MÉXICO, D.F: A cuatro meses de la ejecución de 22 civiles a manos de elementos del Ejército en el municipio de Tlatlaya, esta mañana se registró otro enfrentamiento en las comunidades de San José Estancia Grande y Santa Rosa, municipio de Luvianos, Estado de México; seis personas murieron y cuatro más fueron detenidas por elementos de la Defensa Nacional.
Luvianos se ubica aproximadamente a 70 kilómetros de Tlatlaya.
El senador del PRD, Alejandro Encinas, exigió a través de un comunicado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que “dé cuenta de los hechos sucedidos, ya que contamos con información de que un convoy de soldados realizaba patrullajes en la zona”.
Presidente también de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, el legislador perredista confirmó que existe un “gran hermetismo” de las autoridades del Estado de México y que está en espera de la respuesta del titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos.
Según información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Estado de México, el enfrentamiento ocurrió esta mañana, cuando elementos del Ejército localizaron un campamento en la parte sur del Cerro de la Culebra, donde se encontraban varias personas.
Al intentar acercarse para realizar una revisión, lo sujetos dispararon a los militares. Éstos “repelieron la agresión”, lo que desató el enfrentamiento por varios minutos.
De acuerdo con la información oficial del Estado de México, seis personas perdieron la vida y se decomisaron armas largas y cortas, cartuchos útiles y droga.
Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) acudieron al lugar de los hechos. Sin embargo, no se ha confirmado si el enfrentamiento ocurrió como parte de los operativos específicos contra el crimen organizado que se realizan en la zona sur del Estado de México.
Luvianos es un municipio mexiquense colindante con Michoacán. Desde hace años, en esa zona se registra la presencia de los cárteles de La Familia y de los Caballeros Templarios.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
WASHINGTON: Doce Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) denunciaron al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por impunidad, encubrimiento y ocultamiento del proceso de las pesquisas en distintos casos de violación de derechos humanos.
En cinco audiencias realizadas este jueves durante el 153 Periodo de Sesiones de la CIDH, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y la ejecución de 22 jóvenes a manos de militares en Tlatlaya, Estado de México, sirvieron como emblema para descalificar al gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de la defensa de las garantías individuales.
“México es un país de contradicciones, es un país adolorido que no puede tolerar más la simulación”, denunció Jaqueline Sáenz Andujo, coordinadora del área de derechos humanos de la organización Fundar.
“La ejecución extrajudicial de 22 jóvenes en Tlatlaya, como ejemplo de la impunidad, ha sido ignorada, maquillada y escondida”, agregó ante la CIDH y frente a la delegación de funcionarios del gobierno mexicano que participó en el encuentro.
En la sesión del organismo de la defensa de los derechos humanos de la OEA, los representantes de las ONG´s que asistieron a nombre de la sociedad civil mexicana leyeron uno a uno los nombres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala y de las seis personas que perdieron la vida el pasado 26 de septiembre. Enseguida pidieron guardar un minuto de silencio en su memoria.
A cada participación, los representantes de Fundar, Artículo XIX, Asociadas por lo Justo, Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Documenta, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y Propuesta Cívica Sin Fronteras, se quejaron de la incapacidad del gobierno de Peña Nieto para encontrar a los 43 normalistas a más de 30 días de los hechos, así como para resolver las denuncias de más de 26 mil personas desaparecidas en los últimos ocho años.
“Fue el Estado”, sentenció por su parte María Luisa Aguilar Rodríguez, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos de la Montana Tlachinollan, al abordar el asunto de los normalistas de Ayotzinapa.
En respuesta a las quejas y las denuncias, Lia Limón, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reconoció de manera indirecta la incapacidad del gobierno federal para solucionar el caso de los estudiantes desaparecidos.
“Nunca se puede decir que se está haciendo lo suficiente cuando nos enfrentamos a hechos como los de Iguala”, dijo.
Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores –quien encabezó la delegación mexicano ante las audiencias de la CIDH–; rechazó la queja de las ONG´s.
“No hay política de Estado en materia de violación de derechos humanos”, afirmó.
Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, hizo eco de las denuncias de la sociedad civil mexicana sobre la crisis de derechos humanos por la que atraviesa México. Consideró que casos como el de Ayotzinapa y Tlatlaya “ya no son sorpresa, sino un patrón recurrente”.
En el mismo tono, acotó que la desaparición de los 43 normalistas “pone en evidencia los limites reales del Estado Mexicano para buscar a personas desaparecidas”.
Antes de iniciar las audiencias sobre México, unas 30 personas se manifestaron ante la entrada del edificio sede de la CIDH, en Washington, para exigir al gobierno de Peña Nieto que “devuelva vivos” a los 43 normalistas de Ayotzinapa y que se castigue con el peso de la ley a los que resulten responsables de este “crimen de Estado”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL
“Yo tuve amenazas hace 15 días; el técnico académico Isidro Saucedo me dijo que debía bajarle de tono a mis escritos sobre Diego Valadés o me abstuviera a las represalias", afirmó el investigador Ernesto Villanueva.
El vehículo que conducía el académico de la UNAM, Ernesto Villanueva, recibió el miércoles tres impactos de bala, pero resultó ileso por el blindaje de su camioneta. El hecho tuvo lugar a las 11:20 horas, cuando circulaba en su vehículo blindado, en Ciudad Universitaria, al sur del DF.
El doctor Villanueva acudió al Observatorio Ciudadano de los Derechos de los Universitarios, para posteriormente dirigirse a Ciudad Universitaria.
Fue en este sitio donde abrieron fuego contra su vehículo en el que sólo viajaba él; los disparos impactaron en la ventanilla del conductor, por lo que el académico continúo conduciendo hasta un módulo de seguridad de la universidad, donde solicitó ayuda.
Tras el ataque, realizó la denuncia correspondiente.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que presentará una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la agresión al académico Villanueva.
Villanueva refrió que tuvo amenzas recientemente.
“Yo tuve amenazas hace 15 días, el técnico académico Isidro Saucedo (González) me dijo que debía bajarle de tono a mis escritos sobre el Diego Valadés o me abstuviera a las represalias”, afirmó.
El académico hace referencia a una serie de artículos que fueron publicados en la revista Proceso y en el diario El Norte, donde se señalan presuntos vínculos de Diego Valadés, entonces Procurador General de la República, y el cártel de Sinaloa.
“Yo expuse los documentos que se encontraron en una casa de Vicente Carrillo Fuentes que lo vinculaban a él con el cártel. Es muy raro encontrar esas cosas en la casa de un narco”.
