MÉXICO, D.F: Marcada por la ausencia del secretario de Educación Pública Federal, Emilio Chuayffet, se instauró la mesa de diálogo entre autoridades del gobierno federal y la Asamblea General Politécnica (AGP), en el auditorio Alejo Peralta del Instituto Politécnico Nacional (IPN), concretando sólo uno de los tres puntos designados en el orden del día.
La jornada inició al pasar el mediodía, con una mesa de trabajo previa para establecer la dinámica de las discusiones. Desde ahí empezaron los desencuentros.
La prioridad del gobierno era levantar el paro estudiantil. La de los jóvenes, sentar las bases para conformar un Congreso Nacional Politécnico (CNP) que dé pie a la democratización del Instituto.
“Pediríamos sumar a la primera mesa de discusión el retorno a clases para mandar un mensaje a la comunidad y a la sociedad mexicana”, dijo César Becker, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la SEP, quien estuvo a cargo de la negociación preliminar por parte de las autoridades.
“Nosotros no estamos improvisando. El regreso a clases no está a discusión por el momento. Lo estará cuando desahoguen nuestras exigencias. La comunidad politécnica no ha confiado en las respuestas del gobierno federal, por eso no vamos a regresar a clases hasta capitalizar la construcción de un mejor instituto”, respondieron los estudiantes, quienes establecieron la “no incorporación” de las vocacionales al sistema nacional de bachillerato, el acuerdo de “no represalias” contra la comunidad estudiantil que participa del paro y fijar las bases del CNP como “condicionantes” a tratar en la reunión pactada para las seis de la tarde.
A partir de entonces, tomó dos horas que el funcionario anunciara a los integrantes de la representación federal en el diálogo, solicitada repetidamente por los estudiantes.
“Voy a dar los nombres y cargos para demostrar, una vez más, que estamos en la misma frecuencia de onda”, dijo Becker para enlistar a los siguientes voceros del Estado:
Fernando Serrano, subsecretario de Educación Superior de la SEP; David Garay, titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob); Alejandro Osuna, jefe de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas de la Segob; José Ángel Mejía, jefe de la Unidad de Evaluación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Enrique Fernández, secretario general de ANUIES; Salvador Malo, director general de Educación Superior Universitaria de la SEP; César Becker, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la SEP; Rubén Lara, coordinador general de Delegaciones Federales de la SEP; Luis Vega, titular de la unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP; Ana María Aceves, directora general de Evaluación de Políticas de la SEP; Efrén Rojas, asesor de proyectos especiales de la SEP; Luis Ignacio Sánchez, administrador federal de servicios educativos en el DF de la SEP; Diódoro Guerra, exdirector del IPN; Baltasar Cadena, profesor del IPN; Víctor Sánchez, director general del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología.
La lista irritó a los estudiantes, que reclamaron la decisión de Emilio Chuayffet de no formar parte del diálogo para solucionar el conflicto.
“Solicitamos que el secretario Chuayffet reconsidere su presencia, como lo ha tenido en distintos medios de comunicación anunciando que tiene la mejor disposición de solucionar las demandas de la comunidad politécnica”, dijeron los jóvenes, quienes lamentaron la designación de funcionarios “sin capacidad resolutiva” en la mesa. Demandaron también la presencia de los subsecretarios de Gobernación, Luis Miranda, y de Egresos de la SHCP, Fernando Galindo.
A esto, César Becker respondió: “Quedamos que cada una de las partes acredita a sus representantes. Estos son los nuestros”.
* * * *
Cerca de las siete de la noche comenzó la primera discusión formal, con la intervención del subsecretario Serrano, quien dijo que estaban previamente aprobados de manera “favorable” siete de los 10 puntos exigidos por el movimiento estudiantil: la renuncia de la exdirectora general Yoloxóchitl Bustamante, el apoyo a la realización del CNP, la cancelación definitiva del reglamento interno del IPN, la no incorporación de las vocacionales al sistema nacional de bachillerato, la salida de la Policía Bancaria, la anulación de las pensiones vitalicias a los exdirectores generales del IPN y el compromiso de que no habrá represalia alguna contra los participantes del paro.
En la discusión y ante las exigencias de la AGP para dejarlo en compromisos firmados, para lo que los estudiantes contrataron un notario que pudiera respaldarlos, los funcionarios se dijeron incapaces de firmar acuerdos.
Argumentaron que para la mayoría de los asuntos hacía falta designar al director del Instituto sobre el CNP y dijeron que correspondería al Congreso de la Unión modificar las leyes del IPN.
“Los estudiantes exigimos a las autoridades, ante el constante halago propio sobre el supuesto compromiso con la comunidad estudiantil, sea este compromiso demostrado en hechos resolutivos y materializados a favor del movimiento estudiantil y la comunidad politécnica, y no que quede en simpáticas palabras, reiterando que la buena voluntad del gobierno, que apela a la reciprocidad y equidad, no ha sido demostrada a través de la historia.
“Las autoridades no están correspondiendo a su discurso de solucionar con rapidez. En una mesa de 15 sólo hablan seis, lo que refleja la estructura vertical. Sólo Serrano tiene capacidad resolutiva. Exigimos la salida de Diódoro Guerra por asociaciones de éste con grupos porriles”, reclamaron los jóvenes.
“No caigamos en descalificaciones. No venimos con ánimo de engañar. Debemos apegarnos a la legalidad”, replicó el funcionario Efrén Rojas.
Arely Ruiz fijó el posicionamiento político de los estudiantes, haciendo un “llamado a la civilidad, al cumplimiento real de la palabra de las autoridades y en rechazo a la simulación gubernamental de solución a nuestra movilización”.
Se dirigió a Emilio Chuayffet: “La historia nos cuenta sobre sus participaciones tácticas, como representante del gobierno, contra movimientos sociales. Podemos recordar, en este tenor, que el 28 de noviembre de 1996, siendo secretario de Gobernación, llegó a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar para lograr la paz en Chiapas, destacando la frase: ‘Sabremos honrar nuestros compromisos’. Sin embargo, el gobierno rechazó la propuesta con el argumento de que tenía deficiencias de técnica jurídica.
“La historia nos muestra suspicacia del gobierno en la forma de responder los compromisos con el pueblo de México, con frases como: ‘Ustedes disculpen, pero cuando me comprometí con ustedes me había tomado 18 chincholes y no estaba en condiciones para asumir un acuerdo de esa naturaleza’. Debido a esta falta de postura resolutiva, y al estilo del secretario citado, una pregunta inteligente sería: ¿Qué nos asegura el compromiso del gobierno ante la problemática actual?”, leyó la joven para también recordarle al entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, su “responsabilidad” en la matanza de Acteal.
“Otorgamos un último voto de confianza al gobierno para la solución de la problemática acontecida en el IPN. Nuestra institución, al paso del tiempo, está harta de respuestas vagas, insatisfactorias y redundantes, disfrazadas de soluciones, sin decir cuándo ni cómo cambiarán las cosas”, se hizo escuchar el estudiantado, descompuestos los rostros de los funcionarios.
A las 10 de la noche suspendieron la sesión, acordando regresar el jueves a la una de la tarde para una doble jornada.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SANTIAGO IGARTUA.
