miércoles, 5 de noviembre de 2014

…Y diputados acusan: Peña Nieto “sabe dónde están”

MÉXICO, D.F: Diputados federales de Guerrero revelaron que el gobierno federal conocía desde hace tiempo la presencia de la delincuencia organizada en la entidad, además de sostener que el presidente Enrique Peña Nieto “sabe dónde están” los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por lo que pidieron al mandatario que “nos los entregue”.

Al fijar el posicionamiento sobre el caso de los normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre y luego de escuchar el informe preliminar de la comisión especial de legisladores sobre el tema, Catalino Duarte, diputado por el PRD, dijo desde su curul que “oportunamente” se le informó de manera oficial al secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong) y al titular de la Procuraduría General de la República (Jesús Murillo Karam) “informes sobre lo que estaba pasando en la entidad.

“Los diputados tenemos en nuestro poder documentos oficiales en los que oportunamente informamos a Osorio Chong y al procurador de lo que estaba pasando en la entidad”, sostuvo.

Luego reclamó que partidos pro gobierno traten de exculpar a Peña Nieto del caso. “Se trata de delitos que tienen que ver con la delincuencia organizada y el pueblo de México sabe que tratándose de la delincuencia organizada le corresponde al gobierno federal atender el tema”.

Al recibir reclamos y chiflidos de parte de los legisladores del PVEM, Duarte dirigió su discurso a la ahora diputada del Verde Ecologista y experredista Ruth Zavaleta:

“Le preocupa el hecho de que le diga que Héctor Beltrán Leyva era, no sé si recuerde quién era su operador financiero… el señor (Germán) Goyeneche, un militante del Partido Verde, y que valdría la pena pidieran también se investigara, porque seguramente esta fracción sabe del tema”.

El perredista fue más allá al denunciar que “nos preocupa mucho la postura de algunos actores políticos que centren el tema en Iguala. Tenemos documentados cientos y cientos de hechos que tienen que ver con la delincuencia organizada y Manuel Añorve (vicecoordinador del PRI) lo puede corroborar cuando fue presidente municipal de Acapulco”, fustigó.

Siguió la diputada, también de Guerrero por el PRD, María del Rosario Merlyn García, quien consideró que el gobierno federal sabe dónde están los estudiantes. Y demandó que ya los entregue.

“A nombre de los estudiantes de Ayotzinapa, a nombre de la humanidad, que el presidente de la República nos los entregue, él tiene la información y sabe dónde están. Porque la Gendarmería le informa de cada momento que actúa, cada momento que se mueve”.

La diputada guerrerense, en tono desesperado, relató que los 600 civiles “desarmados” que han participado en las búsquedas le han comentado que por lo menos en tres lugares donde se les ha dicho que pudieran estar los jóvenes, a punto de arribar al lugar, los elementos de la Gendarmería truncan la búsqueda bajo el argumento de que ya es tarde.

Incluso, reveló que en una ocasión en que no quisieron llegar al punto final, al siguiente día que regresaron y lograron por fin arribar al lugar, encontraron por lo menos 20 colchonetas y comida recién comprada. Lo anterior, sostuvo, “porque ya habían sido movidos los jóvenes”.

“Aquí hago un llamado y el exhorto a la Presidencia de la República y a la Procuraduría y a la Secretaría de Seguridad Pública para que dejen de obstaculizar el encuentro y la entrega de estos jóvenes. La Gendarmería, en lugar de ayudar, está previniendo, o parece ser, avisando que ya van a encontrarlos”, acusó.

Antes, el diputado panista y presidente de la comisión especial, Guillermo Anaya, denunció que detectaron “garrafales errores en la búsqueda, como el de no actuar puntualmente como lo establecen los protocolos internacionales de organismos de derechos humanos, pues en casos de este tipo es vital la actuación de la autoridad en las primeras 72 horas, pues una desaparición forzada tiene por lo menos tres elementos básicos: privación de la libertad, que la privación haya sido hecha por particulares o por la autoridad y, tercero, la negación del paradero”.

Tanto el fuero común como el federal, sostiene la comisión, cometieron graves “irregularidades graves” en las investigaciones sobre las desapariciones forzadas.

Pero como en el reporte nunca se establece una acusación de que se trató de una “desaparición forzada”, el panista José Alfredo Botello sí aclaró que se trata de una desaparición forzada.

Mientras, falta que la comisión se entreviste con las víctimas, estudiantes y padres de familia, sin embargo, éstos no han querido reunirse con los legisladores, pues no confían en los políticos ni en los distintos órdenes de gobierno, reconocieron desde tribuna los representante de Panal, PRD, PT y MC.

En tanto, PRI y PVEM se esforzaron en enaltecer el gobierno de Peña Nieto por haber anunciado la detención de José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, y de su esposa María de los Ángeles Pineda, los autores intelectuales, según la PGR, del ataque y desaparición de los normalistas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

Ya tienen a los Abarca y su encubridora, pero normalistas siguen sin aparecer

MÉXICO, D.F: Noemí Berumen Rodríguez es acusada por la Procuraduría General de la República (PGR) del delito de encubrimiento al prestar auxilio al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, señalados como los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre.


En conferencia de prensa –sin dar pormenores sobre la indagatoria realizada al matrimonio Abarca-Pineda y a la misma Berumen Rodríguez–, el procurador Jesús Murillo Karam se limitó a describir la detención.



El funcionario indicó que se llevó a cabo a las 2:30 horas de este martes, en un operativo simultáneo con el instrumentado por la Policía Federal para capturar al matrimonio en la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México.

Agregó que la razón por la que se empezó a sospechar de Berumen Rodríguez fue que –sin motivo aparente– parecía entrar a una casa abandonada, ubicada en el número 27 de la calle Jalisco, en la colonia Santa María Aztahuacán.

Monte Alejandro Rubido García, comisionado nacional de Seguridad, indicó que la ubicación de José Luis Abarca comenzó a partir de que solicitó licencia a la presidencia municipal de Iguala.

En ese momento inició la investigación de los distintos bienes inmuebles a nombre de él, de su esposa y la familia en Guerrero y otras entidades del país.

Con base en las indagatorias, las autoridades precisaron que las dos plazas donde existía mayor posibilidad de encontrar a los ahora detenidos eran Monterrey, Nuevo León y la Ciudad de México.

Esta información se complementó con un diagrama de vínculos de familiares, amigos y socios para establecer una lista de aproximación a los objetivos.

En esa lógica, explicó el funcionario, se montaron discretas vigilancias y seguimiento a las personas que entraban y salían de los domicilios de los inmuebles identificados. Así comenzó a cobrar relevancia el nombre de Noemí Berumen Rodríguez y se montó un operativo para vigilarla.


La investigación remitió a las autoridades a tres domicilios ubicados en la delegación de Iztapalapa, al oriente del Distrito Federal.

Con un operativo puntual de vigilancia se establecieron tres grupos de trabajo, cada uno integrado por 20 elementos de la Policía Federal y agentes del Ministerio Público. Con esa vigilancia se lograron las tres detenciones la madrugada de este martes.

