Pese a ser el tercer estado más violento en el país, el gobernador de Michoacán no solicitó dinero para combatir la inseguridad.
A pesar de ser uno de los estados con mayores problemas de inseguridad y levantamientos armados, el Gobierno de Michoacán decidió no pedir ni un centavo a la Federación para financiar programas de seguridad pública.
Ayer, autoridades del estado se reunieron con diputados federales para exponer sus requerimientos presupuestales para el año 2015.
Presentaron una cartera de 80 proyectos estratégicos en diversas áreas, que van desde la construcción de infraestructura hasta la creación de un parque conmemorativo para el Ejército Mexicano.
Para ello, solicitaron casi 7 mil 100 millones de pesos.
Sin embargo, ninguno de esos programas se refiere a cuestiones de seguridad pública, mejoramiento policial o combate a grupos delincuenciales.
Reunidos con Silvano Aureoles Conejo -diputado perredista, presidente de la Mesa Directiva y aspirante por segunda ocasión a la candidatura al gobierno michoacano-, tanto Salvador Jara Guerrero, actual gobernador del estado, y Juan Carlos Rodríguez Pueblita, secretario estatal de Finanzas, pusieron el énfasis en que los recursos que solicitan se enfocan a proyectos de desarrollo económico y de infraestructura.
“Son proyectos que pueden ser prioritarios, que pueden tener un impacto directo en la actividad económica y en la productividad en Michoacán (…) se han ido identificando a partir de criterios objetivos sobre la marginación, el desarrollo de los municipios y la necesidad que identificamos de canalizar recursos para fortalecer la infraestructura pública de Michoacán”, expuso Rodríguez Pueblita.
En la reunión, en la que estuvieron presentes otros diputados de Michoacán, el tema de la crisis de seguridad y la presencia del crimen organizado no mereció un solo comentario.
Ni siquiera las declaraciones de Servando Martínez, “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios en las que afirmó que no se entregará y señaló la infiltración del crimen organizado en la Fuerza Rural, provocaron a las autoridades o legisladores michoacanos hacer un pronunciamiento.
Estos temas no solo estuvieron ausentes en la reunión. Lo estuvieron también en el documento Requerimientos para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, del que Reporte Índigo tiene copia.
Cuestionado por reporteros sobre el tema de recursos asignados a la seguridad pública en Michoacán, Jara Guerrero comentó que todos provendrán de la Federación.
“Ahorita lo checamos. ¿Se lo podemos pasar en una tarjetita? No lo tengo de memoria. Lo que pasa es que ahí entran todos los programas especiales de seguridad a nivel nacional, entonces seguramente va a haber incrementos, pero yo no los tengo ahorita presentes”, señaló el gobernador de Michoacán.
Así, las autoridades del tercer estado más violento por la presencia del crimen organizado y con el segundo despliegue de Fuerzas Federales más importante del país, dejaron todo el tema del dinero destinado a seguridad, en manos del Gobierno Federal.
Carreteras, la prioridad
De los 80 proyectos estratégicos que presentaron las autoridades de Michoacán es en el sector de comunicaciones donde están las mayores peticiones, con 4 mil 709 millones de pesos. Se compone de 19 proyectos estratégicos que comprenden la construcción o rehabilitación de carreteras, calles, puentes y caminos.
El proyecto más caro de ese rubro es la Construcción del Libramiento Ferroviario de la Ciudad de Morelia, obra que constará de 79 kilómetros de longitud, y para la que se piden recursos por 3 mil 500 millones de pesos.
En el sector de agricultura y sistemas de riego se inscribieron un total de 13 proyectos, entre los que destacan la construcción de cárcamos o la rehabilitación de zonas de riego.
En desarrollo social, sin embargo, uno de los pilares que ha sido mencionado por el Gobierno Federal para la reconstrucción del tejido social, solo se contemplaron tres proyectos: la construcción de una guardería en el municipio de Sahuayo; otra, en el municipio de José Sixto Verduzco; y la construcción de un Centro contra las Adicciones en el municipio de Lázaro Cárdenas.
Los rubros de cultura y deporte, otros básicos para la reconstrucción social, solo cuentan con un proyecto cada uno.
En el caso de cultura, la única obra para la que el Gobierno de Michoacán pidió recursos, es para la construcción de un Parque Cultural conmemorativo de los 100 años del Ejército Mexicano, para el que se solicita una inversión de más de 37.5 millones de pesos.
Los proyectos
> 80 proyectos fueron en total para los que solicitaron presupuesto
> 19 en el rubro comunicaciones
> 13 en materia de Agricultura y Sistemas de Riego
> 9 para Agua potable y Saneamiento
> 4 para el sector de Economía
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
PUEBLA, Pue. (apro).- La organización Artículo 19 anunció que presentará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso Chalchihuapan por el acoso y represión que padece el pueblo a manos del gobierno de Rafael Moreno Valle.
Leopoldo Maldonado Gutiérrez, abogado de la agrupación internacional, indicó que ese asunto forma parte de tres expedientes que se expondrán el próximo 30 de octubre ante la CIDH, con el objetivo de evidenciar el clima de represión contra las manifestaciones sociales.
Otro caso que se presentará, dijo, es la agresión que sufrieron manifestantes el 1 de diciembre de 2012 durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, así como la represión del 2 de octubre de 2013 contra participantes en la marcha conmemorativa de la matanza de Tlatelolco.
Artículo 19 anunció esa determinación en una rueda de prensa que se realizó en la sede del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), en la Ciudad de México, a la que acudió Elia Tamayo Montes, madre de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo –el niño que perdió la vida tras el operativo policiaco del pasado 9 de julio en la carretera Atlixco-Puebla–, acompañada de las esposas de los pobladores detenidos el sábado 18.
Las mujeres narraron que la madrugada de ese día, elementos policiacos irrumpieron en distintos domicilios de San Bernardino Chalchihuapan, rompieron puertas, amenazaron con armas, golpearon a mujeres, ancianos y niños, y detuvieron a cinco personas sin presentar órdenes de aprehensión.
De acuerdo con Maldonado Gutiérrez, al parecer el gobernador poblano aprovecha que la atención nacional se concentra actualmente en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, para reaprehender a los habitantes de Chalchihuapan por haberlo denunciado públicamente por la represión violenta que sufrieron el 9 de julio.
Lejos de cumplir con la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el pasado 11 de septiembre, Moreno Valle arremetió nuevamente contra los pobladores, apuntó.
