Lo anterior se hizo evidente en la respuesta que el pasado 10 de noviembre dio José Zamora Grant, director general de la Sexta Visitaduría General del organismo –especializada en violaciones graves a los derechos humanos– a Elia Tamayo Montes, madre de José Luis Alberto Tehuatlié Tamayo, el niño de 13 años que perdió la vida a consecuencia de un proyectil que le impactó la cabeza, lanzado por la Policía Estatal, según ha concluído la propia CNDH.
El oficio CNDH/6VG/DGVG DH/012/2014 está dirigido también a otras víctimas: Félix Xelhua Montes, Santiago Pérez Tamayo, Antonio Víctor Montes Contreras, Gilberto Varela Tecalero y Sergio Clemente Jiménez Tecalero, quienes desde el 31 de octubre solicitaroin información sobre el cumplimiento de la administración morenovallista, respecto de la recomendación 2VG/ 2014 –que contenía 11 exhortos–, derivada de la investigación de las violaciones graves a los derechos humanos, por el desalojo violento de la autopista Puebla–Atlixco.
En el oficio establece que:
“Respecto del punto sexto recomendatorio, que exhorta a llevar a cabo una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares y a establecer medidas y garantías para la no repetición de actos como los que dieron origen a esta recomendación, el jefe de la Oficina del C. gobernador, informó a esta Comisión Nacional que el día 17 de octubre a las 19 horas, se realizó el ‘evento de cumplimiento relativo a la recomendación 2VG/2014’, en el cual se ofreció una disculpa institucional y se expusieron las medidas que se tomaron para evitar la repetición de eventos como el que dio lugar a la recomendación.
“En el evento participaron el consejero Jurídico del gobernador y encargado de despacho de la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría General de Gobierno, el Subsecretario de Inteligencia e Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública, y el Fiscal General Metropolitano de la Procuraduría General de Justicia, y al que estuvieron invitados las víctimas y sus familiares, así como los medios de comunicación.
“Como constancia de este cumplimiento se adjuntaron copias de: i) las constancias levantadas por funcionarios adscritos a la Fiscalía General Jurídica de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con motivo de la entrega de las invitaciones a las víctimas para acudir a dicho evento con sus familiares; ii) el texto íntegro de la disculpa, iii) fotografías del evento; iv) video del evento; y) las publicaciones relacionadas con el mismo y que aparecieron en la edición del día dieciocho de octubre en los periódicos: El Sol de Puebla y Síntesis, y vi) Acta Notarial de Comprobación de Hechos, levantada por el notario auxiliar de la Notaría Pública Veintidós, de la ciudad de Puebla”.
Lo cierto es que la invitación al acto de desagravio fue precipitada, y además ninguna de las víctimas acudió.
En efecto, el viernes 17 de octubre, al filo de las 4 de la tarde, personal de la Secretaría General de Gobierno estatal se presentó en la presidencia de Chalchihuapan para entregar oficios a las personas consideradas víctimas, de acuerdo con la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sobre los hechos ocurridos en ese lugar el 9 de julio.
En una de las misivas entregadas se invitó a Elia Tamayo Montes, madre del menor asesinado, a acudir a un acto público el mismo día a las 19 horas, es decir tres horas después, en el Centro de Convenciones de Puebla. El motivo: dar cumplimiento a la recomendación del organismo federal número 2VG/2014.
Al “acto público” donde el gobierno de Rafael Moreno Valle daría disculpas a Elia y a los pobladores de la comunidad, por la brutal embestida policiaca ocurrida tres meses atrás, no se convocó a los medios de comunicación.
Las disculpas públicas del gobierno estatal a la comunidad se ofrecerían en el Salón Oriental 1 del Centro de Convenciones, pero el pueblo acordó desairar a Moreno Valle. Nadie acudió a la cita, según consignó la reportera Yadira Llaven, en una nota publicada en esta casa editorial el lunes 20 de octubre pasado.
En la invitación, firmada por el encargado de despacho de la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría General de Gobierno del estado, José Montiel Rodríguez, también se anexó el oficio de la Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJ), donde se informó que habrá un pago económico “por las violaciones graves a los derechos humanos” a los pobladores de Chalchihuapan.
El documento –en poder de esta casa editorial– notificó de la creación de un fideicomiso público revocable de administración e inversión para reparar el daño, al que denominaron “Fondo para el Cumplimiento de la Recomendación 2VG/2014. Emitida por la CNDH”.
En uno de los párrafos se precisó que a partir del 24 de octubre los agraviados podrán acudir a las oficinas de la Dirección de Víctimas del Delito en Puebla para realizar el trámite correspondiente.
No ha pedido perdón
El 20 de octubre pasado, con el rictus conteniendo el llanto, Elia Tamayo Montes, la madre que perdió a su hijo de 13 años, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo por la represión de la Policía Estatal del 9 de julio, exigió que el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas se presente en San Bernardino Chalchihuapan a pedir la disculpa que le recomendó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y anunció que lo demandará por el asesinato de su hijo.
“¡Es por el señor gobernador, él no merece estar en el cargo!, ¡él merece estar en la cárcel por todo lo que está haciendo, y no las personas que son inocentes (que) están encarceladas, mientras que él, que mató a mi hijo, dice que me va a reparar los daños!”, reprochó, flanqueada por otras mujeres de esa junta auxiliar de Ocoyucan: esposas, hijas, madres, hermanas de los cinco hombres detenidos con brutalidad la madrugada del 18 de octubre.
Las mujeres ofrecieron una rueda de medios en la explanada principal de San Bernardino, frente a la presidencia subalterna. Su propósito fue dar a conocer detalladamente los abusos, violaciones y delitos cometidos el sábado por la fuerza pública durante las detenciones.
A Elia Tamayo, progenitora de la principal víctima de San Bernardino, y quien por esa desgracia ha pasado a ser una suerte de símbolo de la dignidad y la entereza de su pueblo, se le preguntó entonces por qué no asistió el viernes 17 de octubre al acto oficial de desagravio al que fue convocada con otros perjudicados del 9 de julio, por el gobierno de Moreno Valle:
“¡Con todo lo que me dé no va a parar a mi hijo: él (el gobernador) arruinó mi vida, arruinó a mi familia, nos quitó un hijo! Él piensa que con lo que me va a dar va a recuperar a mi hijo: ¡jamás!”, contestó.
Y abundó: “¡Dejó destruido mi corazón!. Yo pido justicia. Él (el mandatario) merece estar en la cárcel, y no personas inocentes”.
FUENTE: LA JORNADA DE ORIENTE/Los periodistas.
AUTOR: Martín Hernández Alcántara.
LINK: http://www.losperiodistas.com.mx/noticia/4088/minti%C3%B3-rmv-a-la-cndh-afirmando-que-pidi%C3%B3-disculpas-a-chalchihuapan.
