Aquí atorados en el largo proceso de desencuentros, rupturas, deslealtades y corrupción que fue minando la esperanza de dignificar y consolidar el régimen democrático del país.
Como lo escribe Mauricio Merino en su libro El futuro que no tuvimos, tendríamos que bautizar los últimos años como el periodo del desencanto.
Un periodo específico, determinado, cognoscible, comprendido entre el 1 de noviembre de 2003 y el 1 de julio de 2012. Un ciclo fechable que empieza con la ruptura de los acuerdos electorales que dieron origen al IFE autónomo y que termina con el regreso del PRI a Los Pinos. Un ciclo de todo lo que hemos presenciado y padecido desde entonces.
Atrás quedaron los acuerdos sensatos y honestamente comprometidos con la construcción de un nuevo régimen democrático. Atrás quedó aquella “joya de la corona” que fue un IFE creíble, admirado, autónomo. Atrás quedaron los pactos que tenían como objetivo una repartición más justa y más ciudadana del poder. En su lugar han quedado las malas artes y los conflictos. La transición de un sistema de partido prácticamente único a uno en el cual los beneficiarios fueron otros partidos, con sus arcas repletas de dinero público. La polarización de la sociedad producto de los pleitos incesantes entre la clase política. La sensación de que la democracia no ha servido para resolver los problemas del país sino para exacerbarlos. El sentimiento de desamparo ante Tlatlaya e Iguala.
Y la angustia compartida ante la certidumbre de que la vida pública se ha corrompido –sin distinciones ni matices– entre partidos y gobernantes. La desilusión colectiva ante el abandono de las promesas de profesionalización de la gestión pública. Ante la prevalencia de la cercanía, la amistad y las lealtades políticas en el nombramiento de funcionarios públicos. Ante el franco rechazo de los gobiernos a la apertura de toda la información relevante que la creación del IFAI motivó. Ante la opacidad que persiste en la fiscalización del dinero público a nivel federal, estatal o municipal. Sigue la repartición del botín partidario sin consecuencias. Sin efectos. Sin sanciones. He allí la podredumbre del PRD en Guerrero para constatarlo. Los moches del PAN para evidenciarlo. La candidatura a una diputación federal de Arturo Montiel para subrayarlo.
La economía sigue sin crecer lo que debiera. La deuda de la desigualdad social sigue sin ser saldada como podría. Poco a poco vamos cobrando conciencia de que los errores de gestión del gobierno no se han corregido. Las autoridades siguen asignando recursos crecientes a programas politizados que, en lugar de igualar a la sociedad, la hacen más desigual y generan mayores incentivos para la informalidad. Las autoridades siguen gastando el dinero público a manos llenas en medio de fallas, equivocaciones y actos de corrupción tan escandalosos como el de Oceanografía, entre tantos. Todos estos problemas acumulados no han encontrado sanción ni solución. Los partidos se culpan unos a otros, se aprovechan electoralmente de los errores del contrario antes que corregir los suyos. No vemos soluciones de conjunto. No vemos la creación de un sistema completo para rendir cuentas o usar mejor el dinero público o responder a las necesidades de una ciudadanía crecientemente agraviada.
Pero más grave aún es que en este periodo del deterioro democrático la inseguridad se ha implantado como una rutina común. Muertos, heridos, torturados, desaparecidos, fosas con cadáveres que no conocemos. La macabra puntualidad de la muerte en el Estado de México y en Michoacán y en Tamaulipas y en Guerrero. Mientras tanto, el Estado muestra tanto su poder de fuego como su impotencia frente al crimen que ayudó históricamente a cobijar. Muestra que la corrupción de sus ramas más indispensables –las policías, las Cortes, los Ministerios Públicos– se ha vuelto cosa de todos los días. Queda claro hoy que el desafío principal ya no es sólo salvar a la democracia, sino salvar al Estado; rescatar la capacidad de garantizar la seguridad mínima que México necesita para sobrevivir.
¿Y nosotros qué? ¿Cúal ha sido el papel de los ciudadanos frente a esta descomposición? Como argumenta Merino, ha habido reacciones sociales sin que logremos plantear una ruta alternativa eficaz a la trazada malamente por los partidos. No hemos logrado diseñar una agenda capaz de sacudir a la clase política. Hay una larga lista de heroísmos locales e individuales; de aquellos que han alzado la voz en distintos momentos frente a los abusos de Humberto Moreira y Ángel Aguirre y Eruviel Ávila. Ha habido marchas multitudinarias en distintas latitudes del país que expresan la indignación, el hartazgo, el miedo. Ha habido investigaciones valientes –como las de Mexicanos Primero, México Evalúa, el Instituo Mexicano Para la Competitividad y el CIDE– que generan métodos y conocimientos cada vez más finos para evaluar la disfuncionalidad de la democracia y el deterioro de las instituciones. Ha habido un amplio movimiento a favor de las víctimas y la dignidad y la paz. Ha habido un cúmulo de estudiantes que exigen más de lo que el gobierno les ofrece y no están dispuestos a conformarse. Pero nada ha sido suficiente.
La ruta del deterioro prosigue. Porque ninguno de los que poseen poder quieren abandoner el guión que les permite ejercerlo con impunidad. Porque los actores fundamentales siguen siendo los mismos. Porque el voto para el PRI fue un voto a favor del pasado, pues no es creíble pensar que la sociedad siga creyendo en el futuro que no tuvimos ni tendremos con el PRI en Los Pinos.
Y lo único que queda es seguir exigiendo, seguir la ruta de lo insuficiente para que se vuelva suficiente. Aprovechar las nuevas tecnologías de la información. Demandar libertad, conciencia, respeto. Declarar que estamos hartos de la violencia sin fin, de la falta de respeto a nuestra inteligencia por parte de instituciones como la PGR, de la manipulación mediatica, del control obstinado y corrupto de los partidos políticos, del cinismo de los que creen que pueden engañar a cualquiera, de la falta de horizontes creíbles, del predominio de explicaciones sobre Iguala que no van a ningún lado. Nos queda entonces pasar a la vida activa en todos los planos, en todos los espacios. Recuperar el espacio público que nos ha sido robado. Aprender a ser ciudadanos de veras. Defender la agenda democrática por encima de todo y de todos. Tiene razón Mauricio Merino: Ni un paso atrás. Ni un paso atrás en la construcción del futuro que queremos tener.
Este análisis se publicó en la edición 1983 de la revista Proceso que empezó a circular el 2 de noviembre.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DENISE DRESSER.
MÉXICO, D.F: La larga noche de los padres de Ayotzinapa aún no termina.
Jesús Murillo Karam, el hombre frío y “defensor” de los mexicanos, decidió junto con su jefe Enrique Peña Nieto mantener en el limbo el dolor de los padres pero con la certeza de que, para el gobierno, los 43 normalistas ya están muertos. Un asunto que a ojos del mundo se pretende cerrar.