“Había una credencial que acreditaba a Vicente Carrillo como Primer Comandante de la Policía Federal Judicial firmada por el propio Valadés, cuando fue procurador general”, señaló.
Villanueva comentó que cuando recibió el mensaje, creyó que las represalias serían perder su cubículo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, no esperaba un atentado en su contra.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Con la protesta, los agremiados dejaron a un millón y medio de alumnos sin clases.
Para sumarse a la jornada de protesta para exigir la aparición de los 43 normalistas desaparecidos el pasado 26 de septiembre, profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron el acceso al aeropuerto de la Ciudad de Oaxaca, protesta que se mantiene por segundo día consecutivo.
Con la protesta, los agremiados dejaron a un millón y medio de alumnos sin clases, de acuerdo con el diario Milenio.
En los accesos a la terminal aérea, los maestros impiden el paso de vehículos, por lo que los viajeros deben caminar aproximadamente un kilómetro para llegar. No obstante, hasta ahora no se ha cancelado vuelo alguno, según dijo el administrador del Aeropuerto, Antonio Martinez.
Además de la protesta de los maestros, en la sede de Ciudad Universitaria en la capital del estado, miembros del Consejo General de Estudiantes Universitarios mantienen un plantón. En preparatorias de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, los estudiantes harán un paro de 72 horas que afectará a unos 25 mil estudiantes.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
Por 9 votos contra 1, rechazan las dos preguntas que, por separado, los partidos buscaban que se hiciera en 2015.
La mayoría del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró improcedente e inconstitucional la consulta energética que propusieron -con diferentes preguntas- tanto el PRD como Morena.
Los planteamientos de ambos partidos fueron rechazados por 9 ministros; sólo 1 votó a favor de ellas (José Ramón Cossío).
Los integrantes de la Corte señalaron que no se pueden hacer consultas sobre los ingresos del Estado mexicano.
Ayer, la Corte tampoco validó la consulta que proponía el PAN sobre el salario mínimo.
La pregunta que los perredistas querían que se hiciera en 2015 es: “¿Está de acuerdo en que se mantengan las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética?”.
Los lopezobradoristas, congregados en Morena, buscaban que se consultara: “¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros, para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica?”.
La ministra Margarita Luna Ramos señaló que es inconstitucional la petición, pues la Reforma Energética está destinada a generar mayores recursos para el Estado y los habitantes del país.
En ese sentido, Luna Ramos recordó que el artículo 35 de la Constitución prohíbe la posibilidad de que se celebre alguna Consulta Pública relacionada con los ingresos y egresos del Estado, y que por ello es inconstitucional la solicitud.
Al sufragar a favor de la ponencia de Luna Ramos, el ministro Alfredo Gutiérrez señaló que el caso del PRD es similar a la solicitud de Consulta Popular que presentó Morena y que este día rechazó también la Corte, pues afectan los ingresos que planea obtener el Estado con la Reforma Energética.
A su vez, el presidente de la SCJN, el ministro Juan Silva Meza, votó a favor al precisar que la consulta pública sobre temas relacionados con los ingresos y egresos del Estado está vedada por la Carta Magna que rige al país.
Silva Meza aclaró que la Corte no determinó cuales son los requisitos que se deben cumplir para que se lleve a cabo una consulta popular, ya que eso está plasmado en la Constitución por el Legislativo, y que la SCJN se limita a interpretar la Carta Magna.
Los otros ministros que votaron a favor de la inconstitucionalidad fueron Fernando Franco, Arturo Zaldívar, Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán y Olga Sánchez Cordero.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El centro de análisis e investigación Fundar presentó un informe sobre los 10 vacíos en el uso de recursos públicos en México.
Por tercera ocasión en lo que va del gobieno de Enrique Peña Nieto, el centro de investigación Fundar presentó este jueves 30 de octubre el informe “Las 10 faltantes”, en el cual analiza los temas olvidados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PEF): acceso efectivo a métodos anticonceptivos, cambio climático, control del gasto corriente, fondo para el desarrollo regional sustentable, migración, movilidad urbana sustentable, presupuesto para salud sexual y reproductiva (Seguro Popular y adolescentes), sistema de evaluación del desempeño, subsidios al campo y VIH/sida.
Este reporte es presentado a dos meses de que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, presentó el paquete ecomómico 2015 —integrado por la Ley de Ingresos (LIF) y el PEF)—, el cual proyecta para 2015 un gasto neto total de 4.67 billones de pesos; es decir, 4.67% más de lo aprobado en 2014: 4.46 billones. Según esta propuesta, las dependencias que registran aumento en recursos son Comunicaciones y Transportes (4.4%), Agricultura (1.7%), Turismo (17.5%), Sedesol (1.8%), SEP (2%) y la Secretaría del Trabajo (9.2%).
Para Fundar, “la propuesta del gobierno federal evidencia que durante el 2015 no canalizará recursos suficientes para atender satisfactoriamente estas 10 agendas públicas prioritarias. Además, si la tendencia de los últimos años se mantiene, en muchos de estos casos tampoco publicará información clara y precisa que permita evaluarlos y mejorarlos a cabalidad”, según un comunicado emitido por la organización este jueves 30 de octubre.
El objetivo del informe es que los diputados, que discuten la propuesta de la administración de Peña Nieto para aprobarla a más tardar el 15 de noviembre, hagan cambios al paquete y aumenten recursos en seguridad social, salud, migración, medio ambiente y desarrollo rural, para atender “a la población que lo requiere y (los recursos) sean asignados de manera que no discriminen a grupos de población o personas por ningún motivo”, detalló el centro.
Los olvidados
El aumento del gasto total de la federación “no lleva de la mano mejoras significativas en los recursos asignados para aspectos prioritarios de la vida de las personas y el ejercicio de sus derechos”, dice Fundar. Pero, ¿cuáles son éstos? Así lo explica:
Migrantes
El monto de presupuesto para migrantes representa el 0.000001% del total de recursos públicos que gasta el gobierno, y la propuesta para 2015 no cambia esta tendencia: En 2014 el presupuesto aprobado fue de 3.796 mil millones de pesos, mientras que para 2015 es de 3.799 mil millones.
Sin embargo, por primera vez existe un Programa Especial de Migración (PEM, 2014-‐2018). Aunque, según Fundar, las ambiciones y metas de este programa no corresponde al mondo de recursos asignados.
