(09 de noviembre, 2014).- El gobernador Arturo Núñez Jiménez reveló que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) tiene abiertas 64 averiguaciones previas en contra de exfuncionarios granieristas por “un monto reclamado sujeto a investigación” de más de 10 mil millones de pesos.
Por estas indagatorias, dijo, se han asegurado 35 bienes y 10 cuentas bancarias, nueve de ellas nacionales y una en las Islas Caimán.
Durante su Segundo Informe de Gobierno rendido este domingo, el mandatario perredista destacó también que tan solo de la cuenta pública 2012, último año del sexenio del priista Andrés Granier Melo, existen “observaciones no solventadas” por 11 mil 191 millones 771 mil pesos de recursos federales y estatales.
Lo anterior, precisó, derivado de 46 auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado y la Secretaría de Contraloría, por lo cual la Dirección General de Responsabilidades Administrativas inició 57 procedimientos y se han interpuesto 27 denuncias penales ante la PGJ.
Asimismo, anunció que el año próximo se derogará el Impuesto Estatal Vehicular (IEV), como lo ofreció en su campaña electoral.
Mencionó que se negocia con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un acuerdo sobre el no pago de luz, próximo a firmarse, al que podrán recurrir quienes estén interesados en resolver este añejo problema que data de 1995, hace 19 años.
Núñez Jiménez presumió el programa “Corazón Amigo” por el cual se otorgan 500 pesos mensuales a personas con discapacidades y la entrega de libros gratuitos, por primera vez, a estudiantes de preparatoria y otros subsistemas de educación media superior.
Aunque alertó que continúa la reducción de las participaciones federales por la reforma hacendaria de 2007, resaltó la estabilización de las finanzas públicas en estos dos años de su administración, luego del desastre heredado por el exgobernador Granier Melo.
Destacó que, por ello, calificadoras internacionales como Moody’s y Fitch Ratings mejoraron de estable a positiva y elevaron la calificación del estado a A+, respectivamente.
Además, en el Índice de Información Presupuestal Estatal que elabora el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), como en el de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas de la Consultoría A Regional, Tabasco avanzó 18 y 20 lugares, respectivamente, en materia de transparencia fiscal y presupuestal.
El gobernador Arturo Núñez dirigió al mediodía un mensaje desde el Centro de Convenciones de esta capital, ante un selecto grupo de políticos, empresarios, diputados, senadores, alcaldes, líderes nacionales y locales de partidos políticos, exgobernadores del estado y mandatarios de varios estados, así como del representante presidencial, Emilio Chuayffet, secretario de Educación Pública.
Todos, rigurosamente invitados y en medio de extremas medidas de seguridad, así como la exclusión de representantes de medios nacionales entre ellos,Proceso y el diario La Jornada.
Por la mañana el secretario de Gobierno, César Raúl Ojeda Zubieta, entregó en la Cámara de Diputados el texto y anexos del Segundo Informe de Gobierno, en medio de grupos que protestaban por diversos problemas no resueltos.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0/PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
A través de sus redes sociales, los hermanos Abarca Pineda expresaban su indignación y agradecían el apoyo de sus contactos… pero también daban pistas a las autoridades sobre el paradero de sus padres prófugos.
El joven publicó en su muro una foto de su niñez en la que sus padres, José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, lo cargan. Lucen jóvenes, sonrientes y visten los colores negro y amarillo del PRD.
“Hicieron una estatua de nosotros y la pusieron en la cima de una montaña”, escribió Luis Xavier Abarca Pineda.
Por semanas, su cuenta en Facebook sirvió para rastrear el paradero de sus padres: el expresidente municipal de Iguala, y su madre, Ángeles Pineda. Los más buscados de México.
Luego de que las autoridades difundieron que detuvo a la pareja en una casa de Iztapalapa, el joven acusó: todo esto es un teatro.
El matrimonio Abarca Pineda procreó cuatro hijos, Yazareth, Yozahandy, Luis Xavier y José Luis.
Los adolescentes fueron parte fundamental para rastrear el paradero de la pareja prófuga luego de la masacre de Iguala en la que murieron 6 normalistas y otros 43 están desaparecidos.
Para él, es un teatro
El mayor de los hijos hombres, Luis Xavier Abarca Pineda, Tachi, como le llaman algunos de sus amigos, mantuvo todo el tiempo en uso su cuenta en las redes sociales. Ahí vertía mensajes, que para quienes lo monitoreaban, sirvieron como pistas.
“Gracias a todos los que han mostrado su apoyo! Se agradecen esas palabras de aliento en este momento tan difícil para mi y para mi familia, un abrazo! Y primero dios todo se va a resolver para bien, porque ellos no tienen nada que ver con todo este Teatro”, publicó Luis Xavier.
“No hay duda que todo el mundo puede darte la espalda a excepción de dios! Dios conmigo ¿Quién contra mi?”.
El joven Abarca también compartía y respondía a los comentarios de sus amigos, algunos de los cuales lo reconfortan con mensajes de solidaridad y afecto hacia sus padres, mientras el mundo celebra su detención.
“Noticieros de mier$&$... Antes de dar sus notas hubieran de investigar bien ¿que no se explican de dónde saco tanto dinero el sr José Luis y su esposa? Investiguen…los señores llevan más de 25 años como comerciantes y se partían la madre de 8 de la mañana a 8 de la noche o más, atendiendo su negoció, ahora resulta que la gente ya no puede tener dinero por que sólo los narcos tienen.. Bola de mediocres”, le escribió Lucy D León.
La tristeza por la situación que atraviesan sus padres es evidente en sus escritos:
“Ella me enseñó que puedes cambiar de lugar de residencia pero nunca cambiarás tus pasiones. Tú nos conoces y sabes que no somos lo que dicen”, alcanzó a publicar previo a que su padre fuera trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, desde donde enfrentará los cargos relacionados con el crimen de seis y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que ha dado la vuelta al mundo.
Vigilan sus redes…
A diferencia de su hermano, otra de las hijas de la pareja que gobernó Iguala, Yozahandy Ángeles Abarca Pineda, eliminó su cuenta luego de que sus padres fueran capturados por autoridades federales y de que la mayor de sus hermanas, Yazareth Liz Abarca, fuera presuntamente detenida junto con Noemí Berumen en un domicilio de Iztapalapa.
De acuerdo con la información que difundió la Policía Federal, la joven compartía habitación con su amiga Noemí Berumen, quien ayudó a los Abarca Pineda a esconderse durante estos días como prófugos.
Yazareth rindió su declaración en calidad de testigo ante el Ministerio Público de la SEIDO de la Procuraduría General de la República (PGR) y luego quedó en libertad.
La Procuraduría no cuenta con imputaciones en contra de los hijos del matrimonio Abarca, por eso es que sólo fueron investigados para lograr encontrar a la pareja prófuga luego de la matanza de Iguala del pasado 26 y 27 de septiembre.
Su números celulares, sus cuentas en las redes sociales y sus Ipad fueron algunos de los instrumentos rastreados para poder llegar hasta sus padres.
