La paz sufre deterioro

Estadísticamente, es un hecho que la tranquilidad en el país se diluye. El Índice de Paz México 2013 revela que en Jalisco este privilegio ha caído en más de un 20 por ciento en la última década.

Jalisco está entre los primeros estados con mayores índices de crímenes atribuidos a la delincuencia organizada y los cometidos con arma de fuego, de acuerdo con el Índice de Paz México 2013 (IPM), hecho por el Institute for Economics and Peace (IEP), un think tank independiente, con sedes en Sydney, Nueva York y Oxford.

El estudio documenta el deterioro de los niveles de paz en el país en un periodo comprendido entre 2003 y 2013. 

Para ello ha tomado como referencia de medición unos 60 conjuntos de datos económicos, educativos, de salud, demográficos y de capital social.

Según el IPM, la paz en Jalisco se ha deteriorado hasta en un 26.53 por ciento en 10 años.

El estado es parte de un bloque de entidades cuya paz ha decaído entre un 20 y un 40 por ciento en una década, conformado por Zacatecas, Distrito Federal, Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Con un 2.87 de calificación general, Jalisco se ubica en el sitio 17 del mapa nacional de la evaluación del IEP. 

Entre más baja es la calificación, más pacífico es un estado, como lo es Campeche, que tiene la puntuación más positiva, 1.47. Morelos es la entidad más violenta con una calificación de 4.15.

Pero la calificación no es la misma para Jalisco en rubros relacionados con crímenes de la delincuencia organizada, homicidios, delitos hechos con un arma de fuego y aquellos perpetrados con violencia.

En homicidio, Jalisco está en el sitio 15 del estudio, con una calificación de 1.77 y por encima de estados violentos como Veracruz y Guerrero.

En crímenes de delincuencia organizada ocupa el lugar 22, con 2.55 puntos; le gana a entidades como Guerrero (2.41), Chihuahua (1.51) y Sinaloa (2.36) azotadas por el narcotráfico.

En delitos de arma de fuego, Jalisco está en los últimos sitios de la escala del índice del IEP, con 5 puntos de calificación; un puntaje que comparte con otras entidades como Tamaulipas, Tabasco, Oaxaca, Querétaro, Baja California Sur, Tlaxcala, Durango y San Luis Potosí.

Con una calificación de 3.32, la entidad se sitúa en la posición 19 de las 32 del país en delitos con violencia. 

Incluso estados como Michoacán, Veracruz o Chihuahua lograron superar a Jalisco y se colaron entre los 10 primeros con menos delitos de este tipo, al alcanzar calificaciones que van entre el 1.95 y el 2.41 del IPM.

Los indicadores estatales proporcionados por el estudio no son nada halagadores si se toma en cuenta que Jalisco es el segundo estado que más aporta al financiamiento de su policía. 

La entidad tiene una calificación de 1.50 en cuanto a la tasa de financiamiento de sus fuerzas de seguridad pública. Es la que más aporta recursos públicos para esta materia, después del Estado de México.

El costo de la violencia 

Dado a conocer hace menos de un año, el Índice de Paz México 2013 es el tercero que el IEP ha elaborado sobre una nación. 

Desde 2007, con base en indicadores de paz global, el organismo ha creado otros dos informes: el de Estados Unidos y el de Reino Unido.

Según el IEP, México es un país con menos paz que naciones como Turquía, Irán o Bolivia y con pérdidas económicas enormes a raíz de la violencia.

La medición que el organismo internacional ha hecho sobre el impacto de la violencia en la economía es de unos 4.4 billones de pesos por año, lo que equivale al 27.7 por ciento del Producto Interno Bruto nacional.

“Con esto podría entregarse a cada uno de sus ciudadanos la cantidad de 37 mil pesos (3 mil dólares) o bien duplicar el monto de los fondos gubernamentales proporcionados para salud y educación”, destaca el informe. 

Los costos de la violencia fueron clasificados por el IEP en tres formas: el gasto realizado por los gobiernos para mantener la ley y el orden a través de sus policías y el sistema judicial; la pérdida de productividad ocasionada por la delincuencia; y los efectos en la generación de empleo, derivado de las dos causas anteriores.

En la bolsa del costo económico por la violencia, Jalisco tuvo un impacto en 2012 de unos 132 mil millones de pesos, así lo dio a conocer en los primeros días de octubre pasado Patricia de Obeso González, vocera del IEP en México.

La cantidad rebasa el propio Presupuesto de Egresos estatal que para este 2014 ha sido de poco más de 83 mil millones de pesos.

Según los datos del estudio, el costo per cápita contra la violencia en Jalisco ha sido de unos 17 mil 28 pesos, sólo en aquel 2012.

Impunidad y negación

Las cifras del IPM 2013 revelan que la tasa nacional de homicidios impunes se incrementó en un 14 por ciento en 10 años.

Jalisco no escapa de ser uno de los estados donde el asesinato de una persona no se castiga. Acá, seis de cada 10 homicidios son impunes, según el diagnóstico.

Con un 67 por ciento de homicidios impunes, la entidad está en el grupo de los siete estados donde estos delitos permanecen sin una respuesta. 

Ese mismo grupo de entidades, integrado por Nuevo León a la cabeza, Puebla, Estado de México, Tabasco, Jalisco, Sonora y Distrito Federa, también acumula la mayor sobrepoblación en sus centros penitenciarios.

Según los datos del estudio, Jalisco tiene un aforo penitenciario para 9 mil 279 reclusos. Pero la realidad es que tiene a unas 16 mil 67 personas encarceladas, lo que significa una sobrepoblación de casi un 73 por ciento.


A los indicadores del IPM de 2013 habrá que sumarle los del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2014 del Inegi destaca que en 2013, cerca de 1.7 millones de habitantes de Jalisco fueron víctimas de la violencia, y que el costo de esta triplicó al gasto oficial para contenerla.

El Gobierno Estatal destinó el año pasado unos 4 mil 400 millones de pesos para combatir el delito. Pero el crimen tuvo un impacto financiero en la entidad de unos 12 mil 447 millones de pesos, de acuerdo con los datos del Inegi.

Jalisco fue el tercer estado al que más le pegó económicamente la delincuencia en 2013, por debajo del Estado de México (con pérdidas de casi 40 mil millones de pesos) y el Distrito Federal (que rondó en los 17 mil millones de pesos).

Y los datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública han mostrado, hasta agosto pasado, que Jalisco es el sexto estado con más homicidios en este 2014 con 577.

A pesar de las cifras oficiales, el fiscal general del Estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, ha rechazado que el crimen vaya a la alza.

“Mi labor es esa, desde que me levanto, después de haber dormido unas pocas horas, mi mente trabaja para pensar cómo evitar que esos delincuentes nos vulneren y alteren la vida cotidiana”, expresó el funcionario en la primera quincena de octubre pasado en una comparecencia ante diputados locales. 

Así se escapa la paz…

Datos contundentes sobre la percepción de seguridad y justicia en México, de acuerdo al Índice de Paz 2013:

>En más de 26 por ciento se ha deteriorado la paz en la entidad en una década.

>Jalisco pertenece a un grupo de ocho entidades donde la paz ha decaído entre un 20 y un 40 por ciento en 10 años.

>Campeche es el estado más pacífico, mientras que Morelos es el menos pacífico, según el estudio. Jalisco está en el sitio 17 de la tabla general.

>Seis de cada 10 homicidios permanecen impunes en Jalisco.

>La violencia ha costado al país hasta 4.4 billones de pesos anuales.


