensuales y ha sido ampliamente criticado por la prensa local por estar al mismo nivel que el del gobernador del estado de Jalisco, mientras que los profesores de asignatura ganan apenas alrededor de los 5 mil pesos.
De igual forma existen otras problemáticas latentes al interior de la UdeG, como el dobleteo en el personal de la casa de estudios.
Tal es el caso del hermano del rector general, Tenoch Huematzin Bravo Padilla, quien goza de dos sueldos por parte de la universidad.
El primero de ellos es de 24 mil 524 pesos mensuales por su puesto de coordinador de la carrera de Arquitectura en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, además de percibir 15 mil 596 al ser profesor e investigador, de esa forma recibe mensualmente 40 mil 120 pesos mensuales por parte de la casa de estudios.
“En lo personal, como miembro del Colectivo Reflexión Universitaria, nos hemos manifestado; la burocracia media y media-alta, y alta por supuesto, goza de muy buenos salarios (…) si también consideramos esta cuestión de que muchos universitarios tienen doble plaza (…) entonces tienen dobles sueldos y sueldos elevados.
“Esto implica que hay una casta privilegiada a costa de una mayoría que estamos en una vulnerabilidad salarial impresionante”, señaló Ignacio Mancilla Torres, profesor de asignatura y miembro del CRU.
El CRU también ha denunciado que el pasado jueves 12 de junio fue aprobado, en asamblea extraordinaria, un préstamo de 120 millones de pesos por parte del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
De esta forma denuncian los contrastes entre la falta de pago a los profesores y el “despilfarro” de la universidad.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JONATHAN ÁVILA.
Ciudad de México, 23 de octubre: La Cámara de Diputados tiene ya en su poder la solicitud de juicio político en contra del Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero; el Procurador general de la República, Jesús Murillo Karam; y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El Diputado petista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, proponente de las denuncias, detalló que los servidores públicos en comento son responsables por una serie de acciones y omisiones que derivaron en la violación constante de derechos humanos, la ingobernabilidad en la entidad y la falta de resultados para encontrar a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
“Estamos ante hechos muy graves, porque estamos hablando de Ayotzinapa, que no es cualquier cosa; y de omisiones, en este caso del secretario de Gobernación, del Procurador General de la República y de un Gobernador, que por no actuar se generó todo esto que sabemos”, sostuvo en entrevista para Sin Embargo.
El Diputado Huerta no despega los pies de la tierra, sabe que su solicitud de justicia en contra del secretario Osorio Chong, del Procurador Murillo Karam y del Gobernador Aguirre Rivero sólo procederá con la voluntad política de los partidos mayoritarios en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, porque es un asunto de mucha la tensión política.
Por eso, llamó a los coordinadores parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) a dejar de lado el doble discurso y a colaborar para que no haya impunidad en el caso Iguala.
“Lo que la cámara debe de hacer en este momento es darle paso a este juicio político que no hace otra que decir ‘sí tienen responsabilidades administrativas los funcionarios, sí fueron omisos, o por el contrario, que me demuestren que sí hicieron bien su trabajo”, sostuvo.
No obstante, el petista observó poco interés de los coordinadores parlamentarios de los partidos mayoritarios para empezar a analizar los motivos de esta denuncia, del mismo modo que ocurrió con la propuesta del mismo legislador para crear una fiscalía especial que sustituyera a la Procuraduría General de la República por los escasos resultados para dar con el paradero de los normalistas desparecidos desde hace casi un mes.
A pesar de esto confió en que al dar entrada a la solicitud de juicio político se avanzará en el camino correcto para recuperar la normalidad institucional legal y las autoridades pensarán mejor en hacer bien su trabajo.
“De haber voluntades políticas de los partidos que tanto hablan de que quieren que se avance contra la impunidad, esto pudiera proceder más rápido de los tiempos legales”, apuntó.
A partir del pasado miércoles 22 de octubre, día en que el Diputado ratificó la denuncia, la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva y las comisiones de Gobernación y de Justicia, tienen un plazo de 30 días para crear una subcomisión investigadora para revisar los argumentos de la solicitud de juicio político y emitir un dictamen en que se informe si procede o no la propuesta.
JUICIO POLÍTICO CONTRA OSORIO CHONG
El pasado 20 de octubre, la Secretaría General de la Cámara de Diputados recibió la solicitud de juicio político en contra del Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y del procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por ser presuntos responsables de violación “grave y sistemática” en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Ayotzinapa.
Menos de 48 horas después, el mismo legislador se presentó ante el director de servicios legales de la Cámara de Diputados, Jorge Ricardo Jiménez Ramírez, para ratificar su denuncia y ampliarla con una solicitud de juicio político en contra del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El legislador acusó al funcionario de evadir su responsabilidad al no investigar oportunamente el presunto asesinato de Arturo Hernández Cardona y otros perredistas, el 31 de mayo de 2013, a pesar de que la Comisión Permanente se lo pidió de manera oficial.
