MÉXICO, D.F: Diputados federales de Guerrero revelaron que el gobierno federal conocía desde hace tiempo la presencia de la delincuencia organizada en la entidad, además de sostener que el presidente Enrique Peña Nieto “sabe dónde están” los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por lo que pidieron al mandatario que “nos los entregue”.

Al fijar el posicionamiento sobre el caso de los normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre y luego de escuchar el informe preliminar de la comisión especial de legisladores sobre el tema, Catalino Duarte, diputado por el PRD, dijo desde su curul que “oportunamente” se le informó de manera oficial al secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong) y al titular de la Procuraduría General de la República (Jesús Murillo Karam) “informes sobre lo que estaba pasando en la entidad.

“Los diputados tenemos en nuestro poder documentos oficiales en los que oportunamente informamos a Osorio Chong y al procurador de lo que estaba pasando en la entidad”, sostuvo.

Luego reclamó que partidos pro gobierno traten de exculpar a Peña Nieto del caso. “Se trata de delitos que tienen que ver con la delincuencia organizada y el pueblo de México sabe que tratándose de la delincuencia organizada le corresponde al gobierno federal atender el tema”.

Al recibir reclamos y chiflidos de parte de los legisladores del PVEM, Duarte dirigió su discurso a la ahora diputada del Verde Ecologista y experredista Ruth Zavaleta:

“Le preocupa el hecho de que le diga que Héctor Beltrán Leyva era, no sé si recuerde quién era su operador financiero… el señor (Germán) Goyeneche, un militante del Partido Verde, y que valdría la pena pidieran también se investigara, porque seguramente esta fracción sabe del tema”.

El perredista fue más allá al denunciar que “nos preocupa mucho la postura de algunos actores políticos que centren el tema en Iguala. Tenemos documentados cientos y cientos de hechos que tienen que ver con la delincuencia organizada y Manuel Añorve (vicecoordinador del PRI) lo puede corroborar cuando fue presidente municipal de Acapulco”, fustigó.

Siguió la diputada, también de Guerrero por el PRD, María del Rosario Merlyn García, quien consideró que el gobierno federal sabe dónde están los estudiantes. Y demandó que ya los entregue.

“A nombre de los estudiantes de Ayotzinapa, a nombre de la humanidad, que el presidente de la República nos los entregue, él tiene la información y sabe dónde están. Porque la Gendarmería le informa de cada momento que actúa, cada momento que se mueve”.

La diputada guerrerense, en tono desesperado, relató que los 600 civiles “desarmados” que han participado en las búsquedas le han comentado que por lo menos en tres lugares donde se les ha dicho que pudieran estar los jóvenes, a punto de arribar al lugar, los elementos de la Gendarmería truncan la búsqueda bajo el argumento de que ya es tarde.

Incluso, reveló que en una ocasión en que no quisieron llegar al punto final, al siguiente día que regresaron y lograron por fin arribar al lugar, encontraron por lo menos 20 colchonetas y comida recién comprada. Lo anterior, sostuvo, “porque ya habían sido movidos los jóvenes”.

“Aquí hago un llamado y el exhorto a la Presidencia de la República y a la Procuraduría y a la Secretaría de Seguridad Pública para que dejen de obstaculizar el encuentro y la entrega de estos jóvenes. La Gendarmería, en lugar de ayudar, está previniendo, o parece ser, avisando que ya van a encontrarlos”, acusó.

Antes, el diputado panista y presidente de la comisión especial, Guillermo Anaya, denunció que detectaron “garrafales errores en la búsqueda, como el de no actuar puntualmente como lo establecen los protocolos internacionales de organismos de derechos humanos, pues en casos de este tipo es vital la actuación de la autoridad en las primeras 72 horas, pues una desaparición forzada tiene por lo menos tres elementos básicos: privación de la libertad, que la privación haya sido hecha por particulares o por la autoridad y, tercero, la negación del paradero”.

Tanto el fuero común como el federal, sostiene la comisión, cometieron graves “irregularidades graves” en las investigaciones sobre las desapariciones forzadas.

Pero como en el reporte nunca se establece una acusación de que se trató de una “desaparición forzada”, el panista José Alfredo Botello sí aclaró que se trata de una desaparición forzada.

Mientras, falta que la comisión se entreviste con las víctimas, estudiantes y padres de familia, sin embargo, éstos no han querido reunirse con los legisladores, pues no confían en los políticos ni en los distintos órdenes de gobierno, reconocieron desde tribuna los representante de Panal, PRD, PT y MC.

En tanto, PRI y PVEM se esforzaron en enaltecer el gobierno de Peña Nieto por haber anunciado la detención de José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, y de su esposa María de los Ángeles Pineda, los autores intelectuales, según la PGR, del ataque y desaparición de los normalistas.

MEXICO, D.F: Por mayoría de votos, y en medio de un agrio debate sobre la responsabilidad del gobierno federal en la crisis de Guerrero, el pleno del Senado declaró improcedente la petición de la desaparición de poderes en esa entidad, solicitada por el PAN, al considerar que no se reúnen los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 76 de la Constitución.

El dictamen de la Comisión de Gobernación enunció las gestiones realizadas por el grupo de senadores designados para investigar las condiciones de la entidad.

Ese grupo fue integrado por Fernando Yunes Márquez, del PAN; Benjamín Robles Montoya, PRD; Carlos Puente, PVEM; la senadora Mónica Arriola, del Panal, y el priista Omar Fayad.

Durante el debate –que extrañamente no fue transmitido por la señal del Canal del Congreso– los legisladores derivaron la discusión sobre la situación generada tras la aprehensión del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y la crisis nacional detonada por la desaparición de los 43 normalistas.

La senadora del PRD, Dolores Padierna, afirmó que la desaparición de los 43 normalistas y el asesinato de otras seis personas ese 26 de septiembre en Iguala se pudieron evitar, pero los gobiernos federal y estatal “no atendieron las señales de alarma que sus propias cifras les daban”.

“La impunidad fue el preámbulo de la barbarie en Iguala. Estamos frente al fracaso de un modelo que ha sometido al país al poder de los criminales”, afirmó la vicecoordinadora de la bancada perredista, quien también recriminó al presidente Enrique Peña Nieto que, “frente a la tragedia, siga ofreciendo montajes mediáticos con fotografías para un Pacto dos”.

La senadora del PT, Layda Sansores, exigió la renuncia de Peña Nieto e hizo un llamado para que no se desvíe la atención en el punto fundamental: la desaparición y localización de los 43 normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos.

Sansores insistió en que la crisis de Guerrero no es un asunto solamente local. “Hay responsabilidades también de la PGR, de la Secretaría de Gobernación, del Cisen, en suma, de todo el gabinete de seguridad, incluido el Ejército que conoce a milímetro el estado de Guerrero y sabe qué pasa en tiempo real”. “¿Para qué 130 mil millones de pesos al combate a la inseguridad?”, reprochó Sansores.

También el senador panista Javier Corral argumentó sobre la situación de Guerrero y criticó el dictamen de la Comisión de Gobernación, debido a que no sólo se trataba de verificar si los servidores públicos de esa entidad “se encuentran en sus despachos” sino que realicen el desempeño de las funciones, como lo señala la Constitución.

Corral afirmó que la violencia de Guerrero no es privativa de esa entidad. Está presente en Tamaulipas, Nuevo León y Michoacán.

“La ola de violencia en el país es un tema de responsabilidad federal. Hay incompetencias y complicidades criminales en varias dependencias de la Federación”, sentenció.

La senadora del PRI, Graciela Ortiz, afirmó que la crisis de Guerrero no debe ser motivo “para tener un aprovechamiento de tipo político o electoral”, y consideró que estamos ante un hecho “que nos muestra con crudeza que la desigualdad en el país sigue siendo el origen de nuestros problemas”.

El senador por Morelos, Fidel Demédicis, del PRD, afirmó que el origen del problema es la pobreza y el hambre que enfrenta la población.