“Ahora salen que son delincuentes, todos en el pueblo los conocemos, sus papás se la pasaron trabajando toda la vida para sacarlos adelante. Los cuatro son inocentes; y pobres, no tienen la economía para salir adelante. Solamente van a buscar la vida, sólo querían salir adelante”, dijo la madre de Jorge Luis y Dorian González Parra, ambos detenidos-desaparecidos por policías desde el 26 de septiembre.
Las demás, mujeres indígenas, se tapaban el rostro y lloraban desesperadas. Señalaban furiosas al gobierno por no buscar a sus hijos por ser pobres, a la prensa por mostrar tantas fosas para hacerles daño, al ejército por bloquear el paso de los policías comunitarios indígenas en quienes confían para buscar a sus familiares.
“Es una burla contra nosotros”, dijo la tía del estudiante Jorge Aníbal Cruz Mendoza.
“Que vengan a ver cómo viven los supuestos narcos del gobierno, los supuestos Rojos, vengan a ver si tienen casas de narco y se asomen a ver cómo viven”, dijo un hombre que las acompañaba.
Esto en respuesta de las investigaciones ministeriales en el que uno de los detenidos señaló que los estudiantes fueron castigados por pertenecer al grupo de narcotraficantes “Los Rojos”. Antes otras versiones manejadas desde el Cisen señalaban que las víctimas eran guerrilleros del ERPI.
El maestro Bulmaro Gutiérrez, profesor de una secundaria de Xalpatlahua (donde estudiaron cuatro de los jóvenes), señaló: “Ora dicen que son narcotraficantes. ¿Dónde fueron a ver eso? A nadie engañan, que vengan a ver cómo viven”.
El maestro de Bachilleres Margarito Ramírez expresó enojado: “Mi ahijado Marcial era una persona muy respetuosa. El gobierno está diciendo que son delincuentes y eso está mal. Los cuatro de Xalpatlahua son gente pobre, de campo, querían salir adelante, tener preparación que el gobierno no da”.
Al momento de la misa celebrada a las cuatro y media de la tarde, los padres de los estudiantes que vivían las comunidades de la Costa Chica estaban en ese momento reunidos con Enrique Peña Nieto en Los Pinos, a quien iban a exigir que buscara a sus familiares en vida y que deje de buscarlos en fosas.
La explanada del palacio municipal tomado por las organizaciones estaba llena de posters con fotografías de los 43, una manta con la fotografía de Julio César Mondragón, el estudiante que fue desollado, y pintas exigiendo justicia, el Arzobispo dijo: “Pidamos al señor para que por grave que sea el daño nosotros podamos seguir buscando un camino de concordia, de perdón y de paz”.
Después de la bendición final llamó por el micrófono a los familiares de cada uno de los estudiantes, a quienes entregó una hoja con una oración y los citó en el curato de la iglesia para hablar de cómo la Arquidiócesis podría ayudarlos.
De Ayutla y el vecino municipio de Tecoanapa provenían 11 estudiantes de los 43 que fueron desaparecidos por policías municipales de Iguala y Cocula, de la mano con sicarios del cártel Guerreros Unidos.
En Guerrero, al menos una decena de presidencias municipales están tomadas por familiares, maestros, policías y organizaciones ciudadanas, las clases están suspendidas hasta que los jóvenes aparezcan.
Un maestro líder de la comunidad informó a Proceso que el martes por la noche un grupo de hombres armados amenazó de muerte a una de las tres familias de Ayutla con hijos desaparecidos, y los obligó a abandonar el plantón y huir del municipio. Una maestra señaló que otra familia de Tecoanapa también recibió una amenaza telefónica por protestar. Estos datos no pudieron ser comprobados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.
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