MéXICO, D.F: El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió hoy que nadie puede exigir justicia violando la ley.
Al aludir a los hechos de violencia registrados en entidades como Guerrero, Distrito Federal y Michoacán, en protesta por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Osorio Chong planteó que “en la violencia jamás encontraremos la solución”.
En el marco de la clausura en Morelos de la VIII Reunión Nacional de Órganos Implementadores de la Reforma Penal, Osorio Chong reconoció que la justicia, como reclaman los mexicanos, no debe hacerse esperar. “Y que no quepa duda, en eso estamos trabajando”.
Luego hizo un llamado a las autoridades, poderes y sociedad en general a sumar esfuerzos para que en todos los ayuntamientos impere la ley y el respeto a los derechos humanos.
La justa demanda de la sociedad, planteó, debe ser motor de cambio para perfeccionar a las instituciones y consolidar el estado de derecho.
“Hay que unirnos para cerrar la puerta a la injusticia, poner punto final a la impunidad y fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus autoridades”, expresó.
Osorio Chong también aseguró que el gobierno del Enrique Peña Nieto trabaja para que en las 32 entidades y a nivel federal se haga justicia con total diligencia.
Ante el gobernador Graco Ramírez y representantes de todo el país, el titular de la Segob dijo que, para lograrlo, la justicia no sólo debe cambiar de forma, sino de fondo.
“Trabajamos para que juicios y sentencias no se demoren, para que las pruebas sean debidamente validadas y haya certeza en las resoluciones”, sostuvo.
El funcionario federal reconoció que es impostergable que la justicia también sea pronta, expedita y transparente, y que quien atente contra la sociedad sea castigado con toda la fuerza de la ley.
La demanda de los mexicanos, admitió, es que haya seguridad, que se respete la integridad de las personas y que se acabe con la impunidad.
Los ciudadanos también exigen, abundó, que las instituciones y los cuerpos de seguridad sean honestos y eficaces, y que éstos nunca traicionen la confianza ciudadana.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
viernes, 14 de noviembre de 2014
El discurso oficial en el exterior: el país está en paz; Iguala es un caso aislado
Ciudad de México, 13 de noviembre: El Gobierno federal envió al Embajador de México en los Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, un documento con instrucciones para declarar que la desaparición de 43 estudiantes en Iguala es un caso aislado que contrasta con la situación de “paz e instituciones fuertes y confiables” que se vive en la mayor parte de México.
“Esta no es una situación generalizada en el país. La mayoría de las regiones de México viven en paz y tienen instituciones fuertes y confiables. Sin embargo, hay lugares donde el crimen organizado se ha infiltrado en las autoridades municipales. Aunque es un tema focalizado, es inaceptable, ya que las consecuencias pueden ser, como en este caso [en Iguala], devastadoras”, dice un documento -en poder de SinEmbargo- enviado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a la representación de México en la capital norteamericana.
“La reacción de la ciudadanía no sólo es comprensible, sino que también la comparte el Gobierno mexicano en su totalidad. Estamos indignados, estamos devastados. Esta es una tragedia y el Gobierno federal está actuando y seguirá actuando en consecuencia”, agrega el párrafo con la instrucción.
El documento se titula “Ficha con respecto a la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, y la seguridad en México” y tiene fecha del pasado miércoles 12 de noviembre, justo cuando la vocera del Departamento de Estado norteamericano, Jen Psaki, llamó a las partes en conflicto a mantener la calma y al Gobierno mexicano a procurar justicia para las 43 víctimas.
El documento incluye también una serie que llama “Posibles preguntas y preguntas”, en las que se instruye al Embajador Medina Mora responder, entre otros cuestionamientos, por qué el Gobierno mexicano descarta que el caso de Iguala sea “un crimen de Estado”, como lo han llamado los manifestantes en diversos puntos del país, y también por qué no fue posible que el Ejército interviniera durante el ataque contra los civiles.
Y, en ese sentido, la respuesta es que los militares “no pudieron” intervenir y que, de haberlo hecho, hubiera sido a favor de los policías. “Hay una base militar en la región de Iguala, pero la única información disponible ese día fue que había una confrontación entre la policía local y un grupo de civiles. Legalmente, si el Ejército o la Policía Federal hubieran intervenido, hubiera sido en defensa de la autoridad local, la cual en este caso era la que estaba actuando en contra de los civiles. Al calor del momento era imposible saberlo. Legalmente, las fuerzas federales sólo pueden intervenir cuando una autoridad local le pide apoyo o cuando se está cometiendo un crimen de carácter federal”.
Las primeras de las “Posibles preguntas y respuestas” son si el de Iguala fue un crimen de Estado o si en México existe una política sistemática de violaciones a los derechos humanos, ante lo cual la instrucción para Medina Mora es responder que “absolutamente no. Lo que vemos en Iguala son autoridades locales que abusan de su poder para cometer crímenes, pero también vemos que el Estado está actuando contra ellos. Tengan en cuenta que prácticamente cada autoridad local implicada en el caso de Iguala ha sido detenido o está siendo buscada”.
Otra pregunta posible cuya respuesta fue redactada desde la Ciudad de México es “por qué el Gobierno federal permitió que lo Ayotzinapa ocurriera”, o “por qué le tomó tanto tiempo a las autoridades federales intervenir”, ante lo que la contestación es que no es así.
“Desde el principio, las autoridades competentes tomaron acciones. México tiene un sistema federal con Gobiernos municipales y estatales. Desde el día uno, el Gobierno de Guerrero inició una investigación con la asistencia del Gobierno federal. Con la primera evidencia de que el crimen organizado estaba implicado, la Procuraduría General de la República tomó el caso”, dice.
También, sobre la pregunta de “por qué el Presidente Enrique Peña Nieto se fue a China”, la respuesta ordenada para Medina Mora es que “el Presidente debe estar donde más se le necesite. Como padre, él hubiera preferido quedarse en México. Como Presidente, tenía que honrar los compromisos globales de México, mientras se asegura que el Gobierno federal continúa su esfuerzo incansable para encontrar a los estudiantes. Es importante clarificar que el Presidente decidió acortar el viaje. El foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) es una reunión menos estructurada de jefes de Estado, lo cual permite conversaciones abiertas y sustanciales sobre asuntos de urgencia inmediata que no se permiten en otros foros”.
El documento también instruye al Embajador para que, en caso de que se le pregunte “¿por qué estos estudiantes?”, responder que los normalistas son víctimas inocentes y, en general, reproducir lo que ha sido la versión de los hechos planteada por la Procuraduría General de la República: “Eran estudiantes inocentes preparándose para ser maestros. Fueron llevados a Iguala en su camino a la Ciudad de México, donde participarían en una manifestación para recordar la masacre de estudiantes de 1968. Ese día en Iguala, la esposa del Alcalde estaba dando un discurso. Ahora sabemos que el Alcalde, su esposa y la policía local tenían vínculos con el crimen organizado. Cuando los estudiantes llegaron a Iguala, la policía local pensó que iban a irrumpir en el evento del Alcalde. Éste dio entonces la orden a la policía de capturar a los estudiantes. Durante la confrontación, seis personas fueron asesinadas y 43 estudiantes fueron secuestrados y entregados a la organización criminal Guerreros Unidos. En ese punto, el líder de Guerreros Unidos recibió un mensaje que le indicó que los estudiantes capturados eran miembros de un grupo rival, llamado Los Rojos, y que estaban tratando de entrar en territorio de Iguala. El líder de Guerreros Unidos dio entonces la orden de que se procediera contra ellos. Esto es lo que sabemos hasta el momento”.
“MEXICO NO TIENE PROBLEMAS DE TRAFICO DE DROGAS”
Otra de las instrucciones giradas por el Gobierno federal mexicano al Embajador en Estados Unidos es que, al poner el caso de Iguala en un contexto más amplio sobre los problemas de seguridad en México, afirme que el país no tiene un problema de tráfico de drogas, sino de seguridad pública.
“Contrario a lo que dice la creencia popular o las narrativas públicas, México no tiene un problema de tráfico de drogas. Más bien, tiene un problema de seguridad pública que ha sido grandemente amplificado por el tráfico de drogas”, dice el documento.
“Puesto en otros términos, los problemas de seguridad pública en México no son el resultado directo de la evolución del crimen organizado ni se limitan a los efectos, tamaño y dinámicas de las organizaciones criminales. Por el contrario, la violencia relacionada con el crimen organizado no es resultado directo de las deficiencias de México en materia de seguridad, ya que el crimen organizado sigue sus propias lógicas y dinámicas. Lo que es cierto, sin embargo, es que el crimen organizado ha tomado ventaja de las debilidades de las instituciones de seguridad pública de México para expandir su influencia, y las organizaciones criminales han engrandecido el problema de seguridad en México”, agrega el texto.
En el apartado de contexto, el documento presenta un análisis sobre la problemática de la inseguridad en México en la que, básicamente, relata cómo la descentralización de poder que se empezó a dar en el país a partir de 1997, cuando el Partido Revolucionario Institucional perdió la mayoría del Congreso de la Unión y, tres años después, la presidencia de la República, generó una constante transferencia de poderes hacia los gobiernos estatales y municipales que, en algunos casos, no estaban preparados para enfrentar ni fiscalizar las nuevas responsabilidades.