Por eso cuando Yazareth fue detenida en Iztapalapa los elementos federales insistían en que entregara su teléfono celular.
Y dan de baja su perfil
Las imputaciones son en contra del exalcalde José Luis Abarca, a quien se le acusa de ser parte de la organización criminal “Guerreros Unidos”.
Y en contra de María de los Ángeles Pineda, quien presuntamente habría dado la orden para que la Policía Ministerial de Iguala se encargara de los normalistas de Ayotzinapa, que estaban causando desmanes el día que ella rendía su segundo informe de gobierno y que destapaba sus aspiraciones políticas para suceder en el cargo a su marido.
Desde los primeros días de octubre, las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y luego de la PGR, obtuvieron copia de los pasaportes de cada uno de los integrantes de los Abarca Pineda, a fin de detectar si intentaban salir del país.
También de sus actas de nacimiento, credenciales de elector y de otras que los acreditan como miembros del PRD, el partido que los encumbró al poder.
A través de la documentación oficial del matrimonio se supo que ambos acreditaban como su último domicilio la calle de Roble número 4, en la exclusiva colonia Jacarandas en Iguala de la Independencia, Guerrero.
También que sus pasaportes expedían hasta el año de 2019.
Una de las últimas fotografías que publicó uno de los hijos del matrimonio Abarca-Pineda describe mucho lo que ambos fueron y consiguieron en Iguala.
En la imagen se observa a José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda al centro de la familia, festejando lo que parece ser un triunfo electoral, pues en la parte trasera aparece una cartulina con el conteo de actas.
El resto de las personas que aparecen en la foto se presume son familiares del círculo más cercano de los Abarca Pineda. Se les observa levantando el puño en señal de victoria: “Siempre unidos Salgado Abarca Muñoz”, dice uno de los mensajes al pie de la foto. “Hermosa familia”, refiere otro.
Pasado el medio día de ayer, Facebook escribió el mensaje: “Lo sentimos esta página no está disponible”.
Abarca junior cerró su cuenta y cerró también una posibilidad para las autoridades.
La posibilidad de que alguno de sus contactos los llevara hacia el todavía prófugo exsecretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, primo del exalcalde.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
La revisión a la cuenta pública de Michoacán en la administración de Fausto Vallejo-Jesús Reyna revela un desfalco millonario. La hipótesis del Gobierno Federal apunta a que gran parte de los fondos estatales se destinaba a células del crimen organizado.
El nivel de corrupción que prevaleció en la administración pública del estado de Michoacán durante la fallida gestión de Fausto Vallejo Figueroa alcanzó niveles nunca vistos en el ámbito político nacional.
Con la revisión que hace el Gobierno Federal a los manejos financieros recientes se avizora un escándalo mayúsculo.
Solo en el ejercicio 2013, del último año completo de la gestión priista de Fausto Vallejo-Jesús Reyna, la administración pública estatal de Michoacán sufrió un quebranto por más de 10 mil millones de pesos.
Los recursos fueros sustraídos del presupuesto de obras que ni siquiera se iniciaron, reconoce el diputado Reginaldo Sandoval Flores.
Entre las irregularidades que se han detectado, una vez que la Auditoría Superior de Michoacán ha hecho una revisión minuciosa a la cuenta pública, al ser entregada al Congreso Local para su aprobación, destacan observación de desvío de recursos en por lo menos 15 secretarías del gobierno estatal.
Las áreas que mayores observaciones tienen son la Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Obras Públicas, Coordinación de Comunicación Social, Secretaría de Finanzas y el mismo Despacho del gobernador a través de las dependencias a su cargo.
Las primeras observaciones que se realizaron al gasto general del gobierno estatal del año pasado señalan la posibilidad de desvíos de recursos.
“Son miles de millones de pesos los que no se han ubicado en su origen, por lo que esta legislatura tendrá que ser responsable, a fin de instruir al órgano fiscalizador que haga su trabajo y finque las responsabilidades penales a quienes saquearon el estado”, dijo el diputado Sandoval.
La hipótesis general del Gobierno de la República, desde que asumió a través del comisionado Alfredo Castillo el mando administrativo y de seguridad de Michoacán, apunta a que gran parte de los fondos públicos estatales estaban siendo destinados a células del crimen organizado, los que pactaron acuerdos de financiamiento con algunos funcionarios.
En base a lo anterior, existen indagatorias en la Procuraduría de Justicia del Estado (PJE) que apuntan a la posibilidad de que gran parte de esos fondos económicos faltantes en la cuenta del 2013 fueron distribuidos entre algunos funcionarios de primer nivel, incluidos algunos alcaldes, para ser entregados a los jefes de plaza del cartel de Los Caballeros Templarios, que dominaron en su momento todo el territorio estatal.
Los alcaldes en la mira
Tras revisar la cuenta pública ejercida durante el año pasado, funcionarios de la Auditoría Superior de Michoacán han encontrado desvíos de recursos económicos en por lo menos el 90 por ciento de las obras proyectadas para todo el estado, muchas de las cuales ni siquiera se comenzaron, otras tienen un retraso de más de tres años.
El saqueo del que fue objeto la administración pública de Michoacán durante el año pasado no solo es inherente a funcionarios del ámbito estatal, también hay alcaldes que podrían ser llamados a cuentas por los desvíos de recursos detectados.
En 99 de los 113 municipios de la entidad las cuentas no están claras.
Las principales irregularidades detectadas en la cuenta de los municipios, de acuerdo a la Auditoría Superior de Michoacán, tienen que ver con discordancias en montos de inversión de las obras terminadas, falta de comprobación de gastos, presupuestos inflados, falta de licitación de obras o intervención de empresas de los alcaldes en la construcción de obras municipales.
El monto de desvíos de recursos en los municipios de Michoacán, sólo en el año 2013, podría ascender a casi 700 millones de pesos, lo que podría fincarse en responsabilidades para al menos la mitad de los presidentes municipales de la entidad.
Esta es la primera ocasión en más de 20 años en que al menos el 50 por ciento de los ediles podrían ser responsabilizados por malos manejos administrativos.
La cuenta a revisión
Los diputados estatales deberán aprobar o no los gastos realizados por los gobernadores Fausto Vallejo Figueroa y Jesús Reyna García, los que no se han comprobado en más de 3 mil millones de pesos.
La Comisión Inspectora ya conoció de viva voz los desvíos encontrados, los que se fundamentan en 2 mil 206 observaciones, que involucran a por lo menos 22 funcionarios de primer nivel de la gestión Vallejo-Reyna.
La cuenta pública entregada al Congreso Local deberá aprobarse o rechazarse por el pleno del Congreso antes del 31 de diciembre de este año. Si se avala, no habrá forma de fincar responsabilidad a ninguno de los funcionarios que presentaron irregularidades en el manejo de los recursos.
Un gobierno con ‘experiencia’
De negarse la aprobación de esta cuenta pública, no sería la primera vez que eso sucede en la legislatura estatal.
