viernes, 31 de octubre de 2014

Una injusticia por vender juguete

Gilberto Lugo fue detenido, presentado públicamente como criminal, torturado y preso, porque vendió una pistola de postas a un excompañero de secundaria que resultó asaltante. Hoy es un empleado ejemplar y estudia Derecho.

En medio de la etapa más cruda del narcotráfico en Nuevo León, Gilberto Lugo vivió dos años encerrado en el Topo Chico por un crimen que no cometió.

Siendo inocente, en el penal tuvo que presenciar desde granadazos hasta motines

Pero hoy ya se prepara para recibirse de abogado.  

Gilberto es un joven de 25 años, con un semblante tranquilo y sereno que contrasta con su elevada estatura. 

Después de que su padre falleciera, Gilberto heredó el negocio familiar que consistía en un puesto ambulante de juguetes, el cual instalaba cada día de la semana en un mercado diferente en su colonia.

A los 22 años, Gilberto tuvo que dejar los estudios para dedicarse de lleno al trabajo y apoyar a su viuda madre. 

Sin embargo, el destino le tenía preparada una mala jugada.

A finales de noviembre del 2011, cuatro unidades de la Policía Ministerial llegaron al hogar de Gilberto.

A empujones y golpes lo sacaron de su habitación.

Gilberto refiere que en ningún momento mostraron una orden de aprehensión o de cateo, ni siquiera le decían el motivo de la detención.

Sólo repetían una y otra vez “¿Dónde están los carros?”, “¿Dónde los tienes escondidos?”, “¿Para quién trabajas?”, “Si no nos dices, te vamos a aventar a un río”. 

En medio de forcejeos, los ministeriales se lo llevaron a la Agencia Estatal de Investigaciones, ubicada en Gonzalitos, donde para sorpresa de Gilberto, se encontró a un viejo compañero de la secundaria que vivía a unas cuadras de su casa.

El viejo conocido estaba detenido junto a otras cuatro personas. 

Los oficiales argumentaron que el joven reconocía a Gilberto, por lo que éste era culpable de lo que se le imputaba, delito que hasta ese momento desconocía. 

“Me muestran a mi compañero (de secundaria) y a tres personas más, dos mujeres, y le preguntan a él si me conoce y les dice: ‘no pues que sí’, y me dicen ‘ya ves, ahí andabas, andabas con ellos’.

“Después comenzaron a torturarme, me pusieron una bolsa (en la cabeza), me dieron de toques, con el bate, fue una tortura fuerte”, recuerda Gilberto.

Al joven lo relacionaron con una banda delictiva porque en junio del 2011, su excompañero de secundaria le compró una pistola de postas en el puesto de juguetes que manejaba.

Y después esa pistola fue utilizada para asaltos y robos por el excompañero de Gilberto, un hombre y dos mujeres más.

Sin embargo, la detención de Gilberto no se dió hasta cinco meses después de la transacción. 

“Todos ya se habían firmado confesos, pero yo no y bajaban a torturarme, querían que yo firmara que era el cabecilla de la banda, yo no me fui confeso.

“Al día siguiente nos presentan ante los medios, luego nos llevaron al CEDECO y para el 3 o 4 de diciembre yo ya estaba internado en el Topo Chico”. 

Gilberto expresa que desde ese momento comenzó un nuevo calvario, pues los internos pertenecientes a un grupo delictivo controlaban el penal y le pedían una cuota de 50 mil pesos para poder utilizar las áreas comúnes.

Además, debido a la sobrepoblación tenía que dormir en un pasillo, pues no había celdas suficientes. 

“Llegas y ahí se maneja la justicia de los que autogobiernan adentro del cereso, gracias a dios se me da la oportunidad de ser asesor de computación, para dedicar mi tiempo en algo que me ayudara a despejar mi mente, porque cuando llegué estaba en shock, jamás había sido detenido ni por la Policía, jamás había estado ni en una demarcación”. 

Gilberto ocupó el puesto de asesor de computación, en donde recuerda que su mayor alegría es que realmente los internos sí aprendían y le daban el reconocimiento como profesor. 

Después de un año Gilberto entró como capturista en el departamento laboral, donde convivía directamente con personal externo.

El joveno recuerda que en su etapa en el penal le tocó vivir desde motines hasta granadazos, inclusive, una de esas granadas cayó en su dormitorio, pero él se encontraba en la iglesia. Sus compañeros de celda resultaron heridos por las esquirlas. 

“Se maneja mucho la extorsión, vi muchos asesinatos, los presencié, no puedes vivir, no puedes ni dormir porque no sabes si puedes amanecer al siguiente día.

“De hecho ahí finalizar un día es ganancia y amanecer otro día es una bendición”. 

La familia de Gilberto se acercó a la institución Renace, organización civil que facilita el acceso a la justicia a víctimas y acusados, quienes le asignaron una abogada que le consiguió la libertad. 

Al principio condenaron por robo calificado a Gilberto, por lo que le aplicaron una sentencia de seis años, sin embargo la abogada reunió las pruebas para demostrar la inocencia de su cliente y las injusticias en su proceso penal. 

Tramitaron un amparo indirecto contra el auto de formal prisión, pero les fue rechazado.Luego procedieron a una apelación en donde a los seis años de condena sólo le quitaron seis meses. 

La última opción de Gilberto fue un amparo directo, el cual fue aceptado, pero tocó en la misma sala que le negó el primer amparo y la apelación.

“Ya después de unos seis meses, yo estaba en el snack, eran como las 8 de la noche y me hablan me dicen ‘ven vámonos, ve a tu ambulatorio por lo que te vas a llevar, ya te vas’, me puse hasta chinito”, recuerda. 


Gilberto salió libre el 31 de octubre del año pasado. Hoy es auxiliar de seguridad en Soriana, donde trabaja desde enero del 2014, ha subido varios puestos y estudia por medio de la empresa la carrera en Derecho.

Después de dos años de convivir entre violadores, asesinos y narcotraficantes en condiciones insalubres y por un delito que no cometió, Gilberto reflexiona: “Ese trago amargo ya no me atormenta como al principio, que no me podía adaptar, sin Renace yo no estaría aquí, pelearon por demostrar mi inocencia.

“Cambié demasiado, ahora soy más apegado a mi familia, tengo mi pareja y cambié mi vida, ya sólo veo por la comodidad de mi familia y me dedico al trabajo”, finaliza Gilberto.

Inocente, pasó dos años en prisión

Gilberto Lugo fue torturado y preso por vender una pistola de postas en un mercado ambulante.

> Junio 2011
Gilberto le vende una pistola de postas a un excompañero de la secundiaria y vecino de la colonia, en el negocio familiar de venta de juguetes en mercados rodantes. 

> Noviembre 2011
Policías ministeriales llegan a casa de Gilberto y mediante empujones y golpes, lo llevan a la Agencia Estatal de Investigaciones en Gonzalitos. Lo torturan para obligarlo a confesar. 

> Diciembre 2011
Sin declararse culpable, presentan a Gilberto y a la pandilla de ladrones de la que era integrante su excompañero de secundaria ante los medios. Una semana después lo internan en el Penal del Topo Chico. 

> Octubre 2013
Gracias a la organización Renace y al apoyo de su abogada, Gilberto sale libre el 31 de octubre, luego de dos años en prisión. 

> Enero 2014

Gilberto entra a laborar como elemento de seguridad en Soriana. En la actualidad ha ascendido varios puestos y ahora es auxiliar, también estudia por medio de la empresa la carrera en Derecho.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: GIZÉH JIMÉNEZ.