“Todo esto puede ayudar a explicar por qué el crimen organizado ha ampliado el problema de seguridad pública en México: en un paisaje institucionalmente dividido, con fuerzas de seguridad atomizadas y con enorme diversidad de recursos, entrenamiento y habilidades, y frecuentemente con incentivos pervertidos y confrontados entre niveles de gobierno con pocos mecanismos de rendición de cuentas, y con la capacidad corruptora del crimen organizado, es más fácil para una organización criminal encontrar a presidentes municipales qué cooptar porque son débiles o corruptos o enfocados en sus cálculos políticos y económicos súper locales, y no en las implicaciones institucionales mayores”, dice.
El texto plantea luego que las organizaciones criminales han llevado el problema estructural de seguridad pública a su actual “dimensión” gracias a la demanda de drogas ilegales en Estados Unidos, y al abasto de armas de alto poder procedentes también de ese país.
“Dicho esto, México no enfrenta una crisis de seguridad nacional. Más bien, enfrenta un problema de seguridad pública con diferentes niveles de intensidad en diferentes regiones y estados”, dice.
Luego se refiere a los casos de Ciudad Juárez y de Tijuana para mencionar casos “exitosos” de superación de crisis en la materia.
“También hay ejemplos exitosos a nivel local y estatal, donde la acción decisiva de los tres niveles de gobierno, con la activa participación de la sociedad civil, ha superado momentos temporales de crisis. Los recientes ejemplos de Tijuana y Ciudad Juárez muestran cómo ciudades que fueron críticamente afectadas por el crimen organizado, pero en las que hubo una amplia colaboración entre los Gobiernos estatal, federal, municipal, ciudadanos locales, sector privado y organizaciones de la sociedad civil alteraron el panorama radicalmente, poniendo a las dos ciudades en un camino virtuoso y positivo”.
También en el contexto, el documento explica que el problema de seguridad pública de México tiene sus raíces en “tres elementos estructurales de la configuración institucional del país que fueron útiles en el momento histórico en el que fueron implementados, pero que han dejado de ser apropiados a medida que el país evoluciona”.
El primero de ellos, dice, es el “origen político de las fuerzas de seguridad del país”, las cuales fueron diseñadas, desde la Revolución Mexicana, para proteger la estabilidad política, no la seguridad pública.
Los otros elementos estructurales del problema de seguridad, explica el texto, son el proceso de democratización del país y sus efectos de debilitamiento del poder Ejecutivo, y la descentralización del poder.
AUTOR: REDACCIÓN.
De gobernador a inversionista
Confirma Banco Progreso Chihuahua que el gobernador de Chihuahua, César Duarte invirtió 65 millones de pesos al fideicomiso del capital bancario como aportante.
”El nuevo rico de la entidad”, así llamó hace unos días el senador panista Javier Corral al gobernador de Chihuahua, César Duarte.
Y no era el único indignado por el presunto enriquecimiento ilícito del mandatario, 30 legisladores de todos los partidos exigieron a la PGR y a la Secretaria de Hacienda que se investigue una aportación millonaria de Duarte en el Banco Unión Progreso.
Pero fue hasta ayer que la institución financiera, recién creada en la entidad fronteriza, confirmó que el gobernador invirtió 65 millones de pesos al fideicomiso del capital bancario como aportante.
Banco Progreso Chihuahua, que aún no opera, es una fusión entre la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Akala, la Unión de Crédito Progreso y la Casa de Cambio Única.
Según reportó Proceso, el gerente general de la institución financiera, Sergio Becerra Rodríguez, afirmó que no hay delito ni conflicto de intereses porque los aportantes son personas físicas y empresas medianas.
Sin embargo, admitió que el Gobierno estatal invirtió por concepto de nómina más de 800 millones de pesos.
Duarte, quien analiza la posibilidad de denunciar legalmente a sus demandantes por daño moral, también ha sido acusado por ser “dueño de ranchos y hoteles”. 
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
”El nuevo rico de la entidad”, así llamó hace unos días el senador panista Javier Corral al gobernador de Chihuahua, César Duarte.
Y no era el único indignado por el presunto enriquecimiento ilícito del mandatario, 30 legisladores de todos los partidos exigieron a la PGR y a la Secretaria de Hacienda que se investigue una aportación millonaria de Duarte en el Banco Unión Progreso.
Pero fue hasta ayer que la institución financiera, recién creada en la entidad fronteriza, confirmó que el gobernador invirtió 65 millones de pesos al fideicomiso del capital bancario como aportante.
Banco Progreso Chihuahua, que aún no opera, es una fusión entre la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Akala, la Unión de Crédito Progreso y la Casa de Cambio Única.
Según reportó Proceso, el gerente general de la institución financiera, Sergio Becerra Rodríguez, afirmó que no hay delito ni conflicto de intereses porque los aportantes son personas físicas y empresas medianas.
Sin embargo, admitió que el Gobierno estatal invirtió por concepto de nómina más de 800 millones de pesos.
Duarte, quien analiza la posibilidad de denunciar legalmente a sus demandantes por daño moral, también ha sido acusado por ser “dueño de ranchos y hoteles”. 
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
La rifa del tigre
Luis Raúl González Pérez es el nuevo titular de la CNDH. La designación llega justo en el momento en organizaciones internacionales lanzan severas critican a la actuación de la Comisión.
Luis Raúl González Pérez se ganó la rifa del tigre.
En la designación para el nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no hubo sorpresas y tal como se vislumbró desde horas antes, el abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue elegido ayer por el Senado para ocupar el puesto.
La encomienda no se antoja sencilla.
Su nombramiento llega justo cuando México atraviesa una severa crisis en materia de derechos humanos, lo cual lo tiene en la mira de organismos nacionales e internacionales, quienes han criticado la actuación de la Comisión, particularmente en los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya.
En el informe preliminar de su visita a México, el relator especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes de la ONU, Juan Méndez, advirtió de manera tajante que la CNDH ha fallado en su misión de proteger a los mexicanos contra la tortura, al ser incapaz de presionar a las autoridades para terminar con la práctica atroz.
“(…) la CNDH ha fallado en su misión de proteger contra estas prácticas, así como investigarlas y sancionarlas. En muchas ocasiones, ni siquiera aplica el Protocolo de Estambul o alude de formas inexactas o matizadas a los actos de tortura”, destacó el visitador en el documento entregado a la Cámara de Diputados el pasado lunes 10 de noviembre.
Sin embargo, para el nuevo titular de la Comisión la labor al frente de los derechos humanos no le es ajena. Ya fue director general administrativo, secretario técnico y visitador general de la propia CNDH.
González Pérez también fue fiscal especial en el homicidio de Luis Donaldo Colosio y dirigió la investigación de la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas, Guerrero.
En este su segundo intento por para presidir la Comisión, su nombramiento fue aprobado por 97 votos, más del 66 por ciento requerido y se impuso en la terna compuesta por Mauricio Farah e Irene Herrerías.
Durante su comparecencia ante comisiones del Senado González Pérez destacó su participación en el programa de desaparecidos de los años 70, denominado “La Guerra Sucia”
“Me tocó trabajar casos sensibles: en 60 días emitimos la recomendación de Aguas Blancas, un caso paradigmático, un caso difícil, un caso complejo; con un equipo de trabajo al que le reconozco, con el que se colaboró. Y ahí están las recomendaciones”, señaló.
También reconoció su labor en materia de defensa de derechos de periodistas y recordó su propuesta de impulsar la federalización de los delitos en materia de libertad de prensa.
El triunfo cantado
Horas antes de la designación oficial de Luis González Pérez como nuevo titular de la CNDH, la noticia ya estaba en todos lados.
Desde muy temprano, los portales reportaban al abogado general de la UNAM como el ganador de la terna.
Joaquín López Dóriga incluso lo puso en su Twitter ligado a una nota en la que explicaba que González Pérez tomaría posesión de su cargo el próximo domingo.
Aún así, los senadores emitieron sus posturas sobre los candidatos durante más de dos horas. Después, pasaron uno a uno con su papelito en la mano para dejar su voto.
Durante su intervención en la tribuna, la senadora del Partido del Trabajo, Layda Sansores, acusó de simulación discutir un dictamen cuando la decisión de que fuera González Pérez ya estaba tomada.
“Díganme si no hay esquizofrenia política en el Senado, primero se sabe quien es el elegido y después se hace la discusión de la terna (…) como quien dice primero se determina el vencedor y luego se simula la competencia. Me irrita la imposición pero lo que más revela es la simulación”, precisó la senadora.
Las propuestas del nuevo titular
> Atender de manera diligente y sensible a las víctimas de violaciones a derechos humanos como centro del quehacer institucional.
> Realizar una revisión integral de contenidos, fines y alcances de los programas específicos de la CNDH.
> Mejorar la recepción de quejas, la atención y acompañamiento a las víctimas, así como la difusión de los derechos humanos para que los ciudadanos los conozcan.
> Fortalecer la política de comunicación con organismos públicos nacionales e internacionales y con organizaciones civiles de derechos humanos.
> Crear un programa nacional de prevención de violaciones a derechos humanos y reforzar las políticas públicas de capacitación de servidores públicos.
> Ejercer una actuación inmediata y proactiva ante casos de violaciones graves de derechos humanos.
> Establecer una relación respetuosa y firme con autoridades públicas; y consolidar la política de transparencia y rendición de cuentas.
Tres casos emblemáticos
1995 a 1996
Fue visitador general de la CNDH. Durante ese periodo dirigió la investigación de la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, la cual derivó en la recomendación de la destitución del entonces procurador de justicia estatal, Antonio Alcocer Salazar.
1996 a 2001
Fue subprocurador especial de la PGR para la investigación del homicidio de Luis Donaldo Colosio. La investigación se cerró tras aceptar la hipótesis de que Mario Aburto fue el “asesino solitario”.