La cuenta de gastos del 2011, la del último año de gobierno del perredista Leonel Godoy Rangel, no fue aprobada por el pleno. Tampoco se aprobó la cuenta del primer año de Fausto Vallejo, la del 2012.
Tras rechazar la cuenta pública del último año de Godoy, la actual legislatura instruyó a la Auditoría Superior de Michoacán para que fincara responsabilidades a los servidores que desviaron fondos.
Por lo que respecta a la cuenta pública del 2012, que no le fue aprobada a Vallejo, la Auditoría ubicó malos manejos en por lo menos 8 dependencias de primer nivel de la administración estatal, que derivó en la investigación penal contra 6 funcionarios de primer orden.
Ayer jueves fueron detenidos la que fuera secretaria de Finanzas en la administración de Godoy, la contadora Mireya Guzmán Rosas, acusada de peculado, y el exdirector de Patrimonio estatal, Francisco Márquez.
No es delito grave
A la fecha, el desvío de recursos cuantificable en los últimos tres años de gobierno en Michoacán ya llega a los 20 mil millones de pesos.
No hay nadie preso por ese delito. Solo tres exfuncionarios –dos secretarios estatales y un alcalde- están procesados, pero se encuentran en libertad tras el pago de una finanza.
El delito de peculado en Michoacán es grave, pero no tanto. El Código Penal local establece en el Artículo 176 que se impondrán de seis meses a nueve años de prisión al funcionario o empleado del Estado, o de un municipio, que en provecho propio o ajeno distraigan de su objeto, dinero, valores, fincas o cualquiera otra cosa perteneciente al Estado.
Ese ordenamiento se suaviza con el Artículo 177 del mismo código, que dice que la sanción será de uno a seis meses de prisión y multa de diez a cien días de salario, si dentro de los 30 días siguientes a aquél en que se descubrió el delito, devuelve lo sustraído. Bajo ese argumento se encuentran en libertad los exfuncionarios que robaron al estado.
Algunos diputados reconocen que las fracciones del PRD, PAN y PRI se niegan a reformar el Código Penal del estado a fin de aplicar sanciones más severas a quienes saquen los fondos del Gobierno Estatal de Michoacán.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
MÉXICO, D.F: ¿De verdad podemos seguir como si nada? No estamos exentos de ser torturados, desaparecidos, desmembrados, disueltos en ácido, encarcelados, violados… Los prados, los besos, las sonrisas, las caricias, la vida no puede florecer entre tanta maleza. Podemos fingir, tratar de actuar algo que se le parezca, taparnos los ojos y los oídos, pero es imposible descansar entre tantas pesadillas. No sin Prozac.
Nos acostumbramos a cenar entre fosas clandestinas, bombazos y amputaciones. Quisimos seguir nuestras rutinas entre granadas, convoyes militares y daños colaterales. Hubo quienes se indignaron por “tanto amarillismo”, “porque no todo Juárez es muerte”, “porque no todos somos narcos”, “¡porque las buenas noticias también son noticia!”. “Estamos en el Mexican Moment, ¿no lo ven?”.
Ni las muertes más mediáticas, ni los poetas que decidieron no escribir más, ni los huérfanos de “Los Zetas”, ni las ultrajadas por el Ejército, ni los menores calcinados por la corrupción nos movieron el corazón. No lo suficiente para que nos decidiéramos a poner un alto. Cuando mucho fueron tema de sobremesa, motivo para compartir links en redes sociales y culpar de todo a los políticos.
Dejamos que Rafael Moreno Valle siga pisoteando a los más pisoteados. Permitimos que Javier Duarte siga burlándose de nuestros muertos. Que Manuel Velasco dilapide nuestro dinero para construir otra candidatura de telenovela. Que Raúl Plascencia se promueva grotescamente a costa de nuestros derechos humanos. Que un tipo con evidente incapacidad y pobreza moral asumiera la silla presidencial.
Permitimos que nuestras mujeres sean desaparecidas, que los sicarios sean el modelo de nuestros niños, que graben nuestras conversaciones telefónicas y nos arranquen de nuestros hogares bajo cualquier pretexto. Que convirtieran nuestros hospitales públicos en antesala al cementerio, nos robaran el derecho a una jubilación digna, nos paguen salarios de esclavos, nos vendan a plazos diminutas viviendas chatarra y nos cierren las puertas de las universidades públicas.
Si el caso Ayotzinapa no sirve para que pongamos un alto, nada lo hará.
Si somos tan indulgentes como para creer que eso que llamamos vida puede continuar como si nada, habremos sepultado las reservas de esperanza que le quedan al país. Si el dolor no nos hermana, habremos de resignarnos a que nuestra única posibilidad de cohesión social es un triunfo de la selección mexicana en octavos de final del Mundial.
Leía una publicación en Twitter de un usuario que les reclamaba a quienes tomaron la presidencia municipal de Iguala, Guerrero. Escribía, con ese lenguaje soberbio y clasista que reina en las redes sociales: Los respetaré cuando marchen contra los narcos.
He visto también cómo los escudos del poder intentan denostar las movilizaciones. Como siempre, desprestigian la conciencia social. Tachan a las almas solidarias de “muchedumbre rabiosa”, “acomplejados”, “amargados que intentan desestabilizar al país”.
Otros más, desde la lejana indiferencia, introducen la absurda discusión de sobremesas clasemedieras: manifestarse sí, pero sin afectar a los demás. Muchos cayeron nuevamente en el falso debate alentado por los más corruptos periodistas: Estás o no con López Obrador. No es tiempo para tantas frivolidades.
Es momento de desafilar los cuchillos, encontrar a cada desaparecido, silenciar cada bala, exhumar cada cadáver y ponerle fin al contador de feminicidios. No podemos tolerar más Marios Marines, más “Tutas”, ni más Amados Yáñez. No podemos ser tan testarudos, tan desalmados, tan idiotas.
Si todo este infinito dolor no nos mueve, entonces la sociedad de consumo no tiene remedio. Habremos de aceptar que sólo el individualismo, el egoísmo y el triunfo bobalicón son la religión imperante y no sabe de disidencias.
Habremos de entender que “el éxito” sólo crece entre la sangre y la basura, entre guerra y desechos, egoísmo e indiferencia. Que sólo se puede subir al estrado encaramado por cadáveres. Resignarnos a que México no tiene remedio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN PABLO PROAL.
Aquí atorados en el largo proceso de desencuentros, rupturas, deslealtades y corrupción que fue minando la esperanza de dignificar y consolidar el régimen democrático del país.
Como lo escribe Mauricio Merino en su libro El futuro que no tuvimos, tendríamos que bautizar los últimos años como el periodo del desencanto.
Un periodo específico, determinado, cognoscible, comprendido entre el 1 de noviembre de 2003 y el 1 de julio de 2012. Un ciclo fechable que empieza con la ruptura de los acuerdos electorales que dieron origen al IFE autónomo y que termina con el regreso del PRI a Los Pinos. Un ciclo de todo lo que hemos presenciado y padecido desde entonces.
