MÉXICO, D.F: Luego de que se revelara que el presidente Enrique Peña Nieto posee una lujosa residencia en Lomas de Chapultepec registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, empresa que forma parte del Grupo Higa, contratista desde hace años de los gobiernos mexiquense y federal, la Presidencia de la República dio a conocer este domingo que la casa es de la primera dama Angélica Rivera.
“En enero de 2012, la señora Angélica Rivera Hurtado celebró un contrato con Ingeniería Inmobiliaria del Centro, S.A. de C.V. por virtud del cual, la primera se obliga a adquirir los inmuebles marcados con los números 150 y 160 de la calle Sierra Gorda, los cuales eran propiedad de esta inmobiliaria desde los años 2009 y 2010. Es importante destacar que dichos inmuebles colindan con la casa que desde varios años atrás ya era propiedad de la señora Angélica Rivera Hurtado y que el objeto de adquirirlos era ampliar el espacio de su casa habitación”, indicó la Presidencia en un comunicado.
Detalla que Rivera Hurtado pagó a la firma del contrato, en enero de 2012, casi un año antes de que su esposo fuera presidente de la República, el 30% del total del precio pactado, lo que hizo mediante la emisión de un cheque nominativo, de su cuenta personal, a favor de la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, S.A. de C.V., y en virtud de ello, se le otorgó la posesión.
El documento precisa que Angélica Rivera, quien contrajo matrimonio con Enrique Peña Nieto el 27 de noviembre de 2010, bajo el régimen de separación de bienes, es económicamente solvente y contaba con recursos suficientes para adquirir estos inmuebles. La larga carrera profesional de la señora Rivera Hurtado le ha permitido consolidar su patrimonio personal, destaca la Presidencia.
La información indica que Rivera ha cubierto puntualmente su deuda a través de pagos verificados de su cuenta personal de cheques y que el último depósito lo realizó en octubre del año pasado.
Aclara que “una vez que se cubra el monto total del adeudo, la parte vendedora otorgará la escritura pública a favor de la señora Angélica Rivera Hurtado, configurándose así la traslación del dominio a favor de ella”, según el comunicado.
“Debe destacarse que la señora Angélica Rivera Hurtado en varias ocasiones ha hecho referencia en medios de comunicación a su casa y a la ampliación de la misma. Tal es el caso de la revista Hola, de fecha 1 de mayo de 2013”, remata el documento.
La investigación sobre la residencia de Lomas de Chapultepec, valuada en siete millones de dólares, fue realizada por reporteros del portal Aristegui Noticias –que dirige la periodista Carmen Aristegui–, con apoyo del International Center for Journalists y la plataforma de periodismo latinoamericano Connectas.
Con testimonios, solicitudes de información a entidades gubernamentales, documentos oficiales y entrevistas, el reportaje demuestra que la residencia de Sierra Gorda 150, si bien pertenece a Peña Nieto está registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, sociedad anónima integrante del corporativo empresarial Higa.
La parte trasera de esa residencia colinda y se conecta con otra, la de Paseo de las Palmas 1325, cuya propietaria es Angélica Rivera.
El grupo empresarial Higa, a través de su subsidiaria Constructora Teya, es integrante del consorcio formado por China Railway Construction, China South Rolling Stock Corporation, Grupo GIA+A, Prodemex y GHP, que obtuvo la licitación –cancelada intempestivamente la noche del jueves 6– para construir y operar el tren rápido México-Querétaro por un monto de 50 mil 820 millones de pesos.
Teya es la misma empresa a la cual en junio pasado se le asignaron las obras de ampliación del hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por un monto de mil millones de pesos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La mayoría de las fuerzas políticas en la Cámara Alta se perfilan a no reelegir en el cargo al actual presidente de la CNDH y ponen sobre la mesa a los nuevos candidatos.
Esta semana, el Senado de la República deberá concluir con el nombramiento del nuevo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y, en la recta final del proceso, los grupos parlamentarios se inclinan por imponer su veto a Raúl Plascencia Villanueva, presidente del organismo.
A pesar de que fueron entregadas más de 2 mil firmas apoyando su reelección, y de que algunas personalidades le expresaran su apoyo, la mayoría de las fuerzas políticas en la Cámara Alta se perfilan a no reelegir en el cargo al actual presidente de la CNDH.
Los constantes señalamientos por omisiones y falta de resultados del organismo son las principales razones por las que los senadores, sobre todo de izquierda, se han pronunciado por no reiterar el nombramiento para Plascencia Villanueva.
Senadores como los perredistas Fidel DeMedicis o Lorena Cuéllar han criticado al Ombudsman por su reacción tardía en casos como el de los desaparecidos de Ayotzinapa o los ejecutados de Tlatlaya.
“Esa es la principal crítica que le hace la sociedad mexicana: no haber intervenido inmediatamente e iniciado una investigación que permitiera saber con certeza y prontitud lo que ahí había acontecido”, sostuvo Lorena Cuéllar, quien reclamó que la recomendación para los hechos de Tlatlaya se diera a conocer meses después de los hechos.
Plascencia también ha sido cuestionado por no hacer uso de sus facultades en casos como los de la aprobación de la legislación secundaria en materia de Telecomunicaciones, donde pudo haber presentado una controversia constitucional para revertir los artículos referidos a geolocalización o violaciones a la privacidad, que quedaron contenidos en dichas leyes.
Otro de los casos en los que hubo inconformidad por la actuación de la CNDH fue en el de la llamada Ley Bala, una legislación aprobada en Puebla en la que se regula el uso de la fuerza de las corporaciones policiacas en esa entidad, y que la Comisión declaró como no inconstitucional, por lo que no presentó controversia alguna contra ella ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin embargo, meses después, la realidad alcanzó a la CNDH. Un menor falleció por una bala de goma utilizada por la policía de Puebla en una manifestación y, en medio de presiones sociales, el máximo organismo de Derechos Humanos del país emitió un informe en que reconoció que el menor falleció producto de la bala.
No solo los legisladores se han mostrado inconformes. Organizaciones civiles enviaron peticiones al Senado para que no se contemplara la reelección de Plascencia como Ombudsman.
El principal reclamo que las organizaciones realizaron fue la falta de resultados del titular de la CNDH, pues de más de 380 mil quejas presentadas por ciudadanos ante el organismo en este año, acusaron, se emitieron menos de 100 recomendaciones.
Algunas, como México Unido contra la Delincuencia, México Evalúa, Fundar Centro de Análisis e Investigación y hasta el Movimiento 5 de Junio –conformado por padres de los niños de la Guardería ABC-, pidieron a los legisladores que no se reelija a Plascencia Villanueva.
