El 2 de agosto del 2013 patrullas de la policía estatal se llevaron a 20 personas en una comunidad de Atoyac, Veracruz, según acusan las familias. Nunca fueron presentadas. Denunciaron la detención de 11 de ellos. 15 meses después, no hay ningún indicio de su paradero. Ni siquiera aparecen computadas en los registros de la procuraduría sobre secuestros de ese mes.
Juana Peña se aferra al tenis de su hijo menor, como si así pudiera alcanzar a acariciarlo. Juan Carlos Martínez Peña tenía 14 años el viernes 2 de agosto del año pasado. Apuraba las vacaciones de la secundaria. Lo único que volvió a ver de él es uno de los tenis que calzaba aquella tarde, cuando el calzado apareció tirado en un cañar cercano al poblado de Corral de Piedra, en Atoyac, a 11 kilómetros de donde era originario: Potrero Nuevo, otra comunidad del mismo municipio.
Los vecinos del pueblo relatan que a media tarde entraron a Potrero Nuevo cerca de una decena de patrullas de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. De tres pudieron identificar los números: 0812, 1420 y 1154. El resto tenían los números tapados con cinta. Los agentes también acostumbran a traer la cara tapada. Llegaron a La Potra Zaina, una suerte de congal donde despachaban los Zetas, y se llevaron a trabajadoras y clientes. Los vecinos todavía recuerdan cómo los policías sacaron a la patrona, Carmen Arias, de 80 años, jalándola de los pelos. Aseguran que vendía droga. Su nieta, Inés Sánchez Arias, de 35 años, dirigía rezos a la Santa Muerte en Corral de Piedra. También la detuvieron en camino. Y con ella, a Juan Carlos y a su hermano mediano, Margarito, de 18 años. Se llevaron a otros dos menores: Diego Jair Valero y Marco Antonio Fernández, de 17 y 16 años. También, cuentan, a una mujer de origen centroamericano, por la que nadie ha reclamado.
20 personas en total. No les imputaron cargos. Tampoco los presentaron ante ningún ministerio público. Ninguna ha aparecido todavía.
Juana fue a la tienda y una vecina le avisó. “Detuvieron a tus hijos”. Las madres se juntaron. Acudieron a la policía municipal pero no les supieron dar razones. Esperaron todo el fin de semana a ver si ellos o la policía daban señales. El lunes fueron a Córdoba, a unos 20 minutos en carro, a poner la denuncia ante la Subprocuraduría regional.
Ese mismo miércoles se manifestaron en su municipio y en Córdoba. El jueves la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJE) informó en un comunicado que se había denunciado la desaparición de 11 personas en Atoyac y que la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) iniciaría “de inmediato las indagatorias para dar con el paradero de estas personas”. Y negó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través del Mando Único, hubiese realizado “ningún operativo en esa comunidad ni detuvo a ninguna persona ese día”.
“¿Cómo es que entran en camionetas estatales y no sabe nadie de la policía ni el mando único? ¿A poco les van a robar 10 o 12 camionetas?”, se pregunta Juana indignada. Al cabo de una semana de ese primer comunicado, los medios locales publicaron que según la misma PGJE los tres números de patrullas reportados sí existían, pero ya no estaban en servicio.
En Córdoba opera, desde abril de 2012, el Mando Único, una coordinación de 600 efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Al entrevistar al Comandante Raúl Gómez, de la Subsecretaría de Logística, es decir la Unidad de Inteligencia de ese Mando Único, dijo que los secuestrados de Atoyac “es una investigación abierta todavía” y “hasta el momento no se ha comprobado que fueran policías estatales (los perpetuadores)”.
“Actualmente se mimetiza mucho la delincuencia. En cualquier parte del país han encontrado patrullas clonadas, uniformes clonados, y bueno, yo pienso que la mejor forma de esconderte es que te vean, entonces no asumiría que fueron policías estatales”, agrega el Comandante Gómez. Y continúa: “es una situación muy difícil para que nosotros la asumamos. Compartimos responsabilidades con más instituciones. Aquí damos una asistencia legal, de patrullaje y obviamente todo nuestro apoyo en la búsqueda. Tenemos despliegues. La prueba es que no ha vuelto a suceder. No es una justificación pero la contención también es trabajo. Estrictamente lo que nos toca lo estamos haciendo, que es tener presencia en la zona”, concluye.
