Las fallas en la CNDH, según los aspirantes a ombudsman

El próximo jueves 30 de octubre acudirán los aspirantes restantes, como Raúl Plascencia, quien busca la reelección; Mauricio Farah, secretario general de la Cámara de Diputados; Luis González Placencia, exombudsman capitalino; y Ricardo Bucio, director del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, entre otros.

En el primer día de comparecencias de los aspirantes a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), estos señalaron las fallas del organismo, sobre todo en su alejamiento de la ciudadanía y la falta de seguimiento en las recomendaciones.

Durante el encuentro entre los primeros 11 candidatos y los senadores de las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia, los aspirantes advirtieron que con una CNDH fuerte no debiera repetirse casos como los de Tlatlaya y Ayotzinapa.
El formato consistió en que cada aspirante presentó su proyecto de “idoneidad” durante cinco minutos. Al concluir, contestaron una pregunta elegida al azar, elaborada por organizaciones de la sociedad civil y los cuestionamientos de los senadores.

Las 11 comparecencias de ayer, 28 de octubre, duraron tres y horas y media y el próximo jueves 30 de octubre acudirán los aspirantes restantes, como Raúl Plascencia, quien busca la reelección; Mauricio Farah, secretario general de la Cámara de Diputados; Luis González Placencia, exombudsman capitalino; y Ricardo Bucio, director del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), entre otros.

Los primeros 11 de 22 aspirantes evaluaron la situación actual de la CNDH y su forma de resolverlo.

Carlos Pérez Vázquez, coordinador de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

“Las recomendaciones parecen ser abandonadas, no hay seguimiento ni supervisión del cumplimiento y por eso en muchas ocasiones, la información que genera la recomendación parece que no tiene un efecto útil”.

Miguel Nava Alvarado. Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro:

“Hay un excesivo gasto y falta de administración correcta. Las áreas de protección y difusión de derechos humanos han crecido de manera inequitativa. Se requiere armonizar las áreas de prevención con las de defensa (visitadurías)”.

Ricardo Vázquez Contreras. Fundador de la firma legal Vázquez, Martínez y Asociados, S.C:

“La CNDH no ha ejercido de manera oportuna, adecuada y suficiente para promover acciones de inconstitucionalidad”.

María Teresa Vallejo Pérez. Presidenta de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos A.C:

“La Comisión requiere una reingeniería en la CNDH donde exista una visitaduría que atienda a niños, niñas y adolescentes, con funcionarios especializados”.

Sara Irene Herrrerías Guerra. Extitular de Provictima. Asesora de la Oficial Mayor de la PGR:

“Después del hecho violatorio, la CNDH debe estar en el lugar con un equipo interdisciplinario, sin esperar la queja. Debe dar respuesta a las víctimas para que no tengan que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a la Corte Interamericana”.

Pavel Rodríguez Quezada. Catedrático de la Universidad Aháhuac:

“El ombudsman debe ser cercano y ciudadano. Como lo establece la ley que proteja, observe y divulgue los derechos humanos”.

Alfredo Rojas Díaz Durán. Consultor y litigante:

“Imprescindible construir un nuevo rostro de este órgano. Que sea más humano y que sus intervenciones estén por encima de cualquier sospecha”.

Daniel Balboa Verduzco. Excandidato al Consejo Consultivo de la CNDH:

“La CNDH maneja el diagnóstico de los centros de reclusión, pero falta la participación del Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y el Instituto Nacional de la Juventud”.

Patricia Olamendi. Integrante del grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas:

“No pueden estar distanciados los mecanismos de defensa de derechos humanos con las organizaciones de defensores y defensoras. Tenemos que estar de la mano, necesariamente trabajar unidos”.

Claudio Jesús Meza León. Exvisitador de la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa:


“Para que la CNDH sea eficaz debe tener resoluciones definitivas vinculantes como los tiene el Conapred y el IFAI”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

Narco acusa que campaña de Aguirre fue financiada por “Guerreros Unidos”

El líder de la organización criminal indica que tanto el ex presidente de Iguala como su esposa eran operadores de "Guerreros Unidos".

Sidronio Casarrubias, líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, acusó que la campaña electoral de Ángel Aguirre Rivero fue financiada por la familia Pineda Villa, de la cual era parte María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala y operadora de ese mismo grupo criminal.

La declaración del narcotraficante fue retomada este miércoles por el diario Reforma. En ella se señala que, según el capo, María de los Ángeles Pineda Villa era la responsable del dinero de este clan criminal.

“A toda costa quería ser la nueva Presidenta Municipal de Iguala, quien su capital lo hizo de sus hermanos Mario Pineda Villa, alias ‘El MP’, y de Alberto Pineda Villa, alias ‘El Borrado’.

Tanto Mario como Alberto Pineda fueron asesinados en 2009 en Morelos, unos meses antes de que su entonces jefe, Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, fuera abatido por la Marina en Cuernavaca, el 16 de diciembre del mismo año.

“María de los Ángeles Pineda Villa es la actual amante del Gobernador del Estado de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, y quien también fue financiado para su campaña por estas personas“, declaró el hoy preso en el Penal Federal del Altiplano.

Sidronio Casarrubias identificó al ex alcalde José Luis Abarca Velázquez como uno de los mandos de Guerreros Unidos y también como una de las principales fuentes de ingresos para los criminales, pues les aportaba hasta 4 millones de pesos bimestrales.


“Uno de los líderes que más le inyectaba dinero a la organización, siendo alrededor de 3 a 4 millones de pesos -lo que no sé (es) si la aportación era bimestral o mensual-, siendo el líder que menciono José Luis Abarca Velázquez, quien es Presidente Municipal de Iguala”, apuntó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Que investiguen quién y porqué atacan a ‘Sin embargo’: director; delegado se deslinda

Todo comenzó luego de que el portal de noticias divulgó unas fotografías del jefe delegacional de Cuajimalpa.

Alejandro Páez Varela, director de Contenidos del portal de noticias Sin Embargo, exigió a las autoridades investigar quién y porqué han amenazado y atacado a su medio de comunicación.

Al respecto el delegado de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, se deslindó de las amenazas al sitio web y a sus empleados.

En entrevistas para Noticias MVS primera emisión, ambos indicaron que se reunirán este miércoles para aclarar los hechos.

Esto luego de que el viernes pasado, a la oficina de dicho portal, asistió una persona que presuntamente representa al abogado del delegado, para exigir “en tono amenazante y soez”, que retiren de la página una foto de Rubalcava, en la que aparece posando junto a un tanque de guerra.

El periodista preguntó porqué ninguna autoridad se ha comunicado con el medio, “para ver qué significan los ataques que ha recibido”.

Refirió que los colaboradores del portal “han recibido amenazas de muerte, algo muy serio en un país donde hay 90 colegas asesinados en los últimos años”.

“El ejercicio siempre está en riesgo porque no hay garantías del Estado”, sostuvo.

Además, existe una campaña contra el sitio, por medio de bots en redes sociales, y también a través del hackeo de la cuenta de la cantante Belinda.

“Si no es él (el delegado) es alguien más que tiene mucho poder y dinero para hackear una cuenta de 7 millones (de likes)”, consideró Páez.

Lo que le preocupa al director es que hasta ahora -a 5 días de que han denunciado los ataques y amenazas- ninguna autoridad se ha acercado para garantizar la seguridad de quienes trabajan en Sin Embargo.

“Entre las amenazas se mandó una foto con una cabeza de un muerto”, agregó.

Sobre el tema, Adrián Rubalcava dijo que está preocupado por este caso; el “compromiso que hice es presentar la denuncia el día de hoy con relación a quién es este abogado interviniendo a mi nombre, que no es a mi nombre sino por un tercero”.

“Yo soy quien busca a Sin embargo, no ellos quienes me buscan a mí, cuando yo me entero que Sin embargo está siendo víctima de ataques”, refirió.

Ante ello, el político pidió generar una estrategia conjunta y “aclarar que la autoridad delegacional no tiene recursos económicos para hacer una campaña tan grande donde se involucran actores importantes como en este argüende”. 

Agregó que los “ataques van de un lado y otro”, y existe una “dinámica de golpeteo” incluso contra su gobierno delegacional.

En tanto, el procurador capitalino Rodolfo Ríos refirió que hasta ahora no tienen ninguna denuncia sobre este tema, pero cuando la presenten, comenzarán a investigar, incluso a través de redes sociales.

Delegado explica sus fotos


A través de su cuenta de Facebook, el delegado explicó las fotos en las que aparece con un arma:

Publicación de Adrián Rubalcava Suárez.

Publicación de Adrián Rubalcava Suárez.

VÍDEO:

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.

AUTOR: REDACCIÓN.

México comparecerá ante la CIDH; analizará el caso de los 43 desaparecidos

Las reuniones serán del 29 al 31 de octubre, en Washington. El gobierno de EPN analiza la “asistencia técnica” de la CIDH por el caso Iguala-Ayotzinapa.

El Estado Mexicano participará en las audiencias y reuniones de trabajo a las que fue convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las cuales abordará el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero.

El gobierno federal indicó que “analizará la propuesta de asistencia técnica presentada por la CIDH, cuyo objetivo es coadyuvar en la localización de los estudiantes desaparecidos y en la investigación en torno a estos hechos”.

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación señala que comparecerá, del 29 al 31 de octubre en Washington, ante la CIDH “para atender una serie de audiencias y reuniones de trabajo sobre distintos temas y situaciones relacionadas con los derechos humanos en el país”,

Prometió que el Estado Mexicano continuará brindando especial atención a las medidas cautelares del caso Ayotzinapa, conjuntamente con los peticionarios.

El gobierno de México participará en una reunión de trabajo específica sobre las medidas cautelares MC-409-14 Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, dictadas por la Comisión Interamericana, tras los hechos ocurridos en el municipio de Iguala, Guerrero.

En dicha reunión dará seguimiento a los compromisos adoptados durante el encuentro sostenido el pasado 13 de octubre en la ciudad de México entre los representantes de los afectados y autoridades federales.

Las medidas cautelares dictadas por la CIDH son:

·                    Adopción de las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes, con el propósito de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal.

·                    Adopción de las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal de los estudiantes heridos, quienes estarían ingresados en un hospital.

·                    Concertar las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes.

·                    Informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a las medidas cautelares.


La delegación mexicana que participará en las audiencias y reuniones de trabajo en la CIDH estará encabezada por la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García; el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo; y la encargada de la subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Eliana García, entre otros funcionarios.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN.

Desapariciones, tortura y graves violaciones a DH, el legado de los “Operativos Conjuntos” en México

El 27 de marzo de 2008 comenzó la operación “Operativo Coordinado Chihuahua”, esto como respuesta a la ola de ejecuciones que invadían Ciudad Juárez en ese momento. Se desplegaron 10 mil soldados y policías por territorio juarense. El resultado de esa operación fue el aumento en robos y homicidios. Tan sólo de 2008 a 2010, dos años con el operativo, los números alcanzaron los 5 mil 24 homicidios. De ese número, mil 668 ocurrieron en 2008, 2 mil 754 en 2009 y 602 hasta marzo de 2010.

César Duarte Jáquez, gobernador priísta en Chihuahua desde 2010, declaró un año después de estar en el cargo como ejecutivo del estado norteño, que “agradecía a todas las instancias de gobierno relacionadas con la seguridad, el trabajo realizado en el Operativo Coordinado Chihuahua, pues gracias a su trabajo conjunto, se han dado resultados positivos en el combate a la delincuencia y la inseguridad como no se veían desde hace más de un año.”

Sin embargo, bajo el operativo, las desapariciones forzadas se incrementaron en la entidad. Actualmente, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua reconoce mil 250 desapariciones forzadas de 1993 a la fecha, sin embargo, la mayoría de ellas ocurridas en el periodo del Operativo Coordinado Chihuahua.

Oscar Henríquez, directivo del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cdhpdn), exigió esta semana a los gobiernos estatal y federal a investigar las desapariciones forzadas, las cuales, afirmó, tienen que ver con políticas de Estado planeadas para generar terror en la sociedad o a ciertos grupos, y son perpetradas por agentes propios o externos.

Otro operativo que generó cuantiosas agresiones a la población fue el “Operativo Conjunto Tijuana” (abarcó todo Baja California). El operativo se implementó el 2 de enero de 2007. De 2006 a 2012, organizaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) documentaron la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en México, -por su carácter sistemático- en el periodo comprendido de 2006 a 2012 en esa entidad.

Documentaron 30 casos, con 95 víctimas, cuatro de las cuales sufrieron múltiples eventos de privación grave de la libertad y tortura. Los casos comprenden acciones dirigidas contra la población civil de Baja California, principalmente de clase media baja y baja, en comunidades populares que vivieron bajo amenaza de ser señaladas de contribuir con grupos relacionados con el narcotráfico. De los casos presentados no se conoce ningún presunto perpetrador ni autoridad sobre quien se cargue una responsabilidad mayor, que haya sido presentado ante la justicia civil.

En todos los casos de tortura hubo una privación de la libertad sin orden de un juez. En los casos en los que se presentaron agentes de seguridad a las casas de las víctimas, no contaban con una orden de cateo. Las técnicas de tortura se repitieron en todos los casos. A todas las víctimas las golpearon con una bolsa de plástico cubriéndoles la cabeza; a muchas les lanzaron agua sobre un trapo que les colocaban sobre la boca (waterboarding); además se les aplicaron descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo, incluidos los genitales. Estas técnicas se aplicaron, incluso, a dos menores de edad.

Ante la falta de protocolos para regular el comportamiento de las fuerzas federales, militares y elementos de las fuerzas armadas y cuerpos policiales federales, estatales y municipales –sistemáticamente– estos elementos trasladaban a civiles detenidos, después de los operativos, a instalaciones militares o de control exclusivo en donde, fuera de cualquier vigilancia de autoridades civiles, las personas detenidas sufrieron vejaciones, torturas y en algunos casos, desaparición forzada. Además se documentó que elementos del Ejército vestían de civil en esos operativos.

En México se encuentran otros operativos como los mencionados: Frontera Sur (Istmo), Guerrero, Michoacán, Sinaloa (Culiacán‐Navolato), Triángulo Dorado (Chihuahua‐Sinaloa‐Durango), Noreste (Nuevo León ‐ Tamaulipas) y Veracruz. De acuerdo con el gobierno federal, “los operativos conjuntos son una respuesta al incremento de la violencia a partir de la rivalidad delincuencial”.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: Sergio Castro Bibriesca.

“Vamos con mucha ira y coraje a ver a Peña”: vocero de los padres Ayotzinapa

Al cierre de estas líneas seguía en pie la reunión que este día sostendría Enrique Peña Nieto con los familiares de los 43 alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa, desaparecidos justo un día como hoy, 29, pero del mes próximo pasado. Felipe de Jesús de la Cruz, vocero de los padres indicó que también estarán los parientes de los 3 estudiantes asesinados ese mismo día por la noche y los de otros dos que perdieron la vida cuando se enfrentaron con policías en diciembre del 2011. A las dos de tarde se llevará a cabo este encuentro que es marcado como privado y en el que se ha sugerido que no se presenten fotógrafos.

En un muy particular punto de vista, supongo que tal entrevista no tendrá lugar ya que Peña Nieto no tiene nada que informarles a los padres de los normalistas, no saben todavía su paradero. Incluso las propias fuentes de la Presidencia no descartan que pueda cancelarse de último momento y menos aun cuando han sido informados de que los asistentes van “con mucha ira y coraje porque han hecho creer a la opinión que han estado trabajando y a nosotros nos han metido en ese rollo, hasta vamos con ellos a las búsqueda y nos damos cuenta que nada más van, se asoman y regresan y eso no es búsqueda”.

De la Cruz afirma que ya no creen en el gobierno y que no van a aceptar ninguna Comisión de la verdad puesto que no se ha terminado el proceso de la búsqueda. Consideran, guardan la esperanza de que algunos de esos muchachos o tal vez todos los que vieron que no fueron ajusticiados se encuentre vivos. Además, las únicas pruebas de identificación de los cuerpos encontrados en las fosas que serán aceptadas son aquellas que estén dictaminadas por los forenses argentinos y por nadie más. Por si fuera poco, no le brindan ningún respaldo al gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega ya que afirman que “fue nombrado por la cúpula de Guerrero en complicidad con la federación y no por el pueblo”.

A esto se agrega que este caso, como si se tratara de unapelota no deja de girar y ya llegó a la Cámara de Diputados. Ningún gobierno, ni el estatal y mucho menos el federal quieren reconocer su responsabilidad en los hechos de inseguridad que se han registrado en Guerrero, pero tampoco en los de Michoacán, en los del Estado de México, en los de Tamaulipas, en los de Veracruz, en los de Oaxaca, en los de Chiapas, en ninguno. Ahora ya llegaron a la “guerra de mantas”. Mientras que los de izquierda representados por el Movimiento Ciudadano y los del PRD expusieron las fotos de los 43 desaparecidos acompañadas de una manta señalando “Crimen de Estado”, los priístas se dieron a la tarea inmediata de agregarle “de Guerrero”.

Otra leyenda señalaba: “¡Fue el Estado!” y también menciona uno a uno los casos en donde han desaparecido ciudadanos como: “Ayotzinapa, Tlatlaya, San Fernando, Atenco, Acteal, Ciudad Juárez, Aguas Blancas, Oaxaca y Tlatelolco”. Para responder, los tricolores colocaron mapas con 20 fotos y dos imágenes sobre las mantas, una de ellas del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, ex candidato de la izquierda a la presidencia de la República y la otra de José Luis Abarca y su esposa. La otra exposición es también del líder de MORENA pero con Aguirre Rivero. De ahí que de las imágenes que se distribuyen a través de las redes sociales se genere la interrogante de la fabricación de éstas para denostar a quien consideran un gran enemigo político y hasta personal.

Y vaya que se han equivocado rotundamente. A sus enemigos los han tenido en sus nóminas y a su lado provocando cada día con mayor notoriedad errores que afectan la vida diaria de los ciudadanos y alteran enormemente sus planes de futuro. López Obrador ha logrado contener muchos de los ánimos que, de no estar presente, girando por todo el país, ya se hubieran desbordado generando un mayor grado de ingobernabilidad. Sus llamados a evitar la violencia y buscar por el camino de las urnas, de las elecciones, de la democracia, de la legalidad, el camino que debe seguir el país han sido verdaderos diques que han impedido durante ya más de dos sexenios que la ira ciudadana se apodere de calles, avenidas, ciudades enteras.

Los auténticos enemigos de, por ejemplo, Enrique Peña Nieto, son sus compadres, sus amigos, sus parientes cercanos, los que están en su entorno haciendo negocios, los que se dicen sus socios, los que llama “tíos”, y que se están llevando las maletas con grandes sonrisas mientras el carga con todos los adjetivos calificativos que ofenden y hasta resultan obscenos.

Quién sabe si tiene tiempo de hacer sus propios negocios pero de que pretenden darle ratos de alegría ni quien lo dude, aunque estos sean para proponerle viajar en un avión super confortable, a la altura de su personalidad, sin que alguno de ellos le haga ver lo absurdo de ser fuertemente criticado por un montón de acero, madera y piel, con todo y cables.

De ahí que es difícil que con cantaletas como: “nuestro reto común es que la ley se aplique sin privilegios y sin distinciones y que se ejerza con prontitud y transparencia para proteger a la sociedad y castigar a quien la lastime. Además de las reformas en acción, es necesario que todos los Poderes y órdenes de gobierno redoblemos los esfuerzos a fin de asegurar la vigencia plena del Estado de Derecho en todo el territorio nacional”.

Estas expresiones surgidas dentro de la 12 Cumbre de Negocios, incluyeron reconocimiento a la exigencia de los mexicanos para que se produzcan acciones concretas de todos los que desempeñan una responsabilidad pública.  Solo que, frente a la falta de resultados y de esas “acciones concretas”, también estos señalamientos han pasado a ser parte de un archivo muerto y solo sirven para el comentario de los mismos de siempre, de los favorecidos régimen tras régimen.

Y para mejores ejemplos, sigue siendo el caso Ayotzinapa el vigente, que no el último y como están las cosas dentro de poco ya no será el más grave frente a otros hechos que todavía causarán un pavor mucho mayor. Resulta que los diputados integrantes de la Comisión Especial para el seguimiento de las investigaciones sobre la desaparición de los normalistas, documentarán en su informe la inadecuada planificación de la búsqueda y localización de los jóvenes así como las omisiones y las negligencias de las autoridades.

En otro punto, en Veracruz, profesores y estudiantes de cinco escuelas normales están en paro desde ayer y en sus carteles señalan: “no quiero ser el número 44”. Y este es solo el principio ya que han acordado endurecer las acciones de solidaridad si siguen sin aparecen los normalistas. Están en paro: Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen; Escuela Superior Veracruzana Dr. Manuel Suárez Trujillo, de Jalapa; Escuela Normal Juan Enríquez, de Tlacotalpan; Centro Regional de Ecuación Normal Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, de Tuxpan y el Centro de Estudios Superiores de Educación Rural Luis Hidalgo Monroy, de Acececa-Tantoyuca.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: LILIA ARELLANO

“Neoconcertacesiones” en Guerrero

MÉXICO, D.F: Ante la imposibilidad jurídica de remover al gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, el cártel de partidos optó por la neoconcertacesión, concretada a partir de compromisos que seguramente permanecerán en la secrecía de los actores políticos participantes, pero que ciertamente incluye acciones u omisiones contrarias al estado de derecho.

Ante las limitaciones establecidas por la fracción V del artículo 76 de la Constitución y la correspondiente Ley Reglamentaria a dicha norma (Proceso 1981), los senadores acordaron retrasar hasta el viernes 31 la presentación del dictamen de solicitud de desaparición de poderes interpuesta por el grupo parlamentario del PAN, con el claro objetivo de darle tiempo a la negociación.

La creciente indignación pública por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la violencia de las protestas, particularmente en Guerrero, subían el nivel de exigencia para que las autoridades federales ofrecieran alguna respuesta a las demandas, y al PRD le elevaban el costo político de mantener a Aguirre.

La ingobernabilidad era cada día más evidente y la exigencia de los senadores, incluyendo los perredistas, de que Aguirre solicitara licencia se extendía, lo que obligó a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PRD a modificar su posición inicial y acceder a la petición.

Aguirre había dado muestras de que no estaba dispuesto a retirarse de manera voluntaria, por lo cual la solicitud de licencia fue una decisión impuesta. Y para persuadirlo, seguramente los distintos actores políticos participantes (gobierno federal, dirigencias del PRI, PAN y PRD) tuvieron que hacer compromisos y concesiones mutuas.

La declaración del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, externada el miércoles 22 en el sentido de que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, fueron los autores intelectuales del ataque contra los estudiantes, además de atribuir la desaparición de los normalistas al hecho de que los cabecillas de Guerreros Unidos pensaron que se trataba de miembros de “un grupo delictivo contrario” –Los Rojos–, indica que la investigación se orienta a achacar toda la responsabilidad al nivel municipal.

La indagatoria que inició la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero apuntaba en esa dirección: El autor intelectual es el exalcalde y los autores materiales fueron los policías municipales de Iguala y los sicarios de Guerreros Unidos. La PGR, tras argumentar que la actuación del Ministerio Público estatal impactaba negativamente sus investigaciones, mantuvo la misma línea, pero involucró también a la policía municipal de Cocula y construyó un móvil lógico.

Conviene a todos los actores políticos atribuir la autoría intelectual a Abarca y su esposa; y la material a las policías de Iguala y Cocula y a Guerrero Unidos. Cualquiera que sea el desenlace de este lamentable incidente, a todos les reduce los costos políticos y los exime de responsabilidades administrativas y penales.

Nuevamente la misma trama: Dirigir la averiguación previa hacia los funcionarios del menor nivel y, por ende, exonerar a las instancias estatales y federales. En Puebla los responsables del asesinato del menor José Luis Tehuatlie son los policías estatales; en Tlatlaya, seis soldados rasos y un oficial de menor rango; y ahora, en Guerrero, lo son el exalcalde, su esposa, el director de seguridad pública, los policías municipales y Guerreros Unidos.

Se intenta hacer olvidar que las procuradurías federal y guerrerense supieron que el ahora exalcalde era presunto responsable del asesinato de Arturo Hernández Cardona y otras dos personas, pero ni así emprendieron investigaciones.

También se trata de ignorar que a partir de la desaparición de los normalistas se ha encontrado más de una veintena de fosas con un número no precisado de cadáveres cuya identidad se desconoce. Igualmente se soslaya que diversas organizaciones internacionales, sobre todo Amnistía Internacional, han denunciado la “caótica y hostil” integración de las investigaciones por parte de la PGR.

Contrario a lo que señala Murillo Karam, hay muchas otras líneas de investigación a seguir antes de atribuir toda la responsabilidad a las autoridades municipales; pero por supuesto eso implica que él mismo tendría que hacerse a un lado para dar plena libertad a los investigadores a fin de que integren una averiguación previa de calidad.

Aunque nunca se sabrá con precisión, es posible intuir que uno de “los ofrecimientos” hechos a Aguirre fue eximirlo de cualquier responsabilidad penal y dirigir todas ellas contra los funcionarios municipales.

También es factible suponer otro de los acuerdos: Dejar que el PRD (que cuenta con 20 de los 46 diputados locales y puede sumar cinco del Movimiento Ciudadano y uno del Partido del Trabajo, con lo cual llega a 26 y forma mayoría simple en el órgano legislativo) lleve mano en la designación del interino.

En este caso la concertacesión política (al margen e incluso contra lo establecido en la legislación) no tuvo como propósito calmar las protestas ciudadanas contra un fraude electoral –como sucedió durante el sexenio de Salinas de Gortari– sino para tratar de devolver la gobernabilidad a una entidad sumida en el caos y tratar de evitar que el descontento se extienda, ante la ola de manifestaciones que cunden en todo el país y suma a núcleos cada día más amplios de la población.

Sin embargo en esta ocasión no basta con la remoción del gobernante, pues subsiste el problema mayor: La desaparición de los 43 normalistas y la existencia de un número indeterminado de cadáveres cuya identidad es desconocida.

La salida de Aguirre Rivero del gobierno es una medida en la dirección correcta, pero no resuelve los problemas de fondo: La ausencia de una legislación que permita atender por la vía jurídica estas emergencias, la aparición con vida de los normalistas desaparecidos y la identificación y castigo a los responsables de los hechos de Iguala y de un número indeterminado de homicidios y diversos delitos.

Con el regreso del PRI a la Presidencia de la República también regresaron las licencias de los gobernadores incómodos al gobierno federal (Fausto Vallejo en Michoacán y Aguirre en Guerrero) y los pactos políticos secretos con las fuerzas de oposición y al margen de la ley. El tiempo dirá si en la nueva realidad nacional las neoconcertacesiones todavía son una respuesta aceptable para la sociedad mexicana.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.

Para la prensa extranjera, el gobierno de Peña está rebasado

Un mes después de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa –y el asesinato de tres más–, los organismos internacionales de derechos humanos y los principales medios de comunicación extranjeros no sueltan el caso y, a contrapelo del discurso oficial –que ha pretendido reducir el problema al ámbito municipal y estatal—, apuntan directo al gobierno de Peña Nieto. Le achacan responsabilidad debido a su incapacidad para encontrar a los estudiantes y sancionar a los culpables de su desaparición. Incluso van más allá: abordan la crisis de seguridad y de derechos humanos que padece el país y exhiben sus desatinos: la corrupción, la impunidad, la complicidad de políticos con el crimen organizado…

MÉXICO, D.F: Hasta hace unas semanas, en el ámbito internacional al presidente Enrique Peña Nieto se le consideraba “reformista”, “modernizador” e incluso “salvador de México”. Pero esa imagen se derrumbó a raíz de la matanza y desaparición de estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos en Iguala, Guerrero, ocurrida el 26 de septiembre último.

La prensa extranjera le dio amplia cobertura a ese acto violento que sacó a la luz las inconsistencias del gobierno federal en materia de inseguridad, corrupción e impunidad.

“Si uno omite hablar de la realidad, quizá aquella desaparezca. Durante los pasados dos años, esta actitud resumió la forma en la que Enrique Peña Nieto abordó los problemas de seguridad de México”, informó el diario Financial Times en su edición del martes 21.

Este análisis, según el cual Peña Nieto trató de minimizar la magnitud de la inseguridad en el país, lo compartieron varios medios internacionales.

El martes 7 el semanario alemán Der Spiegel comentó: “Desde el inicio de su gobierno, hace casi dos años, (Peña Nieto) intenta mantener el tema de la violencia fuera de los medios y presentar a México como un paraíso abierto a la reformas para los inversores: un país con un futuro color de rosa, en el salto a las grandes naciones industrializadas”.

Al día siguiente siguió The Economist: “Peña Nieto dio prioridad a las reformas económicas y restó importancia a la ley y el orden como forma de modernizar a México, sin admitir que ambos eran igualmente importantes”.

El mismo miércoles 8, el diario británico The Guardian destacó, frente al horror que suscitó el hallazgo de varias fosas con 28 cuerpos “desmembrados y calcinados a tal punto que las autoridades mexicanas estiman que necesitarán hasta dos meses para identificarlos”: “La terrible ola de violencia que sujeta a México volvió a ser noticia”…

Fragmento del reportaje que se publicó en la edición 1982 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE

Moreno Valle gasta más en fiestas patrias que en universidades

PUEBLA, Pue. (apro).- El gobierno de Puebla gastó 33 millones 147 mil pesos en la contratación de artistas como Miguel Bosé, Yuri y Eugenia León, entre otros, para las fiestas patrias de este año, que se realizaron del 12 al 16 de septiembre.

En respuesta a una solicitud de información que presentó el portal de noticias e-Consulta, la Secretaría de Educación sólo proporcionó la cifra general que se supone incluye el gasto en contratación de artistas, servicios de instalación, audio y video, logística, contratación de artistas, iluminación y pirotecnia.

La cartelera de este año para las Fiestas del Grito de Independencia incluyó al cantante español Miguel Bosé, Yuri, Eugenia León, Guadalupe Pineda, Tania Libertad, Lila Downs, Bobby Pulido, Belanova, Edith Márquez, Adrián Uribe y la Sonora Dinamita.

En los tres años de la administración morenovallista, suman 79.8 millones de pesos los destinados para las festividades de la Independencia.

El presupuesto gastado este año en el festejo patrio supera el presupuesto anual que tiene el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, la Universidad del Desarrollo, institutos o universidades tecnológicas, la Comisión de Derechos Humanos o el Instituto Poblano de la Mujer, detalla e-Consulta.

En 2012, el gobierno de Moreno Valle gastó 12.2 millones para presentar a Paulina Rubio, Pablo Montero y Fernando de la Mora, entre otros.

En 2013 para la noche del grito el gobierno estatal gastó 34 millones de pesos en la contratación de Pepe Aguilar, Pandora, Emmanuel y Mijares; Sasha, Benny y Erik Rubín; Aleks Syntek; Fey; Panda; Natalia Lafourcade; Kinky; y el Ballet Folclórico de Amalia Hernández.

Los tres años las presentaciones de estos artistas se han realizado en lugares con acceso gratuito al público.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Aprietan el cinturón

La decisión de actualizar el precio del petróleo en 79 dólares impactará en una reducción de 8 mil millones de pesos en los ingresos previstos para el próximo año. El grupo legislativo del PAN se pronunciaría en contra, por los niveles de endeudamiento que implica esta iniciativa.

El mercado internacional del petróleo obligará al Gobierno Federal a apretar el cinturón y recortar la Ley de Ingresos proyectada para el 2015.

La decisión de actualizar en la Cámara Alta el precio del petróleo en 79 dólares –y no en los 81 dólares fijados por los diputados- impactará en una reducción de 8 mil millones de pesos en los ingresos previstos para el próximo año.

La bolsa de ingresos para el 2015, que se someterá al pleno el día de hoy en la Cámara Alta, asciende a 4 billones 694 mil millones de pesos.

La cifra representa 18 mil millones de pesos más que la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal, pero 8 mil millones menos que el proyecto aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados.

El día de hoy se someterá al pleno del Senado la minuta de la Ley de Ingresos, con la modificación en el precio del petróleo, lo que obligará a enviar nuevamente el dictamen a la Cámara de Diputados para su aprobación.

Se espera que el grupo legislativo del PAN, que encabeza el senador Jorge Luis Preciado, se pronuncie en contra de la Ley de Ingresos aprobada por los niveles de endeudamiento que implica esta iniciativa.

El día ayer, las comisiones del Senado encargadas de analizar la Ley de Ingresos para el 2015 modificaron el precio del barril de petróleo a la baja y, con ello, amarraron una disminución en los recursos que ejercerá la Federación el próximo año.

Las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos Primera, del Senado, avalaron la minuta de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del 2015, con la única modificación en el precio del barril de petróleo.

La aprobación se llevó a cabo con 17 votos a favor, de todos los partidos, y dos en contra.

Acusa Padierna opacidad

La baja en el precio de la mezcla mexicana fue negociada por autoridades federales y legisladores en la Secretaría de Hacienda, de tal forma que la disminución llegó ya al Congreso de la Unión con el acuerdo de todas las bancadas.

El senador del PAN, Raúl Gracia, integrante de la Comisión de Asuntos Legislativos, votó en contra de este dictamen por el nivel de endeudamiento que contempla el Gobierno Federal.

Sin embargo, el resto de los legisladores votaron a favor a excepción de la senadora del PRD, Dolores Padierna.

La perredista criticó las medidas tributarias que se aplicaron durante todo el 2014 y pidió que con la disminución en los recursos del erario para el 2015 no se afecte a los ciudadanos, sino al aparato gubernamental.

“Nuestro voto en contra es por tres razones fundamentales: por la  opacidad, la violación a lo que establece la propia ley que no entrega la memoria de cálculo y por todos los efectos negativos que tiene para nuestra economía y para la población”, expuso en la sesión de las comisiones.

A pesar de que la noche de este lunes la propia Secretaría de Hacienda anunciara que pediría a los senadores modificar a la baja el precio del barril de petróleo, ayer en la sesión del Senado los panistas buscaron llevarse el crédito por los cambios.

“Se logró corregir un error que considerábamos muy importante, que es el precio del petróleo, que con las fluctuaciones que ha tenido, de manera irresponsable estaba dejando en el limbo ingresos por más de 8 mil millones de pesos. Afortunadamente hubo sensibilidad de todas las fuerzas políticas y conseguimos que el precio del petróleo fuera modificado”, comentó el panista Carlos Mendoza Davis.

Contempla más deuda

La Ley de Ingresos prevista para el próximo año contempla un endeudamiento del Gobierno Federal de 672 mil millones de pesos, que supera los 561 mil millones autorizados este año.

“El Gobierno de México se ha hecho adicto a las deudas para comprar votos, para alimentar la corrupción y para aumentar su poder”, aseguró el senador albiazul.

Entrevistado el lunes por Reporte Indigo, Mario Delgado, senador del PRD, señaló que fijar el precio del petróleo en 81 dólares como se pretendía hacerlo en el presupuesto federal no solo era irresponsable, sino un acto de fantasía.

Delgado se pronunció a favor de ajustar a la baja esta estimación del hidrocarburo en el que se basaron los diputados federales para aprobar la Ley de Ingresos de la Federación.

También el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado alertó en su informe sobre los altos niveles de financiamiento que contiene la Ley de Ingresos.

“Es claro que la Ley de Ingresos se basa en un principio recaudatorio, sin incentivos para la inversión ni la ampliación de la base de contribuyentes, lo cual es preocupante puesto que deja abierta la posibilidad de mayores déficits, como ya se pronostica para todo el sexenio”, asegura el CEESP.

La asignación de los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, obtenidos vía la Ley de Ingresos, corresponde a la Cámara de Diputados.

Sin embargo, los senadores se pronunciaron porque no se toquen programas que tienen impacto directo sobre la población, y más bien se tomen del gasto corriente del Gobierno Federal.

Las bancadas del PAN y el PRD pidieron modificar otros elementos de la Ley de Ingresos, como la entrada en vigor nuevamente del IVA diferenciado en las fronteras, la modificación al Régimen de Pequeños Contribuyentes o las estimaciones de crecimiento para el 2015. Todas ellas fueron rechazadas por las comisiones.

Ahora, la Ley de Ingresos será votada por el pleno del Senado, y luego devuelta a la Cámara baja, que tendrá hasta este viernes 31 de octubre para aprobar la modificación.

Una modificación anunciada


Reporte Indigo adelantó ayer que el PRI buscaba reducir de 81 a 79 dólares el precio del barril de petróleo en el que se basaron los diputados federales para aprobar la Ley de Ingresos.

El senador de PRI, David Penchyna, avisó de esta modificación que la noche del lunes fue confirmada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, luego de una reunión con legisladores federales.

El acuerdo se concretó después de un encuentro entre el titular de la SHCP, Luis Videgaray, y legisladores del PRI, el PAN y el PRD en Palacio Nacional.

El martes el senador Ernesto Cordero informó que presentaría una iniciativa para quitarle a los diputados la facultad para establecer el precio del petróleo según sus acuerdos y no criterios técnicos.

Previo a la aprobación del paquete de ingresos, el PAN denunció criticó la iniciativa porque contempla subir la deuda pública neta acumulada hasta el 50 por ciento del PIB.

El senador panista Francisco Búrquez, vicecoordinador del PAN, criticó este paquete presupuestal que va encaminado a provocar una nueva crisis financiera en el país.


“Quieren subir la deuda, subir impuestos disfrazados como el aumento a la gasolina, vamos cayendo en productividad y el Gobierno no invierte en infraestructura, porque todo se va al gasto corriente y a la corrupción”, denunció Búrquez.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Propuesta formal

Estudiantes del Politécnico entregaron ayer a la SEP el documento que formaliza la mesa de diálogo.

Un grupo de seis estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) entregó de manera formal en la Secretaría de Educación Pública su propuesta de diálogo con el Gobierno federal, que se llevaría a cabo mañana jueves, informó ayer El Universal. 

Por primera vez, integrantes de la Asamblea General Politécnica ingresaron a la unidad de atención ciudadana de la SEP para entregar a subsecretario de Educación Superior, Fernando Serrano Migallón, y al titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva, César Becker, el documento con las especificaciones para la negociación.

Designan a voceros

Por la mañana de ayer, la Asamblea presentó en conferencia de prensa a 21 de los 22 voceros que formarán parte de la mesa de diálogo con el Gobierno. 


Ante medios de comunicación, los estudiantes dijeron que no es necesario que se presenten los secretarios de Educación Pública, Gobernación y Hacienda; Emilio Chuayfett, Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray, respectivamente, mientras se les garantice que las autoridades que asistan darán respuesta a su pliego de demanda. 

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

Ni un centavo para seguridad

Pese a ser el tercer estado más violento en el país, el gobernador de Michoacán no solicitó dinero para combatir la inseguridad.

A pesar de ser uno de los estados con mayores problemas de inseguridad y levantamientos armados, el Gobierno de Michoacán decidió no pedir ni un centavo a la Federación para financiar programas de seguridad pública.

Ayer, autoridades del estado se reunieron con diputados federales para exponer sus requerimientos presupuestales para el año 2015.

Presentaron una cartera de 80 proyectos estratégicos en diversas áreas, que van desde la construcción de infraestructura hasta la creación de un parque conmemorativo para el Ejército Mexicano. 

Para ello, solicitaron casi 7 mil 100 millones de pesos.

Sin embargo, ninguno de esos programas se refiere a cuestiones de seguridad pública, mejoramiento policial o combate a grupos delincuenciales.

Reunidos con Silvano Aureoles Conejo -diputado perredista, presidente de la Mesa Directiva y aspirante por segunda ocasión a la candidatura al gobierno michoacano-, tanto Salvador Jara Guerrero, actual gobernador del estado, y Juan Carlos Rodríguez Pueblita, secretario estatal de Finanzas, pusieron el énfasis en que los recursos que solicitan se enfocan a proyectos de desarrollo económico y de infraestructura.

“Son proyectos que pueden ser prioritarios, que pueden tener un impacto directo en la actividad económica y en la productividad en Michoacán (…) se han ido identificando a partir de criterios objetivos sobre la marginación, el desarrollo de los municipios y la necesidad que identificamos de canalizar recursos para fortalecer la infraestructura pública de Michoacán”, expuso Rodríguez Pueblita.

En la reunión, en la que estuvieron presentes otros diputados de Michoacán, el tema de la crisis de seguridad y la presencia del crimen organizado no mereció un solo comentario.

Ni siquiera las declaraciones de Servando Martínez, “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios en las que afirmó que no se entregará y señaló la infiltración del crimen organizado en la Fuerza Rural, provocaron a las autoridades o legisladores michoacanos hacer un pronunciamiento.

Estos temas no solo estuvieron ausentes en la reunión. Lo estuvieron también en el documento Requerimientos para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, del que Reporte Índigo tiene copia.

Cuestionado por reporteros sobre el tema de recursos asignados a la seguridad pública en Michoacán, Jara Guerrero comentó que todos provendrán de la Federación.

“Ahorita lo checamos. ¿Se lo podemos pasar en una tarjetita? No lo tengo de memoria. Lo que pasa es que ahí entran todos los programas especiales de seguridad a nivel nacional, entonces seguramente va a haber incrementos, pero yo no los tengo ahorita presentes”, señaló el gobernador de Michoacán.

Así, las autoridades del tercer estado más violento por la presencia del crimen organizado y con el segundo despliegue de Fuerzas Federales más importante del país, dejaron todo el tema del dinero destinado a seguridad, en manos del Gobierno Federal.

Carreteras, la prioridad 

De los 80 proyectos estratégicos que presentaron las autoridades de Michoacán es en el sector de comunicaciones donde están las mayores peticiones, con 4 mil 709 millones de pesos. Se compone de 19 proyectos estratégicos que comprenden la construcción o rehabilitación de carreteras, calles, puentes y caminos.

El proyecto más caro de ese rubro es la Construcción del Libramiento Ferroviario de la Ciudad de Morelia, obra que constará de 79 kilómetros de longitud, y para la que se piden recursos por 3 mil 500 millones de pesos.

En el sector de agricultura y sistemas de riego se inscribieron un total de 13 proyectos, entre los que destacan la construcción de cárcamos o la rehabilitación de zonas de riego.

En desarrollo social, sin embargo, uno de los pilares que ha sido mencionado por el Gobierno Federal para la reconstrucción del tejido social, solo se contemplaron tres proyectos: la construcción de una guardería en el municipio de Sahuayo; otra, en el municipio de José Sixto Verduzco; y la construcción de un Centro contra las Adicciones en el municipio de Lázaro Cárdenas.

Los rubros de cultura y deporte, otros básicos para la reconstrucción social, solo cuentan con un proyecto cada uno.

En el caso de cultura, la única obra para la que el Gobierno de Michoacán pidió recursos, es para la construcción de un Parque Cultural conmemorativo de los 100 años del Ejército Mexicano, para el que se solicita una inversión de más de 37.5 millones de pesos.

Los proyectos
> 80 proyectos fueron en total para los que solicitaron presupuesto
> 19 en el rubro comunicaciones
> 13 en materia de Agricultura y Sistemas de Riego
> 9 para Agua potable y Saneamiento

> 4 para el sector de Economía

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Artículo 19 llevará a la CIDH el caso Chalchihuapan

PUEBLA, Pue. (apro).- La organización Artículo 19 anunció que presentará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso Chalchihuapan por el acoso y represión que padece el pueblo a manos del gobierno de Rafael Moreno Valle.

Leopoldo Maldonado Gutiérrez, abogado de la agrupación internacional, indicó que ese asunto forma parte de tres expedientes que se expondrán el próximo 30 de octubre ante la CIDH, con el objetivo de evidenciar el clima de represión contra las manifestaciones sociales.

Otro caso que se presentará, dijo, es la agresión que sufrieron manifestantes el 1 de diciembre de 2012 durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, así como la represión del 2 de octubre de 2013 contra participantes en la marcha conmemorativa de la matanza de Tlatelolco.

Artículo 19 anunció esa determinación en una rueda de prensa que se realizó en la sede del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), en la Ciudad de México, a la que acudió Elia Tamayo Montes, madre de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo –el niño que perdió la vida tras el operativo policiaco del pasado 9 de julio en la carretera Atlixco-Puebla–, acompañada de las esposas de los pobladores detenidos el sábado 18.

Las mujeres narraron que la madrugada de ese día, elementos policiacos irrumpieron en distintos domicilios de San Bernardino Chalchihuapan, rompieron puertas, amenazaron con armas, golpearon a mujeres, ancianos y niños, y detuvieron a cinco personas sin presentar órdenes de aprehensión.

De acuerdo con Maldonado Gutiérrez, al parecer el gobernador poblano aprovecha que la atención nacional se concentra actualmente en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, para reaprehender a los habitantes de Chalchihuapan por haberlo denunciado públicamente por la represión violenta que sufrieron el 9 de julio.

Lejos de cumplir con la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el pasado 11 de septiembre, Moreno Valle arremetió nuevamente contra los pobladores, apuntó.

Ceden politécnicos; aceptan que Peña designe director interino

MÉXICO, D.F. (apro).- A más de un mes de que se declararon en paro, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) flexibilizaron una de sus demandas al aceptar que el presidente Enrique Peña Nieto nombre a un director interino de la institución académica mientras se realiza el Congreso Nacional Politécnico.

“Aceptaremos al nuevo director interino que proponga el presidente de la República Mexicana. Por supuesto que estamos abiertos al diálogo con ellos y es responsabilidad del presidente de la República poner a una persona que vaya afín a los principios fundamentales del Politécnico”, dijo este martes Alejandro del Carmen, alumno representante en la mesa de diálogo con las autoridades federales.

No obstante, pidió que el próximo director cumpla con los lineamientos de la Ley Orgánica de la institución y aclaró que su gestión durará sólo hasta que concluya el Congreso Nacional Politécnico, una de sus principales demandas.

Abraham de la Cruz, representante de la Escuela Superior de Economía (ESE), agregó que el director designado deberá cumplir con el perfil marcado en el artículo 13 de la Ley Orgánica de IPN y estar “realmente comprometido” para “escuchar y conciliar” la problemática de la institución.

En la asamblea de este martes, los estudiantes confirmaron que seguirán como colectivo en la Asamblea Interuniversitaria con acciones coordinadas para exigir la presentación de los 43 normalistas desaparecidos en Guerrero. Se prevé que mañana haya movilizaciones para tomar casetas carreteras y televisoras.

En tanto, una comitiva de estudiantes entregó a funcionarios federales la propuesta para realizar una Mesa de Diálogo Público el próximo jueves en las instalaciones del IPN.

La Asamblea General Politécnica (AGP) presentó a los 21 integrantes de esta mesa. Tres de ellos cursan actualmente un posgrado, el resto son alumnos de vocacionales y de escuelas superiores.

Los estudiantes argumentaron que son alumnos de excelencia y algunos tienen becas para estudiar en el extranjero; agregaron que fueron elegidos con criterios fijados por la misma asamblea, aunque no se detallaron.

La AGP exhortó a los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de Educación Pública, Emilio Chuayffet, y de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, a acudir a este encuentro para avanzar en la toma de decisiones.

Su presencia, dijeron, daría “mayor certeza para poder sacar adelante la solución del pliego petitorio lo más rápido posible en bien de la comunidad estudiantil”.

No obstante, pidieron que de no asistir “envíen funcionarios con personalidad jurídica que nos puedan dar seguimiento a las propuestas y a las peticiones que han presentado”.

Por la mañana, un grupo de estudiantes del IPN identificado como “Poder Guinda y Blanco”, marchó del Monumento a la Revolución a la Secretaría de Gobernación para exigir el término del paro estudiantil y la reanudación de las clases para no perder el semestre.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Formal prisión para Yáñez

Se le acusa de haber ocasionado un fraude contra Banamex, delito considerado grave, por lo que el dueño de Oceanografía no tiene derecho a fianza.

Una semana después de que fuera detenido con una orden de presentación y luego de que la deuda de Banamex no fuera reconocida por el juez del concurso mercantil, el juzgado 14 de distrito de procesos penales federales dictó auto de formal prisión contra Amado Yáñez.

El Consejo de la Judicatura Federal evitó pronunciarse sobre cuál caso en específico llevó a la acción penal en su contra.

Sin embargo, la alusión por segunda vez a la causa penal 96/2014 menciona que el auto de formal prisión es “en su calidad de administrador único y accionista de la empresa Oceanografía”.

Yáñez es acusado de delinquir la Ley de Instituciones de Crédito. Se le presume culpable de haber aportado datos falsos sobre los activos de Oceanografía, lo cual resultó en un perjuicio patrimonial para otra compañía por más de 23.5 millones de pesos.

El alegado fraude a Banamex fue de más de cinco mil millones de pesos que el banco había entregado a Oceanografía como adelanto de pagos de facturas.

El esquema incluía adelantos que Oceanografía debía solventar para continuar la operación de la empresa y dar servicios a Pemex, principalmente en la sonda de Campeche.

Luego la institución bancaria cobraba de Pemex Exploración y Producción sobre los contratos de renta de barcos y otros servicios que la compañía de Yáñez prestaba a la petrolera.


El Consejo reiteró que el delito por el que ahora se le dictó auto es “calificado como grave por la ley; por lo que continuará el procedimiento privado de su libertad”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.

'No me entregaré'

En un nuevo audio que sale a la luz, presuntamente ‘La Tuta’ pide perdón por el daño que ha hecho y asegura que no dará cuentas a nadie en este mundo terrenal.

Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, rompe el silencio para lanzar un claro mensaje. 

“No me entregaré. No pienso pagarles a las autoridades en este mundo terrenal. No pienso pagarle ni a Alfredo Castillo Cervantes, ni al procurador Martín Godoy Castro, ni al secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra. No pienso pagarles a ellos y les voy a dar el gusto”, asegura el reconocido jefe del cártel de Los Caballeros Templarios en un audio que circula en las redes sociales.

El mensaje de “La Tuta”, que se aboca especialmente a jueces, magistrados, senadores, agentes del ministerio público y periodistas a quienes les pide que actúen con consciencia, se comenzó a difundir desde la página de Facebook denominada Por un Michoacán Libre de PC SDR.

En los 24 minutos que dura el audio, el líder criminal pasa de la calma a la ira con facilidad y acusa sin miramientos.

Asegura que al menos de la mitad de los integrantes las autodefensa o la Fuerza Rural, en algún momento de su vida sirvió fielmente al cártel de los Templarios o a la Familia Michoacana.  

“Arrepentidos, como ustedes quieran, pero ahora con tal de salvarse… que no se van a salvar chiquititos, a todos se los van a llevar. La gente ya está enfafada. La enfadamos 10 años La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios (…) ahora ustedes también van a ir para dentro”. 

De acuerdo al psicólogo Alberto Tello Luna, especialista en intervención clínica psicoanalítica, la voz que se escucha en el audio corresponde a la de una persona que está determinada a quitarse la vida. 

“Es una especie de testamento lo que está dictando. Él se está descargando de las culpas que considera no lo dejan vivir y se está colocando en una posición de limpieza para quitarse la vida en cualquier momento”, asegura el especialista.

Detalla que quien habla en el audio denota un gran desgaste emocional. 

“Al lanzar un mensaje público de esta naturaleza está buscando un poco de tranquilidad, está compartiendo con quienes espera que lo escuchen un poco de la carga emocional que viene soportando todos los días. Podríamos estar hablando de una persona que se encuentra próxima a cometer un acto de sucedido”, explica Tello Luna.

El psicólogo reconoce la posibilidad del suicidio, sobre todo por las disculpas que pide cuando se dirige a los familiares de todos los que ha asesinado.

En el audio, insiste el especialista, hay indicios de manipulación emocional para quien escuche el mensaje. 

Se trata de un líder que se dirige a un auditorio que sabe que lo puede hacer suyo, refiere. 

‘A salto de mata’

El audio sale a la luz justo días después de que se ha intensificado la búsqueda del jefe de Los Templarios en todo el territorio estatal. Búsqueda a la que se han sumado más de 100 efectivos de la gendarmería nacional. 

Desde hace más de tres meses, un comando especial de la Policía Rural le sigue los pasos en la zona de Tierra Caliente.

Apenas el pasado 24 de septiembre, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, dijo que el jefe del desarticulado cártel de Los Caballeros Templarios  andaba “a salto de mata”.

El funcionario federal aseguró que “La Tuta” no tenía un lugar fijo de residencia en Michoacán y que se dedicaba a subsistir en cuevas y cañadas de la zona serrana del sur del estado. 

En la grabación, Gómez Martínez reconoce que sí anda “a salto de mata”, pero corrige a Rubido con un tono sarcástico: 

“No ando en burro, ando en burra”.

Cierran el cerco

El audio de “La Tuta”, que se difundió rápidamente por las redes sociales, aparece a menos de 24 hora de que la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE) dio a conocer que se han integrado más de 30 videos en la averiguación previa penal que se le sigue a Servando Gómez.

En ese material, señaló la PGJR, el jefe de Los Templarios aparece en distintas reuniones con personajes de la vida pública, política y económica de la entidad.

Pide que los atrapen

“Con todo respeto para el Ejecutivo del Gobierno Federal”, Servando Gómez Martínez recomienda a Enrique Peña Nieto que ponga atención a lo que está pasando en Michoacán y prácticamente lanza un reto para que los detengan.

“Yo únicamente les pido, con mucho respeto (…) fíjense lo que está sucediendo en Michoacán. Ustedes tienen muchas maneras para poder dar con nosotros los delincuentes y no causar más caos”. 

En la exposición, el jefe criminal se deslinda del cártel de Los Caballeros  Templarios y asegura que está arrepentido de ser parte de la delicuencia organizada.

“Soy un delincuente, lo reconozco me equivoqué y tendré que pagar en su momento”, asegura en la grabación. “Soy un delincuente y me equivoqué por pendejo”.

Todos a la fuerza

Antes de concluir su declaración pública, Gómez Martínez hace una confesión más: todos los videos en donde él aparece con actores de la vida política, económica y social de Michoacán fueron filmados por órdenes de Nazario Moreno Gonzáles, “El Chayo”.


Todas las personas que aparecen en video con “La Tuta” fueron llevadas a la fuerza, bajo amenazas de muerte, reconoce el jefe criminal.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.