MÉXICO, D.F. (apro).- Por cuarto día consecutivo desde que la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer la versión oficial sobre el destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, estudiantes, maestros y ciudadanos salieron a las calles para exigir justicia.
Las movilizaciones no estuvieron exentas de actos de violencia y de enfrentamientos con las fuerzas del orden, en particular en los estados de Guerrero y Michoacán, donde normalistas y maestros de la CNTE arremetieron contra sedes estatales de partidos políticos. También se registraron bloqueos carreteros, tomas de casetas y manifestaciones espontáneas.
En Chihuahua, el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, fue increpado por universitarios de Parral y en esta capital la Cámara de Diputados fue desalojada, luego de surgir el rumor de que una manifestación de estudiantes iría hasta ese lugar.
Los hechos más graves ocurrieron de nueva cuenta en Chilpancingo, Guerrero, donde unos 500 integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), acompañados por estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, prendieron fuego a la sede estatal del PRI.
Con palos y tubos rompieron candados, vidrios y destruyeron material y mobiliario. También realizaron pintas y prendieron fuego a oficinas alternas.
Hasta ese lugar llegaron elementos de la policía antimotines, lo que originó un enfrentamiento. Los uniformados fueron recibidos con piedras y palos por parte de los manifestantes tras una gresca en la que ambos bandos intercambiaron proyectiles. Luego los uniformados lanzaron gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes pero estos respondieron lanzando cohetones.
Un mando de la policía guerrerense se acercó a los manifestantes para dialogar con ellos y negociar una tregua para que permitieran el acceso de Protección Civil y bomberos para controlar el incendio.
Los maestros acordaron replegarse con la condición de que no se detuviera a ninguno de los manifestantes. Los policías se replegaron pero volvieron a encenderse al afirmar que los policías habían detenido a dos personas por lo que retuvieron al subsecretario de Seguridad Pública estatal, Juan José Gatica Martínez y afirmaron que lo retendrían hasta que liberaran a los dos presuntos detenidos.
Poco más de dos horas después los maestros entregaron al mando policiaco al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y confiaron en que al entregarlo también sean liberados sus compañeros.
Los miembros de la CETEG afirmaron que el enfrentamiento con los policías dejó un saldo de 25 maestros heridos, 15 de los cuales requirieron hospitalización, y responsabilizaron al gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, por la represión que sufrieron.
Por su parte, unos 400 alumnos adheridos a la Coordinadora Estudiantil de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), marcharon de la alameda central Francisco Granados Maldonado hacia Ciudad Universitaria (CU) Sur para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Durante el trayecto, estudiantes de diferentes carreras y preparatorias marcharon con fotografías de los 43 desaparecidos pegadas en sus playeras y con los números del 1 al 43.
Iniciaron su marcha alrededor de las 9:30 horas en la alameda ubicada al sur de Chilpancingo y la culminaron en la avenida Lázaro Cárdenas, a unos metros del Congreso del estado, donde realizaron un mitin.
Ahí afirmaron que su postura no es la del rector Javier Saldaña Almazán, quien canceló una manifestación convocado para este martes. “Vamos a apoyar a Ayotzinapa, porque su dolor es nuestro, su exigencia es nuestra”, compartió una joven en el mitin.
En Morelia, Michoacán, normalistas de los ocho planteles del estado también arremetieron contra sedes de partidos políticos. Días antes lo hicieron en las del PRI y PRD y hoy ocasionaron destrozos en las del PAN y Nueva Alianza como parte de las acciones de protesta que llevan desde hace más de un mes por la desaparición de los 43 normalistas.
Cerca de las 11:00 horas, encapuchados y a bordo de camiones, decenas de normalistas de Tiripetío llegaron a la sede del PAN ubicada en la colonia Chapultepec Sur y causaron destrozos.
Simultáneamente, otro grupo hacía lo propio en el edificio del Partido Nueva Alianza sin que los elementos de la Fuerza Ciudadana intervinieran.
Más tarde, se trasladaron a la sede estatal del PRD donde realizaron un mitin y pintaron grafitis en el edificio.
Los normalistas exigieron la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto y llamaron a la comunidad para sumarse a su protesta y su lucha por una sociedad en paz y libre. Dijeron que protestar ya no sólo es un derecho, sino una obligación.
En Chihuahua, estudiantes universitarios de Parral se manifestaron en un evento que presidió el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, a quien le exigieron justicia en el caso de los normalistas de Ayotzinapa y paz para el país.
Alumnos de la escuela normal Miguel Hidalgo –plantel que había enviado a 20 normalistas a la Sierra Tarahumara, de los cuales 15 regresaron la semana pasada porque no encontraron condiciones para laborar– también estuvieron presentes.
La manifestación en la que participaron alumnos de las universidades de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), Universidad Tecnológica de Parral, Universidad Regional del Norte y la Universidad Pedagógica Nacional, fue pacífica y respetuosa.
Walter Franco, uno de los universitarios, dijo que como miles de estudiantes del país, sienten impotencia por los hechos que están pasando pero necesitaban que las autoridades sepan lo que sienten los jóvenes de Parral porque regularmente no son escuchados y su deseo es ir más allá de las redes sociales.
Chuayffet estuvo acompañado por el gobernador César Horacio Duarte Jáquez, quien es de esa tierra de Parral, para inaugurar las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Parral y del estado olímpico en esa ciudad, que se desarrolló en medio de un fuerte operativo de seguridad.
En Oaxaca, estudiantes de la Normal Rural Vanguardia, de la Villa de Tamazulapam del Progreso, Oaxaca, tomaron la caseta de cobro de San Pablo Huitzo, en el valle de Etla, para exigir justicia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Los jóvenes realizaron dieron paso libre a los vehículos y realizaron un “boteo” en el sitio a fin de reunir fondos para su movimiento en el que hoy también contaron con la participación del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO).
Estudiantes de la Normal Rural de Ciudad Ixtepec y de la Escuela Normal Urbana del Istmo, bloquearon la carretera en la zona del Istmo de Tehuantepec y realizaron pintas en oficinas gubernamentales.
Además los mil 873 estudiantes de las 11 normales de Oaxaca reunidas en la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO), acordaron estallar un paro general de labores indefinido, a partir del próximo lunes, hasta lograr el esclarecimiento de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
En la zona de la mixteca, estudiantes de la Normal de Teposcolula denunciaron que fueron atacados por policías, uno de los cuales accionó su arma cuando estaban concentrados para definir sus acciones de protesta.
En el Distrito Federal, alumnos de la Universidad La Salle realizaron una protesta en la inauguración del foro La implementación de la reforma constitucional en derechos humanos, en el que estuvo presente el director general de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, Juan Carlos Arjona, y Santiago Corcuera, del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU.
Durante el evento un grupo de estudiantes de Derecho se levantó de sus lugares y desplegaron una manta con la frase:
“En México a los jóvenes los secuestran, asesinan o criminalizan. Soñamos con un país libre de violencia y de injusticia, y lo vamos a conseguir. ¡Exigimos justicia para nuestros 43 compañeros normalistas!, ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!”. La manta remataba con el hashtag #LaSallistasconAyotzinapa.
Luego, cuando iniciaba la mesa de discusión y el papel de la cooperación internacional y la implementación de la reforma constitucional en derechos humanos, otro grupo de lasallistas exhibió fotografías de cada uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos.
José María Aramburu, director de la Facultad de Derecho de esa casa de estudios, dijo que la universidad “se une a este grito de silencio por la paz y justicia de todos, y en particular de los mexicanos”.
Por la tarde, alrededor de las 17:00 horas, la Cámara de Diputados fue desalojada ante el eventual arribo de manifestantes que apoyan el movimiento de la normal de Ayotzinapa.
Unos siete camiones de la Policía Federal (PF), un camión de bomberos y dos ambulancias fueron alistadas en el sótano de la sede legislativa ante cualquier eventualidad.
Los elementos federales equipados con escudos, toletes y algunos extintores, resguardaron cada uno de los accesos al Palacio Legislativo.
Salen a las calles con veladoras para pedir justicia
Una singular iniciativa ciudadana convocada a través de las redes sociales para pedir justica en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y paz en México, generó impacto en distintos puntos de la ciudad y el país.
Decenas de personas atendieron al llamado difundo a través de redes sociales denominada “Una luz por México”, mediante la que se convocó a la ciudadanía a salir a las 19:00 horas a la banqueta del lugar donde se encontrara y encender una veladora para formar “una cadena infinita de mexicanos que dicen “Basta de destruir México”.
“Por un México que brinde un futuro digno a la juventud, enciende la luz”, se lee en la convocatoria.
Fotografías de la iniciativa ciudadana fueron publicadas en Twitter. En algunos parques las personas encendieron veladoras formando el número 43, en alusión al número de normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.
Algunos ciudadanos portaban pancartas para invita a los transeúntes a participar en la protesta simbólica con mensajes como: “#YaMeCansé de tanta injusticia”, “No quiero ser el 44” o “Toca el claxon por Ayotzinapa.
Los usuarios subieron sus fotos y mensajes de solidaridad con el hashtag #LuzParaMéxico, que se ubicó entre los 10 temas más comentados de Twitter en México.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
martes, 11 de noviembre de 2014
Dictan formal prisión a Granier por lavado de dinero
Un juzgado federal con sede en la ciudad de México dictó este martes auto de formal prisión en contra del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, por su probable responsabilidad en el delito de operación de lavado de dinero, informó el Consejo de la Judicatura Federal.
Mediante una tarjeta informativa el órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial Federal indicó que a petición de un juez federal con sede en Tabasco "el juzgado décimo sexto de distrito de procesos penales federales en la ciudad de México, al actuar por exhorto dentro de la causa penal 74/2013 dictó formal prisión en contra de Granier, por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de quien por sí adquiera recursos dentro del territorio nacional, con conocimiento de qué procede de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen, destino y localización de los recursos".
El ex gobernador de Tabasco fue detenido el año pasado derivado de investigaciones que realizó la PGR relacionada con el desvió de mil 900 millones de pesos de programas sociales durante su administración.
El 11 de junio de 2013, a penas llegado de la ciudad de Miami, Granier se presentó a las instalaciones de la PGR para hacer frente a la investigación en su contra.
Desde entonces el ex gobernador no ha podido recuperar su libertad pero tampoco ha obtenido sentencia alguna dentro de los cargos penales que le ha fincado la autoridad ministerial.
A Granier se le acusa de lavado de dinero por 35 millones de pesos, así como otro cargo penal por una supuesta defraudación fiscal por 689 mil pesos y la tercera por otra de fraudación de 23 millones de pesos.
Como los delitos de los cuales es acusado son considerados graves por las leyes mexicanas, Granier no alcanza el beneficio de la libertad provisional.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Alfredo Méndez
Cientos participan en velada por Ayotzinapa, 11.11 Una luz Por México
Cientos de personas de muy distintas condiciones y procedencias se sumaron esta noche a al convocatoria 11.11-Una luz por México, lanzada a través de las redes sociales para dar una muestra ciudadana de solidaridad con los familiares de los normalistas de Ayotzinapa para demandar que cese la violencia en el país.