Aquella noche de terror en que el Ejército se negó a ayudar a los normalistas

IGUALA, Gro: El maestro oaxaqueño Nicolás Andrés Juan relató afuera del Hospital General de esta ciudad, lo que pudo saber sobre la suerte que corrió su hijo Edgar Andrés Vargas, quien resultó herido en el rostro durante la cacería de policías a estudiantes normalistas de Ayotzinapa y a quien el ejército le negó el apoyo.

Esa noche conoció también al maestro de la CETEG que salvó la vida de su hijo que a punto estuvo de morir por asfixia.

“Cuando recibí la llamada a las dos de la mañana del teléfono de mi hijo pensé que era él pero fue que me enteré a grandes rasgos que estaba herido y no lo querían atender en una clínica y no había taxis para llevarlo. No entiendo cómo llegó la Marina, el Ejército, y no permitían que se llevaran a mi muchacho, también lo intimidaban”, dijo el padre frustrado en la entrevista realizada el martes 7 de octubre.

Para esa fecha el hombre pedía no ser identificado por su nombre, por temor a represalias. Ayer miércoles, habló ante el presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete en la reunión que tuvo con normalistas y padres de familia de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.

El maestro (quien pidió el anonimato) guió a Edgar que se desangraba y a otros estudiantes normalistas la noche del 26 de septiembre para escapar de la muerte. Intentaron parar tres taxis en las calles, pero ninguno quiso apoyarlo.

El grupo caminó al Hospital Cristina, una clínica privada de dos pisos, que estaba cerrando. Los estudiantes intentaban frenar el sangrado de Andrés poniéndole una playera como torniquete.

A la clínica llegó el médico Ricardo Herrera quien no quiso atender al herido por ser estudiante de Ayotzinapa. El llamó a la policía municipal para que detuvieran a los jóvenes (la autoridad que persiguió a los estudiantes hasta matar a seis y herir a 25), pero en su lugar llegó una veintena de soldados.

El ejército se había mantenido omiso, adentro de la región militar, durante las tres horas que duró la cacería de normalistas. No acudió a pesar de que las instalaciones castrenses están a menos de tres kilómetros de donde ocurrieron los dos episodios con balaceras.

“Se acerca el ejército”, gritó alguno de los estudiantes. Todos se escondieron. Entre varios subieron a Andrés al segundo piso, le limpiaron la sangre de la boca.

Los militares llegaron al hospital y apuntando con sus armas sacaron a los 26 de sus escondites, los regañaron por dedicarse a la delincuencia y amagaron con llevarlos detenidos.

“Se metieron a un hospital privado, es allanamiento, es un delito, vamos a llevar a los municipales para que se los lleve”, advirtió el que iba al mando de los soldados, según lo que recuerda el maestro.

“Si llaman a los municipales nos van a entregar para asesinar porque ellos son los que balacearon a todos”, respondió el profesor.

Le pidieron que se identificara y cuando dijo que era profesor le reclamaron: “¿Y esto es lo que les enseña?”; él les respondió que enseña en Iguala pero acudió a ayudarlos.

Los militares salieron un momento a hablar entre ellos. Al regresar regañaron al grupo, reclamaron al maestro que les enseña a ser revoltosos, regañaron a los jóvenes por no aprovechar la oportunidad que les dan sus padres para que estudien, los regañaron por problemáticos, les tomaron foto a uno por uno, les pidieron sus nombres, y se fueron. Antes les aseguraron que pronto pasaría una ambulancia por el herido. Pero no llegó. Los estudiantes se fueron en un taxi que accedió a subirlos porque escondieron al herido.

“El ejército ya tomó la zona, ya están seguros”. Fue lo último que dijo el que iba al mando.

En aquella entrevista en el hospital el papá Nicolás Andrés Juan dijo a Proceso que su hijo estaba por cumplir los 20 años.

“Cuando llegamos a Iguala y vimos al médico nos dijo que estaba a punto de morir por asfixia porque estuvo mucho tiempo sin atención, esta parte la tenía inflamada, cerrada –se tocó la garganta–, le hicieron una traqueotomía, por eso salvó la vida, si hubiera tardado más estaría muerto”, narró.

Durante los primeros días en los que estuvo internado en el hospital, Andrés tuvo pesadillas, lo durmieron con sedantes. Perdió la voz y una parte de la cara. Tenía inflamado el rostro, se comunicaba a través de la escritura.
Sus familiares no querían que recordara nada. Al día siguiente fue trasladado al DF, al hospital Gea González, para someterlo a cirugías.

“Mi hijo tenía trazado un proyecto de vida estable, tener licenciatura, ejercer su profesión, tener una familia, poder vivir. Desafortunadamente no sabemos cómo va a ser después ni qué secuela pueda tener. La ciencia ha avanzado pero va a quedar distinto, inclusive la voz. Nos ponemos a pensar qué va a ser de él, a lo mejor no va a poder ejercer una docencia, estar frente a los alumnos, cómo va a quedar. Uno trata de darle una mejor herencia a los hijos”, dijo triste.

Ayer narró esta historia ante el presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete de seguridad, y reclamó otra vez que el ejército no ayudó a su hijo.

El día de la entrevista, en el hospital estaba el hermano de Aldo Solano Gutiérrez el estudiante herido que sigue en coma. El reporte que dio su familiar es que no se movía, estaba conectado por ventilador, lo poco que movía del cuerpo era a causa de reflejos. No pudieron trasladarlo a un hospital de alta especialidad porque requería estar conectado y su cerebro estaba inflamado.

Aldo, el herido, tiene 19 años. Es jugador de futbol y proviene de Ayutla. Fue herido en la primera balacera del 26 en la noche, cuando la policía municipal bloqueó el paso de su camión en el periférico y les disparó mientras los jóvenes estaban intentando mover la patrulla que obstaculizaba la salida.

“Todos en la familia estuvimos muy felices cuando supimos que pasó el examen para entrar a la Normal porque él quería ser algo en la vida, seguir estudiando, tener carrera y apoyar a mis papás que son de bajos recursos y la única escuela para campesinos es Ayotzinapa. Su sueño era estudiar, ser maestro. Eso es su sueño”, dijo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI (REPORTAJE ESPECIAL)

Arrecian en el país protestas en apoyo a normalistas de Ayotzinapa

MÉXICO, D.F: Estudiantes y maestros de distintos estados arreciaron las protestas en el segundo día del paro nacional en solidaridad con los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y los padres de 43 desaparecidos.

Una de las movilizaciones más nutridas fue la de Sinaloa. Más de 35 mil bachilleres, universitarios, maestros y autoridades, incluido el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Juan Eulogio Guerra marcharon para exigir la aparición con vida de los normalistas desaparecidos hace 34 días.

En silencio, vestidos de blanco y portando un moño negro, protestaron por las calles de Culiacán, por el asesinato y desaparición de estudiantes de Ayotzinapa.

Con pancartas y consignas, la comunidad universitaria exigió el esclarecimiento de las agresiones a los normalistas rurales.

“La inteligencia ha abandonado las aulas para tomar las calles y expresarse. La sociedad mexicana y las universidades del país se encuentran invadidas por la indignación y el coraje. El alma de las universidades y el espíritu de la UAS están invadidos por el dolor y la incertidumbre; hace 34 días, con la desaparición de los 43 estudiantes, fueron secuestrados también la esperanza y el optimismo de un futuro mejor,” señaló Guerra Liera al aclarar que “el ánimo de la juventud estudiosa en México no es el mismo, pues se ha atentado contra su integridad e inteligencia”.

“Vivos se los llevaron y vivos los queremos”, corearon los inconformes y exigieron que el caso de Guerrero sea el último, que cierre un capítulo de barbarie e impunidad.

“La juventud mexicana está preparada para ser protagonistas de un cambio basado en las ideas, en el saber científico y en los valores, por ello a una sola voz pidamos el regreso con vida de los jóvenes”, subrayó el rector de la UAS.