La semilla quedó sembrada entre los grupos parlamentarios y todo indica que Raúl Plascencia Villanueva no estará en la terna de los finalistas cuyos nombres serán sometidos a la consideración del Pleno del Senado.
Los nombres más sonados
Los grupos parlamentarios perfilan ya los apoyos para conformar la terna de los finalistas y son varios los nombres que se consideran para ocupar la presidencia de la CNDH.
Entre ellos, se encuentra Mauricio Farah Gebara, quien actualmente es secretario general de la Cámara de Diputados. Es especialista en Derechos Humanos y Migración. Ya antes había trabajado en la CNDH como Coordinador del Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes.
En el 2009, Farah Gebara fue rival de Plascencia Villanueva, pues también presentó su candidatura para presidir la CNDH. En el 2013, siendo ya secretario general de la Cámara baja, presentó su solicitud para ser consejero electoral del IFE; sin embargo, después se retiró de la contienda con el argumento de que estaba siendo vetado por el PRI.
Otro de los nombres que se encuentra en la mesa es el de Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM y quien también ya había trabajado en la CNDH como segundo visitador y director general del Programa de Agravios a Periodistas.
González Pérez fue subprocurador General de la República en 1996, y fue el último fiscal especial que investigó el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Su cargo oficial fue Subprocurador Especial para el Caso Colosio.
Durante su ejercicio, la PGR dio a conocer el informe final del asesinato del entonces candidato presidencial del PRI, en el que se habla de la acción solitaria de Mario Aburto para matar a Colosio.
En las posibilidades para conformar la terna de los finalistas a la CNDH también se encuentra Patricia Olamendi Torres, quien fuera subprocuradora y directora general de Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal e integrante del Consejo Consultivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer.
Ha sido, además, subsecretaria de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, y actualmente trabaja con organizaciones de la sociedad civil en los temas de Derechos Humanos e Igualdad entre hombres y mujeres.
Ricardo Bucio Mújica es otra de las personas que los grupos parlamentarios en el Senado podría considerar para formar parte de la terna final.
Es presidente con licencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y fue presidente de la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación.
Ha trabajado también en organizaciones ligadas a la Iglesia católica, como coordinador nacional de Cáritas Mexicana o director de Programas Educativos del Centro de Solidaridad y Servicios Juan Diego.
Carlos Pérez Vázquez, coordinador de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es otro de los finalistas cuyo nombre podría aparecer en la terna.
Es coordinador de Derechos Humanos del máximo tribunal y coordinador de asesores de Juan Silva Meza, ministro presidente de la SCJN.
El año pasado, la SCJN recibió el premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por las resoluciones del tribunal y también por la institucionalización de la visión de derechos en la Corte y el Poder Judicial.
Es el enlace del máximo tribunal del país con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Se espera que a más tardar este martes quede integrada la terna de los finalistas para que sea analizada por las bancadas en la Cámara alta y votada por el pleno el jueves 13 de noviembre.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Advierte grupo Pro Montaña que si el Congreso del Estado aprueba la iniciativa que modifica la prohibición de construir en pendientes superiores al 45 por ciento, la zona de montaña de San Pedro será arrasada.
Ciudadanos de Pro Montaña, piden al Congreso del Estado que no apruebe una iniciativa para modificar la Ley de Desarrollo Urbano de Nuevo León, porque ésta permitiría edificar sin medida la Sierra Madre.
De darse el aval por parte de los legisladores, se consentirían urbanizaciones y desarrollo que llevarían a la depredación desmesurada de la zona de montaña en San Pedro.
La iniciativa del Colegio de Arquitectos y de la Sociedad de Arquitectos de Nuevo León, presentada el 11 de diciembre del 2013, propone que se elimine la prohibición a construir en pendientes mayores de 45 grados.
Jorge Dewey Castilla, miembro de Pro Montaña, advirtió que esto implica que se podría desarrollar, fraccionar o construir sin limitantes en el área de las montañas del municipio de San Pedro.
“En otras palabras, se pretende desarrollar, urbanizar y construir en toda la Zona de Montaña de la Sierra Madre, área verde, reserva ecológica, bosque urbano y parque nacional, privilegio natural de San Pedro Garza García.
“Con la consecuente deforestación y destrucción del hábitat de la Zona de Montaña de la Sierra Madre”, describe un documento que la agrupación ciudadana entregó el pasado 31 de octubre al Congreso de Nuevo León, dirigido al diputado Julio César Álvarez González, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano.
Enrique Burguete Fernández, también integrante de Pro Montaña, explicó que la agrupación está integrada por aproximadamente 800 vecinos, de los sectores de San Ángel y Colinas de San Ángel.
Propuesta Pro Montaña
> Que no se modifique la Ley de Desarrollo Urbano vigente, que en el Artículo 121, considera como áreas no urbanizables aquellas que tienen una pendiente mayor al 45 por ciento.
> También, que no se modifique el Artículo 195, que se refiere a las reservas naturales de suelo de San Pedro Garza García, el cual prohibe que un particular done o intercambie con el Municipio, terrenos para reservas naturales en el área de montaña con más de 45 por ciento de pendiente.
> Que no se modifique el Artículo 196, que establece que queda prohibido cualquier tipo de desarrollo urbano en terrenos con una pendiente natural mayor al 45 por ciento.
> Se pide que no se modifique el Artículo 212, que regula los fraccionamientos campestres, porque impide desarrollar en terrenos no urbanizables por causas de preservación ecológica y de prevención de riesgos, únicamente destinados para la construcción de vivienda unifamiliar y con una densidad máxima de vivienda en lotes con pendientes naturales mayor a 30 por ciento y menor a 45 por ciento, en los cuales sólo se permite un lote por hectárea bruta.
> Proponen se legisle y se incluya en la Ley de Desarrollo Urbano un impuesto al Impacto Urbano Específico, originado por los desarrollos urbanos, y que sea proporcional al valor de la inversión total del proyecto, y relativo al equipamiento e infraestructura urbana específica necesaria, como remediación al impacto urbano y al ecosistema derivado del desarrollo urbano.
Hay 100 lotes marcados como multifamiliares
Dewey Castilla denunció que en el fraccionamiento Valle San Ángel, originalmente catalogado como espacio campestre, hay 100 lotes marcados para uso multifamiliar y autorizados desde hace 40 años, que serán desarrollados.
“Son 100 lotes autorizados para multifamiliar, que eventualmente van a tener que autorizar la construcción, el Cabildo o la Secretaría de Desarrollo Urbano”.
El fraccionamiento ya tiene el permiso de uso de suelo, que se otorgó junto a la autorización del fraccionamiento, por el Gobierno del Estado desde los años 70`s.
“Al aplicar el criterio que quieren cambiar, a 45 grados que es una fórmula matemática en la que prácticamente se permite construir en una pendiente de 100 por ciento.
“Entonces eso trae origen y dedicatoria, para desarrollar las áreas de montaña, en donde sea”, afirmó Jorge Dewey.
Obviamente las construcciones en las pendientes de esta magnitud son posibles gracias a las técnicas de ingeniería que emplean los expertos, pero el problema es la afectación al hábitat, denunciaron los integrantes de Pro Montaña.
En pocas palabras, quienes hicieron la iniciativa pretenden modificar la ley, para poder construir prácticamente en una pared y abrir al desarrollo las áreas naturales de reserva.
“Es donde nosotros pedimos a la Comisión (de Desarrollo Urbano) y al Congreso del Estado de Nuevo León, que reconsidere antes de autorizar esa modificación a la ley.
“Por el desequilibrio que eso provocaría en el área de preservación y reserva natural del área montañosa de San Pedro; hacemos un llamado”, declaró Jorge Dewey.
Ambos coincidieron en que Pro Montaña no pretende frenar el desarrollo del municipio ni el de particulares, pero sí busca que se dé un equilibrio.
“Lo que nosotros buscamos es que haya un equilibrio, entre la preservación, del área natural de la montaña, y el desarrollo de los multifamiliares, de las colonias y fraccionamientos”.
Las principales afectaciones son las áreas de absorción y la deforestación que se hace a la sierra, que representa alrededor de 400 arboles por año.
Además de ponderar los derechos humanos sobre la preservación ecológica, las autoridades deben tomar en cuenta el Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo León, que fue publicado en el Periódico Oficial el 22 de marzo de 2013.
Según la descripción oficial, el Atlas de Riesgo identifica las zonas susceptibles de recibir daños por los embates de los fenómenos naturales, e incluye un anexo que enumera las medidas de mitigación previas a la ocurrencia de una catástrofe, las cuales sirven para evitar los daños y minimizarlos o resistirlos en mejores condiciones.
En San Pedro aún no ha sido adoptado, por lo que los representantes de la agrupación demandaron al munícipe, Ugo Ruíz, acelerar dicho proceso.
“En el municipio de San Pedro es urgente que se dé y que se tome como un instrumento de decisión fundamental a la hora de dar las licencias de construcción, una decisión fundamental, más que por un aspecto complementario”, precisó Burguete Fernández.
Afirmaron no estar contra el desarrollo económico de las empresas dedicadas al ramo del desarrollo y la construcción, mientras operen de manera ordenada y generosa.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: MELVA FRUTOS.
MÉXICO, D.F: Luis Andrés Villegas Esparza, de 28 años; Juan Francisco Manrique Huerta, comunicólogo del Tec de Monterrey campus Ciudad de México; y Ricardo Gabriel Karam, de 26 años, tres de los 18 detenidos anoche por los hechos violentos en el Zócalo capitalino, dejaron las instalaciones de la SEIDO tras rendir su declaración ministerial.
Ambos fueron interrogados en calidad de testigos por los actos violentos ocurridos anoche frente a Palacio Nacional, sin que se les levantaran cargos.
Manrique Huerta anunció que presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por su detención luego de que grabó el arresto de otras personas por parte de policías capitalinos.
En tanto, Villegas Esparza denunció que granaderos le robaron su celular y lo golpearon antes de remitirlo a las autoridades federales.
Relató que cuando salió de su trabajo en la zona Centro, trató de auxiliar a una persona herida y fue detenido por la Policía del DF en la calle Madero.
El tercer liberado es Ricardo Gabriel Karam, de 26 años, estudiante de Administración de Empresas.
Hasta ahora hay otros 15 presentados ante la SIEDO, entre ellos dos menores.
Luego de los actos violentos ocurridos anoche en el Zócalo durante la protesta por el caso Ayotzinapa, al menos 18 personas fueron detenidas y trasladados a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal este domingo por los actos vandálicos en Palacio Nacional.
Estas personas, entregadas por la Policía del DF, declaran ante la SEIDO de la Procuraduría General de la República (PGR).
Según la lista proporcionada por abogados de los detenidos, éstos son: Luis Andrés Villegas Esparza, Juan Carlos Flores Soto, Ramón González Hernández, Juan Francisco Manrique Huerta, Jessica López Torres, Aurelio López Torres, Ramón González, José Juan Sánchez, Karina Cárdenas Chávez, Víctor Alexis Cruz Díaz, Ángel Yáñez Villegas, Axel de Jesús Guzmán González, Ricardo Karam Moreno y Eric Gutiérrez N., Jesús Josué Correa Montes, David Hernández Chavarría, Omar Emilio López Linares y David Geovani Hernández Cedillo.
Familiares de los detenidos reclaman su libertad y anunciaron que interpondrán una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Acusan que la Policía detuvo sin distinciones durante el operativo realizado anoche.
Agregan que según testigos, los policías golpearon a estudiantes que no tenían relación con los hechos y los trasladaron a la PGR.
La mañana de este domingo, empleados del Gobierno del Distrito Federal limpiaron y restauraron la puerta de Palacio Nacional atacada y vandalizada anoche por un grupo de jóvenes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: La caravana “43×43 Ni un desaparecido más” arribó poco después del mediodía a la plancha del Zócalo capitalino, tras cuatro horas de marcha.
Los manifestantes caminaron 195 kilómetros desde Iguala, Guerrero, un recorrido que duró siete días.
Esta mañana la caravana partió de la explanada de la iglesia de San Agustín de las Cuevas, en la delegación Tlalpan.
Conforme avanzaban, cientos de personas se fueron uniendo a la movilización pacífica, tal como ocurrió en la marcha realizada anoche sobre el Paseo de la Reforma.
El contingente fue recibido por miles de manifestantes en el Zócalo capitalino donde, en un mitin, se recriminó al Estado su incapacidad para encontrar a los 43 normalistas desaparecidos.
Encabezó la protesta un grupo de motocicletas y activistas que portaban banderas y pancartas, al grito de “¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña!” y “Fue el Estado”..
Representantes de 43 organizaciones civiles propusieron que los partidos políticos sean eliminados y los ciudadanos se hagan cargo del destino del país.
Durante el mitin los manifestantes exigieron abrir una nueva línea de investigación en el caso Ayotzinapa que incluya los planteles militares de Guerrero.
“Tenemos un Estado fallido, el Estado ha dejado de ser funcional para la sociedad”, dijo José Almaraz García, vocero de la marcha, quien pidió la renuncia del procurador Jesús Murillo Karam.
En la sexta movilización por los normalistas de Ayotzinapa, la caravana 43×43 convocó además a una resistencia civil pacífica.
Se indicó que la sociedad ha perdido la confianza en las instituciones y que el país vive una emergencia de seguridad.
Los inconformes indicaron que México tiene un Estado fallido que ha dejado de ser funcional para la sociedad.
Al concluir la caravana, las organizaciones participantes anunciaron que conformarán un registro ciudadano de desaparecidos y rechazaron todo tipo de violencia en su exigencia de justicia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El procurador Jesús Murillo Karam ofreció el mensaje oficial más importante que se ha emitido en torno a la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Todo sugiere, afirmó, que los muchachos fueron asesinados e incinerados por el narco, de modo tal que no se trata de un crimen de Estado. Sin embargo, las lagunas y las contradicciones abundan: ¿por qué se minimiza la participación de actores estatales?, ¿por qué el sacerdote Alejandro Solalinde supo lo ocurrido casi un mes antes que la Procuraduría?, ¿cómo tres sicarios lograron controlar a 43 jóvenes? Así, los padres de las víctimas rechazaron el mensaje, igual que Amnistía Internacional.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Entre contradicciones y lagunas, y bajo la presión internacional, la Procuraduría General de la República (PGR) se vio obligada a dar a conocer los avances de sus investigaciones sobre el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre pasados: “Están muertos, pero para el gobierno federal legalmente siguen desaparecidos”.
En una conferencia de prensa realizada el viernes 7, el procurador Jesús Murillo Karam dio detalles de la forma en que presuntamente ocurrieron las ejecuciones, basado en los testimonios de tres de los supuestos autores materiales del multihomicidio.
En líneas generales, el procurador confirmó la versión que el sacerdote Alejandro Solalinde dio en una entrevista publicada el 19 de octubre en Proceso (edición 1981). Aquella ocasión, el religioso reveló confesiones de hombres que participaron en la detención de los normalistas: “Hablan de que algunos (de los estudiantes) estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos, les pusieron diésel. Eso se va a saber, dicen que hasta les pusieron madera, algunos estaban vivos, otros muertos”.
El procurador –a pesar de tener 74 detenidos, entre agentes, halcones y al exalcalde José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda– esperó 20 días para dar la misma versión.
Ello reforzó el señalamiento que hizo el propio Solalinde: “A los políticos les es más útil la conservación de la esperanza, porque así no hay evidencia, todavía, que exhiba la criminalidad del propio Estado”.
La versión oficial difundida el viernes 7 enojó a organismos de derechos humanos, que sostienen que se trató de un crimen de Estado porque autoridades de diversas instituciones y niveles atacaron concertadamente a los estudiantes. En un comunicado emitido horas después de la rueda de prensa, Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, reclamó que el Estado eluda el hecho de que los responsables de la desaparición fueron policías municipales de Iguala y Cocula.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1984, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
Aunque José Luis Abarca ya está en la cárcel y se anunció el hallazgo de los desaparecidos, la crisis no da tregua. Los inconformes siguen en las calles y los padres no aceptan los resultados de las investigaciones.
Lejos de enfriar las protestas, el último informe de la PGR sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa ha radicalizado las manifestaciones que se han teñido de actos violentos.
En las últimas protestas convocadas en la Ciudad de México y en el estado de Guerrero los reflectores los han acaparado hechos violentos presuntamente cometidos por grupos radicales anarquistas que apoyan este movimiento.
Las protestas con saldos rojos ocurren después de que el viernes el procurador Jesús Murillo Karam anunciara de que existen indicios de que los estudiantes fueron asesinados y calcinados en el estado de Guerrero.
Entre los organizadores de las protestas por los estudiantes de Ayotzinapa circula la versión de que detrás de estos actos incendiarios podrían estar grupos de infiltrados en el movimiento.
La noche del sábado una protesta, que comenzó de manera pacífica en las instalaciones de la PGR y terminó en el Zócalo, concluyó con el incendio de una de las puertas de Palacio Nacional, donde despacha el presidente Enrique Peña Nieto.
No existen en los últimos años antecedentes de un acto así en contra de Palacio Nacional.
Los primeros actos vandálicos se registraron hace una semana en la movilización multitudinaria del pasado 5 de noviembre, que se desplazó por Paseo Reforma y terminó con un mitin en el Zócalo capitalino donde los padres de los estudiantes desaparecidos exigieron a las autoridades justicia para sus hijos.
Ese día la manifestación transcurrió sin hechos violentos, sin embargo el incendio de una estación del sistema de transporte Metrobus en el sur de la ciudad opacó la protesta masiva.
Casi al mismo tiempo en que celebraba la manifestación de estudiantes grupos presuntamente ligados al movimiento anarquista del Distrito Federal atacaron con bombas molotov la estación Universidad del Metrobus y uno de los autobuses que terminó calcinado.
El viernes pasado, el procurador Jesús Murillo Karam dio a conocer los avances de la investigación sobre los hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre en el municipio de Iguala.
De acuerdo a Murillo Karam, existen indicios de que los 43 estudiantes fueron detenidos por la Policía de Iguala y entregados al grupo criminal de Los Guerreros Unidos.
Los integrantes de este grupo delictivo –según los testimonios de tres de los detenidos – habrían asesinado y calcinado a los estudiantes en el basurero de Cocula.
Los restos incinerados habrían sido tirados al Río San Juan, que cruza esta zona del estado de Guerrero, con el propósito de borrar cualquier evidencia.
La Procuraduría General de la República no pudo confirmar la muerte de los estudiantes por la imposibilidad de llevar a cabo pruebas de ADN de los restos calcinados rescatados.
También en Guerrero, las protestas como en la Ciudad de México, se han radicalizado.
El sábado jóvenes de Ayotzinapa incendiaron vehículos de transporte de empresas privadas y una patrulla de la Policía Federal afuera del Palacio de Gobierno.
El inmueble oficial fue atacado con pedradas dañando cristales de sus ventanas.
El día de ayer arribó a la Ciudad de México la marcha #43x43, que inició hace una semana en el municipio de Iguala para protestar por la desaparición de los normalistas.
La caravana, que durante cinco días recorrió 200 kilómetros, fue convocada por organizaciones sociales en apoyo a los padres de los estudiantes desaparecidos.
En el mitin celebrado en el Zócalo se condenó el informe rendido por el procurador Jesús Murillo Karam y se exigió su renuncia como titular de la PGR.
Encienden Palacio Nacional
Por Hidalgo Neira
En las movilizaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en la Ciudad de México cada vez aparecen actos violentos que terminan por empañar las manifestaciones.
La noche del 8 de noviembre será recordada como la noche en que una de estas protestas convocadas por los estudiantes concluyó con el incendio de una de las puertas de Palacio Nacional.
La movilización comenzó a las 20:00 horas con un plantón frente a las instalaciones de la PGR, en Paseo de la Reforma.
La manifestación se había convocado a través de redes sociales para protestar por el informe que presentó el viernes el procurador Jesús Murillo Karam donde asegura que hay indicios en la investigación para establecer que los estudiantes fueron asesinados y calcinados por el cártel de los Guerreros Unidos.
Luego de la PGR, el grupo de manifestantes se desplazó hacia el Zócalo exigiendo justicia para los estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos el pasado 26 de septiembre.
En la plancha del Zócalo un grupo de manifestantes –identificados como parte de los grupos anarquistas- se abalanzaron contra lasvallas de seguridad instaladas en la explanada.
La protesta, que había transcurrido sin disturbios, se tornó violenta con el lanzamiento de bombas molotov y piedras contra uno de los accesos principales de Palacio Nacional.
Las llamas comenzaron a surgir en las puertas de Palacio Nacional, que fueron mitigadas por el sistema contra incendios de este inmueble federal.
El clamor de la gente no bajaba y siguieron amedrentando y golpeando la entrada del Palacio.
El enfrentamiento entre los radicales y los elementos de seguridad provocó que muchos manifestantes abandonaran la protesta por los estudiantes.
Los manifestantes –algunos encapuchados o con máscaras del personaje Guy Fawkes de la cinta “V de Venganza”- arremetían contra el portón de madera.
Los elementos del Estado Mayor Presidencial intentaban con agua y con gas disuadir en vano los ánimos enardecidos de los manifestantes.
El operativo que implementó la Policía concluyó con la detención y presentación de 18 personas por los actos violentos ocurridos en Palacio Nacional.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA
En un hecho sin precedentes en la historia del país, Enrique Peña Nieto revoca la licitación del tren México-Querétaro que había ganado la corporación China Railway Construction. La decisión, se dijo, fue para garantizar la transparencia del proceso. ¿Qué fue lo que pasó?
Tres empresarios ligados al poder político en México sufrieron un revés con la decisión de echar abajo la licitación del tren rápido México-Querétaro.
En una inusitada maniobra política de la actual administración –operada desde la Secretaría de Hacienda- se decidió volver a licitar la obra que tendría una inversión de aproximadamente 50 mil millones de pesos.
El gobierno federal argumentó que era necesario hacer nuevamente todo el proceso para garantizar total transparencia. La estrategia habría venido directamente por parte del titular de la SHCP, Luis Videgaray, quien con el objetivo de evitar un escándalo una vez que ya se estuviera construyendo la obra prefirió que fuera ahora, a pesar de que ya había sido asignada a los empresarios chinos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El proyecto fue cuestionado desde sus inicios porque sólo la corporación China Railway Construction, junto a empresarios mexicanos participó. Los otros constructores del ramo alegaron que era corto el tiempo para presentar su propuesta.
Olegario Vázquez Raña, Juan Armando Hinojosa e Hipólito Gerard Rivero fueron los empresarios de este País que lograron participar en esta obra de infraestructura para el transporte.
Vázquez Raña, es propietario de Grupo Imagen y de los hoteles Camino Real y los Hospitales Ángeles. Un empresario ligado a la Presidencia de la República desde hace décadas, tanto con el priismo como con el panismo.
Hinojosa Cantú, se identifica como uno de los empresarios que recibió el mayor número de contratos durante la gubernatura de Peña Nieto en el Estado de México.
Gerard Rivero es cuñado del ex Presidente, Carlos Salinas de Gortari, quien está casado con Ana Paula Gerard.
Cambio discursivo
Nunca antes en la historia de México un presidente había revocado el fallo de una licitación
El anuncio de la revocación del fallo no se dio de manera oficial. Fue mediante una entrevista concedida el jueves 6 de noviembre durante el noticiero nocturno de Televisa, conducido por Joaquín López Dóriga.
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que el fallo de la licitación se revocaba para dar “mayor transparencia y claridad” a la adjudicación que se había dado a un consorcio chino-mexicano.
“El presidente Peña Nieto cree, desea que este proyecto, tan importante para México, no sea cuestionado y tenga claridad absoluta, por eso esperamos en la nueva licitación, que saldrá en unos días más o semanas más, más participación de los fabricantes de trenes”, dijo.
A pesar de que no está de acuerdo, incluso dijo a López Dóriga que puede “no ser lo mejor para México”, Ruiz Esparza asumirá el costo político de la decisión.
La revocación contrasta fuertemente con lo que Ruiz Esparza había declarado apenas horas antes en el noticiero del mismo López Dóriga en Radio Fórmula y más tarde durante una comparecencia en el Senado.
La fecha estimada para la firma del contrato era el 2 de diciembre. Ahora dice que se publicará la nueva licitación en la última semana de noviembre.
En la comparecencia del pasado jueves, el funcionario insistió en que ampliar el plazo “pondría en peligro el proyecto”, que siempre se ha estimado para estar concluido en la primera mitad de 2018.
Horas antes en la entrevista radiofónica dijo: “estamos ya dando la adjudicación de la obra y que esperamos tenerlo en tres años y medio, tres años tres meses, para que lo más pronto posible empiece a dar servicio”.
Este plazo se cumple en febrero de 2018, justo cuando iniciarán campañas presidenciales para renovar la Presidencia de la República.
La revocación era para dar “más transparencia”, cuando se anunció la adjudicación el 3 de noviembre, Ruiz Esparza alabó que la Secretaría dio “especial importancia a la transparencia y al derecho a la información”.
El 25 de septiembre se había pospuesto una comparecencia de Ruiz Esparza ante el Senado. Los panistas pujaron por la presentación del secretario, tanto desde el Senado como en la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
El PAN protesta
Los senadores del blaquiazul habían criticado la adjudicación del proyecto bajo el argumento de sobrecostos y opacidad. El secretario de la SCT lo defendió
En el Senado, seis miembros de la bancada panista criticaron el proyecto del tren México-Querétaro y la adjudicación que se había hecho a personas cercanas al Presidente.
El secretario en ese momento defendió con entusiasmo el fallo. Justificó que el aumento del costo, de 43 mil 580 millones de pesos anunciado en abril a 49 mil 991 millones de peso, incluía el nuevo tipo de cambio, la inflación, el IVA, “el costo del proyecto ejecutivo y la entrega del tren totalmente operando”.
Los 7 mil 724 millones de pesos más IVA de cinco años de operación por parte de las empresas francesas, serías sufragados “con los ingresos de la propia tarifa del tren”.
Dijo que el aforo esperado para el tren será de 27 mil pasajeros diarios, con un costo por boleto de 240 pesos.
Sin embargo, la senadora Marcela Torres Peimbert dijo en entrevista que las corridas de autobús diarias entre México y Querétaro no suman más de 5 mil viajeros, por lo que la cifra manejada por el gobierno es exagerada.
Estos datos permiten calcular que si se considera que el tren estuviera en su máxima capacidad todos los días, se necesitarían 21 años para recuperar la inversión.
“Es un número exagerado, se cuestiona la viabilidad del proyecto, cuánto más va a subvencionar ese tren, el costo del boleto no da, en base a qué está el costo del boleto. Es un proyecto sobre bases muy endebles”, añadió Torres Peimbert.
Ruiz Esparza durante su comparecencia en el Senado defendió el costo presentado por el consorcio chino-español, el cual dijo que tuvo un precio por kilómetro de 12.07 euros, contra 10 a 70 que era el rango posible estimado.
También negó que hubiera presión de las demás empresas interesadas, ya que “nadie se inconformó”.
Unos días antes, el lunes 3 de noviembre, durante su discurso al anunciar la adjudicación del fallo al consorcio, el secretario también alabó sus tiempos de la licitación, que fueron criticados como insuficientes por otras de las empresas participantes.
Contó que el propio Peña Nieto hizo una invitación a China para participar en estos proyectos y “desde ese momento enviaron a México a 200 técnicos que trabajaron intensamente para cumplir con las fechas que se les pidió”.
“El secretario dijo que tienen estudios de movilidad, pero no los mostraron. Esos estudios técnicos tienen que ser datos públicos”, afirmó la senadora panista.
Problemas técnicos
Una semana antes de la visita, se anunció la adjudicación por 50 mil 820 millones de pesos a favor del consorcio encabezado por China Railway Construction, la única licitante se mantuvo y presentó una propuesta técnica y económica.
De este monto, 43 mil 96 millones eran para la construcción y 7 mil 723 millones eran para la operación y mantenimiento.
El acta de la adjudicación indica que el contrato sería firmado el 2 de diciembre para una propuesta que obtuvo la máxima calificación de puntaje económico pero arrastraba dos fallas serias de puntaje técnico.
Ahora la nueva licitación se publicará a finales de noviembre, en la fecha en que la obra debía iniciarse para que diera tiempo a ser inaugurada antes de que concluya el actual sexenio.
El acta de adjudicación indica que el consorcio ganador fue descalificado en los rubros de “procedimientos constructivos y descripción de la planeación integral para la ejecución de los trabajos” y en la “competencia o habilidad en el trabajo”, en los que obtuvo cero puntos de cinco posibles.
Tampoco acreditó que diera “participación de los discapacitados”, lo que también redujo su puntaje técnico total.
A pesar de estos tres aspectos, que le restaron a obtener 44.40 puntos técnicos de 50 posibles, el incremento en la propuesta económica hasta 50 mil 820 millones de pesos no fue un problema para el consorcio, a quien se le otorgó el máximo puntaje.
No se inconforman
El abogado constitucionalista Luis Pérez de Acha asegura que las irregularidades en la licitación fueron imputables al gobierno y no a las compañías, por lo cual no debieron ser afectadas en un fallo ya adjudicado.
La obligación de llevar procesos transparentes es a cargo del gobierno porque así lo marca la Constitución.
“Las empresas cumplen proporcionando información y documentación que el gobierno exige.
“Antes de hacer la revocación se les tuvo que haber dado la oportunidad de defenderse, lo que se llama garantía de audiencia como proceso elemental, de alguna irregularidad de la empresa que amerita la revocación. Eso se tiene que manifestar antes de revocarse”, dijo el constitucionalista.
Pero no fue así, los empresarios chinos están dispuestos a participar nuevamente en la licitación que abrirá el Gobierno.
Además la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que prevé indemnizar a la empresa china; en una entrevista para agencia de noticias del gobierno Notimex, Pablo Suárez Coello, Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal de esa dependencia, señaló:
“De acuerdo con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados, cuando se cancela la licitación, después de haber dado el fallo, vamos a ver cuáles son los gastos en los que incurrieron en la presentación y vamos a negociar la afectación que todo esto pudo haber significado”.
La vía del TAV...
> 30 de julio
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informa que el 15 de agosto próximo será dada a conocer la licitación para la construcción del Tren de Pasajeros de Alta Velocidad México-Querétaro.
> 15 de octubre
El consorcio encabezado por China Railway Construction Corp Ltd es el único participante en una licitación para construir el primer tren de pasajeros de alta velocidad en México que unirá a la capital con el estado de Querétaro, informa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
> 27 de octubre
Las empresas nacionales y extranjeras que abandonaron la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, advierten a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que la falta de tiempo para elaborar las propuestas inhibiría la competencia y provocaría que se presentaran proyectos deficientes.
> 29 de octubre
Los senadores del Grupo Parlamentario del PAN exhortan a la SCT a que suspenda la licitación, por considerar que el único consorcio que presentó una propuesta no garantiza las mejores condiciones económicas para el estado, al exceder en más de 10 mil millones de pesos el techo financiero propuesto por el Gobierno.
> 3 de noviembre
El proyecto del tren México-Querétaro será construido por el consorcio encabezado por China Railway Construction Corporation. El consorcio fue el único que presentó una propuesta.
> 4 de noviembre
Los senadores del PAN aseguran que en la obra hay “gato encerrado” y acusan que hubo una licitación amañada. Señalan que la empresa ganadora de la licitación tiene nexos con el expresidente Carlos Salinas de Gortari.
> 6 de noviembre
Enrique Peña Nieto revoca la concesión para la construcción del tren de alta velocidad México-Querétaro bajo el argumento de la legitimidad y transparencia en el concurso de la obra, luego de “dudas e inquietudes que han surgido en la opinión pública”.
> 7 de noviembre
Tras conocerse la revocación que el Presidente Peña Nieto hizo del fallo de la licitación del Tren de Alta Velocidad a Querétaro, las acciones de China Railway Construction Corp Ltd. descendieron casi 5 por ciento, su mayor caída desde junio 2013.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
Un pormenorizado análisis en torno a la cadena de incompetencias, irregularidades, omisiones y absurdos en todos los niveles de gobierno en México en casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por fuerzas del Estado, fue expuesto por el representante del Alto Comisionado de la ONU en la materia, Javier Hernández, en la reunión que sostuvo con diputados mexicanos que investigan la muerte de 22 personas a manos del Ejército en Tlatlaya en junio último. Su diagnóstico es demoledor: el caso, dice a Proceso, es sólo una muestra de “una gran masa de violaciones a las garantías individuales vinculadas a acciones del Estado”.
MÉXICO, D.F: En México abundan las violaciones graves a los derechos humanos: padece desapariciones forzadas, soldados que fusilan a delincuentes, delincuentes que matan a policías, policías que se corrompen junto a funcionarios y funcionarios que ordenan ejecutar a civiles.
Los casos se acumulan porque existe impunidad, y el caso Tlatlaya es sólo la punta del iceberg. Debajo hay una gran masa de violaciones a las garantías individuales vinculadas a acciones del Estado.
Así lo advirtió Javier Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, durante un encuentro privado con el grupo de legisladores federales que investiga la muerte de 22 civiles a manos del Ejército el pasado 30 de junio, en Tlatlaya, Estado de México.
La atención que despertó esa matanza en organismos defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales, sostiene Hernández en entrevista con Proceso, “permite aspirar a que, en la resolución o desentrañamiento del caso, se puedan desempaquetar problemas estructurales. (…) Los dos rieles paralelos de esos problemas estructurales en México son el de la procuración de justicia y el de la impunidad”.
En el encuentro con los diputados les aseguró: “Si no se corrigen las fallas o si se da una tendencia a su ‘encapsulamiento’, nuevos casos surgirán”.
Después, en entrevista, abundó: “Si no revisamos los sistemas de inteligencia, si no revisamos el conjunto de cosas (que ocurren) en entidades, en instituciones altamente jerarquizadas y altamente sistémicas (como el Ejército), estamos sólo atendiendo una parte del problema”.
El representante no quiso hablar de lo dicho en la junta privada. Sin embargo, este semanario obtuvo “las notas” que serán parte del informe final del grupo de trabajo legislativo.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1984, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
Diversos hechos y testimonios apuntan a que la inacción del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, los pasados 26 y 27 de septiembre, no fue casual: los jefes castrenses tenían una excelente relación con el exalcalde José Luis Abarca y con su esposa, y el día del ataque a los normalistas no hubo presencia militar sino hasta mucho después del tiroteo, cuando las víctimas buscaban ayuda médica, la cual prometieron y no dieron. Hay otros datos: el año pasado el jefe de la policía de Cocula acusó a los integrantes de ese batallón de proteger a delincuentes y hay un caso documentado de cuando levantaron y desaparecieron a seis jóvenes igualtecos en 2010.
MÉXICO, D.F: La inacción del Ejército ante los hechos de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre pasados ha generado sospechas entre diversos sectores; el ataque de más de tres horas a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa –donde tres fueron asesinados y 25 heridos por policías municipales de Iguala y Cocula y 43 más entregados al cártel Guerreros Unidos– ocurrió a menos de tres kilómetros de las instalaciones del 27 Batallón de Infantería.
El 19 de octubre la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso citó al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, para que explique lo que sabe del caso de los normalistas y la situación de violencia en Guerrero.
Además Human Rights Watch señaló que es responsabilidad del gobierno responder a los cuestionamientos en torno al comportamiento de los militares durante los ataques de la policía de Iguala contra los estudiantes. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan pidió investigar al Ejército por su falta de prevención de los hechos y la ausencia de información de inteligencia acerca del modus operandi de los grupos criminales en la zona.
Al ser cuestionado sobre la inacción del Ejército para defender a los estudiantes, durante su conferencia de prensa del viernes 7 el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, justificó: “El Ejército se mueve sólo con órdenes. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido? ¿A quién hubiera apoyado? Obviamente a la autoridad. ¡Qué bueno que no salió!”
El comportamiento del Ejército aún no ha sido aclarado. Pero una serie de datos salta a la vista.
En Iguala están las instalaciones del 27 Batallón de Infantería. El personal de ese agrupamiento no sólo no acudió a verificar qué pasaba afuera de sus instalaciones ese 26 de septiembre sino que negó atención a los heridos. También se le acusa de haber obstaculizado la búsqueda de los estudiantes.
Hay evidencias de que no atendió las denuncias recibidas antes de la tragedia, en las cuales se señalaba por comportamiento criminal a las policías de Iguala y Cocula y se sabe además que los militares de esa demarcación tenían muy buena relación con el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Personal de ese batallón está señalado como culpable de la desaparición forzada de seis jóvenes en 2010.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1984, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.
MÉXICO, D.F: En México “estamos mal, muy mal, en materia de estado de derecho”, aseguró hoy el expresidente Ernesto Zedillo.
En el combate a la inseguridad y a la impunidad, agregó, “algunos golpes efectistas, espectaculares, posiblemente pueden servir de algo”. También pueden ser “un primer paso”, loables, los llamados a un “Pacto por la legalidad y la seguridad”.
Pero nunca son suficientes, dijo Zedillo, porque “al final de cuentas lo que cuenta, lo que vale, lo que perdura, lo que es sostenible, es la construcción de instituciones, de instituciones que funcionen”.
Nunca se refirió abiertamente el expresidente –que gobernó al país de diciembre de 1994 a noviembre de 2000– a la llamativa y mediática aprehensión, el martes 4, de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, y su esposa –implicados en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa–, ni al llamado del presidente Enrique Peña Nieto, un día antes, a un pacto por la seguridad y la vigencia del estado de derecho en el país.
Pero la alusión era obvia.
Ernesto Zedillo participó este miércoles, junto con Alan García y Sebastián Piñera, expresidentes de Perú y Chile, respectivamente, en el panel “Productividad, clave para el desarrollo sostenible”, dentro de la “Sesión Plenaria 2014” del Consejo General de Banorte, en donde participaron consejeros regionales, todo el cuerpo directivo, accionistas y clientes relevantes del grupo financiero.
El panel iba a girar sobre temas económicos, como su nombre indicaba, pero derivó en temas de seguridad y estado de derecho.
Fue Alan García, dos veces presidente de Perú, quien desvió el tema. Al hablar sobre México, dijo que según “las informaciones mundiales” uno se entera de “este sobresalto (que vive México), que llega a todos los hogares, respecto de la seguridad y al costo de la inseguridad y la violencia”.
Entonces fue cuando dijo que lo que hacía falta en México era “hacer una fuerte demostración de autoridad democrática”, que el gobierno “debe mostrar al pueblo medidas fuertes que quiten esa sensación térmica que obstaculiza la ilusión del futuro a través de las reformas económicas”.
Más llano: la inseguridad y la violencia obnubilan y hacen ver pequeñas a las reformas que ha emprendido el gobierno de Peña Nieto.
Abundó el peruano en que “la autoridad democrática –no el autoritarismo– debe ser ejercida con toda la fuerza de la ley”.
Más: “Este es –en México y en nuestros países– un momento extraordinario para demostrar autoridad democrática y hacer una ruptura de paradigma: cuando el federalismo se vuelve invertebrado o fragmenta a la nación, cuando las familias sospechan de las autoridades, le toca a quien conduce (el gobierno) dar un fuerte golpe”.
A partir de lo dicho por García, fue cuando Zedillo Ponce de León subestimó los “los golpes efectistas y espectaculares” y los llamados a un pacto por la seguridad, que pueden servir de algo, pero que son insuficientes.
Abonó en la discusión el moderador del panel, el presentador estrella de Televisa, Joaquín López Dóriga, cuando dijo que “la corrupción es un aspecto fundamental que corroe a todos nuestros países”.
Y Zedillo volvió a la carga. Dijo que es un error considerar a la corrupción como el único problema o el problema fundamental de México y muchos países de América Latina.
Ojalá, dijo, “que nada más fuera la corrupción el problema del país. Pero la corrupción es sólo un aspecto de nuestra enfermedad más grande, que es la debilidad de nuestro estado de derecho”.
“Porque –explicó–, por definición, si tenemos leyes y hacemos valer esas leyes, y hacemos valer el principio de igualdad ante la ley, los corruptos estarían donde deben estar: en la cárcel.
“Pero no están en la cárcel, primero, porque en buena medida han tenido la capacidad de capturar ciertos aspectos del sistema económico y del sistema político, violando ciertos principios del estado de derecho.
“Y segundo, aun cuando no hayan capturado eso, tienen (los corruptos) la oportunidad de hacerlo, porque sabemos –que no es el caso privativo de nuestro país, desgraciadamente es en muchos países— que cuando el estado de derecho es débil, pues la justicia tiene un precio, y eso es una tragedia. Pero el gran tema es el estado de derecho”.
Reiteró que “mostrar la autoridad a través de una acción o un conjunto de acciones efectivas — como sugería el expresidente peruano–, puede ayudar, pero francamente el problema es mucho mayor”.
Dijo: “El problema, insisto, es un tema de construcción institucional, es un tema de reconstrucción de una cultura de apego al estado de derecho por parte de la autoridad y por parte de la ciudadanía; es un tema de formación de recursos humanos; es un tema de marcarse metas muy específicas.
“Si hoy sabemos que equis porcentaje de los delitos que se cometen en nuestro país no se denuncian porque simplemente la gente piensa que es inútil que se denuncien; si hoy sabemos que un altísimo porcentaje de los delitos que se denuncian en nuestro país no son castigados…
“Bueno, pues tenemos que tener metas, así como en cualquier otro ejercicio importante para la vida de un país o de una empresa, pues tenemos que ser congruentes entre las metas y los instrumentos que tenemos para alcanzar esos objetivos. Entonces yo sería un poco cuidadoso en simplificar esta tarea, porque no es un problema únicamente de voluntad.”
Dijo Zedillo no dudar de que “mi presidente y quienes nos representan en el Congreso de la Unión quieren tener un estado de derecho en nuestro país; no lo dudo, pero se tiene que hacer mucho para lograr eso”.
Tenemos que admitir, autoridades y ciudadanos, que lograr una mejor justicia “cuesta”, advirtió.
“Pero estaremos tomando en serio el tema, y lograremos una mejor justicia cuando estemos dispuestos a invertir lo que se tiene que invertir –que son varios puntos del PIB– para hacer esa construcción institucional, esa construcción de ese capital humano, esa construcción que nos permita realmente hacer valer las leyes y lograr ese verdadero estado de derecho”.
Y en un verdadero estado de derecho, concluyó, el “elemento fundamental es la igualdad ante la ley: que el pobre tenga la misma oportunidad que el rico cuando acude ante la justicia para ser protegido por ese estado de derecho”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARLOS ACOSTA CÓRDOVA.
MÉXICO, D.F: Belinda Garza Melo, una víctima más de la guerra contra el narcotráfico lanzada por Felipe Calderón, recuperó su libertad después de siete años de permanecer en prisión, acusada de formar parte del Cártel de Golfo.
Integrada a la campaña “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”, impulsada por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Garza Melo fue detenida en julio de 2007 por efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP) en Torreón, Coahuila, “quienes por más de 40 horas la torturaron física, sexual y psicológicamente”.
De acuerdo con un comunicado del Centro Prodh, los uniformados la pusieron a disposición de las autoridades judiciales tres meses después de su detención donde fue sometida a dos procesos penales federales por delincuencia organizada, delitos contra la salud y secuestro en los juzgados de distrito primero y tercero, en Toluca, Estado de México.
Interna en el penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, Belinda fue liberada el pasado 23 de octubre, sin que se le permitiera hacer ninguna llamada a sus defensores o familiares y sólo se le entregó “dinero justo para el transporte”.
De los dos procesos penales que se le seguían fue absuelta de uno de ellos, en tanto que de otro purgó la pena que le fue impuesta por el juez primero de distrito.
En el comunicado la organización no gubernamental destaca que una vez fuera del Centro de Federal de Reintegración Social (Cefereso) 4, y en un lugar seguro se comunicó con el Centro Prodh para reafirmar su compromiso de participar en la campaña “Rompiendo el silencio”, y buscar justicia.
“Todo lo que pasé es una injusticia, estoy muy marcada y soy inocente, perdí a mi familia. Hoy con la cabeza muy en alto voy a enfrentar a quienes me torturaron, encarcelaron y ensuciaron mi nombre”, dijo Belinda Garza.
En junio de 2014, Belinda se integró a la campaña “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual” que tiene como objetivo “visibilizar el patrón sistemático de la tortura sexual que enfrentan las mujeres mexicanas que son detenidas por agentes policiales, militares o marinos en la supuesta protección que debería proveer a la sociedad”.
La campaña pretende evidenciar a la tortura y la represión como “mecanismos de control del Estado”, que incluyen la “sujeción a procesos penales injustos”, como es el caso de Belinda.
En “Rompiendo el silencio” también participan Claudia Medina Tamariz, torturada por marinos en Veracruz; Verónica Razo, violentada por la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), las indígenas guerrerenses Inés Fernández y Valentina Rosendo, así como Miriam López, abusadas sexualmente por militares.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