MÉXICO, D.F. (apro).- A más de un mes de que se declararon en paro, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) flexibilizaron una de sus demandas al aceptar que el presidente Enrique Peña Nieto nombre a un director interino de la institución académica mientras se realiza el Congreso Nacional Politécnico.
“Aceptaremos al nuevo director interino que proponga el presidente de la República Mexicana. Por supuesto que estamos abiertos al diálogo con ellos y es responsabilidad del presidente de la República poner a una persona que vaya afín a los principios fundamentales del Politécnico”, dijo este martes Alejandro del Carmen, alumno representante en la mesa de diálogo con las autoridades federales.
No obstante, pidió que el próximo director cumpla con los lineamientos de la Ley Orgánica de la institución y aclaró que su gestión durará sólo hasta que concluya el Congreso Nacional Politécnico, una de sus principales demandas.
Abraham de la Cruz, representante de la Escuela Superior de Economía (ESE), agregó que el director designado deberá cumplir con el perfil marcado en el artículo 13 de la Ley Orgánica de IPN y estar “realmente comprometido” para “escuchar y conciliar” la problemática de la institución.
En la asamblea de este martes, los estudiantes confirmaron que seguirán como colectivo en la Asamblea Interuniversitaria con acciones coordinadas para exigir la presentación de los 43 normalistas desaparecidos en Guerrero. Se prevé que mañana haya movilizaciones para tomar casetas carreteras y televisoras.
En tanto, una comitiva de estudiantes entregó a funcionarios federales la propuesta para realizar una Mesa de Diálogo Público el próximo jueves en las instalaciones del IPN.
La Asamblea General Politécnica (AGP) presentó a los 21 integrantes de esta mesa. Tres de ellos cursan actualmente un posgrado, el resto son alumnos de vocacionales y de escuelas superiores.
Los estudiantes argumentaron que son alumnos de excelencia y algunos tienen becas para estudiar en el extranjero; agregaron que fueron elegidos con criterios fijados por la misma asamblea, aunque no se detallaron.
La AGP exhortó a los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de Educación Pública, Emilio Chuayffet, y de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, a acudir a este encuentro para avanzar en la toma de decisiones.
Su presencia, dijeron, daría “mayor certeza para poder sacar adelante la solución del pliego petitorio lo más rápido posible en bien de la comunidad estudiantil”.
No obstante, pidieron que de no asistir “envíen funcionarios con personalidad jurídica que nos puedan dar seguimiento a las propuestas y a las peticiones que han presentado”.
Por la mañana, un grupo de estudiantes del IPN identificado como “Poder Guinda y Blanco”, marchó del Monumento a la Revolución a la Secretaría de Gobernación para exigir el término del paro estudiantil y la reanudación de las clases para no perder el semestre.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Se le acusa de haber ocasionado un fraude contra Banamex, delito considerado grave, por lo que el dueño de Oceanografía no tiene derecho a fianza.
Una semana después de que fuera detenido con una orden de presentación y luego de que la deuda de Banamex no fuera reconocida por el juez del concurso mercantil, el juzgado 14 de distrito de procesos penales federales dictó auto de formal prisión contra Amado Yáñez.
El Consejo de la Judicatura Federal evitó pronunciarse sobre cuál caso en específico llevó a la acción penal en su contra.
Sin embargo, la alusión por segunda vez a la causa penal 96/2014 menciona que el auto de formal prisión es “en su calidad de administrador único y accionista de la empresa Oceanografía”.
Yáñez es acusado de delinquir la Ley de Instituciones de Crédito. Se le presume culpable de haber aportado datos falsos sobre los activos de Oceanografía, lo cual resultó en un perjuicio patrimonial para otra compañía por más de 23.5 millones de pesos.
El alegado fraude a Banamex fue de más de cinco mil millones de pesos que el banco había entregado a Oceanografía como adelanto de pagos de facturas.
El esquema incluía adelantos que Oceanografía debía solventar para continuar la operación de la empresa y dar servicios a Pemex, principalmente en la sonda de Campeche.
Luego la institución bancaria cobraba de Pemex Exploración y Producción sobre los contratos de renta de barcos y otros servicios que la compañía de Yáñez prestaba a la petrolera.
El Consejo reiteró que el delito por el que ahora se le dictó auto es “calificado como grave por la ley; por lo que continuará el procedimiento privado de su libertad”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
En un nuevo audio que sale a la luz, presuntamente ‘La Tuta’ pide perdón por el daño que ha hecho y asegura que no dará cuentas a nadie en este mundo terrenal.
Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, rompe el silencio para lanzar un claro mensaje.
“No me entregaré. No pienso pagarles a las autoridades en este mundo terrenal. No pienso pagarle ni a Alfredo Castillo Cervantes, ni al procurador Martín Godoy Castro, ni al secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra. No pienso pagarles a ellos y les voy a dar el gusto”, asegura el reconocido jefe del cártel de Los Caballeros Templarios en un audio que circula en las redes sociales.
El mensaje de “La Tuta”, que se aboca especialmente a jueces, magistrados, senadores, agentes del ministerio público y periodistas a quienes les pide que actúen con consciencia, se comenzó a difundir desde la página de Facebook denominada Por un Michoacán Libre de PC SDR.
En los 24 minutos que dura el audio, el líder criminal pasa de la calma a la ira con facilidad y acusa sin miramientos.
Asegura que al menos de la mitad de los integrantes las autodefensa o la Fuerza Rural, en algún momento de su vida sirvió fielmente al cártel de los Templarios o a la Familia Michoacana.
“Arrepentidos, como ustedes quieran, pero ahora con tal de salvarse… que no se van a salvar chiquititos, a todos se los van a llevar. La gente ya está enfafada. La enfadamos 10 años La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios (…) ahora ustedes también van a ir para dentro”.
De acuerdo al psicólogo Alberto Tello Luna, especialista en intervención clínica psicoanalítica, la voz que se escucha en el audio corresponde a la de una persona que está determinada a quitarse la vida.
“Es una especie de testamento lo que está dictando. Él se está descargando de las culpas que considera no lo dejan vivir y se está colocando en una posición de limpieza para quitarse la vida en cualquier momento”, asegura el especialista.
Detalla que quien habla en el audio denota un gran desgaste emocional.
“Al lanzar un mensaje público de esta naturaleza está buscando un poco de tranquilidad, está compartiendo con quienes espera que lo escuchen un poco de la carga emocional que viene soportando todos los días. Podríamos estar hablando de una persona que se encuentra próxima a cometer un acto de sucedido”, explica Tello Luna.
El psicólogo reconoce la posibilidad del suicidio, sobre todo por las disculpas que pide cuando se dirige a los familiares de todos los que ha asesinado.