>En Jalisco, el costo per cápita de la violencia ha sido mayor a los 17 mil pesos.

FUENTE: REPROTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

Izquierda sin rumbo

La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ordenada por un alcalde perredista y desatendida por Ángel Aguirre, hunde en una profunda crisis política al PRD y la izquierda mexicana.

La tragedia de Iguala está provocando el colapso de la izquierda mexicana y de su principal partido político, el PRD, de cara a las elecciones intermedias del próximo año en México.

El drama de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa carcome, como nunca en su historia, la credibilidad y la imagen de la cúpula perredista y de sus líderes.

El PRD –contagiado por el oportunismo político y por el pragmatismo– postuló hace dos años como su candidato a la alcaldía de Iguala a un empresario con mala fama en el estado de Guerrero. 

Eso no le importó a los perredistas, quien estaba apostándole solo a ganar la elección y asegurar el financiamiento de las campañas. 

En el pecado, el PRD hoy paga su penitencia.

Su apuesta para la alcaldía de Iguala, José Luis Abarca, está prófugo y acusado de tener vínculos con el crimen organizado y ser el autor intelectual de la desaparición de los 43 normalistas.

Nunca antes un caso como el de Iguala –que combina corrupción, violencia y crimen organizado- ha demostrado la colusión que puede existir entre una autoridad municipal con los cárteles de la droga.

El escándalo de los estudiantes desaparecidos y los vínculos de las autoridades con cárteles de la droga desató una crisis política y social a nivel nacional.

Pero el mayor desgaste ha sido para el partido político del Sol Azteca que se ha caracterizado por defender los derechos humanos y denunciar el abuso del poder.

Los sucesos de Iguala han sido un golpe letal para los principios del PRD: el partido de las causas sociales, solidario con los movimientos como los estudiantiles, hoy está acusado de encabezar la represión contra los normalistas de Ayotzinapa.

La crisis en el PRD ha agudizado las pugnas internas que siempre han existido entre las principales corrientes de este partido político: Nueva Izquierda, que controla la dirigencia nacional que encabeza Carlos Navarrete, y Izquierda Democrática Nacional, de René Bejarano y Dolores Padierna.

El cisma perredista estalló cuando Bejarano acusó a los dirigentes del PRD de proteger al alcalde de Iguala, a pesar de conocer sus vínculos con el narcotráfico y tener en su contra acusaciones por asesinato.

Según Bejarano, desde el 2013 entregó un expediente a las autoridades federales con los testimonios de testigos del asesinato de Arturo Hernández Cardona y otras dos personas más que implicaban a Abarca en este crimen.

Luego su esposa, la senadora del PRD, Dolores Padierna, acusó a Jesús Zambrano, exdirigente nacional del PRD, de haber ayudado a fugarse al alcalde de Iguala, junto con su esposa María de los Ángeles Pineda.

Padierna reveló que Zambrano se reunió tres días después de los hechos del 26 de septiembre con Abarca, en un restaurante del sur de la Ciudad de México.

Aseguró que la reunión fue para pedirle que solicitara licencia a su cargo. Zambrano negó las acusaciones de Padierna.

Hoy del poderoso PRD que hace 8 años estuvo a nada de ganar la presidencia de México, con Andrés Manuel López Obrador como su candidato, quedan cenizas.

El próximo año el PRD tendrá que sortear la elección del 2015 –no solo dividido internamente y con la carga del caso Iguala a sus espaldas- sino también con la aparición de Morena dividiendo el voto de los progresistas y liberales. 

No solo es el PRD el que está dividido, sino es toda la izquierda mexicana que tendrá que cargar de aquí en adelante con el caso Iguala y sus fatales consecuencias a sus espaldas.

El escándalo toca Morena

El exlíder nacional del PRD, Jesús Zambrano, contraatacó a las acusaciones de Dolores Padierna y aseguró que José Luis Abarca fue candidato para la alcaldía de Iguala en el 2012 con el aval de Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato perredista.

Este caso también ha dañado al ahora líder del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena.

Un mes antes de la desaparición de los estudiantes, López Obrador destapó como el próximo candidato a la gubernatura de Guerrero por Morena a Lázaro Mazón, quien fue el primer funcionario del gabinete del gobernador Ángel Aguirre – era el secretario de Salud- que cayó por la crisis de los desaparecidos.

A Mazón se le considera el padrino político dentro del PRD del exalcalde de Iguala, Abarca, hoy con una orden de aprehensión en su contra por sus vínculos con el crimen organizado.

Esta situación obligó a López Obrador a deslindarse de Abarca públicamente hace una semana en un mitin celebrado en el Zócalo de la Ciudad de México. 

Pero en redes sociales circularon fotos de AMLO con el exedil de Iguala. Lo mismo que con otros personajes del PRD

… Y a Navarrete

Carlos Navarrete, presidente del PRD, también ha sido otro de los tocados por la tragedia de Iguala. 

El sospechoso respaldo que le brindó el líder perredista a Ángel Aguirre como gobernador de Guerrero hoy lo tiene en la cuerda floja.

Navarrete rechazó deslindarse del mandatario guerrerense, pese a que en las calles del estado de Guerrero, primero, luego en la Ciudad de México, se exigía la renuncia del mandatario.

Todavía cuatro días antes de que Aguirre solicitara licencia, hace dos semanas, el Consejo Nacional del PRD que encabeza el líder perredista refrendó su apoyo públicamente a quien se dice que fue uno de sus principales patrocinadores de la campaña por la dirigencia nacional.

El recuento de los hechos


La noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, ubicada en el municipio de Tixtla, Guerrero, fueron atacados por policías municipales de Iguala y Cocula, cuando iban a bordo de autobuses.

En el ataque murieron 6 personas, tres estudiantes incluidos, y resultaron heridos más de 20, entre normalistas y demás personas.

Desde ese día se encuentran en calidad de desaparecidos 43 jóvenes que fueron detenidos por elementos municipales y, según las investigaciones, entregados al grupo delictivo de Los Guerreros Unidos.

La PGR realiza exámenes de ADN en 38 cuerpos que han sido descubiertos enterrados en fosas en la zona de Iguala.

Las autoridades también ha detenido por estos hechos a 56 personas, principalmente policías de Iguala y Cocula, y han girado más de 20 órdenes de aprehensión, incluyendo la del exalcalde perredista José Luis Abarca.

La investigación implica además a la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda, de tener nexos con la delincuencia organizada.

Ella es hermana de dos operadores financieros del Cártel de los Beltrán Leyva, vinculado al grupo de Los Guerreros Unidos.

La primera dama de Iguala también estaba afiliada al PRD, recién elegida consejera estatal de este partido en Guerrero, y era la principal aspirante para sustituir a su esposo en el 2015 en la alcaldía de Iguala.

El PRD se volvió su antítesis

Nadie resume mejor que Alejandro Encinas lo que significará el caso Iguala para la historia del PRD y de la izquierda mexicana. 

“El PRD pasó a ser un partido donde antes poníamos a los muertos y ahora ponemos a los verdugos”, dice el senador del PRD.

Esa imagen no es fácil de borrar. El exdirigente nacional perredista señala que ahora el propio PRD se volvió su antítesis.

“Es un golpe directo al corazón del PRD y de la izquierda porque, justamente, el partido que surge de la reivindicación de los derechos humanos, de la reivindicación del derecho a la disidencia, al ejercicio pleno de las libertades, hoy aparece como un partido que en el ejercicio del gobierno no solo reprime a jóvenes estudiantes inermes, sino aparece asociado con la delincuencia organizada”.

Encinas pone en duda la capacidad de Carlos Navarrete, actual dirigente nacional del PRD, de poder ejecutar el golpe de timón que se necesita hacer dentro del partido político para terminar con las prácticas que llevaron a la postulación de personajes como el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca.

“Carlos Navarrete debe ser hoy el principal interesado y el principal responsable en ir a fondo en esta investigación, en deslindar las responsabilidades, no solamente de los autores materiales e intelectuales de esta tragedia, de las autoridades que fueron omisas, sino de los dirigentes en todos los niveles dentro de la estructura, de alentar la existencia de este tipo de personas o de este grupo criminal y, al mismo tiempo, de ser intolerantes e indiferentes.

“Es una crisis profunda, en donde se requiere un golpe de timón; y no veo que el grupo que hoy encabeza y que ha llevado a la crisis al partido, sea capaz de hacer una reconducción o una redefinición del mismo”.

Un dirigente que divide

Para el diputado federal del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, la crisis que existe dentro del PRD es tan grave que obliga a Carlos Navarrete a dejar su cargo como dirigente nacional.

Para el perredista integrante de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) Navarrete ha tomado decisiones que han provocado mayor división dentro del PRD.

“Un método de avallasamiento de la mayoría sobre la minoría no es conveniente para dirigir al partido. El partido, por su propia composición, requiere de acuerdos que le den gobernabilidad, consensos a pesar de las diferencias.

“Eso hacíamos (Jesús) Zambrano y yo cuando estábamos en la dirigencia nacional. Tardábamos mucho, nos peleábamos, pero llegábamos a acuerdos. Así que no tener consenso en las decisiones, como se está haciendo ahora, puede llevar a un rompimiento interior”.

Para el exsecretario general del PRD, si bien la crisis que enfrenta el partido del Sol Azteca es profunda, actores como el PRI o el propio presidente Enrique Peña Nieto aprovecharon la coyuntura para empeorar la imagen del PRD.

“Fue un acontecimiento inesperado, de alcances que nadie calculó nunca, y que si alguien equivocadamente calculó que era para sacar raja política -como en este caso yo sostengo que hizo el PRI y Enrique Peña Nieto- calcularon mal. Porque ahora ya las movilizaciones han tocado todas las puertas”.

Para la senadora Angélica de la Peña, cercana a la corriente Nueva Izquierda –los llamados “Chuchos”-, la fractura que enfrenta el PRD lo pone en un momento clave para llevar a cabo una refundación y una reunificación de todos los sectores.

“No sé qué tanto ayude al partido la renuncia de Carlos Navarrete. Me parece que a partir de esta circunstancia, el partido debe entrar a una etapa donde resolvamos los problemas de identidad que tenemos.

“Hay que buscar una refundación hacia una izquierda socialdemócrata y las minorías que no estén de acuerdo con eso, que se vayan a otra opción. Pero nosotros sí queremos construir una izquierda moderna”, asegura De la Peña.


Los perredistas, sin importar la corriente a la que pertenecen, consideran que el gran reto del partido será el establecimiento de candados para evitar que, nuevamente, se filtren a sus filas personas relacionadas con el crimen organizado como José Luis Abarca, exalcalde de Iguala.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA, IMELDA GARCÍA

Pemex bajo evaluación

El reglamento de la Ley de la paraestatal contempla a un comisario que calificará el desarrollo anual de la petrolera. Su primera revisión será en el 2016.

Los miembros del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) podrán pertenecer al mismo tiempo al Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo.

Lo estableció así el reglamento de la Ley de Pemex, publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación.

Las reglas para los consejeros incluyen que no pueden comprar deuda que esté garantizada por Pemex a menos que sea de inversiones en el mercado de valores.

Tampoco podrán presidir ninguna asociación que reciba donaciones de la petrolera, si éstas son de más de la mitad de sus ingresos anuales.

Cualquier juicio de dos integrantes del Consejo, el consejero jurídico de la Presidencia o el comisario del Consejo que presuma conflicto de interés será suficiente para que el presidente considere si se mantiene en el puesto.

Con las nuevas disposiciones Pemex tendrá un comisario, que evaluará el desarrollo anual de la petrolera. Su primera evaluación será en 2016.

Si un concursante en una licitación no está de acuerdo con el fallo podrá solicitar que se suspenda la ejecución de una compra o servicio, pero tendrá que pagar una fianza entre el 10 el 30 por ciento de su propuesta económica para cubrir los costos de postergar el fallo, si pierde la pelea legal.

Pero si la empresa que ganó pone una “contragarantía” por el mismo monto, no se suspenderá la ejecución.

Como las únicas medidas que se mencionan en contra de la corrupción, el Órgano Interno de Control de la petrolera se sustituye por una Unidad de Responsabilidades, que tendrá delegados en cada subsidiaria.

La invitación restringida y adjudicación directa no pueden rebasar el 30 por ciento del presupuesto para adquisiciones, arrendamientos y servicios cada año, ni se podrán fraccionar los contratos para quedar dentro de este monto.

Cada año, a más tardar el 15 de agosto, Hacienda enviará al Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo “su propuesta de dividendo estatal” que deberá cubrir Pemex y sus subsidiarias para el siguiente año. En los diez días siguientes el Comité responderá su opinión a la propuesta.

Los nuevos permisos

El reglamento de la Ley de Hidrocarburos, también publicado el viernes, comprende la Secretaría de Energía (Sener) otorgará una nueva asignación a Pemex sólo cuando presente costos de extracción similares al promedio del mercado y el área tenga recursos prospectivos mayores a los 2 mil millones de barriles de petróleo y gas.

El reglamento no establece porcentajes de contenido nacional. Al contrario, privilegia a los contratistas ya que cuidarán que “no genere ventajas indebidas que pudieran afectar la posición competitiva de asignatarios o contratistas”.

Justificando técnica y económicamente, la Sener puede autorizar en 40 días hábiles una cesión de un contrato que tenía Pemex a un privado.

También podrá renunciarse a un área asignada, siempre que lo autorice Sener y la petrolera presente “un plan que garantice la continuidad operativa y la transición ordenada”. Pemex deberá seguir trabajando el campo hasta que se asigne nuevamente o se firme un contrato con otra empresa.

En junio de cada primer año del quinqueno, la CNH propondrá a la Sener un plan quinquenal, que el próximo año se presentará en abril. Contendrá las áreas que se licitarán en el próximo lustro.

Cuando Pemex quiera migrar algún área de asignación a contrato, podrá hacerlo en apenas dos meses y medio con el aval de Sener, la opinión de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Hacienda.

La licitación para contratar al comercializador que venderá los hidrocarburos producidos en México incluirá el margen o precio máximo aceptable por el pago de dichos servicios, el cual estará anclado a “condiciones de mercado”.

Los titulares de concesiones mineras podrán tener una adjudicación directa, siempre que muestren la existencia del recurso, el total de financiamiento, la adquisición de los equipos principales y ya haber invertido el 30 por ciento del presupuesto del proyecto en activos fijos.

En las áreas en las que convivan una mina y un contrato de exploración y extracción, la Comisión tendrá la última palabra sobre cuánto debe darle el privado al minero como contraprestación.

Estudios de impacto social

“No podrá otorgarse una asignación o publicarse una convocatoria para la licitación de un contrato (…) sin que se cuente con el estudio (de impacto social)”, dice en el texto del Reglamento.