En plazas públicas, en las puertas de sus hogares, en sus centros de trabajo y hasta caminando, cientos de ciudadanos en distintos puntos de la ciudad encendieron velas o veladoras (como lo pedía la convocatoria) para decirle a los familiares de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa “no están solos”.
En uno de los jardines del centro de Coyoacán, la fuente conocida como de los coyotes se iluminó con decenas de veladoras encendidas colocadas por mexicanos que acudieron hasta este lugar para indignarse por el ataque armado y desaparición de normalistas.
Se reporta que en otras plazas públicas de la ciudad también se han encendido veladoras y se han colocado mensajes como el “Ya nos cansamos” dirigido a las autoridades de los tres niveles de gobierno por la situación actual del país.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: EMIR OLIVARES.
Estrecho vínculo entre quien hacía la casa blanca y EPN: Lizárraga
Quien estaba financiando la casa, quien la estaba construyendo, era la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, que forma parte del Grupo Higa, que hizo las obras más importantes del gobierno de Peña.
La casa blanca de Sierra Gorda 150, en Lomas de Chapultepec -con un costo estimado de 7 millones de dólares-, comprada por Angélica Rivera a una empresa de Grupo Higa, contratista cercana Enrique Peña Nieto en el gobierno del Estado de México, merece una investigación sobre conflicto de interés, afirmó el periodista Daniel Lizárraga.
En entrevista para Aristegui CNN, agregó que previo a la investigación sobre la casa, publicada en Aristegui Noticias, se logró documentar cómo después de que Peña fue gobernador, cuando era candidato a la presidencia de la República, el mismo grupo, a través de otra de sus filiales, Eolo Plus, le rentó aviones o helicópteros al priista, para que hiciera sus traslados.
Lizárraga explicó que la investigación sobre la casa se hizo por una razón puramente periodística, que nace fundamentalmente al revisar las revistas; indicó que el periodista Rafael Cabrera vio en el supermercado la revista Hola, en la que aparecía Angélica Rivera, en una nueva casa. En esa publicación, la actriz enfatizaba que al finalizar el sexenio de Peña Nieto se irían a vivir ahí.
Remarcó que la casa está a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro -de Grupo Higa- contratista cercano al hoy presidente; incluso, dicho grupo era parte del consorcio que había ganado la licitación del Tren México-Querétaro -un proyecto de más de 50 mil millones de pesos- la cual fue revocada la semana pasada.
Apuntó que el arquitecto que hace la obra, Miguel Ángel Aragonés, ”reconoce que Enrique Peña Nieto participó en el diseño de la casa de acuerdo a su gusto personal, necesidades, también las de su esposa y en ese momento, cuando él hace, eso era gobernador del Estado de México y en ese momento, a través de sus filiales de Grupo Higa tiene obras en el Estado de México, que ya concluyeron y obras en desarrollo”.
Es decir, señaló Lizárraga, había un “estrecho vínculo entre quien estaba haciendo la casa, quien la estaba financiando, porque se supone que se firma el contrato con la primera dama hasta enero del 2012… eso quiere decir que antes, quien estaba financiando la casa, quien la estaba construyendo, era esta empresa que era una de las contratistas emblemáticas, porque hizo las obras más importantes del gobierno de Enrique Peña Nieto”.
“Nosotros mostramos en la investigación el asunto de unas líneas telefónicas y la presidencia no explica porqué los teléfonos registrados en Telmex con la dirección de Sierra Gorda 150 están a nombre de Grupo Higa y contestan en estas direcciones de Angélica Rivera, es decir porqué siguen estando (a ese nombre), si se supone que la está comprando, que va a ser de ella, que vive ahí y los nombres de los teléfonos no están a nombre de quien debería de estar, de quien está comprando la casa”, subrayó.
La investigación
También en entrevista en CNN, el periodista Rafael Cabrera dijo que “teníamos evidencia (sobre la casa) pero necesitábamos recabar más información”.
“Una de las primeras cosas que se le cuestionó a Presidencia es porqué el Estado Mayor Presidencial resguardaba la casa, nos confirmaron que sí la resguardan e hicieron un sustento legal en el que dicen que es su obligación vigilar la seguridad del presidente y su familia en su vida personal también”, puntualizó.
Comentó que realizaron peticiones vía transparencia a Presidencia para que explicaran el estatus de la casa, si era prestada, rentada, a lo que contestaron que se declaraban legalmente incompetentes para responder e hicieron la recomendación de solicitar la información a la Función Pública, en donde dijeron que esa información es confidencial.
Añadió que la relación de Peña Nieto con Grupo Higa es larguísima; “desde que era secretario de Administración de Arturo Montiel, que es su tío, hay una relación con la empresa. Es gobernador, hay una empresa con Grupo Higa; es candidato, hay una empresa con Grupo Higa; llega a la Presidencia, hay una relación con Grupo Higa; tanto que hasta su esposa elige curiosamente a esta empresa para construir una casa”.
Recordó que fue hasta que se publicó la investigación, el domingo, cuando vino la respuesta de la Presidencia, a través del vocero de Los Pinos, Eduardo Sánchez.
Hasta ese momento, se aclaró que la casa era de Rivera y, según dijo el vocero, como Rivera no es funcionaria pública, no está obligada a presentar declaración patrimonial.
“Sin embargo la Ley Federal de responsabilidades de los funcionarios públicos en su artículo 43 es muy claro: todos los servidores públicos deben de reportar a la Secretaría de la Función Pública los bienes de sus cónyuges, esposas, sea cual sea la figura legal con la que estén juntos, incluido si son bienes separados, lo que pasa es que ahora logramos que una parte de la declaración patrimonial de Angélica Rivera se conozca esta casa, ¿que más tiene? No podemos saber porque la Función Pública dice que es confidencial”, finalizó Cabrera.
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La casa blanca de Sierra Gorda 150, en Lomas de Chapultepec -con un costo estimado de 7 millones de dólares-, comprada por Angélica Rivera a una empresa de Grupo Higa, contratista cercana Enrique Peña Nieto en el gobierno del Estado de México, merece una investigación sobre conflicto de interés, afirmó el periodista Daniel Lizárraga.
En entrevista para Aristegui CNN, agregó que previo a la investigación sobre la casa, publicada en Aristegui Noticias, se logró documentar cómo después de que Peña fue gobernador, cuando era candidato a la presidencia de la República, el mismo grupo, a través de otra de sus filiales, Eolo Plus, le rentó aviones o helicópteros al priista, para que hiciera sus traslados.
Lizárraga explicó que la investigación sobre la casa se hizo por una razón puramente periodística, que nace fundamentalmente al revisar las revistas; indicó que el periodista Rafael Cabrera vio en el supermercado la revista Hola, en la que aparecía Angélica Rivera, en una nueva casa. En esa publicación, la actriz enfatizaba que al finalizar el sexenio de Peña Nieto se irían a vivir ahí.
Remarcó que la casa está a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro -de Grupo Higa- contratista cercano al hoy presidente; incluso, dicho grupo era parte del consorcio que había ganado la licitación del Tren México-Querétaro -un proyecto de más de 50 mil millones de pesos- la cual fue revocada la semana pasada.
Apuntó que el arquitecto que hace la obra, Miguel Ángel Aragonés, ”reconoce que Enrique Peña Nieto participó en el diseño de la casa de acuerdo a su gusto personal, necesidades, también las de su esposa y en ese momento, cuando él hace, eso era gobernador del Estado de México y en ese momento, a través de sus filiales de Grupo Higa tiene obras en el Estado de México, que ya concluyeron y obras en desarrollo”.
Es decir, señaló Lizárraga, había un “estrecho vínculo entre quien estaba haciendo la casa, quien la estaba financiando, porque se supone que se firma el contrato con la primera dama hasta enero del 2012… eso quiere decir que antes, quien estaba financiando la casa, quien la estaba construyendo, era esta empresa que era una de las contratistas emblemáticas, porque hizo las obras más importantes del gobierno de Enrique Peña Nieto”.
“Nosotros mostramos en la investigación el asunto de unas líneas telefónicas y la presidencia no explica porqué los teléfonos registrados en Telmex con la dirección de Sierra Gorda 150 están a nombre de Grupo Higa y contestan en estas direcciones de Angélica Rivera, es decir porqué siguen estando (a ese nombre), si se supone que la está comprando, que va a ser de ella, que vive ahí y los nombres de los teléfonos no están a nombre de quien debería de estar, de quien está comprando la casa”, subrayó.
La investigación
También en entrevista en CNN, el periodista Rafael Cabrera dijo que “teníamos evidencia (sobre la casa) pero necesitábamos recabar más información”.
“Una de las primeras cosas que se le cuestionó a Presidencia es porqué el Estado Mayor Presidencial resguardaba la casa, nos confirmaron que sí la resguardan e hicieron un sustento legal en el que dicen que es su obligación vigilar la seguridad del presidente y su familia en su vida personal también”, puntualizó.
Comentó que realizaron peticiones vía transparencia a Presidencia para que explicaran el estatus de la casa, si era prestada, rentada, a lo que contestaron que se declaraban legalmente incompetentes para responder e hicieron la recomendación de solicitar la información a la Función Pública, en donde dijeron que esa información es confidencial.
Añadió que la relación de Peña Nieto con Grupo Higa es larguísima; “desde que era secretario de Administración de Arturo Montiel, que es su tío, hay una relación con la empresa. Es gobernador, hay una empresa con Grupo Higa; es candidato, hay una empresa con Grupo Higa; llega a la Presidencia, hay una relación con Grupo Higa; tanto que hasta su esposa elige curiosamente a esta empresa para construir una casa”.
Recordó que fue hasta que se publicó la investigación, el domingo, cuando vino la respuesta de la Presidencia, a través del vocero de Los Pinos, Eduardo Sánchez.
Hasta ese momento, se aclaró que la casa era de Rivera y, según dijo el vocero, como Rivera no es funcionaria pública, no está obligada a presentar declaración patrimonial.
“Sin embargo la Ley Federal de responsabilidades de los funcionarios públicos en su artículo 43 es muy claro: todos los servidores públicos deben de reportar a la Secretaría de la Función Pública los bienes de sus cónyuges, esposas, sea cual sea la figura legal con la que estén juntos, incluido si son bienes separados, lo que pasa es que ahora logramos que una parte de la declaración patrimonial de Angélica Rivera se conozca esta casa, ¿que más tiene? No podemos saber porque la Función Pública dice que es confidencial”, finalizó Cabrera.
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Reclama China a EPN por revocar licitación de tren; consorcio, “sorprendido”, pediría compensación
China Railway Construction Corporation formó un equipo legal tras recibir la notificación de que fue revocada la licitación que había ganado, y analiza emprender acciones legales.
El Primer Ministro chino, Li Keqiang, lamentó que se haya revocado la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro y pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto que trate de forma justa a sus empresas que invierten en México.
Li declaró lo anterior tras reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto durante el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) que se lleva a cabo en Beijing.
El presidente Enrique Peña ordenó, el pasado jueves, cancelar y realizar nuevamente la licitación, que había sido otorgada a las empresas China Railway Construction Corporation, China Railway Construction Corporation International, CSR Corporation Limited, asociadas con cuatro empresas mexicanas: Constructora y Edificadora GIA, Prodemex, GHP Infraestructura Mexicana y Constructora Teya.