En Chiapas, estudiantes y maestros realizaron bloqueos de carretera, tomas de casetas y plazas comerciales.

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá tomaron hoy la caseta de cobro de la autopista que comunicad a San Cristóbal de Las Casas con Tuxtla, donde empezaron a cobrar una cuota menor a los automovilistas que pasaban por el lugar. Los recursos que se recauden, dijeron, son para enviarlos a los padres y normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

En la región del Soconusco, estudiantes de la Escuela Normal Dr. Manuel Velasco Suárez de Huehuetán, tomaron la carretera y marcharon sobre ella hasta Tapachula, para manifestar su repudio al gobierno por los nulos resultados para hallar a los 43 normalistas desaparecidos.

“El gobierno no es que no pueda encontrarlos, no quiere localizarlos, por el costo político que implica para ellos y porque exhibiría aún más colusión de los criminales con el gobierno en sus tres niveles”, dijo un orador en el mitin que realizaron en Tapachula.

Por su parte, estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), montaron un altar “no de muertos, sino de esperanza”, donde encendieron veladoras para rezar por la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas.

En San Cristóbal de Las Casas, un grupo de maestros de la Sección VII del CNTE tomaron la plaza comercial Soriana, pero a la par un grupo de hombres cubiertos del rostro y con palos y piedras destruyeron vehículos y cristales de varios negocios en esa la plaza comercial.

El grupo de maestros se deslindó del acto violento y acusó que fue un grupo de choque infiltrado con el objetivo de desprestigiar el movimiento que ya no es local, sino nacional para apoyar a los padres de los desaparecidos y los jóvenes de Ayotzinapa.

En la plaza central de Tuxtla, estudiantes de la Escuela Normal Superior de Chiapas realizaron un festival cultural esta tarde para pedir víveres a las ciudadanía, con la finalidad de enviarlos a Ayotzinapa, dijeron.

En Oaxaca maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) bloquearon el acceso principal de la terminal aérea de esta capital y la planta de almacenamiento de Petróleos Mexicanos, para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.

Por su parte la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado tomó autobuses para bloquear la carretera federal 190 Oaxaca-Istmo, en el crucero del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO).

Los Institutos tecnológicos de Pinotepa Nacional, Istmo, Tlaxiaco, Tuxtepec y Oaxaca también se declararon en paro en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa.

Los maestros también accionaron en la región mixteca donde fue tomada la caseta de Coixtlahuaca de la carretea Oaxaca-México, en tanto que los normalistas accionaron en la caseta de Huitzo.

Mientras que en la región del Istmo de Tehuantepec se realiza un bloqueo permanente en el crucero de Matías Romero, en tanto que en Tuxtepec fueron tomadas dependencias de gobierno, y en la mixteca los maestros tomaron las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Huajuapan de León.

Como parte de la jornada de lucha en apoyo a los desaparecidos de Ayotzinapa, los maestros de los Sectores Ciudad, Etla y Miahuatlán bloquearon desde las 08:00 horas el acceso principal del aeropuerto internacional de Oaxaca.
Mientras que los sectores Estatales, Zimatlán y Ocotlán cerraron el acceso por el lado norte, en inmediaciones del parque ‘El Tequio’ y sobre el camino antiguo San Agustín de las Juntas.

En tanto que el Sector Periferia y Tlacolula bloquearon los accesos de la planta de almacenamiento de Petróleos Mexicanos, ubicada a un costado la carretera federal 190 Oaxaca-Istmo, en inmediaciones de Santa María El Tule, donde también se impide la circulación. También decidieron tomar las oficinas de las delegaciones de la SCT y Sedesol.

Mientras, otro contingente de trabajadores de la educación promueve reuniones con padres de familia para informarles los argumentos de la movilización.

Por su parte los normalistas tomaron autobuses y los atravesaron en la carretera 190 frente al IEEPO donde colocaron una lona donde se observa los nombres de los normalistas desaparecidos, un pupitre y el número 43 con la leyenda: Su lugar espera.

Además fue bloqueado el crucero del bulevar Eduardo Vasconcelos y la calzada Niños Héroes frente al estadio de béisbol.

En Cancún, uno de los principales destinos turísticos de México, maestros realizaron un mitin informativo en el parque de Las Palapas, a unos 100 metros de la Plaza de la Reforma del Palacio Municipal.

Los oradores pidieron que no se criminalice a los normalistas ni se desinforme al pretender vincularlos con organizaciones criminales.

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, replicaron los asistentes tras la participación de cada uno de los oradores.

Los activistas colocaron mesas de información en el parque sobre la desaparición de los normalistas y otros temas sobre la situación del país.


También colocaron una cuerda, atada entre dos árboles, de la cual colgaron las fotos de los normalistas desaparecidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Frente a Peña Nieto, la Coparmex “se rebela” por clima de inseguridad

MÉXICO, D.F: La Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) se rebeló hoy. Su dirigente, Juan Pablo Castañón Castañón, no sólo repudió la marginación, la corrupción y la violencia, sino que pidió políticas públicas y hasta un nuevo pacto incluyente.

A las consideraciones y peticiones, el presidente Enrique Peña Nieto respondió que sus indicadores confirman que el país va en la dirección correcta.

Para Castañón Castañón, la realidad expuesta era otra: desigualdad que lastima a los más pobres; cacicazgos, opresión y privilegios para unos cuantos; impunidad y corrupción; violencia en todas sus expresiones, en un momento en el que desecha la vida… todo junto, es amenaza para el futuro.

En el marco de la celebración por los 85 años de Coparmex, frente al presidente Peña Nieto y el gabinete económico, las consideraciones del dirigente empresarial partieron de rememorar la presencia del organismo fundado en 1929 en la historia reciente del país, para luego plantear:

“¿Cómo podemos vencer la desigualdad que nos lastima y agravia a todos, porque lastima y agravia a los más desprotegidos? ¿Cómo podemos afrontar el reto de la prosperidad para todos los mexicanos, si tenemos regiones donde prevalece el cacicazgo, la opresión y los privilegios para unos cuantos?

“¿Cómo lograr una nueva cultura de respeto por la legalidad y el estado de derecho, si no estamos dando todos una batalla frontal contra la corrupción, la inseguridad y la impunidad? ¿Cómo salir del círculo vicioso de la violencia, donde un reclamo legítimo se convierte en una nueva fuente de violencia y un obstáculo para el desarrollo de nuestras sociedades?”

Fue sólo el punto de partida, pues Castañón planteó la necesidad de construir confianza en la sociedad para con las instituciones y sugirió un pacto para el fortalecimiento del Estado mexicano “que nos garantice seguridad, justicia, democracia y gobernabilidad”.

Con la oferta de hacer prevalecer la legalidad y el estado de derecho, el presidente Enrique Peña Nieto volvió a presumir las reformas estructurales impulsadas por su gobierno, además de que hizo un reconocimiento a diputados y senadores por la aprobación de la Ley de Ingresos 2015.

Luego del discurso de Castañón, Peña Nieto consideró que las reformas realizadas durante los primeros 20 meses de gobierno, junto con la Ley de Ingresos, generan condiciones de certidumbre y seguridad para los ciudadanos e inversionistas.

El mandatario consideró que dicha aprobación plantea nuevas condiciones para favorecer la construcción de empresas y generación de empleos.

El presidente se explayó luego en diferentes indicadores económicos registrados en lo que va del presente año, entre otros, un incremento en 4.6% de exportaciones, un crecimiento de la producción en la industria automotriz y la generación de 650 mil nuevos empleos.