Ante la caída de la imagen del gobierno peñanietista en el exterior, pereciera que sus operadores decidieron actuar y emprender un juego cruel, de mensaje impreciso y manipulable a conveniencia: esperanzador por un lado, de catapulta por otro.
Jesús Murillo Karam lanzó la moneda de dos caras. En una dice, “están muertos”, la otra “están desaparecidos”. El juego perverso se inclinará dependiendo de quién lance la moneda.
Si son mercado internacional y gobiernos extranjeros quienes la lanzan, caerá del lado “están muertos”, teniendo la certeza de que las autoridades buscaron por “tierra y agua” a los jóvenes de manera tan intensa que lograron detener a más de 70 personas y, en forma “dolorosa” descubrió que “los malos” forjaron una pila humana con “44 ó 43” estudiantes para quemarlos y esparcir sus restos en un río. Entonces la percepción será: el gobierno actuó y no hubo impunidad.
Si quien lanza la moneda es la sociedad, por lo menos para un sector caerá del lado “están desaparecidos”. Éstos sostendrán que el gobierno es tan honesto que aceptó no poder determinar con certeza si los restos humanos sacados del río son o no de los normalistas por lo que, “en búsqueda de la verdad” pedirá a la Universidad de Innsbruck un análisis de ADN de mitocondria. Aquí quienes tenían algunas dudas por la otra versión, con ésta se convencerán y dejarán en su corazón la esperanza de que están vivos y reconocerán en el gobierno sus esfuerzos por llegar hasta donde fue posible. Este mensaje es para la sociedad mexicana, no para el extranjero.
Del lado que caiga la moneda, el gobierno construyó un mensaje sobre bases reales, salpicado de declaraciones inverosímiles, de discursos mitad verdad, mitad mentira. Por ejemplo, real es que el expresidente municipal de Iguala y su esposa tienen relación familiar con el grupo delictivo Guerreros Unidos. Nadie de la sociedad lo pone en duda, por lo tanto, la mano ejecutora serán unos desalmados sicarios de la organización.
Para hacer más creíble la hipótesis original, el hábil y frío Murillo Karam logró capturar a los autores materiales, quienes frente a cámaras de video aceptaron su deleznable crimen.
Un mes necesitó el gobierno para eslabonar la historia. Pero hay preguntas básicas sin respuesta: ¿Cuál fue el móvil de Guerreros Unidos para ejecutarlos? ¿Por qué Murillo acepta la declaración de tres detenidos que dicen quemaron a 44 ó 43 y la ofrece a los medios de comunicación como verdad única? ¿Por qué no hizo lo mismo cuando el llamado líder de Guerreros Unidos, Sidronio Cassarrubias, detalló mismo crimen, misma quema pero reduciendo la cifra a 17 jóvenes?
Ese video no lo vimos pero lo leímos en diario Reforma y no hay que olvidar que este hombre fue detenido el 17 de octubre y ese día rindió declaración ministerial. Y qué acaso es el único grupo criminal de la zona, ¿y La Familia, y Los Rojos, y las alianzas de éstos con otras autoridades que no sólo pueden ser las policías?
El juego perverso es que aunque el gobierno da por válida la versión de tres presuntos sicarios al ofrecerla vía video a todo México, por otro dice que están en calidad de “desaparecidos”. Sin certeza pero con eficiencia el gobierno actúa, es el mensaje, de total ambigüedad.
Pareciera que lo importante no es la verdad sino la “percepción”. Y en este mover de piezas hay una que Murillo prefiere no se toque, incluso ¡avala! en su omisión. Se trata del Ejército.
¿Por qué no actuó cuando los jóvenes les pidieron ayuda? ¿Por qué no se le investiga? La respuesta está en lo que en tono molesto dijo Murillo a la reportera María Idalia Gómez cuando lo inquirió sobre ello: “El Ejército, como todos los ejércitos del mundo, se mueven sólo por órdenes. Yo nomás quiero saber a quién hubiera apoyado? Obviamente a la autoridad, hubiera sido peor, mucho peor, qué bueno que no salió”. El mensaje es, al Ejército no se le toca.
Uno decide qué lado de la moneda de Murillo le acomoda mejor o si de plano decide tirar la moneda a la basura y como los padres ofendidos, dolidos de Ayotzinapa, determina exigir la verdad real y no dejar en la impunidad a todos los involucrados, sea Estado, sean partidos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES (ANÁLISIS)
El presidente con licencia del Conapred es señalado de retrasar intencionalmente la resolución de una denuncia contra la CFE. Quien lo acusa asegura que actuó con parcialidad en el caso.
Ricardo Bucio Mujica, presidente con licencia del Conapred, es acusado de discriminación por una víctima de actos discriminatorios por parte de la CFE por ser portador del virus VIH.
En la denuncia contra Bucio Mujica, aspirante actual a convertirse en el próximo Ombudsman de los Derechos Humanos en México, se asegura que el titular del Conapred congeló un expediente con fines políticos para proteger a la administración del expresidente panista Felipe Calderón.
Bucio Mujica forma parte de un grupo de funcionarios federales que están denunciados en un procedimiento de responsabilidad patrimonial ante los órganos de control de la Secretaría de la Función Pública.
En la denuncia se señala que Bucio Mujica incurrió como presidente del Conapred en actos administrativos irregulares para retrasar intencionalmente la resolución de una denuncia por discriminación contra la CFE.
El afectado asegura en la queja que Bucio Mujica actuó con falta de la debida diligencia, parcialidad e incurrió en demora injustificada para resolver su caso.
La denuncia de la víctima contra la CFE se presentó el 20 de junio de 2011 en el Conapred, pero el organismo encabezado por Bucio Mujica resolvió hasta el 30 de noviembre de 2012, justo el día en que concluyó el sexenio del expresidente Felipe Calderón.
El retraso en este procedimiento ocurrió, pese a que el Conapred tuvo acceso a los elementos de prueba que confirmaban la discriminación que sufrió el afectado desde la parte inicial de la investigación.
En el procedimiento de responsabilidad patrimonial se reclama, además de la dilación de las autoridades, una indemnización por los daños y perjuicios provocados por la tardanza en resolver la denuncia.
Hace cuatro años, el afectado presentó una solicitud para trabajar en la CFE, pero la empresa paraestatal, como parte de su procedimiento de contratación, le practicó un examen médico incluyendo pruebas para detectar el virus del SIDA.
Los resultados dieron positivo y el personal de recursos humanos de la CFE le comunicó al solicitante que no podía contratarlo por estar contagiado de esa enfermedad.
Este caso reveló que la CFE practicaba de manera sistemática pruebas de VIH como parte de su proceso de selección de personal.