El estudio incluirá características sociodemográficas, identificación de grupos en situación de vulnerabilidad, estimación preliminar de los impactos sociales positivos y negativos.

Sener prevé que los testigos sociales intervendrán cuando una de las partes lo solicite o cuando el estudio de impacto social concluya que “existen condiciones de riesgo y vulnerabilidad en el área”.

Los dueños de las tierras o los que quieran los derechos sobre ellas no tendrán a fuerza que tener el avalúo del Indaabin. Podrán pedirlo a instituciones de crédito, corredores públicos o profesionistas con posgrado en valuación.

Existirán mediadores de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quienes podrán agilizar las negociaciones, regular los procesos de mediación y emitirán un dictamen para decretar “la servidumbre legal de hidrocarburos”.

Existirá un Consejo Consultivo para el fomento de la industria de hidrocarburos, que busca “apoyar las cadenas productivas relativas a la industria”.

Lo presidirá la Secretaría de Economía y lo integrarán la Sener, la CNH y la Comisión Reguladora de Energía.  


Carta para Pemex

Sener enviará a Hacienda la información técnica y de costos y con ellos determinarán el mecanismo de adjudicación y sus variables, los criterios de precalificación, las reglas sobre el registro de costos, la procura de bienes y servicios, las reglas para las visitas y auditorías y para “la correcta operación de las contraprestaciones”, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

Finalmente Pemex logró colocar en el reglamento que se “deberá contar con su opinión favorable” en los elementos técnicos, financieros, de ejecución y de experiencia que deberán reunir las empresas que participen en la licitación para asociarse con la petrolera cuando vaya a migrar de asignación a contrato en un yacimiento.

Cuando Pemex o CFE quieran migrar, Hacienda debe señalar observaciones para garantizar “que los ingresos del Estado no sean inferiores a los que se pudieran obtener conforme a la asignación o contrato originales”.

Hacienda buscará que las condiciones fiscales mantengan las mismas ganancias para el Estado que las asignaciones que antes tenía Pemex, pero no prevén ingresos extraordinarios.

Las cuotas contractuales sobre áreas de exploración serán actualizadas en enero de cada año conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

El Fondo Mexicano del Petróleo y Hacienda determinarán cómo y en qué moneda se harán los pagos de los contratos.


Hacienda podrá realizar auditorías a los aspectos financieros de los contratos o formular requerimientos de información por medio del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.

La culpa es del PRD

En un editorial, la Iglesia Católica mexicana acusó a los partidos de izquierda de traicionar sus valores y entregar los peores resultados.

Para la Iglesia Católica en México, todos los partidos políticos en el país son malos, pero el PRD es el peor. 

Un editorial publicado ayer en el semanario católico Desde la Fe señala que aunque “en México han fracasado todos los partidos políticos porque no han buscado en el ejercicio de gobierno el bien de la sociedad, sino beneficios personales y de un grupo a través de una insultante corrupción”, los partidos de izquierda en particular han hecho un trabajo deplorable. 

“Han quedado al descubierto los partidos de la falsa izquierda mexicana, que deberían ser los primeros en estar comprometidos con las clases más desfavorecidas y que, sin embargo, son los que más daño le han hecho al país”, subraya el artículo de opinión tras indicar que “una buena parte de la clase política ha traicionado a la ciudadanía”. 

Asimismo, señala que “son los gobiernos estatales de esta falsa izquierda los que han entregado los peores resultados, ahí tenemos a las víctimas: Michoacán, Zacatecas, y ahora Guerrero y Morelos”.

Puesta a prueba


Ante lo acontecido recientemente en Guerrero, la Iglesia Católica en México advirtió que los sucesos “han puesto a prueba al sistema mismo: la sociedad mexicana, comenzando por los partidos políticos, está obligada a recorrer el camino de la legalidad y honestidad. Si no lo hacemos pronto será tarde”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.

Normalistas radicalizan acciones para exigir presentación con vida de sus compañeros

AYOTZINAPA, Gro: Integrantes de la Asamblea Nacional Popular (ANP) acordaron intensificar sus acciones de protesta para seguir insistiendo en la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

En una reunión realizada este domingo en la sede de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, que se prolongó durante varias horas, representantes de organizaciones sociales y miembros de la dirigencia estudiantil, definieron un plan de acción que contempla el cierre de centros comerciales de empresas trasnacionales y la toma del aeropuerto de Acapulco.

Así como interceptar unidades que transporten mercancía de empresas privadas y permitir el libre tránsito en casetas de peaje para los automovilistas.

“Se trata de pegarle al gobierno y a las empresas trasnacionales donde más les duele, en su economía”, señaló un miembro de la ANP.

De esta forma, los normalistas y miembros de diferentes organizaciones pretenden obligar a las autoridades federales a asumir una actitud contundente en las labores de búsqueda de los estudiantes desaparecidos, a más de un mes de la tragedia de Iguala donde fueron asesinadas seis personas y al menos 10 resultaron heridas en diferentes ataques realizados por policías municipales que actuaron en contubernio con sicarios al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos.

Afuera de la Normal de Ayotzinapa, el color se plasmó en las paredes del pueblo de Tixtla donde artistas plásticos realizaron murales para expresar su coraje e indignación frente a este llamado crimen de Estado.

Decenas de personas que acudieron al panteón municipal para celebrar el Día de Muertos, entre música, flores e incienso, se detenían para observar las obras que mostraban los rostros de los 43 estudiantes desaparecidos y de guerrilleros como Ernesto Ché Guevara; Lucio Cabañas y el Subcomandante Marcos, así como del maestro Jaime Antonio Gómez del Payán Medina.

A través de la palabra escrita, los artistas tixtlecos tomaron las paredes de sus casas como lienzos para expresar consignas con el propósito de condenar la atrocidad cometida por autoridades gubernamentales, exigir la presentación con vida de los estudiantes y denunciar a los narcopolíticos que tienen secuestrada la entidad.

La cabeza de los defenestrados Ángel Aguirre Rivero y el narcoalcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velazquez pendían de una soga atada el cuello y la leyenda: “Una injusticia hecha contra un ciudadano, es una amenaza hecha a toda la sociedad”.

El ambiente colorido en las inmediaciones del panteón de Tixtla contrastaba con el dolor y la angustia que se respira al interior de la Normal de Ayotzinapa donde los padres de familia, normalistas y activistas siguen en espera de que el gobierno encuentre con vida a los desaparecidos.

“El gobierno sabe que están vivos y dónde se encuentran, pero no sé por qué no actúa”, suelta una afligida madre que lleva un mes durmiendo en el cuarto que le asignaron a su hijo en este internado donde se forman profesores rurales y que en este momento atraviesa una de las peores crisis generada por la criminalización desde el gobierno y la brutalidad de la delincuencia que controla territorios completos.

Por su parte, normalistas y universitarios procedentes de la Ciudad de México, se trasladaron a Chilpancingo para recordar a los estudiantes de Ayotzinapa que han sido asesinados en los últimos años.

Los manifestantes arribaron por la tarde al monumento de Las Banderas, ubicado sobre la calle Lázaro Cárdenas donde izaron lonas con los rostros de los estudiantes victimados por autoridades gubernamentales y delincuentes.


De esta forma conmemoraron el Día de Muertos y se regresaron a las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa para alistar la logística del plan de acción que comienza mañana para presionar al gobierno y demandar la presentación con vida de los normalistas que siguen desparecidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Ayotzinapa muestra la descomposición del sistema político mexicano

El caso de Ayotzinapa y lo que ocurre en el país en este sexenio constituyen “un escándalo internacional muy grande”, y ante los acontecimientos de Iguala y de Tlaltaya se han puesto en evidencia las “debilidades del sistema político mexicano”. Esta es la apreciación del secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, entrevistado por Proceso. Advierte: el gobierno de Peña Nieto se tardó en reaccionar, cuando en crisis parecidas, como las de Aguas Blancas y Acteal, se produjeron de inmediato las renuncias de los gobernadores y de un secretario de Gobernación.

WASHINGTON: El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, califica de insuficientes la respuesta y el manejo que ha dado el gobierno de Enrique Peña Nieto a los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya, y recuerda que una crisis similar, como la masacre de Acteal en 1997, ocasionó inclusive la renuncia del secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, durante el sexenio de Ernesto Zedillo.

En entrevista con Proceso, dice Álvarez Icaza: Los casos de “Aguas Blancas (Guerrero, 1995) y Acteal (Chiapas) generaron una respuesta que provocó una reacción mucho más rápida del sistema político en México. Cayeron más rápido los gobernadores y los secretarios de Gobernación”.

En las crisis de Tlatlaya y Ayotzinapa, “tal vez no tan prolongadas como profundas, la respuesta se tardó, lo que pone en evidencia las debilidades del sistema político mexicano”.

Durante las cinco audiencias realizadas el pasado 30 de octubre sobre la situación de los derechos humanos en México, dentro del 153 periodo de sesiones de la CIDH, los asuntos más destacados fueron la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y la ejecución extrajudicial de 21 jóvenes –presuntos delincuentes– en Tlatlaya, Estado de México, por elementos militares.

Luego de escuchar los argumentos del gobierno de Peña Nieto sobre estos dos casos de violación a los derechos humanos, el secretario ejecutivo de la CIDH declara que “no son sorpresivos” porque no se trata de nuevos acontecimientos. “Son indignantes y dolorosos en cuanto a su dimensión”, manifiesta.

Pero Álvarez Icaza va más allá. Puntualiza que la situación “refleja de una manera tan nítida el fenómeno de corrupción, de crisis de justicia, de descomposición en derechos humanos, que eventualmente ese es el factor que ha hecho que Ayotzinapa sea un clamor nacional”.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1983, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.

Y el nuevo gobernador de Guerrero llega a negociar

El nombramiento de Salvador Rogelio Ortega Martínez como gobernador interino de Guerrero causó malestar entre oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional por los nexos que tuvo con las guerrillas mexicana y colombiana. No obstante, otros consideran que la designación de quien fuera secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero es un mensaje del gobierno federal para evitar un rebrote de la guerrilla. En entrevista con Proceso, algunos militares recuerdan que en su sexenio Felipe Calderón hizo una maniobra similar por medio del general Tomás Ángeles Dauahare para negociar una tregua con los grupos subversivos.

MÉXICO, D.F: Advertido sobre la reactivación de la guerrilla en la entidad, el gobierno de Enrique Peña Nieto terminó por acercarse a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), en un intento por contener la participación de grupos armados en el imparable reclamo social por los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos y desaparecidos en Iguala.

Esa decisión no cayó nada bien en círculos del Ejército por los alegados antecedentes del gobernador interino, Salvador Rogelio Ortega Martínez, con la guerrilla en México y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aunque en el entorno presidencial se asegura que la apuesta por el exsecretario general de la UAG busca tender puentes con los movimientos radicales ante la falta de liderazgos políticos en el estado.

Con Guerrero como uno de sus principales escenarios de contrainsurgencia del Ejército en el país desde los años sesenta, integrantes de esa fuerza equiparan la decisión de Peña Nieto con la de Felipe Calderón de negociar con la guerrilla, “pero ahora con más ventajas para los grupos subversivos”.

En entrevista con Proceso, los militares revelan que tras los atentados del Ejército Popular Revolucionario (EPR) contra ductos de Pemex, entre mayo y septiembre de 2007 en Guanajuato, Querétaro y Veracruz, el entonces presidente Felipe Calderón le pidió a su secretario de la Defensa, el divisionario Guillermo Galván, que el entonces subsecretario de la Defensa Nacional, el también general de división Tomás Ángeles Dauahare, entrara en contacto con el EPR para negociar una tregua a sus acciones violentas.

“Dígale al general Tomás Ángeles que entable negociaciones con el EPR”, refieren sobre la orden de Calderón al entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. El entonces presidente quería evitar que la guerrilla contaminara con más atentados su guerra al narcotráfico.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1983, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

‘Despachando’ desde el hospital

El jefe de Gobierno capitalino fue trasladado a cuidados intermedios luego de una operación a corazón abierto. Su secretario particular dijo que trabajará desde su habitación.

Por medio de una llamada telefónica, Miguel Ángel Mancera les hizo saber ayer a los capitalinos que “se siente bien” y que mientras se recupera gobernará la ciudad desde su cuarto en el Hospital ABC Observatorio.

“Me siento bien, con mejoría. Si no es porque me pude ver un poquito la herida no estaría muy convencido de que me intervinieron”, dijo en un mensaje transmitido por su secretario particular, Luis Serna

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, sometido de urgencia a una operación a corazón abierto el viernes pasado, se recupera favorablemente, según los médicos, por lo que ya abandonó el área de terapia intensiva.

“Enfatizamos la excelente evolución del doctor Mancera y apoyados en su fortaleza física, hemos decidido cambiarlo de un manejo de terapia intensiva a cuidados intermedios, así como iniciar la alimentación a una dieta normal”, informó el domingo el equipo médico que atiende al político.

Mancera acudió en un principio a realizarse un procedimiento para tratar un trastorno en su ritmo cardiaco, pero durante el proceso se presentó una perforación cardiaca que obligó a los doctores a realizarle una cirugía de emergencia. 

Serna reiteró ayer esta complicación, y negó que la intervención quirúrgica sea consecuencia del exceso de trabajo. “Ya está perfectamente de salud”, agregó.

Informe a la cama

“El jefe de Gobierno está despachando, no desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento con vista a la plancha del Zócalo, ahorita está despachando en su habitación del hospital, sigue trabajando, está fuerte”, aseguró a su salida del centro médico el secretario de Mancera. 

Sobre el tiempo que el jefe de Gobierno permanecerá en el hospital, señaló que “será el necesario”.


“Por la mañana, como lo hago de forma cotidiana, recibiré los informes de las áreas operativas y giraré las instrucciones que resulten para garantizar en todo momento el buen funcionamiento del gobierno de la ciudad”, dijo el funcionario.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

El ocaso de la dinastía

En Michoacán, la tierra de los amores del general Lázaro Cárdenas, no hay insultos, pero sí reclamos que piden traer a cuentas al exgobernador de la misma sangre del legendario caudillo de la izquierda.

El abucheo y agresión que sufrió Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano por parte de los que una vez fueron sus más febriles seguidores, en la manifestación de estudiantes en el Zócalo el pasado 8 de octubre, podría ser el exordio del nuevo escenario que se abre a la dinastía Cárdenas, la que de a poco se ha ganado –si no el rechazo– sí el cuestionamiento social.

En Michoacán, el primer bastión histórico cardenista, cada vez son más las voces que no solo se han distanciado sino que han cuestionado abiertamente del liderazgo moral de la descendencia del general Lázaro Cárdenas del Río, una figura mitificada en el halo de la historia. Hace 20 años era impensable someter a juicio la moralidad de alguien del linaje del general Lázaro Cárdenas. Hoy, ya inició la rebelión contra la dinastía.