2013
Entregó el documento que terminó con la toma de la Torre de Rectoría de la CCH. Un día después de la entrega de la misiva, las instalaciones fueron liberadas.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.
Luis Raúl González Pérez se ganó la rifa del tigre.
En la designación para el nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no hubo sorpresas y tal como se vislumbró desde horas antes, el abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue elegido ayer por el Senado para ocupar el puesto.
La encomienda no se antoja sencilla.
Su nombramiento llega justo cuando México atraviesa una severa crisis en materia de derechos humanos, lo cual lo tiene en la mira de organismos nacionales e internacionales, quienes han criticado la actuación de la Comisión, particularmente en los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya.
En el informe preliminar de su visita a México, el relator especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes de la ONU, Juan Méndez, advirtió de manera tajante que la CNDH ha fallado en su misión de proteger a los mexicanos contra la tortura, al ser incapaz de presionar a las autoridades para terminar con la práctica atroz.
“(…) la CNDH ha fallado en su misión de proteger contra estas prácticas, así como investigarlas y sancionarlas. En muchas ocasiones, ni siquiera aplica el Protocolo de Estambul o alude de formas inexactas o matizadas a los actos de tortura”, destacó el visitador en el documento entregado a la Cámara de Diputados el pasado lunes 10 de noviembre.
Sin embargo, para el nuevo titular de la Comisión la labor al frente de los derechos humanos no le es ajena. Ya fue director general administrativo, secretario técnico y visitador general de la propia CNDH.
González Pérez también fue fiscal especial en el homicidio de Luis Donaldo Colosio y dirigió la investigación de la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas, Guerrero.
En este su segundo intento por para presidir la Comisión, su nombramiento fue aprobado por 97 votos, más del 66 por ciento requerido y se impuso en la terna compuesta por Mauricio Farah e Irene Herrerías.
Durante su comparecencia ante comisiones del Senado González Pérez destacó su participación en el programa de desaparecidos de los años 70, denominado “La Guerra Sucia”
“Me tocó trabajar casos sensibles: en 60 días emitimos la recomendación de Aguas Blancas, un caso paradigmático, un caso difícil, un caso complejo; con un equipo de trabajo al que le reconozco, con el que se colaboró. Y ahí están las recomendaciones”, señaló.
También reconoció su labor en materia de defensa de derechos de periodistas y recordó su propuesta de impulsar la federalización de los delitos en materia de libertad de prensa.
El triunfo cantado
Horas antes de la designación oficial de Luis González Pérez como nuevo titular de la CNDH, la noticia ya estaba en todos lados.
Desde muy temprano, los portales reportaban al abogado general de la UNAM como el ganador de la terna.
Joaquín López Dóriga incluso lo puso en su Twitter ligado a una nota en la que explicaba que González Pérez tomaría posesión de su cargo el próximo domingo.
Aún así, los senadores emitieron sus posturas sobre los candidatos durante más de dos horas. Después, pasaron uno a uno con su papelito en la mano para dejar su voto.
Durante su intervención en la tribuna, la senadora del Partido del Trabajo, Layda Sansores, acusó de simulación discutir un dictamen cuando la decisión de que fuera González Pérez ya estaba tomada.
“Díganme si no hay esquizofrenia política en el Senado, primero se sabe quien es el elegido y después se hace la discusión de la terna (…) como quien dice primero se determina el vencedor y luego se simula la competencia. Me irrita la imposición pero lo que más revela es la simulación”, precisó la senadora.
Las propuestas del nuevo titular
> Atender de manera diligente y sensible a las víctimas de violaciones a derechos humanos como centro del quehacer institucional.
> Realizar una revisión integral de contenidos, fines y alcances de los programas específicos de la CNDH.
> Mejorar la recepción de quejas, la atención y acompañamiento a las víctimas, así como la difusión de los derechos humanos para que los ciudadanos los conozcan.
> Fortalecer la política de comunicación con organismos públicos nacionales e internacionales y con organizaciones civiles de derechos humanos.
> Crear un programa nacional de prevención de violaciones a derechos humanos y reforzar las políticas públicas de capacitación de servidores públicos.
> Ejercer una actuación inmediata y proactiva ante casos de violaciones graves de derechos humanos.
> Establecer una relación respetuosa y firme con autoridades públicas; y consolidar la política de transparencia y rendición de cuentas.
Tres casos emblemáticos
1995 a 1996
Fue visitador general de la CNDH. Durante ese periodo dirigió la investigación de la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, la cual derivó en la recomendación de la destitución del entonces procurador de justicia estatal, Antonio Alcocer Salazar.
1996 a 2001
Fue subprocurador especial de la PGR para la investigación del homicidio de Luis Donaldo Colosio. La investigación se cerró tras aceptar la hipótesis de que Mario Aburto fue el “asesino solitario”.
2013
Entregó el documento que terminó con la toma de la Torre de Rectoría de la CCH. Un día después de la entrega de la misiva, las instalaciones fueron liberadas.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.
Desmantelan narcolaboratorio de los Beltrán Leyva en Naucalpan
MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) anunció la desarticulación de una banda de tráfico de cocaína y marihuana que tenía su centro de operación en el municipio de Naucalpan, Estado de México.
Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, informó que luego de catear tres inmuebles en la entidad mexiquense y el Distrito Federal, se localizó un narcolaboratorio para cocinar cocaína, diversas armas de fuego, dinero en efectivo y documentos, presuntamente relacionados con el cártel de los Beltrán Leyva.
En conferencia, informó que en los cateos realizados entre la semana pasada y ayer 12 de noviembre, fueron detenidas siete personas, a quienes les aseguraron dinero en efectivo, 366 paquetes de cocaína, tres inmuebles y un narcolaboratorio.
El pasado 5 de noviembre, elementos de la Secretaría de Marina realizaron un operativo en Ciudad Satélite y se desató una balacera. Un día después, en Lomas Verdes, arrestaron a dos delincuentes más, entre ellos un colombiano.
Luego de esa acción, agentes de la PGR catearon un inmueble, detuvieron a una persona y decomisaron 50 paquetes de cocaína; el cateo sumó 53 kilos del alcaloide y 17 mil 244 dólares.
En el aseguramiento de otro inmueble en Naucalpan se incautaron 300 paquetes de cocaína –unos 315 kilogramos—y cuatro vehículos con compartimentos para esconder drogas y dinero.
Zerón de Lucio agregó que se catearon dos inmuebles más en el Estado de México y uno en el Distrito Federal, en los que se localizaron armas y un narcolaboratorio; sin embargo, no especificó el lugar exacto.
Las personas detenidas, dijo, están arraigadas como parte de la averiguación que integra la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO).
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, informó que luego de catear tres inmuebles en la entidad mexiquense y el Distrito Federal, se localizó un narcolaboratorio para cocinar cocaína, diversas armas de fuego, dinero en efectivo y documentos, presuntamente relacionados con el cártel de los Beltrán Leyva.
En conferencia, informó que en los cateos realizados entre la semana pasada y ayer 12 de noviembre, fueron detenidas siete personas, a quienes les aseguraron dinero en efectivo, 366 paquetes de cocaína, tres inmuebles y un narcolaboratorio.
El pasado 5 de noviembre, elementos de la Secretaría de Marina realizaron un operativo en Ciudad Satélite y se desató una balacera. Un día después, en Lomas Verdes, arrestaron a dos delincuentes más, entre ellos un colombiano.
Luego de esa acción, agentes de la PGR catearon un inmueble, detuvieron a una persona y decomisaron 50 paquetes de cocaína; el cateo sumó 53 kilos del alcaloide y 17 mil 244 dólares.
En el aseguramiento de otro inmueble en Naucalpan se incautaron 300 paquetes de cocaína –unos 315 kilogramos—y cuatro vehículos con compartimentos para esconder drogas y dinero.
Zerón de Lucio agregó que se catearon dos inmuebles más en el Estado de México y uno en el Distrito Federal, en los que se localizaron armas y un narcolaboratorio; sin embargo, no especificó el lugar exacto.
Las personas detenidas, dijo, están arraigadas como parte de la averiguación que integra la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO).
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Caso Ayotzinapa afectará inversión y empleo, admite Videgaray
MÉXICO, D.F: El país puede perder inversiones y empleos, tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, reconoció el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray.
En entrevista con Grupo Fórmula, el funcionario federal dijo que “estos hechos le han dado la vuelta al mundo y han, sin duda, marcado la opinión que se tiene de México, fuera de México y dentro de México. Y por supuesto puede haber decisiones de inversión, decisiones de contratación de empleos que se vean afectados. Sería una ingenuidad decir que no tendrá un efecto en la economía”.
El encargado de las finanzas públicas del país aseguró que “lo más importante es que hay 43 jóvenes que hoy están desaparecidos y que hay un proceso de carácter penal que encabeza la PGR que indica que el país ha vivido una de sus más grandes tragedias en la historia”.
A Luis Videgaray no le quedó de otra que aceptar el impacto de la violencia persistente en el país sobre la economía.
De hecho, la semana pasada en un foro organizado por The Economist, enfatizó que los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, cambiaron la percepción sobre México “no sólo de los extranjeros, la percepción de los propios mexicanos sobre las condiciones en nuestro país”.
En efecto, la noticia permeó a las más altas esferas financieras del orbe. Es el caso de Bank of America Merrill Lynch (BofAML), banco de inversión que advirtió: “La inseguridad creciente que se vive en el país es ya el principal factor que detiene el crecimiento de la economía mexicana”.