Atrás quedaron los acuerdos sensatos y honestamente comprometidos con la construcción de un nuevo régimen democrático. Atrás quedó aquella “joya de la corona” que fue un IFE creíble, admirado, autónomo. Atrás quedaron los pactos que tenían como objetivo una repartición más justa y más ciudadana del poder. En su lugar han quedado las malas artes y los conflictos. La transición de un sistema de partido prácticamente único a uno en el cual los beneficiarios fueron otros partidos, con sus arcas repletas de dinero público. La polarización de la sociedad producto de los pleitos incesantes entre la clase política. La sensación de que la democracia no ha servido para resolver los problemas del país sino para exacerbarlos. El sentimiento de desamparo ante Tlatlaya e Iguala.
Y la angustia compartida ante la certidumbre de que la vida pública se ha corrompido –sin distinciones ni matices– entre partidos y gobernantes. La desilusión colectiva ante el abandono de las promesas de profesionalización de la gestión pública. Ante la prevalencia de la cercanía, la amistad y las lealtades políticas en el nombramiento de funcionarios públicos. Ante el franco rechazo de los gobiernos a la apertura de toda la información relevante que la creación del IFAI motivó. Ante la opacidad que persiste en la fiscalización del dinero público a nivel federal, estatal o municipal. Sigue la repartición del botín partidario sin consecuencias. Sin efectos. Sin sanciones. He allí la podredumbre del PRD en Guerrero para constatarlo. Los moches del PAN para evidenciarlo. La candidatura a una diputación federal de Arturo Montiel para subrayarlo.
La economía sigue sin crecer lo que debiera. La deuda de la desigualdad social sigue sin ser saldada como podría. Poco a poco vamos cobrando conciencia de que los errores de gestión del gobierno no se han corregido. Las autoridades siguen asignando recursos crecientes a programas politizados que, en lugar de igualar a la sociedad, la hacen más desigual y generan mayores incentivos para la informalidad. Las autoridades siguen gastando el dinero público a manos llenas en medio de fallas, equivocaciones y actos de corrupción tan escandalosos como el de Oceanografía, entre tantos. Todos estos problemas acumulados no han encontrado sanción ni solución. Los partidos se culpan unos a otros, se aprovechan electoralmente de los errores del contrario antes que corregir los suyos. No vemos soluciones de conjunto. No vemos la creación de un sistema completo para rendir cuentas o usar mejor el dinero público o responder a las necesidades de una ciudadanía crecientemente agraviada.
Pero más grave aún es que en este periodo del deterioro democrático la inseguridad se ha implantado como una rutina común. Muertos, heridos, torturados, desaparecidos, fosas con cadáveres que no conocemos. La macabra puntualidad de la muerte en el Estado de México y en Michoacán y en Tamaulipas y en Guerrero. Mientras tanto, el Estado muestra tanto su poder de fuego como su impotencia frente al crimen que ayudó históricamente a cobijar. Muestra que la corrupción de sus ramas más indispensables –las policías, las Cortes, los Ministerios Públicos– se ha vuelto cosa de todos los días. Queda claro hoy que el desafío principal ya no es sólo salvar a la democracia, sino salvar al Estado; rescatar la capacidad de garantizar la seguridad mínima que México necesita para sobrevivir.
¿Y nosotros qué? ¿Cúal ha sido el papel de los ciudadanos frente a esta descomposición? Como argumenta Merino, ha habido reacciones sociales sin que logremos plantear una ruta alternativa eficaz a la trazada malamente por los partidos. No hemos logrado diseñar una agenda capaz de sacudir a la clase política. Hay una larga lista de heroísmos locales e individuales; de aquellos que han alzado la voz en distintos momentos frente a los abusos de Humberto Moreira y Ángel Aguirre y Eruviel Ávila. Ha habido marchas multitudinarias en distintas latitudes del país que expresan la indignación, el hartazgo, el miedo. Ha habido investigaciones valientes –como las de Mexicanos Primero, México Evalúa, el Instituo Mexicano Para la Competitividad y el CIDE– que generan métodos y conocimientos cada vez más finos para evaluar la disfuncionalidad de la democracia y el deterioro de las instituciones. Ha habido un amplio movimiento a favor de las víctimas y la dignidad y la paz. Ha habido un cúmulo de estudiantes que exigen más de lo que el gobierno les ofrece y no están dispuestos a conformarse. Pero nada ha sido suficiente.
La ruta del deterioro prosigue. Porque ninguno de los que poseen poder quieren abandoner el guión que les permite ejercerlo con impunidad. Porque los actores fundamentales siguen siendo los mismos. Porque el voto para el PRI fue un voto a favor del pasado, pues no es creíble pensar que la sociedad siga creyendo en el futuro que no tuvimos ni tendremos con el PRI en Los Pinos.
Y lo único que queda es seguir exigiendo, seguir la ruta de lo insuficiente para que se vuelva suficiente. Aprovechar las nuevas tecnologías de la información. Demandar libertad, conciencia, respeto. Declarar que estamos hartos de la violencia sin fin, de la falta de respeto a nuestra inteligencia por parte de instituciones como la PGR, de la manipulación mediatica, del control obstinado y corrupto de los partidos políticos, del cinismo de los que creen que pueden engañar a cualquiera, de la falta de horizontes creíbles, del predominio de explicaciones sobre Iguala que no van a ningún lado. Nos queda entonces pasar a la vida activa en todos los planos, en todos los espacios. Recuperar el espacio público que nos ha sido robado. Aprender a ser ciudadanos de veras. Defender la agenda democrática por encima de todo y de todos. Tiene razón Mauricio Merino: Ni un paso atrás. Ni un paso atrás en la construcción del futuro que queremos tener.
Este análisis se publicó en la edición 1983 de la revista Proceso que empezó a circular el 2 de noviembre.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DENISE DRESSER.
MÉXICO, D.F: La larga noche de los padres de Ayotzinapa aún no termina.
Jesús Murillo Karam, el hombre frío y “defensor” de los mexicanos, decidió junto con su jefe Enrique Peña Nieto mantener en el limbo el dolor de los padres pero con la certeza de que, para el gobierno, los 43 normalistas ya están muertos. Un asunto que a ojos del mundo se pretende cerrar.
Ante la caída de la imagen del gobierno peñanietista en el exterior, pereciera que sus operadores decidieron actuar y emprender un juego cruel, de mensaje impreciso y manipulable a conveniencia: esperanzador por un lado, de catapulta por otro.
Jesús Murillo Karam lanzó la moneda de dos caras. En una dice, “están muertos”, la otra “están desaparecidos”. El juego perverso se inclinará dependiendo de quién lance la moneda.
Si son mercado internacional y gobiernos extranjeros quienes la lanzan, caerá del lado “están muertos”, teniendo la certeza de que las autoridades buscaron por “tierra y agua” a los jóvenes de manera tan intensa que lograron detener a más de 70 personas y, en forma “dolorosa” descubrió que “los malos” forjaron una pila humana con “44 ó 43” estudiantes para quemarlos y esparcir sus restos en un río. Entonces la percepción será: el gobierno actuó y no hubo impunidad.