El afectado presentó una queja en el Conapred el 20 de junio de 2011, pero fue hasta el mes de octubre de ese año que el organismo encabezado por Bucio Mujica inició el procedimiento de conciliación entre las partes.
Entre la denuncia y la resolución del Conapred, transcurrieron un año siete meses sin que el organismo emitiera su resolución a pesar de las pruebas que contaba.
El quejoso presentó las pruebas de sangre que la CFE le realizó sin su consentimiento para detectar el virus del SIDA.
‘Incurrió en encubrimiento’
Pedro Morales Aché, abogado de la víctima, asegura que Bucio Mujica retrasó su resolución para proteger los intereses de la admnistración federal panista.
“Bucio incurrió en un encubrimiento de su personal que a pesar de contar con todas las pruebas no actuaba”, señala Morales Aché.
“Este retraso injustificado nos acredita fehacientemente este trato clientelar que tiene Bucio”.
El abogado compara la tardanza de su caso con la celeridad que tuvo Bucio Mujica para resolver asuntos presentados por el investigador Sergio Aguayo.
“Ricardo Bucio le da un trato privilegiado a aquellos aliados políticos y académicos que tiene”, dice Morales.
Conapred, agrega el abogado, terminó discriminando a su cliente, una práctica que se supone debe de combatir.
“Conapred en ese actuar termina discrimando y termina obedeciendo a una serie de intereses políticos en lugar de combatir la discriminación”.
En la recomendación el Conapred, el organismo prohíbe a la CFE seguir practicando pruebas de detección del VIH y se ordena la indemnización para la reparación del daño.
Una indemnización que hasta el momento no ha pagado la CFE y que se pelea en tribunales fiscales.
La Conapred cerró el caso con su resolución –incumplida por la CFE- y rechazó reabrir la investigación a petición del quejoso.
Fue entonces que los abogados de la víctima denunciaron el año pasado a Bucio Mujica ante el órgano interno de control de este organismo que se supone es el defensor de los grupos vulnerables.
El órgano de control concluyó que no había responsabilidad en los funcionarios del Conapred –incluyendo Bucio Mujica- alegando que el organismo tiene “cargas excesivas de trabajo”.
Una resolución que también está siendo combatida legalmente por los abogados del afectado por la vía del amparo.
Como parte de los recursos legales que el afectado ha tenido que interponer para mantener su caso, se presentó también una reclamación de responsabilidad patrimonial en contra de la CFE, que el mismo órgano de control de la empresa paraestatal declaró improcedente.
En total han sido 8 los recursos de amparo que se han presentado para obligar a las autoridades de la Conapred y CFE a resolver su demanda.
“Resulta paradójico que una instancia que fue creada para combatir la discriminación, como lo es el Conapred, en la práctica discrimne a los peticionarios que no satisfacen los criterios clientelares que han sido establecidos por sus funcionarios”, señala la denuncia presentada contra Bucio Mujica, hoy candidato a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
FUENTE: REPORTER INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal salió ayer del hospital, donde permanecía internado desde el 31 de octubre.
En pie y con buen semblante, Miguel Ángel Mancera abandonó el Hospital ABC, a poco más de una semana de haber sido operado del corazón.
En un principio el jefe de gobierno del Distrito Federal se sometió a intervención por la presencia de arritmia, pero una complicación en la cirugía prolongó su permanencia y hasta el sábado fue dado de alta.
Sin embargo, abandonó el hospital ayer por la tarde pues, según informó su secretario particular Luis Serna, prefirió quedarse en el nosocomio para tener privacidad y tranquilidad.
“El alta médica ya está, pero él prefirió estar el fin de semana aquí para su privacidad y estar tranquilo con su familia”, dijo el sábado.
Horas después del anuncio, Mancera salió del hospital por su propio pie, reiterando que su estado de salud es bueno.
“Estoy bien”, se escuchó decir al mandatario, quien levantó su pulgar en señal de recuperación.
Asuntos pendientes
El jefe capitalino había estado administrando y dando instrucciones a su equipo de trabajo desde su habitación en el ABC.
El pasado miércoles el gabinete de Seguridad del Distrito Federal se reunió con Mancera en el hospital, luego de la captura del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa en una casa ubicada en la delegación Iztapalapa.
Según reportó El Universal, antes de subirse a una camioneta que lo llevaría a su casa en la delegación Benito Juárez, Mancera dijo que esta semana se reincorporará a sus actividades habituales.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
La causa penal 100/2014, sobre el ataque y secuestro de los estudiantes de Ayotzinapa, revela la debilidad y falta de pruebas en la investigación de la Procuraduría General de la República: El juzgado que analiza el caso liberó a siete policías de Cocula e Iguala, rechazó otorgar órdenes de aprehensión contra cuatro presuntos culpables y siguen prófugos 19 coacusados. Jurídicamente la situación es clara: hasta el momento no hay culpables confirmados ni se puede asegurar dónde están los jóvenes desaparecidos.
MÉXICO, D.F: A más de 40 días del asesinato de seis personas y la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el gobierno de Enrique Peña Nieto no tiene una investigación sólida, no ha confirmado el destino de los estudiantes desaparecidos, no tiene pruebas contundentes contra los presuntos responsables y no ha logrado capturar a todos los sospechosos.
El viernes 7 el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, presentó un nuevo informe sobre el caso. Pese a admitir que no tiene pruebas periciales concluyentes, dio a entender que los estudiantes habían sido asesinados y calcinados; dijo tener “plenamente identificados y acreditados a los policías de Cocula e Iguala” que participaron en los hechos y afirmó haber arrestado, en total, a 52 presuntos responsables, incluyendo 22 policías de Iguala que aún están siendo procesados bajo el fuero común.
El gobierno federal pretende mostrar a la opinión pública un caso resuelto con solidez. Pero en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales (JPPP) –radicado en Tamaulipas, donde se lleva la causa penal por secuestro y actos de delincuencia organizada contra los estudiantes–, la PGR tiene problemas para sostener el caso, único instrumento legal para hacer justicia a los normalistas asesinados o desaparecidos.
Documentos de las actuaciones en la causa penal 100/2014 –abierta en el contexto de la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014 sobre los ataques contra los jóvenes ocurridos el 26 y el 27 de septiembre pasados en Iguala– a cuales que tuvo acceso este semanario revelan una investigación endeble. Después de 33 días de haber asumido toda la responsabilidad en la indagatoria, la PGR no tiene las pruebas suficientes para mantener el auto de formal prisión contra todos los detenidos ni para obtener órdenes de aprehensión contra quienes considera culpables.
De acuerdo con los documentos judiciales, el 25 de octubre pasado el JPPP ordenó la libertad de siete policías de Cocula e Iguala porque la PGR no presentó pruebas suficientes en su contra. A tres de los agentes el juez les quitó el delito de secuestro y a los otros cuatro, los de delincuencia organizada y secuestro.