En su informe mensual sobre los mercados emergentes globales, cuyo apartado sobre el país titula “México: una recuperación más débil de lo esperado”, la semana pasada el banco advirtió:
“En las últimas semanas, las preocupaciones sobre la inseguridad han regresado a los reflectores como el principal factor que detiene el crecimiento económico. La inseguridad encabeza las preocupaciones (de los analistas) por encima de la política fiscal, la volatilidad financiera y la debilidad externa de los mercados”.
En México, la cúpula empresarial de plano soltó que sin seguridad y sin condiciones sociales, el futuro económico del país estaba perdido, con todo y las reformas estructurales. Mientras que los especialistas encuestados por el Banco de México (Banxico) consideraron que la inseguridad es la principal limitante para la economía nacional.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
En entrevista con Grupo Fórmula, el funcionario federal dijo que “estos hechos le han dado la vuelta al mundo y han, sin duda, marcado la opinión que se tiene de México, fuera de México y dentro de México. Y por supuesto puede haber decisiones de inversión, decisiones de contratación de empleos que se vean afectados. Sería una ingenuidad decir que no tendrá un efecto en la economía”.
El encargado de las finanzas públicas del país aseguró que “lo más importante es que hay 43 jóvenes que hoy están desaparecidos y que hay un proceso de carácter penal que encabeza la PGR que indica que el país ha vivido una de sus más grandes tragedias en la historia”.
A Luis Videgaray no le quedó de otra que aceptar el impacto de la violencia persistente en el país sobre la economía.
De hecho, la semana pasada en un foro organizado por The Economist, enfatizó que los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, cambiaron la percepción sobre México “no sólo de los extranjeros, la percepción de los propios mexicanos sobre las condiciones en nuestro país”.
En efecto, la noticia permeó a las más altas esferas financieras del orbe. Es el caso de Bank of America Merrill Lynch (BofAML), banco de inversión que advirtió: “La inseguridad creciente que se vive en el país es ya el principal factor que detiene el crecimiento de la economía mexicana”.
En su informe mensual sobre los mercados emergentes globales, cuyo apartado sobre el país titula “México: una recuperación más débil de lo esperado”, la semana pasada el banco advirtió:
“En las últimas semanas, las preocupaciones sobre la inseguridad han regresado a los reflectores como el principal factor que detiene el crecimiento económico. La inseguridad encabeza las preocupaciones (de los analistas) por encima de la política fiscal, la volatilidad financiera y la debilidad externa de los mercados”.
En México, la cúpula empresarial de plano soltó que sin seguridad y sin condiciones sociales, el futuro económico del país estaba perdido, con todo y las reformas estructurales. Mientras que los especialistas encuestados por el Banco de México (Banxico) consideraron que la inseguridad es la principal limitante para la economía nacional.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
Lluvia en Cocula e Iguala pone en duda versión de la PGR sobre incineración
MÉXICO, D.F: Durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, Cocula e Iguala registraron una pertinaz lluvia, hecho que pone en duda la versión de Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, de que los estudiantes normalistas fueron incinerados en una gran fogata al aire libre.
Esta y otras interrogantes surgieron entre la comisión especial de legisladores encargada de investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, luego de un encuentro de tres horas que tuvieron con el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda.
Lizbeth Rosas, diputada por el PRD, cuestionó al titular de la Sedena luego de que éste mostrara a los legisladores fotografías de lo ocurrido ese sábado de septiembre; por ello, advirtió, todo apunta a que se realizó “un montaje” de las autoridades.
Momentos posteriores a la agresión contra los normalistas, diversos medios de comunicación, entre ellos Milenio y Cadena 3, entrevistaron en el lugar de los hechos a algunos de los sobrevivientes, y en las imágenes se observa un escenario lluvioso, por lo que sería imposible generar una hoguera de las dimensiones que Murillo Karam describió para apuntalar su versión de que fueron incinerados los cuerpos de “una cuarentena de personas”, alertó la diputada.
Durante el encuentro con legisladores, el secretario de la Defensa señaló que, según los reportes remitidos por el 27 Batallón, los militares hablaron con el secretario de Seguridad Pública de Iguala, y éste les dijo que “era mentira, que no había sucedido nada, que no había habido enfrentamientos y que todo estaba en paz. Incluso que el titular de Seguridad comentó: ‘Yo no sé nada y solamente voy a intervenir cuando así me lo pidan”, narró la diputada del PT, Lilia Aguilar.
Respecto del auxilio negado a los jóvenes, el general Cienfuegos aseguró a los legisladores que los elementos de la Sedena sí dieron el apoyo, e incluso fueron ellos los que llamaron a las ambulancias, pero que ello ocurrió posterior al encuentro con los estudiantes en los hospitales. Los que sí acudieron al cuartel por ayuda fueron los integrantes del equipo de futbol, aclaró.
El titular de la Sedena inició su encuentro con los diputados federales mostrándoles una bitácora de lo sucedido esa noche; puntualizó que en el cuartel, que está a tres kilómetros de Iguala, están asignados 130 elementos, pero que esa noche la mayoría estaba “franco” y, quienes no, habían acudido a atender una volcadura, razón por la que regresaron muy noche a las instalaciones militares. Además, aseguró Cienfuegos, los militares nunca escucharon disparos ni supieron de enfrentamiento alguno.
“Ellos no oyeron detonaciones ni balazos, no se tiene registrado que les pidieran auxilio, como nos había dicho el procurador; el secretario dijo que no tienen registrado en ningún momento que les pidieran auxilio”, relató Ricardo Mejía Berdeja, vicecoordinador del MC.
Además, puso en duda que el 27 Batallón cuente con “inteligencia militar”, como lo sostuvo en todo momento el general Cienfuegos, “pues resulta extraño que con tanta inteligencia que dicen tener no oyeron disparos, no vieron nada extraño, no se percataron de la humareda de una supuesta quemazón de jóvenes, no vieron nada”.
Ricardo Mejía, Lilia Aguilar y Lizbeth Rosas preguntaron al secretario de la Defensa si durante el trayecto de la volcadura a los hospitales escucharon o no disparos, “y nos aseguró que no”.
Además, el general Cienfuegos detalló a los legisladores que el 27 Batallón está compuesto por 564 elementos, de los que cinco son jefes y 43 oficiales, todos ellos distribuidos en 10 municipios, y al menos 130 para Iguala.
“Pero ese día estaban francos la mayoría, y sólo había una fuerza de reacción de 21 elementos que fue la que se constituyó en los hospitales y más tarde se integraron 12 más”, dijo Mejía que informó el general secretario.
También aclaró a los diputados que cuando llegaron al hospital privado “sí les tomaron los nombres” a los estudiantes, pero que en ningún momento los torturaron, agredieron o violentaron sus derechos humanos.
Otra de las revelaciones que hizo el secretario de la Defensa fue que “la PGR no les ha requerido información” sobre qué hicieron, vieron o escucharon los militares durante la noche del 26 y la madrugada y tarde del 27 de septiembre.
Al valorar la reunión con la Sedena, Mejía Berdeja dijo que por los dichos del titular, “el Ejército no tiene elementos de inteligencia, pues no visualizaron, no se percataron, no oyeron e incluso intervinieron tardíamente”.
La diputada Aguilar comentó que también se le inquirió al secretario de la Defensa una probable cercanía de los militares del batallón con el entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.
“Negó cualquier relación cercana más allá de la oficial, y que lo que se sabía de Abarca Velázquez era lo que vox populi se decía”, resaltó la petista Lilia Aguilar.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
Esta y otras interrogantes surgieron entre la comisión especial de legisladores encargada de investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, luego de un encuentro de tres horas que tuvieron con el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda.
Lizbeth Rosas, diputada por el PRD, cuestionó al titular de la Sedena luego de que éste mostrara a los legisladores fotografías de lo ocurrido ese sábado de septiembre; por ello, advirtió, todo apunta a que se realizó “un montaje” de las autoridades.
Momentos posteriores a la agresión contra los normalistas, diversos medios de comunicación, entre ellos Milenio y Cadena 3, entrevistaron en el lugar de los hechos a algunos de los sobrevivientes, y en las imágenes se observa un escenario lluvioso, por lo que sería imposible generar una hoguera de las dimensiones que Murillo Karam describió para apuntalar su versión de que fueron incinerados los cuerpos de “una cuarentena de personas”, alertó la diputada.
Durante el encuentro con legisladores, el secretario de la Defensa señaló que, según los reportes remitidos por el 27 Batallón, los militares hablaron con el secretario de Seguridad Pública de Iguala, y éste les dijo que “era mentira, que no había sucedido nada, que no había habido enfrentamientos y que todo estaba en paz. Incluso que el titular de Seguridad comentó: ‘Yo no sé nada y solamente voy a intervenir cuando así me lo pidan”, narró la diputada del PT, Lilia Aguilar.
Respecto del auxilio negado a los jóvenes, el general Cienfuegos aseguró a los legisladores que los elementos de la Sedena sí dieron el apoyo, e incluso fueron ellos los que llamaron a las ambulancias, pero que ello ocurrió posterior al encuentro con los estudiantes en los hospitales. Los que sí acudieron al cuartel por ayuda fueron los integrantes del equipo de futbol, aclaró.
El titular de la Sedena inició su encuentro con los diputados federales mostrándoles una bitácora de lo sucedido esa noche; puntualizó que en el cuartel, que está a tres kilómetros de Iguala, están asignados 130 elementos, pero que esa noche la mayoría estaba “franco” y, quienes no, habían acudido a atender una volcadura, razón por la que regresaron muy noche a las instalaciones militares. Además, aseguró Cienfuegos, los militares nunca escucharon disparos ni supieron de enfrentamiento alguno.