China Railway Construction Corporation (CRCC) sigue haciendo cuentas para definir lo que reclamará al gobierno de México como compensación por la cancelación del contrato.
Consideraría los salarios, traslados y hospedaje de 150 ingenieros chinos durante año y medio, arrendamiento de oficinas, compra de materiales y hasta pérdidas por la depreciación de las acciones del consorcio en las Bolsas de Hong Kong y Shanghái.
De acuerdo con la Ley de Obras Públicas, la dependencia licitante está obligada a otorgar esta compensación, a menos que justifique la cancelación de la licitación por caso fortuito o causa de fuerza mayor.
El consorcio chino informó el domingo pasado que está “extremadamente sorprendido” por la decisión de México de revocar un contrato de ferrocarril de alta velocidad con un consorcio China-México y se comprometió a emplear medidas legales para proteger sus intereses si es necesario.
Al admitir la legitimidad de la licitación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México apuntó que la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de revocar el contrato tiene como objetivo eliminar cualquier duda del público sobre el proyecto.
CRCC anunció que ha formado un equipo legal tras recibir la notificación de la decisión y se comprometió a recurrir a los medios legales para proteger sus intereses legítimos si es necesario.
La compañía destacó que ha seguido estrictamente los procedimientos y requisitos de la licitación pública y el contenido de la misma cumplió con los requisitos del gobierno mexicano.
“La parte mexicana asume toda la responsabilidad de revocar el negocio. No tiene nada que ver con nuestra compañía. Estamos observando de cerca cualquier desarrollo futuro“, señaló la CRCC.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El Primer Ministro chino, Li Keqiang, lamentó que se haya revocado la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro y pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto que trate de forma justa a sus empresas que invierten en México.
Li declaró lo anterior tras reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto durante el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) que se lleva a cabo en Beijing.
El presidente Enrique Peña ordenó, el pasado jueves, cancelar y realizar nuevamente la licitación, que había sido otorgada a las empresas China Railway Construction Corporation, China Railway Construction Corporation International, CSR Corporation Limited, asociadas con cuatro empresas mexicanas: Constructora y Edificadora GIA, Prodemex, GHP Infraestructura Mexicana y Constructora Teya.
China Railway Construction Corporation (CRCC) sigue haciendo cuentas para definir lo que reclamará al gobierno de México como compensación por la cancelación del contrato.
Consideraría los salarios, traslados y hospedaje de 150 ingenieros chinos durante año y medio, arrendamiento de oficinas, compra de materiales y hasta pérdidas por la depreciación de las acciones del consorcio en las Bolsas de Hong Kong y Shanghái.
De acuerdo con la Ley de Obras Públicas, la dependencia licitante está obligada a otorgar esta compensación, a menos que justifique la cancelación de la licitación por caso fortuito o causa de fuerza mayor.
El consorcio chino informó el domingo pasado que está “extremadamente sorprendido” por la decisión de México de revocar un contrato de ferrocarril de alta velocidad con un consorcio China-México y se comprometió a emplear medidas legales para proteger sus intereses si es necesario.
Al admitir la legitimidad de la licitación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México apuntó que la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de revocar el contrato tiene como objetivo eliminar cualquier duda del público sobre el proyecto.
CRCC anunció que ha formado un equipo legal tras recibir la notificación de la decisión y se comprometió a recurrir a los medios legales para proteger sus intereses legítimos si es necesario.
La compañía destacó que ha seguido estrictamente los procedimientos y requisitos de la licitación pública y el contenido de la misma cumplió con los requisitos del gobierno mexicano.
“La parte mexicana asume toda la responsabilidad de revocar el negocio. No tiene nada que ver con nuestra compañía. Estamos observando de cerca cualquier desarrollo futuro“, señaló la CRCC.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Atacan en Morelia oficinas del PAN y del gobierno estatal
Denuncian líderes panistas la omisión del gobierno de la entidad por no haber enviado suficientes policías a defender su sede.
Mientras en Guerrero era incendiada la sede del PRI en Chilpancingo, en Morelia fueron atacadas las oficinas del Partido Acción Nacional (PAN) por presuntos normalistas encapuchados y armados con barras metálicas, pese a la solicitud del organismo político de protección a sus instalaciones.
De acuerdo con La Voz de Michoacán, este martes el personal de la sede panista intentó impedir, durante 40 minutos, el ingreso de los normalistas ante la mirada e inacción del grupo de policías que rebasaban en número a los agresores, quienes ingresaron por la segunda planta del edificio.
Después del ingreso, los panistas pidieron a los atacantes dejar salir a los trabajadores cuya integridad veían en riesgo.
El dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala, denunció que los hechos se perpetraron pese a haberse solicitado al secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, el resguardo de sus oficinas horas antes.
“Los michoacanos no merecemos seguir siendo victimizados, primero por la delincuencia organizada y hoy por grupos radicales que trasgreden la ley, poniendo en riesgo la integridad de los ciudadanos y delinquiendo bajo la complacencia y complicidad de las autoridades”, dijo Chávez Zavala.
El dirigente panista añadió que presentará este miércoles una denuncia penal ante el ministerio público en contra del gobernador, Salvador Jara Guerrero, por la omisión en su actuar contra los estudiantes normalistas.
En Casa de Gobierno el encargado de la política interna, Jaime Darío Oseguera Méndez, afirmó que no actuaron los cuerpos de seguridad porque la poca cantidad de policías que tenían y el número de los agresores.
Anaya rechaza violencia
En la ciudad de México, el presidente nacional de ese partido, Ricardo Anaya Cortés, exigió una explicación por la omisión y una investigación a fondo para determinar quiénes son los responsables.
Por otro lado, pidió a las autoridades federales acelerar las investigaciones y ofrecer a los padres de los 43 normalistas desaparecidos y a la sociedad mexicana una conclusión certera, contundente y transparente”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Mientras en Guerrero era incendiada la sede del PRI en Chilpancingo, en Morelia fueron atacadas las oficinas del Partido Acción Nacional (PAN) por presuntos normalistas encapuchados y armados con barras metálicas, pese a la solicitud del organismo político de protección a sus instalaciones.
De acuerdo con La Voz de Michoacán, este martes el personal de la sede panista intentó impedir, durante 40 minutos, el ingreso de los normalistas ante la mirada e inacción del grupo de policías que rebasaban en número a los agresores, quienes ingresaron por la segunda planta del edificio.
Después del ingreso, los panistas pidieron a los atacantes dejar salir a los trabajadores cuya integridad veían en riesgo.
El dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala, denunció que los hechos se perpetraron pese a haberse solicitado al secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, el resguardo de sus oficinas horas antes.
“Los michoacanos no merecemos seguir siendo victimizados, primero por la delincuencia organizada y hoy por grupos radicales que trasgreden la ley, poniendo en riesgo la integridad de los ciudadanos y delinquiendo bajo la complacencia y complicidad de las autoridades”, dijo Chávez Zavala.
El dirigente panista añadió que presentará este miércoles una denuncia penal ante el ministerio público en contra del gobernador, Salvador Jara Guerrero, por la omisión en su actuar contra los estudiantes normalistas.
En Casa de Gobierno el encargado de la política interna, Jaime Darío Oseguera Méndez, afirmó que no actuaron los cuerpos de seguridad porque la poca cantidad de policías que tenían y el número de los agresores.
Anaya rechaza violencia
En la ciudad de México, el presidente nacional de ese partido, Ricardo Anaya Cortés, exigió una explicación por la omisión y una investigación a fondo para determinar quiénes son los responsables.
Por otro lado, pidió a las autoridades federales acelerar las investigaciones y ofrecer a los padres de los 43 normalistas desaparecidos y a la sociedad mexicana una conclusión certera, contundente y transparente”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
"Sin avances" termina reunión de padres de normalistas con Osorio y Murillo
Chilpacingo, Gro. Tras un poco más de dos horas terminó la reunión entre el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y representantes de organismos de derechos humanos.
El encuentro inició alrededor de las 16:30 horas en el hangar del aeropuerto de Chilpancingo; y hasta el momento no se han dado a conocer las conclusiones.
Este encuentro estaba programado para las 14:00 horas, pero por las malas condiciones del tiempo se retrasó, dijeron fuentes gubernamentales.
En la reunión participó el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido y se dio luego de saber los avances de los especialistas forenses argentinos quienes dieron a conocer que tras realizar las pruebas de ADN se supo que ninguno de los restos hallados en las fosas corresponde a los estudiantes desaparecidos.
Restos de fosas analizados por peritos argentinos no son de normalistas
Los restos humanos que hasta ahora ha estudiado el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) como parte de su investigación en el caso Ayotzinapa, no corresponden a ninguno de los 43 normalistas desaparecidos.
El equipo forense argentino informó que ya obtuvo resultados genéticos del Laboratorio The Bode Technology Group ubicado en Estados Unidos, sobre 24 de 30 restos recuperados en Cierro Viejo. De los cuales ninguno mostró probabilidad de parentesco biológico con los 43 normalistas. Los 6 restos adicionales se continúan trabajando y se espera resultados a la brevedad.
A continuación, el comunicado del EAAF.
A LA OPINIÓN PÚBLICA:
En relación a la conferencia de prensa realizada por el Procurador General de la República, Lic. Jesús Murillo Karam, el día viernes 7 de noviembre del año en curso, sobre los 43 jóvenes desaparecidos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos “Ayotzinapa”, Guerrero, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) desea señalar lo siguiente:
A partir del 5 de octubre del 2014, en acuerdo con los familiares de los 43 normalistas y a pedido de organizaciones de la sociedad civil estatales y nacionales (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Servicios u Asesoría para la Paz y Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón), el EAAF actúa como perito independiente de las familias. Esto significa que los profesionales del EAAF han sido nombrados como peritos en la correspondiente Averiguación Previa y acceden al examen de evidencias correspondientes al igual que los peritos oficiales, pero emiten sus propios dictámenes. La Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho actúa como asesor legal del EAAF.
Como perito independiente, el EAAF ha intervenido en las siguientes actividades:
1. La exhumación de 2 de los 30 restos recuperados en Cerro Viejo/ Pueblo Viejo, Iguala, Guerrero y en el examen forense de los 30 restos. Cabe señalar que sobre la totalidad de restos recuperados en este sitio, 28 de ellos fueron recuperados inicialmente por la PGJ de Guerrero de 5 fosas y los dos restantes por la PGR de una 6ta fosa.
2. La exhumación de 1 de los 9 restos recuperados por PGR en la localidad de La Parota/ Cerro de Lomas de Zapatero, Iguala, Guerrero. Además, el EAAF ha sido autorizado por PGR para trabajar en el examen forense de la totalidad de los restos recuperados en dicho sitio.
3. El levantamiento de restos humanos y evidencia asociada a los mismos en el Basurero de Cocula y a la vera del Río San Juan, Cocula, Guerrero.
El equipo forense coordinado por el EAAF es multidisciplinario e internacional con forenses provenientes de Argentina, Colombia, México, Uruguay, Francia y Estados Unidos de América.
