Se los lleva el tren

En un hecho sin precedentes en la historia del país, Enrique Peña Nieto revoca la licitación del tren México-Querétaro que había ganado la corporación China Railway Construction. La decisión, se dijo, fue para garantizar la transparencia del proceso. ¿Qué fue lo que pasó?

Tres empresarios ligados al poder político en México sufrieron un revés con la decisión de echar abajo la licitación del tren rápido México-Querétaro.

En una inusitada maniobra política de la actual administración –operada desde la Secretaría de Hacienda- se decidió volver a licitar la obra que tendría una inversión de aproximadamente 50 mil millones de pesos.

El gobierno federal argumentó que era necesario hacer nuevamente todo el proceso para garantizar total transparencia. La estrategia habría venido directamente por parte del titular de la SHCP, Luis Videgaray, quien con el objetivo de evitar un escándalo una vez que ya se estuviera construyendo la obra prefirió que fuera ahora, a pesar de que ya había sido asignada a los empresarios chinos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El proyecto fue cuestionado desde sus inicios porque sólo la corporación China Railway Construction, junto a empresarios mexicanos participó. Los otros constructores del ramo alegaron que era corto el tiempo para presentar su propuesta.

Olegario Vázquez Raña, Juan Armando Hinojosa e Hipólito Gerard Rivero fueron los empresarios de este País que lograron participar en esta obra de infraestructura para el transporte.

Vázquez Raña, es propietario de Grupo Imagen y de los hoteles Camino Real y los Hospitales Ángeles. Un empresario ligado a la Presidencia de la República desde hace décadas, tanto con el priismo como con el panismo.

Hinojosa Cantú, se identifica como uno de los empresarios que recibió el mayor número de contratos durante la gubernatura de Peña Nieto en el Estado de México.

Gerard Rivero es cuñado del ex Presidente, Carlos Salinas de Gortari, quien está casado con Ana Paula Gerard.

Cambio discursivo

Nunca antes en la historia de México un presidente había revocado el fallo de una licitación

El anuncio de la revocación del fallo no se dio de manera oficial. Fue mediante una entrevista concedida el jueves 6 de noviembre durante el noticiero nocturno de Televisa, conducido por Joaquín López Dóriga.

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que el fallo de la licitación se revocaba para dar “mayor transparencia y claridad” a la adjudicación que se había dado a un consorcio chino-mexicano.

“El presidente Peña Nieto cree, desea que este proyecto, tan importante para México, no sea cuestionado y tenga claridad absoluta, por eso esperamos en la nueva licitación, que saldrá en unos días más o semanas más, más participación de los fabricantes de trenes”, dijo.

A pesar de que no está de acuerdo, incluso dijo a López Dóriga que puede “no ser lo mejor para México”, Ruiz Esparza asumirá el costo político de la decisión.

La revocación contrasta fuertemente con lo que Ruiz Esparza había declarado apenas horas antes en el noticiero del mismo López Dóriga en Radio Fórmula y más tarde durante una comparecencia en el Senado.

La fecha estimada para la firma del contrato era el 2 de diciembre. Ahora dice que se publicará la nueva licitación en la última semana de noviembre.

En la comparecencia del pasado jueves, el funcionario insistió en que ampliar el plazo “pondría en peligro el proyecto”, que siempre se ha estimado para estar concluido en la primera mitad de 2018.

Horas antes en la entrevista radiofónica dijo: “estamos ya dando la adjudicación de la obra y que esperamos tenerlo en tres años y medio, tres años tres meses, para que lo más pronto posible empiece a dar servicio”. 

Este plazo se cumple en febrero de 2018, justo cuando iniciarán campañas presidenciales para renovar la Presidencia de la República.

La revocación era para dar “más transparencia”, cuando se anunció la adjudicación el 3 de noviembre, Ruiz Esparza alabó que la Secretaría dio “especial importancia a la transparencia y al derecho a la información”.

El 25 de septiembre se había pospuesto una comparecencia de Ruiz Esparza ante el Senado. Los panistas pujaron por la presentación del secretario, tanto desde el Senado como en la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

El PAN protesta

Los senadores del blaquiazul habían criticado la adjudicación del proyecto bajo el argumento de sobrecostos y opacidad. El secretario de la SCT lo defendió

En el Senado, seis miembros de la bancada panista criticaron el proyecto del tren México-Querétaro y la adjudicación que se había hecho a personas cercanas al Presidente.

El secretario en ese momento defendió con entusiasmo el  fallo. Justificó que el aumento del costo, de 43 mil 580 millones de pesos anunciado en abril a 49 mil 991 millones de peso, incluía el nuevo tipo de cambio, la inflación, el IVA, “el costo del proyecto ejecutivo y la entrega del tren totalmente operando”.

Los 7 mil 724 millones de pesos más IVA de cinco años de operación por parte de las empresas francesas, serías sufragados “con los ingresos de la propia tarifa del tren”.

Dijo que el aforo esperado para el tren será de 27 mil pasajeros diarios, con un costo por boleto de 240 pesos.

Sin embargo, la senadora Marcela Torres Peimbert dijo en entrevista que las corridas de autobús diarias entre México y Querétaro no suman más de 5 mil viajeros, por lo que la cifra manejada por el gobierno es exagerada.

Estos datos permiten calcular que si se considera que el tren estuviera en su máxima capacidad todos los días, se necesitarían 21 años para recuperar la inversión.


“Es un número exagerado, se cuestiona la viabilidad del proyecto, cuánto más va a subvencionar ese tren, el costo del boleto no da, en base a qué está el costo del boleto. Es un proyecto sobre bases muy endebles”, añadió Torres Peimbert.

Ruiz Esparza durante su comparecencia en el Senado defendió el costo presentado por el consorcio chino-español, el cual dijo que tuvo un precio por kilómetro de 12.07 euros, contra 10 a 70 que era el rango posible estimado.

También negó que hubiera presión de las demás empresas interesadas, ya que “nadie se inconformó”.

Unos días antes, el lunes 3 de noviembre, durante su discurso al anunciar la adjudicación del fallo al consorcio, el secretario también alabó sus tiempos de la licitación, que fueron criticados como insuficientes por otras de las empresas participantes.

Contó que el propio Peña Nieto hizo una invitación a China para participar en estos proyectos y “desde ese momento enviaron a México a 200 técnicos que trabajaron intensamente para cumplir con las fechas que se les pidió”.

“El secretario dijo que tienen estudios de movilidad, pero no los mostraron. Esos estudios técnicos tienen que ser datos públicos”, afirmó la senadora panista.

Problemas técnicos

Una semana antes de la visita, se anunció la adjudicación por 50 mil 820 millones de pesos a favor del consorcio encabezado por China Railway Construction, la única licitante se mantuvo y presentó una propuesta técnica y económica.

De este monto, 43 mil 96 millones eran para la construcción y 7 mil 723 millones eran para la operación y mantenimiento.

El acta de la adjudicación indica que el contrato sería firmado el 2 de diciembre para una propuesta que obtuvo la máxima calificación de puntaje económico pero arrastraba dos fallas serias de puntaje técnico.

Ahora la nueva licitación se publicará a finales de noviembre, en la fecha en que la obra debía iniciarse para que diera tiempo a ser inaugurada antes de que concluya el actual sexenio.

El acta de adjudicación indica que el consorcio ganador fue descalificado en los rubros de “procedimientos constructivos y descripción de la planeación integral para la ejecución de los trabajos” y en la “competencia o habilidad en el trabajo”, en los que obtuvo cero puntos de cinco posibles.

Tampoco acreditó que diera “participación de los discapacitados”, lo que también redujo su puntaje técnico total.

A pesar de estos tres aspectos, que le restaron a obtener 44.40 puntos técnicos de 50 posibles, el incremento en la propuesta económica hasta 50 mil 820 millones de pesos no fue un problema para el consorcio, a quien se le otorgó el máximo puntaje.

No se inconforman

El abogado constitucionalista Luis Pérez de Acha asegura que las irregularidades en la licitación fueron imputables al gobierno y no a las compañías, por lo cual no debieron ser afectadas en un fallo ya adjudicado.

La obligación de llevar procesos transparentes es a cargo del gobierno porque así lo marca la Constitución.

“Las empresas cumplen proporcionando información y documentación que el gobierno exige.

“Antes de hacer la revocación se les tuvo que haber dado la oportunidad de defenderse, lo que se llama garantía de audiencia como proceso elemental, de alguna irregularidad de la empresa que amerita la revocación.  Eso se tiene que manifestar antes de revocarse”, dijo el constitucionalista.

Pero no fue así, los empresarios chinos están dispuestos a participar nuevamente en la licitación que abrirá el Gobierno.

Además la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que prevé indemnizar a la empresa china; en una entrevista para agencia de noticias del gobierno Notimex, Pablo Suárez Coello, Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal de esa dependencia, señaló:

“De acuerdo con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados, cuando se cancela la licitación, después de haber dado el fallo, vamos a ver cuáles son los gastos en los que incurrieron en la presentación y vamos a negociar la afectación que todo esto pudo haber significado”.

La vía del TAV...

> 30 de julio
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informa que el 15 de agosto próximo será dada a conocer la licitación para la construcción del Tren de Pasajeros de Alta Velocidad México-Querétaro.

> 15 de octubre
El consorcio encabezado por China Railway Construction Corp Ltd es el único participante en una licitación para construir el primer tren de pasajeros de alta velocidad en México que unirá a la capital con el estado de Querétaro, informa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

> 27 de octubre
Las empresas nacionales y extranjeras que abandonaron la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, advierten a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que la falta de tiempo para elaborar las propuestas inhibiría la competencia y provocaría que se presentaran proyectos deficientes.

> 29 de octubre
Los senadores del Grupo Parlamentario del PAN exhortan a la SCT a que suspenda la licitación, por considerar que el único consorcio que presentó una propuesta no garantiza las mejores condiciones económicas para el estado, al exceder en más de 10 mil millones de pesos el techo financiero propuesto por el Gobierno.

> 3 de noviembre
El proyecto del tren México-Querétaro será construido por el consorcio encabezado por China Railway Construction Corporation. El consorcio fue el único que presentó una propuesta.

> 4 de noviembre

Los senadores del PAN aseguran que en la obra hay “gato encerrado” y acusan que hubo una licitación amañada. Señalan que la empresa ganadora de la licitación tiene nexos con el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

> 6 de noviembre
Enrique Peña Nieto revoca la concesión para la construcción del tren de alta velocidad México-Querétaro bajo el argumento de la legitimidad y transparencia en el concurso de la obra, luego de “dudas e inquietudes que han surgido en la opinión pública”.

> 7 de noviembre

Tras conocerse la revocación que el Presidente Peña Nieto hizo del fallo de la licitación del Tren de Alta Velocidad a Querétaro, las acciones de China Railway Construction Corp Ltd. descendieron casi 5 por ciento, su mayor caída desde junio 2013.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.

Crímenes como el de Tlatlaya son frecuentes en el país

Un pormenorizado análisis en torno a la cadena de incompetencias, irregularidades, omisiones y absurdos en todos los niveles de gobierno en México en casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por fuerzas del Estado, fue expuesto por el representante del Alto Comisionado de la ONU en la materia, Javier Hernández, en la reunión que sostuvo con diputados mexicanos que investigan la muerte de 22 personas a manos del Ejército en Tlatlaya en junio último. Su diagnóstico es demoledor: el caso, dice a Proceso, es sólo una muestra de “una gran masa de violaciones a las garantías individuales vinculadas a acciones del Estado”.

MÉXICO, D.F: En México abundan las violaciones graves a los derechos humanos: padece desapariciones forzadas, soldados que fusilan a delincuentes, delincuentes que matan a policías, policías que se corrompen junto a funcionarios y funcionarios que ordenan ejecutar a civiles.

Los casos se acumulan porque existe impunidad, y el caso Tlatlaya es sólo la punta del iceberg. Debajo hay una gran masa de violaciones a las garantías individuales vinculadas a acciones del Estado.

Así lo advirtió Javier Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, durante un encuentro privado con el grupo de legisladores federales que investiga la muerte de 22 civiles a manos del Ejército el pasado 30 de junio, en Tlatlaya, Estado de México.

La atención que despertó esa matanza en organismos defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales, sostiene Hernández en entrevista con Proceso, “permite aspirar a que, en la resolución o desentrañamiento del caso, se puedan desempaquetar problemas estructurales. (…) Los dos rieles paralelos de esos problemas estructurales en México son el de la procuración de justicia y el de la impunidad”.

En el encuentro con los diputados les aseguró: “Si no se corrigen las fallas o si se da una tendencia a su ‘encapsulamiento’, nuevos casos surgirán”.

Después, en entrevista, abundó: “Si no revisamos los sistemas de inteligencia, si no revisamos el conjunto de cosas (que ocurren) en entidades, en instituciones altamente jerarquizadas y altamente sistémicas (como el Ejército), estamos sólo atendiendo una parte del problema”.

El representante no quiso hablar de lo dicho en la junta privada. Sin embargo, este semanario obtuvo “las notas” que serán parte del informe final del grupo de trabajo legislativo.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1984, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

Inacción militar que olió a complicidad

Diversos hechos y testimonios apuntan a que la inacción del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, los pasados 26 y 27 de septiembre, no fue casual: los jefes castrenses tenían una excelente relación con el exalcalde José Luis Abarca y con su esposa, y el día del ataque a los normalistas no hubo presencia militar sino hasta mucho después del tiroteo, cuando las víctimas buscaban ayuda médica, la cual prometieron y no dieron. Hay otros datos: el año pasado el jefe de la policía de Cocula acusó a los integrantes de ese batallón de proteger a delincuentes y hay un caso documentado de cuando levantaron y desaparecieron a seis jóvenes igualtecos en 2010.

MÉXICO, D.F: La inacción del Ejército ante los hechos de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre pasados ha generado sospechas entre diversos sectores; el ataque de más de tres horas a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa –donde tres fueron asesinados y 25 heridos por policías municipales de Iguala y Cocula y 43 más entregados al cártel Guerreros Unidos– ocurrió a menos de tres kilómetros de las instalaciones del 27 Batallón de Infantería.

El 19 de octubre la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso citó al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, para que explique lo que sabe del caso de los normalistas y la situación de violencia en Guerrero.

Además Human Rights Watch señaló que es responsabilidad del gobierno responder a los cuestionamientos en torno al comportamiento de los militares durante los ataques de la policía de Iguala contra los estudiantes. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan pidió investigar al Ejército por su falta de prevención de los hechos y la ausencia de información de inteligencia acerca del modus operandi de los grupos criminales en la zona.

Al ser cuestionado sobre la inacción del Ejército para defender a los estudiantes, durante su conferencia de prensa del viernes 7 el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, justificó: “El Ejército se mueve sólo con órdenes. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido? ¿A quién hubiera apoyado? Obviamente a la autoridad. ¡Qué bueno que no salió!”

El comportamiento del Ejército aún no ha sido aclarado. Pero una serie de datos salta a la vista.

En Iguala están las instalaciones del 27 Batallón de Infantería. El personal de ese agrupamiento no sólo no acudió a verificar qué pasaba afuera de sus instalaciones ese 26 de septiembre sino que negó atención a los heridos. También se le acusa de haber obstaculizado la búsqueda de los estudiantes.

Hay evidencias de que no atendió las denuncias recibidas antes de la tragedia, en las cuales se señalaba por comportamiento criminal a las policías de Iguala y Cocula y se sabe además que los militares de esa demarcación tenían muy buena relación con el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

Personal de ese batallón está señalado como culpable de la desaparición forzada de seis jóvenes en 2010.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1984, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.

Zedillo a Peña: “estamos mal, muy mal, en materia de estado de derecho”

MÉXICO, D.F: En México “estamos mal, muy mal, en materia de estado de derecho”, aseguró hoy el expresidente Ernesto Zedillo.

En el combate a la inseguridad y a la impunidad, agregó, “algunos golpes efectistas, espectaculares, posiblemente pueden servir de algo”. También pueden ser “un primer paso”, loables, los llamados a un “Pacto por la legalidad y la seguridad”.

Pero nunca son suficientes, dijo Zedillo, porque “al final de cuentas lo que cuenta, lo que vale, lo que perdura, lo que es sostenible, es la construcción de instituciones, de instituciones que funcionen”.

Nunca se refirió abiertamente el expresidente –que gobernó al país de diciembre de 1994 a noviembre de 2000– a la llamativa y mediática aprehensión, el martes 4, de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, y su esposa –implicados en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa–, ni al llamado del presidente Enrique Peña Nieto, un día antes, a un pacto por la seguridad y la vigencia del estado de derecho en el país.

Pero la alusión era obvia.

Ernesto Zedillo participó este miércoles, junto con Alan García y Sebastián Piñera, expresidentes de Perú y Chile, respectivamente, en el panel “Productividad, clave para el desarrollo sostenible”, dentro de la “Sesión Plenaria 2014” del Consejo General de Banorte, en donde participaron consejeros regionales, todo el cuerpo directivo, accionistas y clientes relevantes del grupo financiero.

El panel iba a girar sobre temas económicos, como su nombre indicaba, pero derivó en temas de seguridad y estado de derecho.

Fue Alan García, dos veces presidente de Perú, quien desvió el tema. Al hablar sobre México, dijo que según “las informaciones mundiales” uno se entera de “este sobresalto (que vive México), que llega a todos los hogares, respecto de la seguridad y al costo de la inseguridad y la violencia”.

Entonces fue cuando dijo que lo que hacía falta en México era “hacer una fuerte demostración de autoridad democrática”, que el gobierno “debe mostrar al pueblo medidas fuertes que quiten esa sensación térmica que obstaculiza la ilusión del futuro a través de las reformas económicas”.

Más llano: la inseguridad y la violencia obnubilan y hacen ver pequeñas a las reformas que ha emprendido el gobierno de Peña Nieto.

Abundó el peruano en que “la autoridad democrática –no el autoritarismo– debe ser ejercida con toda la fuerza de la ley”.

Más: “Este es –en México y en nuestros países– un momento extraordinario para demostrar autoridad democrática y hacer una ruptura de paradigma: cuando el federalismo se vuelve invertebrado o fragmenta a la nación, cuando las familias sospechan de las autoridades, le toca a quien conduce (el gobierno) dar un fuerte golpe”.

A partir de lo dicho por García, fue cuando Zedillo Ponce de León subestimó los “los golpes efectistas y espectaculares” y los llamados a un pacto por la seguridad, que pueden servir de algo, pero que son insuficientes.

Abonó en la discusión el moderador del panel, el presentador estrella de Televisa, Joaquín López Dóriga, cuando dijo que “la corrupción es un aspecto fundamental que corroe a todos nuestros países”.

Y Zedillo volvió a la carga. Dijo que es un error considerar a la corrupción como el único problema o el problema fundamental de México y muchos países de América Latina.

Ojalá, dijo, “que nada más fuera la corrupción el problema del país. Pero la corrupción es sólo un aspecto de nuestra enfermedad más grande, que es la debilidad de nuestro estado de derecho”.

“Porque –explicó–, por definición, si tenemos leyes y hacemos valer esas leyes, y hacemos valer el principio de igualdad ante la ley, los corruptos estarían donde deben estar: en la cárcel.

“Pero no están en la cárcel, primero, porque en buena medida han tenido la capacidad de capturar ciertos aspectos del sistema económico y del sistema político, violando ciertos principios del estado de derecho.

“Y segundo, aun cuando no hayan capturado eso, tienen (los corruptos) la oportunidad de hacerlo, porque sabemos –que no es el caso privativo de nuestro país, desgraciadamente es en muchos países— que cuando el estado de derecho es débil, pues la justicia tiene un precio, y eso es una tragedia. Pero el gran tema es el estado de derecho”.

Reiteró que “mostrar la autoridad a través de una acción o un conjunto de acciones efectivas — como sugería el expresidente peruano–, puede ayudar, pero francamente el problema es mucho mayor”.

Dijo: “El problema, insisto, es un tema de construcción institucional, es un tema de reconstrucción de una cultura de apego al estado de derecho por parte de la autoridad y por parte de la ciudadanía; es un tema de formación de recursos humanos; es un tema de marcarse metas muy específicas.

“Si hoy sabemos que equis porcentaje de los delitos que se cometen en nuestro país no se denuncian porque simplemente la gente piensa que es inútil que se denuncien; si hoy sabemos que un altísimo porcentaje de los delitos que se denuncian en nuestro país no son castigados…

“Bueno, pues tenemos que tener metas, así como en cualquier otro ejercicio importante para la vida de un país o de una empresa, pues tenemos que ser congruentes entre las metas y los instrumentos que tenemos para alcanzar esos objetivos. Entonces yo sería un poco cuidadoso en simplificar esta tarea, porque no es un problema únicamente de voluntad.”

Dijo Zedillo no dudar de que “mi presidente y quienes nos representan en el Congreso de la Unión quieren tener un estado de derecho en nuestro país; no lo dudo, pero se tiene que hacer mucho para lograr eso”.

Tenemos que admitir, autoridades y ciudadanos, que lograr una mejor justicia “cuesta”, advirtió.

“Pero estaremos tomando en serio el tema, y lograremos una mejor justicia cuando estemos dispuestos a invertir lo que se tiene que invertir –que son varios puntos del PIB– para hacer esa construcción institucional, esa construcción de ese capital humano, esa construcción que nos permita realmente hacer valer las leyes y lograr ese verdadero estado de derecho”.


Y en un verdadero estado de derecho, concluyó, el “elemento fundamental es la igualdad ante la ley: que el pobre tenga la misma oportunidad que el rico cuando acude ante la justicia para ser protegido por ese estado de derecho”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARLOS ACOSTA CÓRDOVA.

Liberan a víctima de la narcoguerra de Calderón… siete años después

MÉXICO, D.F: Belinda Garza Melo, una víctima más de la guerra contra el narcotráfico lanzada por Felipe Calderón, recuperó su libertad después de siete años de permanecer en prisión, acusada de formar parte del Cártel de Golfo.

Integrada a la campaña “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”, impulsada por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Garza Melo fue detenida en julio de 2007 por efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP) en Torreón, Coahuila, “quienes por más de 40 horas la torturaron física, sexual y psicológicamente”.

De acuerdo con un comunicado del Centro Prodh, los uniformados la pusieron a disposición de las autoridades judiciales tres meses después de su detención donde fue sometida a dos procesos penales federales por delincuencia organizada, delitos contra la salud y secuestro en los juzgados de distrito primero y tercero, en Toluca, Estado de México.

Interna en el penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, Belinda fue liberada el pasado 23 de octubre, sin que se le permitiera hacer ninguna llamada a sus defensores o familiares y sólo se le entregó “dinero justo para el transporte”.

De los dos procesos penales que se le seguían fue absuelta de uno de ellos, en tanto que de otro purgó la pena que le fue impuesta por el juez primero de distrito.

En el comunicado la organización no gubernamental destaca que una vez fuera del Centro de Federal de Reintegración Social (Cefereso) 4, y en un lugar seguro se comunicó con el Centro Prodh para reafirmar su compromiso de participar en la campaña “Rompiendo el silencio”, y buscar justicia.

“Todo lo que pasé es una injusticia, estoy muy marcada y soy inocente, perdí a mi familia. Hoy con la cabeza muy en alto voy a enfrentar a quienes me torturaron, encarcelaron y ensuciaron mi nombre”, dijo Belinda Garza.

En junio de 2014, Belinda se integró a la campaña “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual” que tiene como objetivo “visibilizar el patrón sistemático de la tortura sexual que enfrentan las mujeres mexicanas que son detenidas por agentes policiales, militares o marinos en la supuesta protección que debería proveer a la sociedad”.

La campaña pretende evidenciar a la tortura y la represión como “mecanismos de control del Estado”, que incluyen la “sujeción a procesos penales injustos”, como es el caso de Belinda.


En “Rompiendo el silencio” también participan Claudia Medina Tamariz, torturada por marinos en Veracruz; Verónica Razo, violentada por la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), las indígenas guerrerenses Inés Fernández y Valentina Rosendo, así como Miriam López, abusadas sexualmente por militares.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Ayotzinapa tumba imagen de Peña; cae 23 lugares en lista de líderes más poderosos del mundo

MÉXICO, D.F: El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos terminó de derrumbar la imagen que el presidente Enrique Peña Nieto se empeñó en construir desde el comienzo de su gestión con el llamado Pacto por México como punta de lanza.

En el ranking de los hombres más poderosos del planeta elaborado por la revista Forbes en su más reciente edición, el mandatario mexicano descendió 23 lugares en relación con el año anterior. Peña se colocó en el lugar 60 de los 72 líderes mundiales.

La razón del declive lo da la propia revista: “la crisis política y social, detonada por la desaparición de 43 estudiantes a manos de la policía municipal de Iguala, presuntamente patrocinada por el crimen organizado, despertó serias dudas sobre la capacidad del gobierno de Enrique Peña Nieto de hacer frente al problema de violencia en el país”.

En la edición mexicana de Forbes se consigna también que “la probable participación del exalcalde de Iguala”, José Luis Abarca, detenido el pasado martes en una casucha de la delegación Iztapalapa, “y el descubrimiento de fosas comunes”, “ha enfurecido a los mexicanos, lo que provocó una campaña masiva exigiendo la renuncia del presidente”.

El texto añade que “Peña Nieto prometió poner fin a la guerra contra las bandas criminales y revitalizar la economía” y durante 2013 “su gobierno propuso su agenda de reformas estructurales, que fueron aprobadas en el Congreso, para aumentar la competencia en diversos sectores y para atraer la inversión privada en petróleo y electricidad.

“Pero el caso de los estudiantes desaparecidos de la escuela normalista del municipio de Ayotzinapa, Guerrero, más el de la ejecución de civiles presuntamente a manos del Ejército en Tlatlaya, Estado de México, desataron la crisis política más aguda que ha enfrentado hasta ahora en sus dos años de mandato”, dice.

Por segundo año consecutivo, el presidente ruso Vladimir Putin se alzó como el hombre más poderoso del mundo según el ranking de Forbes.

De nuevo el segundo sitio fue para el presidente estadunidense Barack Obama, que ahora tendrá que gobernar con una mayoría republicana en el Congreso y el Senado.

Entre los 72 líderes mundiales que integran la lista figuran sólo dos mexicanos: el magnate Carlos Slim, en el puesto 14, y el presidente Enrique Peña Nieto en el lugar 60. La reelecta presidenta de Brasil, Dilma Rouseff, se encuentra 29 puestos arriba de su par mexicano al ocupar el sitio 31 de la lista.

Al referirse al primer sitio de la lista, Forbes señala que “nadie podría llamar a Putin un buen tipo”. Lo considera un “impredecible líder que no rinde cuentas de un Estado nuclear rico en energía”, que el año pasado se “anotó” más puntos que cualquier otro líder.

Putin, añade, es más poderoso que “el maniatado líder del país más dominante en el mundo”, es decir, el estadunidense, Barack Obama que el martes pasado perdió el control del Congreso.

A esos Putin y Obama siguen en la lista: el presidente chino, Xi Jinping; el Papa Francisco; la canciller alemana Angela Merkel (quien encabeza la lista de las mujeres más poderosas del mundo); y la directora del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen.

Le siguen el fundador y dueño de Microsoft, Bill Gates; el presidente del Banco central Europeo, Mario Draghi en octavo lugar;


Sergey Brin y Larry Page, creadores de Google, en noveno, y el Primer Ministro de Reino Unido, David Cameron, en décimo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Investigan conexión Cuetzala-Teloloapan

Una denuncia anónima integrada al expediente de los sucesos en Iguala revela que los normalistas podrían haber sido trasladados a esos municipios, que comparten un escenario de desolación y alcaldes bajo el dominio del crimen organizado.

Rogelio Ortega, gobernador interino de Guerrero, destapó una línea de investigación que el exprocurador Iñaky Blanco había reservado respecto al paradero de los 43 normalistas: Teloloapan y Cuetzala del Progreso.

En el expediente que integra las declaraciones de sobrevivientes de la matanza de Iguala y de policías municipales de esa ciudad, existe una denuncia anónima que refiere que los sicarios de Guerreros Unidos habrían trasladado a los normalistas a estas comunidades, primero Teloloapan y luego a Cuetzala.

Según esta información los habrían bajado de las camionetas y obligado a cruzar un pequeño río para llegar a una pequeña ranchería conocida como “La Comunidad” en el municipio de San Miguel Totolapan, en la que habitan poco más de 300 habitantes.

El gobernador interino que sustituyó al perredista Ángel Aguirre dijo que esta información mantiene la esperanza de encontrarlos aún con vida.

Cuetzala del Progreso y Teloloapan son dos de los municipios más devastados por las luchas entre grupos organizados relacionados con el narcotráfico.

El alcalde secuestrado en Teloloapan

En ambos territorios, localizados al norte del estado de Guerrero, casi límites con el Estado de México, los Guerreros Unidos y la Familia Michoacana han dejado a su paso constantes balaceras, decapitados, ejecuciones, secuestros y extorsiones.

Esta violencia ha propiciado la aparición de pueblos fantasmas debido a la migración de sus habitantes, que dejan sus viviendas huyendo de la inseguridad.

En Teloloapan, el presidente municipal Ignacio de Jesús Valladares Salgado fue víctima de un secuestro atribuido a Felipe Viveros García, el “F”, de la Familia Michoacana.

Durante ese evento el perredista fue grabado cuando se comprometía a colocar a un secretario de Seguridad Pública que sirviera a los intereses de ese grupo delincuencial.

El alcalde preso de Cuetzala 

Feliciano Álvarez Mesino, alcalde de Cuetzala del Progreso, fue capturado en abril de este año por elementos de la Policía Federal Ministerial por su presunta relación con los grupos de la delincuencia organizada.

El también militante del PRD había supuestamente sobrevivido al menos a cuatro ataques por parte del crimen organizado.

Antes de ser detenido por supuestos delitos contra la salud, el edil había denunciado públicamente que Cuetzala del Progreso atravesaba por una crisis de violencia debido a que integrantes del crimen se habían apoderado de las calles.

Así las cosas, desde finales del 2013 y principios de este año el ayuntamiento no tiene policías municipales debido a que algunos fueron emboscados y asesinados, y muchos de los que sobrevivieron renunciaron.

La seguridad en Cuetzala está a cargo de la Policía Federal, estatal y elementos del Ejército que esporádicamente realizan rondines en aquellos apartados lugares de Guerrero.

En abril pasado, Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, informó en conferencia nacional que se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Feliciano Álvarez por los delitos de secuestro y delincuencia organizada.

 “Información de inteligencia señala que Feliciano Álvarez Mecino mantuvo, desde su campaña a la presidencia municipal, relación y apoyo de la organización prevaleciente en la zona dedicada al secuestro, extorsión y el tráfico de drogas”, señaló Zerón.

También dio a conocer que existían declaraciones en contra de Feliciano Álvarez que lo acusaban de proteger a dicha organización (sin dar un nombre específico) a la que alertaba cuando se desarrollaba un operativo federal en la región dirigido a la captura de los criminales.

Detalló que las áreas de influencia del grupo criminal se extendían desde Cuetzala del Progreso, Apaxtla, Arcelia, Cocula, Teloloapan y Tecpan.


Justo en esta región de Guerrero es donde se supone podrían haber sido trasladados algunos de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.

De paraíso a infierno

Tan solo el municipio de Acapulco tiene más homicidios que cualquier estado del país.

Hace medio siglo, pocas cosas eran tan glamorosas como ir a Acapulco. La reina de las playas mexicanas vivía engalanada con las visitas del jet set internacional.

En “Come fly with me” Frank Sinatra describió al puerto como el destino ideal para una luna de miel. John Kennedy y Jackie Onassis lo comprobaron.

Cientos de artistas, millonarios y sociliatés visitaban las playas de la Perla del Pacífico.

Hoy, de acuerdo al Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2013, Acapulco tiene más homicidios que la suma de cada una de las entidades federativas de manera individual.

El paraíso se volvió un infierno.

Apenas el año pasado, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal señaló a Acapulco como la segunda ciudad más violenta del mundo con un promedio de 142.88 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

Guerrero es el estado que más municipios tiene en el listado de los lugares más violentos en México. Le sigue Colima, Nayarit, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz.

En febrero de este año, la agencia norteamericana de seguridad Stratfor, advirtió a los Springbreakers sobre los riesgos de viajar a México, particularmente al puerto guerrerense.

“Acapulco se ha convertido en una de las ciudades más violentas de México, con 143 homicidios por cada 100 mil habitantes, en 2012, además de que ocupó el tercer lugar en el mundo por homicidios por habitante, en 2013, con 113 por 100 mil”, destacó la agencia.

FUENTE: REPORTE INDIGO.

AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.

Tlatlaya, “paradigma de violencia e impunidad militar”: ONU-DH

MÉXICO, D.F: Tlatlaya es el “paradigma de la violencia, impunidad y violación a derechos humanos” por parte de las fuerzas armadas en México, sostuvo Javier Hernández Valencia, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

El representante de la ONU-DH sostuvo, al tomar como referencia el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que los hechos ocurridos el 30 de junio en San Pedro Limón, del municipio mexiquense de Tlatlaya y donde 22 civiles murieron a manos del Ejército, “sintetizan” en un solo evento todos los momentos de mayor violencia y muerte del país.

“Tlatlaya es un caso que nosotros llamamos paradigmático. Paradigmático significa que el caso sintetiza y tal vez nos da la oportunidad de encontrar no sólo la línea roja en la cual el delito y los responsables puedan ser identificados, sino las fallas que probablemente varios institutos intervinientes han reflejado.

“Y, si vamos más allá, diría (que sintetiza) los tiempos especiales en los cuales en México son los números altos de muertos, son los números altos de incidente. En una sola ocasión capturan la atención y el trabajo de la opinión pública”.

El alto comisionado de ONU-DH dijo luego que la impunidad en México se acumula y los casos se suceden uno tras otro, y por esta razón habla no sólo de Tlatlaya sino de varios eventos en que se han visto involucradas fuerzas del Estado, como el Ejército o policías.

–¿Por qué cuando habla de Tlatlaya hace referencia a otros casos y, a partir de esto, cuál es la percepción de los derechos humanos aquí en México?

–Creo que hay una cosa que en el trabajo de nuestra oficina ha sido permanente, que es el de buscar, primero, el que las víctimas sean reconocidas, visibilizadas, dignificadas y merezcan la atención de las instituciones.

“Yo no haría referencia a los dos jóvenes regiomontanos, no haría referencia a las familias de los 11 cazadores, no haría referencia a doña Guadalupe Fernández, que me envió desesperada un mail diciendo: ‘¿Y mi desaparecido ¿Por qué no se busca con la intensidad con la que se busca a los 43 muchachos de Ayotzinapa?’ Y no haría referencia al caso Ayotzinapa si no fuera porque los casos se suceden y se acumulan sin que resolvamos el nudo de impunidad”, fustigó.

También alertó sobre el desinterés que causa un hecho de grave violación a los derechos humanos cuando surge otro nuevo evento, en referencia a Tlatlaya y, tres meses después, a Ayotzinapa.

Pero también llama la atención, prosiguió, a la forma en que un acontecimiento se da a conocer de manera “escueta” sin generar reacción entre la sociedad, como no sea entre los medios de información.

“Y que cuando avanzamos, y está bien que se avance en los casos paradigmáticos, demos por clausurado el trabajo en los otros casos pendientes y, peor aún, nos topemos con la reacción social de que cuando las noticias son dadas de manera escueta y dentro de una dinámica o un parámetro, bueno, ese es el resultado, y no haya resorte social más que el de los profesionales de la prensa que se pregunten: ‘¿Es eso posible y cómo es que es posible?’”

Hernández Valencia subrayó que el caso Tlatlaya es paradigmático porque sintetiza o muestra un patrón de comportamiento de elementos del Ejército mexicano.

“Y en ese espacio (de Tlatlaya), las familias de un desaparecido, las familias de, por ejemplo, los dos estudiantes del Tec de Monterrey que murieron, también ya hay una recomendación que así lo señala y señala responsabilidades del Ejército.

“Esas familias deben hoy estar tan profundamente dolidas del silencio y el olvido de sus casos, el silencio y la falta de reacción e interés por sus casos, como el de las familias de los 11 cazadores desaparecidos en Zacatecas, también tomados y capturados por las policías”.

Y nuestro problemas, deploró, “es que no logramos producir los cambios institucionales para prevenir que esto siga sucediendo y para sancionar a los responsables cuando los encontramos.

“Hablar de Tlatlaya es obviamente importante, pero sólo tiene sentido si hablamos de Tlatlaya en un contexto más amplio”, alertó Hernández Valencia, quien se reunió con el grupo de trabajo de legisladores que da seguimiento a la ejecución extrajudicial de 22 presuntos criminales a manos de elementos del Ejército en una bodega de San Pedro Limón, en Tlatlaya.

Por otra parte, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en donde informa que, a partir de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado mexicano para el caso Tlatlaya, autoridades de Segob, Relaciones Exteriores, OGR y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se reunieron con “los representantes y la víctima beneficiaria de dichas medidas”.

En esta reunión, detalló, “se acordaron las acciones de atención y ayuda inmediata, así como la ruta a seguir para su implementación. En este contexto, el Estado reconoce a la víctima y testigo sus aportaciones para el avance de las investigaciones y asume el compromiso de su protección y atención integral”.


El comunicado sólo reconoce a “una” víctima, la cual no identifica pero se presupone que se trata de la madre de la joven de 15 años ejecutada en Tlatlaya. Nada dice de las esposas o familiares de los otros 21 masacrados.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

Unión y fuerza fuera de las aulas: escuelas y universidades en paro nacional por Ayotzinapa

MÉXICO, D.F: Por tercera ocasión desde la desaparición forzada de 43 normalistas de la escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa cientos de miles de universitarios realizaron paros activos y totales en esta ciudad y en la mayoría de los estados del país para exigir la aparición con vida de sus “compañeros” y castigo a los culpables.

Las actividades de la tercera jornada de acción nacional por Ayotzinapa, que incluyeron bloqueos carreteros, tomas de establecimientos mercantiles, marchas, manifestaciones artísticas se desarrollaron, en su mayoría, de forma pacífica.


Sólo en Xalapa estudiantes normalistas, de la Universidad Veracruzana, anarquistas y activistas que salieron a marchar por las calles de la capital del estado, prendieron fuego con palos y bolas de trapo con gasolina a la puerta de la entrada principal del Palacio de Gobierno donde despacha Javier Duarte.

Ahí, policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mitigaron el fuego con cubetas de agua y extinguidores. No hubo daños, ni heridos, tampoco hubo detenidos.

Las protestas en el estado por la desaparición de 43 normalistas y el asesinato de 6 personas en Iguala, Guerrero, han ido en aumento, con mayor número de participantes y más radicales.

En su recorrido, los manifestantes gritaban consignas como: “No somos frutsis, no somos pingüinos, somos estudiantes desaparecidos” y “no somos todos, nos faltan 43”.

En Puebla, alrededor de cinco mil estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), de la Universidad Iberoamericana (UIA), de la Universidad Tecnológica y de la Normal Rural Carmen Serdán también marcharon para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Los jóvenes salieron desde Ciudad Universitaria y se concentraron en el zócalo para realizar un mitin en el que participaron estudiantes normalistas de Ayotzinapa que dieron su testimonio sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre cuando desaparecieron los 43 estudiantes y otros seis perdieron la vida.


En la Ibero campus Puebla, el rector Fernando Fernández Font participó en un acto en el que la institución se solidarizó con la comunidad estudiantil de Ayotzinapa ante la presencia de dos estudiantes procedentes de esa comunidad, que estuvieron presentes en los hechos del 26 de septiembre.

Fernández Font dijo que  México es un “país hipócrita que sólo sirve a las clases en el poder y le da la espalda a los que realmente necesitan ayuda.

“Me disculpo a nombre de todos los mayores por el mundo tan deformado y devastado que les hemos entregado, pero confío en que ustedes lograrán hacer de este país un lugar mejor para vivir”, sentenció.

El rector dijo a los alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos que en breve se les hará llegar donativos económicos y en especie que se han recolectado en la institución.

“Sigan adelante que el miedo no sea lo que los reprima, que el camino de lucha sea la esperanza y en ésta nosotros estamos con ustedes”, declaró.

El estudiante de Ayotzinapa, Camilo, quien por motivos de seguridad no quiso dar sus apellidos, narró a los alumnos y académicos de la Ibero lo que vivieron el 26 de septiembre, cuando fueron interceptados y rafagueados por la policía municipal de Iguala cuando regresaban de un día de boteo en dicha comunidad.

“Hoy estamos aquí porque no queremos que nuestra historia se repita en este país”, dijo.

Otro de los jóvenes que se identificó como Joel, pidió el apoyo de la comunidad académica y estudiantil de Puebla para demostrarle al Estado que no están solos. “Seguimos en pie de lucha y por ello les pedimos su apoyo con contingentes, despensas básicas o con dinero para que esto no pare hasta que sea resuelto”, expresó.

En Chiapas, miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) adheridos a la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizaron un bloqueo de seis horas en diferentes cruceros del estado.

A las nueve de la mañana, los maestros se apostaron en el tramo conocido como La Pochota en la salida poniente de Tuxtla, ahí se dieron cita maestros de las regiones Centro, Cuxtepeques y Fraylesca).

En San Cristóbal de Las Casas, los maestros de las regiones Zoque, Altos e Itzantun, bloquearon la entrada de la autopista que comunica a esa ciudad con Tuxtla. En Pichucalco, los maestros de la región petrolera bloquearon el crucero cercano a esa ciudad.

En el crucero de Playas de Catazajá, se concentraron docentes de las regiones Sierra Norte, Pakalkin, Selva–Ocosingo, Bachajón, Cafetalera, Selva Bonampak, Maya y Chol). En Comitán se plantaron maestros de la región Tojolbala, Lagos y región Cañera.

En el crucero de Ciudad Cuauhtémoc, que comunica con La Mesillla, zona limítrofe con Guatemala, se movilizaron los maestros de la Sierra Madre y la Frontera Sur. En el puente internacional de Suchiate, se dieron cita maestros de la Costa Grande y Soconusco. Y al Crucero La Gloria, llegaron los maestros de la zona Valle y Costa Chica.

A las 15:00 horas los docentes realizaron una marcha protesta por los desaparecidos de Ayotzinapa y también a manera de protesta, limpiaron las calles de la ciudad de toda propaganda política y promoción de imagen funcionarios en sus tres niveles.

En Guanajuato, alumnos y profesores de la Universidad del estado participaron en el paro nacional con un programa denominado “la UG en las calles”, mediante el que se impartieron cátedras en varias plazas de la ciudad.

En la plaza Allende, por ejemplo, frente a las esculturas en bronce de Don Quijote y Sancho Panza, estudiantes de Filosofía asistieron a sus clases con profesores que se adhirieron al paro.

“Este es un segundo momento reflexivo; el primero fue de reacción –con las marchas–, éste es de acción por parte de los estudiantes, algo muy poco visto, inédito, en Guanajuato”, dijo el catedrático Genaro Martell, coordinador de la Maestría en Filosofía.

A unos metros, en la plazuela del Ropero, alumnos de bachillerato eran asistidos por la profesora de Español Rosa Amelia García Mendoza, mientras elaboraban carteles que colocaron alrededor de la fuente y ante el monumento a Jorge Negrete, en esta plaza donde se ubica la casa en que nació.

La maestra les pidió informarse a través de medios serios sobre lo sucedido en Iguala el 26 de septiembre y con base en ello elaborar sus carteles. Su idea, dijo, es que los estudiantes comiencen a ser reflexivos y críticos.

Igual ocurrió con las divisiones de Derecho, Artes, Ciencias Sociales y otras áreas del campus. En la plazuela de San Roque, escenario de los Entremeses Cervantinos, la doctora Vanessa Góngora impartió el taller de Legislación en Derechos Humanos a alumnos de Ciencias Políticas, mientras en otras plazas, varios estudiantes invitaban a los transeúntes a informarse y solidarizarse sobre la desaparición forzada de los normalistas y las violaciones de derechos humanos por el Estado.

En León, el campus de la UG también se incorporó al movimiento mediante una toma simbólica de la sede San Carlos, en la que durante el día se llevaron a cabo actividades académicas y por la tarde se programó música, poesía, performance y otras actividades culturales.

Mientras que en respuesta a la convocatoria estudiantil, el rector de la Universidad Iberoamericana en León, Felipe Espinosa Torres, se pronunció por respaldar el paro activo.

En Sonora, estudiantes de la Asamblea General de Estudiantes de la Universidad del estado, decidieron de manera unánime sumarse al Día de Acción Global por Ayotzinapa, con un paro de actividades de las 07:00 a las 19:00 horas de este miércoles.

Estudiantes de Querétaro también salieron a las calles para exigir la localización de los normalistas desaparecidos y reclamaron a los medios de comunicación, en particular a Televisa, que no hayan reportado las movilizaciones que han realizado con anterioridad.


Otras universidades del país que se unieron al paro nacional fueron: la Universidad Veracruzana, el Instituto Superior de Irapuato; de Zacatecas, la Universidad de Zacatecas, la Universidad Tecnológica de Zacatecas (Utzac), del Instituto Tecnológico de Zacatecas (ITZ) y la Escuela Normal Rural General Matías Ramos.

También la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el posgrado del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCHS), de la Universidad de Guadalajara; la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y de la Escuela Normal de Cuautla y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

Trabajadores y catedráticos del Colegio de Bachilleres, del Conalep y del CECYT de Oaxaca también se unieron al paro nacional, lo mismo que el Instituto Tecnológico de Mérida (ITM) y otras universidades públicas y privadas de ese estado.

En Monterrey, un grupo de unos 400 universitarios marchó esta noche por las calles del centro de la ciudad para demandar justicia por los desaparecidos de Ayotzinapa.

El contingente salió de la plaza La Purísima a las 19:00 horas e hizo escala en el edificio de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, frente al cual los jóvenes expresaron su solidaridad con las víctimas y demandaron su regreso con vida.

Los estudiantes de universidades públicas y privadas de la localidad corearon en el recorrido “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y “¡Ayotzinapa vive!”.


Al contingente se unieron organismos civiles que luchan por encontrar a sus desaparecidos en la entidad.

En Quintana Roo, la convocatoria al paro de labores de 72 horas tuvo una tibia respuesta. En la Riviera Maya, estudiantes de la Universidad de Quintana Roo (Uqroo), campus Playa del Carmen, se unieron a la interrupción de clases.

Dirigentes universitarios adelantaron que se realizarán marchas matutinas y vespertinas en estos tres días en Playa del Carmen.

También se llevarán a cabo diferentes visitas a las escuelas de nivel medio y superior para buscar un mayor número de simpatizantes a esta causa, agregaron.


En Cancún, medio centenar de activistas, desde maestros hasta grupo de artistas alternativos, realizaron un mitin por la noche en el parque “Nuevos Horizontes”, conocido como “El Crucero”, en el antiguo centro de la ciudad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“¿Dónde están los 43?”: Miles se hacen oír en el DF y mandan mensaje a gobierno “criminal”

MÉXICO, D.F: Una vez más, decenas de miles de estudiantes tomaron las calles de la capital del país para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, y castigo a los culpables de su ausencia y la de seis personas asesinadas en el operativo perpetrado por autoridades de gobierno en sociedad con grupos criminales.

Esta vez, los jóvenes decidieron hacerse oír, de viva voz, por el ejecutivo del gobierno federal.

Se los impidieron. Llegaron hasta donde el Estado levantó una muralla de vayas metálicas, resguardadas por filas inamovibles de granaderos y el Estado Mayor Presidencial, en cada camino que llega a Los Pinos.

En la avenida Chivatito, casi al cruce con Paseo de la Reforma, los estudiantes dejaron sus primeros mensajes para un gobierno que consideran “criminal”.

Dibujaron siluetas de cuerpos sin vida apuntando a la residencia oficial y las leyendas: “Fue el Estado”, “Peña, asesino, fuera de Los Pinos”, “Da la cara, cobarde”.

Para las cinco de la tarde, una hora después de la cita, los estudiantes representados por jóvenes de todo el país, de escuelas públicas y privadas, iniciaron la marcha llenos de indignación, de rabia, de hartazgo, de arte con pancartas de colores y caras pintadas y música con bailes.

Con la protesta volvieron también las preguntas: ¿Dónde están los 43? ¿Por qué nos asesinan?

“Que el sufrimiento y la angustia de los familiares de los asesinados y desaparecidos se convierta en convicción de lucha, que nos permita alcanzar la meta de un país diferente”, decía un volante que repudiaba el “terrorismo de Estado”.


Como eco, iba y venía el nombre de los normalistas de la Rural de Ayotzinapa, pases de lista para recordar que no están y que estos miles, hasta encontrarlos, no dejarán de estar.

“Pasan los días, ya van 40, y lo único que aparecen son fosas clandestinas llenas de cadáveres sin nombre. ¿Éste es el país que merecemos? Nosotros decimos que no”. La voz era de estudiantes que lanzaban flores blancas al aire.

“Se solicita sangre tipo Zapata”, decían con ánimos revolucionarios chicos preparatorianos. Continuaban:

“Somos los de abajo y vamos por los de arriba”, “El enemigo del gobierno es el pueblo que piensa. Pero no nos pueden meter a todos en fosas”, repetían escoltando a un grupo de normalistas y sus familiares, que a su vez cantaban:

“Normales, rurales, nos quieren desaparecer. Con lucha y sangre, nos vamos a defender”.

Hombres y mujeres encapuchados, iban y venían pintando en donde podían su indignación, acompañada siempre por la “A” de la anarquía:

“Indignaos. Vengaremos a nuestros hermanos”, “Muerte al gobierno. Vida al pueblo”, “Somos pólvora detonada por el gobierno terrorista”.

Al caer el sol, 06:28 de la tarde, alcanzaron el Ángel de la Independencia, iluminado de un azul que contrastaba con el rojo pintado en las calles.

Doce minutos más tarde aterrizó un helicóptero en la cima del edificio de la PGR, al que el movimiento estudiantil piensa cercar desde las ocho de la mañana del jueves y durante seis horas.

“Esos son, esos son, los que chingan la nación”, cantó el colectivo apuntando a la aeronave oficial.

Con la noche llegaron los primeros contingentes a la Plaza de la Constitución. Y seguirían llegando por larguísimos minutos.

En un sencillo templete, con nada más que las fotografías de los que les arrebataron, los esperaban familiares y compañeros de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Frente a Palacio Nacional, reclamaron:

“Si el gobierno se los llevó no entendemos por qué no nos los quiere regresar. Pero si no nos los entrega, que se atenga a las consecuencias. Vamos a hacer justicia”.

A los medios de comunicación les pidieron que “no jueguen con los padres de familia de los compañeros. Sienten un dolor muy grande cada que alguien dice que están muertos. ¡Vivos se los llevarnos, vivos los queremos!”.

A su voz se unió la de Jody Williams, Premio Nobel de La Paz:

“El pueblo ya no aguanta el matrimonio del gobierno, el ejército y la policía con narcos”, dijo la estadunidense, para luego remarcar:

“Cuando aparezcan estos 43, van a ser símbolo del cambio de país que se necesita. Fuera el gobierno corrupto. Todos somos Ayotzinapa”.

En entrevista, a un costado de los familiares de los normalistas, entre el clamor por justicia, la Nobel condenó la partida de Enrique Peña Nieto rumbo a China en estos momentos.


“No debe viajar a China. Tiene la obligación de estar con las familias (de los normalistas desaparecidos) y buscar un cambio de sistema. Pero sabemos que eso no va a pasar”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SANTIAGO IGARTÚA.

A la ley del metal

Las mineras en Michoacán armaron sus propias guardias de seguridad para defenderse del crimen organizado, sin embargo, vecinos de las poblaciones aledañas los califican como ‘guardias blancas’.

En Michoacán las empresas mineras que explotan el subsuelo en las regiones de la Costa, Sierra Nahua y Tierra Caliente continúan creando sus propias “guardias blancas” para garantizar la seguridad de sus intereses económicos.

Más de 2 mil hombres armados están al servicio de las empresas trasnacionales asentadas en Michoacán, en aras de salvaguardar sus intereses.

Todos ellos reciben adiestramiento por parte del personal de la misma empresa, el cual es traído  de sus países de origen. 

La inseguridad pública que prevalece en la entidad es el mejor pretexto para las mineras extranjeras asentadas en la región.

Al menos 9 de las 12 empresas internacionales que existen en la zona de Tierra Caliente y de la Costa Sierra Nahua mantienen de manera abierta la operación de grupos de civiles armados, los que tienen la encomienda de repeler la presencia de las células del crimen organizado, además de garantizar seguridad a los directivos de las mineras.

Entre las empresas que ha trascendido mantienen “guardias blancas” están Arcelor Mittal, Shenzhen Golden E-Fast Technology Co. Ltd., Zhejiang Losun Holding Group Co. Ltd., Sunju Mining & Resources S.A. de C.V. y Liming Heavy Industry.

También las empresas chinas, Zhong Ning México y Mining Investment, de las más importantes en la explotación minera de Michoacán, son señaladas de organizar a grupos de civiles -en su mayoría traídos de otras partes del país- a los que se les da capacitación policial, instrucción de tiro y se les dota de armamento de grueso calibre para que resguarden la seguridad de las instalaciones.

La minera Ternium, asentada en el municipio de Aquila, es la que mayor número de “guardias blancas” ha integrado para la seguridad de sus minas, no solo en el estado de Michoacán, sino también en Colima y Jalisco, en donde mantienen en operación otras yacimientos de minerales. 

La mayoría los elementos que armó y capacitó Ternium hace tres años, hoy se encuentran conformando los cuerpos de la Policía Rural Estatal, luego de haber sido parte de los grupos de autodefensa que se alzaron contra el crimen organizado en toda la región de Tierra Caliente.

Aquila, un caso especial

La empresa Ternium se asentó en Michoacán desde hace más de una década luego que en el municipio de Aquila se encontraron bancos minerales con reservas probadas para la explotación de hierro por más de 30 años.

La empresa logró la concesión Federal para la explotación del subsuelo, pero los vecinos de la comunidad se opusieron. Argumentaron el inminente deterioro ambiental en la zona.

Frente a ese panorama, Ternium integró su propio grupo de seguridad privada, el que tuvo como fin evitar la presencia de manifestantes y quejosos dentro de las áreas de extracción de mineral. Muy pronto, el cuerpo de seguridad de Ternium comenzó a apoyar a la Policía de Aquila en la vigilancia del municipio, -con el respaldo del gobierno local- para garantizar la tranquilidad del lugar.

El grupo armado que formó Ternium inicialmente era un comando de 10 personas, pero en menos de dos meses ya eran más de 50 hombres armados. Los guardias de Ternium iniciaron amenazas contra los que se oponían a la explotación del subsuelo.

Para encarar a guardias de la minera, los vecinos de la comunidad de Aquila se integraron en una agrupación de comuneros, a fin de solicitar una negociación con la empresa Ternium, a la que le requirieron un pago por persona -a manera de regalías- por la explotación del subsuelo.

En marzo del 2013, Ternium comenzó a pagar en forma mensual las regalías para los 401 comuneros. Paga en promedio mensual 13 millones de pesos por la explotación del hierro de Aquila.

El líder de los comuneros que lograron regalías de minera Ternium era Octavio Villanueva Magaña, quien después fue señalado por los propios comuneros de haber desviado para su beneficio la suma de 14 millones de pesos.

El gobierno estatal,  en base a señalamientos hechos contra el exlíder comunal de Aquila, atendió una orden de aprehensión girada por un juez en contra de Villanueva Magaña, quien recluido en la cárcel estatal de Morelia.

Grupos armados en función de policías

La mayoría de los grupos armados al servicio de las mineras trasnacionales en Michoacán se sumaron a las acciones que realizaron inicialmente los grupos de autodefensa que integró José Manuel Mireles Valverde. 

A muchos de esos grupos se les asignó la seguridad pública de algunos poblados.

Al disminuir el movimiento de resistencia social, los “guardias blancas” regresaron a la vigilancia perimetral de las minas, empresas y bancos de minerales de las firmas internacionales a las que se deben. Muchos de esos elementos se sumaron ya a los cuerpos de la Policía Rural que integró el comisionado federal, Alfredo Castillo.

A la fecha, en las poblaciones de Lázaro Cárdenas, Aquila, La Huacana y Huetamo, las “guardias blancas” de las mineras realizan labores de vigilancia en forma permanente.

En algunos casos, estos grupos se identifican ante la población como parte de los grupos de autodefensa que continúan a la espera del regreso de Mireles. En otros casos se les confunde con células del crimen organizado.

Oficialmente las “guardias blancas” de las mineras asentadas en Michoacán no existen.

El misterio de las armas

Dentro las empresas a las que pertenecen los guardias mineros se le registra como personal de seguridad o de vigilancia perimetral. Algunas de las armas que utilizan son registradas ante la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque  -señalan algunas fuentes- gran parte de las armas provienen de las células criminales que ellos mismos combaten.

A veces las compran,  a veces las decomisan.

Las guardias blancas

Los municipios de Michoacán que cuentan con presencia de Guardias Blancas de las mineras son:

> Lázaro Cárdenas

> Aquila

> Huetamo

> La Huacana

FUENTE: REPORTE INDIGO.

AUTOR: J. JESÚS LEMUS.