Al menos cuatro de los padres de los menores fallecidos acudirán a una reunión con los comisionados de la CIDH James Cavallaro, Rosa María Ortiz y el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, como parte de las audiencias en el 153 periodo ordinario de sesiones en Washington.
Harán la petición formal para que el organismo internacional evalúe la admisibilidad y pueda atraer el caso para su análisis. De confirmar las violaciones a derechos humanos, la Comisión podría emitir un informe con las recomendaciones y señalamientos al Estado mexicano.
Este lunes a las 11:00 de la mañana, hora de México, los padres presentarán un video de lo sucedido en la guardería ABC el 5 de junio de 2009 y expondrán sus argumentos sobre la presuntas violaciones a los derechos humanos cometidos por el Estado en una de las tragedias más dolorosos en el país.
Los temas sobre los que se finca esta petición es “la falta de acceso a la verdad, a la justicia y a reparación del daño entendida como la garantía de no repetición”, explica Sthephanie Erin Brewer, integrante del equipo legal del Centro Miguel Agustín Pro Juárez que acompaña a los padres.
Tanto en las investigaciones como en los procesos penales e incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha argumentado que lo ocurrido en la guardería fue producto de la negligencia de “unas cuantas personas con puestos de bajo rango” en Hermosillo, Sonora; pero “en la realidad la guardería es un ejemplo paradigmático de la situación de inseguridad, incumplimientos e irregularidades que prevalecían en prácticamente todas las guarderías subrogadas por el IMSS en el país”, explica Brewer.
En entrevista, asegura que la muerte de 49 menores es responsabilidad es de “toda una estructura, de una decisión tomada desde los más altos niveles en el IMSS de subrogar guarderías a particulares en una lógica de mercado, convirtiéndolas en un negocio lucrativo y a los niños y niñas en una oportunidad de ganar dinero gastando lo menos posible”.
Después de estos años no ha habido un reconocimiento de ese nexo con el incendio. Por eso, las investigaciones tampoco se han enfocado en la posible responsabilidad de altos mandos a nivel federal y estatal, afirma la abogada.
Después de agotar todas las instancias legales en México y sin encontrar la reparación del daño con la garantía de no repetición, ni castigo a toda la línea de responsables, las víctimas pueden acudir a los organismos internacionales, según los instrumentos de protección de los derechos humanos.
La última instancia
La muerte de 43 niños y niñas ha quedado impune, según han denunciado los padres, toda vez que no hay ningún responsable en la cárcel.
Y es que la cadena de responsabilidad, aseguran las víctimas, debía alcanzar al entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; el ex director del IMSS, Daniel Karam Toumeh; el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours y el ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou.
La Suprema Corté de Justicia de la Nación atrajo el caso en 2009 y un año después, en votación dividida, los ministros concluyeron que sólo funcionarios medios de los niveles federal, estatal y municipal tuvieron alguna responsabilidad.
El fallo de la Corte era una esperanza de los padres para encontrar justicia y aunque la conclusión no los satisfizo, las sentencias del máximo órgano legal no pueden ser impugnadas por alguna otra instancia.
Al agotar las instancias legales en el país, se cumple con uno de los requisitos para que la solicitud ante la CIDH sea aceptada.
Otro de los preceptos es que no se ha alcanzado ningún compromiso del Estado para la no repetición. Aunque gracias al activismo de los padres se promulgó la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil conocida como “Ley 5 de junio” en 2011, los estados no la están aplicando.
La legislación pretende garantizar la seguridad de los niños y niñas en guarderías, pero sólo Jalisco ha concluido con la promulgación de ley y el reglamento correspondiente.
Aunque los estados estaban obligados a adecuar sus leyes locales en el año siguiente a la publicación sólo algunas lo han hecho. Se trata de Sonora, el Estado de México, Puebla, Colima, Baja California y Yucatán, pero faltan sus leyes secundarias.
Los padres esperan encontrar una respuesta favorable en la CIDH, sin embargo, no hay tiempo estimado para que el organismo resuelva aceptarlo, lo que podría llevar años.
Después, en caso de darle entrada, vendría el litigio sobre la responsabilidad del Estado y al final, la publicación de un informe.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELIROLDÁN
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