Uno de los puntos centrales del peritaje del EAAF es la identificación de restos. El EAAF ha obtenido resultados genéticos del Laboratorio The Bode Technology Group ubicado en Estados Unidos, sobre 24 de 30 restos recuperados en Cierro Viejo. Ninguno de estos mostró probabilidad de parentesco biológico con los 43 normalistas. Los 6 restos adicionales se continúan trabajando y se espera resultados a la brevedad.
Con fines comparativos, el EAAF solicitó a PGR el día de hoy, copia de los dictámenes en genética forense de exclusión identificatoria entre los restos recuperados en Cerro Viejo/Pueblo Viejo y los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, así como también los dictámenes en Genética Forense de identificación sobre 4 de los restos de Cerro Viejo, con personas no relacionadas con los normalistas. Ambos resultados fueron publicitados por PGR en medios de comunicación.
En síntesis, hasta el momento, no han habido identificaciones entre los restos recuperados en las 3 localidades mencionadas y los 43 normalistas.
El EAAF continúa trabajando en los esfuerzos por identificar los restos recuperados, al mismo tiempo que los peritos oficiales.
La política institucional del EAAF es informar resultados primero a los familiares de las víctimas, así como a las autoridades a cargo de las investigaciones.
Agradecemos desde ya a la difusión amplia del presente comunicado.
EQUIPO ARGENTINO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE
A Abarca “lo encontraron en Veracruz y lo fueron a sembrar” en el DF: Solalinde
Reconoció que la Iglesia católica "ha sido también compañera de cúpula y de agenda cupular de un gobierno simulador".
El sacerdote Alejandro Solalinde acusó: al ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, “lo encontraron en Veracruz y lo fueron a sembrar a territorio opositor en el Distrito Federal, en Iztapalapa, donde hay tantos electores. Ahí se subrayó la complicidad del Partido de la Revolución Democrática, que había sido tan buena comparsa del Revolucionario Institucional, igual que Acción Nacional”.
De acuerdo con La Jornada, las declaraciones del religioso las hizo ante cientos de alumnos de la Universidad de Guadalajara reunidos en el paraninfo Enrique Díaz de León, donde impartió la conferencia Ayotzinapa, verdad y justicia.
El padre aseguró que el gobierno supo desde antes lo que había sucedido con los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero administró la información con fines electorales.
Sostuvo que el gobierno federal -a través de la PGR- “ha estado administrando esta información para aprovechar tiempos políticos. No es cierto que le interese la tragedia; lo que le interesa es sacar provecho electoral… Se trata de un control de daños políticos, un control de daños partidistas. Han estado manipulando toda la información para beneficio del PRI-gobierno”.
Agregó que lo que busca el PRI en Guerrero es recuperar el gobierno del estado, por lo cual existen varias estrategias, que incluyen criminalizar la protesta, culpar a otros y mostrar que ellos son mejores.
Ante lo que calificó una porquería de país que la ciudadanía padece, y un narcoestado que no gobierna, sino administra a favor del neoliberalismo y castiga la disidencia, las protestas en el país son signo de los tiempos, unaprueba irrefutable de una necesidad de cambio al que la cúpula de la Iglesia y los jóvenes tendrían que ser sensibles, sostuvo.
Además, Solalinde acusó a la jerarquía de la Iglesia de ser partícipe de la tragedia nacional por su actitud deacompañamiento a un gobierno que no da resultados ni en la seguridad ni en lo económico.
La Iglesia católica ha sido también compañera de cúpula y de agenda cupular de un gobierno simulador, al que le han dado su lugar como si de veras fuera un gobierno responsable, estableció.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El sacerdote Alejandro Solalinde acusó: al ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, “lo encontraron en Veracruz y lo fueron a sembrar a territorio opositor en el Distrito Federal, en Iztapalapa, donde hay tantos electores. Ahí se subrayó la complicidad del Partido de la Revolución Democrática, que había sido tan buena comparsa del Revolucionario Institucional, igual que Acción Nacional”.
De acuerdo con La Jornada, las declaraciones del religioso las hizo ante cientos de alumnos de la Universidad de Guadalajara reunidos en el paraninfo Enrique Díaz de León, donde impartió la conferencia Ayotzinapa, verdad y justicia.
El padre aseguró que el gobierno supo desde antes lo que había sucedido con los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero administró la información con fines electorales.
Sostuvo que el gobierno federal -a través de la PGR- “ha estado administrando esta información para aprovechar tiempos políticos. No es cierto que le interese la tragedia; lo que le interesa es sacar provecho electoral… Se trata de un control de daños políticos, un control de daños partidistas. Han estado manipulando toda la información para beneficio del PRI-gobierno”.
Agregó que lo que busca el PRI en Guerrero es recuperar el gobierno del estado, por lo cual existen varias estrategias, que incluyen criminalizar la protesta, culpar a otros y mostrar que ellos son mejores.
Ante lo que calificó una porquería de país que la ciudadanía padece, y un narcoestado que no gobierna, sino administra a favor del neoliberalismo y castiga la disidencia, las protestas en el país son signo de los tiempos, unaprueba irrefutable de una necesidad de cambio al que la cúpula de la Iglesia y los jóvenes tendrían que ser sensibles, sostuvo.
Además, Solalinde acusó a la jerarquía de la Iglesia de ser partícipe de la tragedia nacional por su actitud deacompañamiento a un gobierno que no da resultados ni en la seguridad ni en lo económico.
La Iglesia católica ha sido también compañera de cúpula y de agenda cupular de un gobierno simulador, al que le han dado su lugar como si de veras fuera un gobierno responsable, estableció.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El gobierno administró la tragedia y jugó con los padres de Ayotzinapa: Solalinde
Acusa al procurador Jesús Murillo Karam, de tratar de involucrar a los jóvenes desaparecidos, con el crimen organizado en Guerrero.
Si yo sabía lo que ocurrió con los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, el gobierno “lo sabía antes con mayor razón, lo supo siempre pero no lo dijo inmediatamente porque administró la tragedia, jugó con la gente”, aseguró el padre Alejandro Solalinde.
En entrevista para Noticias MVS primera emisión, refirió que el día que recibió reclamos de los padres en Ayotzinapa, ellos le dijeron que no les daba “esperanza” sobre sus hijos, mientras el procurador Jesús Murillo Karam les había prometido “regresar vivos a sus hijos”, lo cual no ha cumplido.
Por ello, llamó a mantener la exigencia: “Vivos se los llevaron y vivos los tienen que entregar”.
Y remarcó que aunque no lo quiere aceptar, el Estado es responsable de lo ocurrido con los jóvenes, pues participaron autoridades municipales y la propia policía. ”El Estado fue el que los desapareció con todos los recursos del Estado”, estableció.
Además, preguntó dónde quedó la responsabilidad del gobernador del estado, del Ejército y del Cisen.
“¿Cuál era el objetivo (de administrar la información)? Un montaje para ganar tiempo, a ellos lo que les interesa es un control de daños político, partidista”, sostuvo el sacerdote.
“La cosa no es el dolor de la pobre gente sino cómo recuperar Guerrero”, apuntó.
Ahora “quiere tapar y volver a la impunidad”, sostuvo.
La impresión que trata de dejar la PGR es que es un “asunto es local, que es un asunto exclusivamente de Guerrero” y “pinta su raya de los delincuentes”.
Recordó que en la reunión con tuvo con el procurador Jesús Murillo Karam, el mes pasado, él le dijo que lo ocurrido con estudiantes en Guerrero fue “un ataque entre cárteles”, y vinculó a los normalistas con un grupo delincuencial, lo que después filtró a los medios de comunicación. Sin embargo, ante los reclamos de los padres, Murillo reculó e incluso desvinculó a los jóvenes del crimen organizado, indicó Solalinde.
“Cambió completamente la versión”, refirió.
Abarca, detenido en el DF, asegura
Solalinde dijo tener información sobre que el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue detenido en Veracruz y no en el DF, pero fue “sembrado” en territorio perredista.
“Hay tanta gente que se acerca a mí y que me está diciendo cosas, hemos vivido por años gobiernos de montajes, a su conveniencia, Genaro García Luna se lleva los arieles… montajes de complicidad, se hacen muchas cosas aquí, no para la justicia sino para el provecho político. No sabemos de un gobierno que nos diga la verdad sino un gobierno que simula, que hace montaje”, aseveró.
El gobierno -expuso- consideró que era “imposible” detener a Abarca en “un nicho priista”, por lo que “tiene que ser en un lugar perredista para sacar también provecho” y dejar la idea de que “el PRI es el bueno”.
Al ser interrogado sobre cómo obtuvo esta información, el religioso sólo comentó: “tengo mucha gente que confía en mí en Veracruz, hay personas cercanas, yo he analizado y veo que sí”.
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Si yo sabía lo que ocurrió con los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, el gobierno “lo sabía antes con mayor razón, lo supo siempre pero no lo dijo inmediatamente porque administró la tragedia, jugó con la gente”, aseguró el padre Alejandro Solalinde.
En entrevista para Noticias MVS primera emisión, refirió que el día que recibió reclamos de los padres en Ayotzinapa, ellos le dijeron que no les daba “esperanza” sobre sus hijos, mientras el procurador Jesús Murillo Karam les había prometido “regresar vivos a sus hijos”, lo cual no ha cumplido.
Por ello, llamó a mantener la exigencia: “Vivos se los llevaron y vivos los tienen que entregar”.
Y remarcó que aunque no lo quiere aceptar, el Estado es responsable de lo ocurrido con los jóvenes, pues participaron autoridades municipales y la propia policía. ”El Estado fue el que los desapareció con todos los recursos del Estado”, estableció.
Además, preguntó dónde quedó la responsabilidad del gobernador del estado, del Ejército y del Cisen.
“¿Cuál era el objetivo (de administrar la información)? Un montaje para ganar tiempo, a ellos lo que les interesa es un control de daños político, partidista”, sostuvo el sacerdote.
“La cosa no es el dolor de la pobre gente sino cómo recuperar Guerrero”, apuntó.
Ahora “quiere tapar y volver a la impunidad”, sostuvo.
La impresión que trata de dejar la PGR es que es un “asunto es local, que es un asunto exclusivamente de Guerrero” y “pinta su raya de los delincuentes”.
Recordó que en la reunión con tuvo con el procurador Jesús Murillo Karam, el mes pasado, él le dijo que lo ocurrido con estudiantes en Guerrero fue “un ataque entre cárteles”, y vinculó a los normalistas con un grupo delincuencial, lo que después filtró a los medios de comunicación. Sin embargo, ante los reclamos de los padres, Murillo reculó e incluso desvinculó a los jóvenes del crimen organizado, indicó Solalinde.
“Cambió completamente la versión”, refirió.
Abarca, detenido en el DF, asegura
Solalinde dijo tener información sobre que el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue detenido en Veracruz y no en el DF, pero fue “sembrado” en territorio perredista.
“Hay tanta gente que se acerca a mí y que me está diciendo cosas, hemos vivido por años gobiernos de montajes, a su conveniencia, Genaro García Luna se lleva los arieles… montajes de complicidad, se hacen muchas cosas aquí, no para la justicia sino para el provecho político. No sabemos de un gobierno que nos diga la verdad sino un gobierno que simula, que hace montaje”, aseveró.