El preludio del ocaso de los Cárdenas se pudo asomar cuando la turba estudiantil, la que pedía el regreso con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, agredió al caudillo de la izquierda. La mítica figura de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se tuvo que escabullir entre insultos y proyectiles que le reclamaron su complicidad con el gobernador Ángel Aguirre Rivero y el alcalde de Iguala –acusado de genocida– José Luis Abarca Velázquez.

En esta entidad, en la tierra de los amoríos del general Lázaro Cárdenas, no hay proyectiles ni insultos, pero sí reclamos de diversos sectores sociales, principalmente de los hombres de empresa que piden traer a cuentas al exgobernador Lázaro Cárdenas Batel y su hermano Cuauhtémoc, sobre los que pesan dudas que les pueden opacar la moral y derrumbar la imagen política intocada desde que nacieron.

En el seno del PRD michoacano las opiniones y directrices políticas del que fuera el líder moral de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ya no surten efecto. 

La administración estatal de Lázaro Cárdenas Batel se ha distinguido por su opacidad financiera y hoy se encuentra bajo la lupa inspectora de la Federación.  

Cuauhtémoc Cárdenas Batel es cuestionado por el manejo financiero del fideicomiso para la rehabilitación del Teatro Mariano Matamoros de Morelia.

Las decisiones y opiniones políticas de Cárdenas Solórzano, el hijo del general, ya no son acatadas ciegamente. En el interior del PRD se han formado grupos que se oponen a la visión mesiánica con la que el fundador de ese partido mandó por décadas. Decenas de líderes regionales han abandonado el caudillismo, tras observar la falta de compromiso de Cuauhtémoc Cárdenas frente a los problemas que atañen a cada región.

Al menor de los Cárdenas Batel –ahora que la Federación revisa los manejos financieros de las últimas tres administraciones estatales- se lo podría convocar en breve, en el seno del congreso local, para que explique la razón por la que la rehabilitación del teatro tiene un retraso de casi cinco años, además de que el gasto se ha elevado en casi tres veces frente al presupuesto original.

El teatro que nunca fue…

La remodelación del Teatro Matamoros de la ciudad de Morelia es una obra que se proyectó en el año 2009, con la intención de que el inmueble fuera reinaugurado en el marco de los festejos por el 200 aniversario de la independencia de México. 

Al frente del comité de obras fue designado por el entonces alcalde de Morelia, Fausto Vallejo,  y el menor de los nietos del general, Cuauhtémoc Cárdenas Batel.

El pasado 13 de octubre, el empresario Agustín Arriaga Diez, en su calidad de presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán, pidió que se explique el atraso registrado en el Teatro Matamoros y que se investigue el destino de los fondos que han sido aplicados a la obra desde las arcas federales. Son justamente 103 millones de pesos los que no han sido clarificados.

El empresario Agustín Arriaga Diez dejó ver el sentir de muchos michoacanos cuando públicamente pidió que se investigue la obra en cuestión más allá de apellidos y colores partidistas, porque finalmente se trata de recursos del pueblo de Michoacán.

Actualmente la mayoría de las dependencias estatales que manejaron montos considerables de los fondos públicos están siendo sometidas a revisión por parte de los órganos fiscalizadores de la federación.

El amigo incómodo

Funcionarios de la Comisión para el Desarrollo Económico de Michoacán, la que encabeza el mexiquense Alfredo Castillo Cervantes, están revisando los manejos financieros de las administraciones de Fausto Vallejo-Jesús Reyna,  Leonel Godoy Rangel y Lázaro Cárdenas Batel, a fin de ubicar el destino de los fondos económicos del gobierno estatal, puesto que algunos recursos no fueron aplicado en los renglones predestinados.

La administración de Lázaro Cárdenas Batel mantiene una especial observación por parte de los funcionarios encargados de investigar desvíos, pues solo en ese lapso la deuda creció a más de 8 mil 600 millones de pesos. A Cárdenas Batel se le responsabiliza de haber solicitado créditos por más de 6 mil 757 millones 800 mil pesos.

El responsable de las finanzas en el periodo del gobernador Cárdenas Batel fue Humberto Suárez López, quien durante los 10 años que estuvo como Secretario de Finanzas (incluye también el periodo del gobernador Leonel Godoy Rangel), la deuda pública de Michoacán creció 870 por ciento hasta llegar a 15 mil 528 millones de pesos.

Suárez López fue detenido el 18 de marzo pasado, acusado de malversar los fondos públicos de Michoacán. Se le atribuyen malos manejos por más de 10 mil millones de pesos, aunque solamente le están reclamando entre 30 y 40 millones de pesos. 

El tesorero de Cárdenas Batel y Leonel Godoy permaneció en la cárcel apenas 72 horas. Alcanzó la libertad condicional tras garantizar la reparación del daño con una fianza de 49 millones 895 mil 455 pesos.

FUENTE: REPORTE INDIGO.

AUTOR: J. JESÚS LEMUS.

La búsqueda loca de la PGR

A ciencia cierta, el procurador Jesús Murillo Karam no sabe cómo o dónde buscar a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Sus peritos van por ahí, dando bandazos en la incertidumbre, tropezándose con los agentes de la procuraduría guerrerense y  con el equipo de forenses argentinos y, al mismo tiempo, tratando de remediar las pifias de las autoridades locales y montando espectáculos fallidos para los medios. No saben si buscar más fosas, si revisar cuevas, cárceles o bodegas. Y ante el airado reclamo de los familiares de los estudiantes, el discurso cambió: los buscaban muertos y ahora los buscan vivos, pero con los mismos resultados.

MÉXICO, D.F: Quienes lo han visto en estos días describen al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, como un hombre preocupado, con los ojos rojos por las horas robadas al sueño, que maneja casi de memoria los datos clave de las declaraciones de los detenidos – a quienes en ocasiones él mismo ha interrogado– relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Tiene en la pared de su oficina diagramas y mapas para darle sentido a la información.

La búsqueda de los estudiantes guerrerenses detenidos por policías municipales de Iguala y Cocula, quienes los entregaron a criminales y –según han declarado– éstos a su vez a otros y éstos a otros, tiene a Murillo, a su equipo de trabajo y al gobierno de Enrique Peña Nieto contra las cuerdas y bajo el escrutinio internacional.

Pese a que “toda la fuerza del Estado mexicano” está dedicada a la búsqueda –6 mil 800 soldados, 900 marinos, 110 peritos, 300 investigadores, mil 870 agentes de fuerzas federales y 50 ministerios públicos federales– a cinco semanas de la desaparición ninguno de los estudiantes ha sido hallado.

La numeralia gubernamental es que hubo mil recorridos y 142 vuelos de rastreo, la revisión de 110 lugares, 13 cateos, la detención de 54 personas, 26 órdenes de aprehensión, 20 mil volantes repartidos y la oferta de un millón de pesos de recompensa para informantes (de una bolsa de 64 millones).

Se sabe que revisaron el paraje de Pueblo Viejo y Lomas de Zapatero, el batallón de infantería y la zona militar, los separos de la policía y la cárcel municipal (en Iguala). Los operativos, según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, se han hecho en Mayanalán (“donde había movimiento de gente”), cuevas y minas antiguas de Huitzuco y Taxco; ríos, casas, una iglesia en Cocula; una presa en el Alto Balsas…

Desesperadas ante la ineficiencia gubernamental, las familias manifestaron que si sus hijos están muertos únicamente aceptarían los resultados de las identificaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense. Rechazaron a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –la cual presume más de 900 diligencias en Ayotzinapa–, instancias de las cuales desconfían.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1983, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.

Ante la pesadilla de Iguala, las guerrillas despiertan

Los grupos insurgentes de Guerrero salieron de un prolongado letargo sacudidos por el ataque a los estudiantes de Ayotzinapa, agresión de la cual responsabilizan tanto a fuerzas federales como al narcotráfico.  En una maniobra sin antecedentes en los últimos años,  emitieron durante el mes de octubre una larga serie de comunicados en los que analizan los acontecimientos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre y anuncian, entre otras acciones, la creación de “brigadas de ajusticiamiento”. Un documento de inteligencia del gobierno, a su vez,  hace el recuento de esas agrupaciones y de algunos de sus supuestos líderes y alerta sobre sus intenciones de unificarse.

MÉXICO, D.F: La reactivación de la guerrilla en Guerrero luego del ataque a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa preocupa al gobierno federal, que teme la radicalización de cinco organizaciones armadas con presencia en la entidad y a las cuales ubica detrás de la Asamblea Nacional Popular (ANP), cabeza de las protestas y manifestaciones en demanda de la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos.

En medio de la condena nacional e internacional contra el gobierno de Enrique Peña Nieto, la guerrilla mexicana también alzó la voz –como no lo había hecho en las últimas dos décadas– para acusar conjuntamente al Ejército, policías, paramilitares y narcotraficantes de haber secuestrado y desaparecido a los estudiantes de Ayotzinapa y de la muerte de seis personas el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

En el curso del mes pasado,  el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Milicias Populares y las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo emitieron 13 comunicados. Desde Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional difundió otros tres. En todos se exige la aparición con vida de los 43 normalistas y se hace responsable de los hechos al gobierno de Peña Nieto.

Un mes después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, el gobierno federal ve con nerviosismo el posicionamiento de los grupos guerrilleros que expresan apoyo a los familiares de los desaparecidos, anuncian la creación de “brigadas de ajusticiamiento” y llaman a sus bases a un “estado de alerta”.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1983, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS

Estas son las principales trabas que México pone a los migrantes que buscan refugio en el país

Falta de infraestructura y de personal cualificado en la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR), que no se garantice el debido proceso a los solicitantes de asilo, o el desconocimiento por parte de las mismas autoridades de la Ley sobre Refugiados, son algunas de las barreras que los migrantes que buscan refugio en México deben enfrentar.

La segunda vez que Arlen José huyó de Honduras guardaba en el bolsillo lo equivalente a mil pesos mexicanos y la cicatriz fresca de un balazo en el gemelo de su pierna izquierda.
Al momento de salir con lo puesto de San Pedro Sula, su ciudad natal, el hondureño de 18 años llevaba al menos dos meses recluido en su casa. Tenía pánico a dejarse ver por el vecindario, narra en entrevista con Animal Político en el albergue Tochán, en el DF, porque tras ser deportado de Estados Unidos –a donde migró en un primer intento- los mareros a los que había conseguido evadir unos meses antes para evitar ser reclutado a la fuerza lo esperaban para darle sentencia.

“A la Mara vos no le podés decir no”, dice el joven con una sonrisa cansada mientras se acaricia la aparatosa marca de la pierna, como si aún recordara el tacto frío del plomo abrasándole la piel.

Ahora Arlen está en México. Después de que en Estados Unidos le negaran ayuda para solicitar ante un juez la condición de refugiado –el abogado de oficio se encogió de hombros cuando el hondureño le argumentó que no podía ser deportado porque su vida corría peligro si regresaba a su país-, Arlen consiguió, gracias a la ayuda de activistas religiosos y a organizaciones de la sociedad civil, que la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR) le concediera asilo tras meses de trámites burocráticos.

Cuestionado si conocía las dificultades que enfrentan miles de centroamericanos para conseguir refugio, Arlen admite que es consciente de que su historia con un final feliz es una rara excepción en México, país que a pesar de su histórica imagen de lugar de asilo para las personas que huyen por algún motivo, no está abriendo la puerta. Al contrario, según las estadísticas de la COMAR, de las 4 mil 589 solicitudes recibidas en 2013 –la cifra se cuadriplicó en comparación con 2012, cuando se recibieron mil 296- sólo se aprobaron mil 134. Es decir, que apenas un 24.7% de las peticiones de refugio fueron aceptadas. El resto recibió la orden de ser expulsados de México y devueltos a las colonias de las que salieron huyendo.

“México está muy lejos de ese otro México de los años 80, cuando se hablaba de un país muy solidario con los refugiados. Ahora estamos viviendo retos muy fuertes de violencia, y sin embargo México no está a la altura. No está adoptando un grado de solidaridad mayor en relación a la violencia que se vive en Centroamérica, ni está teniendo en cuenta las necesidades de protección internacional que tienen tanto centroamericanos, como los mexicanos que migran a Estados Unidos”, expone en entrevista Nancy Pérez, directora de Sin Fronteras, organización de la sociedad civil que, junto con otras 150 organizaciones de 14 países de las Américas, presentó el pasado lunes 27 de octubre en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el documento ‘Iniciativa Cartagena +30’; un estudio en el que las organizaciones exponen los avances y desafíos en materia de protección internacional en toda la región latinoamericana.

Cuestionada al respecto sobre cuáles son las principales trabas que enfrentan los migrantes para conseguir la condición de refugiado en México, Nancy Pérez resumen las siguientes:

1.- No se garantiza el debido proceso en los casos de solicitantes de asilo.

La directora de Sin Fronteras hace referencia a que, en muchas ocasiones, los solicitantes no tienen acceso a una entrevista cualificada para determinar si, en efecto, califica para poder optar a la condición de refugiado en México. Además, Pérez resalta la falta de intérpretes cualificados y la ausencia de abogados disponibles para brindar ayuda a los migrantes que, en su mayoría, acuden a las organizaciones de la sociedad civil como única alternativa.

Otra dificultad es que no se da atención adecuada o acompañamiento a las personas con discapacidades, o que tienen necesidad de atención psicológica.

“La falta de este tipo de atención durante el proceso de solicitud de asilo afecta la habilidad y confianza de la persona para contar su historia, y también puede impedir un buen conocimiento de las circunstancias del caso. Esto también está relacionado con el tipo de preguntas que se plantean en la entrevista, que no siempre permiten que la persona exprese todo su relato o se omiten situaciones de trauma y se desconoce la información del país de origen”, apunta la defensora de derechos humanos.

2.- Plazos cortos para solicitar asilo que dejan fuera a gente merecedora de protección internacional.

Las personas que solicitan asilo después de los 30 días hábiles, refiere la directora de Sin Fronteras, es muy difícil que accedan al procedimiento de refugio, ya que la COMAR les exige que justifiquen por qué no lo hicieron a tiempo. Y el hecho de que la persona diga que por desconocimiento, no se toma en cuenta.

3.- Falta de personal y de infraestructura en la COMAR.

En México solo existen 3 oficinas de la COMAR: en Tapachula (Chiapas), Acayucan (Veracruz), y en el DF.  “Sin duda, el personal que tiene la COMAR es insuficiente para la atención a este grupo de población, y eso se ve reflejado en el bajo número de solicitudes admitidas”, indica Pérez, que señala que además de que la COMAR tiene poca infraestructura, ésta se concentra en el DF, lo que obliga a los migrantes que están en el interior de la República a desplazarse a la capital para resolver su situación.

4.- Los migrantes desconocen que tienen derecho a solicitar asilo en México.

Para Nancy Pérez, el bajo número de solicitudes de asilo aceptadas por México también tiene mucho que ver con el desconocimiento de los migrantes de este derecho que México reconoce en el Capítulo 1, artículo cuatro, del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.

“Hay que tener en cuenta que son muy pocas las personas que pueden acceder a este derecho, o que tiene contacto con alguna organización que le dice ‘mira, tú puedes solicitar asilo en el país’. El grueso de la población no lo conoce, porque las organizaciones tampoco pueden tener contacto con todos. Entonces, muchos se van con el flujo de tránsito sin saber que podían solicitar asilo en alguno de los países”, explica la activista.

5.- En el caso de menores migrantes no se garantiza el interés superior del niño, además hay agentes que no conocen la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.

6.- No hay recursos de revisión efectivos, y se sigue deteniendo a las personas solicitantes en estaciones migratorias y eso desincentiva a la gente a permanecer en el trámite.

En cuanto a los recursos de revisión, Nancy Pérez señala la incongruencia de que sea la misma autoridad que niega el asilo -la COMAR- la que revise nuevamente el caso. Asimismo, recuerda que, de acuerdo con el artículo 111 de la Ley de Migración de México, la presentación de un recurso administrativo o judicial contra la decisión de deportación o en este caso, de negativa de la condición de refugiado en primera instancia, trae como consecuencia la posibilidad de una privación indefinida de la libertad.

“Esto hace que las personas detenidas puedan estar hasta casi un año privadas de su libertad y que, a causa del encierro, procedan a desistir de su proceso de reconocimiento de la condición de refugiado por el impacto físico y emocional que tiene el encierro”, señala Pérez.


El discurso íntegro que la directora de Sin Fronteras ofreció en la sede de la CIDH en Washington, con motivo del 30 aniversario de la Declaración de Cartagena, en el que presenta cuáles son los principales retos de México en materia de refugiados:

Palabras OSC Audiencia CIDH 2014 by http://www.animalpolitico.com:

  Palabras OSC Audiencia CIDH 2014

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: MANU URESTE.

El Estado se ha esforzado más en controlar a ciudadanos que a los policías: Álvarez Icaza

"Mientras más tiempo pasa es más grave", dijo el secretario de la CIDH sobre la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero.

Además de que el Estado mexicano no quiere regular el uso de la fuerza, pone más esfuerzo por controlar a los ciudadanos que en tener control en sus policías, señaló el secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza. 

“Hay más esfuerzos del Estado mexicano por controlar a los ciudadanos a través de controlar las manifestaciones, que por controlar a las policías a través de leyes de uso de la fuerza”, dijo en entrevista para Noticias MVS primera emisión, en la que contó parte de lo sucedido en la primera audiencia de representantes del gobierno mexicano ante la CIDH, en Washington.

“Se habló por ejemplo, de la Fiscalía de la Pasado y cómo está pendiente todo el tema de los desaparecidos de la llamada Guerra Sucia; se habló de violaciones graves a los derechos humanos y los temas de impunidad, casos como las mujeres de Juárez, casos como los de Baja California, algunos otros; se habló de criminalización de la protesta, casos del Distrito Federal donde se han agredido incluso a defensores del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez o periodistas; en Puebla, lo que sucedió con la pérdida de vida de este joven, un niño de 13 años, y las limitaciones a las movilizaciones que se han hecho por una ley, o también en Quintana Roo, y también se habló del impacto de los temas en materia de la afectación al patrimonio biocultural de México por producto de los monocultivos como todo este tipo de temáticas”, abundó.

Expuso que en dicha reunión, surgió con mucha fuerza la voz de la sociedad civil; el momento que más cimbró fue cuando se pusieron de pie, “en un silencio que partía el ambiente, con letreros hacían saber su posición”, comentó en referencia a la protesta por los 43 estudiantes de Ayotzinapa que continúan desaparecidos.

Álvarez Icaza reconoció hechos dolorosos en el país, como lo sucedido en Iguala, pero también apuntó la masacre en Tlatlaya y lo ocurrido en Puebla, donde un niño perdió la vida por un proyectil de la policía.

“El tema tiene que ver justamente en cómo lograr que los procesos que tienen que ver con diseño del leyes o de gestión pública, enfrente esta herencia, o esta inercia, o estas prácticas tan dolorosas y que tanto desgarran el tejido social de nuestro país, que lo han llevado ya a un contexto de crisis de derechos humanos. Así se está viendo en el ámbito internacional”, indicó.

“Creo que no solamente en el ámbito internacional es visto así, me parece que en el ámbito nacional todos los focos rojos están prendidos en el tablero, porque lo que sucedió, y esa fue parte de mi presentación ayer, es que lo que sucede con estos casos, vincula con lo que sucedía en el sexenio anterior”, refirió.

“Habrá mucha indignación, habrá mucho dolor, pero tal vez no sorpresa. Ya se habían dado antecedentes de miles de desaparecidos, ya se había puesto en evidencia esa incapacidad para buscar a las personas, de manera que el reclamo de que esto sirva como un quiebre para que México despliegue la capacidad institucional, para evitar la desaparición forzada de personas, creo que surge con toda la fuerza en un reclamo de justicia y contra la impunidad“, consideró.

En 2011 -retrotrajo- policías estatales y federales dispararon contra estudiantes de Ayotzinapa. Todo esto en un contexto donde “no se regula el uso de la fuerza”.

Se debe “de poner un hasta aquí en este tipo de fenómenos que lleve de manera también muy principal a poner la lupa en los gobiernos estatales, porque ahí hay un enorme corresponsabilidad”, señaló.

“Una parte significativa de los atrasos pasa por los gobiernos estatales, las procuradurías locales, las policías municipales, y no veo honestamente que eso se esté atendiendo en la medida del agravio que pierde la población mexicana cuando servidores públicos locales cometen delitos como los que se han vivido en Iguala”, añadió. que sí hay que reforzar todas las capacidades y estrategias que está desarrollando el gobierno mexicano. Por supuesto se nos ha informado de los esfuerzos que están desplegando, no son pocos, y las detenciones que han hecho, las averiguaciones que han hecho, la cantidad de efectivos puestos, los peritos puestos, hay un ejercicio importante”, precisó.

El caso Iguala-Ayotzinapa es un momento de prueba para la capacidad del Estado; “mientras más tiempo pasa es más grave”, dijo. 

Por lo pronto la respuesta está en el aire: ¿dónde están los jóvenes?


Este fin de semana, la CIDH afinará la propuesta de asistencia técnica que dará al Estado mexicano en estos momentos.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Protesta en la sede de la Unión Europea por la desaparición de los 43 normalistas

Con retratos de normalistas desaparecidos, ciudadanos belgas y mexicanos, protestaron frente a las instalaciones de la Unión Europea (UE), en protesta por la desaparición de los 43 normalistas en Iguala.

Con consignas de solidaridad y pancartas, los manifestantes colocaron una ofrenda de Día de Muertos.

En la protesta se leyó un manifiesto en el que denunciaron el contexto de violencia y la falta de compromiso de la UE con los derechos humanos en México y recordaron a las autoridades que en México no son sólo 43, sin o miles los desaparecidos.

También se exhibieron retratos gigantes con los rostros de los normalistas desaparecidos, realizados por el pintor Marcos Aranda, quien reside desde hace 20 años en Bélgica.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/31-10-2014/1156952.