Recordó que el 12 de junio del 2013, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo por el cual se pidió a la Secretaría de Gobernación investigar la desaparición de ocho integrantes de la Unidad Popular de Iguala, que derivó en la ejecución de Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas y Ángel Román Ramírez.
La proposición fue suscrita por la Senadora Dolores Padierna Luna, y las diputadas federales Aleida Alavez Ruiz y Lizbeth Rosas Montero, quienes solicitaron que la Procuraduría General de la República atrajera la investigación del caso, en donde se señaló como autor intelectual al entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, hoy prófugo de la justicia por su presunta responsabilidad en dar la orden para detener a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.
Asimismo, se pidió al Comisionado nacional de Seguridad que instruyera a integrantes de la Policía Federal a suspender de inmediato “los actos de intimidación y persecución en contra de los defensores de derechos humanos”.
El Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara sostuvo que el secretario de Gobernación fue omiso a la solicitud de la Permanente para que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajera la investigación del caso.
“En los hechos sabemos que fueron omisos, porque todos sabemos que la PGR apenas atrajo el caso en días pasados”, expresó el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
AGUIRRE Y MURILLO KARAM
Con el apoyo de legisladores de su bancada, el petista Manuel Huerta Ladrón de Guevara solicitó un juicio político en contra del Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, porque el mandatario “ya no tiene control ni de la seguridad”. Por el contrario, dice el documento, es responsable de la violación grave y sistemática de derechos humanos en la entidad.
En el texto se precisó que sus acciones han afectado la normalidad política y administrativa en el estado, específicamente en los municipios de Iguala, Cocula, Arcelia, Buenavista de Cuéllar, Taxco, Apaxtla, Cuetzala del Progreso, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo, Olinalá y Acapulco.
En aquella ocasión, la Diputada petista Lilia Aguilar Gil, integrante de la comisión especial que da seguimiento a los hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre en Iguala informó que pediría a este órgano integrar la solicitud de juicio político, como parte de los objetivos de la comisión.
“Si la comisión especial no asume el Juicio Político como uno de sus objetivos, nosotros haremos uso de nuestro derecho establecido en la Constitución, para promover el Juicio Político en la Cámara de Diputados”, afirmó.
Sin embargo, su solicitud no tuvo eco al interior de la Comisión integrada por un legislador de cada grupo parlamentario representado en la Cámara de Diputados.
Por su parte, el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara confió en que pronto inicie la solicitud de juicio político contra el Gobernador de Guerrero, el procurador general de la República y el secretario de Gobernación.
“Puede haber otro tipo de responsabilidades, como penales pero no es mi labor, ni de la Cámara de Diputados juzgar eso. Eso tendrá que ser a partir del litigio administrativo que estoy disparando con este juicio”, apuntó.
Por lo pronto, consideró que la Cámara de Diputados se ha comportado como un cuerpo sin alma, calificó a la Junta de Coordinación Política como “frívola”, por no haber dado entrada a su solicitud para crear una fiscalía especial. “Nunca vi el interés, lamentó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: David Martínez Huerta.
LINK: http://www.sinembargo.mx/23-10-2014/1150655.
En entrevista con Carmen Aristegui, Bruno Placido Valerio que los restos encontrados en las fosas son recientes porque había cortes de carne semiroja revuelta con tierra.
Bruno Placido Valerio, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) consideró que los restos de las nueve fosas que localizaron ayer en Iguala son recientes porque había “carne semiroja”, lapiceros y mochilas, sin embargo dijo que el gobierno debe realizar el trabajo profesional para la identificación de los restos y ya buscaron ala Policía Federal.
En entrevista con Carmen Aristegui, Placido Valerio explicó que el objetivo principal de la UPOEG es buscar a los 43 normalistas de Ayotzinapa y otros desaparecidos del estado. “La gente tiene mucha información pero tienen desconfianza” y están trabajando con ellos para tener más datos, explicó.
A casi un mes de que 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos por policías de Iguala las movilizaciones en México y en el mundo crecen, sin embargo las investigaciones oficiales no han tenido resultados sobre su localización.
Cabe señalar que José Luis Abarca, alcalde de Iguala y su esposa, María de los Ángeles Pineda, quienes han sido señalados por la Procuraduría General de la República como principales culpables de los hechos por sus vínculos con el narcotráfico, continúan prófugos y este jueves Ángel Aguirre solicitó licencia como gobernador del estado.
Bruno Pacido indicó que buscan al Alto Comisionado de derechos humanos y la CIDH para realizar una mesa y saber cuántos desaparecidos hay en el estado.
FUENTE: NOTICIAS MVS
AUTOR: Gabriela Reyes Sanchez
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