Si quien lanza la moneda es la sociedad, por lo menos para un sector caerá del lado “están desaparecidos”. Éstos sostendrán que el gobierno es tan honesto que aceptó no poder determinar con certeza si los restos humanos sacados del río son o no de los normalistas por lo que, “en búsqueda de la verdad” pedirá a la Universidad de Innsbruck un análisis de ADN de mitocondria. Aquí quienes tenían algunas dudas por la otra versión, con ésta se convencerán y dejarán en su corazón la esperanza de que están vivos y reconocerán en el gobierno sus esfuerzos por llegar hasta donde fue posible. Este mensaje es para la sociedad mexicana, no para el extranjero.
Del lado que caiga la moneda, el gobierno construyó un mensaje sobre bases reales, salpicado de declaraciones inverosímiles, de discursos mitad verdad, mitad mentira. Por ejemplo, real es que el expresidente municipal de Iguala y su esposa tienen relación familiar con el grupo delictivo Guerreros Unidos. Nadie de la sociedad lo pone en duda, por lo tanto, la mano ejecutora serán unos desalmados sicarios de la organización.
Para hacer más creíble la hipótesis original, el hábil y frío Murillo Karam logró capturar a los autores materiales, quienes frente a cámaras de video aceptaron su deleznable crimen.
Un mes necesitó el gobierno para eslabonar la historia. Pero hay preguntas básicas sin respuesta: ¿Cuál fue el móvil de Guerreros Unidos para ejecutarlos? ¿Por qué Murillo acepta la declaración de tres detenidos que dicen quemaron a 44 ó 43 y la ofrece a los medios de comunicación como verdad única? ¿Por qué no hizo lo mismo cuando el llamado líder de Guerreros Unidos, Sidronio Cassarrubias, detalló mismo crimen, misma quema pero reduciendo la cifra a 17 jóvenes?
Ese video no lo vimos pero lo leímos en diario Reforma y no hay que olvidar que este hombre fue detenido el 17 de octubre y ese día rindió declaración ministerial. Y qué acaso es el único grupo criminal de la zona, ¿y La Familia, y Los Rojos, y las alianzas de éstos con otras autoridades que no sólo pueden ser las policías?
El juego perverso es que aunque el gobierno da por válida la versión de tres presuntos sicarios al ofrecerla vía video a todo México, por otro dice que están en calidad de “desaparecidos”. Sin certeza pero con eficiencia el gobierno actúa, es el mensaje, de total ambigüedad.
Pareciera que lo importante no es la verdad sino la “percepción”. Y en este mover de piezas hay una que Murillo prefiere no se toque, incluso ¡avala! en su omisión. Se trata del Ejército.
¿Por qué no actuó cuando los jóvenes les pidieron ayuda? ¿Por qué no se le investiga? La respuesta está en lo que en tono molesto dijo Murillo a la reportera María Idalia Gómez cuando lo inquirió sobre ello: “El Ejército, como todos los ejércitos del mundo, se mueven sólo por órdenes. Yo nomás quiero saber a quién hubiera apoyado? Obviamente a la autoridad, hubiera sido peor, mucho peor, qué bueno que no salió”. El mensaje es, al Ejército no se le toca.
Uno decide qué lado de la moneda de Murillo le acomoda mejor o si de plano decide tirar la moneda a la basura y como los padres ofendidos, dolidos de Ayotzinapa, determina exigir la verdad real y no dejar en la impunidad a todos los involucrados, sea Estado, sean partidos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES (ANÁLISIS)
El presidente con licencia del Conapred es señalado de retrasar intencionalmente la resolución de una denuncia contra la CFE. Quien lo acusa asegura que actuó con parcialidad en el caso.
Ricardo Bucio Mujica, presidente con licencia del Conapred, es acusado de discriminación por una víctima de actos discriminatorios por parte de la CFE por ser portador del virus VIH.
En la denuncia contra Bucio Mujica, aspirante actual a convertirse en el próximo Ombudsman de los Derechos Humanos en México, se asegura que el titular del Conapred congeló un expediente con fines políticos para proteger a la administración del expresidente panista Felipe Calderón.
Bucio Mujica forma parte de un grupo de funcionarios federales que están denunciados en un procedimiento de responsabilidad patrimonial ante los órganos de control de la Secretaría de la Función Pública.
En la denuncia se señala que Bucio Mujica incurrió como presidente del Conapred en actos administrativos irregulares para retrasar intencionalmente la resolución de una denuncia por discriminación contra la CFE.
El afectado asegura en la queja que Bucio Mujica actuó con falta de la debida diligencia, parcialidad e incurrió en demora injustificada para resolver su caso.
La denuncia de la víctima contra la CFE se presentó el 20 de junio de 2011 en el Conapred, pero el organismo encabezado por Bucio Mujica resolvió hasta el 30 de noviembre de 2012, justo el día en que concluyó el sexenio del expresidente Felipe Calderón.
El retraso en este procedimiento ocurrió, pese a que el Conapred tuvo acceso a los elementos de prueba que confirmaban la discriminación que sufrió el afectado desde la parte inicial de la investigación.
En el procedimiento de responsabilidad patrimonial se reclama, además de la dilación de las autoridades, una indemnización por los daños y perjuicios provocados por la tardanza en resolver la denuncia.
Hace cuatro años, el afectado presentó una solicitud para trabajar en la CFE, pero la empresa paraestatal, como parte de su procedimiento de contratación, le practicó un examen médico incluyendo pruebas para detectar el virus del SIDA.
Los resultados dieron positivo y el personal de recursos humanos de la CFE le comunicó al solicitante que no podía contratarlo por estar contagiado de esa enfermedad.
Este caso reveló que la CFE practicaba de manera sistemática pruebas de VIH como parte de su proceso de selección de personal.
El afectado presentó una queja en el Conapred el 20 de junio de 2011, pero fue hasta el mes de octubre de ese año que el organismo encabezado por Bucio Mujica inició el procedimiento de conciliación entre las partes.
Entre la denuncia y la resolución del Conapred, transcurrieron un año siete meses sin que el organismo emitiera su resolución a pesar de las pruebas que contaba.
El quejoso presentó las pruebas de sangre que la CFE le realizó sin su consentimiento para detectar el virus del SIDA.
‘Incurrió en encubrimiento’
Pedro Morales Aché, abogado de la víctima, asegura que Bucio Mujica retrasó su resolución para proteger los intereses de la admnistración federal panista.
“Bucio incurrió en un encubrimiento de su personal que a pesar de contar con todas las pruebas no actuaba”, señala Morales Aché.
“Este retraso injustificado nos acredita fehacientemente este trato clientelar que tiene Bucio”.
El abogado compara la tardanza de su caso con la celeridad que tuvo Bucio Mujica para resolver asuntos presentados por el investigador Sergio Aguayo.
“Ricardo Bucio le da un trato privilegiado a aquellos aliados políticos y académicos que tiene”, dice Morales.