“Ellos no oyeron detonaciones ni balazos, no se tiene registrado que les pidieran auxilio, como nos había dicho el procurador; el secretario dijo que no tienen registrado en ningún momento que les pidieran auxilio”, relató Ricardo Mejía Berdeja, vicecoordinador del MC.
Además, puso en duda que el 27 Batallón cuente con “inteligencia militar”, como lo sostuvo en todo momento el general Cienfuegos, “pues resulta extraño que con tanta inteligencia que dicen tener no oyeron disparos, no vieron nada extraño, no se percataron de la humareda de una supuesta quemazón de jóvenes, no vieron nada”.
Ricardo Mejía, Lilia Aguilar y Lizbeth Rosas preguntaron al secretario de la Defensa si durante el trayecto de la volcadura a los hospitales escucharon o no disparos, “y nos aseguró que no”.
Además, el general Cienfuegos detalló a los legisladores que el 27 Batallón está compuesto por 564 elementos, de los que cinco son jefes y 43 oficiales, todos ellos distribuidos en 10 municipios, y al menos 130 para Iguala.
“Pero ese día estaban francos la mayoría, y sólo había una fuerza de reacción de 21 elementos que fue la que se constituyó en los hospitales y más tarde se integraron 12 más”, dijo Mejía que informó el general secretario.
También aclaró a los diputados que cuando llegaron al hospital privado “sí les tomaron los nombres” a los estudiantes, pero que en ningún momento los torturaron, agredieron o violentaron sus derechos humanos.
Otra de las revelaciones que hizo el secretario de la Defensa fue que “la PGR no les ha requerido información” sobre qué hicieron, vieron o escucharon los militares durante la noche del 26 y la madrugada y tarde del 27 de septiembre.
Al valorar la reunión con la Sedena, Mejía Berdeja dijo que por los dichos del titular, “el Ejército no tiene elementos de inteligencia, pues no visualizaron, no se percataron, no oyeron e incluso intervinieron tardíamente”.
La diputada Aguilar comentó que también se le inquirió al secretario de la Defensa una probable cercanía de los militares del batallón con el entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.
“Negó cualquier relación cercana más allá de la oficial, y que lo que se sabía de Abarca Velázquez era lo que vox populi se decía”, resaltó la petista Lilia Aguilar.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
Normalistas rechazan la tregua propuesta por empresarios de Acapulco durante el puente
Los estudiantes y los familiares de los desparecidos anunciaron caravanas informativas que partirán a varios estados del país.
Luego de que los empresarios del puerto turístico de Acapulco pidieran a los normalistas una tregua para evitar la realización de protestas durante el puente de este fin de semana, la sociedad de alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa y los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos rechazaron el acuerdo, e incluso anunciaron una campaña de caravanas informativas hacia diferentes partes del país.
De acuerdo con un reporte del diario Milenio, este jueves 13 de noviembre los estudiantes saldrán de un plantel ubicado en la cabecera municipal de Tixtla las caravanas dirigidas, en una primera etapa, a Chihuahua, Zacatecas, Jalisco y Michoacán; la segunda etapa recorrerá Chiapas, Oaxaca, Morelos y Tlaxcala; y la tercera, que inicia el sábado 14 de noviembre, a comunidades de Guerrero, como Tlapa, San Luis Zacatlán, Ayutla, Zihuatanejo, Atoyac y Acapulco.
El plan de los normalistas y los padres es que el próximo 20 de noviembre las tres brigadas se encuentren en la Ciudad de México, donde se realizará otra marcha para exigir la aparición con vida de los estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre, luego de un ataque de la policía municipal de Iguala, Guerrero.
Para el 20 de noviembre, en redes sociales ha circulado la convocatoria para vestir de negro en protesta por el caso de los normalistas.
La violencia y las protestas sociales derivadas de la desaparición de 43 estudiantes en septiembre en el sur del país provocaron la cancelación de más del 60% de las reservas de cuartos de hotel en el balneario de Acapulco para el puente festivo del próximo fin de semana.
“Esa cifra enfoca la cadena de valor del turismo formal en cuartos de hotel y su derrama. Para este puente se reporta una ocupación del 20% de un nivel de reservas que se estimaba en torno al 85%” dijo a The Associated Press Joaquín Badillo presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el Estado de Guerrero, donde se encuentra Acapulco.
De acuerdo con la información oficial, hay “indicios” de que los normalistas fueron asesinados y quemados por integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, a quienes fueron entregados tras su detención por policías de Iguala y Cocula. Las autoridades mexicanas han informado que el ataque fue ordenado por el exalcalde de Iguala, José Luis Acarca —actualmente preso en un penal de máxima seguridad—, para evitar un boicot a un evento de su esposa María de los Ángeles Pineda.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Luego de que los empresarios del puerto turístico de Acapulco pidieran a los normalistas una tregua para evitar la realización de protestas durante el puente de este fin de semana, la sociedad de alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa y los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos rechazaron el acuerdo, e incluso anunciaron una campaña de caravanas informativas hacia diferentes partes del país.
De acuerdo con un reporte del diario Milenio, este jueves 13 de noviembre los estudiantes saldrán de un plantel ubicado en la cabecera municipal de Tixtla las caravanas dirigidas, en una primera etapa, a Chihuahua, Zacatecas, Jalisco y Michoacán; la segunda etapa recorrerá Chiapas, Oaxaca, Morelos y Tlaxcala; y la tercera, que inicia el sábado 14 de noviembre, a comunidades de Guerrero, como Tlapa, San Luis Zacatlán, Ayutla, Zihuatanejo, Atoyac y Acapulco.
El plan de los normalistas y los padres es que el próximo 20 de noviembre las tres brigadas se encuentren en la Ciudad de México, donde se realizará otra marcha para exigir la aparición con vida de los estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre, luego de un ataque de la policía municipal de Iguala, Guerrero.
Para el 20 de noviembre, en redes sociales ha circulado la convocatoria para vestir de negro en protesta por el caso de los normalistas.
La violencia y las protestas sociales derivadas de la desaparición de 43 estudiantes en septiembre en el sur del país provocaron la cancelación de más del 60% de las reservas de cuartos de hotel en el balneario de Acapulco para el puente festivo del próximo fin de semana.
“Esa cifra enfoca la cadena de valor del turismo formal en cuartos de hotel y su derrama. Para este puente se reporta una ocupación del 20% de un nivel de reservas que se estimaba en torno al 85%” dijo a The Associated Press Joaquín Badillo presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el Estado de Guerrero, donde se encuentra Acapulco.
De acuerdo con la información oficial, hay “indicios” de que los normalistas fueron asesinados y quemados por integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, a quienes fueron entregados tras su detención por policías de Iguala y Cocula. Las autoridades mexicanas han informado que el ataque fue ordenado por el exalcalde de Iguala, José Luis Acarca —actualmente preso en un penal de máxima seguridad—, para evitar un boicot a un evento de su esposa María de los Ángeles Pineda.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Inflados
Las afiliaciones masivas del PAN contrastan con la crisis que se vive al interior del partido debido a sus escándalos de corrupción. En menos de un año el padrón de militantes panistas en el país se ha duplicado.
El Partido Acción Nacional (PAN) vive una de sus peores épocas a nivel nacional, pero su padrón de militantes registra un sospechoso boom gracias a las afiliaciones masivas de militantes promovidas por los grupos panistas de cara al 2015.
La decadencia que enfrenta el panismo en la sociedad por sus escándalos de corrupción contrasta con una inédita “efervescencia” que se vive dentro de las filas de este partido político.
En la elección presidencial del 2012, el PAN quedó reducido a la tercera fuerza electoral en México, después de ocupar por 12 años la Presidencia de México.
Sin embargo, hoy el padrón de militantes panistas se ha duplicado en menos de un año.
A mediados del 2014 el padrón albiazul, publicado en la página de Internet del Registro Nacional de Miembros, ascendía a 220 mil simpatizantes activos.
Pero este número se duplicó en menos de un año para llegar a 473 mil panistas en todo el país.
El Distrito Federal, Sonora y Nuevo León fueron los estados donde el número de panista creció más - desde un 200 hasta un 300 por ciento- entre el año pasado y en lo que va del 2014.
Esto de acuerdo al Registro Nacional de Miembros, que está a cargo de Carmen Segura Rangel, designada por Gustavo Madero, dirigente nacional del PAN con licencia desde hace dos meses.
En el PAN el control y manipulación de los padrones de simpatizantes es clave para la selección de candidatos de elección popular: desde la gubernatura hasta diputaciones locales, federales y alcaldías.
También será determinante para la elección del próximo dirigente nacional, una vez que termine el periodo de Gustavo Madero que hoy cumple de manera interina Ricardo Anaya.
Operación levadura
En el abultamiento del padrón panista se ve la operación que realizaron gobernadores albiazules como Rafael Moreno Valle, en Puebla, y Guillermo Padrés Elías, en Sonora.
Estas entidades -junto con el Distrito Federal y Nuevo León- son las que presentaron en términos porcentuales el mayor incremento en el número de simpatizantes.
El Distrito Federal fue la entidad que presentó el mayor crecimientos de seguidores: un 303 por ciento.
En mayo de este año el PAN capitalino tenía apenas 8 mil 177 militantes.
Hoy, seis meses después, el padrón se disparó hasta llegar a los 32 mil 996 activos que tendrán derecho a voto en las elecciones internas que se llevarán a cabo a principios del próximo año.
El mayor número de afiliaciones se le atribuyen a Jorge Romero, delegado de la Benito Juárez, la única delegación que gobierna Acción Nacional en la Ciudad de México.