MÉXICO, D.F: La inseguridad creciente que se vive en el país es ya el principal factor que detiene el crecimiento de la economía mexicana, aseguró hoy el Bank of America Merrill Lynch (BofAML).
En su informe mensual sobre los mercados emergentes globales, cuyo apartado sobre el país titula “México: una recuperación más débil de lo esperado”, advierte:
“En las últimas semanas, las preocupaciones sobre la inseguridad han regresado a los reflectores como el principal factor que detiene el crecimiento económico. La inseguridad encabeza las preocupaciones (de los analistas) por encima de la política fiscal, la volatilidad financiera y la debilidad externa de los mercados.
“Esto está relacionado con los conflictos en Guerrero y Michoacán, y las protestas que los acompañan a nivel nacional”.
Firmado por Carlos Capistrán, economista en jefe del BofAML para México, el reporte señala que “un crecimiento más débil de lo esperado del PIB (de México) y una normalización desordenada en la política monetaria de Estados Unidos son los principales riesgos externos”.
En tanto, “los principales riesgos internos consisten en una mayor reducción de las exportaciones petroleras, una implementación de las reformas por debajo de las expectativas y el aumento de la inseguridad”.
En su análisis macroeconómico, el BofAML considera que la economía mexicana sigue en recuperación, pero que ésta “es más débil a lo esperado”.
Y justo por ello, dice, el banco hizo recientemente un ajuste en su pronóstico de crecimiento de México para 2014, a 2.2% desde el 2.6%, y a 3.7% desde 4% para 2015.
“La falta de impulso (de la actividad económica del país) nos llevó a reducir nuestro pronóstico del crecimiento del PIB”.
Prevé la institución que el avance de la economía mexicana en los próximos meses “será impulsado por el crecimiento en Estados Unidos, el gasto público y la política monetaria laxa del Banco de México”.
Sin embargo, considera que “las exportaciones petroleras a la baja, un retraso más largo de lo esperado en el impacto del gasto público en la economía y las crecientes preocupaciones sobre la inseguridad en México están pesando en el crecimiento del PIB”.
El BofAML también advierte que la demanda externa “no ha tenido la fuerza que esperábamos al inicio del año”.
Luego explica que la razón de ello es la “caída inesperada”, de 8.7% en lo que va del año, de las exportaciones petroleras, que equivalen a 12% de las exportaciones totales de México.
La caída, asegura, se debe a una menor producción y menores precios, aunque la producción contribuyó más a la caída.
Expone: “Un superávit en la balanza comercial petrolera de alrededor de 0.5% del PIB significa que la actividad económica de México está cubierta frente a una caída en los precios del petróleo. Sin embargo, México no está cubierto frente a caídas en la producción de petróleo”.
BofAML señala, por otra parte, que la reducción de su pronóstico de crecimiento para México se debió en buena medida a que el impulso fiscal que sobre la economía ha decidido el gobierno federal –un mayor gasto público y alzas en los impuestos desde este año– no ha dado los resultados esperados.
Explica: “En los primeros ocho meses del año el impulso fiscal fue de 0.4% del PIB, lo que significa que el gasto público ha aumentado en 223 mil 800 millones de pesos más que los ingresos fiscales (que fueron en ese lapso) de alrededor de 16 mil 600 millones de dólares.
“Esta política fiscal expansiva debería apoyar a la actividad económica, aunque por ahora eso no ha sucedido.
“Hasta el momento, las cuentas nacionales de la primera mitad del año (información que publica el Inegi) muestran un gran impacto negativo en el consumo y la inversión por la subida de impuestos, y una contribución prácticamente nula al crecimiento por parte del gasto público”.
Finalmente, después de ese análisis demoledor sobre la situación económica del país, BofAML concilia:
“Sin embargo, prevemos que el impulso fiscal apoye al crecimiento en los próximos meses, cuando el gasto público comience a tener un impacto en la actividad económica”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARLOS ACOSTA CÓRDOVA
MEXICO, D.F. (apro).- La madrugada de este martes 4 fueron detenidos por la Policía Federal (PF) el exalcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, conocidos como “la pareja imperial” por sus excesos y su extraña fortuna en Guerrero. Se refugiaron en una casa perdida entre los callejones de la delegación Iztapalapa, la más poblada del Distrito Federal, la más insegura y la que, al parecer, tiene una mayor vigilancia de fuerzas capitalinas y federales.
La captura ha generado todas las reacciones esperadas en la clase política: “Es una gran noticia”, “ayudará a dar con el paradero de los 43 normalistas”, “el gobierno federal está cumpliendo con sus promesas”, “se combate al narcopoder”, entre otras frases hechas para vender como un triunfo lo que, a todas luces, es una vergüenza para el gobierno federal, para el PRD, para sus protectores y cómplices.
Los sanguinarios y excéntricos Abarca y Pineda no estaban solos en su huida ni en su refugio. ¿Cómo llegaron hasta la delegación Iztapalapa después de la fuga de Iguala, Guerrero? ¿Se camuflaron para atravesar el estado de Morelos y ocultarse en el Distrito Federal? ¿Nadie supo, nadie vio en Morelos –entidad donde opera un mando único policiaco– a la “pareja más buscada” por todas las fuerzas ministeriales, militares y policiacas? ¿Por qué hace 10 días corrió el rumor de que fue detenido en Veracruz? ¿Estuvo realmente en esa entidad?
Al parecer, Abarca y Pineda también viajaban con un maletín lleno de dinero. Suficiente para corromper y pagar favores a quienes desde alguna instancia gubernamental los ayudaron a llegar hasta el Distrito Federal.
Abarca y su esposa rentaban una casa en la delegación más poblada del Distrito Federal, gobernada también por el PRD, específicamente por Jesús Valencia, quien estuvo cercano al exjefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, y en meses recientes se sumó a la causa de Miguel Ángel Mancera. En esta misma delegación también están desplegados los operativos federales de seguridad.
Hasta ahora, lo que sabemos son piezas sueltas sobre el poder sanguinario de Abarca y sus padrinos políticos. Antes de pedir licencia y huir de Iguala se reunió en la Ciudad de México con Jesús Zambrano, exdirigente nacional del PRD, perteneciente a la corriente Nueva Izquierda (NI). Zambrano ha admitido este encuentro y señala que no fue para protegerlo sino obligarlo a entregarse a las autoridades.
Difícil entender que tres días después de la tragedia que ya era una noticia nacional, Zambrano Grijalva se reuniera tan tranquilo con el mismo alcalde que había sido acusado por René Bejarano, dirigente de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), de los asesinatos de otros militantes perredistas como Arturo Hernández Cardona, Rafael Banderas y otros.
Por supuesto, Abarca no le hizo caso al consejo de Zambrano. Mientras el nuevo dirigente del PRD nacional, Carlos Navarrete, también de la corriente de los Chuchos, pedía “perdón” al pueblo de Guerrero por postular narcoalcaldes, Abarca huyó con su esposa, emparentada con los Beltrán Leyva, presuntos jefes del cártel de los Guerreros Unidos que opera en Iguala y otros municipios colindantes de Morelos y el Estado de México. Este cártel estaría enfrentado con Los Rojos.
Los Guerreros Unidos y Los Rojos también operan en el estado de Morelos, gobernado por Graco Ramírez, otro político perredista perteneciente a la corriente de Los Chuchos. Un día antes de que se conociera la detención de Abarca, órganos de inteligencia del gobierno federal y de Morelos filtraron a la prensa que siete diputados locales están relacionados con el crimen organizado o con actos de corrupción.
Sin aportar muchas pruebas, estos informes mencionan al diputado del PT, Alfonso Miranda Gallegos, tío de Santiago Mazari Miranda, presunto líder de Los Rojos en la entidad. Miranda fue alcalde de Amacuzac (2009-2012). En enero pasado, este legislador local organizó una fiesta en su oficina del Congreso morelense donde llegó un grupo norteño y cantaron narcocorridos, acto por el cual fue sancionado.
Hasta ahora, no sabemos dónde está el jefe de la policía municipal de Iguala, cómplice de Abarca en los hechos que desembocaron en la muerte de seis personas y el secuestro de los 43 normalistas.
Las piezas sueltas aún son muchas, pero la opinión pública nacional e internacional no espera sólo detenciones espectaculares. Reclama saber dónde están los 43 jóvenes de Ayotzinapa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL (ANÁLISIS)
Los siete soldados detenidos pidieron "duplicidad del término constitucional", por lo que un juzgado federal tienen hasta el próximo viernes para dictar formal prisión o libertad.
Un juzgado federal tendrá que definir máximo el próximo viernes 7 de noviembre la situación jurídica de los siete elementos del Ejército mexicano consignados por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos en una bodega de Tlatlaya, Estado de México, donde murieron 22 personas, informó este martes 4 de noviembre el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En un comunicado, el CJF detalló que Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Roberto Acevedo López, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides rindieron su declaración preparatoria y solicitaron “duplicidad del término constitucional”.
Así, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal tiene de plazo hasta el 7 de noviembre a las 8:22 horas para resolver la situación jurídica de los militares; es decir, auto de formal prisión o de libertad.
Hasta ahora, los soldados están recluidos desde el pasado 25 de septiembre en la Prisión Militar adscrita a la Primera Región Militar, ubicada en el Campo Militar 1-A, en el DF.
El viernes 30 de junio, los militares fueron acusados ante un juez civil por delitos ligados a la muerte de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, informó el domingo 2 de noviembre el CJF.
A todos se les acusa de “ejercicio indebido del servicio público” pero solo a tres, Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, se les imputa “homicidio calificado en agravio de ocho personas”, abuso de autoridad y “alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo”.
A otro de sus compañeros, Ezequiel Rodríguez Martínez, se le acusa de encubrimiento “en la hipótesis de no procurar impedir la consumación de un delito”.
Los tres militares que quedan sólo con la acusación más leve son Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz y Samuel Torres López.
Las autoridades habían sostenido que en el incidente, que en un primer momento tacharon de “enfrentamiento”, participaron siete soldados y un teniente, pero en el comunicado del poder judicial del domingo solo se hace mención a siete personas y no a ocho y por primera vez se hicieron públicos sus nombres.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al dar a conocer los resultados de una investigación propia el pasado 21 de octubre dijo que al menos 15 personas, de las 22 que murieron ese día, habrían sido ejecutadas extrajudicialmente por soldados tras un enfrentamiento en una bodega de San Pedro Limón, una comunidad de la municipalidad de Tlatlaya, en el Estado de México y a más de 200 kilómetros al suroeste de la capital mexicana.
Sin embargo, sólo en las acusaciones por presentadas ante el juez se especificó que quienes murieron víctimas de homicidio fueron sólo 8 personas.
La comisión, un organismo oficial, también constató intentos de autoridades civiles y castrenses de encubrir los hechos.
“(Es) una de las más graves violaciones a los derechos humanos que se pueden cometer”, dijo su presidente, Raúl Plascencia, cuyo informe contradice afirmaciones previas sobre lo que ocurrió ese 30 de junio y revela que funcionarios de la fiscalía del Estado de México, que inicialmente investigó los hechos, también incurrieron en torturas y agresiones sexuales contra al menos dos de tres mujeres que sobrevivieron.
Una de las sobrevivientes dijo hace algunas semanas a The Associated Press que sólo un individuo había muerto en un tiroteo inicial, y que los 21 restantes, incluida su hija de 15 años, habían sido asesinados por soldados cuando ya se habían rendido.
El caso Tlatlaya fue el primero de una serie de sucesos que han puesto en entredicho el compromiso de México con los derechos humanos. EU, Naciones Unidas, la Unión Europea y numerosas organizaciones nacionales e internacionales han exigido al gobierno mexicano una investigación rápida e independiente para esclarecer los hechos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
La agenda del magisterio guerrerense no se limita a la exigencia de presentación con vida de los normalistas, sino que han sumado demandas gremiales por las que han participado en ataques a la casa del jefe del Ejecutivo y a la sede estatal del PRD.
El pasado 8 de octubre, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) se declaró en paro de labores, para reclamar la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos por la Policía Municipal de Iguala el pasado 26 de septiembre. Desde entonces, el magisterio guerrerense ha venido realizado distintas acciones de protesta, entre las que destacan, además de marchas multitudinarias en Acapulco y Chilpancingo, la toma del palacio de gobierno en la capital guerrerense, la destrucción de la puerta de acceso de la casa del jefe del Ejecutivo local (donde también prendieron fuego a una camioneta oficial), así como el incendio a las instalaciones del PRD estatal.
La agenda del magisterio guerrerense, sin embargo, no queda en la exigencia de “aparición” de los normalistas de Ayotzinapa, sino que a esta demanda han sumado otras, más bien gremiales, cuya atención reclaman a las autoridades como parte de la solución a la crisis política desatada por el rapto de los estudiantes, y es por esta razón, de hecho, que en la mayoría de las protestas magisteriales no han participado normalistas –como, por ejemplo, en los ataques a la casa del jefe del Ejecutivo y a la sede estatal del PRD–.
Entre estas demandas gremiales del magisterio, enarboladas durante las recientes movilizaciónes por la desaparición forzada de los normalistas, destacan: la desaparición de poderes en el estado de Guerrero, la cancelación de la evaluación universal docente, la restitución del aguinaldo de 90 días, así como del “permiso de gravidez” de tres meses y, en general, la abrogación de la reforma educativa.
“Estamos aquí (en el plantón instalado el 8 de octubre frente a las oficinas del centrales gobierno estatal, en Chilpancingo) por la principal demanda de la aparición de los 43 normalistas –explica un representante de la dirigencia magisterial, quien pide el anonimato–. En un principio, nuestra demanda era la desaparición de poderes, con eso iniciamos la movilización para (exigir) la abrogación de la reforma al artículo 3 y 73 constitucional, pero sucede lo del 26 de septiembre, la masacre y genocidio cometido por el Estado, y ahora hicimos nuestra la demanda, como magisterio, de la aparición de los 43 estudiantes y castigo a los autores intelectuales y materiales.”
Reforma educativa
La lucha contra la reforma educativa, detalla el representante magisterial, se basa en las distintas “afectaciones graves que nos genera, en cuanto a la pérdida de derechos: perdemos el derecho a nuestro sindicato; nos imponen un aguinaldo de 40 días, cuando nuestro derecho es que se nos den 90 días de aguinaldo (…); las plazas están en riesgo, porque ahora todo será por contrato; redujeron la ‘licencia de gravidez’ de tres meses, a mes y medio; quieren aplicarnos la evaluación universal docente; y en cuanto a la superación profesional, cada quien tiene que sufragar sus gastos, es por eso que exigimos la abrogación de las reformas al artículo 3 y 73 (lo que se conoce como ‘reforma educativa’).
Por ello, señala el maestro proveniente de la zona de La Montaña, luego de una marcha de al menos 30 mil ciudadanos por la capital de Guerrero, realizada el pasado 8 de octubre para exigir la presentación de los normalistas desaparecidos, el magisterio no sólo anunció que se mantendrían en plantón frente a la sede del gobierno local a partir de ese día, sino también que daba inicio al “paro de labores a nivel estatal, con el fin de escalarlo a una huelga nacional, para enero de 2015. La táctica es que en cada centro de trabajo los maestros se organicen por comisiones, aquí en el plantón hay una representación de cada zona escolar, van turnándose por día, por centro de trabajo, de manera que los compañeros puedan estar activos aún, con ganas, cuando inicie la huelga, en enero”.
Desaparición de poderes
A pesar de que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa aclararon desde el 23 de octubre –durante un mensaje emitido a través de TVUNAM– que su única demanda es la presentación con vida de sus compañeros, e insistieron en que no buscan la desaparición de poderes en Guerrero, los maestros agrupados en la CETEG sí enarbolan esta exigencia, debido a que “es una medida plenamente justificada por el marco jurídico, ante un genocidio como el ocurrido en Iguala”, tal como explica su representante.
La desaparición de poderes –que, de darse, permitiría al magisterio negociar directamente con las autoridades federales– “es una propuesta que surge del análisis consensuado con los compañeros maestros, y es una propuesta que se sigue planteando. Inicialmente exigimos la salida de Ángel Aguirre (quien pidió licencia al cargo de gobernador el pasado 24 de octubre), y él ya se fue. Ahora queremos que se declare la desaparición de poderes en todo el estado, y aunque puede ser un proceso lento, insistimos en este punto.”
La desaparición de poderes, señaló, pasa antes por “solicitar la intervención de la Corte Penal Internacional (…) la cual sí tiene compentencia para intervenir y exigir castigo, porque lo que ocurre en Guerrero son crímenes de Estado”.
En este punto, la representante del comité de atención a prensa, quien también pidió el anonimato, añadió que “se exigió la salida de Angel Aguirre, y ya no está como gobernador, pero eso no basta, lo que nosotros queremos es cárcel para este señor, exigimos castigo para todos los culpables, y lo señalamos a él directamente, porque como gobernador no pudo evitar que sucediera esto, a pesar de que él ya tenía conocimiento de lo que ocurría en Iguala, de las actividades ilícitas del presidente municipal, lo sabía Aguirre y lo sabía Peña Nieto, por esto estamos exigiendo un juicio político y cárcel para este señor. Porque no puede quedar impune esta situación, necesitamos ver que se castigue a los culpables.”
Epílogo: pretextos oficiales
Este lunes, los papás y mamás de los 43 normalistas desaparecidos, los tres asesinados y los 20 heridos por la Policía Municipal de Iguala acudieron a la ciudad de Chilpancingo, para instalar –tal como habían pactado con el presidente Enrique Peña Nieto– la mesa mixta de seguimiento a las investigaciones que realiza la autoridad federal para dar con el paradero de los jóvenes raptados, así como con los autores materiales e intelectuales del ataque perpetrado el 26 de septiembre, acto que dieron por cancelado, debido a que “no nos traían ningún avance en las investigaciones y nosotros ya no estamos dispuestos a seguir escuchando el mismo discurso de promesas por parte del gobierno federal”.
Felipe de Jesús de la Cruz, vocero de los padres de familia, normalista en su juventud, maestro en la actualidad y padre de uno de los sobrevivientes del ataque en Iguala, detalló que “en la reunión se venía a instalar la mesa mixta de seguimiento y no se instaló porque no traían información qué darnos… el pretexto del comisionado nacional de seguridad (Monte Alejandro Rubido) fue que el que tiene la información sobre los avances es el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y que como él no asistió a la reunión, pues no tenía ninguna información qué darnos… esa fue la situación que provocó que los padres llegáramos al límite de nuestra tolerancia y le dijimos que si así era, entonces no tenía caso que nosotros permaneciéramos ahí.”
Así, sin que la mesa de seguimiento quedara instalada, los padres de los normalistas se retiraron del encuentro, sólo con la promesa por parte de la autoridad de que el próximo viernes será el mismo Murillo Karam quien rinda un informe sobre los avances en la búsqueda de sus hijos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
María de los Ángeles buscaba ser la presidenta de Iguala. Pero el ataque y desaparición de normalistas, por lo que hoy fue detenida, lo cambió todo.
El grupo delincuencial Guerreros Unidos -una escisión del cártel de los Beltrán Leyva- tejió una red de complicidad en varias alcaldías del estado.
La joya del grupo era Iguala, donde tenía a sus órdenes a la policía municipal y una figura clave para su financiamiento: María de los Ángeles Pineda Villa.
La señora era presidenta del DIF y, a la vez, operadora de Guerreros Unidos.
“Este grupo delictivo, de acuerdo con las declaraciones de los detenidos y del propio líder del grupo, recibía del presidente municipal de 2 a 3 millones de pesos de manera regular, mensual, bimensual, semanal, de los cuales, cuando menos 600 mil, según declaran los propios operadores financieros, eran destinados al control de la policía local, además de que el grupo delincuencial decidía los nuevos ingresos de los integrantes como policías municipales”, detalló hace unos días el procurador Jesús Murillo Karam.
“Este líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, señaló a la señora María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, como la principal operadora de actividades delictivas desde la presidencia municipal, desde luego, en complicidad con su esposo, el señor José Luis Abarca y el Secretario de Seguridad, Felipe Flores Velázquez”, agregó.
La esposa del ex alcalde de Iguala es pariente directa de dos operadores financieros del grupo que dirigía Arturo Beltrán Leyva. En 2009, Alberto, El Borrado, y Mario, El MP, hermanos de María, fueron ejecutados.
A la señora le gustaba estar presente en la mayoría de los actos de su esposo. Se preparaba para sucederlo en el puesto. Por ello habían gastado miles de pesos en la remodelación de sus oficinas en la presidencia municipal. Se veían ahí no 3 sino 6 años, un sexenio.
El 26 de septiembre, se enteró que normalistas de Ayotzinapa estaban en Iguala. Pensó que querían arruinar su “informe de labores”, por la que había gastado miles de pesos, sobre todo por los grupos musicales. La fiesta terminó sin contratiempos.
Pero la aspiración de María se oscureció como la noche del 26 de septiembre. Una noche funesta.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Osvaldo Ríos Sánchez "El Gordo" y su hermano Miguel Ángel, "El Pozol" indicaron que los normalistas fueron enterrados en una fosa.
Dos presuntos integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos acusaron que Ángel Casarrubias Salgado (“El Mochomo”), uno de sus líderes, dio la orden de asesinar a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
En un interrogatorio ante infantes de la Armada, detallado en un informe de la PGR que está incluido en la causa penal 100/2014 -al que el diario Reforma tuvo acceso-, Osvaldo Ríos Sánchez “El Gordo” y su hermano Miguel Ángel, “El Pozol” confesaron estar arrepentidos e indicaron que los normalistas fueron enterrados en una fosa en Pueblo Viejo, entre Iguala y Cocula.
“Hace unos días, (dijeron que) se encontraban arrepentidos de la muerte de los estudiantes y que ellos, junto con los del cártel, habían matado a los estudiantes, así como que participó en tales hechos los que denominaban ‘policías bélicos’ y los Guerreros Unidos“, se lee en el oficio PGR/AIC/PFM/UAIOR/DF/CHIMAL/1610/2014.
Además en la causa penal 100/2014, del Juzgado Primero de Distrito de Matamoros, la PGR señala que el ex edil de Iguala José Luis Abarca dio la orden de detener a los estudiantes y que, cuando estuvieron en poder de Guerreros Unidos, fue “El Mochomo” quien tomó la decisión de matarlos.
“Los ‘policías bélicos’ se refieren a los policías municipales de Iguala e incluso sabe dónde los mataron y dónde los enterraron a los estudiantes y que esto fue en inmediaciones de Pueblo Viejo, Guerrero y que el que dio la orden que mataran a todas estas personas fue Ángel Casarrubias Salgado, alias el Mochomo”.
El pasado 8 de octubre en Cuernavaca, fueron detenidos los hermanos Ríos Sánchez. En ese momento, ya habían pasado cuatro días del hallazgo de las fosas con 28 cadáveres en Pueblo Viejo.
Un día después de sus detenciones, la PGR halló otras cuatro fosas con ocho cadáveres en las inmediaciones del rancho “La Sierpe”, en Pueblo Viejo, lugar al que se le conoce como La Parota.
Los resultados de los análisis periciales sobre los ocho cuerpos no han sido publicados, por lo que se desconoce la identidad de esos cadáveres.
Según el testimonio que dio ante la PGR, “El Gordo” afirmó que la instrucción de entregar a los estudiantes a los Guerreros Unidos se presentó porque entre aquellos había integrantes del cártel rival de Los Rojos. Los supuestos vínculos con la delincuencia fueron desmentidos por el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El encuentro se realizará a las 18:00 horas en el auditorio “Alejo Peralta”, del centro cultural de la Unidad Zacatenco, y será transmitido a través del canal 11 de televisión.
A seis semanas del inicio del paro en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), estudiantes y funcionarios federales instalarán hoy la mesa de diálogo público en la que se acordará la fecha para el regreso a clases.
El encuentro se realizará en el auditorio “Alejo Peralta” ubicado en el centro cultural de la Unidad Zacatenco a las 18:00 horas y será transmitido a través del canal 11 de televisión; mientras que la seguridad estará a cargo de los politécnicos, aunque personal de la SEP colaborará en la logística.
Los estudiantes descartaron la presencia de elementos policíacos y mucho menos armados, por lo que el personal designado por la Secretaría para labores de vigilancia estará en coordinación con los alumnos. Enrique Hernández, estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas informó que habrá una primera reunión entre autoridades y la comisión de logística de estudiantes a las 10:00 horas de hoy para ultimar detalles sobre la organización.
A las 13:00 horas se realizará una segunda reunión con la Comisión de Diálogo Público y funcionarios federales para acordar el formato de la mesa de negociación; aunque la SEP descartó este martes tener como moderadores a los periodistas Carmen Aristegui y Javier Solórzano como lo habían propuesto los estudiantes.
En esta reunión informarán a los estudiantes los nombres de los 15 representantes por parte de la SEP facultados para establecer acuerdos. En tanto, los 15 representantes estudiantiles fueron elegidos desde el 22 de octubre por los alumnos.
Al aceptar el diálogo, la Secretaría de Educación Pública condicionó que el primer acuerdo de la mesa será la fecha para el regreso a clases después de 41 días de parálisis en la institución.
En tanto, los alumnos buscarán el compromiso de la SEP para realizar el Congreso Nacional Politécnico cuyos acuerdos sean “vinculantes”, es decir, que lleven a reformas a la Ley Orgánica del IPN y al reglamento interno, toda vez que el desacuerdo sobre la aprobación de los planes y programas de estudio aprobados en septiembre originó el conflicto.
Hasta que consigan la recalendarización del ciclo escolar para no perder el semestre y las fechas de realización del Congreso, comprometido por escrito, podrán establecer una fecha para el regreso a clases, dijeron los alumnos.
El desacuerdo
Este lunes hubo una intensa negociación e intercambio de comunicados entre la Secretaría de Educación Pública e integrantes de la Asamblea General Politécnica para determinar la sede del encuentro, lo que mantenía atorada la decisión para instalar la mesa de diálogo. Mientras la dependencia insistía en que se realizara en la biblioteca Vasconcelos, ubicada en la colonia Buenavista, por considerarlo idónea para garantizar la seguridad de los asistentes, los estudiantes refutaron que “ninguna institución que imparta educación en nuestro país puede representar un lugar inseguro para cualquier persona y mucho menos el IPN”.
Luego de la sesión de la Asamblea General Politécnica realizada este domingo 2 de noviembre, los representantes de la escuela aprobaron iniciar el diálogo con la SEP siempre y cuando la dependencia aceptara que se realizara en Zacatenco, por lo que entregaron un documento con esta resolución a la SEP la mañana de este lunes 3 de noviembre.
“En aras de resolver la problemática que aqueja a la institución, damos por entendido que acudirán a la cita las autoridades pertinentes; ya que como lo han argumentado, su postura es la de dar solución a nuestras peticiones lo antes posible”, refiere el primer oficio.
Los alumnos decidieron esperar afuera del edificio de la dependencia ubicada en la calle de Brasil en el centro histórico, e incluso amagaron con instalar un plantón. “No nos vamos a ir sin una respuesta”, dijeron.
Poco después de las 14:00 horas, el subsecretario Fernando Serrano Migallón y César Becker, de la Unidad de Coordinación Ejecutiva, entregaron una nueva respuesta a los estudiantes en la quepidió dirimir las diferencias e instalar la mesa para el diálogo público el martes.
“Actuemos para que el IPN siga siendo la Institución de excelencia que México y la comunidad politécnica requieren. Acerquémonos para dirimir estas diferencias y procedamos entonces a instalar la mesa para el diálogo público”, dijo la SEP a través de un comunicado.
En el breve texto, la SEP expone que, lamentablemente, diferencias sobre la manera de integrar la mesa de diálogo y el lugar para que funcione han impedido concretar las pláticas, pero omitía señalar el lugar para dicha mesa.
Los estudiantes advirtieron que la respuesta era ambigua e insistieron porque la sede fuera en instalaciones del IPN. Alrededor de las 19:00 horas, nuevamente salió el subsecretario Serrrano Migallón y Becker, quien dio lectura al comunicado en el cual se aceptaba que el diálogo se realizara en Zacatenco y la seguridad estuviera a cargo de los alumnos.
También advirtió que era necesario que existiera paridad en la representación, es decir, que sean 15 integrantes tanto de la comunidad politécnica como del gobierno federal, pues los estudiantes contemplaban tener 15 negociadores, contra 10 gubernamentales.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
José Luis Abarca, contra quien pesan tres órdenes de aprehensión, fue detenido junto con su esposa en una casa de la delegación Iztapalapa.
Tras un pitazo, policías federales detuvieron la madrugada de este martes 4 de noviembre al alcalde Iguala y a su esposa, señalados por las autoridades de estar detrás de un ataque que derivó en la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, informaron funcionarios mexicanos.
El alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron arrestados en la calle Jalisco 27, colonia Santa María Aztahuacan, en Iztapalapa, en el límite del Estado de México y el Distrito Federal, en una operación en la que no se realizó ningún disparo, detallaron a AP dos funcionarios federales mexicanos bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hablar con la prensa.
De acuerdo con fuentes federales, dos vecinos del lugar llevaron a las autoridades a la casa donde estaba la pareja, que rentaba un cuarto a una mujer que no ha sido identificada. Asimismo, informaron que en el operativo participaron al menos 20 elementos de élite de la Policía Federal.
Posterior al anuncio de la detención, el gobernador sustituto de Guerrero, Rogelio Ortega —quien tomó el cargo tras la solicitud de licencia del perredista Ángel Aguirre—, se refirió a la detención de la pareja que hasta este momento está en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada(SEIDO), una dependencia de la Procuraduría General de la República (PGR), donde se les realizaron exámenes médicos previo a rendir su declaración.
En una conferencia de prensa, alrededor de las 13 horas, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que espera que “la detención (de Abarca y su esposa) contribuya a la investigación que está realizando la PGR”.
Abarca tiene tres ordenes de aprehensión. Una por homicidio calificado, debido a la muerte de tres personas en el ataque previo a la desaparición de los normalistas; una más por homicidio en grado de tentativa, por los 43 normalistas desaparecidos, y otra más por el asesinato de un líder local ocurrido en 2013.
Abarca y Pineda son señalados como los autores intelectuales del ataque de la policía municipal a normalistas el 26 de septiembre pasado, y la posterior intervención del grupo delictivo Guerreros Unidos, que derivó en la muerte de seis personas —entre ellas tres estudiantes— y la desaparición de los 43 normalistas.
El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ha dicho que la intención del ataque, que se registró el 26 de septiembre, fue evitar que los estudiantes se manifestaran contra la presentación de un informe de actividades de la esposa del alcalde, vinculada por las autoridades con el cártel de narcotraficantes de los Beltrán Leyva.
Karam ha dicho que todavía no se conoce el paradero de los jóvenes pese a que en la investigación en curso han aparecido por el momento nueve fosas con un total de 30 cadáveres. Según los informes preliminares, no pertenecen a ninguno de los 43 estudiantes desaparecidos, pero tampoco han sido identificados.
Un equipo de antropología forense argentino está realizando un segundo estudio de los restos para descartar posibles errores.
El 22 de octubre, Murillo Karam ofreció un relato detallado de los hechos que figuran por el momento en la investigación federal, que continúa abierta y ha destapado que el grupo de narcotraficantes de los Guerreros Unidos, una escisión del Cártel de los Beltrán Leyva, habían tejido una red de complicidades con varias alcaldías del estado de Guerrero: Iguala, Cocula e Ixtapan de la Sal, que implicaban tanto a funcionarios de la administración como a policías locales.
El procurador detalló que los Guerreros Unidos entregaban con periodicidad variable, semanal y mensual, entre 2 y 3 millones de pesos (entre 148 mil y 222 mil dólares) a las autoridades municipales. De ese dinero se pagaba la nómina de los policías.
El grupo delincuencial, cuyo principal operador era Pineda, hermana de dos responsables financieros del Cártel de los Beltrán Leyva, decidía incluso los ingresos de nuevos policías municipales.
Por el momento, 52 personas, entre policías, funcionarios municipales y miembros de los Guerreros Unidos están detenidas.
Respecto a los hechos del 26 de septiembre, la alcaldía temía que se produjesen incidentes el día que desaparecieron los estudiantes debido a que ya había antecedentes: en junio de 2013 la alcaldía de Iguala fue agredida durante un enfrentamiento entre personas afines al alcalde y un grupo de manifestantes entre los que se encontraban estudiantes de la misma escuela de los hoy desaparecidos.
El día de los incidentes, alrededor de las 6 de la tarde los estudiantes abordaron dos camiones en Ayotzinapa, tres horas más tarde llegaron a Iguala y tomaron dos unidades adicionales. En ese momento, los vigías que realizan labores de vigilancia para el crimen organizado, coludidos con la policía municipal y la alcaldía, reportaron los hechos al centro de mando de la policía municipal.
El alcalde y su esposa asumieron entonces que el grupo que se avecinaba se dirigía a sabotear la celebración del informe de actividades de la esposa del alcalde, responsable del órgano de defensa de la familia en la ciudad, y ordenaron a la policía que reaccionase para evitarlo. Tras un tiroteo que dejó seis muertos y una persecución, 43 estudiantes detenidos ingresaron a la cárcel municipal de Iguala.
De la cárcel municipal de Iguala, siempre según el relato del procurador, a los estudiantes se los llevó la policía municipal de Cocula, una localidad vecina a Iguala, también a las órdenes del grupo de los Guerreros Unidos.
Los agentes tomaron un camino de terracería hacia una zona conocida como Pueblo Viejo donde entregaron a los 43 estudiantes a miembros de los Guerreros Unidos y a partir de ese momento se les pierde la pista.
Se tienen identificados por lo menos a tres de los integrantes de los Guerreros Unidos que recibieron a los detenidos por los policías y el camino por el que fueron internados a un paraje.
El procurador ha dicho que el subjefe de la policía municipal de Cocula contactó al líder de los Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, detenido desde la semana pasada y que en su declaración ante las autoridades afirmó no haber hecho nada por evitar la desaparición de los estudiantes porque creyó que se trataba de un grupo de narcotraficantes rivales.
“Cientos de personas los buscan (a los estudiantes)”, ha declarado Murillo. “Es nuestra principal prioridad en este momento”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
El Estado mexicano, con problemas de corrupción, impunidad y de capacidad de control de sus propias fuerzas de seguridad pública. "Sus entrañas tienen que ser rescatadas", dijo el investigador.
El “pacto por la seguridad” es una agenda que, obviamente, no estaba diseñada por el gobierno de la República ni por algún otro gobierno, sino que es una agenda que impone la realidad, apuntó el investigador Mauricio Merino.
“Es el resultado de las ausencias que los gobiernos habían planteado y de repente, qué bueno que la sociedad esté despertando, que la gente esté saliendo a la calle, que por fin haya un acuerdo implícito entre una buena parte de los mexicanos para poner esta agenda por delante y no las agendas específicas que había venido planteando el gobierno”, expuso en entrevista para Noticias MVS primera emisión.
Lo primero es que es una agenda que el presidente tiene que tomar, digamos, obligadamente por las circunstancias, no porque le haya encantado la agenda. Esto es importante decirlo. De hecho el presidente no había tomado estos temas hasta ahora, es buena noticia sin embargo que reaccione ante las circunstancias, yo diría que un poco tarde, con un anuncio que no acaba de ser preciso, no hay un proyecto sobre la mesa, hay una promesa que lo habrá, pero al menos es una reacción y eso ya es bastante bueno”, subrayó.
En estos momentos, el Estado mexicano debe intentar salvarse a sí mismo, consideró.
“Es difícil ayudar a otros cuando uno mismo está mal y esto es lo que le está pasando al Estado mexicano. Tiene muchos problemas dentro de su propia operación. Problemas de corrupción, en efecto, problemas de impunidad, en efecto, problemas de capacidad de control de sus propias fuerzas de seguridad pública. Es decir sus entrañas tienen que ser rescatadas primero para poder, con el tiempo, cumplir su función hacia el resto de la sociedad”, puntualizó.
Si de eso se trata el llamado del Presidente por un pacto, vale la pena seguirlo, pero sin duda es necesario -sostuvo el investigador- modificar instituciones a fondo.
Para ello, sugirió modificar el sistema de justicia, a fondo, en materia de corrupción, así como tomar acciones contra la captura de los puestos públicos y de los programas públicos.
Esos temas han sido abandonados por el Estado durante años, y hoy le hacen imposible reaccionar frente a hechos como los de Iguala, Guerrero, acotó.
“Hay que barrer por todos lados”, ejemplificó.
Actualmente, “en un primer plano, el urgente, todos estamos esperando sobre estos casos terribles, que han despertado la conciencia de toda la sociedad, yo diría de todo el mundo. Sí necesitamos alguna respuesta sensata, articulada, creíble, bien construida de parte del Estado mexicano sobre los casos que nos han alarmado a todos. Eso es absolutamente necesario… El Estado mexicano no puede pasar de largo diciendo: bueno ya detuvimos al alcalde Abarca y ahí muere, no, necesitamos una construcción jurídica, política, muy bien hecha para que la sociedad encuentre una salida razonable a este problema que estamos viviendo”.
Mientras que en el largo plazo, hay que entrarle al problema de la impunidad -el cual no se arregla de un día para otro- por lo que se debe revisar el sistema de procuración y administración de justicia del país.
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El autor del libro "El cártel incómodo / El fin de los Beltrán Leyva...", expone los antecedentes de los Pineda Villa. "Gente de la delincuencia organizada llegó a comprar una franquicia, llamada alcaldía (de Iguala)", dijo.
Mario Pineda, El MP, y Alberto Pineda Villa, El Borrado, hermanos de María de los Ángeles Pineda Villa -esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca-, son conocidos desde hace años, pues están mencionados en la Operación Limpieza del 2008 -que emprendió el gobierno federal-, como los pagadores, es decir, los operadores financieros del cártel de Arturo Beltrán Leyva, que se encargaban de entregar 450 mil dólares mensuales a funcionarios de la PGR, expuso el periodista José Reveles.
Ese dinero era “para cobertura, para que les avisaran de cuando había operativos, para que los tuvieran alerta, y les dieran protección”, precisó en entrevista para Noticias MVS primera emisión.
Así lo señala un documento del 29 de julio de 2014, donde se les menciona a los hermanos Pineda Villa, por el caso de Edgar Valdez Villarreal, La Barbie.
En las conclusiones acusatorias por dicho caso, “se menciona, en un párrafo, que ellos (los hermanos) le daban 150 mil dólares, también a Luis Ángel Cabeza de Vaca, que era el secretario de Seguridad Pública de Morelos”.
Con base en declaraciones de la Barbie, se apunta que los Beltrán Leyva -desde 2005 hasta diciembre de 2009- controlaban a las autoridades que les brindaban protección para la organización en el estado de Morelos.
Según dicha declaración, Cabeza de Vaca coordinaba a los comandantes a su cargo, para que enviara patrullas -dos o tres veces por semana- a la zona donde los integrantes de los Beltrán Leyva hacían reuniones o fiestas.
“Sabían que se le pagaba a través de Alberto Pineda Villa, alias el Borrado, la cantidad de 150 mil dólares mensuales, y fue aproximadamente en el mes de septiembre del año 2007, en Cuernavaca, Morelos, en una casa de Arturo Beltrán Leyva, fue donde conoció personalmente a Cabeza de Vaca, en la que se encontraban entre otros Alberto Pineda Villa, alias El Borrado, Mario Pineda Villa, El MP, Jesús Nava Romero, alias el Rojo, y Efraín Beltrán, hermano o medio hermano de Arturo Beltrán”, citó el periodista la declaración de La Barbie.
“Están dando todo el esquema, están dos personajes, hermanos, que luego fueron liquidados en septiembre de 2009, supuestamente por un pleito con Arturo Beltrán. Y el otro elemento, Jesús Nava Romero, él murió el día que mataron a Arturo Beltrán en Cuernavaca, ahí mismo… los condominios Altitude”, apuntó Reveles.
Esa declaración ministerial se retomó hace unos meses, a propósito de un supuesto convoy que acompañaba a La Barbie en La Marquesa; sin embargo, fotos y videos desmienten la versión que dio Genaro García Luna sobre la detención del narcotraficante.
El narco tomó la alcaldía
Sobre la detención del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, Reveles señaló que ya pasaron los tiempos en los que decían que un candidato o funcionario era corrompido o sobornado por la delincuencia, con el famoso: “plata o plomo”.
“Ahora fue al revés, gente de la delincuencia organizada llegó a comprar una franquicia, llamada alcaldía“, consideró.
Además, indicó que como alcalde, Abarca apoyó la campaña del gobernador Ángel Aguirre.
Y señaló que ambos personajes -Abarca y su esposa- se cobijaron bajo el paraguas del PRD.
Expuso que ambos no sólo son dueños de joyerías en Iguala -donde tienen un centro comercial-, sino que son dueños de joyerías en toda la frontera norte del país -Reynosa, Laredo, Ciudad Juárez, Tijuana-, que hace pensar en lavado de dinero.
“Hay que buscar los circuitos financieros, hay que buscar en donde anda el dinero, ahí está, en joyerías por ejemplo”, explicó.
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Han inspeccionado 118 puntos, de áreas urbanas y rurales, como hospitales, escuelas, iglesias, internados e incluso cárceles, además de ranchos, huertas, presas, ríos, lagunas, cuevas, cavernas, cañadas y minas.
El gobierno federal informó que busca a los 43 normalistas en “8 cuadrantes de localización, en función de la cronología de los hechos suscitados la noche del 26 de septiembre”, en Iguala, Guerrero.
En un comunicado de la Secretaría de Gobernación, se detalló que “los cuadrantes de búsqueda abarcan una distancia de hasta 100 kilómetros desde el centro del municipio de Iguala”.
Y puntualizó que la búsqueda se ha sustentado en tres grandes estrategias:
1- La integración, sistematización, organización, clasificación, procesamiento y explotación de toda la información relacionada con los hechos.
2-La implementación de metodologías de búsqueda apegadas a procedimientos internacionales y nacionales plenamente acreditados, con base en los cuales se determinaron 8 cuadrantes de localización.
3- El despliegue de equipos interinstitucionales de búsqueda con todas las capacidades logísticas, operativas, tecnológicas y de inteligencia para la investigación y localización, con atención a las líneas derivadas de las actuaciones ministeriales y de las señaladas por familiares, amigos y compañeros de los normalistas no localizados.
El gobierno señaló que “para dotar de pluralidad a los trabajos de búsqueda, se han conformado brigadas compuestas por la Policía Federal, agentes del Ministerio Público Federal y, sobre todo, por familiares o personas cercanas a los estudiantes“.
Indicó que se han efectuado búsquedas en diversos municipios, principalmente de las zonas Norte y Tierra Caliente del estado de Guerrero, entre los que destacan: Iguala, Chilpancingo, Taxco, Cocula, Huitzuco, Buenavista de Cuéllar, Coyuca de Catalán, Apaxtla, Tepecocuilco, Cuetzala y Tlalixtaquilla, entre otros.
Reunión con familiares
La Segob también informó sobre la reunión del lunes con padres de los normalistas desaparecidos.
Apuntó que dicho encuentro fue para instalar la Comisión Mixta de Seguimiento e Información, acordada el miércoles 29 de octubre con el presidente Enrique Peña Nieto.
“Esta Comisión tiene el propósito de establecer mecanismos ágiles para proporcionar información a padres de familia, estudiantes, abogados y representantes de organizaciones civiles con el fin de respetar su derecho a coadyuvar con la investigación”, precisó.
Contrario a lo que afirman los padres -quienes rechazaron que se haya instalado la comisión-, la Segob apuntó que la Comisión queda integrada por:
Padres de Familias: Cruz Bautista Salvador, Carmelita Cruz Mendoza, Lardo Flores Vázquez, María Concepción Tlatempa, Jaime Arzate García, Felipe de la Cruz Sandoval, Melitón Ortega Carlos y Emiliano Navarrete.
Alumnos: David Flores Maldonado, Agustín Chocolate, Manuel Vázquez Arellano y Luis Uriel Gómez Avelino
Organizaciones civiles: Miguel Álvarez Gándara, Dolores González Sarabia y Alberto Solís Castro por parte de Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ); Abel Barrera Hernández y María Luisa Aguilar en representación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Empresa contratada por el Gobierno del Estado de Nuevo León para el mantenimiento del sistema de vigilancia reconoce que hay zonas que son puntos ciegos, porque las cámaras no tienen señal.
Cerca de la mitad de las cámaras operadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no graban evidencias.
Según un reporte de mantenimiento, en poder de Reporte Indigo, al menos el 40 por ciento no tiene señal o sistema de grabación.
Esta videovigilancia cuenta con 554 aparatos de monitoreo en las principales calles y avenidas, las líneas del Metro y corporaciones policíacas.
El informe oficial revela que 181 cámaras no cuentan con señal, otras 67 no tienen sistema de grabación, lo que suman 248 dispositivos inoperantes, contra 306 que sí funcionan y graban.
Este reporte fue realizado apenas el pasado 28 de octubre a las 8:30 horas y se aplica de manera diaria por el Centro de Coordinación Integral de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-5), del Estado.
El documento señala a la empresa Kernel Conectividad Productiva S.A de C.V. de no efectuar el mantenimiento adecuado en el sistema de vigilancia urbano.
La factura con número de póliza P-3471, fechada el 14 de octubre de este año, indica que por el servicio preventivo del sistema de seguridad se cobró en 3 millones de pesos por sólo tres meses.
Trabajo que, según el reporte oficial, es deficiente porque al menos el 40 por ciento de las cámaras no graba evidencias.
La compañía tiene el número de proveedor 8268 en la lista de contratistas del Gobierno del Estado.
El reporte oficial indica que la misma compañía está en proceso de la instalación de más cámaras de seguridad en la denominada “Etapa 7”.
También, el informe dice que las cámaras ubicadas en Morones Prieto y en Venustiano Carranza, donde ocurrió el atentado a balazos la semana pasada, no funcionan.
Además, todo el sistema de vigilancia sobre la avenida Gonzalitos está sin señal, así como Paseo de los Leones, Rangel Frías e Insurgentes.
En entrevista, el encargado del departamento de calidad de la empresa Kernel Productividad, Gabriel González, reconoció que el sistema de vigilancia presenta fallas por diferentes motivos.
“Sí tenemos (fallas), como cualquier mantenimiento al sistema, hay diferentes situaciones por las cuales pueden fallar y es difícil tenerla al 100 por ciento. Tenemos fallas de visualización por la lluvia que afecta y robo de cable”, dijo González.
Añadió que el tiempo de respuesta para una reparación varía mucho para “levantar” una imagen.
“Puede ser de inmediato si es menor, estoy hablando de tres a cuatro horas, pero cuando son fallas mayores pueden ser de semanas y meses”, explica González.
El lunes 27 de octubre, atacaron a balazos al líder de la CNOP de Monterrey, Humberto Reyes Martínez, atentado que cobró la vida de tres personas.
Ante esto, la Procuraduría de Justicia del Estado inició una investigación basada en los videos de las cámaras de seguridad, que están sobre la calle Venustiano Carranza.
Sin embargo, agentes de la Policía Ministerial especializados en homicidios tuvieron que apoyarse con negocios privados de la zona, para que les facilitaran las cintas de sus cámaras particulares.
Y con esos videos ubicar a los sicarios que atentaron con armas de grueso calibre contra el líder ceneopista.
Pero los agentes no cuentan con videos propios que puedan ayudar en la investigación de este ataque.
Incluso, Jorge Domene Zambrano, jefe de la Oficina Ejecutiva del gobernador y vocero de Seguridad, reconoció que no había cámaras del Estado en la zona donde ocurrió el homicidio de tres integrantes del Sindicato de burócratas municipales, donde fue herido el líder de la CNOP.
El informe confirma que el Estado no tiene cámaras funcionando en Venustiano Carranza.
Sólo operan las instaladas sobre un semáforo en el cruce de con la calle Hidalgo.
Pero éstas pertenecen al Municipio de Monterrey, y son operadas a través del C-5 estatal, en conjunto con el C-4 de la Policía regia, según informó la alcaldesa Margarita Arellanes.
El procurador Adrián de la Garza solicitó apoyo del Municipio de San Pedro y de Monterrey, para que facilitaran los videos a los agentes estatales.
“Estamos solicitando esa intervención, estamos seguros que van a cooperar con nosotros. Obviamente que hay otras cámaras que por razón de formalidad tardan un poco más en ser conseguidas, pero ya tenemos acceso a algunas”.
El mismo día del ataque, los agentes solicitaron los videos de las cámaras de seguridad del restaurante El Arbolito, donde presuntamente comieron los involucrados en el atentado.
“Sí estuvieron ahí, estuvieron los cuatro juntos, iban regularmente al negocio, aproximadamente una vez al mes”, expresó Adrián de la Garza.
El pasado 29 de octubre el Municipio de San Pedro entregó a la Procuraduría Estatal algunos videos que podrían dar a conocer algunos detalles del atentado hacia el líder.
El alcalde Ugo Ruiz Cortés reveló que entregaron imágenes de algunas cámaras de San Pedro, para coadyuvar en las investigaciones.
Aunque Nuevo León enfrenta desde hace siete años una guerra entre cárteles, no cuenta con un sistema de vigilancia eficaz que ayude a prevenir delitos de alto impacto o ubicar a los delincuentes.
El reporte oficial de las cámaras de seguridad detalla las zonas ciegas.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JESÚS PADILLA
