El gobierno administró la tragedia y jugó con los padres de Ayotzinapa: Solalinde

Acusa al procurador Jesús Murillo Karam, de tratar de involucrar a los jóvenes desaparecidos, con el crimen organizado en Guerrero.

Si yo sabía lo que ocurrió con los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, el gobierno “lo sabía antes con mayor razón, lo supo siempre pero no lo dijo inmediatamente porque administró la tragedia, jugó con la gente”, aseguró el padre Alejandro Solalinde.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, refirió que el día que recibió reclamos de los padres en Ayotzinapa, ellos le dijeron que no les daba “esperanza” sobre sus hijos, mientras el procurador Jesús Murillo Karam les había prometido “regresar vivos a sus hijos”, lo cual no ha cumplido.

Por ello, llamó a mantener la exigencia: “Vivos se los llevaron y vivos los tienen que entregar”.

Y remarcó que aunque no lo quiere aceptar, el Estado es responsable de lo ocurrido con los jóvenes, pues participaron autoridades municipales y la propia policía. ”El Estado fue el que los desapareció con todos los recursos del Estado”, estableció.

Además, preguntó dónde quedó la responsabilidad del gobernador del estado, del Ejército y del Cisen.

“¿Cuál era el objetivo (de administrar la información)? Un montaje para ganar tiempo, a ellos lo que les interesa es un control de daños político, partidista”, sostuvo el sacerdote.

“La cosa no es el dolor de la pobre gente sino cómo recuperar Guerrero”, apuntó.

Ahora “quiere tapar y volver a la impunidad”, sostuvo.

La impresión que trata de dejar la PGR es que es un “asunto es local, que es un asunto exclusivamente de Guerrero” y “pinta su raya de los delincuentes”.

Recordó que en la reunión con tuvo con el procurador Jesús Murillo Karam, el mes pasado, él le dijo que lo ocurrido con estudiantes en Guerrero fue “un ataque entre cárteles”, y vinculó a los normalistas con un grupo delincuencial, lo que después filtró a los medios de comunicación. Sin embargo, ante los reclamos de los padres, Murillo reculó e incluso desvinculó a los jóvenes del crimen organizado, indicó Solalinde.

“Cambió completamente la versión”, refirió.

Abarca, detenido en el DF, asegura

Solalinde dijo tener información sobre que el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue detenido en Veracruz y no en el DF, pero fue “sembrado” en territorio perredista.

“Hay tanta gente que se acerca a mí y que me está diciendo cosas, hemos vivido por años gobiernos de montajes, a su conveniencia, Genaro García Luna se lleva los arieles… montajes de complicidad, se hacen muchas cosas aquí, no para la justicia sino para el provecho político. No sabemos de un gobierno que nos diga la verdad sino un gobierno que simula, que hace montaje”, aseveró.

El gobierno -expuso- consideró que era “imposible” detener a Abarca en “un nicho priista”, por lo que “tiene que ser en un lugar perredista para sacar también provecho” y dejar la idea de que “el PRI es el bueno”.


Al ser interrogado sobre cómo obtuvo esta información, el religioso sólo comentó: “tengo mucha gente que confía en mí en Veracruz, hay personas cercanas, yo he analizado y veo que sí”.

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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Reabren el caso Gutiérrez de la Torre los nuevos consejeros del IEDF

La nueva investigación pondrá acento en las acusaciones de violación a derechos humanos; critica el PRI la decisión.

El Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) reabrió el caso del ex líder del PRI en el Distrito Federal Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de haber incurrido en el uso de recursos públicos e instalaciones de ese partido para operar una presunta red de prostitución.

Por votación unánime y con la crítica de la representación del PRI, los consejeros recientemente designados por el INE determinaron reabrir el expediente que se integró en contra del líder priista, acusado por el PRD-DF.

“Después de una discusión de más de dos horas, el pleno del IEDF determinó que deberán realizarse más diligencias respecto a ese caso, sobre todo en lo relativo a las acusaciones por violación de los derechos humanos de las mujeres que se vieron involucradas en ese caso”, informó La Jornada.

El pasado 25 de agosto los integrantes del anterior Consejo General aprobaron –por mayoría de votos—una resolución en la que se establecía que no se habían encontrado elementos que demostraran que Gutiérrez de la Torre hubiera incurrido en uso o desvío de recursos públicos ni en el uso de las instalaciones del PRI-DF para esa ilícita red .

Con el actual Consejo General –que asumió el cargo en octubre pasado—se analizó el asunto en la Comisión de Asociaciones Políticas, y de ahí fue que hoy presentó un acuerdo para que se realicen “diligencias más exhaustivas”.


Durante la sesión, el representante del PRI, René Muñoz, acusó que el IEDF se estaba prestando a la manipulación política del Gobierno del DF, y lo acusó de ser el “brazo ejecutor” para atacar a los detractores o críticos del gobierno, y dejó en claro que no impugnarán el acuerdo aprobado “porque no tenemos nada qué esconder y que se investigue”.

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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

‘Jálense para el basurero’

Uno de los presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas relata qué fue lo que pasó la noche del 26 de septiembre en el basurero de Cocula.

“Suéltenos, somos inocentes. Somos estudiantes de la Escuela de Ayotzinapa”, se escucharon unas voces de hombres que viajaban amontonados en la parte trasera de una camioneta de redilas.

“Jálense para el basurero”, ordenó un hombre que iba al mando conocido como “El cepillo y/o El terco”, refiriéndose al que se encuentra hacia el pueblo de la colonia Vicente Guerrero de Cocula, Guerrero.

Así inició el episodio que refiere la presunta muerte de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. 

El relato macabro está contenido en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/871/2014 en la que Agustín García Reyes, alias “El chereje” uno de los tres sicarios que presentó en conferencia el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, da los pormenores de lo que ocurrió un día a finales de septiembre (no se precisa la fecha).

El funcionario federal declaró en aquella conferencia que no se encontraron indicios de que en algún momento los normalistas desaparecidos hayan pertenecido o colaborado con la agrupación Guerreros Unidos.

Sin embargo, a partir de dicha averiguación previa del cual se posee una copia, se desprende que “halcones” y sicarios de Guerreros Unidos se organizaron aquel día para matar y prender fuego a todos los hombres detenidos en Iguala, pues estaban relacionados con Los Rojos, el grupo rival de la zona.

Además de relatar la forma en que los mataron y les prendieron fuego en el basurero de Cocula, García Reyes, acusado de servir como sicario a los Guerreros Unidos refiere que antes de matar a los normalistas “El pato” y “El terco” cuestionan acerca de su presencia en Iguala. 

“Les empiezan a preguntar a los estudiantes que a qué venían a Iguala y los estudiantes al inicio no responden nada, pero los mismos estudiantes nombraron a una persona apodada ‘El cochiloco’ y que estaba ahí con ello, señalándolo, dijeron que él los había mandado y que los obligaba a hacer cosas que no querían”

Así es como “El pato” y “El terco” encausan sus preguntas al hombre señalado como “cochiloco” que acompañaba a los estudiantes.

“Le empiezan a preguntar al ‘cochiloco’ que a qué habían venido y él respondió ‘que por la esposa de Abarca’ y es como siguen interrogando al ‘cochiloco’ y que para qué organización trabajaba”.

A quien hace referencia es a María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala, quien ese día encabezaba el segundo informe como presidenta del DIF y destapaba sus aspiraciones políticas para suceder en el cargo a su esposo.

Pineda fue arraiga luego de ser detenida con José Luis Abarca en un operativo en Iztapalapa.

Cuando el interrogatorio de los sicarios terminó en aquel basurero dispararon hacia donde estaban amontonados todos los estudiantes, incluyendo al ‘cochiloco.