Pero sus palabras suenan huecas cuando apenas unas horas antes, al rozar las 8 de la mañana y a cuatro cuadras del turístico zócalo de Córdoba, le dispararon 5 tiros a Antonio Pérez Luna, un joven de 25 años, al entrar a su coche, detenido en doble fila, después de dejar a sus dos hijos de 3 y 6 años en una guardería particular contigua al popular centro comercial La Garza.
Seis días después de esa misma entrevista, el 15 de octubre, 6 jornaleros de caña de Potrero Nuevo, la misma comunidad de los 20 desaparecidos de hace quince meses, desaparecieron camino a trabajar a un municipio cercano. Todavía no aparecen. Los cañeros trabajaban para Teódulo León, un empresario local asesinado el pasado 6 de septiembre delante de la Iglesia principal del pueblo.
“Hay una política de negación permanente de la violencia. Borran a las víctimas de las estadísticas oficiales, de los medios. El gobernador Javier Duarte quiere mostrar a Veracruz como un caso de éxito en la pacificación del país pero la realidad es que sigue teniendo situaciones muy complicadas. Todo ese corredor Orizaba-Córdoba-Xalapa ha sido territorio Zeta. Su presencia es menor ahora que hace tres años, pero todavía hay. Muchos a lo mejor ya no responden a un liderazgo, pero siguen operando. Según fuentes del gobierno, después de la detención del Z-40 (Miguel Ángel Treviño) una parte de la estructura de los Zetas quedó suelta”, explica el experto en seguridad y narcotráfico Alejandro Hope.
Potrero Nuevo es una comunidad de 14 mil habitantes fundada alrededor de los ingenios azucareros que crecen en las orillas de una carretera secundaria, que enlaza a Córdoba con el Puerto. En la Región central de Veracruz, la de las Grandes Montañas, a tan solo 20 minutos de la ciudad en carro, Potrero Nuevo es conocido por sus ingenios y una cascada de 8 metros que se ve desde el paso del ferrocarril, la Bestia. La región está controlada por el grupo criminal Los Zetas. Los policías municipales, según aseguran en el pueblo, están coludidos con ellos. Cuando fui a reportear, el mismo taxista con el que llegamos al pueblo otro periodista y yo, avisó al Jefe de la Policía Municipal que íbamos a pasar el día allí. Dos agentes nos vigilaron toda la jornada.
El investigador Alejandro Hope explica que la zona sigue siendo importante para la delincuencia organizada porque forma parte de la ruta de la cocaína hacía el norte, pero sobretodo por la trata de personas y la extracción de rentas a través de la extorsión, los secuestros y los robos. En Córdoba, entre 2010 y 2012 prácticamente todos los comercios pagaban cuota. “M”, comerciante de ropa americana que prefiere salvaguardar su identidad, asegura que los Zetas le cobraban 4 mil pesos mensuales para dejarla operar su tienda. Es más de lo que le pagaba a la empleada. Después de 8 meses cerró porqué no le rendía. “A veces eran los propios municipales quiénes cobraban, destrozaron el comercio en la ciudad”, asevera.
En diciembre de 2011, la Marina –con el apoyo de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA)– detuvo, justo en un rancho de Córdoba, a Raúl Lucio Hernández Lechuga, El Lucky o Z-16, operador de Los Zetas en el centro del país. EU ofrecía un millón de dólares por él y la Procuraduría General de la República otros 15 millones de pesos. En su declaración ministerial, filtrada 5 meses después por el diario Reforma, Hernández confesaba que los Zetas pagaban una nómina de 30 millones de pesos al mes a policías municipales y estatales de Veracruz y que tenían un enlace en el gobierno de Duarte, de apellido Lagos. Según el rotativo, el único alto funcionario con ese apellido es Erick Lagos Hernández, quién todavía ahora sigue siendo el Secretario de Gobierno del Estado, después de negar las acusaciones.
La Marina se instaló en la región. Los policías municipales de Córdoba fueron reemplazados por el Mando Único. Sin embargo, los índices de delincuencia no han mejorado significativamente. “Cuando entró la Marina y el Ejército, hubo una matazón de halcones y cobradores de cuota. Ahora con el Mando Único la gente tampoco está contenta y sigue habiendo delincuencia pero ya no es tan explícito”, explica la comerciante cordobesa. Hope lo corrobora: “en 2012 y 2013 la Marina barrió con buena parte de la estructura de los Zetas con técnicas a lo Tlatlaya. Mataron a mucha gente, a familiares, violentaron todas las normas posibles e inimaginables”.
“Quitaron a los policías municipales, que no pasaron el examen de confianza porque tenían vínculos con el crimen organizado, pero ponen a otros que no sé si lo pasarían”, sostiene Edmundo Reyes Yeladaqui, organizador de las dos Marchas por la Paz que han tenido lugar este año en Córdoba y presidente de la organización civil Pacto Ciudadano. Él asegura tener conocimiento directo de dos personas que han sido secuestradas el último año por agentes del Mando Único. Uno apareció al día siguiente muerto en un arrollo cercano a Córdoba, otro fue liberado dos meses después y no quiere hablar por amenazas.
Veracruz es la tercera entidad con mayor número de secuestros, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año se registraron 132 víctimas. Solo por atrás del Estado de México que, con el doble de población, acumula 144, y Tamaulipas. En averiguaciones previas iniciadas entre enero y septiembre de este año por secuestro vemos un incremento del 49% respecto al mismo período de 2013.
“Y hay muchos delitos que no se denuncian, sobretodo secuestros. ¿Quién se va a animar a denunciar? Si denuncian quedan en la impunidad y encima los amenazan o los matan. No hay justicia ni estado de derecho”, agrega Yeladaqui.
Para Hope el mando único “no resuelve el problema”. “Quita responsabilidades al traspasarlas a Marina y Ejército, quita presión a los municipales, pero si no va acompañada de otras medidas de desarrollo policial u otras reformas al marco legislativo, no necesariamente mejora la calidad de los policías”, añade el investigador.
En el caso de Atoyac, la pregunta principal que asalta es quién dio la orden. “No es la primera vez que un grupo criminal usa policías estatales o municipales. Lo que habría que saber es si estas patrullas estaban operando por cuenta propia para barrer Zetas o alternativamente estaban a las órdenes de un grupo criminal rival, o la tercera posibilidad es que fuese un ajuste de cuentas entre los mismos Zetas que usaran a la policía como músculo. El drama es que no sabemos bien a bien que sucede”, plantea Hope.
***
Jairo Manuel Flores Donado salió de la vidriera Schott, una multinacional con sede en Amatlán, a apenas 7.5 kilómetros de Potrero Nuevo, alrededor de las 4 de la tarde. Trabajaba allí como técnico de maquinaria desde los 19 años. Ahora tendría 31. Empezaba el fin de semana y antes de regresar a casa se detuvo a tomar algo en la cantina La Potra Zaina. También se lo llevaron. Junto al tenis del adolescente Juan Carlos apareció una tarjeta de cliente de un centro comercial a nombre de Jairo. Hace 15 meses que su madre, Jovita Donado, y su abuela lo esperan.
15 meses sin saber nada. 15 meses de visitas a dependencias gubernamentales, de concentraciones, de lamentos. 15 meses con 20 personas desaparecidas. En una de las primeras visitas a la Subprocuraduría de Justicia del Estado, con sede en el municipio vecino de Córdoba, un funcionario les dijo a Juana y a Jovita que “si se los llevaron es porque algo habrían hecho” y el estigma les sigue pesando. No ha habido grandes marchas por ellos, ni los medios internacionales han volteado a verlos.
“Muchos eran malandros”, dice un periodista regional en un intento de explicar por qué el caso no ha saltado a la opinión pública. Pero el derecho internacional y la Constitución mexicana estipula que cualquier ciudadano merece un juicio justo. Las desapariciones forzadas son un delito de lesa humanidad y el estado es el responsable de garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos.
Las familias de Donado y Martínez Peña se aferran a que sus hijos estén vivos. Sin embargo, este verano se hicieron las pruebas de ADN. Entre el 16 de junio y el 2 de julio se descubrieron 12 fosas en el municipio de Cosamaloapan, a 150 km al sureste de Atoyac, en la misma Veracruz. Aparecieron 31 cuerpos, todos con signos de tortura y mutilaciones.
Ninguno respondía a los 20 de Atoyac. En mayo, se descubrió otra fosa en medio de los cañares cercanos a Potrero Nuevo y aparecieron los restos de dos personas calcinadas.
Pero a estos 20 no se los tragó la tierra. Tal vez sí lo hizo el silencio que impone el miedo y la carencia de recursos para ir a reclamar. El altar a la virgen de Guadalupe dónde Juana acomodó las fotos de sus dos hijos desaparecidos ocupa una sexta parte del largo de toda su casa. Juana, su esposo, su hija de 18 años y su bebé de 5 meses comparten un cuarto que debe medir alrededor de 20 metros cuadrados. En él tienen dos camas matrimoniales, una cocina básica, un comedor y las pocas pertenencias de los cuatro. De la pared descarapelada y con manchas de humedad que ensombrecen todavía más un rosa chicle añejado, cuelgan estampas de imágenes católicas y un ventilador que apenas palia los calores tropicales y los embates de los mosquitos del poblado. Juana gana 70 pesos al día haciendo empanadas y gorditas en el puesto de otra vecina. Su marido es chofer de los autobuses que van a los pueblos vecinos. Solo para ir a Córdoba necesitan gastar 100 pesos y perder un día de trabajo. Cuando fue con Jovita a Xalapa se gastaron 800 pesos. La visita a la Subprocuraduría especializada en Investigaciones en Delincuencia Organizada (SEIDO), en la capital mexicana, les costó alrededor de 2 mil pesos y tampoco dio frutos. Eso sí, tuvieron que dormir en la calle porque no tenían ni para el hotel. Han tenido 8 reuniones en total. Han ido hasta el Centro Estatal de control, comando, comunicaciones y cómputo de la PGJE, más conocido como el C4, a ver si los tenían allí recluidos. No tienen avances.
Ese mes de agosto de 2013 en el que desaparecieron, la PGJ de Veracruz reportó al Secretariado Ejecutivo Nacional que inició 12 averiguaciones previas por secuestro. Sin embargo al revisar las cifras de Incidencia Delictiva por municipio, no hay ninguna iniciada en Atoyac ese mes.
“Habla de este fenómeno de negación que sucede en Veracruz”, insiste Hope y asevera que las cifras reportadas por la PGJ del Estado no son confiables. “Las estadísticas delictivas de Veracruz son probablemente las peores del país, compitiendo con las del Estado de México. Las revisiones que realicen son monumentales. En 2013 habían reportado 600 homicidios y de la nada le añadieron 300 más. Se habían comido un número de homicidios similar al que ocurre en Chile en un año. Cada mes deben subregistrar entre 30 y 40 asesinatos”, asevera Hope.
Sin embargo, al revisar un blog impulsado por familiares de desaparecidos en la región Orizaba-Córdoba: las denuncias públicas se multiplican. Un columnista del diario El Buen Tono de Córdoba, Andrés Timoteo, se hace eco en su editorial del 8 de agosto pasado del sobrenombre con que los vecinos de la zona ya bromean sobre la cantidad de desaparecidos que se suceden en la zona, el “Triángulo de los Bermúdez” la llaman, en un juego de palabras por el Triángulo de las Bermudas, donde la leyenda dice que la gente desaparece y el nombre del Secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez.
“Estamos en un estado de emergencia, pero Duarte sigue diciendo que Veracruz está seguro, no tiene ningún interés en acabar con esto. El encubrimiento es un delito, ¿no?”, acusa Reyes Delayaqui, desde Pacto Ciudadano.
“Nosotros queremos hablar con el gobernador Duarte, que me digan donde está mi hijo, a mi, mi casa no me interesa, me destierro si hace falta, pero díganme donde está”, suplica ya Jovita desesperada. Mientras pasan los días, los dimes y diretes de quiénes podrían ser y lo que les habrá pasado se multiplican, pero las madres de los desaparecidos no pierden la esperanza de encontrarlos con vida y que se haga justicia.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MAJO SISCAR.
Los vecinos del pueblo relatan que a media tarde entraron a Potrero Nuevo cerca de una decena de patrullas de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. De tres pudieron identificar los números: 0812, 1420 y 1154. El resto tenían los números tapados con cinta. Los agentes también acostumbran a traer la cara tapada. Llegaron a La Potra Zaina, una suerte de congal donde despachaban los Zetas, y se llevaron a trabajadoras y clientes. Los vecinos todavía recuerdan cómo los policías sacaron a la patrona, Carmen Arias, de 80 años, jalándola de los pelos. Aseguran que vendía droga. Su nieta, Inés Sánchez Arias, de 35 años, dirigía rezos a la Santa Muerte en Corral de Piedra. También la detuvieron en camino. Y con ella, a Juan Carlos y a su hermano mediano, Margarito, de 18 años. Se llevaron a otros dos menores: Diego Jair Valero y Marco Antonio Fernández, de 17 y 16 años. También, cuentan, a una mujer de origen centroamericano, por la que nadie ha reclamado.
20 personas en total. No les imputaron cargos. Tampoco los presentaron ante ningún ministerio público. Ninguna ha aparecido todavía.
Juana fue a la tienda y una vecina le avisó. “Detuvieron a tus hijos”. Las madres se juntaron. Acudieron a la policía municipal pero no les supieron dar razones. Esperaron todo el fin de semana a ver si ellos o la policía daban señales. El lunes fueron a Córdoba, a unos 20 minutos en carro, a poner la denuncia ante la Subprocuraduría regional.
Ese mismo miércoles se manifestaron en su municipio y en Córdoba. El jueves la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJE) informó en un comunicado que se había denunciado la desaparición de 11 personas en Atoyac y que la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) iniciaría “de inmediato las indagatorias para dar con el paradero de estas personas”. Y negó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través del Mando Único, hubiese realizado “ningún operativo en esa comunidad ni detuvo a ninguna persona ese día”.
“¿Cómo es que entran en camionetas estatales y no sabe nadie de la policía ni el mando único? ¿A poco les van a robar 10 o 12 camionetas?”, se pregunta Juana indignada. Al cabo de una semana de ese primer comunicado, los medios locales publicaron que según la misma PGJE los tres números de patrullas reportados sí existían, pero ya no estaban en servicio.
En Córdoba opera, desde abril de 2012, el Mando Único, una coordinación de 600 efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Al entrevistar al Comandante Raúl Gómez, de la Subsecretaría de Logística, es decir la Unidad de Inteligencia de ese Mando Único, dijo que los secuestrados de Atoyac “es una investigación abierta todavía” y “hasta el momento no se ha comprobado que fueran policías estatales (los perpetuadores)”.
“Actualmente se mimetiza mucho la delincuencia. En cualquier parte del país han encontrado patrullas clonadas, uniformes clonados, y bueno, yo pienso que la mejor forma de esconderte es que te vean, entonces no asumiría que fueron policías estatales”, agrega el Comandante Gómez. Y continúa: “es una situación muy difícil para que nosotros la asumamos. Compartimos responsabilidades con más instituciones. Aquí damos una asistencia legal, de patrullaje y obviamente todo nuestro apoyo en la búsqueda. Tenemos despliegues. La prueba es que no ha vuelto a suceder. No es una justificación pero la contención también es trabajo. Estrictamente lo que nos toca lo estamos haciendo, que es tener presencia en la zona”, concluye.
Pero sus palabras suenan huecas cuando apenas unas horas antes, al rozar las 8 de la mañana y a cuatro cuadras del turístico zócalo de Córdoba, le dispararon 5 tiros a Antonio Pérez Luna, un joven de 25 años, al entrar a su coche, detenido en doble fila, después de dejar a sus dos hijos de 3 y 6 años en una guardería particular contigua al popular centro comercial La Garza.
Seis días después de esa misma entrevista, el 15 de octubre, 6 jornaleros de caña de Potrero Nuevo, la misma comunidad de los 20 desaparecidos de hace quince meses, desaparecieron camino a trabajar a un municipio cercano. Todavía no aparecen. Los cañeros trabajaban para Teódulo León, un empresario local asesinado el pasado 6 de septiembre delante de la Iglesia principal del pueblo.
“Hay una política de negación permanente de la violencia. Borran a las víctimas de las estadísticas oficiales, de los medios. El gobernador Javier Duarte quiere mostrar a Veracruz como un caso de éxito en la pacificación del país pero la realidad es que sigue teniendo situaciones muy complicadas. Todo ese corredor Orizaba-Córdoba-Xalapa ha sido territorio Zeta. Su presencia es menor ahora que hace tres años, pero todavía hay. Muchos a lo mejor ya no responden a un liderazgo, pero siguen operando. Según fuentes del gobierno, después de la detención del Z-40 (Miguel Ángel Treviño) una parte de la estructura de los Zetas quedó suelta”, explica el experto en seguridad y narcotráfico Alejandro Hope.
Potrero Nuevo es una comunidad de 14 mil habitantes fundada alrededor de los ingenios azucareros que crecen en las orillas de una carretera secundaria, que enlaza a Córdoba con el Puerto. En la Región central de Veracruz, la de las Grandes Montañas, a tan solo 20 minutos de la ciudad en carro, Potrero Nuevo es conocido por sus ingenios y una cascada de 8 metros que se ve desde el paso del ferrocarril, la Bestia. La región está controlada por el grupo criminal Los Zetas. Los policías municipales, según aseguran en el pueblo, están coludidos con ellos. Cuando fui a reportear, el mismo taxista con el que llegamos al pueblo otro periodista y yo, avisó al Jefe de la Policía Municipal que íbamos a pasar el día allí. Dos agentes nos vigilaron toda la jornada.
El investigador Alejandro Hope explica que la zona sigue siendo importante para la delincuencia organizada porque forma parte de la ruta de la cocaína hacía el norte, pero sobretodo por la trata de personas y la extracción de rentas a través de la extorsión, los secuestros y los robos. En Córdoba, entre 2010 y 2012 prácticamente todos los comercios pagaban cuota. “M”, comerciante de ropa americana que prefiere salvaguardar su identidad, asegura que los Zetas le cobraban 4 mil pesos mensuales para dejarla operar su tienda. Es más de lo que le pagaba a la empleada. Después de 8 meses cerró porqué no le rendía. “A veces eran los propios municipales quiénes cobraban, destrozaron el comercio en la ciudad”, asevera.
En diciembre de 2011, la Marina –con el apoyo de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA)– detuvo, justo en un rancho de Córdoba, a Raúl Lucio Hernández Lechuga, El Lucky o Z-16, operador de Los Zetas en el centro del país. EU ofrecía un millón de dólares por él y la Procuraduría General de la República otros 15 millones de pesos. En su declaración ministerial, filtrada 5 meses después por el diario Reforma, Hernández confesaba que los Zetas pagaban una nómina de 30 millones de pesos al mes a policías municipales y estatales de Veracruz y que tenían un enlace en el gobierno de Duarte, de apellido Lagos. Según el rotativo, el único alto funcionario con ese apellido es Erick Lagos Hernández, quién todavía ahora sigue siendo el Secretario de Gobierno del Estado, después de negar las acusaciones.
La Marina se instaló en la región. Los policías municipales de Córdoba fueron reemplazados por el Mando Único. Sin embargo, los índices de delincuencia no han mejorado significativamente. “Cuando entró la Marina y el Ejército, hubo una matazón de halcones y cobradores de cuota. Ahora con el Mando Único la gente tampoco está contenta y sigue habiendo delincuencia pero ya no es tan explícito”, explica la comerciante cordobesa. Hope lo corrobora: “en 2012 y 2013 la Marina barrió con buena parte de la estructura de los Zetas con técnicas a lo Tlatlaya. Mataron a mucha gente, a familiares, violentaron todas las normas posibles e inimaginables”.
“Quitaron a los policías municipales, que no pasaron el examen de confianza porque tenían vínculos con el crimen organizado, pero ponen a otros que no sé si lo pasarían”, sostiene Edmundo Reyes Yeladaqui, organizador de las dos Marchas por la Paz que han tenido lugar este año en Córdoba y presidente de la organización civil Pacto Ciudadano. Él asegura tener conocimiento directo de dos personas que han sido secuestradas el último año por agentes del Mando Único. Uno apareció al día siguiente muerto en un arrollo cercano a Córdoba, otro fue liberado dos meses después y no quiere hablar por amenazas.
Veracruz es la tercera entidad con mayor número de secuestros, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año se registraron 132 víctimas. Solo por atrás del Estado de México que, con el doble de población, acumula 144, y Tamaulipas. En averiguaciones previas iniciadas entre enero y septiembre de este año por secuestro vemos un incremento del 49% respecto al mismo período de 2013.
“Y hay muchos delitos que no se denuncian, sobretodo secuestros. ¿Quién se va a animar a denunciar? Si denuncian quedan en la impunidad y encima los amenazan o los matan. No hay justicia ni estado de derecho”, agrega Yeladaqui.
Para Hope el mando único “no resuelve el problema”. “Quita responsabilidades al traspasarlas a Marina y Ejército, quita presión a los municipales, pero si no va acompañada de otras medidas de desarrollo policial u otras reformas al marco legislativo, no necesariamente mejora la calidad de los policías”, añade el investigador.
En el caso de Atoyac, la pregunta principal que asalta es quién dio la orden. “No es la primera vez que un grupo criminal usa policías estatales o municipales. Lo que habría que saber es si estas patrullas estaban operando por cuenta propia para barrer Zetas o alternativamente estaban a las órdenes de un grupo criminal rival, o la tercera posibilidad es que fuese un ajuste de cuentas entre los mismos Zetas que usaran a la policía como músculo. El drama es que no sabemos bien a bien que sucede”, plantea Hope.
***
Jairo Manuel Flores Donado salió de la vidriera Schott, una multinacional con sede en Amatlán, a apenas 7.5 kilómetros de Potrero Nuevo, alrededor de las 4 de la tarde. Trabajaba allí como técnico de maquinaria desde los 19 años. Ahora tendría 31. Empezaba el fin de semana y antes de regresar a casa se detuvo a tomar algo en la cantina La Potra Zaina. También se lo llevaron. Junto al tenis del adolescente Juan Carlos apareció una tarjeta de cliente de un centro comercial a nombre de Jairo. Hace 15 meses que su madre, Jovita Donado, y su abuela lo esperan.
15 meses sin saber nada. 15 meses de visitas a dependencias gubernamentales, de concentraciones, de lamentos. 15 meses con 20 personas desaparecidas. En una de las primeras visitas a la Subprocuraduría de Justicia del Estado, con sede en el municipio vecino de Córdoba, un funcionario les dijo a Juana y a Jovita que “si se los llevaron es porque algo habrían hecho” y el estigma les sigue pesando. No ha habido grandes marchas por ellos, ni los medios internacionales han volteado a verlos.
“Muchos eran malandros”, dice un periodista regional en un intento de explicar por qué el caso no ha saltado a la opinión pública. Pero el derecho internacional y la Constitución mexicana estipula que cualquier ciudadano merece un juicio justo. Las desapariciones forzadas son un delito de lesa humanidad y el estado es el responsable de garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos.
Las familias de Donado y Martínez Peña se aferran a que sus hijos estén vivos. Sin embargo, este verano se hicieron las pruebas de ADN. Entre el 16 de junio y el 2 de julio se descubrieron 12 fosas en el municipio de Cosamaloapan, a 150 km al sureste de Atoyac, en la misma Veracruz. Aparecieron 31 cuerpos, todos con signos de tortura y mutilaciones.
Ninguno respondía a los 20 de Atoyac. En mayo, se descubrió otra fosa en medio de los cañares cercanos a Potrero Nuevo y aparecieron los restos de dos personas calcinadas.
Pero a estos 20 no se los tragó la tierra. Tal vez sí lo hizo el silencio que impone el miedo y la carencia de recursos para ir a reclamar. El altar a la virgen de Guadalupe dónde Juana acomodó las fotos de sus dos hijos desaparecidos ocupa una sexta parte del largo de toda su casa. Juana, su esposo, su hija de 18 años y su bebé de 5 meses comparten un cuarto que debe medir alrededor de 20 metros cuadrados. En él tienen dos camas matrimoniales, una cocina básica, un comedor y las pocas pertenencias de los cuatro. De la pared descarapelada y con manchas de humedad que ensombrecen todavía más un rosa chicle añejado, cuelgan estampas de imágenes católicas y un ventilador que apenas palia los calores tropicales y los embates de los mosquitos del poblado. Juana gana 70 pesos al día haciendo empanadas y gorditas en el puesto de otra vecina. Su marido es chofer de los autobuses que van a los pueblos vecinos. Solo para ir a Córdoba necesitan gastar 100 pesos y perder un día de trabajo. Cuando fue con Jovita a Xalapa se gastaron 800 pesos. La visita a la Subprocuraduría especializada en Investigaciones en Delincuencia Organizada (SEIDO), en la capital mexicana, les costó alrededor de 2 mil pesos y tampoco dio frutos. Eso sí, tuvieron que dormir en la calle porque no tenían ni para el hotel. Han tenido 8 reuniones en total. Han ido hasta el Centro Estatal de control, comando, comunicaciones y cómputo de la PGJE, más conocido como el C4, a ver si los tenían allí recluidos. No tienen avances.
Ese mes de agosto de 2013 en el que desaparecieron, la PGJ de Veracruz reportó al Secretariado Ejecutivo Nacional que inició 12 averiguaciones previas por secuestro. Sin embargo al revisar las cifras de Incidencia Delictiva por municipio, no hay ninguna iniciada en Atoyac ese mes.
“Habla de este fenómeno de negación que sucede en Veracruz”, insiste Hope y asevera que las cifras reportadas por la PGJ del Estado no son confiables. “Las estadísticas delictivas de Veracruz son probablemente las peores del país, compitiendo con las del Estado de México. Las revisiones que realicen son monumentales. En 2013 habían reportado 600 homicidios y de la nada le añadieron 300 más. Se habían comido un número de homicidios similar al que ocurre en Chile en un año. Cada mes deben subregistrar entre 30 y 40 asesinatos”, asevera Hope.
Sin embargo, al revisar un blog impulsado por familiares de desaparecidos en la región Orizaba-Córdoba: las denuncias públicas se multiplican. Un columnista del diario El Buen Tono de Córdoba, Andrés Timoteo, se hace eco en su editorial del 8 de agosto pasado del sobrenombre con que los vecinos de la zona ya bromean sobre la cantidad de desaparecidos que se suceden en la zona, el “Triángulo de los Bermúdez” la llaman, en un juego de palabras por el Triángulo de las Bermudas, donde la leyenda dice que la gente desaparece y el nombre del Secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez.
“Estamos en un estado de emergencia, pero Duarte sigue diciendo que Veracruz está seguro, no tiene ningún interés en acabar con esto. El encubrimiento es un delito, ¿no?”, acusa Reyes Delayaqui, desde Pacto Ciudadano.
“Nosotros queremos hablar con el gobernador Duarte, que me digan donde está mi hijo, a mi, mi casa no me interesa, me destierro si hace falta, pero díganme donde está”, suplica ya Jovita desesperada. Mientras pasan los días, los dimes y diretes de quiénes podrían ser y lo que les habrá pasado se multiplican, pero las madres de los desaparecidos no pierden la esperanza de encontrarlos con vida y que se haga justicia.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MAJO SISCAR.