Conapred, agrega el abogado, terminó discriminando a su cliente, una práctica que se supone debe de combatir.
“Conapred en ese actuar termina discrimando y termina obedeciendo a una serie de intereses políticos en lugar de combatir la discriminación”.
En la recomendación el Conapred, el organismo prohíbe a la CFE seguir practicando pruebas de detección del VIH y se ordena la indemnización para la reparación del daño.
Una indemnización que hasta el momento no ha pagado la CFE y que se pelea en tribunales fiscales.
La Conapred cerró el caso con su resolución –incumplida por la CFE- y rechazó reabrir la investigación a petición del quejoso.
Fue entonces que los abogados de la víctima denunciaron el año pasado a Bucio Mujica ante el órgano interno de control de este organismo que se supone es el defensor de los grupos vulnerables.
El órgano de control concluyó que no había responsabilidad en los funcionarios del Conapred –incluyendo Bucio Mujica- alegando que el organismo tiene “cargas excesivas de trabajo”.
Una resolución que también está siendo combatida legalmente por los abogados del afectado por la vía del amparo.
Como parte de los recursos legales que el afectado ha tenido que interponer para mantener su caso, se presentó también una reclamación de responsabilidad patrimonial en contra de la CFE, que el mismo órgano de control de la empresa paraestatal declaró improcedente.
En total han sido 8 los recursos de amparo que se han presentado para obligar a las autoridades de la Conapred y CFE a resolver su demanda.
“Resulta paradójico que una instancia que fue creada para combatir la discriminación, como lo es el Conapred, en la práctica discrimne a los peticionarios que no satisfacen los criterios clientelares que han sido establecidos por sus funcionarios”, señala la denuncia presentada contra Bucio Mujica, hoy candidato a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
FUENTE: REPORTER INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal salió ayer del hospital, donde permanecía internado desde el 31 de octubre.
En pie y con buen semblante, Miguel Ángel Mancera abandonó el Hospital ABC, a poco más de una semana de haber sido operado del corazón.
En un principio el jefe de gobierno del Distrito Federal se sometió a intervención por la presencia de arritmia, pero una complicación en la cirugía prolongó su permanencia y hasta el sábado fue dado de alta.
Sin embargo, abandonó el hospital ayer por la tarde pues, según informó su secretario particular Luis Serna, prefirió quedarse en el nosocomio para tener privacidad y tranquilidad.
“El alta médica ya está, pero él prefirió estar el fin de semana aquí para su privacidad y estar tranquilo con su familia”, dijo el sábado.
Horas después del anuncio, Mancera salió del hospital por su propio pie, reiterando que su estado de salud es bueno.
“Estoy bien”, se escuchó decir al mandatario, quien levantó su pulgar en señal de recuperación.
Asuntos pendientes
El jefe capitalino había estado administrando y dando instrucciones a su equipo de trabajo desde su habitación en el ABC.
El pasado miércoles el gabinete de Seguridad del Distrito Federal se reunió con Mancera en el hospital, luego de la captura del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa en una casa ubicada en la delegación Iztapalapa.
Según reportó El Universal, antes de subirse a una camioneta que lo llevaría a su casa en la delegación Benito Juárez, Mancera dijo que esta semana se reincorporará a sus actividades habituales.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
La causa penal 100/2014, sobre el ataque y secuestro de los estudiantes de Ayotzinapa, revela la debilidad y falta de pruebas en la investigación de la Procuraduría General de la República: El juzgado que analiza el caso liberó a siete policías de Cocula e Iguala, rechazó otorgar órdenes de aprehensión contra cuatro presuntos culpables y siguen prófugos 19 coacusados. Jurídicamente la situación es clara: hasta el momento no hay culpables confirmados ni se puede asegurar dónde están los jóvenes desaparecidos.
MÉXICO, D.F: A más de 40 días del asesinato de seis personas y la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el gobierno de Enrique Peña Nieto no tiene una investigación sólida, no ha confirmado el destino de los estudiantes desaparecidos, no tiene pruebas contundentes contra los presuntos responsables y no ha logrado capturar a todos los sospechosos.
El viernes 7 el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, presentó un nuevo informe sobre el caso. Pese a admitir que no tiene pruebas periciales concluyentes, dio a entender que los estudiantes habían sido asesinados y calcinados; dijo tener “plenamente identificados y acreditados a los policías de Cocula e Iguala” que participaron en los hechos y afirmó haber arrestado, en total, a 52 presuntos responsables, incluyendo 22 policías de Iguala que aún están siendo procesados bajo el fuero común.
El gobierno federal pretende mostrar a la opinión pública un caso resuelto con solidez. Pero en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales (JPPP) –radicado en Tamaulipas, donde se lleva la causa penal por secuestro y actos de delincuencia organizada contra los estudiantes–, la PGR tiene problemas para sostener el caso, único instrumento legal para hacer justicia a los normalistas asesinados o desaparecidos.
Documentos de las actuaciones en la causa penal 100/2014 –abierta en el contexto de la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014 sobre los ataques contra los jóvenes ocurridos el 26 y el 27 de septiembre pasados en Iguala– a cuales que tuvo acceso este semanario revelan una investigación endeble. Después de 33 días de haber asumido toda la responsabilidad en la indagatoria, la PGR no tiene las pruebas suficientes para mantener el auto de formal prisión contra todos los detenidos ni para obtener órdenes de aprehensión contra quienes considera culpables.
De acuerdo con los documentos judiciales, el 25 de octubre pasado el JPPP ordenó la libertad de siete policías de Cocula e Iguala porque la PGR no presentó pruebas suficientes en su contra. A tres de los agentes el juez les quitó el delito de secuestro y a los otros cuatro, los de delincuencia organizada y secuestro.
Asimismo, de los 46 presuntos responsables señalados por la PGR en la averiguación AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014, el gobierno de Peña Nieto no ha podido detener a 19. Es decir, casi la mitad de los acusados de haber participado en el secuestro y matanza siguen libres.
El 24 de octubre el JPPP le negó a la PGR las “órdenes de aprehensión, comparecencia o presentación” contra cuatro de los 19 presuntos responsables libres.
La causa penal 100/2014 es hasta ahora el único sustento jurídico para mantener detenido al exalcalde de Iguala José Luis Abarca y arraigada a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. También en ella se fundamenta la detención de 24 agentes municipales de Cocula e Iguala y de Raúl Núñez Salgado, a quien la PGR señala como “operador financiero” del grupo criminal Guerreros Unidos, y la persecución de los 19 coacusados mencionados, cuyos nombres no se hacen públicos porque aún están prófugos.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1984, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ.
De acuerdo con diversas fuentes y varias confirmaciones documentales y testimoniales, una impresionante residencia ubicada en la calle Sierra Gorda 150, en las Lomas de Chapultepec, pertenece al presidente Enrique Peña Nieto. Valuada en siete millones de dólares, es custodiada por el Estado Mayor Presidencial y, curiosamente, está registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, empresa que forma parte del Grupo Higa, contratista desde hace años de los gobiernos mexiquense y federal. Esta información se halla incluida en el reportaje “La Casa Blanca de Peña Nieto”, elaborado por el equipo del portal informativo Aristegui Noticias y que éste comparte con Proceso simultáneamente a su difusión en internet.
