MÉXICO, D.F: Padres y familiares de los normalistas desaparecidos denunciaron que el gobierno de Ángel Aguirre les ofreció 100 mil pesos a cada uno para que dejaran de buscar los estudiantes, publica este sábado el diario La Jornada.
“Llega gente del gobierno diciéndonos: ‘sabes qué, ¿necesitas algo?, ¿te podemos ayudar en algo? Mira, firma estos papeles, te vamos a dar 100 mil pesos’. ¿Para qué? Para que nos calláramos”, dijo este viernes ante estudiantes y académicos de El Colegio de México Bernabé Abraham Gaspar, padre de Adán Abraham de la Cruz, uno de los normalistas desaparecidos.
Gaspar agregó que a otros padres de familia los estuvieron buscando para darles dicha cantidad.
En tanto que Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christian Rodríguez, de 19 años, preguntó su lo ocurrido con su hijo fue un “castigo” por haber “conocido la educación y los libros”.
En una reunión de padres de los normalistas con estudiantes de El Colegio de México y de la UNAM, Rodríguez responsabilizó a las autoridades de los tres niveles de gobierno de colaborar con grupos del crimen organizado para cometer asesinatos y desapariciones forzadas.
“No sabemos dónde están, qué les ha pasado, si cargan la misma ropa, los golpean o los torturan. Yo lo estoy esperando con los brazos abiertos y voy a luchar hasta encontrar a mi hijo y a sus compañeros me pase lo que me pase, aunque sea lo último que haga. Quiero encontrar a mi hijo aunque sea la última vez que yo lo vea”, dijo Clemente.
Insistió en que el gobierno federal “no ha hecho nada, ni encontrado nada. Ya pasaron 35 días, por eso quiero anunciar, si hay un medio (de comunicación), una cámara, si mi hijo me está viendo, si me está escuchando, que no se desespere, que voy por él, voy por los 43 jóvenes. Me pase lo que me pase, lo último que quiero es verlos con vida”, añadió.
Responsabilizó al exgobernador Ángel Aguirre Rivero, al exedil de Iguala, José Luis Abarca; al alcalde de Cocula, César Miguel Peñaloza y a los policías de ambos ayuntamientos de lo ocurrido y por eso deberían estar en la cárcel, destacó Rodríguez Moreno.
José Solano, alumno de la Normal de Ayotzinapa, dijo por su parte sentirse decepcionado porque “esperábamos del presidente respuestas diferentes”, según la nota de La Jornada.
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AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Andrés Manuel López Obrador anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) violaron la Constitución y le negaron a los mexicanos su derecho a ser consultados sobre la reforma energética.
Desde Zacualpan, Morelos el excandidato presidencial consideró que los ministros corruptos de la Corte creen que al rechazar la consulta ciudadana sobre la reforma energética “nos vamos a cruzar de brazos, se equivocan: una cosa es reforma impuesta y aprobada y otra muy distinta es reforma aplicada”.
Explicó que llevará ante la CIDH un documento escrito por Loretta Ortiz, abogada constitucionalista, firmado Martí Batres, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y los ciudadanos que deseen sumarse.
“Todavía falta. No vamos a permitir que se roben el petróleo, porque es del pueblo y de la nación”, advirtió López Obrador.
Anunció que volvió a subir la gasolina que ahora alcanza 13.22 el precio por litro de Magna.
Dijo que en Estados Unidos el combustible cuesta 10 pesos, 30 por ciento menos que en México.
El presidente del Consejo Nacional de Morena recordó que la gasolina en el país ahora cuesta más porque los políticos corruptos tienen el negocio de la compra de este combustible en el extranjero y es por eso que se niegan a construir refinerías para producirlo en México.
Durante su participación en la asamblea informativa en Tetela del Volcán, le deseó al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, que se recupere.
“Yo la libré hace 11 meses, pero por la suerte, por la ciencia y el creador estoy vivo y mientras viva voy a seguir luchando”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
IGUALA, Gro: El macabro voceador del periódico amarillista vespertino anuncia por el altavoz que los 43 normalistas son buscados por militares, marinos y federales en el basurero de Cocula, y al señor Félix Pita y la señora Guadalupe Orozco se les encoge el corazón, reviven la ausencia de sus respectivos hijos, también desaparecidos en Iguala y a los que nadie nunca buscó. Los suyos, dicen, no fueron llevados por la policía municipal, a ellos se los llevó el Ejército.
Ellos aseguran que a sus hijos y a cuatro jóvenes más los desapareció personal del 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con sede en Iguala. Es el mismo batallón que durante la balacera del pasado 26 de septiembre en la que tres estudiantes normalistas fueron asesinados, 25 heridos (uno tiene muerte cerebral) y 43 desaparecidos no intervino aunque sus instalaciones están a menos de tres kilómetros de donde se dio la cacería.
“No es posible que no nos pongan atención, esas fosas que llevan 50 y tantos cadáveres, también eran jóvenes, eran hijos o padres de familia, a quienes alguien espera, a ellos no les dan importancia, a ellos no los van a identificar. ¿Nosotros no valemos? ¿No es el mismo dolor que sufrieron los estudiantes? ¿Necesitamos hacer destrozos, levantarnos en armas para que nos hagan caso? Ellos mismos, las autoridades, han propiciado todo esto”, dice la señora Orozco, madre del joven desaparecido el 1 de marzo de 2010, Francis Alejandro García Orozco, el cuarto de sus cinco hijos.
“Es como cuando a la herida le pones limón, te identificas con esa gente que después de saber que se los llevaron autoridades y al ver cuántas y cuántas osamentas han encontrado en las fosas, que todas esas personas tienen nombre, hijos, padre, madre, pasaron por todo eso. No está olvidado, está adormecido”, dice el hombre, padre del adolescente Lenin Vladimir Pita Barrera, desaparecido por el Ejército con Francis y otros cuatro jóvenes.
A estas familias nadie les hizo caso. Ni aunque la hermana de Francis Alejandro vio al convoy de militares que acababa de llevarse del bar Cherry’s a su hermano con los cinco acompañantes. Ni aunque cuentan con un video donde se observa el operativo y donde, efectivamente, se aprecia una camioneta que parece militar acompañada con otra que opera sin insignias. Ni aunque un militar aceptó que sí acudieron al bar la noche de la desaparición. Ni aunque la organización internacional Human Rights Watch ha señalado que las pruebas de este caso son contundentes para señalar al Ejército.
A ellos nadie les hizo caso aunque acudieron a justicia militar, la PGR, la Secretaría de Gobernación y las comisiones local y nacional de derechos humanos.
En ese momento el 27 Batallón era comandado por el militar Antonio Reyes Rivera.
Estas semanas que han observado el despliegue de fuerzas federales por todo Guerrero que buscan a los 43 normalistas, vuelven a sentir su propia tragedia.
“Esto viene a revivirme ese sentimiento que nunca he dejado, esta preocupación, el machete lo hemos tenido metido en la vaina, nos pone en alerta. Así como se pide que los 43 regresen con vida también que los seis muchachos de nosotros regresen, porque el gobierno federal sabe su paradero”, dice el hombre, quien se ve cansado. En la esquina se escucha el repetitivo perifoneo de las últimas noticias.
Pruebas contundentes
En el informe “Ni seguridad, ni derechos”, publicado en noviembre de 2011, Human Rights Watch menciona este caso y señala: “Existen pruebas contundentes que señalan la participación del Ejército en este delito, incluidas grabaciones de cámaras de seguridad donde se observan vehículos militares que intervienen en el secuestro, el testimonio de un testigo y una denuncia oficial que indican la presencia de soldados en el lugar de los hechos, y declaraciones del Ejército en las cuales reconocen haber efectuado una redada esa noche. Si bien el agente del Ministerio Público estatal inició una investigación del caso, luego lo remitió a la jurisdicción militar, y los agentes del Ministerio Público militar aparentemente no habrían conseguido avances en los 18 meses posteriores al incidente. Hasta octubre de 2011, ningún soldado había sido acusado por ningún delito en relación con el caso. Por su parte, los familiares que han exigido que estas presuntas desapariciones forzadas se investiguen de manera exhaustiva e imparcial han recibido amenazas y, en un caso, han sido objeto de agresiones físicas directas”.
Los desaparecidos son Francis Alejandro García Orozco, de 32 años, quien era dueño del bar, los empleados Sergio Menes Landa, de 22; Olimpo Hernández Villa, de 34; Andrés Antonio Orduña Vázquez, de 21; Zózimo Chacón Jiménez, de 22 y el adolescente que ayudaba ese día Lenin Vladimir Pita Barrera, de 17.
“Dos cámaras de seguridad ubicadas frente al club captaron imágenes del momento del secuestro, y Human Rights Watch tuvo acceso a estas grabaciones posteriormente. Las grabaciones muestran a tres automóviles sin insignias que llegan al lugar y se estacionan en la acera. Se ve a un grupo de individuos que descienden de los vehículos e ingresan al club. Mientras tanto, al otro lado de la calle aguarda una camioneta pick-up que parece ser un vehículo militar. Minutos después, los hombres salen del club con sus víctimas y las suben a los automóviles sin insignia que estaban esperando. Se ve que la pick-up hace una señal con las luces, y entonces el convoy de vehículos se aleja del lugar, seguido inmediatamente por la camioneta pick-up y otras tres camionetas idénticas”, agrega.
En el video, al que tuvo acceso Proceso, se nota que en cuanto las camionetas se van llega el automóvil de Laura Estela, la hermana de Francis Alejandro, quien observó el retiro de los militares.
“Ella ve un convoy de militares, son cuatro camionetas tubulares cada una con seis a siete elementos. Un soldado iba revisando su arma. Ellos se siguieron, unos hacia el 27 Batallón, ella se siguió de largo, no se imaginaba que en ese convoy esos militares llevaban a su hermano. Desde ahí nunca lo hemos vuelto a ver”, narra la madre de Francis Alejandro. Laura Estela escucha en silencio el relato y asiente con la cabeza.
Cuando la familia se dio cuenta que Francis Alejandro no aparecía y recibieron debajo de la puerta de su negocio un disco con lo que las cámaras captaron ese día, acudieron a las instalaciones del 27 Batallón para pedir informes y un soldado les preguntó –sin pregunta de por medio– si iban por lo de la disco Cherry’s.
La familia García Orozco asegura que antes al secuestro, el Ejército había llevado a cabo tres redadas en el bar.
Cuando comenzaron a buscar a los jóvenes encontraron la camioneta de Francis Alejandro en las instalaciones del 27 Batallón, luego la vieron en la 35 Región Militar de Chilpancingo. Pero entre más denunciaban las familias eran hostigadas y amenazadas.
“En cuanto poníamos en las calles carteles sobre su desaparición los soldados iban y los quitaban o los tapaban con sprays. Amenazaron a quienes nos ayudaban de que si le seguían les iba a pasar lo mismo. Luego comenzaron a desfilar por el negocio, los teníamos estacionados al frente, en la esquina, a un lado y nos tomaban fotos y videos. Nos hacían revisión siempre afuera de nuestra colonia.”, relata Laura Estela, quien tiene 38 años.
“Nuestro teléfono estuvo como dos años intervenido. En una ocasión trataron de sacar a mi hijo de la carretera”, agrega su mamá.
Otra de las hijas de la señora Orozco tuvo que huir con sus hijos porque recibió una llamada de amenaza en la que le advirtieron que sabía dónde estudiaban sus hijos y dónde viven y la amenazaban con ir por su familia.
“Nos dejaron en paz cuando vieron que el gobierno no prestó atención a nuestra demanda, que no hizo nada”, dice la señora.
El 24 de octubre de 2012, el diario El Sur consignó el momento en el que un militar reconoció ante las familias la presencia del Ejército en el bar. La nota menciona: “Luego de dos años y siete meses de insistir en la participación del Ejército en la desaparición de seis jóvenes, ayer el general de brigada Juan Manuel Rico Gámez comandante de la 35 Zona Militar reconoció que el Ejército sí revisó a los seis jóvenes de Iguala desaparecidos desde marzo de 2010, pero luego el agente del Ministerio Público Militar Francisco Rubio Castro leyó un reporte en el que precisó que no los detuvo el Ejército sino que fueron detenidos por personas encapuchadas”.
El señor Pita se queja porque cada tanto él y los demás familiares reciben llamadas del gobierno donde les piden que vuelvan a relatar su caso y prometen que ahora sí van a investigar. Pero no lo hacen.
“A mi hijo cuando se lo llevaron todavía no cumplía 17 años, iba a la prepa. Muchos días quiero abrazarlo, lo extraño mucho, me siento muerto sin él”, dice el hombre, quien lamenta que el Ejército siga siempre la misma línea en todo el país.
Desde 2010 el señor Pita no es más un taxista cualquiera, ni la señora Orozco una vendedora de extinguidores. No es más el padre de tres, ni ella la madre de cinco. Desde su tragedia pasaron a ser un padre y una madre de hijos desaparecidos. El dato que les destrozó a patadas la vida, que les da identidad.
Dicen que aunque han pasado cuatro años tienen el dolor aún latente aunque adormecido, como estrategia de supervivencia. “Si la gente se alza en armas yo me lanzaría con ellos”, dice el señor Pita.
“Si nos hubieran hecho caso a tiempo –lamenta la señora Orozco– esto de los normalistas no hubiera pasado”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI (REPORTAJE ESPECIAL)
MÉXICO, D.F: La Asamblea Interuniversitaria, integrada por alumnos de la UNAM, la UAM, la UACM y el IPN, convocó a un paro de 72 horas y un cerco en la PGR para exigir la localización de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
La tercera jornada global de acción fue acordada este sábado en una reunión en donde se determinó el paro de actividades los días 5, 6 y 7 de noviembre.
El próximo miércoles 5 se realizará una marcha de la residencia oficial de Los Pinos al Zócalo, a partir de las 16:00 horas.
Ese día también iniciará el paro de 72 horas de suspensión de actividades en las universidades participantes.
Al día siguiente se efectuará un cerco al edificio de la PGR ubicado en Paseo de la Reforma 211, de las 8:00 a las 14:00 horas.
La Asamblea Interuniversitaria también aprobó la conformación de un comité central contra la represión, con una estrategia para enfrentar las agresiones, hostigamiento y amenazas por parte de autoridades y grupos porriles.
Para ello, este lunes 3 se realizará una reunión a las 17:00 horas en el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
La Asamblea acordó además seguir el modelo de CGH de la UNAM, movimiento que paralizó a la máxima casa de estudios del país durante más de 10 meses entre 1999 y 2000.
“Se conformó una comisión de enlace para hacer llegar nuestros acuerdos a la Asamblea Nacional Popular que se reúne en Guerrero, así como a las diferentes organizaciones sociales y sindicales que se reunirán el próximo martes en el local del Sindicato de Telefonistas para hacerles un llamado a sumarse al paro nacional del 5 de noviembre y a nuestro plan de acción”, detalla en un comunicado la Asamblea Interuniversitaria.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
HERMOSILLO, Son: La administración estatal que encabeza Guillermo Padrés Elías decidió dejar información pública fuera del alcance de los ciudadanos sonorenses hasta el 2024.
Se trata de nueve expedientes, llamados Acuerdos de Reserva, que la oficina del Ejecutivo estatal evitó que sean analizados por la opinión pública por los próximos 10, 6 y 5 años, respectivamente.
Estos acuerdos están relacionados con los servicios de asesoría que ha recibido el mandatario sonorense, la logística en materia de seguridad que se sigue en sus giras estatales y el recurso entregado, desde 2009, a los padres de los 49 niños fallecidos y los más de 70 lesionados durante el incendio de la guardería ABC, entre otros.
De acuerdo con la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 00162614, el titular del Poder Ejecutivo en Sonora elaboró estos nueve Acuerdos de Reserva a fin de proteger “datos personales” del Estado.
En el documento firmado por Óscar Francisco Rodríguez Miranda, titular de la Unidad de Enlace de la Gubernatura, se argumenta que el contenido de estos acuerdos se deja fuera del alcance de los sonorenses debido a que:
“(De darse a conocer) se estaría poniendo en riesgo la vida, seguridad y salud de cualquier persona. Se arriesgaría la estabilidad de las instituciones del estado de Sonora y sus municipios; o la integridad de las máximas autoridades de los tres poderes de la entidad”.
No obstante, en nada se vulnera la seguridad de la entidad si se transparentan en 2014 -y no hasta el 2024- los montos que recibe cada uno de los padres de las víctimas por lo ocurrido en la Guardería ABC.
Hasta el 2020 se protegió la información para que los sonorenses conozcan los contratos que firmó Ejecutivo estatal con los asesores que lo asistieron en la comunicación social de 2009 a 2015.
En ese mismo año podrá ser consultado el uso de vehículos oficiales asignados a secretarios y subsecretarios que colaboren directamente con el gobernador, así como del personal y los vehículos que se utilizan en Casa de Gobierno.
Este último Acuerdo de Reserva se contrapone con el decreto de austeridad que dictó el propio Guillermo Padrés el 6 de mayo de 2013, sobre todo lo respectivo al capítulo de “Economía Presupuestal”:
“Las dependencias deberán suspender de forma definitiva la celebración de contratos por honorarios, por honorarios asimilables a sueldos, o cualquier otra cosa que sea de su denominación”.
También en 2020 se podrán conocer las transacciones bancarias y financieras realizadas por la oficina del Ejecutivo a lo largo del sexenio, pese a que este 17 y el 29 de octubre se interpusieron sendas demandas contra el gobernador sonorense por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero luego de darse a conocer las dimensiones de su rancho Pozo Nuevo, valuado en 99 millones de pesos, sin contabilizar las 300 hectáreas de nogal, que por cada una de ellas se paga 20 mil dólares anuales en gastos de mantenimiento.
En 2019 también será posible conocer el contrato celebrado con el despacho “Grupo RSS S.C.” para implementar este año los juicios orales en la entidad.
Asimismo se conocerá el contrato contraído con el despacho Falcon Expertos en Opinión Pública S. de R.L. de C.V. para difundir y analizar los avances los juicios orales en Sonora.
La solicitud antes citada argumenta que la decisión gubernamental de resguardar estos nueve expedientes se fundamenta en el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Desconoce acuerdos
En entrevista reciente, el gobernador Guillermo Padrés Elías dijo desconocer el origen de los nueve expedientes que desde su oficina se ordenó fueran resguardados para no ser conocidos hasta dentro de 10 años.
“La verdad es que es un tema que no conozco, lo reviso y lo informo”, justificó.
Cabe mencionar que la solicitud de acceso a la información pública 00162614 precisa que estos Acuerdos de Reserva fueron elaborados por el titular del Ejecutivo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO)
Estadísticamente, es un hecho que la tranquilidad en el país se diluye. El Índice de Paz México 2013 revela que en Jalisco este privilegio ha caído en más de un 20 por ciento en la última década.
Jalisco está entre los primeros estados con mayores índices de crímenes atribuidos a la delincuencia organizada y los cometidos con arma de fuego, de acuerdo con el Índice de Paz México 2013 (IPM), hecho por el Institute for Economics and Peace (IEP), un think tank independiente, con sedes en Sydney, Nueva York y Oxford.
El estudio documenta el deterioro de los niveles de paz en el país en un periodo comprendido entre 2003 y 2013.
Para ello ha tomado como referencia de medición unos 60 conjuntos de datos económicos, educativos, de salud, demográficos y de capital social.
Según el IPM, la paz en Jalisco se ha deteriorado hasta en un 26.53 por ciento en 10 años.
El estado es parte de un bloque de entidades cuya paz ha decaído entre un 20 y un 40 por ciento en una década, conformado por Zacatecas, Distrito Federal, Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas y San Luis Potosí.
Con un 2.87 de calificación general, Jalisco se ubica en el sitio 17 del mapa nacional de la evaluación del IEP.
Entre más baja es la calificación, más pacífico es un estado, como lo es Campeche, que tiene la puntuación más positiva, 1.47. Morelos es la entidad más violenta con una calificación de 4.15.
Pero la calificación no es la misma para Jalisco en rubros relacionados con crímenes de la delincuencia organizada, homicidios, delitos hechos con un arma de fuego y aquellos perpetrados con violencia.
En homicidio, Jalisco está en el sitio 15 del estudio, con una calificación de 1.77 y por encima de estados violentos como Veracruz y Guerrero.
En crímenes de delincuencia organizada ocupa el lugar 22, con 2.55 puntos; le gana a entidades como Guerrero (2.41), Chihuahua (1.51) y Sinaloa (2.36) azotadas por el narcotráfico.
En delitos de arma de fuego, Jalisco está en los últimos sitios de la escala del índice del IEP, con 5 puntos de calificación; un puntaje que comparte con otras entidades como Tamaulipas, Tabasco, Oaxaca, Querétaro, Baja California Sur, Tlaxcala, Durango y San Luis Potosí.
Con una calificación de 3.32, la entidad se sitúa en la posición 19 de las 32 del país en delitos con violencia.
Incluso estados como Michoacán, Veracruz o Chihuahua lograron superar a Jalisco y se colaron entre los 10 primeros con menos delitos de este tipo, al alcanzar calificaciones que van entre el 1.95 y el 2.41 del IPM.
Los indicadores estatales proporcionados por el estudio no son nada halagadores si se toma en cuenta que Jalisco es el segundo estado que más aporta al financiamiento de su policía.
La entidad tiene una calificación de 1.50 en cuanto a la tasa de financiamiento de sus fuerzas de seguridad pública. Es la que más aporta recursos públicos para esta materia, después del Estado de México.
El costo de la violencia
Dado a conocer hace menos de un año, el Índice de Paz México 2013 es el tercero que el IEP ha elaborado sobre una nación.
Desde 2007, con base en indicadores de paz global, el organismo ha creado otros dos informes: el de Estados Unidos y el de Reino Unido.
Según el IEP, México es un país con menos paz que naciones como Turquía, Irán o Bolivia y con pérdidas económicas enormes a raíz de la violencia.
La medición que el organismo internacional ha hecho sobre el impacto de la violencia en la economía es de unos 4.4 billones de pesos por año, lo que equivale al 27.7 por ciento del Producto Interno Bruto nacional.
“Con esto podría entregarse a cada uno de sus ciudadanos la cantidad de 37 mil pesos (3 mil dólares) o bien duplicar el monto de los fondos gubernamentales proporcionados para salud y educación”, destaca el informe.
Los costos de la violencia fueron clasificados por el IEP en tres formas: el gasto realizado por los gobiernos para mantener la ley y el orden a través de sus policías y el sistema judicial; la pérdida de productividad ocasionada por la delincuencia; y los efectos en la generación de empleo, derivado de las dos causas anteriores.
En la bolsa del costo económico por la violencia, Jalisco tuvo un impacto en 2012 de unos 132 mil millones de pesos, así lo dio a conocer en los primeros días de octubre pasado Patricia de Obeso González, vocera del IEP en México.
La cantidad rebasa el propio Presupuesto de Egresos estatal que para este 2014 ha sido de poco más de 83 mil millones de pesos.
Según los datos del estudio, el costo per cápita contra la violencia en Jalisco ha sido de unos 17 mil 28 pesos, sólo en aquel 2012.
Impunidad y negación
Las cifras del IPM 2013 revelan que la tasa nacional de homicidios impunes se incrementó en un 14 por ciento en 10 años.
Jalisco no escapa de ser uno de los estados donde el asesinato de una persona no se castiga. Acá, seis de cada 10 homicidios son impunes, según el diagnóstico.
Con un 67 por ciento de homicidios impunes, la entidad está en el grupo de los siete estados donde estos delitos permanecen sin una respuesta.
Ese mismo grupo de entidades, integrado por Nuevo León a la cabeza, Puebla, Estado de México, Tabasco, Jalisco, Sonora y Distrito Federa, también acumula la mayor sobrepoblación en sus centros penitenciarios.
Según los datos del estudio, Jalisco tiene un aforo penitenciario para 9 mil 279 reclusos. Pero la realidad es que tiene a unas 16 mil 67 personas encarceladas, lo que significa una sobrepoblación de casi un 73 por ciento.
A los indicadores del IPM de 2013 habrá que sumarle los del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2014 del Inegi destaca que en 2013, cerca de 1.7 millones de habitantes de Jalisco fueron víctimas de la violencia, y que el costo de esta triplicó al gasto oficial para contenerla.
El Gobierno Estatal destinó el año pasado unos 4 mil 400 millones de pesos para combatir el delito. Pero el crimen tuvo un impacto financiero en la entidad de unos 12 mil 447 millones de pesos, de acuerdo con los datos del Inegi.
Jalisco fue el tercer estado al que más le pegó económicamente la delincuencia en 2013, por debajo del Estado de México (con pérdidas de casi 40 mil millones de pesos) y el Distrito Federal (que rondó en los 17 mil millones de pesos).
Y los datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública han mostrado, hasta agosto pasado, que Jalisco es el sexto estado con más homicidios en este 2014 con 577.
A pesar de las cifras oficiales, el fiscal general del Estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, ha rechazado que el crimen vaya a la alza.
“Mi labor es esa, desde que me levanto, después de haber dormido unas pocas horas, mi mente trabaja para pensar cómo evitar que esos delincuentes nos vulneren y alteren la vida cotidiana”, expresó el funcionario en la primera quincena de octubre pasado en una comparecencia ante diputados locales.
Así se escapa la paz…
Datos contundentes sobre la percepción de seguridad y justicia en México, de acuerdo al Índice de Paz 2013:
>En más de 26 por ciento se ha deteriorado la paz en la entidad en una década.
>Jalisco pertenece a un grupo de ocho entidades donde la paz ha decaído entre un 20 y un 40 por ciento en 10 años.
>Campeche es el estado más pacífico, mientras que Morelos es el menos pacífico, según el estudio. Jalisco está en el sitio 17 de la tabla general.
>Seis de cada 10 homicidios permanecen impunes en Jalisco.
>La violencia ha costado al país hasta 4.4 billones de pesos anuales.
>En Jalisco, el costo per cápita de la violencia ha sido mayor a los 17 mil pesos.
FUENTE: REPROTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ordenada por un alcalde perredista y desatendida por Ángel Aguirre, hunde en una profunda crisis política al PRD y la izquierda mexicana.
La tragedia de Iguala está provocando el colapso de la izquierda mexicana y de su principal partido político, el PRD, de cara a las elecciones intermedias del próximo año en México.
El drama de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa carcome, como nunca en su historia, la credibilidad y la imagen de la cúpula perredista y de sus líderes.
El PRD –contagiado por el oportunismo político y por el pragmatismo– postuló hace dos años como su candidato a la alcaldía de Iguala a un empresario con mala fama en el estado de Guerrero.
Eso no le importó a los perredistas, quien estaba apostándole solo a ganar la elección y asegurar el financiamiento de las campañas.
En el pecado, el PRD hoy paga su penitencia.
Su apuesta para la alcaldía de Iguala, José Luis Abarca, está prófugo y acusado de tener vínculos con el crimen organizado y ser el autor intelectual de la desaparición de los 43 normalistas.
Nunca antes un caso como el de Iguala –que combina corrupción, violencia y crimen organizado- ha demostrado la colusión que puede existir entre una autoridad municipal con los cárteles de la droga.
El escándalo de los estudiantes desaparecidos y los vínculos de las autoridades con cárteles de la droga desató una crisis política y social a nivel nacional.
Pero el mayor desgaste ha sido para el partido político del Sol Azteca que se ha caracterizado por defender los derechos humanos y denunciar el abuso del poder.
Los sucesos de Iguala han sido un golpe letal para los principios del PRD: el partido de las causas sociales, solidario con los movimientos como los estudiantiles, hoy está acusado de encabezar la represión contra los normalistas de Ayotzinapa.
La crisis en el PRD ha agudizado las pugnas internas que siempre han existido entre las principales corrientes de este partido político: Nueva Izquierda, que controla la dirigencia nacional que encabeza Carlos Navarrete, y Izquierda Democrática Nacional, de René Bejarano y Dolores Padierna.
El cisma perredista estalló cuando Bejarano acusó a los dirigentes del PRD de proteger al alcalde de Iguala, a pesar de conocer sus vínculos con el narcotráfico y tener en su contra acusaciones por asesinato.
Según Bejarano, desde el 2013 entregó un expediente a las autoridades federales con los testimonios de testigos del asesinato de Arturo Hernández Cardona y otras dos personas más que implicaban a Abarca en este crimen.
Luego su esposa, la senadora del PRD, Dolores Padierna, acusó a Jesús Zambrano, exdirigente nacional del PRD, de haber ayudado a fugarse al alcalde de Iguala, junto con su esposa María de los Ángeles Pineda.
Padierna reveló que Zambrano se reunió tres días después de los hechos del 26 de septiembre con Abarca, en un restaurante del sur de la Ciudad de México.
Aseguró que la reunión fue para pedirle que solicitara licencia a su cargo. Zambrano negó las acusaciones de Padierna.
Hoy del poderoso PRD que hace 8 años estuvo a nada de ganar la presidencia de México, con Andrés Manuel López Obrador como su candidato, quedan cenizas.
El próximo año el PRD tendrá que sortear la elección del 2015 –no solo dividido internamente y con la carga del caso Iguala a sus espaldas- sino también con la aparición de Morena dividiendo el voto de los progresistas y liberales.
No solo es el PRD el que está dividido, sino es toda la izquierda mexicana que tendrá que cargar de aquí en adelante con el caso Iguala y sus fatales consecuencias a sus espaldas.
El escándalo toca Morena
El exlíder nacional del PRD, Jesús Zambrano, contraatacó a las acusaciones de Dolores Padierna y aseguró que José Luis Abarca fue candidato para la alcaldía de Iguala en el 2012 con el aval de Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato perredista.
Este caso también ha dañado al ahora líder del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena.
Un mes antes de la desaparición de los estudiantes, López Obrador destapó como el próximo candidato a la gubernatura de Guerrero por Morena a Lázaro Mazón, quien fue el primer funcionario del gabinete del gobernador Ángel Aguirre – era el secretario de Salud- que cayó por la crisis de los desaparecidos.
A Mazón se le considera el padrino político dentro del PRD del exalcalde de Iguala, Abarca, hoy con una orden de aprehensión en su contra por sus vínculos con el crimen organizado.
Esta situación obligó a López Obrador a deslindarse de Abarca públicamente hace una semana en un mitin celebrado en el Zócalo de la Ciudad de México.
Pero en redes sociales circularon fotos de AMLO con el exedil de Iguala. Lo mismo que con otros personajes del PRD
… Y a Navarrete
Carlos Navarrete, presidente del PRD, también ha sido otro de los tocados por la tragedia de Iguala.
El sospechoso respaldo que le brindó el líder perredista a Ángel Aguirre como gobernador de Guerrero hoy lo tiene en la cuerda floja.
Navarrete rechazó deslindarse del mandatario guerrerense, pese a que en las calles del estado de Guerrero, primero, luego en la Ciudad de México, se exigía la renuncia del mandatario.
Todavía cuatro días antes de que Aguirre solicitara licencia, hace dos semanas, el Consejo Nacional del PRD que encabeza el líder perredista refrendó su apoyo públicamente a quien se dice que fue uno de sus principales patrocinadores de la campaña por la dirigencia nacional.
El recuento de los hechos
La noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, ubicada en el municipio de Tixtla, Guerrero, fueron atacados por policías municipales de Iguala y Cocula, cuando iban a bordo de autobuses.
En el ataque murieron 6 personas, tres estudiantes incluidos, y resultaron heridos más de 20, entre normalistas y demás personas.
Desde ese día se encuentran en calidad de desaparecidos 43 jóvenes que fueron detenidos por elementos municipales y, según las investigaciones, entregados al grupo delictivo de Los Guerreros Unidos.
La PGR realiza exámenes de ADN en 38 cuerpos que han sido descubiertos enterrados en fosas en la zona de Iguala.
Las autoridades también ha detenido por estos hechos a 56 personas, principalmente policías de Iguala y Cocula, y han girado más de 20 órdenes de aprehensión, incluyendo la del exalcalde perredista José Luis Abarca.
La investigación implica además a la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda, de tener nexos con la delincuencia organizada.
Ella es hermana de dos operadores financieros del Cártel de los Beltrán Leyva, vinculado al grupo de Los Guerreros Unidos.
La primera dama de Iguala también estaba afiliada al PRD, recién elegida consejera estatal de este partido en Guerrero, y era la principal aspirante para sustituir a su esposo en el 2015 en la alcaldía de Iguala.
El PRD se volvió su antítesis
Nadie resume mejor que Alejandro Encinas lo que significará el caso Iguala para la historia del PRD y de la izquierda mexicana.
“El PRD pasó a ser un partido donde antes poníamos a los muertos y ahora ponemos a los verdugos”, dice el senador del PRD.
Esa imagen no es fácil de borrar. El exdirigente nacional perredista señala que ahora el propio PRD se volvió su antítesis.
“Es un golpe directo al corazón del PRD y de la izquierda porque, justamente, el partido que surge de la reivindicación de los derechos humanos, de la reivindicación del derecho a la disidencia, al ejercicio pleno de las libertades, hoy aparece como un partido que en el ejercicio del gobierno no solo reprime a jóvenes estudiantes inermes, sino aparece asociado con la delincuencia organizada”.
Encinas pone en duda la capacidad de Carlos Navarrete, actual dirigente nacional del PRD, de poder ejecutar el golpe de timón que se necesita hacer dentro del partido político para terminar con las prácticas que llevaron a la postulación de personajes como el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca.
“Carlos Navarrete debe ser hoy el principal interesado y el principal responsable en ir a fondo en esta investigación, en deslindar las responsabilidades, no solamente de los autores materiales e intelectuales de esta tragedia, de las autoridades que fueron omisas, sino de los dirigentes en todos los niveles dentro de la estructura, de alentar la existencia de este tipo de personas o de este grupo criminal y, al mismo tiempo, de ser intolerantes e indiferentes.
“Es una crisis profunda, en donde se requiere un golpe de timón; y no veo que el grupo que hoy encabeza y que ha llevado a la crisis al partido, sea capaz de hacer una reconducción o una redefinición del mismo”.
Un dirigente que divide
Para el diputado federal del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, la crisis que existe dentro del PRD es tan grave que obliga a Carlos Navarrete a dejar su cargo como dirigente nacional.
Para el perredista integrante de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) Navarrete ha tomado decisiones que han provocado mayor división dentro del PRD.
“Un método de avallasamiento de la mayoría sobre la minoría no es conveniente para dirigir al partido. El partido, por su propia composición, requiere de acuerdos que le den gobernabilidad, consensos a pesar de las diferencias.
“Eso hacíamos (Jesús) Zambrano y yo cuando estábamos en la dirigencia nacional. Tardábamos mucho, nos peleábamos, pero llegábamos a acuerdos. Así que no tener consenso en las decisiones, como se está haciendo ahora, puede llevar a un rompimiento interior”.
Para el exsecretario general del PRD, si bien la crisis que enfrenta el partido del Sol Azteca es profunda, actores como el PRI o el propio presidente Enrique Peña Nieto aprovecharon la coyuntura para empeorar la imagen del PRD.
“Fue un acontecimiento inesperado, de alcances que nadie calculó nunca, y que si alguien equivocadamente calculó que era para sacar raja política -como en este caso yo sostengo que hizo el PRI y Enrique Peña Nieto- calcularon mal. Porque ahora ya las movilizaciones han tocado todas las puertas”.
Para la senadora Angélica de la Peña, cercana a la corriente Nueva Izquierda –los llamados “Chuchos”-, la fractura que enfrenta el PRD lo pone en un momento clave para llevar a cabo una refundación y una reunificación de todos los sectores.
“No sé qué tanto ayude al partido la renuncia de Carlos Navarrete. Me parece que a partir de esta circunstancia, el partido debe entrar a una etapa donde resolvamos los problemas de identidad que tenemos.
“Hay que buscar una refundación hacia una izquierda socialdemócrata y las minorías que no estén de acuerdo con eso, que se vayan a otra opción. Pero nosotros sí queremos construir una izquierda moderna”, asegura De la Peña.
Los perredistas, sin importar la corriente a la que pertenecen, consideran que el gran reto del partido será el establecimiento de candados para evitar que, nuevamente, se filtren a sus filas personas relacionadas con el crimen organizado como José Luis Abarca, exalcalde de Iguala.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA, IMELDA GARCÍA
El reglamento de la Ley de la paraestatal contempla a un comisario que calificará el desarrollo anual de la petrolera. Su primera revisión será en el 2016.
Los miembros del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) podrán pertenecer al mismo tiempo al Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo.
Lo estableció así el reglamento de la Ley de Pemex, publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación.
Las reglas para los consejeros incluyen que no pueden comprar deuda que esté garantizada por Pemex a menos que sea de inversiones en el mercado de valores.
Tampoco podrán presidir ninguna asociación que reciba donaciones de la petrolera, si éstas son de más de la mitad de sus ingresos anuales.
Cualquier juicio de dos integrantes del Consejo, el consejero jurídico de la Presidencia o el comisario del Consejo que presuma conflicto de interés será suficiente para que el presidente considere si se mantiene en el puesto.
Con las nuevas disposiciones Pemex tendrá un comisario, que evaluará el desarrollo anual de la petrolera. Su primera evaluación será en 2016.
Si un concursante en una licitación no está de acuerdo con el fallo podrá solicitar que se suspenda la ejecución de una compra o servicio, pero tendrá que pagar una fianza entre el 10 el 30 por ciento de su propuesta económica para cubrir los costos de postergar el fallo, si pierde la pelea legal.
Pero si la empresa que ganó pone una “contragarantía” por el mismo monto, no se suspenderá la ejecución.
Como las únicas medidas que se mencionan en contra de la corrupción, el Órgano Interno de Control de la petrolera se sustituye por una Unidad de Responsabilidades, que tendrá delegados en cada subsidiaria.
La invitación restringida y adjudicación directa no pueden rebasar el 30 por ciento del presupuesto para adquisiciones, arrendamientos y servicios cada año, ni se podrán fraccionar los contratos para quedar dentro de este monto.
Cada año, a más tardar el 15 de agosto, Hacienda enviará al Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo “su propuesta de dividendo estatal” que deberá cubrir Pemex y sus subsidiarias para el siguiente año. En los diez días siguientes el Comité responderá su opinión a la propuesta.
Los nuevos permisos
El reglamento de la Ley de Hidrocarburos, también publicado el viernes, comprende la Secretaría de Energía (Sener) otorgará una nueva asignación a Pemex sólo cuando presente costos de extracción similares al promedio del mercado y el área tenga recursos prospectivos mayores a los 2 mil millones de barriles de petróleo y gas.
El reglamento no establece porcentajes de contenido nacional. Al contrario, privilegia a los contratistas ya que cuidarán que “no genere ventajas indebidas que pudieran afectar la posición competitiva de asignatarios o contratistas”.
Justificando técnica y económicamente, la Sener puede autorizar en 40 días hábiles una cesión de un contrato que tenía Pemex a un privado.
También podrá renunciarse a un área asignada, siempre que lo autorice Sener y la petrolera presente “un plan que garantice la continuidad operativa y la transición ordenada”. Pemex deberá seguir trabajando el campo hasta que se asigne nuevamente o se firme un contrato con otra empresa.
En junio de cada primer año del quinqueno, la CNH propondrá a la Sener un plan quinquenal, que el próximo año se presentará en abril. Contendrá las áreas que se licitarán en el próximo lustro.
Cuando Pemex quiera migrar algún área de asignación a contrato, podrá hacerlo en apenas dos meses y medio con el aval de Sener, la opinión de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Hacienda.
La licitación para contratar al comercializador que venderá los hidrocarburos producidos en México incluirá el margen o precio máximo aceptable por el pago de dichos servicios, el cual estará anclado a “condiciones de mercado”.
Los titulares de concesiones mineras podrán tener una adjudicación directa, siempre que muestren la existencia del recurso, el total de financiamiento, la adquisición de los equipos principales y ya haber invertido el 30 por ciento del presupuesto del proyecto en activos fijos.
En las áreas en las que convivan una mina y un contrato de exploración y extracción, la Comisión tendrá la última palabra sobre cuánto debe darle el privado al minero como contraprestación.
Estudios de impacto social
“No podrá otorgarse una asignación o publicarse una convocatoria para la licitación de un contrato (…) sin que se cuente con el estudio (de impacto social)”, dice en el texto del Reglamento.
El estudio incluirá características sociodemográficas, identificación de grupos en situación de vulnerabilidad, estimación preliminar de los impactos sociales positivos y negativos.
Sener prevé que los testigos sociales intervendrán cuando una de las partes lo solicite o cuando el estudio de impacto social concluya que “existen condiciones de riesgo y vulnerabilidad en el área”.
Los dueños de las tierras o los que quieran los derechos sobre ellas no tendrán a fuerza que tener el avalúo del Indaabin. Podrán pedirlo a instituciones de crédito, corredores públicos o profesionistas con posgrado en valuación.
Existirán mediadores de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quienes podrán agilizar las negociaciones, regular los procesos de mediación y emitirán un dictamen para decretar “la servidumbre legal de hidrocarburos”.
Existirá un Consejo Consultivo para el fomento de la industria de hidrocarburos, que busca “apoyar las cadenas productivas relativas a la industria”.
Lo presidirá la Secretaría de Economía y lo integrarán la Sener, la CNH y la Comisión Reguladora de Energía.
Carta para Pemex
Sener enviará a Hacienda la información técnica y de costos y con ellos determinarán el mecanismo de adjudicación y sus variables, los criterios de precalificación, las reglas sobre el registro de costos, la procura de bienes y servicios, las reglas para las visitas y auditorías y para “la correcta operación de las contraprestaciones”, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.
Finalmente Pemex logró colocar en el reglamento que se “deberá contar con su opinión favorable” en los elementos técnicos, financieros, de ejecución y de experiencia que deberán reunir las empresas que participen en la licitación para asociarse con la petrolera cuando vaya a migrar de asignación a contrato en un yacimiento.
Cuando Pemex o CFE quieran migrar, Hacienda debe señalar observaciones para garantizar “que los ingresos del Estado no sean inferiores a los que se pudieran obtener conforme a la asignación o contrato originales”.
Hacienda buscará que las condiciones fiscales mantengan las mismas ganancias para el Estado que las asignaciones que antes tenía Pemex, pero no prevén ingresos extraordinarios.
Las cuotas contractuales sobre áreas de exploración serán actualizadas en enero de cada año conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
El Fondo Mexicano del Petróleo y Hacienda determinarán cómo y en qué moneda se harán los pagos de los contratos.
Hacienda podrá realizar auditorías a los aspectos financieros de los contratos o formular requerimientos de información por medio del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
En un editorial, la Iglesia Católica mexicana acusó a los partidos de izquierda de traicionar sus valores y entregar los peores resultados.
Para la Iglesia Católica en México, todos los partidos políticos en el país son malos, pero el PRD es el peor.
Un editorial publicado ayer en el semanario católico Desde la Fe señala que aunque “en México han fracasado todos los partidos políticos porque no han buscado en el ejercicio de gobierno el bien de la sociedad, sino beneficios personales y de un grupo a través de una insultante corrupción”, los partidos de izquierda en particular han hecho un trabajo deplorable.
“Han quedado al descubierto los partidos de la falsa izquierda mexicana, que deberían ser los primeros en estar comprometidos con las clases más desfavorecidas y que, sin embargo, son los que más daño le han hecho al país”, subraya el artículo de opinión tras indicar que “una buena parte de la clase política ha traicionado a la ciudadanía”.
Asimismo, señala que “son los gobiernos estatales de esta falsa izquierda los que han entregado los peores resultados, ahí tenemos a las víctimas: Michoacán, Zacatecas, y ahora Guerrero y Morelos”.
Puesta a prueba
Ante lo acontecido recientemente en Guerrero, la Iglesia Católica en México advirtió que los sucesos “han puesto a prueba al sistema mismo: la sociedad mexicana, comenzando por los partidos políticos, está obligada a recorrer el camino de la legalidad y honestidad. Si no lo hacemos pronto será tarde”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
AYOTZINAPA, Gro: Integrantes de la Asamblea Nacional Popular (ANP) acordaron intensificar sus acciones de protesta para seguir insistiendo en la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
En una reunión realizada este domingo en la sede de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, que se prolongó durante varias horas, representantes de organizaciones sociales y miembros de la dirigencia estudiantil, definieron un plan de acción que contempla el cierre de centros comerciales de empresas trasnacionales y la toma del aeropuerto de Acapulco.
Así como interceptar unidades que transporten mercancía de empresas privadas y permitir el libre tránsito en casetas de peaje para los automovilistas.
“Se trata de pegarle al gobierno y a las empresas trasnacionales donde más les duele, en su economía”, señaló un miembro de la ANP.
De esta forma, los normalistas y miembros de diferentes organizaciones pretenden obligar a las autoridades federales a asumir una actitud contundente en las labores de búsqueda de los estudiantes desaparecidos, a más de un mes de la tragedia de Iguala donde fueron asesinadas seis personas y al menos 10 resultaron heridas en diferentes ataques realizados por policías municipales que actuaron en contubernio con sicarios al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos.
Afuera de la Normal de Ayotzinapa, el color se plasmó en las paredes del pueblo de Tixtla donde artistas plásticos realizaron murales para expresar su coraje e indignación frente a este llamado crimen de Estado.
Decenas de personas que acudieron al panteón municipal para celebrar el Día de Muertos, entre música, flores e incienso, se detenían para observar las obras que mostraban los rostros de los 43 estudiantes desaparecidos y de guerrilleros como Ernesto Ché Guevara; Lucio Cabañas y el Subcomandante Marcos, así como del maestro Jaime Antonio Gómez del Payán Medina.
A través de la palabra escrita, los artistas tixtlecos tomaron las paredes de sus casas como lienzos para expresar consignas con el propósito de condenar la atrocidad cometida por autoridades gubernamentales, exigir la presentación con vida de los estudiantes y denunciar a los narcopolíticos que tienen secuestrada la entidad.
La cabeza de los defenestrados Ángel Aguirre Rivero y el narcoalcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velazquez pendían de una soga atada el cuello y la leyenda: “Una injusticia hecha contra un ciudadano, es una amenaza hecha a toda la sociedad”.
El ambiente colorido en las inmediaciones del panteón de Tixtla contrastaba con el dolor y la angustia que se respira al interior de la Normal de Ayotzinapa donde los padres de familia, normalistas y activistas siguen en espera de que el gobierno encuentre con vida a los desaparecidos.
“El gobierno sabe que están vivos y dónde se encuentran, pero no sé por qué no actúa”, suelta una afligida madre que lleva un mes durmiendo en el cuarto que le asignaron a su hijo en este internado donde se forman profesores rurales y que en este momento atraviesa una de las peores crisis generada por la criminalización desde el gobierno y la brutalidad de la delincuencia que controla territorios completos.
Por su parte, normalistas y universitarios procedentes de la Ciudad de México, se trasladaron a Chilpancingo para recordar a los estudiantes de Ayotzinapa que han sido asesinados en los últimos años.
Los manifestantes arribaron por la tarde al monumento de Las Banderas, ubicado sobre la calle Lázaro Cárdenas donde izaron lonas con los rostros de los estudiantes victimados por autoridades gubernamentales y delincuentes.
De esta forma conmemoraron el Día de Muertos y se regresaron a las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa para alistar la logística del plan de acción que comienza mañana para presionar al gobierno y demandar la presentación con vida de los normalistas que siguen desparecidos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
El caso de Ayotzinapa y lo que ocurre en el país en este sexenio constituyen “un escándalo internacional muy grande”, y ante los acontecimientos de Iguala y de Tlaltaya se han puesto en evidencia las “debilidades del sistema político mexicano”. Esta es la apreciación del secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, entrevistado por Proceso. Advierte: el gobierno de Peña Nieto se tardó en reaccionar, cuando en crisis parecidas, como las de Aguas Blancas y Acteal, se produjeron de inmediato las renuncias de los gobernadores y de un secretario de Gobernación.
WASHINGTON: El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, califica de insuficientes la respuesta y el manejo que ha dado el gobierno de Enrique Peña Nieto a los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya, y recuerda que una crisis similar, como la masacre de Acteal en 1997, ocasionó inclusive la renuncia del secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, durante el sexenio de Ernesto Zedillo.
En entrevista con Proceso, dice Álvarez Icaza: Los casos de “Aguas Blancas (Guerrero, 1995) y Acteal (Chiapas) generaron una respuesta que provocó una reacción mucho más rápida del sistema político en México. Cayeron más rápido los gobernadores y los secretarios de Gobernación”.
En las crisis de Tlatlaya y Ayotzinapa, “tal vez no tan prolongadas como profundas, la respuesta se tardó, lo que pone en evidencia las debilidades del sistema político mexicano”.
Durante las cinco audiencias realizadas el pasado 30 de octubre sobre la situación de los derechos humanos en México, dentro del 153 periodo de sesiones de la CIDH, los asuntos más destacados fueron la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y la ejecución extrajudicial de 21 jóvenes –presuntos delincuentes– en Tlatlaya, Estado de México, por elementos militares.
Luego de escuchar los argumentos del gobierno de Peña Nieto sobre estos dos casos de violación a los derechos humanos, el secretario ejecutivo de la CIDH declara que “no son sorpresivos” porque no se trata de nuevos acontecimientos. “Son indignantes y dolorosos en cuanto a su dimensión”, manifiesta.
Pero Álvarez Icaza va más allá. Puntualiza que la situación “refleja de una manera tan nítida el fenómeno de corrupción, de crisis de justicia, de descomposición en derechos humanos, que eventualmente ese es el factor que ha hecho que Ayotzinapa sea un clamor nacional”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1983, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
El nombramiento de Salvador Rogelio Ortega Martínez como gobernador interino de Guerrero causó malestar entre oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional por los nexos que tuvo con las guerrillas mexicana y colombiana. No obstante, otros consideran que la designación de quien fuera secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero es un mensaje del gobierno federal para evitar un rebrote de la guerrilla. En entrevista con Proceso, algunos militares recuerdan que en su sexenio Felipe Calderón hizo una maniobra similar por medio del general Tomás Ángeles Dauahare para negociar una tregua con los grupos subversivos.
MÉXICO, D.F: Advertido sobre la reactivación de la guerrilla en la entidad, el gobierno de Enrique Peña Nieto terminó por acercarse a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), en un intento por contener la participación de grupos armados en el imparable reclamo social por los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos y desaparecidos en Iguala.
Esa decisión no cayó nada bien en círculos del Ejército por los alegados antecedentes del gobernador interino, Salvador Rogelio Ortega Martínez, con la guerrilla en México y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aunque en el entorno presidencial se asegura que la apuesta por el exsecretario general de la UAG busca tender puentes con los movimientos radicales ante la falta de liderazgos políticos en el estado.
Con Guerrero como uno de sus principales escenarios de contrainsurgencia del Ejército en el país desde los años sesenta, integrantes de esa fuerza equiparan la decisión de Peña Nieto con la de Felipe Calderón de negociar con la guerrilla, “pero ahora con más ventajas para los grupos subversivos”.
En entrevista con Proceso, los militares revelan que tras los atentados del Ejército Popular Revolucionario (EPR) contra ductos de Pemex, entre mayo y septiembre de 2007 en Guanajuato, Querétaro y Veracruz, el entonces presidente Felipe Calderón le pidió a su secretario de la Defensa, el divisionario Guillermo Galván, que el entonces subsecretario de la Defensa Nacional, el también general de división Tomás Ángeles Dauahare, entrara en contacto con el EPR para negociar una tregua a sus acciones violentas.
“Dígale al general Tomás Ángeles que entable negociaciones con el EPR”, refieren sobre la orden de Calderón al entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. El entonces presidente quería evitar que la guerrilla contaminara con más atentados su guerra al narcotráfico.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1983, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
El jefe de Gobierno capitalino fue trasladado a cuidados intermedios luego de una operación a corazón abierto. Su secretario particular dijo que trabajará desde su habitación.
Por medio de una llamada telefónica, Miguel Ángel Mancera les hizo saber ayer a los capitalinos que “se siente bien” y que mientras se recupera gobernará la ciudad desde su cuarto en el Hospital ABC Observatorio.
“Me siento bien, con mejoría. Si no es porque me pude ver un poquito la herida no estaría muy convencido de que me intervinieron”, dijo en un mensaje transmitido por su secretario particular, Luis Serna
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, sometido de urgencia a una operación a corazón abierto el viernes pasado, se recupera favorablemente, según los médicos, por lo que ya abandonó el área de terapia intensiva.
“Enfatizamos la excelente evolución del doctor Mancera y apoyados en su fortaleza física, hemos decidido cambiarlo de un manejo de terapia intensiva a cuidados intermedios, así como iniciar la alimentación a una dieta normal”, informó el domingo el equipo médico que atiende al político.
Mancera acudió en un principio a realizarse un procedimiento para tratar un trastorno en su ritmo cardiaco, pero durante el proceso se presentó una perforación cardiaca que obligó a los doctores a realizarle una cirugía de emergencia.
Serna reiteró ayer esta complicación, y negó que la intervención quirúrgica sea consecuencia del exceso de trabajo. “Ya está perfectamente de salud”, agregó.
Informe a la cama
“El jefe de Gobierno está despachando, no desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento con vista a la plancha del Zócalo, ahorita está despachando en su habitación del hospital, sigue trabajando, está fuerte”, aseguró a su salida del centro médico el secretario de Mancera.
Sobre el tiempo que el jefe de Gobierno permanecerá en el hospital, señaló que “será el necesario”.
“Por la mañana, como lo hago de forma cotidiana, recibiré los informes de las áreas operativas y giraré las instrucciones que resulten para garantizar en todo momento el buen funcionamiento del gobierno de la ciudad”, dijo el funcionario.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