Los indicadores, consideró, “confirman que vamos en la dirección correcta y nos impulsan a seguir adelante”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

Liberan a procurador

Iñaky Blanco y los otros tres funcionarios citados a declarar por el caso Ayotzinapa fueron puestos en libertad. Insistieron en que el exalcalde de Iguala no fue detenido porque tenía fuero.

La presencia de Iñaky Blanco en las instalaciones de la Procuraduría General de República (PGR) fue solo de 12 horas.

Tras rendir su declaración, el procurador de Justicia de Guerrero fue dejado en libertad. 

A la cita con la justicia también fueron llamados como testigos, el subprocurador del estado de Guerrero, Ricardo Martínez Chávez, y Victor Jorge León Maldonado, actualmente vicefiscal de Investigación en la Fiscalía de Guerrero.

León Maldonado fue parte de los que hicieron el expediente del llamado “Michoacanazo”, durante la etapa como subprocuradora de la PGR de Marisela Morales.

En las instalaciones también se encontraba declarando el secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Vázquez Pérez.

Los funcionarios fueron citados a declarar, luego de los señalamientos del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, quien aseguró que tanto Vázquez Pérez como Blanco Cabrera recibieron 300 mil dólares para la incursión de integrantes de Los Rojos en autobuses donde viajaban los estudiantes normalistas desaparecidos.

Personal del equipo cercano del procurador de Justicia temía que en esa comparecencia, el fiscal y su personal terminaran arraigados, pero no fue así. 

Pasado el mediodía de ayer, la comitiva de funcionarios de Guerrero salió de las instalaciones de PGR y regresó a sus labores.

El interrogatorio

“¿Conoce usted a José Luis Abarca?”, fue uno de los principales cuestionamientos que la autoridad hizo a los funcionarios.

Se referían al prófugo alcalde de Iguala, quien -de acuerdo a declaraciones ministeriales pertenecía- al grupo criminal Guerreros Unidos, al que se le adjudica la muerte de seis jóvenes y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con información del personal presente en la diligencia, el Ministerio Público de la Federación insistió en que los funcionarios explicaran por qué no detuvieron a Abarca.

Desde principios de octubre, Blanco ha sostenido que no se podía proceder contra Abarca porque tenía fuero y la Ley impedía proceder en su contra.

Sin embargo, la Fiscalía General de Estado consiguió una orden de presentación -no de aprehensión- en contra del exalcalde de Iguala.

¿En qué va el caso de Iguala?

> Ayer, el Senado de la República rechazó en comisiones la solicitud para declarar la desaparición de Poderes en el Estado de Guerrero.

Según el documento, a pesar de la crisis de seguridad y de las protestas en las calles, no se cumplen con las especificaciones contempladas en la ley para declarar la desaparición de Poderes.

>El gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, habla en conferencia de prensa del Plan Nuevo Guerrero, que será coordinado por Rosario Robles. El proyecto persigue retomar la concordia y la paz social, así como impedir el paso “a los violentos”. 

Nuevas fosas

29 de octubre
Lugar: En un cerro de la comunidad indígena nahua de Ocotitlán, municipio de Zitlala, en la Montaña Baja de Guerrero.
Quién: Peritos del municipio de Chilapa

13 cadáveres

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.

Purga policial desconcierta a Jalisco

Alrededor de 5 mil policías reprobaron las pruebas de control de confianza aplicables desde el 2010 en el estado. Tras su salida y ante pocos aspirantes, las fuerzas de seguridad sufrirán déficit y pondrán en evidencia que faltó un plan para prevenir la situación.

La culminación del proceso obligatorio de depuración de los cuerpos de seguridad pública dejó al descubierto que en Jalisco las autoridades estatales y municipales no elaboraron un plan para atender el impacto que ocasionaría el despido de casi 5 mil policías.

Aunque el plazo fatal para concretar la limpieza en los cuerpos de seguridad pública de la entidad llegó este 30 de octubre –salvo para aquellos policías a los que se le ha dado una oportunidad mediante la revaloración–, no existe algún informe estatal que detalle el nivel de cumplimiento verdadero del citado compromiso legal.

Ayer el gobernador de Jalisco,  el priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, se limitó a decir que mil 324 policías –entre ellos 16 directores municipales– tendrían que dejar inmediatamente su cargo. Casualmente el titular de la policía de Zapopan, Hernán Guízar, presentó su renuncia argumentando “motivos personales”.

Peor aún, el Ejecutivo de Jalisco y las instituciones de seguridad pública locales no crearon acciones de prevención para sustituir a los 4 mil 827 oficiales no aptos para enfundar un uniforme, cantidad que representa el 22.6 por ciento del universo policial examinado en el estado (21 mil 345 gendarmes fueron sometidos a pruebas).

Una de la principales funciones del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), que encabeza Ruth Gallardo, es coordinar la evaluación, depuración y sustitución de policías entre las instituciones municipales y estatales.

El 4 de agosto pasado Ruth Gallardo reconoció que el grupo de aspirantes que examina actualmente el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza para nutrir a las fuerzas de seguridad de todo Jalisco, no llega a los 300 candidatos. Así de pobre es el semillero de policías en la entidad.

“No es tan así que las corporaciones mandan tantos aspirantes a evaluar, es más lo que se dice que mandan que el número, no tendremos ni 300 aspirantes en la totalidad siendo examinados para poder ingresar a alguna corporación de seguridad. Son cerca de 300 en general, de todas las corporaciones”, declaró Gallardo.

Ni la gestión del exgobernador panista, Emilio González Márquez, ni la del actual priista, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, se preocuparon por contar con nuevas generaciones de oficiales para mitigar el golpe inevitable que se proyectaba desde el 2009, cuando la legislación para limpiar a los cuerpos de seguridad pública entró en vigor en el país.

Ante la salida masiva de uniformados, estados como Nuevo León crearon modelos como la Fuerza Civil, que lanzó una convocatoria fuera de la entidad y en universidades para reclutar policías.

Las omisiones del gobierno en turno son señaladas por el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en el Congreso estatal, el diputado panista José Luis Munguía.

“Desde hace ya varios meses se había establecido que se iba a hacer una ruta en la cual se les iba a marcar a los síndicos y secretarios generales de los municipios una estrategia de cómo pudieran llevar a cabo esta situación, para que no les llegara el tiempo muy a quemarropa y estar separando policías. Sin embargo, vemos que no ha habido esa asesoría jurídica, no ha habido esa preparación. 

 “Sí es una situación en la que por todos lados hay muchos riesgos y que definitivamente lo preocupante es que ya está el término y nadie se previno de ese tipo de situaciones”, dijo Munguía. 

La mano del narco

La necesidad de contar con policías confiables se ha evidenciado en más de un episodio en el estado. 

Si bien no hay claros ejemplos de instituciones completamente en manos del crimen organizado, sí los hay de infiltración del mismo.

En la investigación del homicidio del alcalde de Ayutla, el panista Manuel Gómez, ocurrido el 3 de agosto pasado, de acuerdo con los avances difundidos por la Fiscalía General del Estado (FGE), el subdirector de la policía municipal Luis Alberto Zepeda Grajeda respondía a Sergio Hernández, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Hernández, según la FGE, operó antes desde el interior de la policía de Unión de Tula como comandante –donde había ingresado en abril de 2011- y provenía de la corporación de El Grullo.

En El Grullo, el hombre identificado por la Fiscalía como operador del CJNG, había sido policía en el periodo comprendido entre 2010 y 2012 cuando el alcalde era el finado Gabriel Gómez, el diputado federal priista secuestrado en septiembre pasado en Tlaquepaque y luego asesinado en el estado de Zacatecas.

A la limpieza de las policías se suma el que no se hizo un cálculo del impacto presupuestal,  pues los elementos no aptos son merecedores a una liquidación por el tiempo laborado. 

El decreto del Senado que aprobó la última prórroga de 12 meses más para que los estados concretaran la depuración, publicado el 29 de octubre de 2013, fijó en el artículo décimo cuarto transitorio la obligatoriedad de contar con una bolsa de recursos para los despidos.

“Los gobiernos estatales y del Distrito Federal deberán hacer las previsiones presupuestales necesarias para el cumplimiento del artículo tercero transitorio de la presente Ley, y establecer una partida presupuestal específica en sus respectivos Presupuestos de Egresos para el siguiente ejercicio fiscal a su entrada en vigor”. 

Esto no se hizo en Jalisco. Solo en Guadalajara su Dirección de Recursos Humanos llegó a estimar el monto en 140 millones de pesos. 

De 58 ayuntamientos consultados por Reporte Indigo, que habían confirmado haber cesado a una décima parte de sus oficiales, 12 dijeron que habían erogado, entre todos ellos, unos 9 millones 466 mil 794 pesos en la liquidación de policías.

De esa cantidad, la cifra más alta la había presentado Guadalajara, que destinó 6.5 millones de pesos; le siguió Tepatitlán, con 1.6 millones.

En esa docena de municipios hay por lo menos 255 juicios presentados por policías cesados. Guadalajara posee 61 demandas laborales; Tonalá presenta 19; Tlajomulco tiene 15; Zapotlán El Grande, unas 25. Recientemente Zapopan dio a conocer que tiene 119.

La FGE, con mil 187 elementos reprobados, no reporta este tipo de gastos ni juicios, en buena medida porque en su último informe menciona que únicamente había cesado a tres de esos oficiales no aptos. 

“Si la FGE estuviera marcando la pauta (en la depuración) yo creo que no habría motivo para que algún otro municipio, alguna otra dependencia, no lo hiciera. 

“Si la FGE va a tomar esa iniciativa y va a estar al pie de la letra cumpliendo con el decreto, sería un buen margen de inicio, un buen parámetro, y no habría excusa para que nadie más lo pueda incumplir”, exhortó el diputado José Luis Munguía a la Fiscalía estatal. 

Limpieza o cárcel

Los titulares de las fuerzas de seguridad que mantengan -o inscriban- a oficiales no certificados irán a la cárcel, dice la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

En su artículo 139, la norma sanciona con dos a ocho años de prisión a quien “asigne nombramiento de policía, ministerio público o perito oficial a persona que no haya sido certificada y registrada en los términos de esta Ley”. 

Ruth Gallardo, del Consejo Estatal de Seguridad Pública ha dicho que no está claro el momento justo en que estas penas se harán efectivas, pero la ley precisa que “las autoridades del fuero federal serán las competentes para conocer y sancionar los delitos previstos en este capítulo”, es decir, la Procuraduría General de la República. 

“El decreto habla de esta responsabilidad en la que pueden incurrir tanto los propios alcaldes o los titulares de los cuerpos de seguridad en los municipios o el Estado. Esperaría que se cumpla de manera general, sin hacer distinciones hacia ciertos municipios. Los alcaldes tienen conocimiento de esta situación”, según el diputado local José Luis Munguía.

“Son una serie de criterios que seguimos sin conocer y esperaría que a la brevedad la autoridad correspondiente nos los esté haciendo saber; sí hay una incertidumbre de todo tipo, más con la situación jurídica. Lo que nos preocupa sería poner en riesgo aún más la seguridad en Jalisco”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: LUIS HERRERA.

“No hay garantías de que normalistas estén con vida”, advierte la PGR

MEXICO, D.F: El director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, advirtió este jueves que no pueden garantizar que los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, estén con vida.

En rueda de prensa, el funcionario de la PGR sostuvo que es una investigación en la que “hoy no podemos garantizar nada, lo que sí se puede garantizar es que todo el estado de fuerza que está ubicado en Guerrero, está dedicado ciento por ciento, las 24 horas, a la búsqueda de las personas no localizadas”.

También dijo que han realizado mil recorridos terrestres, 143 aéreos y 40 reconocimientos en cuerpos de agua para localizar a los 43 estudiantes.

Luego resaltó que el principal objetivo es ubicar a los jóvenes, por lo que han sido desplegados alrededor de 10 mil elementos de las fuerzas federales en Guerrero.

Zerón de Lucio puntualizó que, de las fuerzas federales que se encuentran en la entidad, 6 mil 800 son de la Sedena; mil 700 de la PF; 900 de la Marina; 300 investigadores de la AIC; 110 peritos en diferentes materias y especialidades, además de 50 agentes del MP de la PGR, así como buzos y espeleólogos.


Además, puntualizó que cuentan con nueve helicópteros, cinco aviones no tripulados, ocho ambulancias, cuatro laboratorios móviles, así como geo-radares para encontrar a los normalistas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“El cabo Gil” alerta en narcomanta que los normalistas “están vivos”

CHILPANCINGO, Gro: Una manta firmada presuntamente por “El Cabo Gil”, señalado por el gobierno federal como lugarteniente del líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, Sidronio Casaríais Salgado, advierte que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos “están vivos”.

También señala que está dispuesto a entregarse a las autoridades hasta que el gobierno federal detenga al 80 por ciento de la estructura principal de esta banda criminal conformada presuntamente por alcaldes de la zona norte de Guerrero y el sur de Morelos, así como por Federico Figueroa, el hermano del cantautor Joan Sebastian.

Esta mañana fue reportado el hallazgo de una manta colocada en la reja principal de la preparatoria 24 de Febrero en la colonia San José, ubicada sobre la carretera federal Iguala-Taxco, entre la comandancia de la Policía Federal (PF) y el cuartel del 41 Batallón de Infantería.

El mensaje escrito con letras negras fue dirigido al presidente Enrique Peña Nieto, a quien indican que “de nada sirve” la detención de Sidronio Casarrubias Salgado porque la mayoría de los operadores del grupo Guerreros Unidos siguen libres.

Por ello, “El Cabo Gil” pide que se actúe en contra de los alcaldes y directores de Seguridad Pública de los municipios de Taxco de Alarcón, Huitzuco, Tepecoacuilco, Apaxtla, Teloloapan y Cocula.

Además, contra un capitán y un teniente del 27 Batallón de Infantería, identificados sólo como Barbosa y Crespo; también señala a Federico Figueroa, al actual delegado de Sedatu en la entidad, Héctor Vicario, y al resto de los hermanos del capo fundador de la organización, Mario Casarrubias, y los miembros de Los Peques o Los Tilos, señalados como uno de los brazos armados de la banda delincuencial.

“Señor presidente Peña Nieto, dice que va a dar con los culpables, su policía no hace nada. Dónde están los directores de seguridad que le dimos; los presidentes de los municipios coludidos con Guerreros Unidos siguen operando normalmente en algunos de ellos. Agárrelos y no los suelten hasta ser bien investigados, no son pendejos para hecharse (sic) la soga al cuello ellos solos”, refiere una parte del mensaje de la manta.

Luego advierte que “Todos ellos recibían su nómina para desaparecer gente y secuestrar; cheque cómo también en todos los municipios hay fosas; le exigimos que capture a los culpables”.

Luego “El Cabo Gil” condiciona su entrega:

“Ahí están sus nombres señor presidente de la república, ya que tenga un 80% detenidos de ellos, yo me entregaré; menos no, y les diré tal y como fueron y son las cosas y a lo que nos dedicamos, porque no nada más yo soy el culpable.

“Los mandos y jefes son los Casarrubias y Los Tilos (Marranas Negras o Peques). No confundan a la comunidad, digan las cosas como son y los estudiantes están vivos. Atte. Gil”, concluye el mensaje que fue retirado por la PF.

El gobierno federal señala a “El Cabo Gil” como el enlace directo entre las policías de Iguala y Cocula con el grupo Guerreros Unidos y, de acuerdo con la declaración ministerial de Sidronio Casarrubias, fue quien ordenó la detención de los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre.


Hasta el momento las autoridades no han fijado una postura sobre este mensaje atribuido a “El Cabo Gil”, quien se encuentra prófugo y se le considera “pieza clave” para aclarar la suerte de los 43 estudiantes desaparecidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Furia y venganza por Ayotzinapa

MÉXICO, D.F: Hannah Arendt decía que “la furia no es de ninguna manera una reacción automática frente a la miseria y el sufrimiento como tales; nadie se enfurece ante una enfermedad incurable o un terremoto, o frente a condiciones sociales que parecieran imposibles de modificar. Solamente en los casos en que tenemos buenas razones para creer que esas condiciones podrían ser cambiadas, pero no lo son, estalla la furia. No manifestamos una reacción de furia a menos que nuestro sentido de justicia se vea atacado”. Este razonamiento de la filósofa da una explicación de lo que se ha querido plantear como actos vandálicos o irracionales (la quema y destrucción de oficinas) relacionados con los dolorosos acontecimientos de Ayotzinapa.

La manera en que se califica un hecho político no es un problema superficial o de estilo, ya que influye en la forma de percibir lo ocurrido. En ese sentido, cuando hablamos, opinamos o discutimos usamos términos que nunca son inocuos, sino que suelen ser funcionales a cierto paradigma. Y suele pasar que el nombre que se pone a un hecho político también es resultado de las relaciones de poder que existen en la sociedad.

¿Cómo nombrar las reacciones violentas provocadas por la desaparición de los jóvenes normalistas? Más que vandalismo, me acerco a pensar en venganza, en el sentido en que lo hace un intelectual argentino, Mario Goloboff. Él reflexiona sobre la venganza y señala que entre los griegos no había límites para la furia desa­tada en las víctimas por un hecho que consideraban criminal. Este escritor dice que son varios los mitos que se fundan a partir del daño y el consecuente castigo y la reparación (tal vez el más famoso es el de Prometeo, donde la venganza no puede ser más feroz), pero que estos grandes mitos que representan a la venganza en general la justifican o la enaltecen, y pocas veces la condenan.

Según Goloboff, son muchos los episodios mitológicos que tienen como origen una venganza o un desquite: un “me hiciste esto, te hago esto otro, que va a ser sin duda peor”. La venganza, como reparación, tiene en el fondo una idea de justicia y de restitución de la convivencia social. La mitología griega está llena de venganzas entre dioses, pues el hecho de que un dios no pueda anular o deshacer lo que hizo anteriormente su par, lleva, entre otras cosas, a esta abundancia en la imaginación y en la fabricación permanentemente distinta de una nueva realidad. Goloboff subraya que las venganzas entre dioses (y deja en claro que hoy en día también podría decirse “entre dirigentes”) las pagan los ínfimos mortales.

Además, advierte que el espíritu de venganza es un sentimiento que no persigue ni acepta racionalidad alguna; por lo tanto, pedirle cálculo o frialdad es prácticamente extravagante e inútil. Por ello a menudo actúa precipitada y ciegamente y a veces termina malogrando los objetivos reparadores que a todas luces perseguía. La buena venganza “es un plato que debe comerse frío” y, en efecto, una adecuada respuesta al daño recibido necesita del tiempo. Pero justamente el tiempo es lo único que en verdad mitiga el dolor del agravio. Por eso Goloboff constata una paradoja: cuando llega la hora de que la venganza puede alcanzar su más alto grado de perfeccionamiento, el deseo de venganza se ha postergado y acallado tanto que para la parte ofendida quizá ya no tenga sentido su realización.

Goloboff piensa sobre el efecto que produce la satisfacción del odio sobre la sociedad, y recuerda que uno de los grandes motivos de placer de las masas griegas que participaban del teatro era el de experimentar la kátharsis, una suerte de liberación o de canalización de las pasiones. El escritor registra el paso de la tragedia griega, es decir, de la urdida y querida por los dioses, al drama shakespeareano, ocasionado por los furores de los pobres hombres, y concluye que entonces puede decirse que la venganza se “humaniza” o que se hace más “civil”, aunque no menos mortífera. La venganza en Shakespeare exhibe mejor las inconsistencias y debilidades humanas, en lo desmesurado y/o lo ridículo de sus propósitos. Finalmente, Goloboff recuerda a los chinos, siempre más sutiles y más líricos, aunque no menos proféticos ni dramáticos, que han acuñado una frase que sostiene: “El que persigue la venganza, cava dos fosas”.

Uniendo las reflexiones de Arendt y Goloboff pareciera que la venganza es una actividad donde se expresa la furia ante la injusticia. Tal vez ni siquiera así, con una revancha destructora, se logre alguna reparación. Más bien, como dice Goloboff, quizá la verdadera venganza ni siquiera exista, quizá no sea posible, realizable ni, en el fondo, deseable practicarla. Que tal vez baste con la justicia y la memoria.

¿Cuál será, en nuestro país, una estrategia adecuada de reparación ante tanto dolor y horror? Esto implica mucho más que lamentar las consecuencias de lo ocurrido y centrase en las circunstancias previas a la desaparición de los estudiantes. No basta condenar lo que permitió la desgarradora violación de sus derechos fundamentales, sino también buscar la manera de que nunca más nadie se atreva a repetir algo similar. Sí, lo que necesitamos en México es una acción de justicia que mientras encuentra a los estudiantes también persiga las causas que condujeron a la tragedia. Ni perdón ni olvido.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARTA LAMAS (ANÁLISIS.)

jueves, 30 de octubre de 2014

Se investigó a Abarca de 2010 a 2012 por vínculos con delincuentes: Osorio Chong

México, DF. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo este jueves que el gobierno federal investigó de 2010 a 2012 (último tramo del sexenio de Felipe Calderón) a José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala (con licencia y prófugo de la justicia), por vínculos con el crimen organizado, pero los expedientes fueron cerrados aparentemente por falta de pruebas.

“En el 2010, 2011 y 2012 se abrieron averiguaciones, me refiero al anterior gobierno, averiguaciones por delincuencia organizada contra este presidente municipal, y fueron cerradas porque en ninguno de los casos se encontró nada”, señaló durante una entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga.

En ese periodo estuvo a cargo de la Procuraduría General de la República, Arturo Chávez y Marisela Morales, (quien en 2011 fue subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada) y, como titular de la Secretaría de Gobernación, José Francisco Blake Mora y Alejandro Poiré.

Osorio Chong admitió que el caso Ayotzinapa (hay 43 estudiantes desaparecidos desde hace más de un mes) es el problema más grave que ha enfrentado la administración de Enrique Peña Nieto, porque ha lastimado al país no sólo al interior sino también a nivel internacional. En este punto dijo que al gobierno federal le interesa la “cooperación” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el proceso de búsqueda de los jóvenes.

“Esta acción (Ayotzinapa) por supuesto que lastima todo el esfuerzo (de combate al crimen)...estamos en un momento difícil pero vamos a superar este conflicto, este problema. Habremos de dotar de seguridad a esa región de Tierra Caliente, Guerrero”.

El secretario insistió en lo que ha mencionado en otras entrevistas: advirtió al gobernador con licencia Ángel Aguirre, “un día y medio después” de los hechos que reforzara la vigilancia para evitar la huída del alcalde. En este sexenio, en agosto pasado, se empezó a indagar a Abarca –comentó– por enriquecimiento ilícito.

Ahora que se ha fugado, el gobierno federal lo busca con base en “muchas líneas de investigación”, para dar con ese y otros presuntos culpables de los hechos del 26 de septiembre, en tanto que la Procuraduría General de la República determinará si hay responsabilidad legal del mandatario con licencia.

“Cada quien (niveles de gobierno) debe hacerse responsable de sus acciones”, comentó Osorio.


El funcionario aseveró que la reunión, en la víspera, entre los familiares de los 43 muchachos desaparecidos y el Presidente de la República fue respetuosa de ambas partes.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ministros se ganaron que se les tache de “vulgares corruptos”: AMLO

MÉXICO, D.F: Los magistrados negaron a los mexicanos el derecho a decidir sobre el manejo soberano de los recursos energéticos, señaló este jueves el excandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la solicitud del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la consulta popular.

“Un golpe de Estado para destruir por completo el estado de derecho e instaurar un régimen corrupto, autoritario y antinacional”, escribió en su cuenta de Facebook.

De acuerdo con el tabasqueño, se cumplió lo que dijo a cada uno de los ministros en una carta fechada el pasado 8 de abril: que desde entonces ya se habían comprometido “con los mandos políticos del régimen a declarar improcedente la consulta ciudadana”.


Añadió: “Si de por sí ya estaba en duda la honestidad de los ministros, ahora se ganaron con creces que se les tache de vulgares corruptos. La historia los juzgará. Fue una decisión mafiosa que no nos detendrá en el propósito de transformar al país”.



El exjefe de Gobierno del Distrito Federal subrayó que el petróleo no es del gobierno y mucho menos de Enrique Peña Nieto, sino del pueblo y de la nación. “Siempre lo vamos a defender porque es la herencia de las nuevas generaciones”, subrayó.

En Miacatlán, durante su segundo día de gira por Morelos, lanzó un llamado para seguir combatiendo. “En esta lucha lo importante no es claudicar, es una labor que exige de muchas fatigas, pero al final se triunfa. Puede que nos lleve tiempo, pero tenemos la razón, y más temprano que tarde va a triunfar la causa de la justicia y de la causa”, destacó.

López Obrador también hizo un llamado a los ministros de la SCJN para que piensen bien si quieren ser cómplices “de la mafia del poder” al impedir la realización de la consulta ciudadana en materia energética “con la argucia de que tiene que ver con los ingresos del gobierno, insinuando que se afectarían las finanzas públicas y el desarrollo de país”.

En entrevista, el líder nacional de Morena dijo que hoy quedó de manifiesto que los ministros de la SCJN no son más que empleados del titular del Poder Ejecutivo.

“Se debe, con urgencia, detener los aumentos de los precios de las gasolinas, diesel, gas y luz. Este sábado viene otro gasolinazo. No es posible que ya la gasolina en México cueste 30% más que lo que cuesta en Estados Unidos”, explicó, para luego señalar la necesidad de parar la corrupción porque actualmente hay mucho descaro en el manejo de obras para beneficio de contratistas cercanos a Peña.

López Obrador también se refirió al caso Iguala y sostuvo que no apoyó a Ángel Aguirre como candidato al gobierno de Guerrero porque rechazó firmar un programa para apoyar a los guerrerenses y al campo. Tampoco quiso comprometerse, dijo, a la creación de nuevos empleos y ayudar a los jornaleros, madres solteras y estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, 43 de los cuales se encuentran desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.

Y de nueva cuenta negó haber conocido al expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. En los mítines, subrayó, siempre se toma uno fotos con los ciudadanos, “y en una asamblea informativa en Iguala no fue la excepción, pero eso no quiere decir que conozca a Abarca”.


Puso como ejemplo que Graco Ramírez, gobernador de Morelos, cuando tomó posesión se deslindó de él porque no estaba de acuerdo con su política. “Ya no tenemos ninguna relación y pasa en todos lados, como es el caso de los presidentes municipales de Tabasco que ganaron por parte del PRD”, resaltó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.

PGR investigará atentado contra Ernesto Villanueva

MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) remitió a la Procuraduría General de la República (PGR) la investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa y daño a la propiedad contra el académico Ernesto Villanueva Villanueva, quien ayer fue atacado en su automóvil en Ciudad Universitaria.

En un comunicado, la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, a través de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Agencias de Atención Especializada de la PGJDF, informó que la indagatoria fue enviada a la Subdelegación Zona Sur, de la dependencia encabezada por Jesús Murillo Karam, debido a que son “hechos de su competencia”.

La PGJDF recordó que en atención a la solicitud telefónica del académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), el Ministerio Público inició la indagatoria en la Agencia Especializada en Atención a la Comunidad Universitaria.

Ernesto Villanueva declaró que al circular a bordo de su camioneta, marca Mitsubishi, tipo Montero Sport, sobre el Circuito Mario de la Cueva, la unidad recibió tres impactos de bala. El académico resultó ileso ya que el vehículo era blindado.


Luego del incidente, la UNAM informó que presentaría una denuncia de hechos ante la PGR por la agresión al especialista en transparencia y acceso a la información pública.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Nuevo choque entre civiles y militares en Edomex deja seis muertos

MÉXICO, D.F: A cuatro meses de la ejecución de 22 civiles a manos de elementos del Ejército en el municipio de Tlatlaya, esta mañana se registró otro enfrentamiento en las comunidades de San José Estancia Grande y Santa Rosa, municipio de Luvianos, Estado de México; seis personas murieron y cuatro más fueron detenidas por elementos de la Defensa Nacional.

Luvianos se ubica aproximadamente a 70 kilómetros de Tlatlaya.

El senador del PRD, Alejandro Encinas, exigió a través de un comunicado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que “dé cuenta de los hechos sucedidos, ya que contamos con información de que un convoy de soldados realizaba patrullajes en la zona”.

Presidente también de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, el legislador perredista confirmó que existe un “gran hermetismo” de las autoridades del Estado de México y que está en espera de la respuesta del titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos.

Según información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Estado de México, el enfrentamiento ocurrió esta mañana, cuando elementos del Ejército localizaron un campamento en la parte sur del Cerro de la Culebra, donde se encontraban varias personas.

Al intentar acercarse para realizar una revisión, lo sujetos dispararon a los militares. Éstos “repelieron la agresión”, lo que desató el enfrentamiento por varios minutos.

De acuerdo con la información oficial del Estado de México, seis personas perdieron la vida y se decomisaron armas largas y cortas, cartuchos útiles y droga.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) acudieron al lugar de los hechos. Sin embargo, no se ha confirmado si el enfrentamiento ocurrió como parte de los operativos específicos contra el crimen organizado que se realizan en la zona sur del Estado de México.


Luvianos es un municipio mexiquense colindante con Michoacán. Desde hace años, en esa zona se registra la presencia de los cárteles de La Familia y de los Caballeros Templarios.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Denuncian al Estado mexicano ante la CIDH por casos Tlatlaya y Ayotzinapa

WASHINGTON: Doce Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) denunciaron al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por impunidad, encubrimiento y ocultamiento del proceso de las pesquisas en distintos casos de violación de derechos humanos.

En cinco audiencias realizadas este jueves durante el 153 Periodo de Sesiones de la CIDH, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y la ejecución de 22 jóvenes a manos de militares en Tlatlaya, Estado de México, sirvieron como emblema para descalificar al gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de la defensa de las garantías individuales.

“México es un país de contradicciones, es un país adolorido que no puede tolerar más la simulación”, denunció Jaqueline Sáenz Andujo, coordinadora del área de derechos humanos de la organización Fundar.

“La ejecución extrajudicial de 22 jóvenes en Tlatlaya, como ejemplo de la impunidad, ha sido ignorada, maquillada y escondida”, agregó ante la CIDH y frente a la delegación de funcionarios del gobierno mexicano que participó en el encuentro.

En la sesión del organismo de la defensa de los derechos humanos de la OEA, los representantes de las ONG´s que asistieron a nombre de la sociedad civil mexicana leyeron uno a uno los nombres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala y de las seis personas que perdieron la vida el pasado 26 de septiembre. Enseguida pidieron guardar un minuto de silencio en su memoria.

A cada participación, los representantes de Fundar, Artículo XIX, Asociadas por lo Justo, Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Documenta, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y Propuesta Cívica Sin Fronteras, se quejaron de la incapacidad del gobierno de Peña Nieto para encontrar a los 43 normalistas a más de 30 días de los hechos, así como para resolver las denuncias de más de 26 mil personas desaparecidas en los últimos ocho años.

“Fue el Estado”, sentenció por su parte María Luisa Aguilar Rodríguez, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos de la Montana Tlachinollan, al abordar el asunto de los normalistas de Ayotzinapa.

En respuesta a las quejas y las denuncias, Lia Limón, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reconoció de manera indirecta la incapacidad del gobierno federal para solucionar el caso de los estudiantes desaparecidos.

“Nunca se puede decir que se está haciendo lo suficiente cuando nos enfrentamos a hechos como los de Iguala”, dijo.

Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores –quien encabezó la delegación mexicano ante las audiencias de la CIDH–; rechazó la queja de las ONG´s.

“No hay política de Estado en materia de violación de derechos humanos”, afirmó.

Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, hizo eco de las denuncias de la sociedad civil mexicana sobre la crisis de derechos humanos por la que atraviesa México. Consideró que casos como el de Ayotzinapa y Tlatlaya “ya no son sorpresa, sino un patrón recurrente”.

En el mismo tono, acotó que la desaparición de los 43 normalistas “pone en evidencia los limites reales del Estado Mexicano para buscar a personas desaparecidas”.

Antes de iniciar las audiencias sobre México, unas 30 personas se manifestaron ante la entrada del edificio sede de la CIDH, en Washington, para exigir al gobierno de Peña Nieto que “devuelva vivos” a los 43 normalistas de Ayotzinapa y que se castigue con el peso de la ley a los que resulten responsables de este “crimen de Estado”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL

Atentado contra académico de la UNAM; previamente recibió amenazas

“Yo tuve amenazas hace 15 días; el técnico académico Isidro Saucedo me dijo que debía bajarle de tono a mis escritos sobre Diego Valadés o me abstuviera a las represalias", afirmó el investigador Ernesto Villanueva.

El vehículo que conducía el académico de la UNAM, Ernesto Villanueva, recibió el miércoles tres impactos de bala, pero resultó ileso por el blindaje de su camioneta. El hecho tuvo lugar a las 11:20 horas, cuando circulaba en su vehículo blindado, en Ciudad Universitaria, al sur del DF.

El doctor Villanueva acudió al Observatorio Ciudadano de los Derechos de los Universitarios, para posteriormente dirigirse a Ciudad Universitaria.

Fue en este sitio donde abrieron fuego contra su vehículo en el que sólo viajaba él; los disparos impactaron en la ventanilla del conductor, por lo que el académico continúo conduciendo hasta un módulo de seguridad de la universidad, donde solicitó ayuda.

Tras el ataque, realizó la denuncia correspondiente.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que presentará una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la agresión al académico Villanueva.

Villanueva refrió que tuvo amenzas recientemente.

“Yo tuve amenazas hace 15 días, el técnico académico Isidro Saucedo (González) me dijo que debía bajarle de tono a mis escritos sobre el Diego Valadés o me abstuviera a las represalias”, afirmó.

El académico hace referencia a una serie de artículos que fueron publicados en la revista Proceso y en el diario El Norte, donde se señalan presuntos vínculos de Diego Valadés, entonces Procurador General de la República, y el cártel de Sinaloa.

“Yo expuse los documentos que se encontraron en una casa de Vicente Carrillo Fuentes que lo vinculaban a él con el cártel. Es muy raro encontrar esas cosas en la casa de un narco”.

“Había una credencial que acreditaba a Vicente Carrillo como Primer Comandante de la Policía Federal Judicial firmada por el propio Valadés, cuando fue procurador general”, señaló.


Villanueva comentó que cuando recibió el mensaje, creyó que las represalias serían perder su cubículo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, no esperaba un atentado en su contra.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Maestros de la CNTE bloquean acceso al aeropuerto de Oaxaca

Con la protesta, los agremiados dejaron a un millón y medio de alumnos sin clases.

Para sumarse a la jornada de protesta para exigir la aparición de los 43 normalistas desaparecidos el pasado 26 de septiembre, profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron el acceso al aeropuerto de la Ciudad de Oaxaca, protesta que se mantiene por segundo día consecutivo.
Con la protesta, los agremiados dejaron a un millón y medio de alumnos sin clases, de acuerdo con el diario Milenio.

En los accesos a la terminal aérea, los maestros impiden el paso de vehículos, por lo que los viajeros deben caminar aproximadamente un kilómetro para llegar. No obstante, hasta ahora no se ha cancelado vuelo alguno, según dijo el administrador del Aeropuerto, Antonio Martinez.


Además de la protesta de los maestros, en la sede de Ciudad Universitaria en la capital del estado, miembros del Consejo General de Estudiantes Universitarios mantienen un plantón. En preparatorias de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, los estudiantes harán un paro de 72 horas que afectará a unos 25 mil estudiantes.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

SCJN también desecha consulta energética que proponen PRD y Morena

Por 9 votos contra 1, rechazan las dos preguntas que, por separado, los partidos buscaban que se hiciera en 2015.

La mayoría del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró improcedente e inconstitucional la consulta energética que propusieron -con diferentes preguntas- tanto el PRD como Morena.

Los planteamientos de ambos partidos fueron rechazados por 9 ministros; sólo 1 votó a favor de ellas (José Ramón Cossío).

Los integrantes de la Corte señalaron que no se pueden hacer consultas sobre los ingresos del Estado mexicano.

Ayer, la Corte tampoco validó la consulta que proponía el PAN sobre el salario mínimo.

La pregunta que los perredistas querían que se hiciera en 2015 es: “¿Está de acuerdo en que se mantengan las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética?”.

Los lopezobradoristas, congregados en Morena, buscaban que se consultara: “¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros, para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica?”.

La ministra Margarita Luna Ramos señaló que es inconstitucional la petición, pues la Reforma Energética está destinada a generar mayores recursos para el Estado y los habitantes del país.

En ese sentido, Luna Ramos recordó que el artículo 35 de la Constitución prohíbe la posibilidad de que se celebre alguna Consulta Pública relacionada con los ingresos y egresos del Estado, y que por ello es inconstitucional la solicitud. 

Al sufragar a favor de la ponencia de Luna Ramos, el ministro Alfredo Gutiérrez señaló que el caso del PRD es similar a la solicitud de Consulta Popular que presentó Morena y que este día rechazó también la Corte, pues afectan los ingresos que planea obtener el Estado con la Reforma Energética.

A su vez, el presidente de la SCJN, el ministro Juan Silva Meza, votó a favor al precisar que la consulta pública sobre temas relacionados con los ingresos y egresos del Estado está vedada por la Carta Magna que rige al país.

Silva Meza aclaró que la Corte no determinó cuales son los requisitos que se deben cumplir para que se lleve a cabo una consulta popular, ya que eso está plasmado en la Constitución por el Legislativo, y que la SCJN se limita a interpretar la Carta Magna.


Los otros ministros que votaron a favor de la inconstitucionalidad fueron Fernando Franco, Arturo Zaldívar, Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán y Olga Sánchez Cordero.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.