Asimismo, de los 46 presuntos responsables señalados por la PGR en la averiguación AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014, el gobierno de Peña Nieto no ha podido detener a 19. Es decir, casi la mitad de los acusados de haber participado en el secuestro y matanza siguen libres.
El 24 de octubre el JPPP le negó a la PGR las “órdenes de aprehensión, comparecencia o presentación” contra cuatro de los 19 presuntos responsables libres.
La causa penal 100/2014 es hasta ahora el único sustento jurídico para mantener detenido al exalcalde de Iguala José Luis Abarca y arraigada a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. También en ella se fundamenta la detención de 24 agentes municipales de Cocula e Iguala y de Raúl Núñez Salgado, a quien la PGR señala como “operador financiero” del grupo criminal Guerreros Unidos, y la persecución de los 19 coacusados mencionados, cuyos nombres no se hacen públicos porque aún están prófugos.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1984, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ.
De acuerdo con diversas fuentes y varias confirmaciones documentales y testimoniales, una impresionante residencia ubicada en la calle Sierra Gorda 150, en las Lomas de Chapultepec, pertenece al presidente Enrique Peña Nieto. Valuada en siete millones de dólares, es custodiada por el Estado Mayor Presidencial y, curiosamente, está registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, empresa que forma parte del Grupo Higa, contratista desde hace años de los gobiernos mexiquense y federal. Esta información se halla incluida en el reportaje “La Casa Blanca de Peña Nieto”, elaborado por el equipo del portal informativo Aristegui Noticias y que éste comparte con Proceso simultáneamente a su difusión en internet.
MÉXICO, D.F: La afición de la pareja presidencial por aparecer en suplementos sociales y revistas del corazón dio la pauta a una investigación periodística que evidencia la relación de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera con una empresa beneficiaria de negocios al amparo del poder: El Grupo Higa, vinculado a una lujosa residencia ubicada en las Lomas de Chapultepec.
La investigación fue realizada por reporteros del portal Aristegui Noticias –que dirige la periodista Carmen Aristegui–, con apoyo del International Center for Journalists y la plataforma de periodismo latinoamericano Connectas.
Con testimonios, solicitudes de información a entidades gubernamentales, documentos oficiales y entrevistas, el reportaje demuestra que la residencia de Sierra Gorda 150, valuada en siete millones de dólares, si bien pertenece a Peña Nieto está registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, sociedad anónima integrante del corporativo empresarial Higa.
La parte trasera de esa residencia colinda y se conecta con otra, la de Paseo de las Palmas 1325, cuya propietaria es Angélica Rivera.
El grupo empresarial Higa, a través de su subsidiaria Constructora Teya, es integrante del consorcio formado por China Railway Construction, China South Rolling Stock Corporation, Grupo GIA+A, Prodemex y GHP, que obtuvo la licitación –cancelada intempestivamente la noche del jueves 6– para construir y operar el tren rápido México-Querétaro por un monto de 50 mil 820 millones de pesos.
Esta obra –donde Constructora Teya fungiría como proveedora de material rodante– es la más grande proyectada por el gobierno peñanietista para ser entregada antes de concluir su gestión.
Teya es la misma empresa a la cual en junio pasado se le asignaron las obras de ampliación del hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por un monto de mil millones de pesos.
Ligada al llamado Grupo Atlacomulco, Higa tiene como accionista mayoritario a Juan Armando Hinojosa Cantú, tamaulipeco avecindado en el Estado de México, donde sus empresas han florecido desde los ochenta al amparo del gobierno estatal.
Sólo durante el mandato de Peña Nieto en esa entidad, entre 2006 y 2011, obtuvo contratos de obras y servicios por 36 mil millones de pesos, según una consulta en portales oficiales realizada por Proceso.
El reportaje de Aristegui Noticias documentó que el registro constitutivo de Ingeniería Inmobiliaria del Centro data del 13 de noviembre de 2008, cuando quedó asentado el Folio Mercantil Electrónico 50393-17 en la Oficina de la Función Registral del Estado de México, con sede en Toluca.
Como accionistas de dicha razón social figuraban en la constitución de la empresa Hinojosa y su hijo, Juan Armando Hinojosa García, fallecido el 28 de julio de 2012 en un accidente aéreo cuando regresaba de la fiesta de cumpleaños del entonces presidente electo.
Hinojosa García era yerno del exgobernador veracruzano Fidel Herrera Beltrán y en su boda, el 16 de noviembre de 2007, Peña Nieto fue testigo.
“El hogar” de Peña Nieto
La mansión del presidente tiene estacionamiento subterráneo, planta baja y nivel superior con tapancos. En realidad, cinco niveles a los cuales llega un elevador.
Hay dos cuartos de servicio con habitación, baño, cocineta y sala de estar, además de un tercer cuarto para chofer y caseta de vigilancia. En el jardín hay una sala y un comedor techados. Inicialmente la azotea tenía jacuzzi y bar, pero al parecer eso fue modificado.
Todos los acabados son de persistente color blanco, incluido el suelo de mármol de la planta baja. No hay cabida para lo monótono, pues un sofisticado sistema de iluminación ambienta la residencia que de tan blanca puede tornarse azul, rosa, anaranjada o violeta.
En el primer piso están las seis recámaras para los hijos de la familia, con baño, vestidor y escalera de acceso al tapanco cada una. Pero la más lujosa es la habitación principal, con sala de estar, vestidor, baños separados y spa.
La vivienda cuenta con gimnasio, roof garden, alberca y biblioteca…
El Estado Mayor Presidencial confirmó al equipo de Aristegui Noticias que resguarda la casa de Sierra Gorda, ya que está obligado a garantizar la seguridad del presidente y su familia en sus actividades públicas y privadas, en Los Pinos, en Palacio Nacional y en su casa particular.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1984 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
MÉXICO, D.F: Luego de que se revelara que el presidente Enrique Peña Nieto posee una lujosa residencia en Lomas de Chapultepec registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, empresa que forma parte del Grupo Higa, contratista desde hace años de los gobiernos mexiquense y federal, la Presidencia de la República dio a conocer este domingo que la casa es de la primera dama Angélica Rivera.
“En enero de 2012, la señora Angélica Rivera Hurtado celebró un contrato con Ingeniería Inmobiliaria del Centro, S.A. de C.V. por virtud del cual, la primera se obliga a adquirir los inmuebles marcados con los números 150 y 160 de la calle Sierra Gorda, los cuales eran propiedad de esta inmobiliaria desde los años 2009 y 2010. Es importante destacar que dichos inmuebles colindan con la casa que desde varios años atrás ya era propiedad de la señora Angélica Rivera Hurtado y que el objeto de adquirirlos era ampliar el espacio de su casa habitación”, indicó la Presidencia en un comunicado.