MÉXICO, D.F: La afición de la pareja presidencial por aparecer en suplementos sociales y revistas del corazón dio la pauta a una investigación periodística que evidencia la relación de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera con una empresa beneficiaria de negocios al amparo del poder: El Grupo Higa, vinculado a una lujosa residencia ubicada en las Lomas de Chapultepec.
La investigación fue realizada por reporteros del portal Aristegui Noticias –que dirige la periodista Carmen Aristegui–, con apoyo del International Center for Journalists y la plataforma de periodismo latinoamericano Connectas.
Con testimonios, solicitudes de información a entidades gubernamentales, documentos oficiales y entrevistas, el reportaje demuestra que la residencia de Sierra Gorda 150, valuada en siete millones de dólares, si bien pertenece a Peña Nieto está registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, sociedad anónima integrante del corporativo empresarial Higa.
La parte trasera de esa residencia colinda y se conecta con otra, la de Paseo de las Palmas 1325, cuya propietaria es Angélica Rivera.
El grupo empresarial Higa, a través de su subsidiaria Constructora Teya, es integrante del consorcio formado por China Railway Construction, China South Rolling Stock Corporation, Grupo GIA+A, Prodemex y GHP, que obtuvo la licitación –cancelada intempestivamente la noche del jueves 6– para construir y operar el tren rápido México-Querétaro por un monto de 50 mil 820 millones de pesos.
Esta obra –donde Constructora Teya fungiría como proveedora de material rodante– es la más grande proyectada por el gobierno peñanietista para ser entregada antes de concluir su gestión.
Teya es la misma empresa a la cual en junio pasado se le asignaron las obras de ampliación del hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por un monto de mil millones de pesos.
Ligada al llamado Grupo Atlacomulco, Higa tiene como accionista mayoritario a Juan Armando Hinojosa Cantú, tamaulipeco avecindado en el Estado de México, donde sus empresas han florecido desde los ochenta al amparo del gobierno estatal.
Sólo durante el mandato de Peña Nieto en esa entidad, entre 2006 y 2011, obtuvo contratos de obras y servicios por 36 mil millones de pesos, según una consulta en portales oficiales realizada por Proceso.
El reportaje de Aristegui Noticias documentó que el registro constitutivo de Ingeniería Inmobiliaria del Centro data del 13 de noviembre de 2008, cuando quedó asentado el Folio Mercantil Electrónico 50393-17 en la Oficina de la Función Registral del Estado de México, con sede en Toluca.
Como accionistas de dicha razón social figuraban en la constitución de la empresa Hinojosa y su hijo, Juan Armando Hinojosa García, fallecido el 28 de julio de 2012 en un accidente aéreo cuando regresaba de la fiesta de cumpleaños del entonces presidente electo.
Hinojosa García era yerno del exgobernador veracruzano Fidel Herrera Beltrán y en su boda, el 16 de noviembre de 2007, Peña Nieto fue testigo.
“El hogar” de Peña Nieto
La mansión del presidente tiene estacionamiento subterráneo, planta baja y nivel superior con tapancos. En realidad, cinco niveles a los cuales llega un elevador.
Hay dos cuartos de servicio con habitación, baño, cocineta y sala de estar, además de un tercer cuarto para chofer y caseta de vigilancia. En el jardín hay una sala y un comedor techados. Inicialmente la azotea tenía jacuzzi y bar, pero al parecer eso fue modificado.
Todos los acabados son de persistente color blanco, incluido el suelo de mármol de la planta baja. No hay cabida para lo monótono, pues un sofisticado sistema de iluminación ambienta la residencia que de tan blanca puede tornarse azul, rosa, anaranjada o violeta.
En el primer piso están las seis recámaras para los hijos de la familia, con baño, vestidor y escalera de acceso al tapanco cada una. Pero la más lujosa es la habitación principal, con sala de estar, vestidor, baños separados y spa.
La vivienda cuenta con gimnasio, roof garden, alberca y biblioteca…
El Estado Mayor Presidencial confirmó al equipo de Aristegui Noticias que resguarda la casa de Sierra Gorda, ya que está obligado a garantizar la seguridad del presidente y su familia en sus actividades públicas y privadas, en Los Pinos, en Palacio Nacional y en su casa particular.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1984 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
MÉXICO, D.F: Luego de que se revelara que el presidente Enrique Peña Nieto posee una lujosa residencia en Lomas de Chapultepec registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, empresa que forma parte del Grupo Higa, contratista desde hace años de los gobiernos mexiquense y federal, la Presidencia de la República dio a conocer este domingo que la casa es de la primera dama Angélica Rivera.
“En enero de 2012, la señora Angélica Rivera Hurtado celebró un contrato con Ingeniería Inmobiliaria del Centro, S.A. de C.V. por virtud del cual, la primera se obliga a adquirir los inmuebles marcados con los números 150 y 160 de la calle Sierra Gorda, los cuales eran propiedad de esta inmobiliaria desde los años 2009 y 2010. Es importante destacar que dichos inmuebles colindan con la casa que desde varios años atrás ya era propiedad de la señora Angélica Rivera Hurtado y que el objeto de adquirirlos era ampliar el espacio de su casa habitación”, indicó la Presidencia en un comunicado.
Detalla que Rivera Hurtado pagó a la firma del contrato, en enero de 2012, casi un año antes de que su esposo fuera presidente de la República, el 30% del total del precio pactado, lo que hizo mediante la emisión de un cheque nominativo, de su cuenta personal, a favor de la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, S.A. de C.V., y en virtud de ello, se le otorgó la posesión.
El documento precisa que Angélica Rivera, quien contrajo matrimonio con Enrique Peña Nieto el 27 de noviembre de 2010, bajo el régimen de separación de bienes, es económicamente solvente y contaba con recursos suficientes para adquirir estos inmuebles. La larga carrera profesional de la señora Rivera Hurtado le ha permitido consolidar su patrimonio personal, destaca la Presidencia.
La información indica que Rivera ha cubierto puntualmente su deuda a través de pagos verificados de su cuenta personal de cheques y que el último depósito lo realizó en octubre del año pasado.
Aclara que “una vez que se cubra el monto total del adeudo, la parte vendedora otorgará la escritura pública a favor de la señora Angélica Rivera Hurtado, configurándose así la traslación del dominio a favor de ella”, según el comunicado.
“Debe destacarse que la señora Angélica Rivera Hurtado en varias ocasiones ha hecho referencia en medios de comunicación a su casa y a la ampliación de la misma. Tal es el caso de la revista Hola, de fecha 1 de mayo de 2013”, remata el documento.
La investigación sobre la residencia de Lomas de Chapultepec, valuada en siete millones de dólares, fue realizada por reporteros del portal Aristegui Noticias –que dirige la periodista Carmen Aristegui–, con apoyo del International Center for Journalists y la plataforma de periodismo latinoamericano Connectas.