Luego de su aprehensión, José Luis Abarca Velásquez y María de los Ángeles Pineda Villa fueron llevados a la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada de la PGR (SEIDO), donde continuaban rindiendo su declaración ante el agente del Ministerio Público Federación, hasta el cierre de esta edición.

De acuerdo con la PGR, Abarca y Pineda son los operadores en Iguala del grupo delictivo Guerreros Unidos, al que presuntamente fueron entregados los estudiantes a manos de agentes de policía municipal de Cocula.

Los que faltan

Felipe Flores, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno municipal de Abarca, también es señalado como autor intelectual del ataque y posterior desaparición de los jóvenes normalistas. Actualmente se encuentra prófugo.

Según la PGR, entre los personajes claves que faltan por detener en el caso, está El Cabo Gil, quien supuestamente dio la orden de “levantar” a los estudiantes.

El pasado 31 de octubre, El Gil –señalado por el gobierno federal como lugarteniente del líder del grupo delictivo Guerreros Unidos–, retó a las autoridades federales y al presidente Enrique Peña Nieto, al asegurar que los estudiantes están vivos.

En un mensaje difundido en una lona, aseguró estar dispuesto a entregarse a las autoridades luego de que el gobierno federal detenga a 80% de la estructura principal de esta banda criminal conformada presuntamente por alcaldes de la zona norte de Guerrero y el sur de Morelos, así como por Federico Figueroa, el hermano del cantautor Joan Sebastian.

El mensaje dirigido a Peña Nieto, aseguró que de nada sirve la detención de Sidronio Casarrubias Salgado, porque la mayoría de los operadores del grupo Guerreros Unidos siguen libres.

El Gil pidió actuar contra los alcaldes y directores de Seguridad Pública de los municipios de Taxco de Alarcón, Huitzuco, Tepecoacuilco, Apaxtla, Teloloapan y Cocula.


También exigió ejercer acción penal en contra un capitán y un teniente del 27 Batallón de Infantería –identificados sólo como “Barbosa” y “Crespo”–, y contra Federico Figueroa, actual delegado de la Sedatu en la entidad, Héctor Vicario, y al resto de los hermanos del capo fundador de la organización, Mario Casarrubias y a los miembros de Los Peques o Los Tilos, identificados como uno de los brazos armados de la banda delincuencial.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.

Difunden video de la captura de exalcalde de Iguala y su esposa

MÉXICO, D.F: Un video que circula en YouTube muestra los momentos en que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa son detenidos en su escondite en una vivienda en la delegación Iztapalapa.


En la grabación de 1:59 minutos que no tiene sonido, se observa a la esposa de Abarca recogiendo sus pertenencias, en el interior de la casa, antes de ser trasladados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR.

El video, titulado “Captura de José Luis Abarca” subido por la usuaria Rosa Castro, capta a los elementos de la Policía Federal mientras despliegan un fuerte operativo de seguridad alrededor de la casa ubicada en la calle Jalisco 27, colonia Santa María Aztahuacán.

La grabación concluye con una imagen de Abarca custodiado por elementos federales.


El exedil y su esposa fueron capturados esta madrugada en una casa que parecía abandonada en la delegación Iztapalapa.



FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

‘La magia del cine’

Grupo México promueve en video las acciones que realizan para limpiar el derrame en el río Sonora. Los habitantes de la región se quejan aún de que hay zonas en las que todavía no tienen agua potable.

Las luces se apagan y en la enorme pantalla del cine aparece la imagen del río Sonora con su caudal anaranjado.

Es Cinemex, la empresa que hace cuatro años, Germán Larrea Mota –accionista mayoritario de Grupo México- decidió comprarle a The Carlyle Group por 3 mil 500 millones de pesos.

En dos segundos, la escena cambia a un impecable río con música instrumental de fondo. Una voz en off asegura que el manto acuífero en el que hace casi tres meses la minera Buenavista, propiedad de Grupo México, derramó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico está ahora limpio. Que trabajaron duro para conseguirlo.

En poco más de dos minutos, el comercial muestra a un grupo de temerarios hombres que pese a que la Conagua determinó que el río estaba contaminado con arsénico, cadmio, cobre, cromo y mercurio, limpian el agua armados solo con botas de plástico y mucha voluntad.

La magia del cine, el slogan de la cadena que mantiene poco más de un tercio de las asistencias del país, traspasa la pantalla. Termina el comercial y comienza la película. 

> 17 julio
Vecinos del barrio conocido como “El Hoyo”, ubicado apenas a unos metros de la extractora Buenavista del Cobre en Cananea, advierten de la contaminación que se generó desde que reabrió la mina en 2010.

> 7 de agosto
Un defecto en los estanques de contención de la mina Buena Vista del Cobre, en Cananea, provoca el derrame de 40 mil metros cúbicos de aguas residuales con ácido sulfúrico, el cual es usado para extraer el metal de las rocas molidas.

> 11 de agosto
El delegado estatal de la Conagua, César Lagarda Lagarda, informa que Grupo México ocultó por uno o más días el derrame de los tóxicos en el río Sonora.

“La empresa ocultó deliberadamente la falla”, añadió el funcionario.

> 14 de agosto
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) impone una multa de un millón 200 mil pesos a Grupo México por el derrame de 40 mil litros cúbicos de aguas residuales con ácido sulfúrico al río Sonora.

> 18 de agosto
La Profepa interpone una denuncia penal en la Procuraduría General de la República (PGR) contra quien resulte responsable, cuya pena podría ir de uno a nueve años de cárcel.

> 20 de agosto
Un grupo de extrabajadores de Buenavista del Cobre cierran los accesos a la mina de Cananea para exigir a la Federación que retiren la concesión al Grupo México.

> 28 de agosto
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) levanta la restricción de 519 pozos de uso agropecuario en el río Sonora.

> 3 de septiembre
El secretario de Gobierno, Roberto Romero, informa que 50 pobladores de la zona ribereña del río Sonora presentaron una demanda colectiva ante autoridades judiciales federales en contra del Grupo México.

> 3 de octubre
El daño ambiental que Grupo México causó en Sonora, tras el derrame tóxico, asciende al menos a mil 800 millones de pesos, según la estimación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

> 7 de octubre
Habitantes del municipio de Ures bloquean la carretera que conecta la capital de Sonora con la del Río Sonora, la zona afectada con el derrame de tóxicos ocurrido en la Mina Buenavista del Cobre.

Los manifestantes aseguran que el agua reparte el Grupo México ha provocado daños a la salud por el alto contenido de cloro.

> 16 de octubre
La Profepa informa que a más tardar el próximo 27 de octubre Grupo México deberá presentar a la

Semarnat los trabajos de limpieza que se han hecho en los ríos Sonora y Bacanuchi, así como los labores pendientes.

3 medidas tiene pendientes la minera de Germán Larrea:
1. Materia de impacto ambiental, 
2. Residuos peligrosos

3 . Emisiones a la atmósfera

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.

Marchan en tierra por 'cielos abiertos'

Trabajadores aéreos protestan para evitar que líneas extranjeras operen vuelos domésticos dentro del país. No es equitativo, dicen.

Pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra protestaron en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para exigir que se posponga la política de “cielos abiertos” que permitiría a las aerolíneas extranjeras operar vuelos domésticos.

Los manifestantes aseguraron que no hay condiciones equitativas para competir con las aerolíneas estadounidenses, ya que mientras en México hay apenas 318 aviones comerciales, las aerolíneas de Estados Unidos cuentan de 7 mil; en tanto, en México se generan 158 mil empleos en el sector, y en el vecino país del norte 9.3 millones.

Los sindicatos de pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra, cuyos integrantes marcharon por la Terminal 2, informaron que a partir de mañana y hasta el próximo viernes se negociará el convenio bilateral entre México y EU, donde se definirá la política de “cielos abiertos”.

Demandaron a la subsecretaria de Transporte, Yuridia Mascott, que se detengan las negociaciones hasta que exista una política aeronáutica que garantice competencia en igualdad de condiciones y otorgue “inmunidad antimonopolio” por porte del DOT a las aerolíneas que lo soliciten.

Exigieron que el Departamento del Trabajo de Estados Unidos les otorgue inmunidad antimonopolio, un mecanismo que permitiría a las aerolíneas mexicanas aliarse con las de EU y Europa para vuelos internacionales. 


En la protesta, los trabajadores del aire fueron apoyados por miembros del sindicato de la UNAM y de telefonistas.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

Pobreza y raquítico sistema de salud, ponen en riesgo de muerte a indígenas embarazadas

ZAACHILA, Oax: La falta de cama en el hospital para la atención de una emergencia obstétrica, sumada a una dudosa intervención quirúrgica posparto, derivó en la muerte de la indígena oaxaqueña Eusebia Reyes Gaspar.

A la tragedia de su fallecimiento siguió el abandono gubernamental para sus dos hijas y un hijo. Con la muerte de Eusebia, inscrita como titular del programa Prospera, el apoyo económico fue cancelado a los menores de edad.

El 13 de mayo anterior el pensamiento de Miguel Gaspar se inundó de pesadumbre. No llegarían a tiempo para recibir atención médica, imaginó. Con ocho meses de embarazo, Eusebia esperaba a su cuarto hijo. De pronto, un fuerte dolor en el pecho la sorprendió.

Zona de marginación

Vista desde la cabecera municipal de Zaachila, la casa de Eusebia se observa como un diminuto destello que se abre paso entre árboles en lo alto del cerro. Una hora de camino entre brechas zanjadas en zigzag y el cruce de un río separan la casa del lugar más próximo de auxilio.

El reloj marcaba las dos de la mañana cuando llegaron a donde inicia el paso de vehículos. El reto ahora era encontrar alguno que los llevara a la clínica particular –donde Eusebia acudía periódicamente para el control de su embarazo–, localizada a otra media hora de camino.

A pesar de su precaria situación económica, a Eusebia y Miguel, su esposo, les resultaba más accesible el servicio privado porque ir al sector público implicaba desplazarse hacia el Hospital Civil Doctor Aurelio Valdivieso (de los Servicios de Salud de Oaxaca), en la capital del estado, a casi dos horas y media de distancia en transporte colectivo.

Además de la lejanía, el costo sólo por pasaje era dos veces más alto, explica Miguel, quien vive de la venta de leña y carbón.

El médico que atendió a Eusebia informó que tenía la presión alta. Después de estabilizarla la envió de regreso a casa con la indicación de reposo. La familia retornó a la agencia municipal La Cañada y tres horas más tarde volvió el dolor en el pecho.

Eusebia hizo el mismo recorrido hacia Zaachila, pero ahora hacia el centro de salud, de donde la canalizaron de emergencia al Hospital Civil para la realización de una cesárea. Al ingresar, el 13 de mayo, le informaron que tendría que esperar porque no había camas disponibles.

A Eusebia la dejaron sentada a la espera de quirófano para practicarle la cesárea. Fue hasta el día siguiente, el 14 de mayo, cuando fue operada. El médico en turno dijo a Miguel que tanto su esposa como su hija estaban en perfecto estado de salud.

El 15 del mismo mes Miguel fue informado de que Eusebia nuevamente entraría a quirófano. “Dijo el doctor que la iba a operar otra vez porque la iban a ligar. Yo le pedí al doctor que no la operara, pero él me dijo que mi esposa ya había autorizado. Que habían hablado con ella y estaba de acuerdo en ligarse para no tener más hijos”, cuenta.

El viernes 16 el diagnóstico del estado de salud de Eusebia dio un giro inesperado.

“Me pidieron plaquetas porque no dejaba de sangrar. Me dijeron que estaba grave. Yo reclamé al doctor y le recordé que no quería que la operaran. Ya no pude hablar con ella ni supe nada hasta el domingo 18 en la madrugada, cuando me hablaron para decirme que ya no se podría hacer nada y que mi esposa se iba a morir”, relata.

Desde el ingreso de su esposa al hospital, Miguel ya no pudo tener comunicación con Eusebia y sólo sabía de su estado de salud a través de informaciones del personal médico.

En el expediente 547188 del Hospital Civil que posteriormente fue entregado a Miguel, quien es analfabeta, se establece que Eusebia sufrió síndrome de HELLP, una complicación obstétrica severa considerada como una variedad de preeclampsia que aparece durante la etapa tardía del embarazo y en ocasiones después del parto.

En el acta de defunción se especifica que Eusebia falleció el 18 de mayo a las 7:50 horas. Se asienta que la mujer sufrió “choque múltiple cuatro días, coagulación intravascular diseminada cuatro días, choque hipovolémico cuatro días, hemorragia obstétrica cuatro días, preeclampsia severa cinco días”.

Entre la información oficial y lo notificado a Miguel durante el tiempo en que Eusebia estuvo en el hospital hay contradicciones que nunca fueron aclaradas.

Por un lado, el acta de defunción señala que su estado de salud se complicó desde el segundo día de su ingreso, atribuido directamente a su embarazo.

Sin embargo, a Miguel le notificaron que después de la cesárea el estado de salud de su esposa era bueno y que se había complicado a partir de la operación en la que presuntamente le realizarían una salpingoclasia o ligadura de trompas de falopio.

Más casos

El deceso de Eusebia se enmarca entre las 25 muertes maternas (MM) ocurridas en Oaxaca hasta la semana epidemiológica 42 (enero a octubre de 2014). Durante este año, suman 14 los municipios ubicados como focos de atención por su alta incidencia de MM.

Santa Inés del Monte es uno de ellos. De la misma manera que Eusebia, “Paulina”, hija de Gloria Gaspar, hermana de Miguel Gaspar, falleció por muerte materna en 2010.

“Paulina” tenía 16 años. Gloria sólo recuerda que el embarazo de su hija se complicó casi al término. Ya en el hospital, la adolescente murió y su hijo quedó al cuidado de Gloria, quien además del nieto, de nombre Baldomero, tiene otros cinco hijos a su cargo.

La mujer es viuda. La única fuente de ingresos para la manutención de sus hijos –que como en escalera van de los 14 a los cuatro años de edad– son los recursos del programa Prospera, antes Oportunidades que, con el cambio de denominación y reglas, el próximo año restringirá el recurso económico para sólo tres de sus hijos.

“No sé qué sea, no sé por qué nos toca esto a nosotros, pero aquí ya sumamos dos mujeres muertas por embarazo”, señala.

En la lista de municipios con alta MM también están San Bartolomé Ayautla, San Blas Atenpa, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, Chahuites, San Pedro Guamelula, San Miguel Soyaltepec, San Felipe Jalapa de Díaz, Santa María Huatulco, San Antonio Tepetlapa, Santa María Tonameca, Santiago Amoltepec, Santiago Juxtlahuaca, así como San Pedro y San Pablo Ayutla.

Un análisis realizado por Martha Castañeda Pérez, antropóloga física con maestría en salud pública, indica que las mujeres indígenas son las más desprotegidas en lo que se refiere a atención de los gobiernos federal y estatal.

En las regiones indígenas de los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero las tasas de MM en 1999 doblaron y hasta quintuplicaron la media nacional.

Las instituciones públicas de salud, establece el estudio, no cuentan con la infraestructura necesaria, no disponen de vehículos para el transporte de emergencia y tampoco tienen dinero para cubrir los gastos de gasolina y honorarios del chofer.


Entre 2000 y 2002, cerca de 41.4% de estas mujeres fallecieron en un hospital; 52.6% en su casa, y el 6% restante murió durante el traslado a una clínica u hospital.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CITLALLI LÓPEZ (REPORTAJE ESPECIAL)

Recriminan en el Senado ineficacia peñista en caso Guerrero

MEXICO, D.F: Por mayoría de votos, y en medio de un agrio debate sobre la responsabilidad del gobierno federal en la crisis de Guerrero, el pleno del Senado declaró improcedente la petición de la desaparición de poderes en esa entidad, solicitada por el PAN, al considerar que no se reúnen los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 76 de la Constitución.

El dictamen de la Comisión de Gobernación enunció las gestiones realizadas por el grupo de senadores designados para investigar las condiciones de la entidad.

Ese grupo fue integrado por Fernando Yunes Márquez, del PAN; Benjamín Robles Montoya, PRD; Carlos Puente, PVEM; la senadora Mónica Arriola, del Panal, y el priista Omar Fayad.

Durante el debate –que extrañamente no fue transmitido por la señal del Canal del Congreso– los legisladores derivaron la discusión sobre la situación generada tras la aprehensión del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y la crisis nacional detonada por la desaparición de los 43 normalistas.

La senadora del PRD, Dolores Padierna, afirmó que la desaparición de los 43 normalistas y el asesinato de otras seis personas ese 26 de septiembre en Iguala se pudieron evitar, pero los gobiernos federal y estatal “no atendieron las señales de alarma que sus propias cifras les daban”.

“La impunidad fue el preámbulo de la barbarie en Iguala. Estamos frente al fracaso de un modelo que ha sometido al país al poder de los criminales”, afirmó la vicecoordinadora de la bancada perredista, quien también recriminó al presidente Enrique Peña Nieto que, “frente a la tragedia, siga ofreciendo montajes mediáticos con fotografías para un Pacto dos”.

La senadora del PT, Layda Sansores, exigió la renuncia de Peña Nieto e hizo un llamado para que no se desvíe la atención en el punto fundamental: la desaparición y localización de los 43 normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos.

Sansores insistió en que la crisis de Guerrero no es un asunto solamente local. “Hay responsabilidades también de la PGR, de la Secretaría de Gobernación, del Cisen, en suma, de todo el gabinete de seguridad, incluido el Ejército que conoce a milímetro el estado de Guerrero y sabe qué pasa en tiempo real”. “¿Para qué 130 mil millones de pesos al combate a la inseguridad?”, reprochó Sansores.

También el senador panista Javier Corral argumentó sobre la situación de Guerrero y criticó el dictamen de la Comisión de Gobernación, debido a que no sólo se trataba de verificar si los servidores públicos de esa entidad “se encuentran en sus despachos” sino que realicen el desempeño de las funciones, como lo señala la Constitución.

Corral afirmó que la violencia de Guerrero no es privativa de esa entidad. Está presente en Tamaulipas, Nuevo León y Michoacán.

“La ola de violencia en el país es un tema de responsabilidad federal. Hay incompetencias y complicidades criminales en varias dependencias de la Federación”, sentenció.

La senadora del PRI, Graciela Ortiz, afirmó que la crisis de Guerrero no debe ser motivo “para tener un aprovechamiento de tipo político o electoral”, y consideró que estamos ante un hecho “que nos muestra con crudeza que la desigualdad en el país sigue siendo el origen de nuestros problemas”.

El senador por Morelos, Fidel Demédicis, del PRD, afirmó que el origen del problema es la pobreza y el hambre que enfrenta la población.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Gobierno mexicano pide a Facebook datos de 267 usuarios; más del doble que en 2013

MÉXICO, D.F: Entre enero y junio de este año, el gobierno mexicano solicitó a Facebook los datos de 267 cuentas de usuarios, más del doble que durante el mismo periodo del 2013, cuando pidió los datos de 127 usuarios, según los reportes de solicitudes gubernamentales que actualizó hoy la red social.

Facebook entregó al gobierno mexicano los datos de sus usuarios en un 50.59% de los casos durante el primer semestre, lo que implica que las autoridades accedieron a 135 cuentas de la red social. El año pasado, la empresa se negó en entregar los datos de sus usuarios en un 73% de los casos.

Facebook afirma que las solicitudes de acceso a la información se realizan “en el marco de investigaciones oficiales”.

“Analizamos la legitimidad de cada una de las solicitudes (…) y las negamos cuando constatamos carencias jurídicas o cuando están demasiado vagas o imprecisas”, asevera la red social en su página.

De enero a junio de este año, México pidió 111 veces a Google el acceso a la información de sus usuarios, mientras que durante el mismo periodo del año pasado había presentado 83 solicitudes.

Lo mismo ocurrió con Microsoft, el gobierno mexicano presentó 460 solicitudes entre enero y junio de 2014, para acceder a los datos de 705 cuentas. El año pasado, el número de peticiones se limitó en 340.

La página de Microsoft precisa que las solicitudes abarcan a las cuentas de los programas desarrollados por la empresa, como el famoso programa de videoconferencia Skype.

El servicio de correos electrónicos de Yahoo! recibió por su parte 89 solicitudes del gobierno mexicano, casi la mitad en comparación con el primer semestre del año anterior, durante el cual México pidió en 150 ocasiones el acceso a la información.


En Estados Unidos, la práctica de solicitar información a los gigantes del Internet es mucho más común que en México. Tan sólo en el primer semestre de 2014, la administración de Barack Obama solicitó los datos de 23 mil 667 cuentas de Facebook, 12 mil 533 cuentas de Yahoo!, mil 319 cuentas de Twitter, 12 mil de Google y 15 mil 730 de Microsoft.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Tec ya no apoya a Plascencia

Ante las críticas de los alumnos, el rector del Tec de Monterrey retira el respaldo institucional a la reelección en la CNDH.

Tras los cuestionamientos de los propios estudiantes de la institución, el Tecnológico de Monterrey ya no apoya la reelección del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia.

El rector David Noel Ramírez Padilla afirmó el lunes, en una entrevista con el diario Milenio, que la carta de recomendación a favor de Plascencia la escribió en septiembre, antes de que ocurriese la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“En este tema, ya quedó claro que se dio en su momento, pero jamás avalaremos nada de alguien que vaya a favor de alguien que no tiene la capacidad de defender los derechos humanos. No, ya no hay apoyo a Plascencia”, manifestó Ramírez Padilla.

“No apoyaremos a una persona que pise a las personas o que no vea por las personas. En su momento se dio la carta, como se han dado muchas cartas de recomendación”.

La polémica inició la semana pasada, cuando activistas y empleados del Senado filtraron imágenes que exhiben cartas del Tecnológico de Monterrey, la Universidad Panamericana y la Escuela Libre de Derecho que respaldan al actual ombudsman.

Ramírez Padilla señalaba en su misiva que “sería de gran beneficio para el país, ratificar al Dr. Raúl Plascencia Villanueva en el cargo”.

En reacción, cerca de 30 estudiantes del Tec publicaron una carta abierta en el medio estudiantil Nueva Prensa, donde cuestionaron a su rector por defender a Plascencia, quien afronta críticas de organismos civiles que lo tachan de “encubridor” y “ocioso”.

En la entrevista con Milenio, el académico reiteró que al momento de firmar la carta no había acusaciones en contra del presidente de la CNDH.

Además, coincidió con los señalamientos de sus alumnos, quienes censuraron la respuesta tardía de Plascencia a los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya.

“Él había venido aquí al Tecnológico y nosotros lo habíamos escuchado. Hasta esa fecha no había comentarios de que él o de que la Comisión estuvieran haciendo un mal trabajo respecto a derechos humanos”, argumentó Ramírez Padilla.

“Nunca aceptaremos que nadie sea indiferente ante situaciones como las que estamos viviendo. Estamos en contra de un sistema que no se pone rápidamente a actuar a favor de los débiles, de los que son pisados”. 

De la unión...

28 de octubre
> Reporte Indigo publica que activistas y empleados del Senado difunden en redes sociales fotografías que exhiben cartas en las que directivos del Tecnológico de Monterrey, la Universidad Panamericana y la Libre de Derecho apoyan la reelección del presidente de la CNDH, Raúl Plascencia. Indigo contacta al departamento de comunicación del Tec, que promete confirmar la autenticidad de la carta. No lo hace.

30 de octubre
> Reporte Indigo publica que que cerca de 30 estudiantes del Tec de Monterrey publican una carta abierta en el grupo estudiantil Nueva Prensa, donde tachan de “indignante” que su rector, David Noel Ramírez Padilla, respalde la ratificación de Raúl Plascencia, quien enfrenta acusaciones de organismos civiles que lo tachan de “encubridor”, “cómplice” y “ocioso”.

3 de noviembre 

> Después de las críticas de sus alumnos, Ramírez Padilla concede una entrevista al diario Milenio en la que argumenta que escribió la carta de recomendación en septiembre, cuando todavía no ocurría la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y la CNDH todavía no afrontaba críticas. El rector asegura que ya no hay apoyo institucional.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PEDRO PABLO CORTÉS.

…Y en Michoacán ‘La Tuta’ es el objetivo

Mientras en Guerrero comienzan a caer los implicados por el caso Ayotzinapa, en ese estado el líder de Los Templarios sigue en la mira de las autoridades.

El Gobierno Federal ya recompone de nueva cuenta la estrategia mediante la cual pretende detener a Servando Gómez Martínez, el máximo líder del cártel de Los Caballeros Templarios. Fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguran que -ante la falta de resultados- ya inició la remoción de algunos mandos militares desplegados en Michoacán.

El pasado 10 de septiembre se puso en marcha una nueva etapa del operativo para lograr la detención de “La Tuta”, justo cuando arribó a Michoacán un contingente de la Gendarmería Nacional para apoyar las acciones de ubicación, detención y anulación del capo, quien es considerado objetivo nacional.

Desde la segunda quincena de enero de este año, la Federación decidió tomar bajo su control la seguridad de todo el estado de Michoacán, en ese momento, el Gobierno Federal declaró como prioritaria “la anulación del cártel de Los Templarios”, decretándose una cacería a los principales líderes de la organización. 

A la fecha, de acuerdo a la versión ofrecida por el procurador de justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, Los Templarios se encuentran desarticulados en un 98 por ciento.

A Servando Gómez Martínez se le persigue de manera prioritaria desde que se estableció en el estado la Comisión para el Desarrollo y Seguridad del Estado de Michoacán, encomienda que le hizo oficialmente el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al que fuera su Procurador de Justicia en el Estado de México y después Procurador del Consumidor, Alfredo Castillo Cervantes.

Para lograr la detención del líder del cártel, la Federación desplegó en Michoacán más de 5 mil elementos de las Fuerzas Federales. A la labor de cacería también se sumaron dos grupos especiales de la recién creada Policía Rural Estatal. De igual forma, un grupo de 300 miembros de la Gendarmería Nacional se sumaron a las labores de captura.

A las acciones del gobierno también se han sumado –aunque de manera no oficial- al menos siete grupos de autodefensas legítimos.

La Gendarmería con plazo fijo

Tras los escasos resultados de las Fuerzas Federales en la búsqueda y detención de Servando Gómez Martínez - que solo alcanzaron para que el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, afirmara que “La Tuta” se encuentra “a salto de mata”- se puso en operación un cuerpo de elite de la Gendarmería Nacional.

Pese a que el propio comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo había señalado que en Michoacán no sería requerida la Gendarmería, a solo una semana de su declaración, desde la Secretaría de Gobernación se decidió lo contrario: fueron enviados 300 elementos con la tarea de captura al jefe del cártel michoacano.

El grupo enviado por instrucción directa del secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong llegó a Michoacán con su propia estructura de inteligencia a fin de realizar en forma autónoma las labores de ubicación del delincuente. 

De acuerdo a fuentes del Cisen, a los mandos asignados a esa tarea se les fijó un lapso de 60 días para la detención del líder templario. El lapso se vence el 10 de noviembre.

Los gendarmes que aun trabajan en la búsqueda de Servando Gómez se apoyan en información obtenida de las declaraciones de una decena de detenidos que estaban involucrados en la estructura del cártel.

De esa información se han desprendido conclusiones que apuntan hacia la posibilidad de que “La Tuta”  ha corrompido a algunos de los mandos federales que fueron asignados a su detención.

La hipótesis de la infiltración del jefe de Los Templarios en los mandos federales cobra fuerza frente a la actividad que se registra en los cuarteles militares de Apatzingán y Tumbiscatío, en donde la tropa que recorría los cerros y comunidades rurales ha sido llamada al acuartelamiento.

Quiere que lo den por muerto

De acuerdo a la versión de un funcionario del Cisen, la cacería de “La Tuta” ha entrado en una nueva dinámica tras la difusión del audio en donde se reconoce culpable de los delitos que se le atribuyen.

En el audio además asegura que nunca se entregará y que no piensa pagarle al comisionado ni al procurador de Michoacán por el daño hecho.

En el análisis del Cisen, la estrategia de Servando Gómez Martínez se finca en la difusión mediática. 

Ahora pretende, asegura una fuente que pide el anonimato, que en el gobierno, los medios y la sociedad crean que está muerto a fin de que las Fuerzas Federales lo dejen de buscar en forma tan insistente.

Por su parte, el comisionado federal, Alfredo Castillo Cervantes, señala que “La Tuta” se siente acorralado y que prueba de ello es el audio que recientemente filtró, el que fue calificado como un “grito desesperado” por las condiciones de persecución en las que ahora tiene que vivir el jefe del cártel michoacano.

A decir de Castillo, la situación es cada vez más adversa para Servando Gómez, sobre todo si se considera que hasta hace unos meses el jefe de Los Templarios tenía la posibilidad de exigir y obligar a medios de comunicación a que difundieran sus mensajes. 

Su influencia se notaba al tener la posibilidad de dar entrevistas a medios extranjeros. Hoy la condición de “La Tuta” es distinta, asegura.

El gobernador, ni por enterado

En la oficina de Comunicación Social del Gobierno de Michoacán nadie sabe respecto del cambio de estrategia para la captura de Servando Gómez Martínez. 


El gobernador sustituto, Salvador Jara Guerrero, no ha emitido postura alguna, tras continuar enfrascado en la crisis económica por la que atraviesa el gobierno a su cargo.

La preocupación primaria de Jara Guerrero es responder a los alcalde del PRD y PAN que reclaman la entrega de recursos para la ejecución de obras de infraestructura básica comprometidas por la administración estatal, los cuales podrían ser superiores a los 340 millones de pesos.

Los legisladores del PRD ya anunciaron su intención tomar “medidas drásticas” para exigir el titular del ejecutivo estatal esas asignaciones.

Los alcaldes perredistas amenazaron con iniciar “en breve” una huelga de hambre colectiva, a fin de exigirle al gobernador que distribuya los recursos económicos que les  corresponden a cada uno de los municipios. 


Los panistas -encabezados por el edil de La Piedad, Hugo Anaya Ávila- no descartan la posibilidad de sumarse a la huelga para presionar al gobernador.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.

Pasado de Chuayffet enturbia diálogo gobierno-politécnicos

MÉXICO, D.F: Marcada por la ausencia del secretario de Educación Pública Federal, Emilio Chuayffet, se instauró la mesa de diálogo entre autoridades del gobierno federal y la Asamblea General Politécnica (AGP), en el auditorio Alejo Peralta del Instituto Politécnico Nacional (IPN), concretando sólo uno de los tres puntos designados en el orden del día.

La jornada inició al pasar el mediodía, con una mesa de trabajo previa para establecer la dinámica de las discusiones. Desde ahí empezaron los desencuentros.

La prioridad del gobierno era levantar el paro estudiantil. La de los jóvenes, sentar las bases para conformar un Congreso Nacional Politécnico (CNP) que dé pie a la democratización del Instituto.

“Pediríamos sumar a la primera mesa de discusión el retorno a clases para mandar un mensaje a la comunidad y a la sociedad mexicana”, dijo César Becker, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la SEP, quien estuvo a cargo de la negociación preliminar por parte de las autoridades.

“Nosotros no estamos improvisando. El regreso a clases no está a discusión por el momento. Lo estará cuando desahoguen nuestras exigencias. La comunidad politécnica no ha confiado en las respuestas del gobierno federal, por eso no vamos a regresar a clases hasta capitalizar la construcción de un mejor instituto”, respondieron los estudiantes, quienes establecieron la “no incorporación” de las vocacionales al sistema nacional de bachillerato, el acuerdo de “no represalias” contra la comunidad estudiantil que participa del paro y fijar las bases del CNP como “condicionantes” a tratar en la reunión pactada para las seis de la tarde.

A partir de entonces, tomó dos horas que el funcionario anunciara a los integrantes de la representación federal en el diálogo, solicitada repetidamente por los estudiantes.

“Voy a dar los nombres y cargos para demostrar, una vez más, que estamos en la misma frecuencia de onda”, dijo Becker para enlistar a los siguientes voceros del Estado:

Fernando Serrano, subsecretario de Educación Superior de la SEP; David Garay, titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob); Alejandro Osuna, jefe de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas de la Segob; José Ángel Mejía, jefe de la Unidad de Evaluación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Enrique Fernández, secretario general de ANUIES; Salvador Malo, director general de Educación Superior Universitaria de la SEP; César Becker, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la SEP; Rubén Lara, coordinador general de Delegaciones Federales de la SEP; Luis Vega, titular de la unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP; Ana María Aceves, directora general de Evaluación de Políticas de la SEP; Efrén Rojas, asesor de proyectos especiales de la SEP; Luis Ignacio Sánchez, administrador federal de servicios educativos en el DF de la SEP; Diódoro Guerra, exdirector del IPN; Baltasar Cadena, profesor del IPN; Víctor Sánchez, director general del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología.

La lista irritó a los estudiantes, que reclamaron la decisión de Emilio Chuayffet de no formar parte del diálogo para solucionar el conflicto.

“Solicitamos que el secretario Chuayffet reconsidere su presencia, como lo ha tenido en distintos medios de comunicación anunciando que tiene la mejor disposición de solucionar las demandas de la comunidad politécnica”, dijeron los jóvenes, quienes lamentaron la designación de funcionarios “sin capacidad resolutiva” en la mesa. Demandaron también la presencia de los subsecretarios de Gobernación, Luis Miranda, y de Egresos de la SHCP, Fernando Galindo.

A esto, César Becker respondió: “Quedamos que cada una de las partes acredita a sus representantes. Estos son los nuestros”.

* * * *

Cerca de las siete de la noche comenzó la primera discusión formal, con la intervención del subsecretario Serrano, quien dijo que estaban previamente aprobados de manera “favorable” siete de los 10 puntos exigidos por el movimiento estudiantil: la renuncia de la exdirectora general Yoloxóchitl Bustamante, el apoyo a la realización del CNP, la cancelación definitiva del reglamento interno del IPN, la no incorporación de las vocacionales al sistema nacional de bachillerato, la salida de la Policía Bancaria, la anulación de las pensiones vitalicias a los exdirectores generales del IPN y el compromiso de que no habrá represalia alguna contra los participantes del paro.

En la discusión y ante las exigencias de la AGP para dejarlo en compromisos firmados, para lo que los estudiantes contrataron un notario que pudiera respaldarlos, los funcionarios se dijeron incapaces de firmar acuerdos.

Argumentaron que para la mayoría de los asuntos hacía falta designar al director del Instituto sobre el CNP y dijeron que correspondería al Congreso de la Unión modificar las leyes del IPN.

“Los estudiantes exigimos a las autoridades, ante el constante halago propio sobre el supuesto compromiso con la comunidad estudiantil, sea este compromiso demostrado en hechos resolutivos y materializados a favor del movimiento estudiantil y la comunidad politécnica, y no que quede en simpáticas palabras, reiterando que la buena voluntad del gobierno, que apela a la reciprocidad y equidad, no ha sido demostrada a través de la historia.

“Las autoridades no están correspondiendo a su discurso de solucionar con rapidez. En una mesa de 15 sólo hablan seis, lo que refleja la estructura vertical. Sólo Serrano tiene capacidad resolutiva. Exigimos la salida de Diódoro Guerra por asociaciones de éste con grupos porriles”, reclamaron los jóvenes.

“No caigamos en descalificaciones. No venimos con ánimo de engañar. Debemos apegarnos a la legalidad”, replicó el funcionario Efrén Rojas.

Arely Ruiz fijó el posicionamiento político de los estudiantes, haciendo un “llamado a la civilidad, al cumplimiento real de la palabra de las autoridades y en rechazo a la simulación gubernamental de solución a nuestra movilización”.

Se dirigió a Emilio Chuayffet: “La historia nos cuenta sobre sus participaciones tácticas, como representante del gobierno, contra movimientos sociales. Podemos recordar, en este tenor, que el 28 de noviembre de 1996, siendo secretario de Gobernación, llegó a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar para lograr la paz en Chiapas, destacando la frase: ‘Sabremos honrar nuestros compromisos’. Sin embargo, el gobierno rechazó la propuesta con el argumento de que tenía deficiencias de técnica jurídica.

“La historia nos muestra suspicacia del gobierno en la forma de responder los compromisos con el pueblo de México, con frases como: ‘Ustedes disculpen, pero cuando me comprometí con ustedes me había tomado 18 chincholes y no estaba en condiciones para asumir un acuerdo de esa naturaleza’. Debido a esta falta de postura resolutiva, y al estilo del secretario citado, una pregunta inteligente sería: ¿Qué nos asegura el compromiso del gobierno ante la problemática actual?”, leyó la joven para también recordarle al entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, su “responsabilidad” en la matanza de Acteal.

“Otorgamos un último voto de confianza al gobierno para la solución de la problemática acontecida en el IPN. Nuestra institución, al paso del tiempo, está harta de respuestas vagas, insatisfactorias y redundantes, disfrazadas de soluciones, sin decir cuándo ni cómo cambiarán las cosas”, se hizo escuchar el estudiantado, descompuestos los rostros de los funcionarios.


A las 10 de la noche suspendieron la sesión, acordando regresar el jueves a la una de la tarde para una doble jornada.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SANTIAGO IGARTUA.

Inseguridad, principal factor que frena la débil economía mexicana: Merrill Lynch

MÉXICO, D.F: La inseguridad creciente que se vive en el país es ya el principal factor que detiene el crecimiento de la economía mexicana, aseguró hoy el Bank of America Merrill Lynch (BofAML).

En su informe mensual sobre los mercados emergentes globales, cuyo apartado sobre el país titula “México: una recuperación más débil de lo esperado”, advierte:

“En las últimas semanas, las preocupaciones sobre la inseguridad han regresado a los reflectores como el principal factor que detiene el crecimiento económico. La inseguridad encabeza las preocupaciones (de los analistas) por encima de la política fiscal, la volatilidad financiera y la debilidad externa de los mercados.

“Esto está relacionado con los conflictos en Guerrero y Michoacán, y las protestas que los acompañan a nivel nacional”.

Firmado por Carlos Capistrán, economista en jefe del BofAML para México, el reporte señala que “un crecimiento más débil de lo esperado del PIB (de México) y una normalización desordenada en la política monetaria de Estados Unidos son los principales riesgos externos”.

En tanto, “los principales riesgos internos consisten en una mayor reducción de las exportaciones petroleras, una implementación de las reformas por debajo de las expectativas y el aumento de la inseguridad”.

En su análisis macroeconómico, el BofAML considera que la economía mexicana sigue en recuperación, pero que ésta “es más débil a lo esperado”.

Y justo por ello, dice, el banco hizo recientemente un ajuste en su pronóstico de crecimiento de México para 2014, a 2.2% desde el 2.6%, y a 3.7% desde 4% para 2015.

“La falta de impulso (de la actividad económica del país) nos llevó a reducir nuestro pronóstico del crecimiento del PIB”.

Prevé la institución que el avance de la economía mexicana en los próximos meses “será impulsado por el crecimiento en Estados Unidos, el gasto público y la política monetaria laxa del Banco de México”.

Sin embargo, considera que “las exportaciones petroleras a la baja, un retraso más largo de lo esperado en el impacto del gasto público en la economía y las crecientes preocupaciones sobre la inseguridad en México están pesando en el crecimiento del PIB”.

El BofAML también advierte que la demanda externa “no ha tenido la fuerza que esperábamos al inicio del año”.

Luego explica que la razón de ello es la “caída inesperada”, de 8.7% en lo que va del año, de las exportaciones petroleras, que equivalen a 12% de las exportaciones totales de México.

La caída, asegura, se debe a una menor producción y menores precios, aunque la producción contribuyó más a la caída.

Expone: “Un superávit en la balanza comercial petrolera de alrededor de 0.5% del PIB significa que la actividad económica de México está cubierta frente a una caída en los precios del petróleo. Sin embargo, México no está cubierto frente a caídas en la producción de petróleo”.

BofAML señala, por otra parte, que la reducción de su pronóstico de crecimiento para México se debió en buena medida a que el impulso fiscal que sobre la economía ha decidido el gobierno federal –un mayor gasto público y alzas en los impuestos desde este año– no ha dado los resultados esperados.

Explica: “En los primeros ocho meses del año el impulso fiscal fue de 0.4% del PIB, lo que significa que el gasto público ha aumentado en 223 mil 800 millones de pesos más que los ingresos fiscales (que fueron en ese lapso) de alrededor de 16 mil 600 millones de dólares.

“Esta política fiscal expansiva debería apoyar a la actividad económica, aunque por ahora eso no ha sucedido.

“Hasta el momento, las cuentas nacionales de la primera mitad del año (información que publica el Inegi) muestran un gran impacto negativo en el consumo y la inversión por la subida de impuestos, y una contribución prácticamente nula al crecimiento por parte del gasto público”.

Finalmente, después de ese análisis demoledor sobre la situación económica del país, BofAML concilia:


“Sin embargo, prevemos que el impulso fiscal apoye al crecimiento en los próximos meses, cuando el gasto público comience a tener un impacto en la actividad económica”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARLOS ACOSTA CÓRDOVA

Abarca, las redes del narcopoder

MEXICO, D.F. (apro).- La madrugada de este martes 4 fueron detenidos por la Policía Federal (PF) el exalcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, conocidos como “la pareja imperial” por sus excesos y su extraña fortuna en Guerrero. Se refugiaron en una casa perdida entre los callejones de la delegación Iztapalapa, la más poblada del Distrito Federal, la más insegura y la que, al parecer, tiene una mayor vigilancia de fuerzas capitalinas y federales.

La captura ha generado todas las reacciones esperadas en la clase política: “Es una gran noticia”, “ayudará a dar con el paradero de los 43 normalistas”, “el gobierno federal está cumpliendo con sus promesas”, “se combate al narcopoder”, entre otras frases hechas para vender como un triunfo lo que, a todas luces, es una vergüenza para el gobierno federal, para el PRD, para sus protectores y cómplices.

Los sanguinarios y excéntricos Abarca y Pineda no estaban solos en su huida ni en su refugio. ¿Cómo llegaron hasta la delegación Iztapalapa después de la fuga de Iguala, Guerrero? ¿Se camuflaron para atravesar el estado de Morelos y ocultarse en el Distrito Federal? ¿Nadie supo, nadie vio en Morelos –entidad donde opera un mando único policiaco– a la “pareja más buscada” por todas las fuerzas ministeriales, militares y policiacas? ¿Por qué hace 10 días corrió el rumor de que fue detenido en Veracruz? ¿Estuvo realmente en esa entidad?

Al parecer, Abarca y Pineda también viajaban con un maletín lleno de dinero. Suficiente para corromper y pagar favores a quienes desde alguna instancia gubernamental los ayudaron a llegar hasta el Distrito Federal.

Abarca y su esposa rentaban una casa en la delegación más poblada del Distrito Federal, gobernada también por el PRD, específicamente por Jesús Valencia, quien estuvo cercano al exjefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, y en meses recientes se sumó a la causa de Miguel Ángel Mancera. En esta misma delegación también están desplegados los operativos federales de seguridad.

Hasta ahora, lo que sabemos son piezas sueltas sobre el poder sanguinario de Abarca y sus padrinos políticos. Antes de pedir licencia y huir de Iguala se reunió en la Ciudad de México con Jesús Zambrano, exdirigente nacional del PRD, perteneciente a la corriente Nueva Izquierda (NI). Zambrano ha admitido este encuentro y señala que no fue para protegerlo sino obligarlo a entregarse a las autoridades.

Difícil entender que tres días después de la tragedia que ya era una noticia nacional, Zambrano Grijalva se reuniera tan tranquilo con el mismo alcalde que había sido acusado por René Bejarano, dirigente de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), de los asesinatos de otros militantes perredistas como Arturo Hernández Cardona, Rafael Banderas y otros.

Por supuesto, Abarca no le hizo caso al consejo de Zambrano. Mientras el nuevo dirigente del PRD nacional, Carlos Navarrete, también de la corriente de los Chuchos, pedía “perdón” al pueblo de Guerrero por postular narcoalcaldes, Abarca huyó con su esposa, emparentada con los Beltrán Leyva, presuntos jefes del cártel de los Guerreros Unidos que opera en Iguala y otros municipios colindantes de Morelos y el Estado de México. Este cártel estaría enfrentado con Los Rojos.

Los Guerreros Unidos y Los Rojos también operan en el estado de Morelos, gobernado por Graco Ramírez, otro político perredista perteneciente a la corriente de Los Chuchos. Un día antes de que se conociera la detención de Abarca, órganos de inteligencia del gobierno federal y de Morelos filtraron a la prensa que siete diputados locales están relacionados con el crimen organizado o con actos de corrupción.

Sin aportar muchas pruebas, estos informes mencionan al diputado del PT, Alfonso Miranda Gallegos, tío de Santiago Mazari Miranda, presunto líder de Los Rojos en la entidad. Miranda fue alcalde de Amacuzac (2009-2012). En enero pasado, este legislador local organizó una fiesta en su oficina del Congreso morelense donde llegó un grupo norteño y cantaron narcocorridos, acto por el cual fue sancionado.

Hasta ahora, no sabemos dónde está el jefe de la policía municipal de Iguala, cómplice de Abarca en los hechos que desembocaron en la muerte de seis personas y el secuestro de los 43 normalistas.


Las piezas sueltas aún son muchas, pero la opinión pública nacional e internacional no espera sólo detenciones espectaculares. Reclama saber dónde están los 43 jóvenes de Ayotzinapa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL (ANÁLISIS)

martes, 4 de noviembre de 2014

Declaran los militares consignados por el caso Tlatlaya; definirán su situación el viernes

Los siete soldados detenidos pidieron "duplicidad del término constitucional", por lo que un juzgado federal tienen hasta el próximo viernes para dictar formal prisión o libertad.

Un juzgado federal tendrá que definir máximo el próximo viernes 7 de noviembre la situación jurídica de los siete elementos del Ejército mexicano consignados por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos en una bodega de Tlatlaya, Estado de México, donde murieron 22 personas, informó este martes 4 de noviembre el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En un comunicado, el CJF detalló que Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Roberto Acevedo López, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides rindieron su declaración preparatoria y solicitaron “duplicidad del término constitucional”.

Así, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal tiene de plazo hasta el 7 de noviembre a las 8:22 horas para resolver la situación jurídica de los militares; es decir, auto de formal prisión o de libertad.

Hasta ahora, los soldados están recluidos desde el pasado 25 de septiembre en la Prisión Militar adscrita a la Primera Región Militar, ubicada en el Campo Militar 1-A, en el DF.

El viernes 30 de junio, los militares fueron acusados ante un juez civil por delitos ligados a la muerte de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, informó el domingo 2 de noviembre el CJF.

A todos se les acusa de “ejercicio indebido del servicio público” pero solo a tres, Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, se les imputa “homicidio calificado en agravio de ocho personas”, abuso de autoridad y “alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo”.

A otro de sus compañeros, Ezequiel Rodríguez Martínez, se le acusa de encubrimiento “en la hipótesis de no procurar impedir la consumación de un delito”.

Los tres militares que quedan sólo con la acusación más leve son Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz y Samuel Torres López.

Las autoridades habían sostenido que en el incidente, que en un primer momento tacharon de “enfrentamiento”, participaron siete soldados y un teniente, pero en el comunicado del poder judicial del domingo solo se hace mención a siete personas y no a ocho y por primera vez se hicieron públicos sus nombres.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al dar a conocer los resultados de una investigación propia el pasado 21 de octubre dijo que al menos 15 personas, de las 22 que murieron ese día, habrían sido ejecutadas extrajudicialmente por soldados tras un enfrentamiento en una bodega de San Pedro Limón, una comunidad de la municipalidad de Tlatlaya, en el Estado de México y a más de 200 kilómetros al suroeste de la capital mexicana.

Sin embargo, sólo en las acusaciones por presentadas ante el juez se especificó que quienes murieron víctimas de homicidio fueron sólo 8 personas.

La comisión, un organismo oficial, también constató intentos de autoridades civiles y castrenses de encubrir los hechos.

“(Es) una de las más graves violaciones a los derechos humanos que se pueden cometer”, dijo su presidente, Raúl Plascencia, cuyo informe contradice afirmaciones previas sobre lo que ocurrió ese 30 de junio y revela que funcionarios de la fiscalía del Estado de México, que inicialmente investigó los hechos, también incurrieron en torturas y agresiones sexuales contra al menos dos de tres mujeres que sobrevivieron.

Una de las sobrevivientes dijo hace algunas semanas a The Associated Press que sólo un individuo había muerto en un tiroteo inicial, y que los 21 restantes, incluida su hija de 15 años, habían sido asesinados por soldados cuando ya se habían rendido.


El caso Tlatlaya fue el primero de una serie de sucesos que han puesto en entredicho el compromiso de México con los derechos humanos. EU, Naciones Unidas, la Unión Europea y numerosas organizaciones nacionales e internacionales han exigido al gobierno mexicano una investigación rápida e independiente para esclarecer los hechos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.