El gobierno -expuso- consideró que era “imposible” detener a Abarca en “un nicho priista”, por lo que “tiene que ser en un lugar perredista para sacar también provecho” y dejar la idea de que “el PRI es el bueno”.
Al ser interrogado sobre cómo obtuvo esta información, el religioso sólo comentó: “tengo mucha gente que confía en mí en Veracruz, hay personas cercanas, yo he analizado y veo que sí”.
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AUTOR: REDACCIÓN.
Reabren el caso Gutiérrez de la Torre los nuevos consejeros del IEDF
La nueva investigación pondrá acento en las acusaciones de violación a derechos humanos; critica el PRI la decisión.
El Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) reabrió el caso del ex líder del PRI en el Distrito Federal Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de haber incurrido en el uso de recursos públicos e instalaciones de ese partido para operar una presunta red de prostitución.
Por votación unánime y con la crítica de la representación del PRI, los consejeros recientemente designados por el INE determinaron reabrir el expediente que se integró en contra del líder priista, acusado por el PRD-DF.
“Después de una discusión de más de dos horas, el pleno del IEDF determinó que deberán realizarse más diligencias respecto a ese caso, sobre todo en lo relativo a las acusaciones por violación de los derechos humanos de las mujeres que se vieron involucradas en ese caso”, informó La Jornada.
El pasado 25 de agosto los integrantes del anterior Consejo General aprobaron –por mayoría de votos—una resolución en la que se establecía que no se habían encontrado elementos que demostraran que Gutiérrez de la Torre hubiera incurrido en uso o desvío de recursos públicos ni en el uso de las instalaciones del PRI-DF para esa ilícita red .
Con el actual Consejo General –que asumió el cargo en octubre pasado—se analizó el asunto en la Comisión de Asociaciones Políticas, y de ahí fue que hoy presentó un acuerdo para que se realicen “diligencias más exhaustivas”.
Durante la sesión, el representante del PRI, René Muñoz, acusó que el IEDF se estaba prestando a la manipulación política del Gobierno del DF, y lo acusó de ser el “brazo ejecutor” para atacar a los detractores o críticos del gobierno, y dejó en claro que no impugnarán el acuerdo aprobado “porque no tenemos nada qué esconder y que se investigue”.
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) reabrió el caso del ex líder del PRI en el Distrito Federal Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de haber incurrido en el uso de recursos públicos e instalaciones de ese partido para operar una presunta red de prostitución.
Por votación unánime y con la crítica de la representación del PRI, los consejeros recientemente designados por el INE determinaron reabrir el expediente que se integró en contra del líder priista, acusado por el PRD-DF.
“Después de una discusión de más de dos horas, el pleno del IEDF determinó que deberán realizarse más diligencias respecto a ese caso, sobre todo en lo relativo a las acusaciones por violación de los derechos humanos de las mujeres que se vieron involucradas en ese caso”, informó La Jornada.
El pasado 25 de agosto los integrantes del anterior Consejo General aprobaron –por mayoría de votos—una resolución en la que se establecía que no se habían encontrado elementos que demostraran que Gutiérrez de la Torre hubiera incurrido en uso o desvío de recursos públicos ni en el uso de las instalaciones del PRI-DF para esa ilícita red .
Con el actual Consejo General –que asumió el cargo en octubre pasado—se analizó el asunto en la Comisión de Asociaciones Políticas, y de ahí fue que hoy presentó un acuerdo para que se realicen “diligencias más exhaustivas”.
Durante la sesión, el representante del PRI, René Muñoz, acusó que el IEDF se estaba prestando a la manipulación política del Gobierno del DF, y lo acusó de ser el “brazo ejecutor” para atacar a los detractores o críticos del gobierno, y dejó en claro que no impugnarán el acuerdo aprobado “porque no tenemos nada qué esconder y que se investigue”.
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AUTOR: REDACCIÓN.
‘Jálense para el basurero’
Uno de los presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas relata qué fue lo que pasó la noche del 26 de septiembre en el basurero de Cocula.
“Suéltenos, somos inocentes. Somos estudiantes de la Escuela de Ayotzinapa”, se escucharon unas voces de hombres que viajaban amontonados en la parte trasera de una camioneta de redilas.
“Jálense para el basurero”, ordenó un hombre que iba al mando conocido como “El cepillo y/o El terco”, refiriéndose al que se encuentra hacia el pueblo de la colonia Vicente Guerrero de Cocula, Guerrero.
Así inició el episodio que refiere la presunta muerte de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
El relato macabro está contenido en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/871/2014 en la que Agustín García Reyes, alias “El chereje” uno de los tres sicarios que presentó en conferencia el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, da los pormenores de lo que ocurrió un día a finales de septiembre (no se precisa la fecha).
El funcionario federal declaró en aquella conferencia que no se encontraron indicios de que en algún momento los normalistas desaparecidos hayan pertenecido o colaborado con la agrupación Guerreros Unidos.
Sin embargo, a partir de dicha averiguación previa del cual se posee una copia, se desprende que “halcones” y sicarios de Guerreros Unidos se organizaron aquel día para matar y prender fuego a todos los hombres detenidos en Iguala, pues estaban relacionados con Los Rojos, el grupo rival de la zona.
Además de relatar la forma en que los mataron y les prendieron fuego en el basurero de Cocula, García Reyes, acusado de servir como sicario a los Guerreros Unidos refiere que antes de matar a los normalistas “El pato” y “El terco” cuestionan acerca de su presencia en Iguala.
“Les empiezan a preguntar a los estudiantes que a qué venían a Iguala y los estudiantes al inicio no responden nada, pero los mismos estudiantes nombraron a una persona apodada ‘El cochiloco’ y que estaba ahí con ello, señalándolo, dijeron que él los había mandado y que los obligaba a hacer cosas que no querían”
Así es como “El pato” y “El terco” encausan sus preguntas al hombre señalado como “cochiloco” que acompañaba a los estudiantes.
“Le empiezan a preguntar al ‘cochiloco’ que a qué habían venido y él respondió ‘que por la esposa de Abarca’ y es como siguen interrogando al ‘cochiloco’ y que para qué organización trabajaba”.
A quien hace referencia es a María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala, quien ese día encabezaba el segundo informe como presidenta del DIF y destapaba sus aspiraciones políticas para suceder en el cargo a su esposo.
Pineda fue arraiga luego de ser detenida con José Luis Abarca en un operativo en Iztapalapa.
Cuando el interrogatorio de los sicarios terminó en aquel basurero dispararon hacia donde estaban amontonados todos los estudiantes, incluyendo al ‘cochiloco.
“Les disparan en la cabeza a todos y detonando varias veces las armas y matan a los estaban en la parte de arriba siendo como unos veinte a veinticinco persona ya que refiero estaban amontonados, es como ‘El terco’ nos da la indicación a mí y al ‘Bimbo” de que empecemos a jalar los cuerpos que ya estaban muertos y los poníamos a las orillas del basurero”.
A los que aún estaban vivos, los bajaron caminando hacia el fondo del basurero “siendo que hablamos de otras veinte personas que restaban aproximadamente”.
Esa noche operaron como sicarios: “El pato”, “El jona”, “El querreque” y el “Jimy, “El terco”, “chequel”, “primo”, el “Bimbo” y “El pajarraco”.
De todo el grupo quien daba las órdenes era “El terco”, fue quien mando a que buscaran piedras y leña.
“Nos pusimos arrancar las ramas de los árboles y a juntar leña y amontonar piedra que llevamos abajo el basurero y cuando llegamos con la leña ya estaban los demás estudiantes restantes sin vida”, detalló.
Con las piedras que se reunieron los sicarios formaron una gran círculo en dónde colocaron todos los cuerpos, amontonados, para después rociarlos con diesel y gasolina y poder prenderles fuego.
“El mismo ‘terco’ prende fuego con un encendedor y empieza a arder, primeramente la leña y unas botellas de plástico que habían echado y luego los cuerpos y empiezan a arder y yo sigo juntando botellas, llantas y cualquier plástico para que no se apagara y se siguen ardiendo los cuerpos (...) ahí permanecimos cerca de quince horas ya que nos dieron las cinco de la tarde de este mismo día en que nos llevamos a los estudiantes, siendo que los cuerpos tardaron en quedar como cenizas”
Al cabo de ese tiempo, los sicarios esperaron para que se enfriaran las cenizas, las que recogieron en ocho bolsas de plástico para la basura, de color negro, que llenaron hasta la mitad.
El grupo se dirigió hasta el Río de San Juan, ubicado ahí mismo en Cocula, que se localiza, según la versión que rindieron ante la Seido los propios sicarios, como a una hora del basurero en donde ocurrieron los hechos.
Ya que llegaron al Río San Juan, como a las seis de la tarde, amarraron las bolsas y las arrojaron a la corriente. A partir de esa fecha los sicarios y “halcones” se dispersaron previa amenaza de “El terco” de que sí decían algo de lo ocurrido los iban a matar.
En sus datos generales, el presunto sicario reconoció ser adicto al thiner y al PVC, tener antecedentes penales y ocupar el puesto de “halcón” dentro de la organización Guerreros Unidos.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS
El efecto ‘dipu-tables’
Gana corriente de Luis Alberto Villarreal solo 5 de las 29 alcaldías en juego en Guanajuato. Dos, en cerrada votación.
El dirigente estatal del PAN en Guanajuato, Gerardo Trujillo Flores, señaló ayer que los panistas eligieron a 29 candidatos a alcaldes el domingo una votación sin contratiempos en 36 municipios de Guanajuato.
Pero el que sí tuvo contratiempo fue el excoordinador parlamentario del blanquiazil en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal.
El diputado federal, quien fue señalado por Reporte Indigo como uno de los funcionarios panistas que apareció en el video en donde conviven con bailarinas de un table dance en Puerto Vallarta, solo logró que sus “gallos” fueran electos en cinco de esas 29 candidaturas para los comicios locales del 2015.
La corriente del excoordinador parlamentario –cercana a la dirigencia nacional que encabeza Ricardo Anaya- que se quedó con Tarandácuaro, Huanímaro, Ocampo, Salamanca y San Diego de la Unión.
La elección más cerrada fue en el municipio de Huanímaro, donde Roberto Contreras Núñez ganó con una ventaja de dos votos, mientras que en Salamanca, donde durante la semana pasada hubo denuncias de fuego amigo entre los panistas, también tuvo un final cerrado, pero Antonio Arredondo Muñoz venció por 13 votos al diputado local Galo Carrillo Villalpando.
El Comité Estatal del PAN reveló que aún están por resolverse los resultados de los procesos internos en 17 municipios, en donde el método será la designación.
Trujillo Flores aseguró que 94 por ciento de los 4 mil 600 militantes panistas con derechosa hacerlo, participaron en la elección.
“No se presentaron problemas de ninguna incidencia mayor, los incidentes que se presentaron fueron de carácter administrativo y algunas dudas naturales en todo proceso, nos da gusto tener candidatos competitivos que se ganen la confianza de la gente”, dijo.
El ‘fuego amigo’ del PAN
Apenas el fin de semana, Luis Alberto Villarreal presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por la instalación de espectaculares donde aparece bailando en la fiesta de Puerto Vallarta.
“Derivado de la queja de ahí se puede desprender la posibilidad de un delito electoral o de otra naturaleza y entonces se le da vista al Ministerio Público, pero en este momento no”, informó.
El líder municipal del PRI, Aurelio Martínez Velázquez, se deslindó de la instalación de esos espectaculares y aseguró que era “fuego amigo del mismo PAN”.
A través de un comunicado, la dirigencia estatal del PAN lamentó que con la instalación de estos espectaculares los “partidos políticos” no están respetando el pacto de cordialidad acordado días antes.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
El dirigente estatal del PAN en Guanajuato, Gerardo Trujillo Flores, señaló ayer que los panistas eligieron a 29 candidatos a alcaldes el domingo una votación sin contratiempos en 36 municipios de Guanajuato.
Pero el que sí tuvo contratiempo fue el excoordinador parlamentario del blanquiazil en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal.
El diputado federal, quien fue señalado por Reporte Indigo como uno de los funcionarios panistas que apareció en el video en donde conviven con bailarinas de un table dance en Puerto Vallarta, solo logró que sus “gallos” fueran electos en cinco de esas 29 candidaturas para los comicios locales del 2015.
La corriente del excoordinador parlamentario –cercana a la dirigencia nacional que encabeza Ricardo Anaya- que se quedó con Tarandácuaro, Huanímaro, Ocampo, Salamanca y San Diego de la Unión.
La elección más cerrada fue en el municipio de Huanímaro, donde Roberto Contreras Núñez ganó con una ventaja de dos votos, mientras que en Salamanca, donde durante la semana pasada hubo denuncias de fuego amigo entre los panistas, también tuvo un final cerrado, pero Antonio Arredondo Muñoz venció por 13 votos al diputado local Galo Carrillo Villalpando.
El Comité Estatal del PAN reveló que aún están por resolverse los resultados de los procesos internos en 17 municipios, en donde el método será la designación.
Trujillo Flores aseguró que 94 por ciento de los 4 mil 600 militantes panistas con derechosa hacerlo, participaron en la elección.
“No se presentaron problemas de ninguna incidencia mayor, los incidentes que se presentaron fueron de carácter administrativo y algunas dudas naturales en todo proceso, nos da gusto tener candidatos competitivos que se ganen la confianza de la gente”, dijo.
El ‘fuego amigo’ del PAN
Apenas el fin de semana, Luis Alberto Villarreal presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por la instalación de espectaculares donde aparece bailando en la fiesta de Puerto Vallarta.
“Derivado de la queja de ahí se puede desprender la posibilidad de un delito electoral o de otra naturaleza y entonces se le da vista al Ministerio Público, pero en este momento no”, informó.
El líder municipal del PRI, Aurelio Martínez Velázquez, se deslindó de la instalación de esos espectaculares y aseguró que era “fuego amigo del mismo PAN”.
A través de un comunicado, la dirigencia estatal del PAN lamentó que con la instalación de estos espectaculares los “partidos políticos” no están respetando el pacto de cordialidad acordado días antes.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
La turbia riqueza de Peña y ‘La Gaviota’
MÉXICO, D.F. (apro).- La opulenta mansión de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera en Las Lomas de Chapultepec, una de las tantas propiedades de la pareja presidencial, emerge de entre una maraña de relaciones e intereses políticos y empresariales, cuyo distintivo es la opacidad.
Y ya se sabe: En la turbiedad prospera la corrupción y toda suerte de complicidades.
Emblemático de esta trama de intereses, opacidad y excesos es Arturo Montiel Rojas, cuyo enriquecimiento fue solapado por su sucesor en el gobierno del Estado de México, su sobrino Enrique Peña Nieto, cuya fortuna, a su vez, sigue siendo también muy turbia.
No sólo auspició Peña una duda razonable sobre el origen de sus bienes cuando asentó, en su declaración patrimonial, que seis de las nueve propiedades inmobiliarias que posee –el 65%– le fueron “donadas” y al no declarar montos de sus cuentas, sino que incumplió con el mandato legal de incluir los bienes de su cónyuge, Angélica Rivera Huerta.
¿Cuántas propiedades posee la esposa del presidente de la República? No se sabe, porque Peña decidió no declararlas y lo conocido es sólo lo que ella ha dicho públicamente: Que posee una casa en Miami y otra en Palmas 1325, justo a un lado de la ubicada en Sierra Gorda 150, la que descubrió el equipo de Carmen Aristegui como propiedad de la pareja presidencial que no está declarada y que custodia el Estado Mayor Presidencial (EMP).
“Esta casa (de Palmas 1325) como la de Miami me las he comprado con el fruto de todos mis años de trabajo”, le contó Angélica Rivera al reportero Alberto Tavira, en 2009, pero en realidad esa propiedad –con un valor de 27 millones 651 mil 744 pesos– se la transfirió Televisa el 14 de diciembre de 2010, a sólo 17 días de que se casó con Peña, siendo gobernador del Estado de México.
No sólo eso: El equipo de Aristegui Noticias comprobó que justo ese mismo día, el 14 de diciembre de 2010, la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro compró la casa con el predio de Sierra Gorda 160, a fin de continuar la construcción de la residencia de Sierra Gorda 150, cuyo avalúo asciende a 86 millones de pesos.
Tantos millones manejados por una actriz de Televisa, casada con un exgobernador y presidente de la República, llaman la atención.
Y aquí es donde entra la otra parte de la trama: Ingeniería Inmobiliaria del Centro, a la que “La Gaviota” supuestamente le compró la mansión presidencial de Sierra Gorda 50, es propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, cuyo grupo empresarial Higa es uno de los favoritos de Peña desde que fue gobernador y ahora en el gobierno de la República.
Tamaulipeco avecindado en el Estado de México, donde sus empresas han florecido desde los ochenta al amparo del gobierno estatal, Hinojosa Cantú hizo multimillonarios negocios en el sexenio de Peña: Entre 2006 y 2011 obtuvo contratos de obras y servicios por 36 mil millones de pesos, según una consulta en portales oficiales realizada por el reportero de Proceso Arturo Rodríguez.
Los 36 mil millones de pesos son el mismo presupuesto que ejerció la UNAM este año.
A otra de las empresas del grupo de Hinojosa Cantú, Constructora Teya, le fue asignada, en julio, la obra de ampliación del hangar presidencial, por un monto de mil millones de pesos para alojar –por apenas tres años– el nuevo avión de Peña que costará 7 mil 500 millones de pesos.
Y hay que recordarlo: Teya Construcciones forma parte del consorcio que obtuvo la asignación (fue el único participante) para construir y operar el tren rápido México-Querétaro por un monto de 50 mil 820 millones de pesos, pero que, por decisión de Peña, fue cancelada intempestivamente la noche del jueves 6, en vísperas de que se reveló la mansión presidencial.
En ese consorcio, encabezado por la empresa China Railway Construction, China South Rolling Stock Corporation, participó también el Grupo GIA+A, propiedad de Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas, padrino político de Peña Nieto.
Si la del tren había sido una licitación impecable, ¿por qué Peña tomó la decisión de cancelarla, si además nos costará a los mexicanos una indemnización millonaria? Y si es impecable también la casita de Las Lomas, ¿por qué no hacen público el costo y las condiciones de compra de la señora Rivera a la empresa de Hinojosa Cantú?
Por eso, en este episodio, es tan importante el vendedor como el monto y las condiciones de la operación, como la tasa de interés, el monto de cada pagaré mensual que paga la señora Rivera, sobre todo si, por lo menos desde diciembre de 2012, no tiene ingresos por ostentar un cargo honorario.
Los ciudadanos tenemos derecho a saber si la mansión de 86 millones de pesos es una “donación” a la pareja presidencial por parte del empresario favorito de Peña.
El tema da para más porque la turbiedad es el sello de la casa…
Apuntes
Llama la atención que en la página de los espacios noticiosos de MVS, su página de Internet y su cuenta de Twitter no haya una sola referencia al trabajo del equipo de Aristegui. Ojalá que el gobierno de Peña no tenga la misma tentación de Felipe Calderón, que ordenó a los Vargas, dueños de MVS, el despido de Aristegui y que debió reinstalar tras una vigorosa movilización ciudadana. La empresa es de los Vargas, pero el espectro radioeléctrico es de los mexicanos y Peña sólo está de paso…
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO (ANÁLISIS)
Y ya se sabe: En la turbiedad prospera la corrupción y toda suerte de complicidades.
Emblemático de esta trama de intereses, opacidad y excesos es Arturo Montiel Rojas, cuyo enriquecimiento fue solapado por su sucesor en el gobierno del Estado de México, su sobrino Enrique Peña Nieto, cuya fortuna, a su vez, sigue siendo también muy turbia.
No sólo auspició Peña una duda razonable sobre el origen de sus bienes cuando asentó, en su declaración patrimonial, que seis de las nueve propiedades inmobiliarias que posee –el 65%– le fueron “donadas” y al no declarar montos de sus cuentas, sino que incumplió con el mandato legal de incluir los bienes de su cónyuge, Angélica Rivera Huerta.
¿Cuántas propiedades posee la esposa del presidente de la República? No se sabe, porque Peña decidió no declararlas y lo conocido es sólo lo que ella ha dicho públicamente: Que posee una casa en Miami y otra en Palmas 1325, justo a un lado de la ubicada en Sierra Gorda 150, la que descubrió el equipo de Carmen Aristegui como propiedad de la pareja presidencial que no está declarada y que custodia el Estado Mayor Presidencial (EMP).
“Esta casa (de Palmas 1325) como la de Miami me las he comprado con el fruto de todos mis años de trabajo”, le contó Angélica Rivera al reportero Alberto Tavira, en 2009, pero en realidad esa propiedad –con un valor de 27 millones 651 mil 744 pesos– se la transfirió Televisa el 14 de diciembre de 2010, a sólo 17 días de que se casó con Peña, siendo gobernador del Estado de México.
No sólo eso: El equipo de Aristegui Noticias comprobó que justo ese mismo día, el 14 de diciembre de 2010, la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro compró la casa con el predio de Sierra Gorda 160, a fin de continuar la construcción de la residencia de Sierra Gorda 150, cuyo avalúo asciende a 86 millones de pesos.
Tantos millones manejados por una actriz de Televisa, casada con un exgobernador y presidente de la República, llaman la atención.
Y aquí es donde entra la otra parte de la trama: Ingeniería Inmobiliaria del Centro, a la que “La Gaviota” supuestamente le compró la mansión presidencial de Sierra Gorda 50, es propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, cuyo grupo empresarial Higa es uno de los favoritos de Peña desde que fue gobernador y ahora en el gobierno de la República.
Tamaulipeco avecindado en el Estado de México, donde sus empresas han florecido desde los ochenta al amparo del gobierno estatal, Hinojosa Cantú hizo multimillonarios negocios en el sexenio de Peña: Entre 2006 y 2011 obtuvo contratos de obras y servicios por 36 mil millones de pesos, según una consulta en portales oficiales realizada por el reportero de Proceso Arturo Rodríguez.
Los 36 mil millones de pesos son el mismo presupuesto que ejerció la UNAM este año.
A otra de las empresas del grupo de Hinojosa Cantú, Constructora Teya, le fue asignada, en julio, la obra de ampliación del hangar presidencial, por un monto de mil millones de pesos para alojar –por apenas tres años– el nuevo avión de Peña que costará 7 mil 500 millones de pesos.
Y hay que recordarlo: Teya Construcciones forma parte del consorcio que obtuvo la asignación (fue el único participante) para construir y operar el tren rápido México-Querétaro por un monto de 50 mil 820 millones de pesos, pero que, por decisión de Peña, fue cancelada intempestivamente la noche del jueves 6, en vísperas de que se reveló la mansión presidencial.
En ese consorcio, encabezado por la empresa China Railway Construction, China South Rolling Stock Corporation, participó también el Grupo GIA+A, propiedad de Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas, padrino político de Peña Nieto.
Si la del tren había sido una licitación impecable, ¿por qué Peña tomó la decisión de cancelarla, si además nos costará a los mexicanos una indemnización millonaria? Y si es impecable también la casita de Las Lomas, ¿por qué no hacen público el costo y las condiciones de compra de la señora Rivera a la empresa de Hinojosa Cantú?
Por eso, en este episodio, es tan importante el vendedor como el monto y las condiciones de la operación, como la tasa de interés, el monto de cada pagaré mensual que paga la señora Rivera, sobre todo si, por lo menos desde diciembre de 2012, no tiene ingresos por ostentar un cargo honorario.
Los ciudadanos tenemos derecho a saber si la mansión de 86 millones de pesos es una “donación” a la pareja presidencial por parte del empresario favorito de Peña.
El tema da para más porque la turbiedad es el sello de la casa…
Apuntes
Llama la atención que en la página de los espacios noticiosos de MVS, su página de Internet y su cuenta de Twitter no haya una sola referencia al trabajo del equipo de Aristegui. Ojalá que el gobierno de Peña no tenga la misma tentación de Felipe Calderón, que ordenó a los Vargas, dueños de MVS, el despido de Aristegui y que debió reinstalar tras una vigorosa movilización ciudadana. La empresa es de los Vargas, pero el espectro radioeléctrico es de los mexicanos y Peña sólo está de paso…
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO (ANÁLISIS)
Otra vez, un ombudsman de los partidos
Aunque la convocatoria para la designación del nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contemplaba la participación de la sociedad civil en el proceso, poco a poco los senadores fueron acotando ésta y terminaron por bloquear la consulta pública estipulada en la reforma constitucional de 2011 en la materia, así como los actuales estándares internacionales. Ahora, en medio de un clima político enrarecido y una evidente crisis de seguridad en el país, el próximo ombudsman nacional parece condenado a tener escasa legitimidad y quizá compromisos partidistas.
MÉXICO, D.F: En el contexto de la actual crisis de seguridad, el Senado de la República optó por no recurrir a una consulta ciudadana informada y efectiva para designar al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para un periodo de cinco años, en apego a los parámetros internacionales.
En forma contraria a la reforma constitucional de 2011, que considera la consulta como un mecanismo primordial, las comisiones de Derechos Humanos y Justicia del Senado, que presiden la perredista Angélica de la Peña Gómez y el panista Roberto Gil Zuarth, tienen programado designar esta semana la terna de candidatos que será sometida a votación en el pleno.
De esta forma, se planea que antes del 15 de noviembre rinda protesta un nuevo ombudsman nacional o bien inicie su nuevo periodo Raúl Plascencia Villanueva.
El proceso de relevo arrancó el 16 de octubre con la publicación de la convocatoria. En ésta se consideró que la sociedad civil podría proponer candidatos, así como designar a 13 representantes que participaran en una audiencia pública con senadores y acudieran a la pasarela oficial.
No obstante, se dejó a discreción de los senadores de las comisiones de Derechos Humanos y Justicia la selección de la terna que será sometida al pleno para elegir al ombudsman, quien debe contar con un mínimo de dos tercios de los votos.
El 28 y 30 de octubre comparecieron 21 candidatos, seleccionados entre los 40 inscritos inicialmente, y a partir del 4 de noviembre algunos aspirantes se reunieron en privado con los grupos parlamentarios del PRI, el PAN y el PRD, lo que no contemplaba la convocatoria.
Quienes se acercaron de esa forma a las tres bancadas fueron Mauricio Farah, secretario general de la Cámara de Diputados y amigo de Manilo Fabio Beltrones, así como quinto visitador de la CNDH en tiempos de José Luis Soberanes, y Patricia Olamendi, subsecretaria de Relaciones Exteriores en el gobierno de Vicente Fox.
Lo mismo hicieron Carlos Pérez Vázquez, coordinador de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y coordinador de asesores del presidente del máximo tribunal, Juan Silva Meza, y Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM y exfiscal especial para el caso Colosio.
El PRD recibió además a Lucero Ivone Benítez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CHDM), entidad gobernada por el perredista Graco Ramírez, y los senadores priistas atendieron a su correligionaria Miriam Cárdenas, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados con licencia.
A su vez, el PAN se reunió con Raúl Plascencia, el actual presidente de la CNDH; Miguel Nava Alvarado, oóbudsman de Querétaro; Sara Irene Herrerías, extitular de la Procuraduría de Atención a Víctimas (Províctima); Ricardo Bucio, presidente de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y Luis Armando González Placencia, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
En la audiencia privada del miércoles 5, los panistas escucharon además los diagnósticos que hicieron sobre la CNDH Ana Laura Magaloni, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y el director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Rafael Estrada Michel.
Desdén a ciudadanos
En septiembre pasado, organizaciones civiles buscaron a los senadores de ambas comisiones para recordarles que, a diferencia del proceso de selección de 2009, que colocó a Plascencia Villanueva a la cabeza de la CNDH, esta vez debían apegarse a la reforma del artículo 102 constitucional.
Éste indica que la integración de los organismos públicos de derechos humanos debe hacerse tras una amplia consulta pública, informada y accesible que debe tomarse en cuenta para la definición final, como lo estipulan los Principios de París, reconocidos por México.
Organizaciones como Artículo 19, Fundar Centro de Análisis e Investigación, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Amnistía Internacional (AI), el Grupo de Información de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) enviaron cartas a los senadores, señala Édgar Cortez Morales, investigador de este último.
Recuerda que en comunicaciones entregadas a los legisladores y en reuniones privadas, los activistas hicieron propuestas para realizar una consulta pública accesible a todos los interesados “aprovechando las tecnologías”. Para facilitar el procedimiento, Artículo 19 y Fundar adoptaron el modelo seguido por el Senado para la integración del nuevo Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
Cortez Morales, quien también es parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas por la sociedad civil, resalta que el interés de las organizaciones en abrir una consulta para definir la convocatoria, fijar criterios de candidaturas y seguir el desarrollo del proceso, fue malinterpretado por algunos senadores: “Llegaron a decirnos que queríamos suplantarlos en sus funciones”.
El entrevistado fue uno de los 13 miembros de la sociedad civil que acudieron a una audiencia de los aspirantes a ómbudsman con los senadores el 27 de octubre. Admite que “fue una selección plural, pero otra vez quedó a discreción de los senadores, que fijaron como regla elegir a dos personas por fracción. No se consideró la opinión de activistas de otras entidades del país, por lo que fuimos a una audiencia en la que no hubo ninguna reacción o pregunta, lo que nos coloca en una situación de duda sobre si lo que se dijo ahí sirvió de algo, fue considerado de interés o va a ser considerado”.
Cortez Morales sostiene que los legisladores “no pueden ni podrán decir que nadie les dijo, que nadie les propuso, que nadie les planteó: les acercamos, les dijimos, les propusimos alternativas, pero finalmente ellos tomaron la decisión de un proceso que, en el origen, parecía que podía ser de amplia consulta y luego se ha ido estrechando. Ahora resulta que están las audiencias privadas, como un embudo que favorece a los partidos políticos y no a la sociedad”.
–¿El proceso de selección le restará legitimidad a quien llegue a la presidencia de la CNDH? –se le plantea.
–Por supuesto. Y aunque la convocatoria aludía a los Principios de París y la participación de la sociedad civil aporta legitimidad, los senadores no lo creen. Esto puede afectar sin duda al proceso de legitimidad, que hoy es muy urgente para la CNDH luego de los cuestionamientos a Raúl Plascencia. No estoy seguro de que después de este proceso, el siguiente presidente salga con una buena base de legitimidad.
–¿Ni siquiera si llega alguien con el mejor perfil para el cargo?
–El tema sigue siendo que no nos han dado la certeza de qué criterios van a usar para definir “el mejor perfil”. La decisión prácticamente puede apuntar hacia cualquier lado.
Para Cortez Morales, la decisión que tomaron los senadores de bloquear la consulta abierta a la sociedad tiene raíz en “una herencia priista ahora compartida por todos los partidos: la visión patrimonialista de las instituciones, lo cual es paradójico: en un órgano de Estado como la CNDH la sociedad debería tener un lugar”.
Agrega: “Hace cinco años eran otros los senadores que eligieron a Plascencia. ¿A quién le vamos a reclamar por la mala decisión que tomaron entonces? Estos que están ahora van a tomar una decisión, y si dentro de cinco años las cosas siguen igual o peor en la CNDH, ¿cómo los llamamos a cuentas?”.
Lucha jurídica
La preocupación por la falta de participación ciudadana en el proceso de selección de ómbudsman llevó a la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) y el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, así como a académicos y activistas, a interponer, el 5 de noviembre, cinco amparos contra el proceso de selección ante el Poder Judicial de la Federación.
Cuatro de estos recursos legales son supervisados por el abogado Luis Alberto Muñoz, académico del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, quien también participó en la elaboración de seis amparos contra el proceso de selección de la titular de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo. Uno de esos amparos sigue vigente y Muñoz ha solicitado a la SCJN que ejerza sobre él su facultad de atracción.
Muñoz López indica en entrevista que, ante las graves violaciones al derecho a la consulta, los quejosos solicitan en principio la suspensión del proceso de selección del presidente de la CNDH.
“El lunes 10 podríamos esperar respuesta, y si alguna de las demandas de amparo interpuestas en juzgados de distrito en materia administrativa es admitida, el juez podría declarar la suspensión provisional y enviar una comisión al Senado para suspender el proceso de selección. Sin embargo, el juzgador también podría admitir la demanda y considerar que no hay elementos para suspender provisionalmente el proceso, y después en el estudio de fondo podría declarar la suspensión definitiva”, explica.
En las demandas de amparo firmadas por la presidenta de la ODI, Margarita Griesbach; los académicos Manuel Gil Antón, de El Colegio de México, y Luis Zambrano, del Instituto de Biología de la UNAM, así como la activista Mónica Tapia, se argumenta que los senadores de las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia en particular, y el Senado en lo general, han “violado al derecho de participación y consulta, por la omisión de consultar bajo los estándares internacionales a esta parte quejosa y la sociedad civil en el proceso de elección de la persona titular de la CNDH”.
En el documento de las demandas se dice que las autoridades señaladas “no cumplieron el carácter previo, en tanto no realizaron una preconsulta para el establecimiento de la ruta crítica de toda la consulta e incluso emitieron una convocatoria de manera unilateral”.
Además, “las autoridades no realizaron una consulta informada, puesto que no han difundido de manera precisa, accesible y veraz todo lo relacionado con el proceso” ni realizaron “una consulta aceptable, en tanto no fijaron un estándar de valoración para la opinión de la sociedad civil antes de emitir la convocatoria mencionada”.
Los senadores, acusan los demandantes, “no realizaron una consulta libre y de buena fe, ya que no brindaron toda la información disponible, relegaron a esta parte quejosa del proceso, y pretenden llevar a cabo una elección exprés de la persona titular de la CNDH”.
Los quejosos consideran que la convocatoria del 16 de octubre, emitida por las comisiones que presiden la perredista Angélica de la Peña y el panista Roberto Gil, viola los artículos 1, 4, 16, 17 y 102 apartado B de la Constitución, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus numerales 1 y 23, y el 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Y si bien reconocen que “la decisión final recae de manera indubitable en las y los senadores, los estándares internacionales exigen que la misma se adopte valorando de manera fundada y motivada el resultado de la consulta con la sociedad civil. Un proceso civil plural, incluyente que garantice de manera efectiva la consulta y participación –en armonía con los Principios de París de las Naciones Unidas– asegura la imparcialidad, eficiencia y legitimación en las funciones de la propia CNDH”.
El documento detalla las irregularidades detectadas en el proceso, cita jurisprudencia nacional e internacional, expone cada paso que debieron seguir los senadores de acuerdo con los estándares internacionales y las reformas constitucionales de 2011.
Por lo tanto, las organizaciones mencionadas solicitan la suspensión “de los procesos y términos comprendidos en la convocatoria de la elección de la o el presidente de la CNDH (…) hasta que no se garantice su legalidad y su estricto apego a los estándares internacionales”; que se “detengan los actos derivados de la omisión” en la que incurrieron los legisladores, así como “cualquier acto que derive como consecuencia legal y futura del acto reclamado ya actualizado. Suspensión que debe perdurar hasta en tanto no se emita resolución sobre la suspensión definitiva”.
Para el abogado Muñoz López, el proceso de relevo en la CNDH es “un acto de simulación, porque se convoca a organizaciones, personas, entidades de la sociedad civil para que propongan o apoyen a candidatas o candidatos. Pero esa supuesta consulta es ilusoria porque no cumple con los estándares internacionales”.
En consecuencia, comenta, el siguiente ómbudsman nacional contará “con una legitimidad muy mermada, porque no sabremos bajo qué criterios llegó al cargo”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
Solalinde llama a la Iglesia católica a “ponerse las pilas” por Ayotzinapa
MÉXICO, DF: El padre Alejandro Solalinde hizo un llamado a la Iglesia católica a dar una respuesta de emergencia ante la situación de gravedad que atraviesa el país luego del caso Ayotzinapa.
Durante la conferencia “Justicia y verdad. Caso Ayotzinapa”, que se realizó hoy en la Universidad de Guadalajara, Solalinde Guerra preguntó: “¿Cómo explicar la presencia de una Iglesia con 80, 85 millones de católicos, con las diócesis, con parroquias y personal que puede llegar a los últimos rincones del país, sin que durante los años anteriores haya hecho lo suficiente o no haya hecho para el México que tenemos?”.
También sostuvo que la 98 Asamblea del Episcopado, que se realiza del 10 al 14 de este mes en Lago de Guadalupe, Estado de México, es una oportunidad para que los religiosos “se pongan las pilas” y palpen el momento grave que vive México, se acerquen a la gente y hagan que en la última parroquia y en cada estado surjan propuestas y exigencias para el gobierno, que no ha podido hacer un mejor país.
“Miren la porquería de país que tenemos. La Iglesia católica ha sido también compañera de cúpula y compañera de agenda popular del gobierno simulador. Le han dado su lugar como si de veras fuera un gobierno responsable”, fustigó el fundador en Oaxaca del albergue Migrantes en el Camino.
Y pese a que la Iglesia “es buena”, acotó, no la han formado para estar en las calles, por lo que hay que exigirle que participe en la solución de los problemas.
Los normalistas, destacó, se han convertido en una “piedrita en el zapato” para el sistema, porque lo cuestionan, para resaltar que el Estado atacó y se llevó a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre.
Además, alertó que al Estado no le interesa la tragedia, sino sacar provecho electoral de ella, pues se trata de un “control de daños” políticos y partidistas.
“Guerrero, en los objetivos del PRI, tiene que volver a él. Eso es claro. Ese es el objetivo que se han planteado ellos. Por eso buscan criminalizar a los otros y mostrar que ellos son mejores”, advirtió.
Por último, Solalinde recomendó a los jóvenes presentes en la charla a organizar una resistencia en red, civil y pacífica que se cuide de ser infiltrada y comprada por el gobierno, o “doblada” por la represión.
AUTOR: REDACCIÓN.
Actúa CNDH con ‘máxima oportunidad’
En reacción a declaraciones del rector del Tec, el secretario técnico de la CNDH asegura que han trabajado de forma ‘diligente’ en la crisis de Iguala.
A pesar de las críticas que la tachan de “ociosa”, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) trabaja de modo “permanente” y “diligente” en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Al menos así lo considera el secretario técnico de esta dependencia, Óscar Elizundia Treviño, quien el 3 de noviembre envió una carta al rector del Tecnológico de Monterrey, David Noel Ramírez Padilla, para defender el actuar de la CNDH.
Elizundia Treviño envió la misiva luego de que Ramírez Padilla retiró el respaldo institucional a la reelección del presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, por considerar que había hecho un trabajo cuestionable en la crisis de Ayotzinapa.
“A la fecha y hasta en tanto no se aclare a cabalidad cada una de las incertidumbres del caso, la CNDH continúa cotidianamente con su investigación de violaciones graves a derechos humanos in situ, de manera seria y responsable, para conocer sobre lo ocurrido en el municipio de Iguala, así como la desaparición de los 43 estudiantes.
“El personal de la CNDH permanecerá atento a la búsqueda que realicen las instituciones, dará seguimiento puntual a las indagatorias y en su oportunidad emitirá la determinación que conforme a sus atribuciones constitucionales”, reza la carta de Elizundia Treviño, de la que Reporte Indigo tiene copia.
En el escrito, la CNDH afirma que horas después de que ocurrió la desaparición de los estudiantes, el 27 de septiembre, integró un grupo de 30 especialistas, quienes han realizado más de 800 diligencias en Iguala, entre investigaciones y atención a víctimas.
Además, asegura que la dependencia solicitó en cuatro ocasiones adoptar “medidas cautelares” para evitar más violaciones a los derechos humanos.
“Se trata de la tercera ocasión en que la CNDH ejerce la facultad de atracción para la investigación de violaciones graves a los derechos humanos –por segunda vez en el estado de Guerrero-“, añade la carta.
Elizundia Treviño rechaza en el texto que haya complicidad con los funcionarios oficiales.
“Para la CNDH”, establece, “es muy importante que, tanto la Procuraduría General de la República, como la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero, atiendan adecuadamente a las víctimas.
“Por ello es fundamental que en el momento en que tengan información al respecto, lo comuniquen inmediatamente a sus familiares, así como de los avances de la investigaciones iniciadas, garantizándoles en todo momento un trato digno”.
La controversia con la CNDH comenzó hace dos semanas, cuando activistas filtraron imágenes con cartas del Tecnológico de Monterrey, la Universidad Panamericana y la Escuela Libre de Derecho que respaldan la reelección del actual ombudsman.
Reporte Indigo publicó que, en reacción, cerca de 30 estudiantes del Tec mandaron una carta abierta al medio estudiantil Nueva Prensa, donde cuestionaron a su rector por defender a Plascencia, quien afronta críticas de organismos civiles que lo tachan de “encubridor”.
Tras los cuestionamientos de sus alumnos, Ramírez Padilla anunció que retiraban el apoyo a la ratificación del titular de la CNDH porque “jamás avalarían a alguien que no tiene la capacidad de defender los derechos humanos”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PEDRO PABLO CORTÉS
A pesar de las críticas que la tachan de “ociosa”, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) trabaja de modo “permanente” y “diligente” en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Al menos así lo considera el secretario técnico de esta dependencia, Óscar Elizundia Treviño, quien el 3 de noviembre envió una carta al rector del Tecnológico de Monterrey, David Noel Ramírez Padilla, para defender el actuar de la CNDH.
Elizundia Treviño envió la misiva luego de que Ramírez Padilla retiró el respaldo institucional a la reelección del presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, por considerar que había hecho un trabajo cuestionable en la crisis de Ayotzinapa.
“A la fecha y hasta en tanto no se aclare a cabalidad cada una de las incertidumbres del caso, la CNDH continúa cotidianamente con su investigación de violaciones graves a derechos humanos in situ, de manera seria y responsable, para conocer sobre lo ocurrido en el municipio de Iguala, así como la desaparición de los 43 estudiantes.
“El personal de la CNDH permanecerá atento a la búsqueda que realicen las instituciones, dará seguimiento puntual a las indagatorias y en su oportunidad emitirá la determinación que conforme a sus atribuciones constitucionales”, reza la carta de Elizundia Treviño, de la que Reporte Indigo tiene copia.
En el escrito, la CNDH afirma que horas después de que ocurrió la desaparición de los estudiantes, el 27 de septiembre, integró un grupo de 30 especialistas, quienes han realizado más de 800 diligencias en Iguala, entre investigaciones y atención a víctimas.
Además, asegura que la dependencia solicitó en cuatro ocasiones adoptar “medidas cautelares” para evitar más violaciones a los derechos humanos.
“Se trata de la tercera ocasión en que la CNDH ejerce la facultad de atracción para la investigación de violaciones graves a los derechos humanos –por segunda vez en el estado de Guerrero-“, añade la carta.
Elizundia Treviño rechaza en el texto que haya complicidad con los funcionarios oficiales.
“Para la CNDH”, establece, “es muy importante que, tanto la Procuraduría General de la República, como la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero, atiendan adecuadamente a las víctimas.
“Por ello es fundamental que en el momento en que tengan información al respecto, lo comuniquen inmediatamente a sus familiares, así como de los avances de la investigaciones iniciadas, garantizándoles en todo momento un trato digno”.
La controversia con la CNDH comenzó hace dos semanas, cuando activistas filtraron imágenes con cartas del Tecnológico de Monterrey, la Universidad Panamericana y la Escuela Libre de Derecho que respaldan la reelección del actual ombudsman.
Reporte Indigo publicó que, en reacción, cerca de 30 estudiantes del Tec mandaron una carta abierta al medio estudiantil Nueva Prensa, donde cuestionaron a su rector por defender a Plascencia, quien afronta críticas de organismos civiles que lo tachan de “encubridor”.
Tras los cuestionamientos de sus alumnos, Ramírez Padilla anunció que retiraban el apoyo a la ratificación del titular de la CNDH porque “jamás avalarían a alguien que no tiene la capacidad de defender los derechos humanos”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PEDRO PABLO CORTÉS
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