Por ello, la propuesta de Fundar y organismos de la sociedad civil es “incorporar en el PEF 2015 el anexo para migrantes que permita identificar los montos de los programas que van a la comunidad migrante. Si la Secretaría de Gobernación parece estar convencida de la relevancia de esto y además viene en el PEM, no veo cuál podría ser el impedimento. Segundo, incrementar los recursos donde es necesario hacerlo, esto es, en la atención directa a migrantes; por ejemplo en el apoyo a migrantes repatriados”.
Movilidad sustentable
El PEF 2015 no incluye los recursos que requiere el Programa de Impulso a la Movilidad Urbana Sustentable (PMUS) para comenzar a operar. Tampoco para desarrollar proyectos que promuevan la movilidad urbana sustentable.
Aunque en México más del 60% de la población no usa automóvil, de acuerdo a estimaciones basadas en el análisis del ejercicio del gasto de años anteriores, 90% por ciento de los recursos para proyectos de transporte y movilidad se destinarán para obras de ampliación y mantenimiento de la infraestructura vial (48,123 millones); sólo 6 por ciento a proyectos de transporte público (3,396 millones); 5 por ciento a obras de infraestructura peatonal (2,545 millones); y, menos de 1 por ciento para infraestructura ciclista (189 millones de pesos).
Salud sexual y reproductiva
El presupuesto asignado al Seguro Popular —para 2015 es de 74,789.23 millones de pesos, esto es prácticamente el mismo que se asignó en 2014: 74,789.25 millones— impacta en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿En qué aspectos? Atención hospitalaria, así como en el Programa de Salud Materna y perinatal, al cual en 2015 se le están asignando exactamente los mismos 537.68 millones de pesos que en el 2014.
Cambio climático
Para 2015, el presupuesto contempla 40,663.43 millones de pesos para cambio climático, que corresponde a 0.87% del PEF. Sin embargo, “la forma en que la información es presentada no permite conocer a qué acciones concretas se dirigirán los recursos. Tampoco facilita monitorear y evaluar su impacto en las acciones realizadas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y adaptar al país a los cambios del clima que ya se están produciendo”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
El pleno de los diputados aprobó en lo particular y general la minuta de la Ley de Ingresos de la Federación 2015 por 375 votos a favor, cuatro abstenciones y 33 en contra.
En poco más de una hora, el pleno de la Cámara de Diputados discutió y aprobó la Ley de Ingresos 2015 con las modificaciones devueltas por el Senado de la República. La Mesa Directiva turnó el decreto al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El pleno de los diputados aprobó en lo particular y general la minuta de la Ley de Ingresos de la Federación 2015 por 375 votos a favor, cuatro abstenciones y 33 en contra.
Con ello el pleno aceptó la propuesta de la colegisladora de reducir dos dólares el precio del barril de petróleo para pasar de 81 dólares a 79, debido a la incertidumbre del precio internacional de los hidrocarburos.
Con los ajustes realizados anoche por el Senado de la República ahora se espera captar en los recursos petroleros un billón 195 mil 806 millones de pesos, es decir, 23 mil 439 millones de pesos de diferencia.
El documento avalado establece ingresos por cuatro billones 694 mil 677.4 millones de pesos, que representan 18 mil 440.3 millones más que en la propuesta enviada por el Ejecutivo federal.
Sin embargo los legisladores no modificaron la plataforma de exportación de la mezcla mexicana y la mantuvieron en 2.4 millones de barriles diarios.
La discusión del tema inició a las 11:55 horas, con la fundamentación del dictamen por el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Damián Zepeda Vidales, quien explicó que la colegisladora consideró necesario modificar el precio del barril del petróleo de 81 dólares a 79 dólares.
Indicó que la modificación implica ocho mil 273 millones menos a lo aprobado por la Cámara de Diputados. El déficit de las empresas productivas del Estado deberá ajustarse, así como los montos relativos de las transferencias al Fondo para la Estabilización del Petróleo.
El Proyecto de Decreto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2015 que aprobó la Cámara de Diputados, consideró en su momento incorporar los efectos de diversos eventos económicos internacionales.
Ello, modificando las variables económicas como el tipo de cambio, que se ajustó de 13 a 13.40 pesos por dólar, el precio del barril de petróleo que pasó de 82 a 81 dólares.
Lo que resultó en recursos totales, precisó, por cuatro billones 702 mil 951 millones de pesos, 26 mil 713 millones de pesos más respecto a lo propuesto por el Ejecutivo federal; 20 mil 521 millones de pesos más por ingresos petroleros.
Asimismo, 18 mil 92 millones de pesos más, resultado del incremento en ingresos tributarios y no tributarios provenientes de medidas de eficiencia recaudatoria y del incremento en aprovechamientos, que son los ingresos que recibe el Estado por funciones de Derecho Público.
En ese momento también se aprobó una recaudación federal participable por dos billones 310 mil 415 millones de pesos, mayor en dos mil 238 millones de pesos respecto a lo que propuso el Ejecutivo en su iniciativa.
Asimismo, se estimaba obtener recursos por impuestos por 1.9 billones de pesos, destacando Impuesto Sobre la Renta (ISR) con un billón 53 mil millones de pesos, IVA con 703 mil millones de pesos y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en 151 mil 700 millones de pesos.
La minuta de la colegisladora considera modificaciones en diversos rubros, derivado de ajustar el precio del barril e incorporar la evolución de los mercados internacionales en los días recientes, lo que dio origen a que la tabla de ingresos sea recalculada, generando cambios, entre los cuales destacan los siguientes:
“Con base en lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, actualizar el pronóstico del precio ponderado acumulado del barril petróleo crudo de exportación para el año 2015, ajustándolo de 81 dólares a 79 dólares por barril.
Derivado de lo anterior, los ingresos del gobierno federal por impuestos aumentaron 15 mil 166 millones de pesos, pasando de un billón 963 mil millones de pesos a un billón 978 mil millones de pesos.
Ello como consecuencia de que el IEPS, que se estimaba en una pérdida recaudatoria de menos nueve mil 308 millones de pesos, pasa a una recaudación por cinco mil 857 millones.
Esto se da en razón de que cuando el precio internacional del petróleo disminuye, el valor de las importaciones de gas y petrolíferos también lo hace, reduciendo el diferencial de precios.
La Cámara alta adecuó las estimaciones de ingresos para 2015 con respecto a dicha variable, proyectando obtener ingresos presupuestarios por un total de cuatro billones 694 mil 677 millones de pesos, ocho mil 273 millones menos a lo aprobado previamente, que es el ajuste que se da a la baja en la Ley de Ingresos.
De tal manera, agregó, los ingresos del gobierno federal pasan de dos billones 906 mil 192 millones a dos billones 904 mil 11 millones de pesos, lo que significa una reducción de dos mil 180 millones de pesos, respecto del proyecto que la Cámara de Diputados remitió al Senado de la República.
En cuanto a los Ingresos Petroleros, expuso, que con este ajuste se esperan recursos por un billón 195 mil 806 millones de pesos, es decir, 23 mil 439 millones de pesos de diferencial.
Es importante mencionar que derivado de los ajustes mencionados, los ingresos de Pemex por venta de petróleo se reducen en seis mil 93 millones de pesos, quedando en 439 mil 706 millones de pesos, aclaró.
Como parte de la reducción en el valor de las ventas de Petróleos Mexicanos (Pemex), las transferencias al Fondo Mexicano del Petróleo también se reducirán en esa misma cantidad, con lo que estarían por un monto estimado de 745 mil millones de pesos.
Asimismo, insistió, para hacer frente a la reducción de los ingresos por ventas de Pemex, es necesario ajustar en la misma cantidad el déficit de las empresas productivas del Estado, restándolo del endeudamiento interno del gobierno federal, es decir, un ajuste dentro del mismo techo.
No obstante, aclaró, que gracias a que el IEPS a las gasolinas y diesel se ajusta a la alza, la Recaudación Federal Participable que se destina a las entidades federativas aumentó en dos mil 503 millones de pesos, quedando en dos billones 312 mil 918 millones de pesos.
Como consecuencia de la nueva estimación de los ingresos de Pemex, la colegisladora ajustó los montos de las transferencias mensuales que la empresa deberá realizar al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo por concepto de ISR de los contratos de utilidad compartida.
Lo anterior, a fin de que, a valor anualizado, la empresa transfiera al Fondo un monto de 424 mil 121 millones de pesos, lo que es menor en 10 mil 736 millones de pesos a lo anteriormente aprobado.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
MÉXICO, D.F: Jorge Mario González García, preso desde el 2 de octubre de 2013, consiguió hoy su libertad luego de que un juzgado constitucional le otorgó su protección por las violaciones a diferentes garantías cometidas por el Poder Judicial del Distrito Federal.
Alrededor del mediodía, González García recibió la notificación judicial en la Torre Médica del penal de Tepepan, donde permanecía para su atención luego de sostener una huelga de hambre que se prolongó por dos meses a finales del año pasado.
El amparo otorgado es liso y llano, por lo que queda absuelto de delito y no se le asentarán antecedentes penales.
Jorge Mario, exalumno del CCH Naucalpan, fue detenido a bordo de una unidad de la Ruta 1, en la calle Isabel La Católica, en el Centro Histórico del Distrito Federal, cuando se dirigía a participar en la marcha conmemorativa por la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.
Con el dicho contradictorio de dos policías, el joven –expulsado de la UNAM por su postura crítica a las medidas reformistas del rector José Narro Robles–, fue acusado de arrojar artefactos explosivos dañando mobiliario público, propiedad privada y a transeúntes.
Las irregularidades cometidas en el caso de Jorge Mario, documentadas en diferentes ediciones del semanario Proceso y la agencia Apro, destacaron la consideración de la juez Marcela Ángeles Arrieta de negarle la libertad condicional por considerarlo “de peligrosidad social” debido a su asiduidad a las marchas.
Ya durante el proceso, la defensa de Jorge Mario pudo acreditar, con peritajes de la propia procuraduría de justicia capitalina, que no había daños por explosivos en la zona mencionada ni denuncia de víctimas. Por si fuera poco, los dos policías que lo detuvieron y participaron como testigos negaron haberlo visto detonar explosivos.
Desde la negativa de la libertad caucional, el joven de 24 años de edad permaneció en huelga de hambre durante dos meses, sin haber conseguido nada. Las consecuencias del ayuno se expresaron en un cuadro anémico, un daño grave en páncreas y la perdida de masa muscular que, de acuerdo con trabajadores del propio penal, no fueron atendidos como requería.
El rector de la UNAM, José Narro Robles, lo llegó a acusar de estar detrás de ataques a la máxima casa de estudios. El secretario de Gobierno del DF, Héctor Serrano, fue al extremo de acusar a Nuria Ramírez, la novia del joven, de la protesta contra el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, durante un acto en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), aunque la joven no estaba presente en el lugar.
La obstinación de la PGJDF y de la juez Marcela Ángeles Arrieta en mantenerlo preso, motivó inclusive pronunciamientos de numerosas organizaciones internacionales y de intelectuales de prestigio global como Noam Chomsky, quienes consideraron que Jorge Mario estaba preso sin delito, por el hecho de ser anarquista.
La juez Arrieta –conocida por manejar casos relacionados con detenidos en protestas sociales–, dictó una sentencia de cinco años y ocho meses, que se confirmó en segunda instancia. Fue hasta que el joven tuvo la oportunidad procesal para solicitar la protección constitucional, cuando finalmente obtuvo el amparo.
De acuerdo con familiares y la defensoría de González García, se espera que en el transcurso de la noche quede en libertad, luego de haber cumplido un año con un mes en prisión, sin que existieran pruebas materiales ni testimoniales de haber incurrido en los delitos por los que fue acusado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
"Ustedes se lo buscaron", comentó un soldado a Omar, quien pedía ayuda para uno de sus compañeros, herido la noche del 26 de septiembre. "Los medios nos decían que no podían llegar porque se los había prohibido el gobierno", acusó.
El Ejército Mexicano llegó más de dos horas después del par de ataques que sufrimos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre; ¿dónde estaban?, preguntó Omar García, estudiante de Ayotzinapa.
En entrevista para Noticias MVS, primera emisión, reveló que cuando llegaron los militares, en lugar de atender a los heridos, los detuvieron y los golpearon.
“Llegó el Ejército acusándonos de allanamiento (de un hospital), dándonos culatazos y al compañero herido también lo sometieron“, reveló el estudiante.
Omar les preguntó a los soldados: “Oigan, no están viendo que está gravemente herido, lo que necesitamos es apoyo”. En ese momento el joven ayudaba a uno de sus compañeros heridos, quién todavía no se recupera.
“Fue ahí cuando nos dijeron: Ustedes se lo buscaron, eso les pasa por andar haciendo lo que hacen”, agregó.
Para el joven la forma de actuar de los militares es un “reflejo de la criminalización (contra los normalistas), que han insertado en las fuerzas del orden”.
Además, los soldados los fotografiaron a todos. “Nos dijeron: den sus nombres reales porque si nos dan sus nombres falsos nunca los van a encontrar“.
Ahora Omar se pregunta qué hizo el Ejército en dos horas, las dos horas que no aparecía por ningún lado.
Los medios nos decían que no podían llegar
Omar presenció el segundo ataque de la noche funesta.
Antes de ver cómo en medio de la oscuridad, aparecían los disparos, llamó a los medios de comunicación locales.
“Los medios nos decían que no podían llegar porque se los había prohibido el gobierno estatal y municipal”, acusó.
“Que no podían cubrir el caso porque les habían prohibido desde el estado”, agregó.
2 horas después, llegaron algunos medios, quienes fueron testigos del segundo ataque. Hasta ahora no se conoce ningún video sobre ello.
“Fue muy repentino… estábamos en la esquina de la calle Juan N Álvarez… 5 o 6, de medios locales… repentinamente empezaron nuevamente los balazos. No pudimos percatarnos quiénes eran porque estaba todo oscuro, solamente se veían las ráfagas, los disparos que salían de la oscuridad pero no pudimos ver de quién se trataba”, expuso.
A uno de los compañeros de Omar le quitaron los ojos. Esto porque “cuando lo sometieron, tuvo la valentía de escupirle a la cara del agresor“.
“Durante este tiempo el Ejército ni sus luces”, remarcó.
“Después de la segunda balacera a las 12:30 (de la madrugada) aparece el Ejército”, precisó.
Omar buscaba que algún doctor atendiera a Edgar Andrés, un normalista lesionado, que actualmente continúa grave.
“Pedimos en hospital que se nos atendiera, no nos quisieron atender, pedimos que por lo menos nos dejaran entrar, personal de guardia nos dejó entrar y al poco rato llegó el Ejército acusándonos de allanamiento de morada”, contó.
El estudiante menciona que en Guerrero es común ver a militares coludidos con la delincuencia organizada. “Soy de la Sierra donde abunda la delincuencia organizada”, narró. “Y el Ejército ahí anda, le dan su mochada y se retira… siempre llegaban a arreglos con los narcos”.
¿Qué música escuchan?
Omar García dio a conocer que cuando fue a declarar ante la PGR por los hechos del 26 de septiembre, le hicieron preguntas como qué música escuchaban.
El normalista dijo que las autoridades intentaron vincularlos con la delincuencia. ”Nos tuvieron 8 horas declarando y sí todas esas declaraciones siempre iban encaminadas: ¿de dónde eres, a qué te dedicas, qué opinas de los Guerreros unidos?.. no tenían nada que ver con lo que sufrimos”.
“Esa fue una ofensa todavía más grande: nos preguntó que qué música escuchábamos… oigan pero ¿por qué escuchan a La Trakalosa?“, continuó.
El normalista adelantó que alistan una caravana “civil y pacífica” en el país, “en la que podamos poner a debate este problema”.
Lo que se vive ahora es un horror que venían tapando, que han querido encubrir, pero pero les ha explotado, finalizó.
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Ayotzinapa. La puerta negra de uno de los dormitorios de la escuela rural de Ayotzinapa está sellada y sus paredes rojas lucen desoladas. Diez de sus ocupantes están entre sus 43 estudiantes desaparecidos y otros cinco huyeron por miedo. Ernesto Guerrero, un alumno de 21 años que se hace llamar Comandante Malboro, sobrevivió al brutal ataque de policías y sicarios del narcotráfico en el que desaparecieron sus 43 compañeros el 26 de septiembre en Iguala, una ciudad a 130 km de la escuela.
Guerrero, uno de los cinco estudiantes que quedan de este dormitorio, se siente orgulloso de permanecer aún en esta escuela de magisterio de ideología revolucionaria. Pero, igual que sus otros colegas de cuarto, cada noche busca un rincón en habitaciones de otros compañeros para no regresar a su solitario dormitorio. De los 140 estudiantes de primer nivel de Ayotzinapa, 110 están ausentes: los 43 desaparecidos y 67 más que desertaron por temor.
"Mis padres me han dicho que me vaya a la casa. Prefieren que me quede sin estudiar a que me maten por ahí", dice Ernesto parado frente a su dormitorio, pintado por ellos de rojo comunista con imágenes de Karl Marx y el Che Guevara. En ese cuarto, que bautizaron 'La Casa del Activista', sus habitantes recibían "orientación ideológica y política", dice hermético sin querer descubrir al enseñante.
Cuando nos íbamos a dormir "unos estaban con música, otros bromeando, cantando, leyendo en el círculo de análisis. Estábamos compartiendo ideas, pues", recuerda este joven, que hasta agosto pasado empuñaba un fusil como miembro de un grupo de milicias de autodefensa comunitaria.
"Algunos 'compas' se van"
Además de su objetivo de ser profesor rural, Ernesto dice tener la misión de impedir a toda costa el cierre de la escuela de Ayotzinapa y de una docena de centros similares en el país que son parte de una federación de estudiantes campesinos.
En esa misma escuela se formaron los líderes guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Estas aulas son el último reducto de un proyecto educativo para el campo creado al término de la Revolución Mexicana de inicios del siglo pasado.
Los alumnos de estas escuelas públicas y radicales están acostumbrados a exigir con métodos contundentes, incluso violentos, que el gobierno las mantenga vivas. La noche de los ataques, los 43 estudiantes se habían apropiado de varios autobuses en Iguala para regresar a Ayotzinapa. El alcalde, vinculado con un cártel narcotraficante, ordenó el ataque porque temía que los jóvenes fueran a boicotear un acto público de su esposa, según la fiscalía.
Las familias de los 43 desaparecidos obtuvieron el miércoles el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto para "redignificar" a estas escuelas.
"Yo, con mis camaradas, he convivido" y "he llorado, hemos comido juntos, hemos tomado. Veo que algunos 'compas' se van, se van, no sé por qué se van, pues tienen miedo. Aquí nos dijeron que aquí somos hermanos", dice otro decepcionado estudiante de 25 años, que aún no sabe de donde cogió fuerzas para escapar de los ataques de Iguala con una rodilla herida de bala.
Los compañeros de dolor
La madre de Julio César Ramírez, uno de los seis muertos en los ataques, llora frente a un altar de flores anaranjadas que rodean su foto, en la casa aún sin terminar a la que su familia se mudó unas semanas antes.
"Mi esperanza ahora será ver a los otros muchachos que regresen con vida para que él (Julio César) también pueda descansar y me deje descansar a mí (...) Me falta el aire", reconoce su encanecida madre, Berta Nava.
Otro desaparecido, César Manuel González, tiene 21 años y un perro que se llama Lulú, el conejo Whiskas y su gato Tambor. "Ellos lo están esperando en casa", dice con los ojos rojos por el llanto y el cansancio su padre, César Mario.
Este joven desaparecido había estudiado un semestre de Derecho en Tlaxcala, pero le encantaba la vida de la sierra y trabajar con las comunidades rurales.
Encontró Ayotzinapa y dejó todo, dice su padre, que trae colgados un rosario y un escapulario y en las muñecas lleva pulseras de la virgen de Guadalupe. Todo son regalos de personas que se han acercado a rezar por los muchachos.
En la escuela sólo falta la familia de Dorian González Parral. Este chico moreno, aún con cara de niño, proviene de una remota comunidad indígena tlapaneca, cuya lengua era el único idioma que él hablaba cuando llegó a estudiar a Ayotzinapa. Ahora nadie lo reclama.
FUENTE: LA JORNADA/AFP.
Nicolás Andrés Juan vive a diario la angustia de su hijo, Edgar, en una cama de hospital.
El padre puede contar que su hijo sobrevivió al ataque de policías municipales de Iguala, el pasado 26 de septiembre, y después fue detenido por militares, pese a estar herido y luchar por su vida.
“La exigencia en estos momentos es la atención médica para mi hijo”, recuerda en entrevista para Noticias MVS primera emisión.
Su hijo, dice, “se retuerce del dolor por las heridas“. Operaciones y operaciones. El drama no es menor que al que viven los padres de los normalistas desaparecidos.
Cuenta que tras el ataque a balazos, a Edgar tuvieron que hacerle una traqueotomía (orificio en el cuello), también le colocaron una sonda en el estómago; además, le tuvieron que abrir la parte del tobillo para extraerle parte del hueso y reconstruirle el paladar. Y hay una serie de cicatrices que apenas va sanando. Aún duelen: ”Todo eso me duele y me dan ganas de llorar”.
Nicolás no se quita de la cabeza que su hijo y los normalistas fueron “reprimidos por el Estado”. No olvida que “militares que deberían estar al servicio de la comunidad impidieron la inmediata atención de mi hijo”, “eso le iba a causar la muerte”. “Por eso le pedí al licenciado Enrique Peña Nieto que investigara porqué los militares actuaron de esa manera”, comenta sobre la reunión del miércoles en Los Pinos.
Horas antes del ataque del 26 de septiembre, pudo hablar con Edgar. Estaba en Ayotzinapa. Le dijo que necesitaba apoyo económico. “Le digo sí hijo, no lo tengo ahorita a la mano mañana haré lo posible por conseguirlo y te lo voy a mandar”. Estaba “lejos” de imaginar lo que se enteraría a las 2 de la madrugada.
“Omar (compañero normalista) me dice:¿usted es el papá de Edgar? Su hijo está herido”, cuenta, con la llamada grabada en su mente.
“Fue desesperante, su mamá lloraba, no teníamos suficiente recurso para viajar”, agrega.
“Fue impactante ver las condiciones en las que estaba nuestro hijo, sedado por la anestesia, dormido, llenos de aparatos”.
Hoy considera que urge una limpieza de las 3 estructuras del gobierno -federal, estatal y municipal. Cree que la sociedad debe exigirlo y unirse: “Exigir al gobierno federal que es su responsabilidad vigilar y ver las estructuras políticas, institucionales porque parece que tiene una fragilidad y que ya no se sostiene como para hacer frente a esos grupos organizados”.
“Los mexicanos debemos unirnos para hacer de nuestra patria una patria mejor de paz y prosperidad”, afirma.
Nicolás no carga con un desaparecido. Pero al igual que los otros padres, quedó marcado desde el 26 de septiembre.
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La reunión del miércoles 29 con el presidente Enrique Peña Nieto es algo que no me movió, “yo esperaba algo más eficaz”, alguna frase -”los encontraremos en poco tiempo”-, que se viera ese ánimo, de un presidente de México que nos representa, pero “nos decepciona”, no pasa nada, “yo esperé algo más… una esperanza”, confiesa Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete (18 años), uno de los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre.
En entrevista para Noticias MVS primera emisión, apuntó que el presidente los recibió a más de 1 mes de lo ocurrido en Iguala, Guerrero. Y no fue porque hubiera querido, sino por la presión de los medios y la del extranjero.
Emiliano hubiera preferido que “hubiera salido por él mismo, en el momento”.
“Me decepciona como gobierno que son, les falta mucho para representar a una sociedad que exigimos, yo no le vengo a pedir un favor, le vengo a pedir justicia como mexicano que soy… no le vengo a pedir limosna“, remarcó.
El padre recordó que fueron “personas del gobierno” (policías municipales) quienes cometieron el atropello “a nuestros jovencitos indefensos”.
Además, urgió resultados más rápidos y precisos, una “movilización eficaz”.
¿Involucrados con el narco? “Una tontería”
Para Emiliano es una tontería que se filtren en medios versiones sobre que algunos de los 43 desaparecidos podrían estar involucrados con el narcotráfico.
“No tengo estudios, pero no soy tan tonto para creerme esa tontería”, comentó en MVS.
Si hubiera miembros de algún grupo criminal, señaló, estos habrían respondido a las agresiones que sufrieron el 26 de septiembre; “no irían desarmados, yo creo que hubieran muerto todos los policías (municipales)”. Mencionó que en Guerrero saben que los narcotraficantes “cargan mejores armamentos”.
“Entonces es algo tonto que le quieran sembrar a la sociedad esa idea”, mencionó. El gobierno da patadas de ahogado, sostuvo.
“Conozco a mi hijo o véanme a mí si tengo cara de maleante o de una persona nociva para la sociedad”, agregó.
“Esos comentarios sobre nuestros muchachos están fuera de contexto”.
Además, Navarrete mencionó que está cansado de la gente que lucra con el dolor ajeno; y pidió no especular sobre los 43 jóvenes.