Después de la Ciudad de México, Sonora es el estado donde creció más en términos porcentuales el padrón de militantes panistas.
Hace un año el número de albiazules se ubicaba en los 6 mil 822.
Pero hoy el padrón se infló hasta llegar a los 24 mil 705 activos, lo que representa un aumento del 262 por ciento.
En Sonora la afiliación estuvo a cargo de los grupos afines al gobernador Guillermo Padrés Elías buscando controlar el proceso de designación del próximo candidato panista a la gubernatura.
La División del Norte
En Nuevo León, donde el próximo año se disputará elecciones para elegir a gobernador, alcaldes y diputados, el polémico padrón panista creció un 204 por ciento.
En menos de un año pasó de 11 mil 587 militantes, que había hasta el cierre del año pasado, a 35 mil simpatizantes.
El mayor número de afiliaciones fueron llevadas a cabo por el grupo de La División del Norte, que encabeza José Serrano e Iván Garza, panistas afines al exdirigente nacional Gustavo Madero.
Incluso Iván Garza, quien hoy es uno de los aspirantes a la candidatura panista por la Alcaldía de Monterrey, hace tres años estuvo al frente del Registro Nacional de Miembros.
También se sabe que el Grupo San Nicolás, que encabeza el exdelegado de la SCT, Zeferino Salgado, y el exalcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, operaron para aumentar el padrón albiazul en Nuevo León y su influencia en los procesos internos.
También la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, utilizó su cargo para aumentar su fuerza en el padrón panista de la capital de Nuevo León, que será clave en sus aspiraciones por la gubernatura del Estado.
En Nuevo León existe el antecedente de la elección del 2009 en la que el CEN albiazul canceló los procesos internos de selección de candidatos y llevó a cabo designaciones directas porque no existía confianza en el padrón de militantes.
El excandidato a la gubernatura de Nuevo León, el expanista Fernando Elizondo, se refería como la “afiliación perversa” a la operación que realizaron los grupos para hacerse del control de las votaciones.
Un Estado pintado de azul
El Estado de México se convertirá en la entidad con el mayor número de albiazules registrados en México.
De acuerdo al Registro Nacional de Miembros, Edomex tiene en la actualidad 42 mil 384 militantes registrados que tendrán derecho a votar en los próximos procesos internos para elegir candidatos.
El padrón albiazul en el Estado de México –donde el PAN como en el DF es la tercera fuerza electoral- en un año creció un 177 por ciento.
Después del Estado de México, los panistas de Veracruz serán los que tendrán mayor fuerza en la estructura panista.
En el último año el número de panistas creció en este estado un 146 por ciento.
Hace unos meses el padrón albiazul veracruzano llegaba apenas a 16 mil 849 militantes.
Hoy esa cifra alcanza los 41 mil 523 simpatizantes.
El operador detrás de este insólito incremento se llama Miguel Ángel Yunes, excandidato del PAN a la Gubernatura de Veracruz, que controla a través de su hijo la Alcaldía de Boca del Río.
El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, también está operando en el padrón poblano ya su proyecto político para convertirse en el aspirante albiazul a la Presidencia de México en el 2018.
El número de panistas registrados en Puebla pasó de 13 mil 461 militantes que existían hace un año a 35 mil 911 simpatizantes que serán un factor tanto en la elección por la dirigencia nacional el próximo año como por la candidatura presidencial en el 2018.
Los panistas de Puebla, junto con Edomex, Veracruz, Jalisco y Nuevo León, representarán la mitad del padrón nacional del PAN con la actual configuración.
El bastión de Calderón
En Michoacán el padrón albiazul creció un 98 por ciento: pasó de 8 mil 349 a 16 mil 506 militantes activos.
Este incremento supone un riesgo para la senadora Luisa María Calderón, hermana del expresidente Felipe Calderón y aspirante a la candidatura albiazul por la gubernatura de este estado.
“La Cocoa” cree tener asegurada la candidatura albiazul, pero con este abultamiento de la estructura panista en Michoacán la fuerza interna pudo haber cambiado y beneficiado a otro aspirante.
Querétaro es otro de los estados, junto con Baja California, donde se presentó un aumento importante en el padrón albiazul.
En Querétaro la base de simpatizantes se infló un 90 por ciento. De 6 mil 961 pasó, en menos de un año, a 13 mil 224 militantes panistas, que serán los que elegirán al próximo candidato del PAN a la gubernatura.
Este estado es importante para el actual dirigente nacional panista, Ricardo Anaya, quien se perfila como el candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, gobernado por el priista José Calzada.
En la reconfiguración panista de cara al 2015 el estado de Jalisco se consolida como una de las entidades con mayor número de panistas registrados.
Hace un año la militancia en ese estado se ubicó en 20 mil 731 militantes, tras el programa de refrendo que realizó el CEN a nivel nacional.
Hoy –de acuerdo al RNM- en Jalisco existen 37 mil 261 simpatizantes, lo que significó un 80 por ciento de aumento.
En Jalisco el control de la militancia es repartido entre varios grupos entre ellos el que encabeza el diputado federal Isaías Cortés Berumen y su hermano el legislador local, Hernán Cortés, expresidente del PAN en ese estado.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
El Partido Acción Nacional (PAN) vive una de sus peores épocas a nivel nacional, pero su padrón de militantes registra un sospechoso boom gracias a las afiliaciones masivas de militantes promovidas por los grupos panistas de cara al 2015.
La decadencia que enfrenta el panismo en la sociedad por sus escándalos de corrupción contrasta con una inédita “efervescencia” que se vive dentro de las filas de este partido político.
En la elección presidencial del 2012, el PAN quedó reducido a la tercera fuerza electoral en México, después de ocupar por 12 años la Presidencia de México.
Sin embargo, hoy el padrón de militantes panistas se ha duplicado en menos de un año.
A mediados del 2014 el padrón albiazul, publicado en la página de Internet del Registro Nacional de Miembros, ascendía a 220 mil simpatizantes activos.
Pero este número se duplicó en menos de un año para llegar a 473 mil panistas en todo el país.
El Distrito Federal, Sonora y Nuevo León fueron los estados donde el número de panista creció más - desde un 200 hasta un 300 por ciento- entre el año pasado y en lo que va del 2014.
Esto de acuerdo al Registro Nacional de Miembros, que está a cargo de Carmen Segura Rangel, designada por Gustavo Madero, dirigente nacional del PAN con licencia desde hace dos meses.
En el PAN el control y manipulación de los padrones de simpatizantes es clave para la selección de candidatos de elección popular: desde la gubernatura hasta diputaciones locales, federales y alcaldías.
También será determinante para la elección del próximo dirigente nacional, una vez que termine el periodo de Gustavo Madero que hoy cumple de manera interina Ricardo Anaya.
Operación levadura
En el abultamiento del padrón panista se ve la operación que realizaron gobernadores albiazules como Rafael Moreno Valle, en Puebla, y Guillermo Padrés Elías, en Sonora.
Estas entidades -junto con el Distrito Federal y Nuevo León- son las que presentaron en términos porcentuales el mayor incremento en el número de simpatizantes.
El Distrito Federal fue la entidad que presentó el mayor crecimientos de seguidores: un 303 por ciento.
En mayo de este año el PAN capitalino tenía apenas 8 mil 177 militantes.
Hoy, seis meses después, el padrón se disparó hasta llegar a los 32 mil 996 activos que tendrán derecho a voto en las elecciones internas que se llevarán a cabo a principios del próximo año.
El mayor número de afiliaciones se le atribuyen a Jorge Romero, delegado de la Benito Juárez, la única delegación que gobierna Acción Nacional en la Ciudad de México.
Después de la Ciudad de México, Sonora es el estado donde creció más en términos porcentuales el padrón de militantes panistas.
Hace un año el número de albiazules se ubicaba en los 6 mil 822.
Pero hoy el padrón se infló hasta llegar a los 24 mil 705 activos, lo que representa un aumento del 262 por ciento.
En Sonora la afiliación estuvo a cargo de los grupos afines al gobernador Guillermo Padrés Elías buscando controlar el proceso de designación del próximo candidato panista a la gubernatura.
La División del Norte
En Nuevo León, donde el próximo año se disputará elecciones para elegir a gobernador, alcaldes y diputados, el polémico padrón panista creció un 204 por ciento.
En menos de un año pasó de 11 mil 587 militantes, que había hasta el cierre del año pasado, a 35 mil simpatizantes.
El mayor número de afiliaciones fueron llevadas a cabo por el grupo de La División del Norte, que encabeza José Serrano e Iván Garza, panistas afines al exdirigente nacional Gustavo Madero.
Incluso Iván Garza, quien hoy es uno de los aspirantes a la candidatura panista por la Alcaldía de Monterrey, hace tres años estuvo al frente del Registro Nacional de Miembros.
También se sabe que el Grupo San Nicolás, que encabeza el exdelegado de la SCT, Zeferino Salgado, y el exalcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, operaron para aumentar el padrón albiazul en Nuevo León y su influencia en los procesos internos.
También la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, utilizó su cargo para aumentar su fuerza en el padrón panista de la capital de Nuevo León, que será clave en sus aspiraciones por la gubernatura del Estado.
En Nuevo León existe el antecedente de la elección del 2009 en la que el CEN albiazul canceló los procesos internos de selección de candidatos y llevó a cabo designaciones directas porque no existía confianza en el padrón de militantes.
El excandidato a la gubernatura de Nuevo León, el expanista Fernando Elizondo, se refería como la “afiliación perversa” a la operación que realizaron los grupos para hacerse del control de las votaciones.
Un Estado pintado de azul
El Estado de México se convertirá en la entidad con el mayor número de albiazules registrados en México.
De acuerdo al Registro Nacional de Miembros, Edomex tiene en la actualidad 42 mil 384 militantes registrados que tendrán derecho a votar en los próximos procesos internos para elegir candidatos.
El padrón albiazul en el Estado de México –donde el PAN como en el DF es la tercera fuerza electoral- en un año creció un 177 por ciento.
Después del Estado de México, los panistas de Veracruz serán los que tendrán mayor fuerza en la estructura panista.
En el último año el número de panistas creció en este estado un 146 por ciento.
Hace unos meses el padrón albiazul veracruzano llegaba apenas a 16 mil 849 militantes.
Hoy esa cifra alcanza los 41 mil 523 simpatizantes.
El operador detrás de este insólito incremento se llama Miguel Ángel Yunes, excandidato del PAN a la Gubernatura de Veracruz, que controla a través de su hijo la Alcaldía de Boca del Río.
El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, también está operando en el padrón poblano ya su proyecto político para convertirse en el aspirante albiazul a la Presidencia de México en el 2018.
El número de panistas registrados en Puebla pasó de 13 mil 461 militantes que existían hace un año a 35 mil 911 simpatizantes que serán un factor tanto en la elección por la dirigencia nacional el próximo año como por la candidatura presidencial en el 2018.
Los panistas de Puebla, junto con Edomex, Veracruz, Jalisco y Nuevo León, representarán la mitad del padrón nacional del PAN con la actual configuración.
El bastión de Calderón
En Michoacán el padrón albiazul creció un 98 por ciento: pasó de 8 mil 349 a 16 mil 506 militantes activos.
Este incremento supone un riesgo para la senadora Luisa María Calderón, hermana del expresidente Felipe Calderón y aspirante a la candidatura albiazul por la gubernatura de este estado.
“La Cocoa” cree tener asegurada la candidatura albiazul, pero con este abultamiento de la estructura panista en Michoacán la fuerza interna pudo haber cambiado y beneficiado a otro aspirante.
Querétaro es otro de los estados, junto con Baja California, donde se presentó un aumento importante en el padrón albiazul.
En Querétaro la base de simpatizantes se infló un 90 por ciento. De 6 mil 961 pasó, en menos de un año, a 13 mil 224 militantes panistas, que serán los que elegirán al próximo candidato del PAN a la gubernatura.
Este estado es importante para el actual dirigente nacional panista, Ricardo Anaya, quien se perfila como el candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, gobernado por el priista José Calzada.
En la reconfiguración panista de cara al 2015 el estado de Jalisco se consolida como una de las entidades con mayor número de panistas registrados.
Hace un año la militancia en ese estado se ubicó en 20 mil 731 militantes, tras el programa de refrendo que realizó el CEN a nivel nacional.
Hoy –de acuerdo al RNM- en Jalisco existen 37 mil 261 simpatizantes, lo que significó un 80 por ciento de aumento.
En Jalisco el control de la militancia es repartido entre varios grupos entre ellos el que encabeza el diputado federal Isaías Cortés Berumen y su hermano el legislador local, Hernán Cortés, expresidente del PAN en ese estado.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
La frágil democracia en llamas
MÉXICO, D.F: El 7 de julio de 2015 habrá elecciones en 16 estados. En nueve de ellos se elegirá gobernador, diputados locales y presidentes municipales, y los dos últimos puestos en las otras siete entidades, además de que a nivel federal se renovará la Cámara de Diputados.
Pero visto desde las circunstancias actuales, el proceso electoral tendrá serios problemas por la crisis de gobernabilidad que hoy padecemos.
Desde ahora se ha comenzado a detectar que la frágil democracia mexicana está en riesgo por la ausencia de justicia, los altos niveles de violencia y los indicios de una clara fusión de políticos y miembros del crimen organizado, ávidos de instalarse en las posiciones de gobierno.
Los escandalosos casos de simbiosis entre narcotraficantes y políticos –como ocurrió en Guerrero con el presidente de Iguala, José Luis Abarca, y el gobernador Ángel Aguirre Rivero, quienes protegían al grupo Guerrero Unidos, o en Michoacán con los exgobernadores Fausto Vallejo y Jesús Reyna, que recibieron dinero de los Caballeros Templarios– son los ejemplos más claros y recientes del poder del narcotráfico en las elecciones.
La incipiente democracia mexicana también está en peligro porque las instituciones que la soportan no responden a los intereses ciudadanos, sino a grupos políticos, a emporios económicos –como las grandes empresas de medios– y al propio gobierno federal emanado del PRI, que pretende perpetuarse en el poder a como dé lugar.
Con el fracaso de la transición a la democracia con los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón devino un proceso de debilitamiento en todas las estructuras e instituciones de gobierno, judiciales y legislativas, y con ello la oportunidad para que el crimen organizado se posicionara erigiéndose en cogobierno o en narco- Estado en algunas regiones del país, donde los grupos criminales son los que controlan el territorio y establecen su ley de terror y violencia.
No hay nada que garantice que las próximas elecciones estén blindadas del poder del crimen organizado, cuando recientemente hemos visto a gobernadores, presidentes municipales, senadores y diputados locales y federales involucrados con algunas bandas criminales.
La falta de justicia, esto es, el reino de la impunidad, permite que los criminales y sus socios políticos establezcan nuevos pactos o alianzas en algunas de las entidades donde habrá elecciones, como Sonora, Michoacán, Guerrero, Morelos y el Estado de México, donde hoy se ven con mayor poder.
En su ambición por alcanzar más espacios, los partidos políticos no han establecido los filtros y diques necesarios para impedir que lleguen miembros de grupos del crimen organizado interesados en cotos de poder como no los tenían antes en el gobierno.
La corrupción entre la clase política es el terreno más fértil para que el narco-Estado expanda sus redes y tentáculos por otras regiones del país que son propicias para el negocio del tráfico de drogas o las nuevas vertientes económicas del crimen organizado: extorsión, secuestro, cobro de impuestos y control del mercado informal.
Pero también lo es la impunidad. El caso de Ayotzinapa, Guerrero, donde ha habido una clara muestra de abuso de autoridad, impunidad y colusión entre crimen organizado y grupos políticos, ha prendido la mecha de una llamarada que ya alcanzó las puertas del Palacio Nacional y las sedes del gobierno y del Congreso local.
Esta rabia contenida también se ha reflejado en las agresiones a los perredistas Cuauhtémoc Cárdenas, Alejandro Encinas y Jesús Zambrano, que bien podrían replicarse hacia miembros de otros partidos políticos, pues la gente, el ciudadano de a pie, ha comenzado a manifestar su hartazgo en agresiones. La ministra Olga Sánchez Cordero fue interpelada en un foro en Veracruz bajo el grito de “asquerosa ladrona”, por un joven que le reclamó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de impedir la consulta a la reforma energética.
La inconformidad social traducida en violencia crece conforme salen más escándalos, como la casa de 7 millones de dólares que construye la esposa de Enrique Peña Nieto con sus “ahorros” como actriz, según argumentó el vocero del gobierno federal. Y no se descarta que llegue hasta las elecciones del año que viene, pues lo más probable es que sigan saliendo nuevos escándalos de corrupción, impunidad, injusticia y colusión de narcos y políticos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS (ANÁLISIS)
Pero visto desde las circunstancias actuales, el proceso electoral tendrá serios problemas por la crisis de gobernabilidad que hoy padecemos.
Desde ahora se ha comenzado a detectar que la frágil democracia mexicana está en riesgo por la ausencia de justicia, los altos niveles de violencia y los indicios de una clara fusión de políticos y miembros del crimen organizado, ávidos de instalarse en las posiciones de gobierno.
Los escandalosos casos de simbiosis entre narcotraficantes y políticos –como ocurrió en Guerrero con el presidente de Iguala, José Luis Abarca, y el gobernador Ángel Aguirre Rivero, quienes protegían al grupo Guerrero Unidos, o en Michoacán con los exgobernadores Fausto Vallejo y Jesús Reyna, que recibieron dinero de los Caballeros Templarios– son los ejemplos más claros y recientes del poder del narcotráfico en las elecciones.
La incipiente democracia mexicana también está en peligro porque las instituciones que la soportan no responden a los intereses ciudadanos, sino a grupos políticos, a emporios económicos –como las grandes empresas de medios– y al propio gobierno federal emanado del PRI, que pretende perpetuarse en el poder a como dé lugar.
Con el fracaso de la transición a la democracia con los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón devino un proceso de debilitamiento en todas las estructuras e instituciones de gobierno, judiciales y legislativas, y con ello la oportunidad para que el crimen organizado se posicionara erigiéndose en cogobierno o en narco- Estado en algunas regiones del país, donde los grupos criminales son los que controlan el territorio y establecen su ley de terror y violencia.
No hay nada que garantice que las próximas elecciones estén blindadas del poder del crimen organizado, cuando recientemente hemos visto a gobernadores, presidentes municipales, senadores y diputados locales y federales involucrados con algunas bandas criminales.
La falta de justicia, esto es, el reino de la impunidad, permite que los criminales y sus socios políticos establezcan nuevos pactos o alianzas en algunas de las entidades donde habrá elecciones, como Sonora, Michoacán, Guerrero, Morelos y el Estado de México, donde hoy se ven con mayor poder.
En su ambición por alcanzar más espacios, los partidos políticos no han establecido los filtros y diques necesarios para impedir que lleguen miembros de grupos del crimen organizado interesados en cotos de poder como no los tenían antes en el gobierno.
La corrupción entre la clase política es el terreno más fértil para que el narco-Estado expanda sus redes y tentáculos por otras regiones del país que son propicias para el negocio del tráfico de drogas o las nuevas vertientes económicas del crimen organizado: extorsión, secuestro, cobro de impuestos y control del mercado informal.
Pero también lo es la impunidad. El caso de Ayotzinapa, Guerrero, donde ha habido una clara muestra de abuso de autoridad, impunidad y colusión entre crimen organizado y grupos políticos, ha prendido la mecha de una llamarada que ya alcanzó las puertas del Palacio Nacional y las sedes del gobierno y del Congreso local.
Esta rabia contenida también se ha reflejado en las agresiones a los perredistas Cuauhtémoc Cárdenas, Alejandro Encinas y Jesús Zambrano, que bien podrían replicarse hacia miembros de otros partidos políticos, pues la gente, el ciudadano de a pie, ha comenzado a manifestar su hartazgo en agresiones. La ministra Olga Sánchez Cordero fue interpelada en un foro en Veracruz bajo el grito de “asquerosa ladrona”, por un joven que le reclamó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de impedir la consulta a la reforma energética.
La inconformidad social traducida en violencia crece conforme salen más escándalos, como la casa de 7 millones de dólares que construye la esposa de Enrique Peña Nieto con sus “ahorros” como actriz, según argumentó el vocero del gobierno federal. Y no se descarta que llegue hasta las elecciones del año que viene, pues lo más probable es que sigan saliendo nuevos escándalos de corrupción, impunidad, injusticia y colusión de narcos y políticos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS (ANÁLISIS)
jueves, 13 de noviembre de 2014
El IFT niega cambio de concesión a MVS para producir televisión abierta
MÉXICO, D.F: En medio del escándalo provocado por la difusión de mansión presidencial valuada en siete millones de dólares, el Instituto Federal de Telecomunicaciones le negó el cambio de concesión del canal 51 a Grupo MVS, de la familia Vargas, para dar servicios de televisión abierta bajo la nueva figura de “concesión única”, aprobada en la reforma de telecomunicaciones.
“La condición del título 6 de concesión de origen estableció que la banda de frecuencia materia de la concesión se destinaría exclusivamente a la prestación del servicio de televisión restringida”, explicó el pleno del IFT en su resolución adoptada el pasado 7 de noviembre.
De acuerdo con la información proporcionada por el IFT, MVS pretendía usar una de las consideraciones de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que les permite a los concesionarios cambiar hacia la figura jurídica de “concesión única” para dar servicio tanto de televisión como de internet y telefonía.
El IFT señaló que la concesión a favor del canal 51 negó de origen que se pudiera usar para otros fines que no fueran la transmisión de señales restringidas, ni le otorgaba oportunidad para usar la multiplexación, es decir, emplear ese servicio para varias señales de televisión abierta.
En un breve comunicado, Grupo MVS afirmó que “promoverá los medios de defensa a su alcance, a fin de preservar sus legítimas aspiraciones de promover una mayor competencia, dar al espectro radioeléctrico un uso óptimo y eficiente, y garantizar la plena convergencia en radiodifusión y telecomunicaciones”.
“Estos principios son los pilares de la reforma constitucional de junio de 2013”, sentenció MVS en su comunicado.
El canal 51 ocupa uno de los espacios de la banda 700MHhz, la cual debe quedar despejada en diciembre de 2015 para que el Estado la utilice como un nuevo operador mayorista para ofrecer internet de banda ancha y telefonía móvil, un proyecto valuado en más de 10 mil millones de dólares.
Desde el pasado 30 de octubre, Joaquín Vargas, presidente de Grupo MVS, se reunió con algunos comisionados del IFT para solicitar la modificación de su título de concesión que sólo le permite dar servicios de televisión satelital de paga –Dish- y radio, desde donde se transmite el programa informativo conducido por Carmen Aristegui.
La solicitud de Grupo MVS se analizó en la presidencia de la República, pero también en Grupo Televisa, adversario de la compañía de Joaquín Vargas desde que decidió competir con el sistema Sky, de televisión restringida por vía satelital, a través de Grupo Dish.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
“La condición del título 6 de concesión de origen estableció que la banda de frecuencia materia de la concesión se destinaría exclusivamente a la prestación del servicio de televisión restringida”, explicó el pleno del IFT en su resolución adoptada el pasado 7 de noviembre.
De acuerdo con la información proporcionada por el IFT, MVS pretendía usar una de las consideraciones de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que les permite a los concesionarios cambiar hacia la figura jurídica de “concesión única” para dar servicio tanto de televisión como de internet y telefonía.
El IFT señaló que la concesión a favor del canal 51 negó de origen que se pudiera usar para otros fines que no fueran la transmisión de señales restringidas, ni le otorgaba oportunidad para usar la multiplexación, es decir, emplear ese servicio para varias señales de televisión abierta.
En un breve comunicado, Grupo MVS afirmó que “promoverá los medios de defensa a su alcance, a fin de preservar sus legítimas aspiraciones de promover una mayor competencia, dar al espectro radioeléctrico un uso óptimo y eficiente, y garantizar la plena convergencia en radiodifusión y telecomunicaciones”.
“Estos principios son los pilares de la reforma constitucional de junio de 2013”, sentenció MVS en su comunicado.
El canal 51 ocupa uno de los espacios de la banda 700MHhz, la cual debe quedar despejada en diciembre de 2015 para que el Estado la utilice como un nuevo operador mayorista para ofrecer internet de banda ancha y telefonía móvil, un proyecto valuado en más de 10 mil millones de dólares.
Desde el pasado 30 de octubre, Joaquín Vargas, presidente de Grupo MVS, se reunió con algunos comisionados del IFT para solicitar la modificación de su título de concesión que sólo le permite dar servicios de televisión satelital de paga –Dish- y radio, desde donde se transmite el programa informativo conducido por Carmen Aristegui.
La solicitud de Grupo MVS se analizó en la presidencia de la República, pero también en Grupo Televisa, adversario de la compañía de Joaquín Vargas desde que decidió competir con el sistema Sky, de televisión restringida por vía satelital, a través de Grupo Dish.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
El paraíso veracruzano que sólo percibe Duarte
El priista Javier Duarte, uno de los gobernadores más criticados del país, está por entregar su cuarto informe de gobierno. Él insiste en que, en Veracruz, la única delincuencia que hay es el robo de “frutsis” y “pingüinos”, y que la nueva policía estatal será un buen “legado” para la entidad. Pero la realidad lo refuta: sólo en lo que va de 2014 se han encontrado 47 cadáveres en fosas. Además, la situación financiera empeora: en dos años, la deuda estatal pasó de 30 mil millones de pesos a 39 mil millones. Y se aproxima su prueba de fuego: los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
XALAPA, VER: Javier Duarte de Ochoa llegó a la recta final de su gobierno, y con 48 meses de administración y 24 por transcurrir, el priista entrega saldos negativos en seguridad y justicia, además de una deuda pública que sigue creciendo: pasó de 30 mil millones de pesos a 39 mil millones en dos años, según reveló Mauricio Audirac, exdirector del Órgano de Fiscalización y hoy tesorero del mandatario.
En contraparte, Duarte emprendió una política exterior que privilegia las apariencias. Algunos ejemplos son la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 (JCC) y la 24 Cumbre Iberoamericana, que reunirá a jefes de Estado de todo el Continente Americano y España, y se realizará en diciembre próximo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
En lo que va del año 47 cuerpos han sido hallados en la entidad en cinco distintas narcofosas. Aunado a ello, se siguieron reportando secuestros y extorsiones, sobre todo en la zona centro (Córdoba, Orizaba, Fortín) y en el sur (Coatzacoalcos, Minatitlán, Las Choapas).
El único rubro en el que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia (PGJE) habían entregado buenas cuentas era en relación con la Alerta Amber: más de una decena de niños y jóvenes que habían desaparecido regresaron a sus hogares gracias a este mecanismo de búsqueda rápida.
Sin embargo, dicho logro se opacó el pasado 5 de septiembre, cuando la fiscalía dio a conocer el hallazgo de los cadáveres de Karime Cruz Reyes y de su tía Mónica Reyes Baruch en una fosa de la colonia Luis Echeverría (Coatzacoalcos). La Alerta Amber para la niña Karime, de cinco años, se activó 45 días después de su secuestro, lo que desató la rabia de familias del sur de la entidad y la burla en redes sociales hacia los cuerpos de seguridad y procuración de justicia.
En ese contexto, Duarte de Ochoa acudirá el sábado 15 al Congreso local a dejar su cuarto informe de labores y dirigirá un mensaje a los diputados. Inmediatamente saldrá a retomar la agenda organizativa de los JCC…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1984 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
XALAPA, VER: Javier Duarte de Ochoa llegó a la recta final de su gobierno, y con 48 meses de administración y 24 por transcurrir, el priista entrega saldos negativos en seguridad y justicia, además de una deuda pública que sigue creciendo: pasó de 30 mil millones de pesos a 39 mil millones en dos años, según reveló Mauricio Audirac, exdirector del Órgano de Fiscalización y hoy tesorero del mandatario.
En contraparte, Duarte emprendió una política exterior que privilegia las apariencias. Algunos ejemplos son la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 (JCC) y la 24 Cumbre Iberoamericana, que reunirá a jefes de Estado de todo el Continente Americano y España, y se realizará en diciembre próximo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
En lo que va del año 47 cuerpos han sido hallados en la entidad en cinco distintas narcofosas. Aunado a ello, se siguieron reportando secuestros y extorsiones, sobre todo en la zona centro (Córdoba, Orizaba, