Las afiliaciones masivas del PAN contrastan con la crisis que se vive al interior del partido debido a sus escándalos de corrupción. En menos de un año el padrón de militantes panistas en el país se ha duplicado.
El Partido Acción Nacional (PAN) vive una de sus peores épocas a nivel nacional, pero su padrón de militantes registra un sospechoso boom gracias a las afiliaciones masivas de militantes promovidas por los grupos panistas de cara al 2015.
La decadencia que enfrenta el panismo en la sociedad por sus escándalos de corrupción contrasta con una inédita “efervescencia” que se vive dentro de las filas de este partido político.
En la elección presidencial del 2012, el PAN quedó reducido a la tercera fuerza electoral en México, después de ocupar por 12 años la Presidencia de México.
Sin embargo, hoy el padrón de militantes panistas se ha duplicado en menos de un año.
A mediados del 2014 el padrón albiazul, publicado en la página de Internet del Registro Nacional de Miembros, ascendía a 220 mil simpatizantes activos.
Pero este número se duplicó en menos de un año para llegar a 473 mil panistas en todo el país.
El Distrito Federal, Sonora y Nuevo León fueron los estados donde el número de panista creció más - desde un 200 hasta un 300 por ciento- entre el año pasado y en lo que va del 2014.
Esto de acuerdo al Registro Nacional de Miembros, que está a cargo de Carmen Segura Rangel, designada por Gustavo Madero, dirigente nacional del PAN con licencia desde hace dos meses.
En el PAN el control y manipulación de los padrones de simpatizantes es clave para la selección de candidatos de elección popular: desde la gubernatura hasta diputaciones locales, federales y alcaldías.
También será determinante para la elección del próximo dirigente nacional, una vez que termine el periodo de Gustavo Madero que hoy cumple de manera interina Ricardo Anaya.
Operación levadura
En el abultamiento del padrón panista se ve la operación que realizaron gobernadores albiazules como Rafael Moreno Valle, en Puebla, y Guillermo Padrés Elías, en Sonora.
Estas entidades -junto con el Distrito Federal y Nuevo León- son las que presentaron en términos porcentuales el mayor incremento en el número de simpatizantes.
El Distrito Federal fue la entidad que presentó el mayor crecimientos de seguidores: un 303 por ciento.
En mayo de este año el PAN capitalino tenía apenas 8 mil 177 militantes.
Hoy, seis meses después, el padrón se disparó hasta llegar a los 32 mil 996 activos que tendrán derecho a voto en las elecciones internas que se llevarán a cabo a principios del próximo año.
El mayor número de afiliaciones se le atribuyen a Jorge Romero, delegado de la Benito Juárez, la única delegación que gobierna Acción Nacional en la Ciudad de México.
Después de la Ciudad de México, Sonora es el estado donde creció más en términos porcentuales el padrón de militantes panistas.
Hace un año el número de albiazules se ubicaba en los 6 mil 822.
Pero hoy el padrón se infló hasta llegar a los 24 mil 705 activos, lo que representa un aumento del 262 por ciento.
En Sonora la afiliación estuvo a cargo de los grupos afines al gobernador Guillermo Padrés Elías buscando controlar el proceso de designación del próximo candidato panista a la gubernatura.
La División del Norte
En Nuevo León, donde el próximo año se disputará elecciones para elegir a gobernador, alcaldes y diputados, el polémico padrón panista creció un 204 por ciento.
En menos de un año pasó de 11 mil 587 militantes, que había hasta el cierre del año pasado, a 35 mil simpatizantes.
El mayor número de afiliaciones fueron llevadas a cabo por el grupo de La División del Norte, que encabeza José Serrano e Iván Garza, panistas afines al exdirigente nacional Gustavo Madero.
Incluso Iván Garza, quien hoy es uno de los aspirantes a la candidatura panista por la Alcaldía de Monterrey, hace tres años estuvo al frente del Registro Nacional de Miembros.
También se sabe que el Grupo San Nicolás, que encabeza el exdelegado de la SCT, Zeferino Salgado, y el exalcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, operaron para aumentar el padrón albiazul en Nuevo León y su influencia en los procesos internos.
También la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, utilizó su cargo para aumentar su fuerza en el padrón panista de la capital de Nuevo León, que será clave en sus aspiraciones por la gubernatura del Estado.
En Nuevo León existe el antecedente de la elección del 2009 en la que el CEN albiazul canceló los procesos internos de selección de candidatos y llevó a cabo designaciones directas porque no existía confianza en el padrón de militantes.
El excandidato a la gubernatura de Nuevo León, el expanista Fernando Elizondo, se refería como la “afiliación perversa” a la operación que realizaron los grupos para hacerse del control de las votaciones.
Un Estado pintado de azul
El Estado de México se convertirá en la entidad con el mayor número de albiazules registrados en México.
De acuerdo al Registro Nacional de Miembros, Edomex tiene en la actualidad 42 mil 384 militantes registrados que tendrán derecho a votar en los próximos procesos internos para elegir candidatos.
El padrón albiazul en el Estado de México –donde el PAN como en el DF es la tercera fuerza electoral- en un año creció un 177 por ciento.
Después del Estado de México, los panistas de Veracruz serán los que tendrán mayor fuerza en la estructura panista.
En el último año el número de panistas creció en este estado un 146 por ciento.
Hace unos meses el padrón albiazul veracruzano llegaba apenas a 16 mil 849 militantes.
Hoy esa cifra alcanza los 41 mil 523 simpatizantes.
El operador detrás de este insólito incremento se llama Miguel Ángel Yunes, excandidato del PAN a la Gubernatura de Veracruz, que controla a través de su hijo la Alcaldía de Boca del Río.
El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, también está operando en el padrón poblano ya su proyecto político para convertirse en el aspirante albiazul a la Presidencia de México en el 2018.
El número de panistas registrados en Puebla pasó de 13 mil 461 militantes que existían hace un año a 35 mil 911 simpatizantes que serán un factor tanto en la elección por la dirigencia nacional el próximo año como por la candidatura presidencial en el 2018.
Los panistas de Puebla, junto con Edomex, Veracruz, Jalisco y Nuevo León, representarán la mitad del padrón nacional del PAN con la actual configuración.
El bastión de Calderón
En Michoacán el padrón albiazul creció un 98 por ciento: pasó de 8 mil 349 a 16 mil 506 militantes activos.
Este incremento supone un riesgo para la senadora Luisa María Calderón, hermana del expresidente Felipe Calderón y aspirante a la candidatura albiazul por la gubernatura de este estado.
“La Cocoa” cree tener asegurada la candidatura albiazul, pero con este abultamiento de la estructura panista en Michoacán la fuerza interna pudo haber cambiado y beneficiado a otro aspirante.
Querétaro es otro de los estados, junto con Baja California, donde se presentó un aumento importante en el padrón albiazul.
En Querétaro la base de simpatizantes se infló un 90 por ciento. De 6 mil 961 pasó, en menos de un año, a 13 mil 224 militantes panistas, que serán los que elegirán al próximo candidato del PAN a la gubernatura.
Este estado es importante para el actual dirigente nacional panista, Ricardo Anaya, quien se perfila como el candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, gobernado por el priista José Calzada.
En la reconfiguración panista de cara al 2015 el estado de Jalisco se consolida como una de las entidades con mayor número de panistas registrados.
Hace un año la militancia en ese estado se ubicó en 20 mil 731 militantes, tras el programa de refrendo que realizó el CEN a nivel nacional.
Hoy –de acuerdo al RNM- en Jalisco existen 37 mil 261 simpatizantes, lo que significó un 80 por ciento de aumento.
En Jalisco el control de la militancia es repartido entre varios grupos entre ellos el que encabeza el diputado federal Isaías Cortés Berumen y su hermano el legislador local, Hernán Cortés, expresidente del PAN en ese estado.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
MÉXICO, D.F: El 7 de julio de 2015 habrá elecciones en 16 estados. En nueve de ellos se elegirá gobernador, diputados locales y presidentes municipales, y los dos últimos puestos en las otras siete entidades, además de que a nivel federal se renovará la Cámara de Diputados.
Pero visto desde las circunstancias actuales, el proceso electoral tendrá serios problemas por la crisis de gobernabilidad que hoy padecemos.
Desde ahora se ha comenzado a detectar que la frágil democracia mexicana está en riesgo por la ausencia de justicia, los altos niveles de violencia y los indicios de una clara fusión de políticos y miembros del crimen organizado, ávidos de instalarse en las posiciones de gobierno.
Los escandalosos casos de simbiosis entre narcotraficantes y políticos –como ocurrió en Guerrero con el presidente de Iguala, José Luis Abarca, y el gobernador Ángel Aguirre Rivero, quienes protegían al grupo Guerrero Unidos, o en Michoacán con los exgobernadores Fausto Vallejo y Jesús Reyna, que recibieron dinero de los Caballeros Templarios– son los ejemplos más claros y recientes del poder del narcotráfico en las elecciones.
La incipiente democracia mexicana también está en peligro porque las instituciones que la soportan no responden a los intereses ciudadanos, sino a grupos políticos, a emporios económicos –como las grandes empresas de medios– y al propio gobierno federal emanado del PRI, que pretende perpetuarse en el poder a como dé lugar.
Con el fracaso de la transición a la democracia con los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón devino un proceso de debilitamiento en todas las estructuras e instituciones de gobierno, judiciales y legislativas, y con ello la oportunidad para que el crimen organizado se posicionara erigiéndose en cogobierno o en narco- Estado en algunas regiones del país, donde los grupos criminales son los que controlan el territorio y establecen su ley de terror y violencia.
No hay nada que garantice que las próximas elecciones estén blindadas del poder del crimen organizado, cuando recientemente hemos visto a gobernadores, presidentes municipales, senadores y diputados locales y federales involucrados con algunas bandas criminales.
La falta de justicia, esto es, el reino de la impunidad, permite que los criminales y sus socios políticos establezcan nuevos pactos o alianzas en algunas de las entidades donde habrá elecciones, como Sonora, Michoacán, Guerrero, Morelos y el Estado de México, donde hoy se ven con mayor poder.
En su ambición por alcanzar más espacios, los partidos políticos no han establecido los filtros y diques necesarios para impedir que lleguen miembros de grupos del crimen organizado interesados en cotos de poder como no los tenían antes en el gobierno.
La corrupción entre la clase política es el terreno más fértil para que el narco-Estado expanda sus redes y tentáculos por otras regiones del país que son propicias para el negocio del tráfico de drogas o las nuevas vertientes económicas del crimen organizado: extorsión, secuestro, cobro de impuestos y control del mercado informal.
Pero también lo es la impunidad. El caso de Ayotzinapa, Guerrero, donde ha habido una clara muestra de abuso de autoridad, impunidad y colusión entre crimen organizado y grupos políticos, ha prendido la mecha de una llamarada que ya alcanzó las puertas del Palacio Nacional y las sedes del gobierno y del Congreso local.
Esta rabia contenida también se ha reflejado en las agresiones a los perredistas Cuauhtémoc Cárdenas, Alejandro Encinas y Jesús Zambrano, que bien podrían replicarse hacia miembros de otros partidos políticos, pues la gente, el ciudadano de a pie, ha comenzado a manifestar su hartazgo en agresiones. La ministra Olga Sánchez Cordero fue interpelada en un foro en Veracruz bajo el grito de “asquerosa ladrona”, por un joven que le reclamó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de impedir la consulta a la reforma energética.
La inconformidad social traducida en violencia crece conforme salen más escándalos, como la casa de 7 millones de dólares que construye la esposa de Enrique Peña Nieto con sus “ahorros” como actriz, según argumentó el vocero del gobierno federal. Y no se descarta que llegue hasta las elecciones del año que viene, pues lo más probable es que sigan saliendo nuevos escándalos de corrupción, impunidad, injusticia y colusión de narcos y políticos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS (ANÁLISIS)
MÉXICO, D.F: En medio del escándalo provocado por la difusión de mansión presidencial valuada en siete millones de dólares, el Instituto Federal de Telecomunicaciones le negó el cambio de concesión del canal 51 a Grupo MVS, de la familia Vargas, para dar servicios de televisión abierta bajo la nueva figura de “concesión única”, aprobada en la reforma de telecomunicaciones.
“La condición del título 6 de concesión de origen estableció que la banda de frecuencia materia de la concesión se destinaría exclusivamente a la prestación del servicio de televisión restringida”, explicó el pleno del IFT en su resolución adoptada el pasado 7 de noviembre.
De acuerdo con la información proporcionada por el IFT, MVS pretendía usar una de las consideraciones de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que les permite a los concesionarios cambiar hacia la figura jurídica de “concesión única” para dar servicio tanto de televisión como de internet y telefonía.
El IFT señaló que la concesión a favor del canal 51 negó de origen que se pudiera usar para otros fines que no fueran la transmisión de señales restringidas, ni le otorgaba oportunidad para usar la multiplexación, es decir, emplear ese servicio para varias señales de televisión abierta.
En un breve comunicado, Grupo MVS afirmó que “promoverá los medios de defensa a su alcance, a fin de preservar sus legítimas aspiraciones de promover una mayor competencia, dar al espectro radioeléctrico un uso óptimo y eficiente, y garantizar la plena convergencia en radiodifusión y telecomunicaciones”.
“Estos principios son los pilares de la reforma constitucional de junio de 2013”, sentenció MVS en su comunicado.
El canal 51 ocupa uno de los espacios de la banda 700MHhz, la cual debe quedar despejada en diciembre de 2015 para que el Estado la utilice como un nuevo operador mayorista para ofrecer internet de banda ancha y telefonía móvil, un proyecto valuado en más de 10 mil millones de dólares.
Desde el pasado 30 de octubre, Joaquín Vargas, presidente de Grupo MVS, se reunió con algunos comisionados del IFT para solicitar la modificación de su título de concesión que sólo le permite dar servicios de televisión satelital de paga –Dish- y radio, desde donde se transmite el programa informativo conducido por Carmen Aristegui.