Con testimonios, solicitudes de información a entidades gubernamentales, documentos oficiales y entrevistas, el reportaje demuestra que la residencia de Sierra Gorda 150, si bien pertenece a Peña Nieto está registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, sociedad anónima integrante del corporativo empresarial Higa.
La parte trasera de esa residencia colinda y se conecta con otra, la de Paseo de las Palmas 1325, cuya propietaria es Angélica Rivera.
El grupo empresarial Higa, a través de su subsidiaria Constructora Teya, es integrante del consorcio formado por China Railway Construction, China South Rolling Stock Corporation, Grupo GIA+A, Prodemex y GHP, que obtuvo la licitación –cancelada intempestivamente la noche del jueves 6– para construir y operar el tren rápido México-Querétaro por un monto de 50 mil 820 millones de pesos.
Teya es la misma empresa a la cual en junio pasado se le asignaron las obras de ampliación del hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por un monto de mil millones de pesos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La mayoría de las fuerzas políticas en la Cámara Alta se perfilan a no reelegir en el cargo al actual presidente de la CNDH y ponen sobre la mesa a los nuevos candidatos.
Esta semana, el Senado de la República deberá concluir con el nombramiento del nuevo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y, en la recta final del proceso, los grupos parlamentarios se inclinan por imponer su veto a Raúl Plascencia Villanueva, presidente del organismo.
A pesar de que fueron entregadas más de 2 mil firmas apoyando su reelección, y de que algunas personalidades le expresaran su apoyo, la mayoría de las fuerzas políticas en la Cámara Alta se perfilan a no reelegir en el cargo al actual presidente de la CNDH.
Los constantes señalamientos por omisiones y falta de resultados del organismo son las principales razones por las que los senadores, sobre todo de izquierda, se han pronunciado por no reiterar el nombramiento para Plascencia Villanueva.
Senadores como los perredistas Fidel DeMedicis o Lorena Cuéllar han criticado al Ombudsman por su reacción tardía en casos como el de los desaparecidos de Ayotzinapa o los ejecutados de Tlatlaya.
“Esa es la principal crítica que le hace la sociedad mexicana: no haber intervenido inmediatamente e iniciado una investigación que permitiera saber con certeza y prontitud lo que ahí había acontecido”, sostuvo Lorena Cuéllar, quien reclamó que la recomendación para los hechos de Tlatlaya se diera a conocer meses después de los hechos.
Plascencia también ha sido cuestionado por no hacer uso de sus facultades en casos como los de la aprobación de la legislación secundaria en materia de Telecomunicaciones, donde pudo haber presentado una controversia constitucional para revertir los artículos referidos a geolocalización o violaciones a la privacidad, que quedaron contenidos en dichas leyes.
Otro de los casos en los que hubo inconformidad por la actuación de la CNDH fue en el de la llamada Ley Bala, una legislación aprobada en Puebla en la que se regula el uso de la fuerza de las corporaciones policiacas en esa entidad, y que la Comisión declaró como no inconstitucional, por lo que no presentó controversia alguna contra ella ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin embargo, meses después, la realidad alcanzó a la CNDH. Un menor falleció por una bala de goma utilizada por la policía de Puebla en una manifestación y, en medio de presiones sociales, el máximo organismo de Derechos Humanos del país emitió un informe en que reconoció que el menor falleció producto de la bala.
No solo los legisladores se han mostrado inconformes. Organizaciones civiles enviaron peticiones al Senado para que no se contemplara la reelección de Plascencia como Ombudsman.
El principal reclamo que las organizaciones realizaron fue la falta de resultados del titular de la CNDH, pues de más de 380 mil quejas presentadas por ciudadanos ante el organismo en este año, acusaron, se emitieron menos de 100 recomendaciones.
Algunas, como México Unido contra la Delincuencia, México Evalúa, Fundar Centro de Análisis e Investigación y hasta el Movimiento 5 de Junio –conformado por padres de los niños de la Guardería ABC-, pidieron a los legisladores que no se reelija a Plascencia Villanueva.
La semilla quedó sembrada entre los grupos parlamentarios y todo indica que Raúl Plascencia Villanueva no estará en la terna de los finalistas cuyos nombres serán sometidos a la consideración del Pleno del Senado.
Los nombres más sonados
Los grupos parlamentarios perfilan ya los apoyos para conformar la terna de los finalistas y son varios los nombres que se consideran para ocupar la presidencia de la CNDH.
Entre ellos, se encuentra Mauricio Farah Gebara, quien actualmente es secretario general de la Cámara de Diputados. Es especialista en Derechos Humanos y Migración. Ya antes había trabajado en la CNDH como Coordinador del Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes.
En el 2009, Farah Gebara fue rival de Plascencia Villanueva, pues también presentó su candidatura para presidir la CNDH. En el 2013, siendo ya secretario general de la Cámara baja, presentó su solicitud para ser consejero electoral del IFE; sin embargo, después se retiró de la contienda con el argumento de que estaba siendo vetado por el PRI.
Otro de los nombres que se encuentra en la mesa es el de Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM y quien también ya había trabajado en la CNDH como segundo visitador y director general del Programa de Agravios a Periodistas.
González Pérez fue subprocurador General de la República en 1996, y fue el último fiscal especial que investigó el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Su cargo oficial fue Subprocurador Especial para el Caso Colosio.
Durante su ejercicio, la PGR dio a conocer el informe final del asesinato del entonces candidato presidencial del PRI, en el que se habla de la acción solitaria de Mario Aburto para matar a Colosio.
En las posibilidades para conformar la terna de los finalistas a la CNDH también se encuentra Patricia Olamendi Torres, quien fuera subprocuradora y directora general de Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal e integrante del Consejo Consultivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer.
Ha sido, además, subsecretaria de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, y actualmente trabaja con organizaciones de la sociedad civil en los temas de Derechos Humanos e Igualdad entre hombres y mujeres.
Ricardo Bucio Mújica es otra de las personas que los grupos parlamentarios en el Senado podría considerar para formar parte de la terna final.
Es presidente con licencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y fue presidente de la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación.
Ha trabajado también en organizaciones ligadas a la Iglesia católica, como coordinador nacional de Cáritas Mexicana o director de Programas Educativos del Centro de Solidaridad y Servicios Juan Diego.
Carlos Pérez Vázquez, coordinador de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es otro de los finalistas cuyo nombre podría aparecer en la terna.
Es coordinador de Derechos Humanos del máximo tribunal y coordinador de asesores de Juan Silva Meza, ministro presidente de la SCJN.
El año pasado, la SCJN recibió el premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por las resoluciones del tribunal y también por la institucionalización de la visión de derechos en la Corte y el Poder Judicial.
Es el enlace del máximo tribunal del país con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Se espera que a más tardar este martes quede integrada la terna de los finalistas para que sea analizada por las bancadas en la Cámara alta y votada por el pleno el jueves 13 de noviembre.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