En el audio, insiste el especialista, hay indicios de manipulación emocional para quien escuche el mensaje.
Se trata de un líder que se dirige a un auditorio que sabe que lo puede hacer suyo, refiere.
‘A salto de mata’
El audio sale a la luz justo días después de que se ha intensificado la búsqueda del jefe de Los Templarios en todo el territorio estatal. Búsqueda a la que se han sumado más de 100 efectivos de la gendarmería nacional.
Desde hace más de tres meses, un comando especial de la Policía Rural le sigue los pasos en la zona de Tierra Caliente.
Apenas el pasado 24 de septiembre, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, dijo que el jefe del desarticulado cártel de Los Caballeros Templarios andaba “a salto de mata”.
El funcionario federal aseguró que “La Tuta” no tenía un lugar fijo de residencia en Michoacán y que se dedicaba a subsistir en cuevas y cañadas de la zona serrana del sur del estado.
En la grabación, Gómez Martínez reconoce que sí anda “a salto de mata”, pero corrige a Rubido con un tono sarcástico:
“No ando en burro, ando en burra”.
Cierran el cerco
El audio de “La Tuta”, que se difundió rápidamente por las redes sociales, aparece a menos de 24 hora de que la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE) dio a conocer que se han integrado más de 30 videos en la averiguación previa penal que se le sigue a Servando Gómez.
En ese material, señaló la PGJR, el jefe de Los Templarios aparece en distintas reuniones con personajes de la vida pública, política y económica de la entidad.
Pide que los atrapen
“Con todo respeto para el Ejecutivo del Gobierno Federal”, Servando Gómez Martínez recomienda a Enrique Peña Nieto que ponga atención a lo que está pasando en Michoacán y prácticamente lanza un reto para que los detengan.
“Yo únicamente les pido, con mucho respeto (…) fíjense lo que está sucediendo en Michoacán. Ustedes tienen muchas maneras para poder dar con nosotros los delincuentes y no causar más caos”.
En la exposición, el jefe criminal se deslinda del cártel de Los Caballeros Templarios y asegura que está arrepentido de ser parte de la delicuencia organizada.
“Soy un delincuente, lo reconozco me equivoqué y tendré que pagar en su momento”, asegura en la grabación. “Soy un delincuente y me equivoqué por pendejo”.
Todos a la fuerza
Antes de concluir su declaración pública, Gómez Martínez hace una confesión más: todos los videos en donde él aparece con actores de la vida política, económica y social de Michoacán fueron filmados por órdenes de Nazario Moreno Gonzáles, “El Chayo”.
Todas las personas que aparecen en video con “La Tuta” fueron llevadas a la fuerza, bajo amenazas de muerte, reconoce el jefe criminal.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
MÉXICO, D.F. (apro).- “Fue el Estado”, se leía en la gran manta que diputados de PT, PRD y MC colocaron sobre el frente de la máxima tribuna del Poder Legislativo, en alusión a la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, la masacre en Tlatlaya de 22 civiles, la muerte de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas; el asesinato de un estudiante mexiquense en Atenco; la masacre en Acteal, Chiapas; Agua Blancas, Guerrero; Tlatelolco…
La sesión ordinaria de la Cámara de Diputados arrancó con la revelación de que estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, demandaron su inclusión en la comisión especial de legisladores que indaga el caso.
Roberto López Suárez, del PRD, desde su curul anunció que el lunes 27 recibió a estudiantes, “y nos pidieron que a través de este grupo de diputados solicitáramos al pleno de esta Cámara y de la comisión especial que pudieran ellos incorporarse y coadyuvar a los trabajos de investigación”.
Luego solicitó al presidente de la comisión, el panista Guillermo Anaya, convocar a los dirigentes de la Normal, pues “están en plena disposición de aportar elementos para la investigación… nos solicitaron que fuera urgente porque la comisión que se creó en Guerrero no ha llevado a cabo su cometido, y están seguros de que esta Cámara de Diputados puede darle seguimiento, pero creen fundamental que la participación de ellos en la comisión pudiera ser necesaria”.
Además, pidieron estar en cada una de las reuniones de la comisión, por ser ellos los directamente afectados.
Anaya, quien anticipó que la comisión dará un “preinforme”, respondió que “han tratado de tener un encuentro con las víctimas indirectas, con los alumnos de la escuela, y vamos a tratar de tener ese diálogo lo antes posible”.
De ser cierto ello, los diputados tendrán que recibir a los normalistas esta misma semana, pues este miércoles 29 acudirá a Los Pinos otra comisión de estudiantes y padres de familia, quienes se entrevistarán con el presidente Enrique Peña Nieto.
En tanto, los legisladores de MC respaldaron la inclusión de los normalistas en la comisión especial.
Ricardo Mejía Berdeja, vicecoordinador de ese partido, pidió también, mediante oficio, sostener un encuentro con el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, debido a que el Batallón 27 del Ejército y que está asentado en Iguala, Guerrero, a unos metros de donde fueron atacados, asesinados y desaparecidos los normalistas, no quiso brindar ayuda a los estudiantes ese viernes 26 de septiembre.
Mejía Berdeja sostuvo que si “ya cayó” el gobernador Ángel Aguirre, que se vaya a fondo en el fincamiento de responsabilidades.
Además de la gran manta que aludía “al Estado” como responsable de desapariciones y matanzas, los legisladores de PT, MC y PRD fueron colocando sobre el frente de la amplia longitud de la Mesa Directiva la fotografía de los 43 normalistas desaparecidos.
Los diputados de la oposición aprovecharon la inclusión de reservas y la discusión de la nueva Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para hablar del tema y acusar de manera reiterada que en el caso de Ayotzinapa se trató de una “desaparición forzada”, siendo el Estado el responsable; sin embargo, los señalamientos enardecieron a los diputados del PRI.
Luego de demandar el retiro de las fotografías y la manta que incriminan al Estado que encabeza Peña Nieto, el priista Héctor Gutiérrez de la Garza solicitó aplicar “nuestro reglamento, en especial el artículo octavo, que establece de manera muy clara que aquel material que haya sido utilizado para soporte de cualesquier supuesta argumentación debe ser retirado, más aún que este material obstaculiza el propio escudo nacional”.
Debe retirarse ese material, exigió, pues “se tienen que proteger los símbolos patrios”.
No obstante, aprovechó para relacionar, como desde el domingo lo ha venido haciendo el PRI y sus líderes visibles, la presunta relación de Andrés Manuel López Obrador con el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.