“Les disparan en la cabeza a todos y detonando varias veces las armas y matan a los estaban en la parte de arriba siendo como unos veinte a veinticinco persona ya que refiero estaban amontonados, es como ‘El terco’ nos da la indicación a mí y al ‘Bimbo” de que empecemos a jalar los cuerpos que ya estaban muertos y los poníamos a las orillas del basurero”.

A los que aún estaban vivos, los bajaron caminando hacia el fondo del basurero “siendo que hablamos de otras veinte personas que restaban aproximadamente”.

Esa noche operaron como sicarios: “El pato”, “El jona”, “El querreque” y el “Jimy,  “El terco”, “chequel”, “primo”, el “Bimbo” y “El pajarraco”.

De todo el grupo quien daba las órdenes era “El terco”, fue quien mando a que buscaran piedras y leña.

“Nos pusimos arrancar las ramas de los árboles y a juntar leña y amontonar piedra que llevamos abajo el basurero y cuando llegamos con la leña ya estaban los demás estudiantes restantes sin vida”, detalló.

Con las piedras que se reunieron los sicarios formaron una gran círculo en dónde colocaron todos los cuerpos, amontonados, para después rociarlos con diesel y gasolina y poder prenderles fuego.

“El mismo ‘terco’ prende fuego con un encendedor y empieza a arder, primeramente la leña y unas botellas de plástico que habían echado y luego los cuerpos y empiezan a arder y yo sigo juntando botellas, llantas y cualquier plástico para que no se apagara y se siguen ardiendo los cuerpos (...) ahí permanecimos cerca de quince horas ya que nos dieron las cinco de la tarde de este mismo día en que nos llevamos a los estudiantes, siendo que los cuerpos tardaron en quedar como cenizas”

Al cabo de ese tiempo, los sicarios esperaron para que se enfriaran las cenizas, las que recogieron en ocho bolsas de plástico para la basura, de color negro, que llenaron hasta la mitad.

El grupo se dirigió hasta el Río de San Juan, ubicado ahí mismo en Cocula, que se localiza, según la versión que rindieron ante la Seido los propios sicarios, como a una hora del basurero en donde ocurrieron los hechos.

Ya que llegaron al Río San Juan, como a las seis de la tarde, amarraron las bolsas y las arrojaron a la corriente. A partir de esa fecha los sicarios y “halcones” se dispersaron previa amenaza de “El terco” de que sí decían algo de lo ocurrido los iban a matar.

En sus datos generales, el presunto sicario reconoció ser adicto al thiner y al PVC, tener antecedentes penales y ocupar el puesto de “halcón” dentro de la organización Guerreros Unidos.

FUENTE: REPORTE INDIGO.

AUTOR: ICELA LAGUNAS

El efecto ‘dipu-tables’

Gana corriente de Luis Alberto Villarreal solo 5 de las 29 alcaldías en juego en Guanajuato. Dos, en cerrada votación.

El dirigente estatal del PAN en Guanajuato, Gerardo Trujillo Flores, señaló ayer que los panistas eligieron a 29 candidatos a alcaldes el domingo una votación sin contratiempos en 36 municipios de Guanajuato.

Pero el que sí tuvo contratiempo fue el excoordinador parlamentario del blanquiazil en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal.

El diputado federal, quien fue señalado por Reporte Indigo como uno de los funcionarios panistas que apareció en el video en donde conviven con bailarinas de un table dance en Puerto Vallarta, solo logró que sus “gallos” fueran electos en cinco de esas 29 candidaturas para los comicios locales del 2015.

La corriente del excoordinador parlamentario –cercana a la dirigencia nacional que encabeza Ricardo Anaya- que se quedó con Tarandácuaro, Huanímaro, Ocampo, Salamanca y San Diego de la Unión.

La elección más cerrada fue en el municipio de Huanímaro, donde Roberto Contreras Núñez ganó con una ventaja de dos votos, mientras que en Salamanca, donde durante la semana pasada hubo denuncias de fuego amigo entre los panistas, también tuvo un final cerrado, pero Antonio Arredondo Muñoz venció por 13 votos al diputado local Galo Carrillo Villalpando.

El Comité Estatal del PAN reveló que aún están por resolverse los resultados de los procesos internos en 17 municipios, en donde el método será la designación.

Trujillo Flores aseguró que 94 por ciento de los 4 mil 600 militantes panistas con derechosa hacerlo, participaron en la elección.

“No se presentaron problemas de ninguna incidencia mayor, los incidentes que se presentaron fueron de carácter administrativo y algunas dudas naturales en todo proceso, nos da gusto tener candidatos competitivos que se ganen la confianza de la gente”, dijo.

El ‘fuego amigo’ del PAN

Apenas el fin de semana, Luis Alberto Villarreal presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por la instalación de espectaculares donde aparece bailando en la fiesta de Puerto Vallarta.

“Derivado de la queja de ahí se puede desprender la posibilidad de un delito electoral o de otra naturaleza y entonces se le da vista al Ministerio Público, pero en este momento no”, informó.

El líder municipal del PRI, Aurelio Martínez Velázquez, se deslindó de la instalación de esos espectaculares y aseguró que era “fuego amigo del mismo PAN”.


A través de un comunicado, la dirigencia estatal del PAN lamentó que con la instalación de estos espectaculares los “partidos políticos” no están respetando el pacto de cordialidad acordado días antes.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.

La turbia riqueza de Peña y ‘La Gaviota’

MÉXICO, D.F. (apro).- La opulenta mansión de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera en Las Lomas de Chapultepec, una de las tantas propiedades de la pareja presidencial, emerge de entre una maraña de relaciones e intereses políticos y empresariales, cuyo distintivo es la opacidad.

Y ya se sabe: En la turbiedad prospera la corrupción y toda suerte de complicidades.

Emblemático de esta trama de intereses, opacidad y excesos es Arturo Montiel Rojas, cuyo enriquecimiento fue solapado por su sucesor en el gobierno del Estado de México, su sobrino Enrique Peña Nieto, cuya fortuna, a su vez, sigue siendo también muy turbia.

No sólo auspició Peña una duda razonable sobre el origen de sus bienes cuando asentó, en su declaración patrimonial, que seis de las nueve propiedades inmobiliarias que posee –el 65%– le fueron “donadas” y al no declarar montos de sus cuentas, sino que incumplió con el mandato legal de incluir los bienes de su cónyuge, Angélica Rivera Huerta.

¿Cuántas propiedades posee la esposa del presidente de la República? No se sabe, porque Peña decidió no declararlas y lo conocido es sólo lo que ella ha dicho públicamente: Que posee una casa en Miami y otra en Palmas 1325, justo a un lado de la ubicada en Sierra Gorda 150, la que descubrió el equipo de Carmen Aristegui como propiedad de la pareja presidencial que no está declarada y que custodia el Estado Mayor Presidencial (EMP).

“Esta casa (de Palmas 1325) como la de Miami me las he comprado con el fruto de todos mis años de trabajo”, le contó Angélica Rivera al reportero Alberto Tavira, en 2009, pero en realidad esa propiedad –con un valor de 27 millones 651 mil 744 pesos– se la transfirió Televisa el 14 de diciembre de 2010, a sólo 17 días de que se casó con Peña, siendo gobernador del Estado de México.

No sólo eso: El equipo de Aristegui Noticias comprobó que justo ese mismo día, el 14 de diciembre de 2010, la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro compró la casa con el predio de Sierra Gorda 160, a fin de continuar la construcción de la residencia de Sierra Gorda 150, cuyo avalúo asciende a 86 millones de pesos.

Tantos millones manejados por una actriz de Televisa, casada con un exgobernador y presidente de la República, llaman la atención.

Y aquí es donde entra la otra parte de la trama: Ingeniería Inmobiliaria del Centro, a la que “La Gaviota” supuestamente le compró la mansión presidencial de Sierra Gorda 50, es propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, cuyo grupo empresarial Higa es uno de los favoritos de Peña desde que fue gobernador y ahora en el gobierno de la República.

Tamaulipeco avecindado en el Estado de México, donde sus empresas han florecido desde los ochenta al amparo del gobierno estatal, Hinojosa Cantú hizo multimillonarios negocios en el sexenio de Peña: Entre 2006 y 2011 obtuvo contratos de obras y servicios por 36 mil millones de pesos, según una consulta en portales oficiales realizada por el reportero de Proceso Arturo Rodríguez.

Los 36 mil millones de pesos son el mismo presupuesto que ejerció la UNAM este año.

A otra de las empresas del grupo de Hinojosa Cantú, Constructora Teya, le fue asignada, en julio, la obra de ampliación del hangar presidencial, por un monto de mil millones de pesos para alojar –por apenas tres años– el nuevo avión de Peña que costará 7 mil 500 millones de pesos.

Y hay que recordarlo: Teya Construcciones forma parte del consorcio que obtuvo la asignación (fue el único participante) para construir y operar el tren rápido México-Querétaro por un monto de 50 mil 820 millones de pesos, pero que, por decisión de Peña, fue cancelada intempestivamente la noche del jueves 6, en vísperas de que se reveló la mansión presidencial.

En ese consorcio, encabezado por la empresa China Railway Construction, China South Rolling Stock Corporation, participó también el Grupo GIA+A, propiedad de Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas, padrino político de Peña Nieto.

Si la del tren había sido una licitación impecable, ¿por qué Peña tomó la decisión de cancelarla, si además nos costará a los mexicanos una indemnización millonaria? Y si es impecable también la casita de Las Lomas, ¿por qué no hacen público el costo y las condiciones de compra de la señora Rivera a la empresa de Hinojosa Cantú?

Por eso, en este episodio, es tan importante el vendedor como el monto y las condiciones de la operación, como la tasa de interés, el monto de cada pagaré mensual que paga la señora Rivera, sobre todo si, por lo menos desde diciembre de 2012, no tiene ingresos por ostentar un cargo honorario.

Los ciudadanos tenemos derecho a saber si la mansión de 86 millones de pesos es una “donación” a la pareja presidencial por parte del empresario favorito de Peña.

El tema da para más porque la turbiedad es el sello de la casa…

Apuntes


Llama la atención que en la página de los espacios noticiosos de MVS, su página de Internet y su cuenta de Twitter no haya una sola referencia al trabajo del equipo de Aristegui. Ojalá que el gobierno de Peña no tenga la misma tentación de Felipe Calderón, que ordenó a los Vargas, dueños de MVS, el despido de Aristegui y que debió reinstalar tras una vigorosa movilización ciudadana. La empresa es de los Vargas, pero el espectro radioeléctrico es de los mexicanos y Peña sólo está de paso…

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO (ANÁLISIS)

Otra vez, un ombudsman de los partidos

Aunque la convocatoria para la designación del nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contemplaba la participación de la sociedad civil en el proceso, poco a poco los senadores fueron acotando ésta y terminaron por bloquear la consulta pública estipulada en la reforma constitucional de 2011 en la materia, así como los actuales estándares internacionales. Ahora, en medio de un clima político enrarecido y una evidente crisis de seguridad en el país, el próximo ombudsman nacional parece condenado a tener escasa legitimidad y quizá compromisos partidistas.

MÉXICO, D.F: En el contexto de la actual crisis de seguridad, el Senado de la República optó por no recurrir a una consulta ciudadana informada y efectiva para designar al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para un periodo de cinco años, en apego a los parámetros internacionales.

En forma contraria a la reforma constitucional de 2011, que considera la consulta como un mecanismo primordial, las comisiones de Derechos Humanos y Justicia del Senado, que presiden la perredista Angélica de la Peña Gómez y el panista Roberto Gil Zuarth, tienen programado designar esta semana la terna de candidatos que será sometida a votación en el pleno.

De esta forma, se planea que antes del 15 de noviembre rinda protesta un nuevo ombudsman nacional o bien inicie su nuevo periodo Raúl Plascencia Villanueva.

El proceso de relevo arrancó el 16 de octubre con la publicación de la convocatoria. En ésta se consideró que la sociedad civil podría proponer candidatos, así como designar a 13 representantes que participaran en una audiencia pública con senadores y acudieran a la pasarela oficial.

No obstante, se dejó a discreción de los senadores de las comisiones de Derechos Humanos y Justicia la selección de la terna que será sometida al pleno para elegir al ombudsman, quien debe contar con un mínimo de dos tercios de los votos.

El 28 y 30 de octubre comparecieron 21 candidatos, seleccionados entre los 40 inscritos inicialmente, y a partir del 4 de noviembre algunos aspirantes se reunieron en privado con los grupos parlamentarios del PRI, el PAN y el PRD, lo que no contemplaba la convocatoria.

Quienes se acercaron de esa forma a las tres bancadas fueron Mauricio Farah, secretario general de la Cámara de Diputados y amigo de Manilo Fabio Beltrones, así como quinto visitador de la CNDH en tiempos de José Luis Soberanes, y Patricia Olamendi, subsecretaria de Relaciones Exteriores en el gobierno de Vicente Fox.

Lo mismo hicieron Carlos Pérez Vázquez, coordinador de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y coordinador de asesores del presidente del máximo tribunal, Juan Silva Meza, y Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM y exfiscal especial para el caso Colosio.

El PRD recibió además a Lucero Ivone Benítez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CHDM), entidad gobernada por el perredista Graco Ramírez, y los senadores priistas atendieron a su correligionaria Miriam Cárdenas, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados con licencia.

A su vez, el PAN se reunió con Raúl Plascencia, el actual presidente de la CNDH; Miguel Nava Alvarado, oóbudsman de Querétaro; Sara Irene Herrerías, extitular de la Procuraduría de Atención a Víctimas (Províctima); Ricardo Bucio, presidente de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y Luis Armando González Placencia, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

En la audiencia privada del miércoles 5, los panistas escucharon además los diagnósticos que hicieron sobre la CNDH Ana Laura Magaloni, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y el director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Rafael Estrada Michel.

Desdén a ciudadanos

En septiembre pasado, organizaciones civiles buscaron a los senadores de ambas comisiones para recordarles que, a diferencia del proceso de selección de 2009, que colocó a Plascencia Villanueva a la cabeza de la CNDH, esta vez debían apegarse a la reforma del artículo 102 constitucional.

Éste indica que la integración de los organismos públicos de derechos humanos debe hacerse tras una amplia consulta pública, informada y accesible que debe tomarse en cuenta para la definición final, como lo estipulan los Principios de París, reconocidos por México.

Organizaciones como Artículo 19, Fundar Centro de Análisis e Investigación, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Amnistía Internacional (AI), el Grupo de Información de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) enviaron cartas a los senadores, señala Édgar Cortez Morales, investigador de este último.

Recuerda que en comunicaciones entregadas a los legisladores y en reuniones privadas, los activistas hicieron propuestas para realizar una consulta pública accesible a todos los interesados “aprovechando las tecnologías”. Para facilitar el procedimiento, Artículo 19 y Fundar adoptaron el modelo seguido por el Senado para la integración del nuevo Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

Cortez Morales, quien también es parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas por la sociedad civil, resalta que el interés de las organizaciones en abrir una consulta para definir la convocatoria, fijar criterios de candidaturas y seguir el desarrollo del proceso, fue malinterpretado por algunos senadores: “Llegaron a decirnos que queríamos suplantarlos en sus funciones”.

El entrevistado fue uno de los 13 miembros de la sociedad civil que acudieron a una audiencia de los aspirantes a ómbudsman con los senadores el 27 de octubre. Admite que “fue una selección plural, pero otra vez quedó a discreción de los senadores, que fijaron como regla elegir a dos personas por fracción. No se consideró la opinión de activistas de otras entidades del país, por lo que fuimos a una audiencia en la que no hubo ninguna reacción o pregunta, lo que nos coloca en una situación de duda sobre si lo que se dijo ahí sirvió de algo, fue considerado de interés o va a ser considerado”.

Cortez Morales sostiene que los legisladores “no pueden ni podrán decir que nadie les dijo, que nadie les propuso, que nadie les planteó: les acercamos, les dijimos, les propusimos alternativas, pero finalmente ellos tomaron la decisión de un proceso que, en el origen, parecía que podía ser de amplia consulta y luego se ha ido estrechando. Ahora resulta que están las audiencias privadas, como un embudo que favorece a los partidos políticos y no a la sociedad”.

–¿El proceso de selección le restará legitimidad a quien llegue a la presidencia de la CNDH? –se le plantea.

–Por supuesto. Y aunque la convocatoria aludía a los Principios de París y la participación de la sociedad civil aporta legitimidad, los senadores no lo creen. Esto puede afectar sin duda al proceso de legitimidad, que hoy es muy urgente para la CNDH luego de los cuestionamientos a Raúl Plascencia. No estoy seguro de que después de este proceso, el siguiente presidente salga con una buena base de legitimidad.

–¿Ni siquiera si llega alguien con el mejor perfil para el cargo?

–El tema sigue siendo que no nos han dado la certeza de qué criterios van a usar para definir “el mejor perfil”. La decisión prácticamente puede apuntar hacia cualquier lado.

Para Cortez Morales, la decisión que tomaron los senadores de bloquear la consulta abierta a la sociedad tiene raíz en “una herencia priista ahora compartida por todos los partidos: la visión patrimonialista de las instituciones, lo cual es paradójico: en un órgano de Estado como la CNDH la sociedad debería tener un lugar”.

Agrega: “Hace cinco años eran otros los senadores que eligieron a Plascencia. ¿A quién le vamos a reclamar por la mala decisión que tomaron entonces? Estos que están ahora van a tomar una decisión, y si dentro de cinco años las cosas siguen igual o peor en la CNDH, ¿cómo los llamamos a cuentas?”.

Lucha jurídica

La preocupación por la falta de participación ciudadana en el proceso de selección de ómbudsman llevó a la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) y el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, así como a académicos y activistas, a interponer, el 5 de noviembre, cinco amparos contra el proceso de selección ante el Poder Judicial de la Federación.

Cuatro de estos recursos legales son supervisados por el abogado Luis Alberto Muñoz, académico del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, quien también participó en la elaboración de seis amparos contra el proceso de selección de la titular de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo. Uno de esos amparos sigue vigente y Muñoz ha solicitado a la SCJN que ejerza sobre él su facultad de atracción.

Muñoz López indica en entrevista que, ante las graves violaciones al derecho a la consulta, los quejosos solicitan en principio la suspensión del proceso de selección del presidente de la CNDH.

“El lunes 10 podríamos esperar respuesta, y si alguna de las demandas de amparo interpuestas en juzgados de distrito en materia administrativa es admitida, el juez podría declarar la suspensión provisional y enviar una comisión al Senado para suspender el proceso de selección. Sin embargo, el juzgador también podría admitir la demanda y considerar que no hay elementos para suspender provisionalmente el proceso, y después en el estudio de fondo podría declarar la suspensión definitiva”, explica.

En las demandas de amparo firmadas por la presidenta de la ODI, Margarita Griesbach; los académicos Manuel Gil Antón, de El Colegio de México, y Luis Zambrano, del Instituto de Biología de la UNAM, así como la activista Mónica Tapia, se argumenta que los senadores de las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia en particular, y el Senado en lo general, han “violado al derecho de participación y consulta, por la omisión de consultar bajo los estándares internacionales a esta parte quejosa y la sociedad civil en el proceso de elección de la persona titular de la CNDH”.

En el documento de las demandas se dice que las autoridades señaladas “no cumplieron el carácter previo, en tanto no realizaron una preconsulta para el establecimiento de la ruta crítica de toda la consulta e incluso emitieron una convocatoria de manera unilateral”.

Además, “las autoridades no realizaron una consulta informada, puesto que no han difundido de manera precisa, accesible y veraz todo lo relacionado con el proceso” ni realizaron “una consulta aceptable, en tanto no fijaron un estándar de valoración para la opinión de la sociedad civil antes de emitir la convocatoria mencionada”.

Los senadores, acusan los demandantes, “no realizaron una consulta libre y de buena fe, ya que no brindaron toda la información disponible, relegaron a esta parte quejosa del proceso, y pretenden llevar a cabo una elección exprés de la persona titular de la CNDH”.

Los quejosos consideran que la convocatoria del 16 de octubre, emitida por las comisiones que presiden la perredista Angélica de la Peña y el panista Roberto Gil, viola los artículos 1, 4, 16, 17 y 102 apartado B de la Constitución, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus numerales 1 y 23, y el 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Y si bien reconocen que “la decisión final recae de manera indubitable en las y los senadores, los estándares internacionales exigen que la misma se adopte valorando de manera fundada y motivada el resultado de la consulta con la sociedad civil. Un proceso civil plural, incluyente que garantice de manera efectiva la consulta y participación –en armonía con los Principios de París de las Naciones Unidas– asegura la imparcialidad, eficiencia y legitimación en las funciones de la propia CNDH”.

El documento detalla las irregularidades detectadas en el proceso, cita jurisprudencia nacional e internacional, expone cada paso que debieron seguir los senadores de acuerdo con los estándares internacionales y las reformas constitucionales de 2011.

Por lo tanto, las organizaciones mencionadas solicitan la suspensión “de los procesos y términos comprendidos en la convocatoria de la elección de la o el presidente de la CNDH (…) hasta que no se garantice su legalidad y su estricto apego a los estándares internacionales”; que se “detengan los actos derivados de la omisión” en la que incurrieron los legisladores, así como “cualquier acto que derive como consecuencia legal y futura del acto reclamado ya actualizado. Suspensión que debe perdurar hasta en tanto no se emita resolución sobre la suspensión definitiva”.

Para el abogado Muñoz López, el proceso de relevo en la CNDH es “un acto de simulación, porque se convoca a organizaciones, personas, entidades de la sociedad civil para que propongan o apoyen a candidatas o candidatos. Pero esa supuesta consulta es ilusoria porque no cumple con los estándares internacionales”.

En consecuencia, comenta, el siguiente ómbudsman nacional contará “con una legitimidad muy mermada, porque no sabremos bajo qué criterios llegó al cargo”.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Solalinde llama a la Iglesia católica a “ponerse las pilas” por Ayotzinapa

MÉXICO, DF: El padre Alejandro Solalinde hizo un llamado a la Iglesia católica a dar una respuesta de emergencia ante la situación de gravedad que atraviesa el país luego del caso Ayotzinapa.

Durante la conferencia “Justicia y verdad. Caso Ayotzinapa”, que se realizó hoy en la Universidad de Guadalajara, Solalinde Guerra preguntó: “¿Cómo explicar la presencia de una Iglesia con 80, 85 millones de católicos, con las diócesis, con parroquias y personal que puede llegar a los últimos rincones del país, sin que durante los años anteriores haya hecho lo suficiente o no haya hecho para el México que tenemos?”.

También sostuvo que la 98 Asamblea del Episcopado, que se realiza del 10 al 14 de este mes en Lago de Guadalupe, Estado de México, es una oportunidad para que los religiosos “se pongan las pilas” y palpen el momento grave que vive México, se acerquen a la gente y hagan que en la última parroquia y en cada estado surjan propuestas y exigencias para el gobierno, que no ha podido hacer un mejor país.

“Miren la porquería de país que tenemos. La Iglesia católica ha sido también compañera de cúpula y compañera de agenda popular del gobierno simulador. Le han dado su lugar como si de veras fuera un gobierno responsable”, fustigó el fundador en Oaxaca del albergue Migrantes en el Camino.

Y pese a que la Iglesia “es buena”, acotó, no la han formado para estar en las calles, por lo que hay que exigirle que participe en la solución de los problemas.

Los normalistas, destacó, se han convertido en una “piedrita en el zapato” para el sistema, porque lo cuestionan, para resaltar que el Estado atacó y se llevó a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre.

Además, alertó que al Estado no le interesa la tragedia, sino sacar provecho electoral de ella, pues se trata de un “control de daños” políticos y partidistas.

“Guerrero, en los objetivos del PRI, tiene que volver a él. Eso es claro. Ese es el objetivo que se han planteado ellos. Por eso buscan criminalizar a los otros y mostrar que ellos son mejores”, advirtió.

Por último, Solalinde recomendó a los jóvenes presentes en la charla a organizar una resistencia en red, civil y pacífica que se cuide de ser infiltrada y comprada por el gobierno, o “doblada” por la represión.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: REDACCIÓN.

Actúa CNDH con ‘máxima oportunidad’

En reacción a declaraciones del rector del Tec, el secretario técnico de la CNDH asegura que han trabajado de forma ‘diligente’ en la crisis de Iguala.

A pesar de las críticas que la tachan de “ociosa”, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) trabaja de modo “permanente” y “diligente” en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Al menos así lo considera el secretario técnico de esta dependencia, Óscar Elizundia Treviño, quien el 3 de noviembre envió una carta al rector del Tecnológico de Monterrey, David Noel Ramírez Padilla, para defender el actuar de la CNDH.

Elizundia Treviño envió la misiva luego de que Ramírez Padilla retiró el respaldo institucional a la reelección del presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, por considerar que había hecho un trabajo cuestionable en la crisis de Ayotzinapa. 

 “A la fecha y hasta en tanto no se aclare a cabalidad cada una de las incertidumbres del caso, la CNDH continúa cotidianamente con su investigación de violaciones graves a derechos humanos in situ, de manera seria y responsable, para conocer sobre lo ocurrido en el municipio de Iguala, así como la desaparición de los 43 estudiantes.

“El personal de la CNDH permanecerá atento a la búsqueda que realicen las instituciones, dará seguimiento puntual a las indagatorias y en su oportunidad emitirá la determinación que conforme a sus atribuciones constitucionales”, reza la carta de Elizundia Treviño, de la que Reporte Indigo tiene copia.

En el escrito, la CNDH afirma que horas después de que ocurrió la desaparición de los estudiantes, el 27 de septiembre, integró un grupo de 30 especialistas, quienes han realizado más de 800 diligencias en Iguala, entre investigaciones y atención a víctimas.

Además, asegura que la dependencia solicitó en cuatro ocasiones adoptar “medidas cautelares” para evitar más violaciones a los derechos humanos.

“Se trata de la tercera ocasión en que la CNDH ejerce la facultad de atracción para la investigación de violaciones graves a los derechos humanos –por segunda vez en el estado de Guerrero-“, añade la carta.

Elizundia Treviño rechaza en el texto que haya complicidad con los funcionarios oficiales.

“Para la CNDH”, establece, “es muy importante que, tanto la Procuraduría General de la República, como la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero, atiendan adecuadamente a las víctimas.

“Por ello es fundamental que en el momento en que tengan información al respecto, lo comuniquen inmediatamente a sus familiares, así como de los avances de la investigaciones iniciadas, garantizándoles en todo momento un trato digno”.

La controversia con la CNDH comenzó hace dos semanas, cuando activistas filtraron imágenes con cartas del Tecnológico de Monterrey, la Universidad Panamericana y la Escuela Libre de Derecho que respaldan la reelección del actual ombudsman.

Reporte Indigo publicó que, en reacción, cerca de 30 estudiantes del Tec mandaron una carta abierta al medio estudiantil Nueva Prensa, donde cuestionaron a su rector por defender a Plascencia, quien afronta críticas de organismos civiles que lo tachan de “encubridor”.


Tras los cuestionamientos de sus alumnos, Ramírez Padilla anunció que retiraban el apoyo a la ratificación del titular de la CNDH porque “jamás avalarían a alguien que no tiene la capacidad de defender los derechos humanos”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PEDRO PABLO CORTÉS

Se rompe el acuerdo

Una vez más, cientos de civiles armados en Michoacán dejan sin efecto el compromiso de deponer sus armas. El argumento es que la violencia y los abusos del crimen organizado no han cesado.

El acuerdo de desmovilización de los grupos de autodefensa que se había establecido desde el pasado 15 de abril entre el Gobierno Federal y los civiles armados quedó sin efecto este fin de semana. 

Oficialmente los grupos de autodefensa leales a José Manuel Mireles volvieron a tomar las armas.

Los dos líderes visibles del movimiento, Jorge Vásquez, en la zona sur, y Enrique Hernández, en la zona norte del estado, repudiaron las acciones que el gobierno realiza para pacificar la entidad: señalan colusión entre cárteles de la droga y fuerzas de seguridad pública.

El retorno a las armas se anunció desde el pasado 22 de septiembre, cuando Vásquez el líder fundador de las autodefensas en Aguililla envió un comunicado a través de redes sociales, pero fue el pasado fin de semana cuando la movilización se expandió a distintos puntos del estado.

Ninguno de los dos líderes de los civiles armados ha dicho la cantidad de hombres y mujeres que respaldan sus acciones, pero fuentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) desplegados en la zona, apuntan hacia la posibilidad de que sean más de 2 mil los movilizados por Enrique Hernández y Jorge Vásquez.

En los discursos de los líderes, en donde anuncian su retorno a las armas, los que se han difundo a través de redes sociales, se hace mención a la figura del líder fundador del movimiento de insurrección en Michoacán, el doctor José Manuel Mireles Valverde, del que aseguran “está viviendo un proceso penal injusto”.

La oficialización del regreso al movimiento de los grupos de autodefensa, choca con la postura del gobierno federal, que a través de diversos funcionarios de la secretaría de gobernación, y del propio titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, han venido insistiendo que en Michoacán ya se superó la insurgencia civil armada.

El brote de rebeldía anunciado por Jorge Vásquez y Enrique Hernández –al que han llamdo “una revolución social”- inició con una convocatoria amplia en los municipios de Aguililla y Yurécuaro para que los ciudadanos inconformes con el gobierno estatal y con la actuación de la Federación en la entidad, se sumen a los grupos de autodefensa.

‘Mis enemigos son Templarios’

Enrique Hernández fue el encargado de oficializar el retorno de la población civil a las armas en Michoacán. El líder fundador de las autodefensas en Yurécuaro se adhirió a la convocatoria de Jorge Vásquez para continuar la lucha armada a fin de restablecer un gobierno que atienda a las necesidades de la gente.

Hernández estuvo preso en una cárcel estatal acusado de haber asesinado al alcalde panista del municipio de Tanhuato, Gustavo Garibay. Fue detenido junto con 19 autodefensas el pasado 31 de marzo. Públicamente denunció haber sido sometido a tortura por funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán.

El fundador de las autodefensas dejó la prisión el 17 de junio de este mismo año, luego de demostrar su inocencia en los cargos señalados. 

Tras unos meses de recuperación emocional retornó a la organización del grupo que en la zona norte de Michoacán, mismos que han venido confrontando a algunas células del crimen organizado que persisten en la zona.

“Las armas no las hemos dejado”, dijo Hernández en un video que circula en las redes sociales, “porque desde el momento en que deje las armas soy hombre muerto. Mis enemigos son Templarios y también son funcionarios corruptos del gobierno de Michoacán”.

Avanza el movimiento armado

Aun cuando solo Yurécuaro y Aguililla mantienen líderes visibles en su levantamiento armado, trascendió que por lo menos en otros siete municipios -principalmente de la zona de Tierra Caliente y Sierra Costa Nahua- hay grupos de civiles alzados en calidad de “autodefensas legítimos”.

La Sedena, PGR y Cisen tienen conocimiento de movilizaciones en Huetamo, Lázaro Cárdenas, Aquila, Coahuayana, Tepalcatepec, Churumuco y Buenavista Tomatlán, donde ya se han establecido retenes que impiden el paso de Fuerzas Federales y células del crimen organizado.

El éxodo

La población civil en Michoacán continúa emigrando de las zonas de conflicto, principalmente de la zona de Tierra Caliente y de la región Costa Sierra Nahua, en donde –de acuerdo a datos del Inegi- las poblaciones registran índices decrecientes.

Todos armados
En Michoacán, la seguridad y control del territorio ahora se disputa entre 5 grupos armados:

> Fuerzas Federales (Ejército, Marina, Gendarmería Nacional, Policía Federal)
> Fuerzas policiales del estado (Policía Rural, Fuerza Ciudadana)
> Grupos Legítimos de Autodefensa (Leales a Mireles)
> Grupos Autónomos de Autodefensa (integrados en comunidades indígenas)

> Células criminales (Cártel de Los Caballeros Templarios y Jalisco Nueva Generación)

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR. J. JESÚS LEMUS.

Pactan gobierno y politécnicos crear comisión redactora de acuerdos

MÉXICO, D.F: Entre fricciones, este lunes se reanudaron las mesas de diálogo entre el movimiento estudiantil del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el gobierno federal.

Al amanecer del encuentro, el subsecretario de Educación Superior, Fernando Serrano, anunció que el gobierno federal tenía propuestas de acuerdos para nueve de los once puntos a discutir para que fueran consultados por las asambleas locales del Politécnico.

En un recuento, los funcionarios dieron lectura de las iniciativas en los siguientes temas:

1. No represalias contra los participantes del movimiento estudiantil del IPN y la instauración de una defensoría politécnica de derechos individuales y colectivos de la comunidad politécnica;
2. La no incorporación al sistema nacional de bachillerato y la reforma integral de la educación media superior de las vocacionales del IPN, en lo presente y en lo posterior;
3. Organización del Congreso Nacional Politécnico (CNP), que comprenda a toda la comunidad del instituto, cuyos representantes emanen de elecciones públicas mediante voto secreto en cada plantel, bajo su propio escrutinio;
4. Que el titular del Ejecutivo federal incluya en la iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 un incremento en el gasto a la educación pública correspondiente a 767.4 mil millones de pesos, lo que implicaría un incremento de 4.5% respecto del periodo 2014, con 88 mil millones para ciencia y tecnología;
5. Que el Ejecutivo garantice jurídicamente y por escrito que no habrá injerencia del nuevo Instituto Tecnológico Nacional en el IPN;
6. El gobierno federal se comprometió a presentar una investigación, denuncia pública y seguimiento respecto de los autores intelectuales y materiales de los grupos y organizaciones (porriles) que violenten y atenten en contra de la comunidad politécnica, así como la imagen e infraestructura del IPN;
7. Sustitución de la Policía Bancaria dentro del Instituto por un órgano interno dependiente del sector administrativo del IPN con la única facultad de garantizar la seguridad de la comunidad politécnica y su patrimonio institucional;
8. Cancelación de las remuneraciones vitalicias a los exdirectores generales del IPN y asignación de esos recursos a becas a favor de sus estudiantes;
9. Recalendarización de clases para prorrogar trámites y actividades académicas que hayan sido afectados por la suspensión de actividades.

Luego de monopolizar la palabra, violación a los acuerdos de la mesa que exasperó a los estudiantes, los funcionarios dejaron pendiente la designación de un director general que diera cauce jurídico a las propuestas, y exigencia de los estudiantes, condicionada al levantamiento del paro y la reanudación de las clases.

En respuesta, la Asamblea General Politécnica (AGP) exhibió el incumplimiento de la palabra del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, reproduciendo en el sonido del auditorio Alejo Peralta el compromiso público que éste hizo en una comparecencia ante los medios de comunicación el jueves 23 de octubre:

Ante la mirada atónita de los funcionarios, se escuchó la voz del titular de la SEP: “Estamos en la posibilidad de nombrar al director el martes (28 de octubre), sentándonos en la mesa (de diálogo), de suerte que ya no haya pérdida en la realización de un sinnúmero de trámites que quedaron suspendidos en el IPN.

“Usted conoce por el documento los temas que vamos a tratar en la mesa. Algunos no se pueden llevar a cabo si no hay director. (…) Para ello es necesario el director. Si no hay director no puede pasar nada de esto”, dijo entonces el secretario Chuayffet respecto de la resolución del conflicto.

“Esa es la voz que él (Chuayffet) había mandado. No sabemos por qué no se respeta si es el jefe de la mayoría de ustedes”, argumentó el estudiante Enrique Hernández:

Los jóvenes insistieron en que hablar de recalendarización y planes y programas de estudios, temas torales del conflicto, no será posible sin la presentación del director general.

“¿Qué ocultan? ¿A qué le temen? ¿Por qué no hay director?”, preguntaron al gobierno.

La AGP prosiguió a leer sus propias propuestas, encontrando diferencias principalmente en los temas de violencia al interior del IPN, la no injerencia del Instituto Tecnológico Nacional y los ingresos de funcionarios en el instituto.

“Sabemos que las organizaciones porriles tienen vínculos con el gobierno y partidos políticos”, señaló César López, a lo que su compañero Juan Héctor Hernández complementaría en el rubro de las no represalias:

“Si han asegurado que no habrá represalias, entonces por qué varios de nosotros seguimos recibiendo amenazas telefónicas. Por qué todavía hay camionetas que nos rondan en las escuelas y nos siguen cada que salimos. Tenemos memoria histórica del 68, del 71 y del 99. Y debido a lo antes mencionado nuestra confianza hacia ustedes es incompleta. Porque no es posible que ni con toda la fuerza del Estado puedan encontrar a 43 compañeros estudiantes. No queremos ser el 44. Es por eso que exigimos la salida de estos porros inmediatamente”, dijo enfático.

Alejandro Osuna, jefe de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con las Entidades Federativas de Segob, rechazó, a nombre del gobierno federal, la participación de éste en el patrocinio de los porros, así como cualquier vinculación con los mismos.

Respondió el alumno Pedro Cruz: “Hace falta más que buena voluntad. Sabemos que es un gobierno que se ha valido del crimen organizado para amedrentar estudiantes. Por eso no confiamos”, dijo, para luego entregar evidencias de la organización de las agrupaciones porriles en la institución.

Los jóvenes reclamaron que nueve exdirectores del IPN percibieran pagos de 95 mil 354 pesos mensuales, cifras sin actualizar de 2011, mientras que la recién destituida Yoloxóchitl Bustamante tenía un sueldo de131 mil 959 pesos mensuales.

El funcionario de la SEP, Raúl Lara, respondió: “Ninguno de ellos está violando ninguna norma, porque es norma vigente. Sólo señalar mi pena, porque una comunidad que defenestra así a quienes en algún momento la hicieron, debe verse hacia adentro”.

Zamantha López lamentó la postura: “A lo mejor los funcionarios no lo saben pero un estudiante en el IPN aspira a una beca de 750 pesos mensuales, el 36% del salario mínimo. Alcanza para comer una vez al día en los comedores del IPN. La exigencia no es dinero para unos cuantos, es para toda la institución”, dijo la estudiante, para después solicitar una auditoría al IPN.


Al final, ambas partes acordaron formar una comisión de redacción que homologara en un documento las coincidencias en cada uno de los nueve temas abordados, que serán discutidos nuevamente el miércoles 12 a las diez de la mañana, para presentarlos ante la comunidad politécnica y continuar la mesa de diálogo el viernes 14, con la exigencia estudiantil de que esté presente el nuevo director del Instituto Politécnico Nacional.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SANTIAGO IGARTÚA.

“Luego porqué los queman… NACOS”, escribe en Facebook hija de lideresa priista

MÉXICO, D.F: “Luego porqué los queman…. NACOS”, escribió en su cuenta de Facebook Ana Alidey Durán Velázquez, hija de Araceli Velásquez Carrasco, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM) de Hidalgo, para expresar su repudio por la quema de la puerta de Palacio Nacional el sábado pasado.

La joven publicó ese mensaje al lado de una fotografía alusiva a la quema de la puerta de Palacio Nacional por un grupo de presuntos anarquistas durante la manifestación pacífica que se llevó a cabo el sábado pasado por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa que, según la PGR, todo apunta a que fueron asesinados y calcinados por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.

Ana Alidey, quien se define como simpatizante del PRI, también publicó una fotografía al lado del presidente Enrique Peña Nieto, con el título “Mi ídolo”.

Tras su publicación en la red social recibió una andanada de críticas en las redes sociales que la obligaron primero a borrar el mensaje y luego, a cerrar su cuenta.

Sin embargo, imágenes de su comentario y de su perfil circulan en redes y portales informativos.

Antes de cerrar su cuenta, la joven publicó un par de comentarios más. Uno en el que justificó su publicación al señalar que si “quieren paz que se dediquen a estudiar a trabajar (…) al rato que sus papás no anden de llorones cuando sus retoños resultaron unos delincuentes como estos”.

En el último mensaje que publicó antes de cerrar su cuenta, pidió a Dios bendecir a quienes la critican y agradeció a sus amigos su apoyo.

“Dios mío  bendice a las personas que sin conocerme hablan de mi y de mi familia…levantando falsos y editando mis cosas…Gracias a mis amigos de años que sin compartir ideas, pensar distinto se han tomado la molestia de llamarme o visitarme junto con mis compañeros de universidad los quiero!… lo mejor que he cosechado a través de los años”, escribió.

La mamá de Durán Velázquez es lideresa desde hace más de 20 años del sindicato de la CAASIM y es afín al PRI donde ha participado activamente en campañas políticas, como en la de la diputada federal, Mirna Hernández Morales y de la legisladora local Rocío Tello Zamorano.


El caso de Ana Alidey coincidió con el de Luis Adrián Ramírez Ortiz, secretario de organización del Frente Juvenil Revolucionario del PRI, quien también expresó su repudio contra las protestas por los normalistas de Ayotzinapa y clamó por el regreso de Gustavo Díaz Ordaz, responsable de la represión de estudiantes en Tlatelolco en 1968.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Agreden al senador Alejandro Encinas en Veracruz; le gritan “¡asesino!”

XALAPA, Ver: Integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR) –organización de izquierda pero con fuertes ligas en la Secretaría de Gobierno– arremetieron a golpes e insultos en contra del senador perredista Alejandro Encinas cuando salía de un conocido café del Centro Histórico de Xalapa.

Una decena de integrantes del FPR le gritaron “¡asesino!” al legislador, uno más le arrojó una botella de agua y otros tres le pegaron con banderines de dicha organización.

Los agresores lo “responsabilizaron” de estar involucrado en la desaparición y presunto asesinato de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero y de ser cómplice del exalcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca, detenido la semana pasada en un domicilio de la delegación Iztapalapa, en el Distrito Federal.

En el café La Parroquia donde fue agredido Encinas, también se encontraba el senador priista Héctor Yunes Landa, a quien los manifestantes ni tomaron en cuenta.

Con banderas rojas y lonas, los integrantes del FPR se encontraban en las escalinatas de la Catedral de Xalapa y fueron avisados vía telefónica de la presencia de Encinas. Luego se dirigieron a dicho café, ubicado a una cuadra.

De forma provocadora agredieron a Encinas: “Son los asesinos de los estudiantes, vienen a refugiarse aquí a la capital de Veracruz, pero en la capital de Veracruz son repugnados, son unos asesinos. Ellos deben de ser tratados como unos pinches asesinos, que se larguen de Veracruz, solamente contaminan”, dijo uno de los manifestantes.

Encinas departía en el café con el excandidato a la alcaldía de Xalapa por el PRD, el expriista Carlos Luna Escudero.

Cuando se pusieron de pie para dejar el lugar fueron bañados con agua y, posteriormente, interceptados. Con el puño, un sujeto golpeó a Encinas en el rostro.

En el enfrentamiento, algunas mujeres del FPR también agredieron al acompañante de Encinas y a un hombre identificado como el chofer del senador.

Al concluir los golpes e insultos, Alejandro Encinas procedió a retirarse del café y abordó un vehículo Audi con placas de Morelos, el cual fue pateado por los manifestantes.

El altercado ocurrió frente al parque Benito Juárez y a un costado del Palacio de Gobierno y del ayuntamiento de Xalapa; sin embargo, ni los policías estatales ni los elementos de la Fuerza Civil hicieron intento alguno por evitar el ataque.

En la página http://www.alejandroencinas.com.mx/senado/ se indica que el Frente Popular Revolucionario es una organización estrechamente vinculada con el gobierno de Veracruz. Gustavo Méndez Gallegos, uno de sus líderes, es conocido por su relación con el gobernador Javier Duarte de Ochoa.

El FPR es una organización de izquierda con nexos en la Secretaría de Gobierno, cuyo titular es Érick Lagos Hernández, exlíder estatal del PRI.

En Veracruz, el diputado federal perredista Uriel Flores Aguayo ha dicho que su instituto político es liderado desde el Palacio de Gobierno y por Javier Duarte, razón por la que lo bautizó como el “PRD rojo”.

Martín Quitano, integrante del Foro de Economistas del Estado, anfitrión de Encinas, a quien invitó a dar una conferencia en Xalapa, señaló que “la agresión” estuvo orquestada por un grupúsculo que estaba manifestándose allí.


“Agredieron al senador de manera burda e intolerante, le echaron agua, fueron varias de las personas que lanzaron gritos, yo también sufrí un banderazo, había una señora que gritaba y no escuchaba razones y pues también me llevé mi golpe”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REPORTE INDIGO.

Bloquean aeropuerto en Guerrero

Durante la marcha para protestar por la desaparición de los 43 normalistas hubo un enfrentamiento entre manifestantes y elementos de seguridad.

Una manifestación convocada ayer en Guerrero para protestar por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas vivió un enfrentamiento violento con policías estatales y el bloqueo del Aeropuerto Internacional de Acapulco.

La protesta fue encabezada por maestros del CETEG, normalistas, organizaciones a la Asamblea Nacional Popular y familiares de los estudiantes normalistas desaparecidos hace más de 40 días en la ciudad de Iguala.

El bloqueo de la terminal aérea del puerto de Guerrero se prolongó durante más de tres horas, tiempo en que los manifestantes realizaron un mitin para exigir la aparición con vida de los normalistas.

Felipe de la Cruz, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, explicó que se acordó con los directivos del aeropuerto una toma pacífica de la terminal aérea durante tres horas como un acto de protesta por la tragedia de Iguala.

Los manifestantes bloquearon los accesos al aeropuerto para impedir que viajeros y turistas pudieran tomar sus vuelos y que los que llegaban no pudieran salir de las instalaciones.

También realizaron pintas en las instalaciones del aeropuerto de Acapulco en contra del gobierno federal.

En la marcha previa hacia al bloqueo del  aeropuerto, los manifestantes chocaron con elementos de la Policía Estatal de Guerrero que intentaron impedir su paso por el Bulevar de las Naciones hacia la terminal aérea.

En el enfrentamiento entre los estudiantes y los elementos antimotines resultaron heridos una docena de policías y también manifestantes. 

Algunos de los manifestantes iban encapuchados y armados con palos y bombas molotov, que lanzaron en contra de los granaderos.

La Policía Federal tuvo que intervenir y montó un filtro sobre el Bulevar de las Naciones para impedir que los estudiantes llegaran al aeropuerto, pero tras un diálogo con ellos, se acordó una protesta pacífica.

El bloqueo de la terminal aérea terminó después de las 3 de la tarde sin mayores incidentes.

La empresa OMA, que opera el aeropuerto, informó que por el bloqueo hubo cuatro vuelos cancelados por las aerolíneas Aeroméxico e Interjet.

El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, pidió ayer a los manifestantes no llevar a cabo actos violentos en sus protestas en este estado porque destruyen la economía del puerto.

Ortega aseguró que las últimas protestas están dañando la imagen turística del puerto de Acapulco y la vida económica de este centro turístico.

“Entiendo el sufrimiento que están viviendo los familiares de los jóvenes desaparecidos, pero no se vale que al amparo de este dolor se realicen acciones de violencia y vandalismo. Eso no ayuda a Guerrero”, declaró Ortega Martínez en conferencia de prensa.


El día ayer en la Ciudad de México, en la terminal 2 del Aeropuerto capitalino, también se llevó a cabo una manifestación por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.

Buscan una salida digna para Plascencia

Mientras una parte de la bancada del PAN pugna porque figure en la terna, los demás grupos no quieren ni siquiera referirse a él en la última etapa del proceso.

En la recta final del proceso para el nombramiento del nuevo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Senado de la República se encuentra ante un dilema: ¿cómo darle una salida digna a Raúl Plascencia Villanueva, el ombudsman en funciones?

Mientras una parte de la bancada del PAN pugna porque Plascencia figure en la terna de finalistas que será votada esta semana en el Pleno del Senado, los demás grupos parlamentarios no quieren ni siquiera referirse a él en la última etapa del proceso.

Este martes, cada uno de los grupos parlamentarios dará a conocer a los tres candidatos que apoyará para la selección final.

Esto se hará a través de una reunión que sostengan los senadores de las mesas directivas de las comisiones de Derechos Humanos y Justicia, en las que recayó el análisis del proceso.

Estarán en dicha reunión los presidentes de ambas comisiones: Angélica de la Peña (PRD), por Derechos Humanos; y Roberto Gil Zuarth (PAN), de Justicia.

En la revelación de los finalistas estarán también Arely Gómez González (PRI), secretaria de la Comisión de Justicia; Layda Sansores (PT), secretaria de la Comisión de Derechos Humanos; y Mónica Arriola Gordillo, secretaria de la misma Comisión.

Esos nombres serán procesados y sometidos, después, a un trabajo con la Junta de Coordinación Política, en busca del consenso.

Se prevé que las comisiones sesionen este miércoles para tener lista la terna y votarla el jueves de esta semana.

El nombramiento del nuevo titular de la CNDH estará acompañado del anuncio de un gran acuerdo para la transformación del organismo y su nuevo presidente deberá comprometerse a trabajar de la mano con el Congreso de la Unión para llevarla a cabo.

Un posible cambio sería transformar a la CNDH en un organismo con capacidades de ser defensor de oficio en casos de violaciones a los derechos humanos y conformar dentro de la Comisión un consejo consultivo que dé seguimiento a los asuntos.

¿Es posible un consenso entre bancadas?

Los grupos parlamentarios en el Senado aún no tienen definida la terna con quienes formarán parte del proceso final de selección para el nuevo ombudsman.

Entre los nombres que más relevancia han cobrado están el de Mauricio Farah Gebara, secretario general de la Cámara de Diputados y quien es impulsado por una parte de la bancada del PRI, que no incluye a Emilio Gamboa Patrón, su coordinador.

Sin embargo, aunque es impulsado por una parte del PRI –en especial por los cercanos a Manlio Fabio Beltrones-, Farah Gebara tiene simpatías en todas las fracciones parlamentarias.

Éstas llegan, incluso, al ala más radical de la izquierda, pues figuras como el padre Alejandro Solalinde se han pronunciado a favor de la forma en que Farah trabajó como quinto visitador de la CNDH; la declaración del sacerdote le ganó simpatías a Farah por parte del PRD y el PT.

Según fuentes cercanas a la negociación, Farah sería el candidato que lograría un mayor consenso entre las diferentes fuerzas políticas, incluida un ala del PAN.

La bancada del albiazul está dividida entre reelegir a Plascencia Villanueva o escoger a otro candidato, que aun no tienen claro.

En la lista final se encontraría también Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM, para cuya candidatura ha cabildeado con insistencia el rector de la máxima casa de estudios, José Narro.

González Pérez fue el último subprocurador de la PGR encargado de la investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio y, bajo su dirección, la fiscalía dio a conocer el informe final de la investigación donde se concluyó con la teoría del asesino solitario.

Las posibilidades de las ternas

El tercer lugar de la terna tiene varias posibilidades.

La primera es que en ese lugar sea nominada Patricia Olamendi, ex subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría capitalina, ya que senadoras del PRI habrían pedido que se incluyera a una mujer en la terna final por cuestiones de equidad de género.

También podría impulsarse a Ricardo Bucio Mújica, expresidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), y quien es la carta principal del PRD.

En caso de que los grupos parlamentarios no lleguen a un acuerdo, podría ocurrir que Carlos Pérez Vázquez, coordinador de Derechos Humanos de la SCJN, fuera un nombramiento independiente que pueda lograr el consenso final.

Sin embargo, aun no se encuentra totalmente cerrada la posibilidad de que en este tercer lugar quedara el nombre de Raúl Plascencia Villanueva, buscando darle una “salida decorosa” de la CNDH.

Una salida decorosa

Una fracción de los senadores del PAN, entre quienes se encuentran los del grupo calderonista, Roberto Gil, Mariana Gómez del Campo y Javier Lozano, pugnó durante todo el proceso por la reelección de Plascencia al frente de la CNDH.

Sin embargo, al conocer la oposición de otra parte de su propia fracción y de las demás bancadas, este grupo de panistas trata de darle una “salida decorosa” al ombudsman nacional.

La primera propuesta que se trabajó en las comisiones fue que se elaboraran dos dictámenes: uno donde se hablara a favor de los candidatos que quedaron en la terna, y otro sobre las razones por las que no se reelegiría a Plascencia, sin dejar de mencionar también sus logros.

La idea era no lastimar la figura del ombudsman y tampoco a la institución, cuya actuación ha sido cuestionada por algunos casos polémicos.


Esta propuesta fue rechazada incluso por senadores del PRI, quienes criticaron la forma en que llegaron apoyos, en forma de firmas de ciudadanos, para apoyar la reelección del ombudsman.

Ahora, el nuevo acuerdo es que solo será un dictamen el que se elabore, donde se enaltezca la idoneidad de los tres candidatos finalistas, sin mencionar errores o faltas del ombudsman.


Las bancadas aun no deciden si meterán a Plascencia a la terna final en el último minuto. De lo que sí están seguros los senadores es de que, aunque forme parte de los finalistas, el actual ombudsman tiene sus días contados al frente de la CNDH.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.