La solicitud de Grupo MVS se analizó en la presidencia de la República, pero también en Grupo Televisa, adversario de la compañía de Joaquín Vargas desde que decidió competir con el sistema Sky, de televisión restringida por vía satelital, a través de Grupo Dish.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
El priista Javier Duarte, uno de los gobernadores más criticados del país, está por entregar su cuarto informe de gobierno. Él insiste en que, en Veracruz, la única delincuencia que hay es el robo de “frutsis” y “pingüinos”, y que la nueva policía estatal será un buen “legado” para la entidad. Pero la realidad lo refuta: sólo en lo que va de 2014 se han encontrado 47 cadáveres en fosas. Además, la situación financiera empeora: en dos años, la deuda estatal pasó de 30 mil millones de pesos a 39 mil millones. Y se aproxima su prueba de fuego: los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
XALAPA, VER: Javier Duarte de Ochoa llegó a la recta final de su gobierno, y con 48 meses de administración y 24 por transcurrir, el priista entrega saldos negativos en seguridad y justicia, además de una deuda pública que sigue creciendo: pasó de 30 mil millones de pesos a 39 mil millones en dos años, según reveló Mauricio Audirac, exdirector del Órgano de Fiscalización y hoy tesorero del mandatario.
En contraparte, Duarte emprendió una política exterior que privilegia las apariencias. Algunos ejemplos son la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 (JCC) y la 24 Cumbre Iberoamericana, que reunirá a jefes de Estado de todo el Continente Americano y España, y se realizará en diciembre próximo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
En lo que va del año 47 cuerpos han sido hallados en la entidad en cinco distintas narcofosas. Aunado a ello, se siguieron reportando secuestros y extorsiones, sobre todo en la zona centro (Córdoba, Orizaba, Fortín) y en el sur (Coatzacoalcos, Minatitlán, Las Choapas).
El único rubro en el que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia (PGJE) habían entregado buenas cuentas era en relación con la Alerta Amber: más de una decena de niños y jóvenes que habían desaparecido regresaron a sus hogares gracias a este mecanismo de búsqueda rápida.
Sin embargo, dicho logro se opacó el pasado 5 de septiembre, cuando la fiscalía dio a conocer el hallazgo de los cadáveres de Karime Cruz Reyes y de su tía Mónica Reyes Baruch en una fosa de la colonia Luis Echeverría (Coatzacoalcos). La Alerta Amber para la niña Karime, de cinco años, se activó 45 días después de su secuestro, lo que desató la rabia de familias del sur de la entidad y la burla en redes sociales hacia los cuerpos de seguridad y procuración de justicia.
En ese contexto, Duarte de Ochoa acudirá el sábado 15 al Congreso local a dejar su cuarto informe de labores y dirigirá un mensaje a los diputados. Inmediatamente saldrá a retomar la agenda organizativa de los JCC…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1984 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
MÉXICO, D.F. Un tribunal federal confirmó un amparo a favor de Joaquín El Chapo Guzmán contra la formal prisión que recibió en abril por posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas.
El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito confirmó una resolución de amparo para que el cargo por posesión de armas y cartuchos se vuelta a emitir con “exhaustividad y congruencia”, de acuerdo con un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Sin embargo, la subprocuradora jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez, aclaró que “el amparo no implica la liberación (de El Chapo) porque aún enfrenta nueve procesos por diversos delitos”.
En consecuencia, acotó Benítez Tiburcio, el Tribunal Unitario debe volver a revisar el recurso promovido por el exlíder del Cártel de Sinaloa y tendrá que pronunciarse “sobre todos y cada uno de los argumentos jurídicos que hizo valer”.
La falla en el proceso de acusación contra Guzmán Loera se debió a que la defensa demostró que los elementos de la Marina ingresaron al domicilio del excapo sin una orden judicial de cateo o investigación, aunque el Ministerio Público dijo que se encontraba en persecución del presunto narcotraficante.
La defensa “hizo valer diversos agravios inherentes con una indebida intromisión de los agentes aprehensores al lugar en donde fue detenido, mismos que no fueron atendidos por el Tribunal de apelación”.
Es por ello que el juez Décimo de Distrito en el estado de Sinaloa, a través del juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, deberá reponer el auto de formal prisión contra El Chapo en los cargos de posesión de armas y cartuchos exclusivos del Ejército.
Después de 13 años prófugo, Guzmán Loera fue detenido el 22 de febrero por elementos de la Marina en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, y desde entonces ha estado recluido en el penal mexiquense de El Altiplano, la cárcel de máxima seguridad federal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a Ismael Zambada Imperial “El Mayito Gordo”, hijo del capo Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el semanario Ríodoce, Zambada Imperial fue capturado ayer por la tarde en el poblado La Estancia de los Burgos, perteneciente a la sindicatura de El Salado, en el municipio de Culiacán.
Ismael Zambada fue trasladado junto con otras personas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
“Desde la mañana se había observado movimiento inusual de tropas del Ejército en el aeropuerto internacional de Bachigualato, sin que se supiera a qué se debía el operativo.
“En la zona de Eldorado, también bajo control del cártel de Sinaloa, se observaron actividades de la Marina Armada de México, donde helicópteros de esa dependencia sobrevolaron la zona”, refiere el semanario.
El 20 de noviembre del año pasado, agentes de la Oficina Federal Antidrogas (DEA) detuvieron en Nogales, Arizona, a Serafín Zambada, también hijo de “El Mayo” Zambada, debido a que enfrenta un juicio en el sur de California.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: La justicia federal desechó un amparo promovido por María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, en contra de los actos de detención ilegal e incomunicación.
El Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en el Distrito Federal desechó “de plano” el juicio de garantías porque Pineda Villa, hermana de los fundadores del grupo delictivo Guerreros Unidos, se encuentra bajo arraigo de la Procuraduría General de la República (PGR).
Se trata de una causa de improcedencia señalada en la Ley de Amparo, explicó el Consejo de la Judicatura Federal al informar sobre la negativa del recurso.
Pineda Villa fue detenida el pasado 4 de noviembre junto con el exdil de Iguala y desde entonces se encuentra bajo arraigo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Dos días después de su detención, el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal desechó un recurso que José Luis Abarca había tramitado el 27 de septiembre, a unas horas de la detención y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa a manos de policías municipales de Iguala y el vecino municipio de Cocula, que los habrían entregado a integrantes de Guerreros Unidos.
Ese amparo fue sobreseído porque al momento de tramitarlo, aún no había alguna orden judicial o administrativa contra Abarca, quien fue ingresado al penal de alta seguridad del Altiplano, acusado de delincuencia organizada.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
Sara Irene Herrerías, Luis Raúl González Pérez y Mauricio Farah Gebara buscan dirigir el máximo órgano de defensa de los derechos humanos en el país. Conócelos.
El nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para los próximos cinco años será elegido este jueves 13 de noviembre, por el pleno del Senado, entre los siguientes candidatos: Luis Raúl González Pérez, Mauricio Farah Gebara y Sara Irene Herrerías, de acuerdo con un dictamen aprobado y que será enviado al Pleno.
La terna fue elegida por los integrantes de las comisiones de Derechos Humanos y Justicia del Senado, y el que obtuvo mayoría fue González Pérez, tras las comparecencias de 22 candidatos, reuniones individuales con los aspirantes y cabildeos entre las principales fuerzas políticas.
Uno de los tres debe contar con dos terceras partes de los votos, como lo estipula la convocatoria del proceso de elección. A continuación presentamos los datos que debes conocer de los finalistas que mantienen el apoyo de los tres principales partidos políticos en el país, PRI, PAN y PRD.
Luis Raúl González Pérez
- Tiene 57 años. Es licenciado en Derecho por la UNAM y estudios de posgrado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Derechos Humanos. En la máxima la UNAM ha sido profesor y administrativo. Ha trabajado en la gestión de tres rectores. En 1985 con Jorge Carpizo, como secretario general administrativo; con José Sarukán (1989), como director general de personal y con José Narro, abogado general desde 2008, actualmente con licencia.
- Trabajó 12 años en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como Primero y Segundo visitador general, secretario técnico del Consejo Consultivo, director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos y director general de Administración. Llegó a la terna final para elección de ombudsman en 2009, junto con Raúl Plascencia y Emilio Álvarez Icaza.
- Fue director general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación y subprocurador en la Procuraduría General de la República. Fue el último fiscal del caso Colosio y que dio por cerrado el caso al concluir que Mario Aburto Martínez era el único culpable de la muerte del candidato presidencial.
- Entre sus propuestas como ombudsman está la atención diligente y sensible a las víctimas de violaciones a derechos humanos como centro del quehacer institucional. Revisión integral de contenidos, fines y alcances de los programas específicos de la CNDH
“El ombudsman debe ser independiente del gobierno, de los partidos políticos y organizaciones políticas y sociales; lo cual no implica que esté desvinculado o lejano a las autoridades y a la sociedad”.
Mauricio Farah Gebara
- Tiene 48 años. Estudió Derechos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y una maestría en Política y Gobierno en la Universidad de Essex, Inglaterra.
- Actualmente es secretario general de la Cámara de Diputados, electo por unanimidad. Antes ocupó la secretaría general del Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales (IFAI).
- Fue Quinto Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, durante la gestión de José Luis Soberanes, donde también coincidió con Raúl Plascencia Villanueva, actual ombudsman, quien era Primer Visitador. Ambos compitieron en el proceso de elección de ombudsman en 2009. En la CNDH encabezó los informes especiales sobre el estado que guardan los derechos humanos en las estaciones migratorias y el secuestro de migrantes.
- Entre sus principales propuestas de llegar al cargo es promover una reforma a la ley de la CNDH para prohibir la reelección de ombudsman, emitir recomendaciones en un periodo no mayor a un año y establecer criterios claros para que la Comisión solicite al Legislativo que llame a comparecer a las autoridades que nieguen o incumplan las recomendaciones.
- Al inicio del proceso existía la versión de que su candidatura era impulsada por el coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, por lo que en su comparecencia en el Senado el 30 de octubre pasado le preguntaron si tenía “padrinos poderosos”.
“Tengo muchos amigos. Tengo amigos en todos los partidos políticos, en las diversas fuerzas políticas tengo amigos. Y debo señalar que no los escojo por su signo partidista y mi actuación no tiene nada que ver con mis amistades”.
Sara Irene Herrerías
- Tiene 50 años de edad. Estudió Derecho en la UNAM. Es maestra en Criminología por el INACIPE.
- Dirigió el programa de igualdad entre mujeres y hombres en la CNDH. Fue fiscal especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas. Actualmente es oficial mayor de la Procuraduría General de la República y encargada de la atención y seguimiento a las víctimas del operativo en el albergue “La gran familia”.
- En 2011 fue designada por el presidente Felipe Calderón como titular de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de los Delitos (Provictíma). Durante su gestión se registró a mil 896 personas como no localizadas, de las cuales fueron ubicadas menos de 10 por ciento. Entre los problemas que impidieron tener mejores resultados, dijo es que sus facultades se limitaban a gestionar becas, créditos y atención médica y los recursos asignados eran insuficientes.
- Durante su comparecencia en el Senado, el 28 de octubre, insistió en que las víctimas de los delitos deben tener el acompañamiento de la CNDH inmediatamente después de que sufren la agresión y a lo largo de todo el recorrido que les implica la búsqueda de la justicia, sin esperar a que se interponga una queja.
“Las instituciones públicas no deben ver a la CNDH como un enemigo que las fiscaliza sino como un aliado que las ayuda a cumplir sus funciones en el marco del respeto a los derechos humanos y también se debe participar para un mejor desarrollo social, a través del ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN
Los diputados aprobarán este jueves una bolsa de 4.7 billones de pesos, el monto para gastar aumentará 1.6% en comparación con este año. Las secretarías de Turismo, Energía y la de Trabajo son las más beneficiadas con incrementos.
La Cámara de Diputados se alista para llevar al Pleno y aprobar este jueves el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, el cual, consta de una bolsa de 4 billones 694 mil 677.4 millones de pesos, es decir, 1.6% más que lo aprobado para gastar durante 2014.
En el gasto de las secretarias de estado —o Ramos Administrativos— es en donde se ubica el recorte más importante en comparación con este año, pues en 2015 podrán ejercer 1.1 billones de pesos, es decir, 30.7% menos.
Un análisis del centro de estudios México ¿cómo vamos? destaca que pese al recorte, la Secretaría de Turismo (con 22%), la de Energía (con 18%) y la de Trabajo (con 13%) serán las que tendrán los mayores aumentos en recursos a ejercer el próximo año.
“Destaca que, a pesar de que la reforma energética requiere un presupuesto importante para ser implementada, es la Secretaría de Turismo la que tiene mayores incrementos. Es aún más preocupante dado que el sector de turismo es, entre los sectores económicos secundarios, uno de los sectores que más ha reducido su productividad en la última década, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)”.
En los Ramos autónomos —los poderes legislativo y judicial y los entes con autonomía constitucional como la Comisión Nacional de Derechos Humanos— el gasto está planeado para 105.4 mil millones de pesos. Los principales aumentos, en comparación con 2014, están en organismos directamente vinculados con las reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto como el Instituto Nacional Electoral (INE), que tendrá 57% más recursos —y que además tendrá que organizar elecciones en 2015—, el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación (INEE) con un incremento del 91% y la Comisión Federal de Competencia Económica (CFC) con 61%.
¿En qué se gastará en 2015?
El gasto de gobierno se puede usar en tres ámbitos: gobierno, desarrollo económico y desarrollo social. En 2015, el gobierno planea gastar más en desarrollo social, que en la suma de los dos otros, explica México ¿cómo vamos?.
El presupuesto para desarrollo social asciende a $2,119 mil millones de pesos, el cual representa un 58.3% del gasto programable 2015 (similar a lo que se destinó en 2014).
Dentro de ese ámbito, el sector con más aumento para el próximo año es Educación con 10% y en donde se verán las reducciones es en Vivienda y Servicios a la Comunidad (-12%) y Protección ambiental (-4%).
En desarrollo económico, la bolsa que los diputados están por aprobar asciende a $1,172 mil millones de pesos o 32.3% del gasto programable 2015 —también un monto similar al de este año—.
Finalmente está el ámbito de gobierno con un monto proyectado para el próximo año de $341 mil millones de pesos o un 9.4% del gasto programable de 2015.
Los estados, los que más ganan
Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación se incluyen los recursos transferidos a entidades federativas y municipios.
México ¿cómo vamos? explica que ese monto representa alrededor de un tercio del presupuesto total: 1,526 mil millones de pesos en 2015 o 4.3% más que en este año.
“México es el país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que más recursos transfiere de la federación a las entidades federativas; como un dato, dichas transferencias representan casi tres veces lo presupuestado para gasto en educación”.
Lo que reciben los estados año tras año del PEF se integra por diferentes partidas:
-Aportaciones Federales o Ramo 33: recursos transferidos a los 31 estados y al Distrito Federal, (46.9% de las transferencias totales).
-Participaciones a entidades federativas y municipios o Ramo 28: recursos asignados a los gobiernos locales, (el 39.7% de lo entregdo).
-Convenios de centralización y reasignación: recursos que se administran por entidades federativas o coordinándose con el Gobierno de la República, (el 10.9%).
-Provisiones salariales y económicas o Ramo 23: recursos otorgados a estados y municipios para uso de proyectos de Desarrollo Regional, Fondos de Modernización a municipios, Fondo de Apoyo a migrantes, entre otros, (el 2.5% del total).
En éste último Ramo, los diputados asignan los recursos de los llamados Fondos de libre asignación, es decir, en donde etiquetan el dinero para decidir en qué, cómo y cuándo podrá gastarse.
Desde que el Ejecutivo entregó en septiembre pasado su Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación un grupo de organizaciones civiles y centros de estudio insisten en la necesidad de transparentar cómo se ejerce el gasto y que éste sea auditado en tiempo real.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
MÉXICO, D.F: El caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos llegó hasta el estadio Amsterdam Arena antes, durante y después del partido que sostuvieron las selecciones de Holanda y México, con el triunfo del cuadro mexicano 3-2.
Dos horas antes del silbatazo inicial, varias decenas de mexicanos se manifestaron y desplegaron mantas en las que se leían frases como las siguientes: “Todos somos Ayotzinapa”, “Fue el Estado”, “Ya me cansé”, “No más luto”, “No + sangre”.
El grupo estuvo encabezado por la bajacaliforniana Dianeth Pérez, quien anticipó que al minuto 43 del partido ondearían pañuelos blancos desde las tribunas y exhibirían pancartas y mantas en alusión a la tragedia que se vive en México y que prácticamente ha dado la vuelta al mundo.
Durante la interpretación del Himno Nacional los aficionados agitaron pañuelos blancos y una bandera negra y portaron imágenes con el rostro de algunos de los desaparecidos.
Con consignas al grito de “justicia, justicia”, la afición mexicana mostró su solidaridad para reclamar el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Al término del partido el capitán del Tri, Andrés Guardado, consideró el triunfo 3-2 sobre Holanda como una alegría ante la situación que se vive en México.
“En momentos tan difíciles que está pasando en nuestro país, en Guerrero, con todo lo de los normalistas, esto es una pequeña alegría”, dijo el volante.
El partido Holanda-México fue profusamente difundido por el duopolio que domina la televisión en México (Televisa y TV Azteca) bajo el falso principio de que se trata de la revancha del duelo mundialista en que los holandeses eliminaron al Tri gracias a un inexistente penal.
Sin embargo, el técnico mexicano, Miguel El Piojo Herrera se ha deslindado de esa propaganda, al decir que la revancha sólo se podrá cumplir cuando ambas escuadras se vuelvan a enfrentar en un Mundial.
Nela Ávila, una mexicana que reside en Bélgica y quien acudió al estadio junto con 20 connacionales a bordo de un autobús, relató que en el minuto 43 del partido, además de ondear pañuelos, los inconformes gritaron “¡43, 43, 43!”.
Afirmó que aproximadamente 500 mexicanos en el palco 415 expresaron su exigencia de justicia por los normalistas desaparecidos.
Ávila agregó que en el estadio había mucha seguridad y que a la entrada los guardias confiscaban los pañuelos y las pancartas que los mexicanos traían escondidas, con el argumento de que estaba prohibido ingresarlas.
Ante esto, los mexicanos utilizaron servilletas para manifestarse.
Indicó que eran tantos los connacionales con pancartas y pañuelos a los que los guardias tenían que revisar, que finalmente los dejaron entrar al estadio con ellos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El desempleo continúa incorporando mexicanos a sus filas: En sólo un año 13 mil 634 personas se quedaron sin trabajo.
En otras palabras, al cierre del tercer trimestre del presente año, México registró dos millones 746 mil 235 personas sin una plaza laboral, nivel superior al registrado en el mismo periodo del 2013, cuando dos millones 732 mil 601 mexicanos se declararon sin trabajo.
Pese a lo anterior, la tasa de desocupación a escala nacional se mantuvo en 5.2% en el tercer trimestre, respecto del mismo lapso del año pasado.
Sin embargo, el porcentaje se dispara en las zonas urbanas:
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de desocupación es más alta en las localidades grandes, donde está más organizado el mercado de trabajo.
Así, en las zonas más urbanizadas con 100 mil y más habitantes la tasa llegó a 6.3%; las que tienen de 15 mil a menos de 100 mil habitantes alcanzó 5%; en las de dos mil 500 a menos de 15 mil fue de 4.7%. En las rurales de menos de dos mil 500 habitantes se estableció en 3.1%.
Según cifras desestacionalizadas, en el trimestre en cuestión la tasa de desocupación a escala nacional disminuyó medio punto porcentual respecto a la del trimestre inmediato anterior al pasar de 4.86% a 4.91%.
La que sí tuvo una ligera disminución es la población que labora en el sector informal, que incluye el trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como los trabajadores subordinados que, aunque trabajan para unidades económicas formales, lo hacen bajo modalidades en las que se elude el registro ante la seguridad social.
De esta forma, los mexicanos que trabajan en la informalidad –sin acceso a seguridad social, prestaciones ni salarios fijos– disminuyó apenas 1.5% al pasar de 29.3 millones de personas en el tercer trimestre del 2013 a 28.8 millones entre julio y septiembre del presente año.
El comportamiento fue similar en la población subocupada la cual abarcó a cuatro millones de personas y representó 8.1% de las personas ocupadas, proporción menor a la de igual periodo de 2013 que fue de 8.5%.
Según el Inegi, la subocupación es la necesidad de trabajar más tiempo, lo que se traduce en la búsqueda de una ocupación complementaria o de un nuevo trabajo con mayor horario.
Microempresas absorben ocupación
De las 49.7 millones de personas ocupadas en el país, 7 millones (14% del total) trabajan en el sector primario, es decir, las actividades agropecuarias; 12.1 millones (24.4%) en el secundario o industrial; mientras que 30.3 millones (61%) están en el terciario o de los servicios.
Si se observa a la población ocupada en función de la posición que guarda dentro de su trabajo, resulta que poco más de dos terceras partes del total (67.3%), esto es, 33.4 millones son trabajadores subordinados y remunerados; 11.2 millones (22.5%) trabajan por su cuenta, sin emplear personal pagado; 3 millones (6%) son empleados que no reciben remuneración y 2.1 millones (4.2%) son propietarios de los bienes de producción, con personas a su cargo.
En cambio, si se toma en cuenta el tipo de empresa en que laboran los mexicanos, la mayoría lo hace en pequeñas unidades económicas:
En el tercer trimestre de 2014, 19.5 millones (47.3%) estaban ocupadas en micronegocios; 7.4 millones (18%) lo hacían en establecimientos pequeños; 5 millones (12%) en medianos; 4.5 millones (10.9%) en establecimientos grandes, y 4.8 millones (11.8%) se ocuparon en otro tipo de unidades económicas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
El gobierno de Rafael Moreno Valle mintió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al asegurar que pidió una disculpa a los agraviados por la represión del pasado 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan.
Lo anterior se hizo evidente en la respuesta que el pasado 10 de noviembre dio José Zamora Grant, director general de la Sexta Visitaduría General del organismo –especializada en violaciones graves a los derechos humanos– a Elia Tamayo Montes, madre de José Luis Alberto Tehuatlié Tamayo, el niño de 13 años que perdió la vida a consecuencia de un proyectil que le impactó la cabeza, lanzado por la Policía Estatal, según ha concluído la propia CNDH.
El oficio CNDH/6VG/DGVG DH/012/2014 está dirigido también a otras víctimas: Félix Xelhua Montes, Santiago Pérez Tamayo, Antonio Víctor Montes Contreras, Gilberto Varela Tecalero y Sergio Clemente Jiménez Tecalero, quienes desde el 31 de octubre solicitaroin información sobre el cumplimiento de la administración morenovallista, respecto de la recomendación 2VG/ 2014 –que contenía 11 exhortos–, derivada de la investigación de las violaciones graves a los derechos humanos, por el desalojo violento de la autopista Puebla–Atlixco.
En el oficio establece que:
“Respecto del punto sexto recomendatorio, que exhorta a llevar a cabo una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares y a establecer medidas y garantías para la no repetición de actos como los que dieron origen a esta recomendación, el jefe de la Oficina del C. gobernador, informó a esta Comisión Nacional que el día 17 de octubre a las 19 horas, se realizó el ‘evento de cumplimiento relativo a la recomendación 2VG/2014’, en el cual se ofreció una disculpa institucional y se expusieron las medidas que se tomaron para evitar la repetición de eventos como el que dio lugar a la recomendación.
“En el evento participaron el consejero Jurídico del gobernador y encargado de despacho de la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría General de Gobierno, el Subsecretario de Inteligencia e Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública, y el Fiscal General Metropolitano de la Procuraduría General de Justicia, y al que estuvieron invitados las víctimas y sus familiares, así como los medios de comunicación.
“Como constancia de este cumplimiento se adjuntaron copias de: i) las constancias levantadas por funcionarios adscritos a la Fiscalía General Jurídica de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con motivo de la entrega de las invitaciones a las víctimas para acudir a dicho evento con sus familiares; ii) el texto íntegro de la disculpa, iii) fotografías del evento; iv) video del evento; y) las publicaciones relacionadas con el mismo y que aparecieron en la edición del día dieciocho de octubre en los periódicos: El Sol de Puebla y Síntesis, y vi) Acta Notarial de Comprobación de Hechos, levantada por el notario auxiliar de la Notaría Pública Veintidós, de la ciudad de Puebla”.
Lo cierto es que la invitación al acto de desagravio fue precipitada, y además ninguna de las víctimas acudió.
En efecto, el viernes 17 de octubre, al filo de las 4 de la tarde, personal de la Secretaría General de Gobierno estatal se presentó en la presidencia de Chalchihuapan para entregar oficios a las personas consideradas víctimas, de acuerdo con la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sobre los hechos ocurridos en ese lugar el 9 de julio.
En una de las misivas entregadas se invitó a Elia Tamayo Montes, madre del menor asesinado, a acudir a un acto público el mismo día a las 19 horas, es decir tres horas después, en el Centro de Convenciones de Puebla. El motivo: dar cumplimiento a la recomendación del organismo federal número 2VG/2014.
Al “acto público” donde el gobierno de Rafael Moreno Valle daría disculpas a Elia y a los pobladores de la comunidad, por la brutal embestida policiaca ocurrida tres meses atrás, no se convocó a los medios de comunicación.
Las disculpas públicas del gobierno estatal a la comunidad se ofrecerían en el Salón Oriental 1 del Centro de Convenciones, pero el pueblo acordó desairar a Moreno Valle. Nadie acudió a la cita, según consignó la reportera Yadira Llaven, en una nota publicada en esta casa editorial el lunes 20 de octubre pasado.
En la invitación, firmada por el encargado de despacho de la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría General de Gobierno del estado, José Montiel Rodríguez, también se anexó el oficio de la Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJ), donde se informó que habrá un pago económico “por las violaciones graves a los derechos humanos” a los pobladores de Chalchihuapan.
El documento –en poder de esta casa editorial– notificó de la creación de un fideicomiso público revocable de administración e inversión para reparar el daño, al que denominaron “Fondo para el Cumplimiento de la Recomendación 2VG/2014. Emitida por la CNDH”.
En uno de los párrafos se precisó que a partir del 24 de octubre los agraviados podrán acudir a las oficinas de la Dirección de Víctimas del Delito en Puebla para realizar el trámite correspondiente.
No ha pedido perdón
El 20 de octubre pasado, con el rictus conteniendo el llanto, Elia Tamayo Montes, la madre que perdió a su hijo de 13 años, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo por la represión de la Policía Estatal del 9 de julio, exigió que el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas se presente en San Bernardino Chalchihuapan a pedir la disculpa que le recomendó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y anunció que lo demandará por el asesinato de su hijo.
“¡Es por el señor gobernador, él no merece estar en el cargo!, ¡él merece estar en la cárcel por todo lo que está haciendo, y no las personas que son inocentes (que) están encarceladas, mientras que él, que mató a mi hijo, dice que me va a reparar los daños!”, reprochó, flanqueada por otras mujeres de esa junta auxiliar de Ocoyucan: esposas, hijas, madres, hermanas de los cinco hombres detenidos con brutalidad la madrugada del 18 de octubre.
Las mujeres ofrecieron una rueda de medios en la explanada principal de San Bernardino, frente a la presidencia subalterna. Su propósito fue dar a conocer detalladamente los abusos, violaciones y delitos cometidos el sábado por la fuerza pública durante las detenciones.
A Elia Tamayo, progenitora de la principal víctima de San Bernardino, y quien por esa desgracia ha pasado a ser una suerte de símbolo de la dignidad y la entereza de su pueblo, se le preguntó entonces por qué no asistió el viernes 17 de octubre al acto oficial de desagravio al que fue convocada con otros perjudicados del 9 de julio, por el gobierno de Moreno Valle:
“¡Con todo lo que me dé no va a parar a mi hijo: él (el gobernador) arruinó mi vida, arruinó a mi familia, nos quitó un hijo! Él piensa que con lo que me va a dar va a recuperar a mi hijo: ¡jamás!”, contestó.
Y abundó: “¡Dejó destruido mi corazón!. Yo pido justicia. Él (el mandatario) merece estar en la cárcel, y no personas inocentes”.
FUENTE: LA JORNADA DE ORIENTE/Los periodistas.
AUTOR: Martín Hernández Alcántara.
LINK: http://www.losperiodistas.com.mx/noticia/4088/minti%C3%B3-rmv-a-la-cndh-afirmando-que-pidi%C3%B3-disculpas-a-chalchihuapan.
A través de una carta enviada a Reporte Indigo Raúl Plascencia Villanueva niega que haya utilizado el presupuesto de la Comisión en su intento por reelegirse como ombudsman.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que preside todavía Raúl Plascencia Villanueva, aclaró ayer que los recursos que entrega a organismos de la sociedad civil no tienen carácter de subsidio sino son pagos de viáticos y cuotas.
A través de una carta enviada a Reporte Indigo, firmada por Saúl A. López Lavín, director general adjunto de la Coordinación General de Comunicación y Proyectos de la CNDH, Plascencia Villanueva niega que haya utilizado el presupuesto de la Comisión en su intento por reelegirse como ombusdman.
“La CNDH, en la actual gestión, no ha otorgado ningún apoyo en efectivo a Organizaciones de la Sociedad Civil, a Comisiones Estatales de Derechos Humanos, ni a Organismos Internacionales con el carácter de subsidios.
“La CNDH ha cubierto, principalmente, los siguientes conceptos: hospedaje, alimentación y traslado de ponentes así como de invitados de Comisiones Estatales de Derechos Humanos, para su participación en diversos foros y eventos dirigidos para promover y difundir los derechos humanos y profundizar en su conocimiento, así como su réplica en dichas entidades federativas”, señala la misiva.
Reporte Indigo publicó ayer que desde la presidencia de la CNDH, Plascencia Villanueva manejó la partida “Ayudas Sociales” con fines políticos para operar su reelección. Este fondo incluye los subsidios que otorga el organismo a activistas, asociaciones y organismos de derechos humanos de los estados.
En su comunicado, la CNDH asegura que los recursos que entregó a la organización de Las Patronas son parte del Premio Nacional de Derechos Humanos 2013.
La CNDH acepta que entrega recursos a organizaciones como la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, un organismo que fue el que presentó ante el Senado la solicitud de reelección de parte de Plascencia.
Sin embargo, aclara que estos recursos no son subsidios sino cuotas que hay que pagar como se paga también al Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (ICC por sus siglas en Inglés) y el Instituto Internacional del Ombudsman.
La CNDH, agrega el comunicado, se ha apegado a las disposiciones normativas en el manejo de presupuesto, además de que ha sido auditada en cinco ocasiones por la Auditoría Superior de la Federación y en 173 ocasiones por el órgano interno de control verificando la correcta aplicación de los recursos.
“Por lo anterior, se niega rotundamente, que la actual gestión de la CNDH haya otorgado algún tipo de ayuda en efectivo a organismo público, privado o social (Organizaciones No Gubernamentales)”, concluye la carta de la CNDH.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
El nombre de Fernando Aportela, actual subsecretario de Hacienda y Crédito Público, suena para sustituir al actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Gerardo Ruiz Esparza se estaría preparando para dejar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tras el escándalo provocado por la cancelación de la licitación del tren México-Querétaro.
El movimiento se podría concretar en los los próximos días una vez que el presidente Enrique Peña Nieto elija al funcionario que reemplazará a Ruiz Esparza en la SCT.
En los círculos de la Presidencia de México se maneja como uno de los posibles sucesores de Ruiz Esparza a Fernando Aportela Rodríguez, actual subsecretario de Hacienda y Crédito Público.
Aportela Rodríguez se desempeñó como subsecretario de Ingresos del Gobierno de Veracruz durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés y fue presidente ejecutivo del Fondo de Infraestructura Evercore México, que se dedicada al financiamiento de proyectos públicos-privados.
Está en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que encabeza Luis Videgaray, desde el inicio de la actual administración federal.
La salida de Ruiz Esparza del Gobierno Federal habría sido provocada por la crisis que desencadenó la semana pasada la cancelación de la licitación de uno de los principales proyectos de infraestructura de este sexenio.
La construcción del primer tren rápido en el país es una obra que supera los 50 mil millones de pesos de inversión.
El proyecto había sido asignado la semana pasada por la SCT al consorcio encabezado por la empresa China Railway Construction Corporation Limited, que fue la única que presentó una propuesta económica.
Sin embargo, el viernes pasado, Ruiz Esparza anunció de manera sorpresiva la cancelación de este proceso por instrucciones del presidente Peña Nieto.
Incluso unas horas antes de que Ruiz Esparza anunciara la anulación de la licitación en la televisión, el funcionario federal había asegurado a senadores que no podía reponer el concurso porque suponía un acto de ilegalidad.
Pero horas después de su comparencia en la Cámara de Senadores, Ruiz Esparza anunció en televisión la anulación del fallo por órdenes del presidente Enrique Peña Nieto para garantizar mayor transparencia en la asignación de este contrato.
La suspensión del proceso de licitación provocó que el gobierno chino realizara un reclamo al presidente Enrique Peña Nieto, que realiza una gira por este país asiático.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
MÉXICO, D.F: La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptó entregar a legisladores “la cadena de mando” del 102 Batallón de Infantería implicado en la ejecución de civiles en San Pedro Limón, del municipio mexiquense de Tlatlaya, perpetrada el 30 de junio anterior.
Durante hora y media, legisladores del grupo de trabajo encargado de indagar el caso Tlatlaya se reunieron con mandos de la Sedena, entre ellos el general brigadier de Justicia Militar, Jesús Gabriel López Benítez; el procurador general de Justicia Militar, Alejandro Ramos; el jefe de asesoría jurídica del Estado Mayor, y el general de brigada DEM José Luis Chiñas Silva.
Es por ello que cuatro de los siete diputados del grupo de trabajo se desplazaron hasta las instalaciones de Sedena y ahí, de acuerdo con asistentes, demandaron la relación de los mandos militares implicados en el operativo realizado en Tlatlaya.
A partir de analizar la bitácora, los diputados podrían establecer quién dio la orden de ejecutar a los civiles, quién recibió el mensaje sobre lo que estaba ocurriendo, dónde quedaron los reportes y, si éstos no se dieron a conocer como acción irregular, entonces determinar quiénes participaron en el delito de “encubrimiento”.
Los mandos de la Sedena aceptaron entregar la documentación y aclararon que ellos no defenderán a los militares ya consignados ante un juez civil y encarcelados desde el pasado viernes pues, según los asistentes al encuentro, el Ejército no respalda violaciones a los derechos humanos “ni indisciplinas”.
Los jefes militares detallaron que a los familiares de los elementos procesados se les están dando las facilidades para que los puedan ver y cuenten con atención médica, pero que más allá de ello no se les apoyará.
Incluso, sostuvieron los generales, en el Ejército están preocupados por los casos en que se vincula a integrantes de la Sedena en presuntas violaciones a los derechos humanos.
“El general (Salvador) Cienfuegos nunca ha dado una orden contraria a lo legal y al respeto total a las garantías individuales”, aseguraron los mandos castrenses.
De parte del grupo de trabajo acudió su presidenta, la perredista Elena Tapia Fonllem; la legisladora del PT, Loretta Ortiz Ahlf; Ricardo Fidel Pacho, del PRI, y el panista Alberto Díaz Trujillo.
Las legisladoras expusieron su rechazo a que los militares continúen haciendo labores de seguridad pública, pues ello hace posible la violación constante a los derechos humanos.
“Es preocupante la creciente violación a derechos humanos por parte del Ejército”, reclamó Tapia Fonllem, quien fue secundada por Loretta Ortiz.
En contraste, el representante del PRI se dedicó a ponderar el trabajo del Ejército en tareas de seguridad pública.
Este es el primer encuentro que la Sedena acepta con los diputados, aunque ya el general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, se reunió con la comisión bicameral de Seguridad Nacional, en la cual participan senadores y diputados federales.
Este mismo día el grupo de trabajo se reunió a puertas cerradas con la responsable de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), la exdiputada federal perredista Eliana García.
En tanto, la comisión especial de diputados para el caso Ayotzinapa sostuvo un encuentro con el representante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, Ariel Dulitzky.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió liberar a tres de los cinco indígenas tzotziles que permanecen presos en el penal de El Amate, desde hace casi 17 años, por su presunta participación en la masacre de Acteal.
Luego de considerar que las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) y las corporaciones policiacas locales fueron manipuladas, y debido a que se violó el derecho al debido proceso de los afectados, la SCJN ordenó la libertad de Lorenzo Ruiz Vázquez, José Guzmán Ruiz y Alfredo Agustín Hernández Ruiz.
Con esa decisión, el máximo tribunal de justicia del país terminó de resolver los 75 amparos de sentenciados por la muerte de 45 miembros de la comunidad Las Abejas, del municipios de Chenalhó, en diciembre de 1997.
De acuerdo con el activista y defensor de los implicados en la masacre, Manuel Anzaldo Meneses, sólo quedan dos indígenas sentenciados por la matanza de Acteal, de 88 que fueron capturados por la PGR en 1998.
Los indígenas participantes en la masacre empezaron a ser liberados en 2008, luego de promover amparos ante la justicia federal para que se les redujera la sentencia de 36 a 18 años de prisión.
En la mayoría de los casos, la SCJN ordenó la libertad de los implicados no porque fueran inocentes o culpables, sino porque el proceso acusatorio y de sentencia estuvo plagado de irregularidades.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
Normalistas toman el aeropuerto de la capital michoacana en donde mantuvieron bajo su control la sala de espera por más de cuatro horas.
Durante la jornada de movilizaciones convocada en Michoacán por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), un centenar de estudiantes de las escuelas normales de la entidad tomaron las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Morelia.
La manifestación del contingente, conformado por unos 250 alumnos de las 8 escuelas normales del estado, obligó a la suspensión de actividades en el puerto aéreo. Tres de los vuelos programados -con destino a Dallas, Houston y la Ciudad de México- fueron suspendidos.
El personal de tierra de dos aerolíneas también suspendió actividades ante la presencia de los normalistas que se posicionaron de las áreas de ingreso de la terminal.
Inicialmente los normalistas habían considerado solo un bloqueo a los accesos, pero finalmente el contingente decidió tomar las instalaciones en forma pacífica, aunque intimidatoria y amenazante para los usuarios y empleados de la terminal.
En medio de consignas que reclamaban el retorno con vida de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, los normalistas de Michoacán ingresaron a la sala de espera del aeropuerto, la que mantuvieron bajo su control por espacio de cuatro horas, hasta que arribó un grupo de policías estatales antimotines, que –desarmados- iniciaron el diálogo con los quejosos.
Antes del arribo de las fuerzas del orden, los normalistas mantuvieron retenidos a más de 50 personas, entre pasajeros y empleados del aeropuerto, quienes no pudieron salir del lugar ni abordar su vuelo debido al bloqueo.
Las protestas
> Los normalistas tomaron los centros comerciales de la capital del estado, protagonizaron el cierre de las principales instituciones bancarias y realizaron pintas en puntos simbólicos del centro de la ciudad.
> En caseta de Panindícuaro, en la autopista de Occidente, México-Guadalajara, manifestantes cobraron el peaje a los automovilistas, y les decomisaron parte del combustible a camiones de carga.
> Vecinos de la comunidad indígena autónoma de Cherán también hicieron la toma de dos de las principales avenidas de la capital de Michoacán en demanda de la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
Los legisladores del PAN, PRD y PT dieron a conocer un documento que evidencia el presunto enriquecimiento ilícito del gobernador de Chihuahua.
Senadores del PAN, PRD y PT pidieron este martes 11 de noviembre a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y al Banco de México (BM) “realizar las investigaciones pertinentes con autonomía, con independencia política, con imparcialidad para deslindar responsabilidades” en torno de la denuncia penal presentada contra el gobernador de Chihuhua, César Duarte, por presunto enriquecimiento ilítico.
De acuerdo con un comunicado difundido por el senador Javier Corral, uno de los firmantes del punto de acuerdo, Duarte compró en marzo de 2014 el 15% de acciones en el Banco Progreso de Chihuahua, cuyo costo fue de al menos 65 millones de pesos. Así, además de participar activamente como socio mayoritario de dicho banco, “ha sido un nuevo rico que aun sumando sus ingresos, bienes heredados o donativos, no tendría la capacidad económica para hacerse dueño de la institución bancaria“, detalla el comunicado.
El estado que gobierna César Duarte es uno de los que tiene mayor crecimiento de la deuda en el país. La Secretaría de Hacienda reportó que, a finales de julio de 2014, la cifra fue de 41 mil 603 millones de pesos, lo que ubica a Chihuahua como el estado con la tercera mayor deuda en México.
Tras la compra de las acciones, Duarte fue denunciado por el activista Jaime García Chávez, quien también denunció a la esposa del funcionario estatal, Bertha Gómez Fon, por presunto peculado. La denuncia indica que ambos, en complicidad con el presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Gerardo Hermosillo Arteaga y el secretario de Hacienda estatal, Jaime Ramón Herrera Corral, habrían adquirido el 15% de las acciones del Banco Progreso de Chihuahua en marzo de 2014 con dinero del erario.
Los senadores inicialmente firmantes son Ernesto Ruffo Apel, Octavio Pedroza Chávez, Manuel Bartlett, Víctor Hermosillo, Salvador López Brito, Alejandro Encinas, Luis Sánchez, Raúl Morón, Fidel Demedicis y Layda Sansores. No obstante, se han sumado otros nombres.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