“Si quieren debatir si Abarca es o no recomendado de López Obrador, con gusto lo hacemos. ¡Presidente!, hay que ordenar que se retire el material”, expuso.
Le respondió Lilia Aguilar, del PT: “El diputado Gutiérrez de la Garza solicitó retirar los materiales, nosotros no tenemos confusión, este es precisamente el resultado de las políticas públicas de pobreza en este país, este es el resultado de un Estado fallido, y hemos insistido, esta es la realidad que está en las calles.
“Nosotros no estamos en contra de que se señale o se investigue a quien se tenga que investigar. Ése nunca ha sido el tema. El tema es que ni está tapando la bandera, y estos (jóvenes desaparecidos) representan a la patria. Entonces, la patria es la representación no solamente de su bandera, señor presidente y diputados del PRI, sino también de los que somos ciudadanos mexicanos y estamos indignados por la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes”.
Enseguida, la diputada perredista Gloria Bautista Cuevas se refirió a la masacre en Tlatlaya, a las desapariciones en Oaxaca, en Guerrero, aunque “es en todo el país, aunque no se diga, aunque no se publique”.
Trajo entonces a la tribuna lo que la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes ha evidenciado: la existencia de fosas clandestinas, el lugar donde finalmente terminan los desparecidos del sexenio pasado y lo que va de éste.
“¿Qué ha pasado?, preguntémonos, quiénes son los que han aparecido en esas fosas donde no están los 43 jóvenes desaparecidos, los 43 que hoy aparecen aquí en esta Cámara y por los que todos deberíamos indignarnos y exigir su aparición.
“Los que están en las fosas tienen familia, tienen padre, tienen hermanos. También por ellos debemos exigir, saber quiénes son y qué pasó con el compañero Michel (diputado federal del PRI levantado y ejecutado el mes pasado), dónde quedó la investigación…”
Ante la embestida de PT, MC y algunos diputados del PRD, el PRI decidió redireccionar el tema de Ayotzinapa y los desaparecidos al supuesto vínculo entre López Obrador y el defenestrado expresidente municipal de Iguala, colocando una fotografía de ambos. Ante la falta de argumentos para defender “al Estado”, los priistas decidieron utilizar lo que minutos antes recriminaron: usar la tribuna de escenario con la colocación de fotografías.
Ricardo Monreal Ávila, coordinador de MC y en 2012 coordinador de la campaña presidencial de López Obrador, subió a tribuna para defender al hoy líder moral de Morena:
“México vive una crisis sistémica. Entiendo el propósito del gobierno, de su partido y de sus aliados por desprestigiar, intentar desprestigiar a uno de los líderes políticos más significativos, más importantes que ha tenido la nación en el México contemporáneo.
“¡Qué miedo le tienen a Andrés Manuel López Obrador! Se aferran a una fotografía para tratar de incriminarlo con los presuntos intelectuales de la barbarie ocurrida en Iguala. Se desgañitan, se desgarran las vestiduras, vociferan, calumnian y no les queda alternativa más que esa opción”, acusó.
Luego calificó de “torpe” la estrategia del gobierno, pues “hasta se equivocaron de los Torquemada” para acusar a López Obrador, en alusión a Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, quienes el domingo pasado –luego de la multitudinaria concentración de seguidores que logró aglutinar el político tabasqueño en el Zócalo capitalino– buscaron vincularlo con el exalcalde de Iguala).
Los acusadores de López Obrador, fustigó Monreal, “son los hombres más corruptos y los hombres más deshonestos de la historia moderna del país”.
También dijo a los priistas que sus acciones son erráticas, pues en lugar de llamar a la unidad nacional, recurren a una estrategia de ruptura institucional. “Prefirieron lo más vil, lo más perverso: culpar a adversarios políticos, desprestigiar a adversarios políticos, repartir culpas para que la sociedad diga: ‘Todos son iguales’”.
“Creo que no midieron las consecuencias, ahora el país se encuentra en una encrucijada, una espiral de violencia, y eso afecta a los que gobiernan, afecta a quienes de manera institucional conducen al Estado nacional”, dijo y recordó que todo es una cortina de humo “para ocultar un probable genocidio y para ocultar lo que se advierte ahora: un golpe certero de este órgano corrupto que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Y preguntó a los priistas: “¿De verás creen que es la mejor estrategia frente a un país convulsionado, desigual, con una violencia impresionante? Espero que la cordura y la serenidad puedan retornar a las mentes más lúcidas en todos los sectores del país”, concluyó Monreal Avila.
Pero el PRI se empecinó en su estrategia y en su defensa envió a uno de los legisladores más señalados de corrupto y arribista, el coordinador del PVEM, Arturo Escobar Vega.
“Es inconcebible lo que está ocurriendo en esta sesión. Es el mundo al revés. Los grados de hipocresía, los grados de cinismo, la falta de atención a la responsabilidad propia han llegado a niveles monumentales”, enumeró Escobar Vega.
Y siguió: “El presidente municipal de Iguala, el gobernador de Guerrero fueron postulados por el partido político que el orador tuvo a bien presentar. A nosotros no nos sorprende una fotografía. Lo que nos sorprende es la información divulgada por un diputado del PRD que señalaba que el entonces candidato a la Presidencia de la República de la coalición PRD, MC y PT tenía conocimiento pleno de los presuntos nexos con el crimen organizado del candidato a presidente municipal de Iguala.
“Lo que pasó en Iguala no es la fotografía de México. Lo que pasó en Iguala es el crimen en su máxima expresión entre un presidente municipal, un policía y un partido político. Y si me apura tantito presidente, habrá que investigar la posibilidad y vincular de daño moral a los presidentes de los tres partidos políticos, a los delegados de los comités ejecutivos nacionales de esos tres partidos por encubrimiento y por omisión en la desaparición de estos 43 jóvenes. Esa es la realidad”, sostuvo.
Antes, el propio Monreal Ávila cuestionó que se buscara retirar las fotografías y pancartas que aludían al Estado como el culpable de la desaparición de los 43 jóvenes.
“Están aislados de la realidad. Hay dolor en nuestro país, hay heridas abiertas y ustedes chiflando, con actitudes intolerantes, burlándose de los oradores, burlándose de lo que decimos. ¿Para qué, a dónde los lleva esa actitud? Cuando a todos nos debería hacer reflexionar las condiciones en las que el país se está desenvolviendo…
“Aunque la mayoría (de los diputados) quisiera soslayar y repartir culpas, el pueblo sufre y sabe bien lo que está sucediendo en Guerrero, en Tlatlaya, en Tamaulipas, en el Estado de México, en Morelos, en Tlaxcala, en Puebla, en la mayor parte del país… Por eso no me parece correcto que en esta asamblea se siga actuando de una actitud tan torpe, tan ciega y tan sorda”, dijo Monreal Ávila.
Y después de la discusión política, el dictamen sobre la Ley del Coneval fue aprobada.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
MÉXICO, D.F. (apro).- El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, advirtió hoy que los forenses aún trabajan en la fosa clandestina ubicada en el basurero del municipio guerrerense de Cocula, por lo que pidió aguardar los resultados y no especular sobre los hallazgos.
En conferencia conjunta realizada en el puerto de Acapulco con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el titular de la PGR se comprometió a capturar al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, señalado como autor intelectual de la agresión a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa.
Al emplazarlo a fijar fechas de ello, Murillo Karam atajó: “Prefiero la tardanza ligada a la verdad”.
También hizo un llamado a esperar los resultados de los análisis forenses practicados a los restos óseos hallados en el predio de Cocula conocido por los lugareños como “Hoyo del Papayo.
“Los peritos están determinando si son fosas o no”, acotó.
Después de una reunión de varias horas entre el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega; Murillo Karam y Osorio Chong, también se confirmó que las autoridades ministeriales tienen declaraciones de que en ese predio de Cocula se concentraron los grupos de sicarios que habrían capturado a los estudiantes.
Sin embargo, acotó Murillo Karam, aún “no podemos hacer nada al respecto mientras no tengamos una evidencia clara y plena de lo que sucedió ahí; en ese sentido es en el que están trabajando los peritos y en el momento en que tengamos resultados se los informaremos inmediatamente”.
La víspera, el funcionario federal resaltó la captura de “cuatro piezas clave del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes revelaron haber recibido a un amplio grupo de personas y saber del destino de ellos”.
Dos de ellos confesaron su participación en la “desaparición y destino” de los estudiantes, precisó. Los otros dos detenidos serían “halcones” de Guerreros Unidos, agregó Murillo Karam.
En tanto, Osorio Chong sostuvo que ya son más de un centenar los sitios en los que se han realizado operativos con el objetivo de encontrar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
“Más de 100 lugares han sido recorridos en la búsqueda de los jóvenes desaparecidos”, resaltó.
Además, precisó que acordaron crear nuevas instituciones de seguridad en 17 municipios de Tierra Caliente.
“Hemos instruido a sostener reuniones con sectores productivos para hacerles saber que necesitamos de su cooperación” en el combate a la inseguridad en Guerrero, abundó.
Por su parte, el gobernador Rogelio Ortega dijo que se debe aprovechar la crisis que se vive en la entidad “para salir fortalecidos”.
Luego del encuentro sostenido esta tarde con parte del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, Ortega Martínez subrayó que la gobernabilidad democrática y la armonía en Guerrero requieren del apoyo de todos para salir con éxito de la actual crisis.
Enseguida, el mandatario guerrerense hizo un reconocimiento al Ejecutivo federal por el apoyo de gran parte del gabinete con “quien me reuní. Es significativa la manera rápida como el presidente ha cumplido su palabra”, destacó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
BOGOTÁ (apro).- Un grupo de poetas, intelectuales y organizaciones de víctimas de la violencia de varios países de América Latina expresaron su solidaridad con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre y calificaron el hecho como un “crimen de Estado”.
“México nos duele”, señalaron los firmantes en un comunicado fechado en esta ciudad y divulgado en el marco del Quinto Festival de Literatura de Bogotá, que se prolongará hasta el próximo 8 de noviembre con la participación de poetas y escritores de varias naciones.
Entre los participantes del escrito están los poetas chilenos Soledad Fariña y Raúl Zurita, el intelectual y activista humanitario sudafricano Yazier Henry, el pintor colombiano Juan Manuel Echavarría y organizaciones como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), la Fundación Fahrenheit 451, Hijos e Hijas por la memoria y contra la impunidad y Nuestra Aparente Rendición.
En el texto, que será entregado a la embajada de México en esta capital, los firmantes aseguraron que ese país “está librando una guerra contra su propia población y la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes normalistas ocurrida en Iguala, Guerrero; es el último ejemplo de un crimen de Estado que debe ser castigado”.
“Desde Colombia, nos unimos a la exigencia mundial para que estos 43 jóvenes sean presentados con vida y se haga justicia en el caso de sus compañeros y los civiles asesinados el 26 de septiembre pasado”, agregaron.
En México, continuaron, no sólo faltan 43 normalistas sino que “decenas de miles de familias esperan que sus seres queridos regresen a casa y luchan, día con día, para que esto sea posible”. Por ello, exigieron al gobierno de México “que tome como prioridad la búsqueda con vida de los desaparecidos, castigue a los responsables y tome medidas para que estos delitos no se repitan”.
“Así mismo, manifestamos nuestra solidaridad con todos los familiares y amigos de desaparecidos y desaparecidas. Su dolor es nuestro dolor, su lucha es nuestra lucha. Sus desaparecidos también nos hacen falta”, añadieron.
El portavoz de Asfaddes, César Augusto Muñoz, dijo a Apro que los firmantes del documento “queremos ir más allá de lo que pasó en Guerrero y plantear que la desaparición de esos muchachos es apenas la punta del iceberg de la violencia que golpea a México y que el asunto es más estructural”.
Es además “un mensaje claro de solidaridad que vamos a traducir en acciones concretas, como asesorar al movimiento mexicano de familiares de víctimas de la violencia porque están muy atomizados y queremos ayudarlos a organizarse”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAFAEL CRODA
MÉXICO, D.F. (apro).- Amado Yáñez, administrador único y accionista de la empresa naviera Oceanografía, quedó formalmente preso en la causa penal 96/2014 que se le sigue en el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó de la nueva situación jurídica del contratista de Pemex, pero al igual que la PGR evitó precisar qué empresa o institución fue afectada por el presunto delito que se le adjudica a Yáñez.
Detenido por la PGR el pasado 20 de octubre, Yáñez es acusado de violación a la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) en la modalidad de delito grave, por lo que no alcanza libertad bajo fianza.
Tal y como lo hizo el pasado miércoles cuando fue consignado penalmente, el Consejo de la Judicatura sólo informó que Yáñez está encausado como probable responsable de violación de la fracción I, del artículo 122 de la LIC. Ese delito está sancionado en el párrafo cuarto de la misma ley.
Yáñez es acusado en su calidad de administrador único y accionista mayoritario de Oceanografía, que obtuvo millonarios contratos con Pemex durante los gobiernos del PAN.
La PGR lo señala como probable responsable de violar la LIC en la modalidad de dar datos falsos sobre el monto de los activos de una empresa con el propósito de obtener un crédito y si como consecuencia de esa acción hay un quebranto o perjuicio patrimonial para la institución crediticia.
Esa modalidad condiciona también a que el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial exceda los 350 mil días de salario mínimo, que equivale a 23 millones 551 mil pesos.
El artículo 194, fracción VIII, del Código federal de Procedimientos Penales califica el delito como grave, por lo que Yáñez enfrentará el proceso en su contra en prisión.
La PGR lo acusa de haber presentado a Banamex 166 estimaciones falsas para obtener créditos por 5 mil 312 millones de pesos.
Sometida a concurso mercantil, el Consejo de la Judicatura informó el pasado viernes que a Oceanografía se le imputan adeudos con 245 acreedores, entre ellos deudas fiscales con el IMSS por mil 166 millones de pesos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA
MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió una recomendación contra la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP-DF) por impedir a los ciudadanos grabar con sus teléfonos celulares mientras policías realizan detenciones en la calle o el Metro de la Ciudad de México.
En la Recomendación 11/2014, el organismo documentó seis casos de ocho personas que –entre el 19 de junio de 2013 y el 3 de agosto de 2014– fueron amonestadas, detenidas y algunas hasta encarceladas por ejercer su derecho de expresión y acceso a la información al documentar acciones violentas de los uniformados contra manifestantes, vendedores ambulantes y hasta adultos mayores.
Las seis investigaciones fueron acumuladas en el expediente CDHDF/I/121/CUAUH/13/D4389 por tener el mismo común denominador.
El “delito” de grabar
Entre los casos que integran dicha Recomendación se cuenta el de Roberto Hernández, quien el 30 de junio de 2013 grabó con su teléfono móvil el forcejeo entre tres policías –dos hombres y una mujer– para someter a un hombre en aparente estado de ebriedad en la Alameda Central.
El policía auxiliar L. Juárez R. lo cuestionó por la grabación “que no le corresponde” y con el argumento de que “entorpecía” su trabajo lo jaló del brazo y le dijo que lo remitiría al Juzgado Cívico. Cuando el ciudadano alegó que grabarlos no era ningún delito, el uniformado desistió de su amenaza.
El 14 de diciembre de 2013, Aldo Sotelo Lázaro, identificado como periodista de Radio Nederland, grababa una manifestación sobre la avenida Juárez, donde hubo encapsulamientos y “acciones que pudieran considerarse ilegales y agresivas” de policías capitalinos.
Al realizar entrevistas con los participantes, observó que algunos uniformados lo señalaban directamente. Minutos después fue pateado por varios policías hasta que se alejó del lugar.
El 19 de febrero de 2014, Luis Méndez Pérez, identificado como reportero del portal Somos el Medio, grabó una manifestación de personas con discapacidad visual en la estación del Metro Pino Suárez. Una policía le pidió dejar de grabar y otro le exigió que entregara las imágenes.
Como se negó a entregar su material, fue remitido, junto con otras 40 personas, a la Agencia 50 del Ministerio Público, donde fue liberado sin que se levantara constancia oficial de su traslado a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia local.
El pasado 22 de abril, Andrés Landero, Lilian Hernández y Carlos Barrera participaban en la marcha contra la censura en internet y la llamada Ley Telecom, como integrantes del medio independiente Brigada Informativa Altavoz.
La joven grabó diferentes momentos de confrontación entre policías y manifestantes. Al terminar se fue con Andrés hacia la estación Pino Suárez del Metro, donde fueron agredidos por un hombre y una mujer vestidos con ropa y botas negras. “¿Ustedes sacaron unas imágenes?”, les gritaban.
Pocos minutos después, nueve policías del DF los detuvieron, los sacaron de la estación, los golpearon en la cara y el cuerpo y los subieron a una patrulla, pero nunca los pusieron a disposición de ninguna autoridad, sólo les quitaron las imágenes que grabaron durante la marcha.
El pasado 8 de junio, un hombre tomó fotografías de varios policías auxiliares que intentaban remitir al Juzgado Cívico a un vendedor ambulante en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico. Una mujer uniformada pidió detener a una ciudadana bajo la acusación de que la había golpeado, pero el hombre –identificado como periodista– negó que existiera tal acción y aceptó ratificar su dicho.
Al llegar al Ministerio Público, los agentes le pidieron entregar las fotografías que tomó, él se negó y exigió que se le requiriera por escrito. Por su negativa le abrieron una averiguación previa por el delito de “ultrajes a la autoridad”. Al día siguiente fue consignado ante el juez Séptimo Penal de Delitos no Graves; cuatro días después fue liberado por “falta de elementos para procesar”.
El 14 de marzo de 2013, un hombre comenzó a grabar a dos policías de la Bancaria Industrial que reprimían verbalmente a dos adultos mayores en la estación del Metro Deportivo 18 de Marzo. La gente a su alrededor les decía que “esa no era la forma de tratar a los adultos mayores”.
Los policías se acercaron al de la grabación y le ordenaron dejar de hacerlo pues no tenía “su consentimiento”. Sin embargo, la presión de los demás pasajeros obligó a los uniformados a retirarse.
Las medidas
Según la Recomendación 11/2014 de la CDHDF, estas acciones de los policías de la SSP-DF constituyen violaciones a los derechos de libertad y seguridad personales, a la integridad personal –en particular a no ser sometido a actos de tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos o degradantes–, y a la libertad de expresión y acceso a la información.
Por tales razones, el organismo recomendó a la SSP-DF dar vista de los casos mencionados a la Dirección General de Inspección Policial para que investigue y determine la responsabilidad de los servidores públicos involucrados en las denuncias; así como reparar el daño emergente, lucro cesante y daño moral ocasionado a las víctimas.
También le solicitó incluir en sus programas de capacitación del personal cursos especializados en materia de libertad de expresión y que el titular –Jesús Rodríguez Almeida– emita una circular entre todos los uniformados en la que enfatice “la obligación de garantizar el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a la información y se prohíba la obstaculización de los mismos”.
Al Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), como autoridad colaboradora, la CDHDF recomendó revisar “de manera exhaustiva” y adecuar la normatividad vigente respecto al apoyo que brinda la SSP-DF en sus instalaciones para tener las medidas de control pertinentes que prevengan violaciones a derechos humanos, como las acreditadas en la Recomendación 11/2014.
Además, pidió al titular, Joel Ortega Cuevas, difundir entre el personal de la dependencia una circular que hable de la “obligación de garantizar el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a la información y de denunciar los abusos de las autoridades cuando limiten el ejercicio de los mismos”.
A la Asamblea Legislativa del Distrito Federal /ALDF), la CDHDF pidió hacer del conocimiento de las comisiones encargadas de los temas de justicia y de derechos humanos dicha recomendación para que discutan sobre el tipo penal de “Ultrajes a la Autoridad”, sus alcances y el empleo que se le ha dado por parte de las autoridades de seguridad pública, procuración y administración de justicia del DF.
Incluso, pidió que dicha recomendación se difunda entre los diputados que discutirán la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del DF en la actual legislatura, “toda vez que su contenido debe ser considerado tanto para medidas de protección, como en las políticas públicas que se diseñen en la materia”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
COCULA, Gro: Los habitantes de la comunidad Vicente Guerrero conocen el predio como “Hoyo del Papayo” y, desde hace un año, las autoridades locales utilizan el lugar como basurero municipal y la delincuencia como un tiradero de cadáveres.
En este sitio, ubicado al oriente de la cabecera de este pequeño municipio de la zona norte de la entidad, peritos de la Procuraduría General de la República (PGR), así como el equipo de forenses argentinos, cumplieron dos días realizando labores para determinar si los restos humanos encontrados en el lugar corresponden a los cuerpos de los 43 normalistas de Ayotzinapa que siguen desaparecidos.
Hasta el momento, el gobierno federal no ha emitido una postura oficial sobre el hallazgo de esta fosa clandestina en la zona norte de la entidad, donde las autoridades siguen exhumando cuerpos pero no pueden localizar a los normalistas desaparecidos.
Este hecho refleja el nivel de impunidad y violencia que se padece en la entidad, donde el tema de los desaparecidos exhibe que todo Guerrero es un cementerio clandestino.
Por su parte, agentes federales y marinos desataron una “razia” en Cocula donde desde ayer están cateando casas y deteniendo a personas, principalmente hombres.
Durante un recorrido por el municipio, un grupo de reporteros documentó la detención de un adolescente identificado como El Bajito, en el poblado de Puente Río San Juan, ubicado entre la cabecera municipal y la comunidad de Vicente Guerrero, lugar donde se encuentra el basurero y la fosa clandestina.
Las acciones policiaco-militares provocaron que familiares de al menos cuatro detenidos se manifestaran públicamente esta mañana en la plaza central.
Incluso, colocaron una manta en el zócalo con un mensaje dirigido al presidente Enrique Peña Nieto, donde reprocharon los operativos y demandaron la liberación de Carlos Cantú Salgado, Francisco Ortiz Fernández y Gustavo Moreno Arroyo.
“Atención: Enrique Peña N; Murillo Karam; PGR; SEIDO. Los hacemos responsables de sus vidas. Exigimos justicia ante tantos atropellos. Expresamos nuestra indignación ante toda esta ola de detenciones arbitrarias en contra de ciudadanos inocentes que las fuerzas federales se están llevando a la SEIDO para torturarlos y hacer que se declaren culpables por delitos graves que no han cometido, como: secuestro, delincuencia organizada y portación de armas prohibidas.
“Los mantienen incomunicados y no les permiten defensa a través de abogados particulares. ¡Este es el gobierno corrupto que tenemos! México despierta, Guerrero despierta, Iguala únamos fuerza, hoy somos otros mañana podrías ser tu”, indica el texto de la lona.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
"Nos parece muy grave que no se considere la participación de los profesores y trabajadores de apoyo a la docencia de nivel medio superior y superior", manifiestan.
Maestros del Instituto Politécnico Nacional pidieron a la Secretaría de Educación Pública que sean integrados a la mesa de diálogo con estudiantes, que se realizaría este jueves.
En un escrito dirigido a la dependencia, la Asamblea de Profesores y Trabajadores de Apoyo del IPN manifiesta que pueden contribuir de una manera significativa en la construcción del nuevo diseño institucional.
“En cuanto a la integración de la mesa de diálogo, nos parece muy grave que no se considere la participación de los profesores y trabajadores de apoyo a la docencia de nivel medio superior y superior, pues la vida de toda institución educativa descansa en sus componentes esenciales, y la exclusión de una de sus partes contraviene el proceso que desde un inicio debe ser plural, democrático e incluyente”, indicaron.
En otro sentido, el paro de labores en el IPN provocó la pérdida de mil millones 126 mil 833 pesos, pagados a los docentes y administrativos, que cobran aunque no haya actividades, publicó hoy el diario La Razón.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN
Denise Dresser consideró que debe empezar a romperse el pacto de impunidad que hay en el país; arriba con cambios institucionales y abajo con un cambio de cultura, que la ciudadanía deje de decir: "cuando roba por lo menos salpica".
Para el académico Sergio Aguayo, el caso Iguala-Ayotzinapa provocó un reparto de culpas y disculpas, entre los diferentes partidos y actores políticos.
En la Mesa Política de los lunes, en Noticias MVS, primera emisión, retomó las declaraciones del dirigente del PRI, César Camacho, contra Andrés Manuel López Obrador, lo que calificó como “oportunismo” político.
Señaló que el priista, en cambio, guarda silencio sobre las omisiones del gobierno federal y su partido, no solamente en Guerrero sino en otros estados donde impera la violencia.
Respecto al vínculo entre Lázaro Mazón, José Luis Abarca y López Obrador, Aguayo refirió que el problema de fondo es el método de reclutamiento de los candidatos a un puesto de elección popular.
Los partidos, señaló, pepenan lo que les cae con tal de ganar una elección, y “abundan los oportunistas que han hecho de la política una forma de vida”.
La pregunta es: ¿van a agarrar a todo lo que llegue para llegar a la presidencia? -preguntó el académico- o entenderán la magnitud de la crisis y modificarán el método de selección de candidatos.
“¿Cuántas cucharadas de corrupción puede uno ingerir sin contagiarse? Los políticos profesionales jamás nos dicen cuántas son las dosis que se tienen que tragar”, agregó.
A su vez, Lorenzo Meyer consideró que no todos los políticos son iguales, pero un líder político tiene que toparse con los corruptos aunque él no lo sea.
“Yo tampoco considero corrupto a AMLO… pero la política mexicana no está hecha por ángeles”, manifestó.
El historiador señaló que la política está hecha por una mezcla donde abunda la corrupción y son pocos los que se salvan de ella.
Respecto a lo publicado por el diario Reforma, sobre que AMLO fue informado de los vínculos de Abarca con el crimen organizado, recordó que él no es autoridad, y que el hecho de que le hayan entregad un documento no comprueba si lo vio o lo ignoró.
Ante este panorama, preguntó: “¿Cómo se puede arrancar una forma de hacer política que lleva tantos años, que ya se hizo parte del paisaje?”.
“Ya ningún ciudadano mexicano conciente duda de la enorme corrupción del entorno pero no nos podemos deshacer de los políticos, yo que más quisiera que desaparecieran todos, pero no es posible, tenemos que aceptar que vamos a seguir viviendo con ellos, que lo más que podemos hacer es limitarlos en ese instinto depredador y buscar a quienes sean proclives a la decencia y honestidad”, expresó.
Con casos como el de Iguala, “el descontento va en aumento”, subrayó. Si es imposible en México la política sin corrupción, entonces hay que limitarla, sostuvo.
Lorenzo recordó que a un mes de la agresión y desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, con todo el aparato del Estado mexicano, no hay resultados y no encuentran a los 43 desaparecidos.
“Ahí es donde tenemos que poner la mirada y estar concientes de que a final de cuentas los responsables son quienes tienen el poder político del Estado”, remarcó.
Respecto a la corrupción, señaló que tiene un “enorme peso” en el país, viene de mucho tiempo atrás y “el grave problema es que no tenemos cómo salir de ella”.
Disolver a los partidos sería lo ideal, pero es imposible; acabar con la “clase política” también sería ideal, pero es imposible; ¿dónde demonios está la solución?, no la encuentro, dijo Meyer.
“¿Cómo podemos dar un salto y salirnos de eso? No hay una fórmula, tenemos que aprender a que la sociedad debe de estar exigiendo y ganar lentamente algunos espacios, pero vamos a tener que convivir con el infierno aunque no queramos”, abundó.
Denise Dresser cree que sí hay salida.
La politóloga indicó que debe haber un cambio institucional que cambie culturas.
Así como otros países la han combatido, este país también puede enfrentarse a la corrupción, sostuvo.
“Tiene que ver con procuradores independientes, sanciones a los corruptos, profesionalización de la policía, comisiones de la verdad, romper el pacto de impunidad”, detalló-
Para Denise no es cuestión genética la corrupción, “se comportan así porque pueden”, empujan sin encontrar resistencia en la propia sociedad cómplice de la corrucpión.
La sociedad comienza a ser corrupta desde que paga una mordida, ejemplificó.
Pero esto “se puede romper desde arriba con cambios institucionales de gran envergadura”, aseguró.
Además de que la ciudadanía deje de decir: “cuando roba por lo menos salpica”. Y entienda que por un corrupto no se vota, no se tiene trato, no se reeligen, ni se hace negociaciones en lo oscurito.
Dresser agregó que la sociedad tiene que empezar a denunciar, a cambiar, en lugar de ser cómplice; debe entender que si no actúa seguiremos hablando de este problema durante generaciones.
Sobre el PRD comentó que también tiene un problema de corrupción, quizá menor al del PRI.
Pero consideró una desvergüenza de César Camacho al acusar complicidad de AMLO con Abarca; que explique la de su partido con Arturo Montiel, con Mario Marín, Humberto Moreira, Ulises Ruiz, Raul Salinas, Eruviel Ávila, urgió la politóloga.
Por otro lado, “AMLO sí es responsable de muchas decisiones que el PRD tomó”; en cuanto a la información que se le proporcionó de Abarca, apuntó que López Obrador “decidió ignorarla”, y simplemente “cerró los ojos como ha cerrado los ojos ante otros fenómenos de corrupción”.
“Tiene que explicar por qué decidió favorecerlo a pesar de la información que había en su contra”, sostuvo.
Y lamentó que tanto el PRD como el PAN han emulado la forma de vida del PRI: repartirse el botín.
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Busca ausentarse del país del 7 al 17 de noviembre, para ir a China y Australia.
En medio de una crisis de seguridad y violencia, sobre todo por el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el presidente Enrique Peña Nieto solicitó al Senado de la República autorización para ausentarse del país del 7 al 17 de noviembre próximos, para participar en la XXII Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico APEC, del 9 al 11 de noviembre.
También busca realizar una visita de Estado a la República Popular China, los días 12 y 13 de noviembre; así como participar en la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 en Australia, el 15 y 16 de noviembre, en atención a la invitación de los gobiernos de dichos países y organizaciones.
En la Gaceta Parlamentaria del Senado se publicó el oficio del Ejecutivo federal donde se detalla que en la Reunión de Líderes de la APEC, se pretende fortalecer el diálogo político al más alto nivel y la inserción de la economía mexicana en la región económicamente más dinámica del mundo Asia-Pacífico.
De igual manera, tendrá lugar el Dialogo de Líderes con los integrantes del Consejo Asesor de Negocios de APEC (ABAC, por sus siglas en ingles), en el que se presentara el Informe Anual de ABAC a los Líderes de APEC, que incluye las recomendaciones del sector privado para impulsar los objetivos del foro.
En su visita de Estado a la República Popular China, el mandatario mexicano hará patente el interés de México por enriquecer y profundizar la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, misma que acordaron en junio de 2013, así como dar continuidad a temas puntuales de la agenda bilateral.
Además el presidente Enrique Peña participará en la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20, que es el principal foro de coordinación de políticas macroeconómicas entre las economías más importantes del mundo, tanto desarrolladas, como emergentes, del cual México es miembro.
Solicitud_Ejecutivo_Federal_Ausentarse_de_Territo.pdf by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
WASHINGTON: Por primera vez en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, la Casa Blanca habló de la crisis de derechos humanos que sufre México y calificó de “preocupante” el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero.
El comentario de la Casa Blanca se da justo un mes y dos días después de la desaparición de los normalistas.
“Obviamente los reportes de esta situación son preocupantes”, respondió Josh Earnest, el portavoz de la Casa Blanca, cuando se le preguntó si el presidente Barack Obama estaba enterado del caso de los 43 normalistas desaparecidos en Guerrero.
El gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Estado hace unas semanas había encomiado a su par mexicano a realizar una investigación transparente del caso, y enfatizó que por medio de la embajada estadunidense en México se mantenía al tanto de la situación.
En el extranjero, especialmente en los medios de comunicación más influyentes del mundo, como los diarios estadunidenses The New York Times y The Washington Post, así como el semanario británico The Economist, se considera que el caso de los 43 normalistas desaparecidos es la peor y más profunda crisis de derechos humanos que se ha vivido en México.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