Detalla que Rivera Hurtado pagó a la firma del contrato, en enero de 2012, casi un año antes de que su esposo fuera presidente de la República, el 30% del total del precio pactado, lo que hizo mediante la emisión de un cheque nominativo, de su cuenta personal, a favor de la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, S.A. de C.V., y en virtud de ello, se le otorgó la posesión.
El documento precisa que Angélica Rivera, quien contrajo matrimonio con Enrique Peña Nieto el 27 de noviembre de 2010, bajo el régimen de separación de bienes, es económicamente solvente y contaba con recursos suficientes para adquirir estos inmuebles. La larga carrera profesional de la señora Rivera Hurtado le ha permitido consolidar su patrimonio personal, destaca la Presidencia.
La información indica que Rivera ha cubierto puntualmente su deuda a través de pagos verificados de su cuenta personal de cheques y que el último depósito lo realizó en octubre del año pasado.
Aclara que “una vez que se cubra el monto total del adeudo, la parte vendedora otorgará la escritura pública a favor de la señora Angélica Rivera Hurtado, configurándose así la traslación del dominio a favor de ella”, según el comunicado.
“Debe destacarse que la señora Angélica Rivera Hurtado en varias ocasiones ha hecho referencia en medios de comunicación a su casa y a la ampliación de la misma. Tal es el caso de la revista Hola, de fecha 1 de mayo de 2013”, remata el documento.
La investigación sobre la residencia de Lomas de Chapultepec, valuada en siete millones de dólares, fue realizada por reporteros del portal Aristegui Noticias –que dirige la periodista Carmen Aristegui–, con apoyo del International Center for Journalists y la plataforma de periodismo latinoamericano Connectas.
Con testimonios, solicitudes de información a entidades gubernamentales, documentos oficiales y entrevistas, el reportaje demuestra que la residencia de Sierra Gorda 150, si bien pertenece a Peña Nieto está registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, sociedad anónima integrante del corporativo empresarial Higa.
La parte trasera de esa residencia colinda y se conecta con otra, la de Paseo de las Palmas 1325, cuya propietaria es Angélica Rivera.
El grupo empresarial Higa, a través de su subsidiaria Constructora Teya, es integrante del consorcio formado por China Railway Construction, China South Rolling Stock Corporation, Grupo GIA+A, Prodemex y GHP, que obtuvo la licitación –cancelada intempestivamente la noche del jueves 6– para construir y operar el tren rápido México-Querétaro por un monto de 50 mil 820 millones de pesos.
Teya es la misma empresa a la cual en junio pasado se le asignaron las obras de ampliación del hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por un monto de mil millones de pesos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La mayoría de las fuerzas políticas en la Cámara Alta se perfilan a no reelegir en el cargo al actual presidente de la CNDH y ponen sobre la mesa a los nuevos candidatos.
Esta semana, el Senado de la República deberá concluir con el nombramiento del nuevo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y, en la recta final del proceso, los grupos parlamentarios se inclinan por imponer su veto a Raúl Plascencia Villanueva, presidente del organismo.
A pesar de que fueron entregadas más de 2 mil firmas apoyando su reelección, y de que algunas personalidades le expresaran su apoyo, la mayoría de las fuerzas políticas en la Cámara Alta se perfilan a no reelegir en el cargo al actual presidente de la CNDH.
Los constantes señalamientos por omisiones y falta de resultados del organismo son las principales razones por las que los senadores, sobre todo de izquierda, se han pronunciado por no reiterar el nombramiento para Plascencia Villanueva.
Senadores como los perredistas Fidel DeMedicis o Lorena Cuéllar han criticado al Ombudsman por su reacción tardía en casos como el de los desaparecidos de Ayotzinapa o los ejecutados de Tlatlaya.
“Esa es la principal crítica que le hace la sociedad mexicana: no haber intervenido inmediatamente e iniciado una investigación que permitiera saber con certeza y prontitud lo que ahí había acontecido”, sostuvo Lorena Cuéllar, quien reclamó que la recomendación para los hechos de Tlatlaya se diera a conocer meses después de los hechos.
Plascencia también ha sido cuestionado por no hacer uso de sus facultades en casos como los de la aprobación de la legislación secundaria en materia de Telecomunicaciones, donde pudo haber presentado una controversia constitucional para revertir los artículos referidos a geolocalización o violaciones a la privacidad, que quedaron contenidos en dichas leyes.
Otro de los casos en los que hubo inconformidad por la actuación de la CNDH fue en el de la llamada Ley Bala, una legislación aprobada en Puebla en la que se regula el uso de la fuerza de las corporaciones policiacas en esa entidad, y que la Comisión declaró como no inconstitucional, por lo que no presentó controversia alguna contra ella ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin embargo, meses después, la realidad alcanzó a la CNDH. Un menor falleció por una bala de goma utilizada por la policía de Puebla en una manifestación y, en medio de presiones sociales, el máximo organismo de Derechos Humanos del país emitió un informe en que reconoció que el menor falleció producto de la bala.
No solo los legisladores se han mostrado inconformes. Organizaciones civiles enviaron peticiones al Senado para que no se contemplara la reelección de Plascencia como Ombudsman.
El principal reclamo que las organizaciones realizaron fue la falta de resultados del titular de la CNDH, pues de más de 380 mil quejas presentadas por ciudadanos ante el organismo en este año, acusaron, se emitieron menos de 100 recomendaciones.
Algunas, como México Unido contra la Delincuencia, México Evalúa, Fundar Centro de Análisis e Investigación y hasta el Movimiento 5 de Junio –conformado por padres de los niños de la Guardería ABC-, pidieron a los legisladores que no se reelija a Plascencia Villanueva.
La semilla quedó sembrada entre los grupos parlamentarios y todo indica que Raúl Plascencia Villanueva no estará en la terna de los finalistas cuyos nombres serán sometidos a la consideración del Pleno del Senado.
Los nombres más sonados
Los grupos parlamentarios perfilan ya los apoyos para conformar la terna de los finalistas y son varios los nombres que se consideran para ocupar la presidencia de la CNDH.
Entre ellos, se encuentra Mauricio Farah Gebara, quien actualmente es secretario general de la Cámara de Diputados. Es especialista en Derechos Humanos y Migración. Ya antes había trabajado en la CNDH como Coordinador del Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes.
En el 2009, Farah Gebara fue rival de Plascencia Villanueva, pues también presentó su candidatura para presidir la CNDH. En el 2013, siendo ya secretario general de la Cámara baja, presentó su solicitud para ser consejero electoral del IFE; sin embargo, después se retiró de la contienda con el argumento de que estaba siendo vetado por el PRI.
Otro de los nombres que se encuentra en la mesa es el de Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM y quien también ya había trabajado en la CNDH como segundo visitador y director general del Programa de Agravios a Periodistas.
González Pérez fue subprocurador General de la República en 1996, y fue el último fiscal especial que investigó el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Su cargo oficial fue Subprocurador Especial para el Caso Colosio.
Durante su ejercicio, la PGR dio a conocer el informe final del asesinato del entonces candidato presidencial del PRI, en el que se habla de la acción solitaria de Mario Aburto para matar a Colosio.
En las posibilidades para conformar la terna de los finalistas a la CNDH también se encuentra Patricia Olamendi Torres, quien fuera subprocuradora y directora general de Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal e integrante del Consejo Consultivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer.
Ha sido, además, subsecretaria de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, y actualmente trabaja con organizaciones de la sociedad civil en los temas de Derechos Humanos e Igualdad entre hombres y mujeres.
Ricardo Bucio Mújica es otra de las personas que los grupos parlamentarios en el Senado podría considerar para formar parte de la terna final.
Es presidente con licencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y fue presidente de la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación.
Ha trabajado también en organizaciones ligadas a la Iglesia católica, como coordinador nacional de Cáritas Mexicana o director de Programas Educativos del Centro de Solidaridad y Servicios Juan Diego.
Carlos Pérez Vázquez, coordinador de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es otro de los finalistas cuyo nombre podría aparecer en la terna.
Es coordinador de Derechos Humanos del máximo tribunal y coordinador de asesores de Juan Silva Meza, ministro presidente de la SCJN.
El año pasado, la SCJN recibió el premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por las resoluciones del tribunal y también por la institucionalización de la visión de derechos en la Corte y el Poder Judicial.
Es el enlace del máximo tribunal del país con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Se espera que a más tardar este martes quede integrada la terna de los finalistas para que sea analizada por las bancadas en la Cámara alta y votada por el pleno el jueves 13 de noviembre.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Advierte grupo Pro Montaña que si el Congreso del Estado aprueba la iniciativa que modifica la prohibición de construir en pendientes superiores al 45 por ciento, la zona de montaña de San Pedro será arrasada.
Ciudadanos de Pro Montaña, piden al Congreso del Estado que no apruebe una iniciativa para modificar la Ley de Desarrollo Urbano de Nuevo León, porque ésta permitiría edificar sin medida la Sierra Madre.
De darse el aval por parte de los legisladores, se consentirían urbanizaciones y desarrollo que llevarían a la depredación desmesurada de la zona de montaña en San Pedro.
La iniciativa del Colegio de Arquitectos y de la Sociedad de Arquitectos de Nuevo León, presentada el 11 de diciembre del 2013, propone que se elimine la prohibición a construir en pendientes mayores de 45 grados.
Jorge Dewey Castilla, miembro de Pro Montaña, advirtió que esto implica que se podría desarrollar, fraccionar o construir sin limitantes en el área de las montañas del municipio de San Pedro.
“En otras palabras, se pretende desarrollar, urbanizar y construir en toda la Zona de Montaña de la Sierra Madre, área verde, reserva ecológica, bosque urbano y parque nacional, privilegio natural de San Pedro Garza García.
“Con la consecuente deforestación y destrucción del hábitat de la Zona de Montaña de la Sierra Madre”, describe un documento que la agrupación ciudadana entregó el pasado 31 de octubre al Congreso de Nuevo León, dirigido al diputado Julio César Álvarez González, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano.
Enrique Burguete Fernández, también integrante de Pro Montaña, explicó que la agrupación está integrada por aproximadamente 800 vecinos, de los sectores de San Ángel y Colinas de San Ángel.
Propuesta Pro Montaña
> Que no se modifique la Ley de Desarrollo Urbano vigente, que en el Artículo 121, considera como áreas no urbanizables aquellas que tienen una pendiente mayor al 45 por ciento.
> También, que no se modifique el Artículo 195, que se refiere a las reservas naturales de suelo de San Pedro Garza García, el cual prohibe que un particular done o intercambie con el Municipio, terrenos para reservas naturales en el área de montaña con más de 45 por ciento de pendiente.
> Que no se modifique el Artículo 196, que establece que queda prohibido cualquier tipo de desarrollo urbano en terrenos con una pendiente natural mayor al 45 por ciento.
> Se pide que no se modifique el Artículo 212, que regula los fraccionamientos campestres, porque impide desarrollar en terrenos no urbanizables por causas de preservación ecológica y de prevención de riesgos, únicamente destinados para la construcción de vivienda unifamiliar y con una densidad máxima de vivienda en lotes con pendientes naturales mayor a 30 por ciento y menor a 45 por ciento, en los cuales sólo se permite un lote por hectárea bruta.
> Proponen se legisle y se incluya en la Ley de Desarrollo Urbano un impuesto al Impacto Urbano Específico, originado por los desarrollos urbanos, y que sea proporcional al valor de la inversión total del proyecto, y relativo al equipamiento e infraestructura urbana específica necesaria, como remediación al impacto urbano y al ecosistema derivado del desarrollo urbano.
Hay 100 lotes marcados como multifamiliares
Dewey Castilla denunció que en el fraccionamiento Valle San Ángel, originalmente catalogado como espacio campestre, hay 100 lotes marcados para uso multifamiliar y autorizados desde hace 40 años, que serán desarrollados.
“Son 100 lotes autorizados para multifamiliar, que eventualmente van a tener que autorizar la construcción, el Cabildo o la Secretaría de Desarrollo Urbano”.
El fraccionamiento ya tiene el permiso de uso de suelo, que se otorgó junto a la autorización del fraccionamiento, por el Gobierno del Estado desde los años 70`s.
“Al aplicar el criterio que quieren cambiar, a 45 grados que es una fórmula matemática en la que prácticamente se permite construir en una pendiente de 100 por ciento.
“Entonces eso trae origen y dedicatoria, para desarrollar las áreas de montaña, en donde sea”, afirmó Jorge Dewey.
Obviamente las construcciones en las pendientes de esta magnitud son posibles gracias a las técnicas de ingeniería que emplean los expertos, pero el problema es la afectación al hábitat, denunciaron los integrantes de Pro Montaña.
En pocas palabras, quienes hicieron la iniciativa pretenden modificar la ley, para poder construir prácticamente en una pared y abrir al desarrollo las áreas naturales de reserva.
“Es donde nosotros pedimos a la Comisión (de Desarrollo Urbano) y al Congreso del Estado de Nuevo León, que reconsidere antes de autorizar esa modificación a la ley.
“Por el desequilibrio que eso provocaría en el área de preservación y reserva natural del área montañosa de San Pedro; hacemos un llamado”, declaró Jorge Dewey.
Ambos coincidieron en que Pro Montaña no pretende frenar el desarrollo del municipio ni el de particulares, pero sí busca que se dé un equilibrio.
“Lo que nosotros buscamos es que haya un equilibrio, entre la preservación, del área natural de la montaña, y el desarrollo de los multifamiliares, de las colonias y fraccionamientos”.
Las principales afectaciones son las áreas de absorción y la deforestación que se hace a la sierra, que representa alrededor de 400 arboles por año.
Además de ponderar los derechos humanos sobre la preservación ecológica, las autoridades deben tomar en cuenta el Atlas de Riesgo del Estado de Nuevo León, que fue publicado en el Periódico Oficial el 22 de marzo de 2013.
Según la descripción oficial, el Atlas de Riesgo identifica las zonas susceptibles de recibir daños por los embates de los fenómenos naturales, e incluye un anexo que enumera las medidas de mitigación previas a la ocurrencia de una catástrofe, las cuales sirven para evitar los daños y minimizarlos o resistirlos en mejores condiciones.
En San Pedro aún no ha sido adoptado, por lo que los representantes de la agrupación demandaron al munícipe, Ugo Ruíz, acelerar dicho proceso.
“En el municipio de San Pedro es urgente que se dé y que se tome como un instrumento de decisión fundamental a la hora de dar las licencias de construcción, una decisión fundamental, más que por un aspecto complementario”, precisó Burguete Fernández.
Afirmaron no estar contra el desarrollo económico de las empresas dedicadas al ramo del desarrollo y la construcción, mientras operen de manera ordenada y generosa.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: MELVA FRUTOS.
MÉXICO, D.F: Luis Andrés Villegas Esparza, de 28 años; Juan Francisco Manrique Huerta, comunicólogo del Tec de Monterrey campus Ciudad de México; y Ricardo Gabriel Karam, de 26 años, tres de los 18 detenidos anoche por los hechos violentos en el Zócalo capitalino, dejaron las instalaciones de la SEIDO tras rendir su declaración ministerial.
Ambos fueron interrogados en calidad de testigos por los actos violentos ocurridos anoche frente a Palacio Nacional, sin que se les levantaran cargos.
Manrique Huerta anunció que presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por su detención luego de que grabó el arresto de otras personas por parte de policías capitalinos.
En tanto, Villegas Esparza denunció que granaderos le robaron su celular y lo golpearon antes de remitirlo a las autoridades federales.
Relató que cuando salió de su trabajo en la zona Centro, trató de auxiliar a una persona herida y fue detenido por la Policía del DF en la calle Madero.
El tercer liberado es Ricardo Gabriel Karam, de 26 años, estudiante de Administración de Empresas.
Hasta ahora hay otros 15 presentados ante la SIEDO, entre ellos dos menores.
Luego de los actos violentos ocurridos anoche en el Zócalo durante la protesta por el caso Ayotzinapa, al menos 18 personas fueron detenidas y trasladados a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal este domingo por los actos vandálicos en Palacio Nacional.
Estas personas, entregadas por la Policía del DF, declaran ante la SEIDO de la Procuraduría General de la República (PGR).
Según la lista proporcionada por abogados de los detenidos, éstos son: Luis Andrés Villegas Esparza, Juan Carlos Flores Soto, Ramón González Hernández, Juan Francisco Manrique Huerta, Jessica López Torres, Aurelio López Torres, Ramón González, José Juan Sánchez, Karina Cárdenas Chávez, Víctor Alexis Cruz Díaz, Ángel Yáñez Villegas, Axel de Jesús Guzmán González, Ricardo Karam Moreno y Eric Gutiérrez N., Jesús Josué Correa Montes, David Hernández Chavarría, Omar Emilio López Linares y David Geovani Hernández Cedillo.
Familiares de los detenidos reclaman su libertad y anunciaron que interpondrán una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Acusan que la Policía detuvo sin distinciones durante el operativo realizado anoche.
Agregan que según testigos, los policías golpearon a estudiantes que no tenían relación con los hechos y los trasladaron a la PGR.
La mañana de este domingo, empleados del Gobierno del Distrito Federal limpiaron y restauraron la puerta de Palacio Nacional atacada y vandalizada anoche por un grupo de jóvenes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: La caravana “43×43 Ni un desaparecido más” arribó poco después del mediodía a la plancha del Zócalo capitalino, tras cuatro horas de marcha.
Los manifestantes caminaron 195 kilómetros desde Iguala, Guerrero, un recorrido que duró siete días.
Esta mañana la caravana partió de la explanada de la iglesia de San Agustín de las Cuevas, en la delegación Tlalpan.
Conforme avanzaban, cientos de personas se fueron uniendo a la movilización pacífica, tal como ocurrió en la marcha realizada anoche sobre el Paseo de la Reforma.
El contingente fue recibido por miles de manifestantes en el Zócalo capitalino donde, en un mitin, se recriminó al Estado su incapacidad para encontrar a los 43 normalistas desaparecidos.
Encabezó la protesta un grupo de motocicletas y activistas que portaban banderas y pancartas, al grito de “¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña!” y “Fue el Estado”..
Representantes de 43 organizaciones civiles propusieron que los partidos políticos sean eliminados y los ciudadanos se hagan cargo del destino del país.
Durante el mitin los manifestantes exigieron abrir una nueva línea de investigación en el caso Ayotzinapa que incluya los planteles militares de Guerrero.
“Tenemos un Estado fallido, el Estado ha dejado de ser funcional para la sociedad”, dijo José Almaraz García, vocero de la marcha, quien pidió la renuncia del procurador Jesús Murillo Karam.
En la sexta movilización por los normalistas de Ayotzinapa, la caravana 43×43 convocó además a una resistencia civil pacífica.
Se indicó que la sociedad ha perdido la confianza en las instituciones y que el país vive una emergencia de seguridad.
Los inconformes indicaron que México tiene un Estado fallido que ha dejado de ser funcional para la sociedad.
Al concluir la caravana, las organizaciones participantes anunciaron que conformarán un registro ciudadano de desaparecidos y rechazaron todo tipo de violencia en su exigencia de justicia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El procurador Jesús Murillo Karam ofreció el mensaje oficial más importante que se ha emitido en torno a la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Todo sugiere, afirmó, que los muchachos fueron asesinados e incinerados por el narco, de modo tal que no se trata de un crimen de Estado. Sin embargo, las lagunas y las contradicciones abundan: ¿por qué se minimiza la participación de actores estatales?, ¿por qué el sacerdote Alejandro Solalinde supo lo ocurrido casi un mes antes que la Procuraduría?, ¿cómo tres sicarios lograron controlar a 43 jóvenes? Así, los padres de las víctimas rechazaron el mensaje, igual que Amnistía Internacional.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Entre contradicciones y lagunas, y bajo la presión internacional, la Procuraduría General de la República (PGR) se vio obligada a dar a conocer los avances de sus investigaciones sobre el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre pasados: “Están muertos, pero para el gobierno federal legalmente siguen desaparecidos”.
En una conferencia de prensa realizada el viernes 7, el procurador Jesús Murillo Karam dio detalles de la forma en que presuntamente ocurrieron las ejecuciones, basado en los testimonios de tres de los supuestos autores materiales del multihomicidio.
En líneas generales, el procurador confirmó la versión que el sacerdote Alejandro Solalinde dio en una entrevista publicada el 19 de octubre en Proceso (edición 1981). Aquella ocasión, el religioso reveló confesiones de hombres que participaron en la detención de los normalistas: “Hablan de que algunos (de los estudiantes) estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos, les pusieron diésel. Eso se va a saber, dicen que hasta les pusieron madera, algunos estaban vivos, otros muertos”.
El procurador –a pesar de tener 74 detenidos, entre agentes, halcones y al exalcalde José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda– esperó 20 días para dar la misma versión.
Ello reforzó el señalamiento que hizo el propio Solalinde: “A los políticos les es más útil la conservación de la esperanza, porque así no hay evidencia, todavía, que exhiba la criminalidad del propio Estado”.
La versión oficial difundida el viernes 7 enojó a organismos de derechos humanos, que sostienen que se trató de un crimen de Estado porque autoridades de diversas instituciones y niveles atacaron concertadamente a los estudiantes. En un comunicado emitido horas después de la rueda de prensa, Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, reclamó que el Estado eluda el hecho de que los responsables de la desaparición fueron policías municipales de Iguala y Cocula.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1984, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
Aunque José Luis Abarca ya está en la cárcel y se anunció el hallazgo de los desaparecidos, la crisis no da tregua. Los inconformes siguen en las calles y los padres no aceptan los resultados de las investigaciones.
Lejos de enfriar las protestas, el último informe de la PGR sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa ha radicalizado las manifestaciones que se han teñido de actos violentos.
En las últimas protestas convocadas en la Ciudad de México y en el estado de Guerrero los reflectores los han acaparado hechos violentos presuntamente cometidos por grupos radicales anarquistas que apoyan este movimiento.
Las protestas con saldos rojos ocurren después de que el viernes el procurador Jesús Murillo Karam anunciara de que existen indicios de que los estudiantes fueron asesinados y calcinados en el estado de Guerrero.
Entre los organizadores de las protestas por los estudiantes de Ayotzinapa circula la versión de que detrás de estos actos incendiarios podrían estar grupos de infiltrados en el movimiento.
La noche del sábado una protesta, que comenzó de manera pacífica en las instalaciones de la PGR y terminó en el Zócalo, concluyó con el incendio de una de las puertas de Palacio Nacional, donde despacha el presidente Enrique Peña Nieto.
No existen en los últimos años antecedentes de un acto así en contra de Palacio Nacional.
Los primeros actos vandálicos se registraron hace una semana en la movilización multitudinaria del pasado 5 de noviembre, que se desplazó por Paseo Reforma y terminó con un mitin en el Zócalo capitalino donde los padres de los estudiantes desaparecidos exigieron a las autoridades justicia para sus hijos.
Ese día la manifestación transcurrió sin hechos violentos, sin embargo el incendio de una estación del sistema de transporte Metrobus en el sur de la ciudad opacó la protesta masiva.
Casi al mismo tiempo en que celebraba la manifestación de estudiantes grupos presuntamente ligados al movimiento anarquista del Distrito Federal atacaron con bombas molotov la estación Universidad del Metrobus y uno de los autobuses que terminó calcinado.
El viernes pasado, el procurador Jesús Murillo Karam dio a conocer los avances de la investigación sobre los hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre en el municipio de Iguala.
De acuerdo a Murillo Karam, existen indicios de que los 43 estudiantes fueron detenidos por la Policía de Iguala y entregados al grupo criminal de Los Guerreros Unidos.
Los integrantes de este grupo delictivo –según los testimonios de tres de los detenidos – habrían asesinado y calcinado a los estudiantes en el basurero de Cocula.
Los restos incinerados habrían sido tirados al Río San Juan, que cruza esta zona del estado de Guerrero, con el propósito de borrar cualquier evidencia.
La Procuraduría General de la República no pudo confirmar la muerte de los estudiantes por la imposibilidad de llevar a cabo pruebas de ADN de los restos calcinados rescatados.
También en Guerrero, las protestas como en la Ciudad de México, se han radicalizado.
El sábado jóvenes de Ayotzinapa incendiaron vehículos de transporte de empresas privadas y una patrulla de la Policía Federal afuera del Palacio de Gobierno.
El inmueble oficial fue atacado con pedradas dañando cristales de sus ventanas.
El día de ayer arribó a la Ciudad de México la marcha #43x43, que inició hace una semana en el municipio de Iguala para protestar por la desaparición de los normalistas.
La caravana, que durante cinco días recorrió 200 kilómetros, fue convocada por organizaciones sociales en apoyo a los padres de los estudiantes desaparecidos.
En el mitin celebrado en el Zócalo se condenó el informe rendido por el procurador Jesús Murillo Karam y se exigió su renuncia como titular de la PGR.
Encienden Palacio Nacional
Por Hidalgo Neira
En las movilizaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en la Ciudad de México cada vez aparecen actos violentos que terminan por empañar las manifestaciones.
La noche del 8 de noviembre será recordada como la noche en que una de estas protestas convocadas por los estudiantes concluyó con el incendio de una de las puertas de Palacio Nacional.
La movilización comenzó a las 20:00 horas con un plantón frente a las instalaciones de la PGR, en Paseo de la Reforma.
La manifestación se había convocado a través de redes sociales para protestar por el informe que presentó el viernes el procurador Jesús Murillo Karam donde asegura que hay indicios en la investigación para establecer que los estudiantes fueron asesinados y calcinados por el cártel de los Guerreros Unidos.
Luego de la PGR, el grupo de manifestantes se desplazó hacia el Zócalo exigiendo justicia para los estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos el pasado 26 de septiembre.
En la plancha del Zócalo un grupo de manifestantes –identificados como parte de los grupos anarquistas- se abalanzaron contra lasvallas de seguridad instaladas en la explanada.
La protesta, que había transcurrido sin disturbios, se tornó violenta con el lanzamiento de bombas molotov y piedras contra uno de los accesos principales de Palacio Nacional.
Las llamas comenzaron a surgir en las puertas de Palacio Nacional, que fueron mitigadas por el sistema contra incendios de este inmueble federal.
El clamor de la gente no bajaba y siguieron amedrentando y golpeando la entrada del Palacio.
El enfrentamiento entre los radicales y los elementos de seguridad provocó que muchos manifestantes abandonaran la protesta por los estudiantes.
Los manifestantes –algunos encapuchados o con máscaras del personaje Guy Fawkes de la cinta “V de Venganza”- arremetían contra el portón de madera.
Los elementos del Estado Mayor Presidencial intentaban con agua y con gas disuadir en vano los ánimos enardecidos de los manifestantes.
El operativo que implementó la Policía concluyó con la detención y presentación de 18 personas por los actos violentos ocurridos en Palacio Nacional.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA