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"Hoy nuestro país está viviendo un momento que, sin duda, pone a prueba nuestros avances normativos y la fortaleza institucional en materia de derechos humanos, y obliga a las autoridades a tomar medidas para erradicar definitivamente hechos de esta naturaleza", dijo el secretario ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez Icaza.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno mexicano a responder a la “grave crisis” que vive el país, al tiempo que señaló que aún no puede medirse su respuesta en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala hasta que los jóvenes sean encontrados.
Durante una audiencia ante la CIDH, en la que representantes del gobierno mexicano y de ocho organizaciones de derechos humanos debatieron sobre la respuesta oficial a la desaparición de estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre, el secretario ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez Icaza, señaló que México está viviendo un momento que “pone a prueba nuestros avances normativos y la fortaleza institucional en materia de derechos humanos” y, subrayó, hay una “grave crisis” a raíz del caso de Iguala y el de Tlatlaya.
“Hoy nuestro país está viviendo un momento que, sin duda, pone a prueba nuestros avances normativos y la fortaleza institucional en materia de derechos humanos, y obliga a las autoridades a tomar medidas para erradicar definitivamente hechos de esta naturaleza“, dijo Icaza.
Asimismo, señaló que lo dramático en ambos casos es la dimensión: “Pero lo lamentable, es que son patrones que venían sucediendo antes. Lo dramático es la dimensión, pero no hay sorpresa en términos de la ocurrencia”, lo que es “preocupante”, agregó.
Por su parte, el relator de la CIDH para México, comisionado James Cavallaro, dijo percibir un “contraste fuerte” entre la buena voluntad de las autoridades federales y la actuación de distintas autoridades estatales y municipales. “¿Cómo superar este desafío?”, se preguntó.
Mientras que, durante la audiencia, activistas acusaron a las autoridades mexicanas de desatender la “seria crisis de derechos humanos” que atraviesa su país.
Maria Luisa Aguilar, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, solicitó al auditorio guardar un minuto de silencio por tres ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el mismo evento del 26 de septiembre, tras haber leído los nombres de los 43 estudiantes desaparecidos.
También estaban representantes del gobierno mexicano y la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García, dijo que ante hechos como éste “nunca se puede decir que se está haciendo lo suficiente”.
“El reto enorme es llevar a la práctica las reformas institucionales“, dijo Limón en referencia a modificaciones a la justicia penal, a la ley de víctimas y una reforma constitucional de derechos humanos, entre otras.
La Comisión celebró la audiencia un día después de que padres de los estudiantes se reunieron con el presidente Enrique Peña Nieto.
Los estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre cuando fueron atacados por policías municipales en la ciudad de Iguala, a unos 130 kilómetros al sur de la Ciudad de México.
A principios de octubre, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los 43 estudiantes desaparecidos, facultad de la Comisión para solicitar a un Estado que prevenga daños irreparables a personas en situación de riesgo.
Docenas de manifestantes se apostaron a las puertas de la Organización de Estados Americanos con banderas mexicanas y fotos de los 43 estudiantes, mientras gritaban consignas como “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Por el caso han sido detenidas 56 personas, en su mayoría policías de las municipalidades vecinas de Iguala y Cocula, así como el líder principal del supuesto gripo de narcotraficantes Guerreros Unidos.
Juan Manuel Gómez Robledo de la cancillería mexicana dijo a The Associated Press que comunicará a la CIDH la disposición para un comité de expertos avale el trabajo investigativo realizado en su país por el caso de Iguala, tal como solicitaron las familias de los desaparecidos.
Los siete integrantes de la CIDH se reunirán a puertas cerradas la semana próxima para determinar su respuesta, tras haber recabado información durante cinco audiencias sobre México.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), trabaja desde la primera semana de octubre en las fosas clandestinas localizadas en los municipios de Iguala y Cocula, Guerrero, al sur del país.
Del resultado de sus investigaciones depende, en mucho, que el presidente Enrique Peña Nieto sea capaz de ofrecer una explicación que le permita superar lo que se considera la peor crisis en lo que va de su gobierno.
Es el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que desde la primera semana de octubre trabaja en las fosas clandestinas localizadas en los municipios de Iguala y Cocula, Guerrero, al sur del país.
Desde el 26 de septiembre desaparecieron en esa zona 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos.
Las autoridades tratan de establecer si los cuerpos localizados en las fosas pertenecen a los estudiantes.
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Una tarea en la que colabora el EAAF, un grupo de especialistas reconocidos a nivel mundial por su tarea para identificar restos humanos en países donde ocurrieron violaciones masivas de derechos humanos.
Anteriormente colaboraron en otros casos en México, como en la identificación de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua y de los restos encontrados en fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas.
Ahora se encuentran en Guerrero, pero su tarea no ha sido fácil.
Desconfianza
El equipo argentino está de nuevo en México por una razón: los familiares de estudiantes desaparecidos no confían en las autoridades de este país.
Ha habido una serie de obstáculos para que los forenses hagan su trabajo: Vidulfo Rosales, Tlachinollan
Desde las horas siguientes al 26 de septiembre organizaciones civiles afirman que el gobierno busca cadáveres, y no a los estudiantes con vida.
Amnistía Internacional dijo incluso que la investigación judicial es “caótica y hostil”, y denunció que la exhumación de restos en las primeras fosas clandestinas encontradas en Iguala no se hizo de manera adecuada.
Por eso los familiares de los desaparecidos, apoyados por grupos como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, advirtieron a la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) que sólo confiarán en los forenses del EAAF.
Sin embargo, aunque las autoridades mexicanas aceptaron esa propuesta los peritos argentinos encontraron un ambiente complicado para realizar su trabajo.
“Obstáculos”
Desde las primeras semanas de octubre organizaciones civiles denunciaron intentos de bloquear el trabajo del equipo. “Ha habido una serie de obstáculos para que los forenses hagan su trabajo”, aseguró el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales.
Y es que al principio se restringió el acceso de los peritos argentinos a las primeras fosas y los restos depositados en la morgue, según familiares y Amnistía Internacional.
Pero la PGR rechaza que se obstaculice al equipo argentino. “Yo tengo mucha confianza en esos peritos”, afirma el procurador Jesús Murillo Karam.
Cuando se superó la polémica el EAAF empezó a realizar su trabajo de manera independiente a lo que habían hecho la Fiscalía General de Justicia de Guerrero y la PGR.
En muchos casos la investigación partió de cero, virtualmente.
Largo plazo
Esto significa que tomaron sus propias muestras de los cuerpos exhumados, los otros restos encontrados en las fosas y de los familiares directos de los estudiantes normalistas.
También realizan su propia recolección de evidencias y establecen una estrategia de trabajo desde distintas especialidades.
En este grupo participan once expertos de distintos países, entre los que se encuentran antropólogos, arqueólogos, médicos forenses y especialistas en criminalística y balística.
Todas las pruebas recabadas se envían al laboratorio de EAAF, ubicado en Virginia, Estados Unidos.
Este proceso suele ser largo y en el caso de Guerrero puede ocurrir lo mismo por las dificultades que hubo para acceder a los restos, primero, y a que todavía siguen apareciendo más fosas.
El hallazgo más reciente ocurrió en un basurero de Cocula, municipio de Iguala donde desaparecieron los estudiantes. En ese lugar los peritos están en el proceso de recabar evidencias, y faltaría aún su procesamiento y análisis.
Violencia
La estrategia de EAAF no se limita al análisis químico, criminalístico o genético de las evidencias, como suele realizarse en México y otros países.
Los expertos argentinos, por ejemplo, procuran recuperar el entorno de las víctimas mediante entrevistas con sus familiares, consulta de archivos e informes y registros policíacos, hospitalarios o periodísticos.
Yo tengo mucha confianza en esos peritos: Jesús Murillo Karam, procurador de México
Eso permite ubicar los sitios donde posiblemente fueron inhumadas las víctimas.
Allí se realiza el trabajo de campo que contempla una análisis del suelo, y después la recuperación minuciosa de todos los restos que allí se encuentren, de una forma similar a la que se realiza en los hallazgos arqueológicos.
Pero lo que hace distinto al EAAF es la vinculación permanente con los familiares de las víctimas, con quienes se compromete a terminar por completo todas las investigaciones.
Sucede lo mismo en Guerrero, donde los peritos realizan su trabajo con el más bajo perfil posible, no sólo porque es su estrategia sino por seguridad.
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El estado es uno de los más violentos de México pues es trinchera de la guerra entre varios grupos de narcotráfico. Algo que se nota en Iguala y Cocula, donde los espías de las bandas acechan permanentemente a todos los ajenos a estos pueblos.
Silencio
Hasta el momento no está claro el momento en que se tendrán los resultados de la investigación del EAAF en Guerrero y, por ende, si los estudiantes desaparecidos se encuentran en alguna fosa.
BBC Mundo solicitó entrevistas con los miembros del equipo en México como en Buenos Aires, donde se encuentra una de sus sedes.
En Argentina una vocera respondió que no pueden hacer ningún comentario sobre su trabajo en México hasta que concluya la investigación.
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Mercedes Doretti, quien encabezó la misión del equipo en Ciudad Juárez, dijo a BBC Mundo que el intenso trabajo en Guerrero no les permite conversar con los medios.
“Por ahora no veo posible realizar una entrevista”, respondió por correo electrónico.
BBC Mundo también solicitó una entrevista con la responsable de la subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, Eliana García, quien mantiene la relación oficial con EAAF. No hubo respuesta.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/ BBC MUNDO.
MÉXICO, D.F: El expresidente Felipe Calderón urgió a reformar las instituciones de seguridad y justica y hacer una purga en los cuerpos de seguridad para evitar que vuelvan a ocurrir casos como la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.
Al participar en la presentación del estudio “Mejor crecimiento, mejor clima” de la Comisión Global sobre la Economía y el Clima que él preside, Calderón Hinojosa dijo que en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia está “una gran parte” de la clave de este problema.
“Pienso que es vital para el país que haya policías confiables, ministerios públicos confiables, jueces confiables, que hagamos todos un esfuerzo para que se renueven estos cuerpos policiacos a todos los niveles de gobierno y que estén integrados por mexicanas y mexicanos que verdaderamente defiendan a los ciudadanos y no a los delincuentes”, dijo.
En la medida en que se vayan transformando las instituciones de seguridad y justicia, agregó, irá mejorando “sustancialmente” el tema de seguridad y como consecuencia la imagen de México en el extranjero.
Calderón Hinojosa expresó también su apoyo a los familiares de los normalistas desaparecidos y su respaldo al gobierno actual que está “empeñado”, afirmó, en resolver el caso y llevar a la justicia a los responsables.
“Mis oraciones están con las familias de los muchachos para que desde luego puedan aparecer con vida como se desea y que se lleven las investigaciones a cabo”, apuntó.
FUENTE: PROCESO. 29 OCTUBRE 2014
AUTOR: REDACCIÓN.
(29 de octubre, 2014).- Al menos dos muertos y tres personas secuestradas, ha dejado el conflicto entre comunidades pertenecientes a La Cañada de los Once Pueblos, donde según fuentes de la región este miércoles al amanecer, fueron instaladas distintas barricadas en torno a la población de Carapan.
A decir de los pobladores, el conflicto entre comunidades indígenas podría estallar de un momento a otro, luego de que se culpan mutuamente por el destrozo de los bosques. En tanto, el cerco carretero instalado por los habitantes, impide el tránsito entre las comunidades de Zacapu, Zamora y Uruapan.
Sin embargo, el día de ayer se agudizó el conflicto luego de que fueron encontrados los cuerpos de dos comuneros muertos, originarios de la comunidad de Los Llanos, municipio de Zacapu, quienes fueron abandonados en la población de Tacuro en Chilchota.
No obstante, los pobladores atribuyen el asesinato a habitantes de la población de Carapan, tras advertir, sin que esta versión este confirmada, que los comuneros muertos fueron baleados mientras circulaban por las serranías de su población.
Ante esta agresión, los pobladores de Los Llanos comenzaron a hacer detenciones de camiones de pasaje y secuestraron a tres personas, las cuales mantienen retenidas en la casa ejidal de su población.
A su vez la comunidad de Carapan reaccionó levantando bloqueos y mantienen detenida a una persona de la comunidad de Los Llanos, al momento hay al menos tres barricadas levantadas que mantienen sitiada la población de Carapan.
En este momento, la situación es tensa y a decir de los pobladores, ninguna autoridad ha llegado a mediar el conflicto que de un momento a otro podría salirse de control.
No obstante, desde el martes por la tarde se reportaron bloqueos carretera entre los municipios de Zacapu y Zamora, donde se encuentran dichas comunidades.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0 (MICHOACÁN)
AUTOR: CÉSAR VÁZQUEZ.
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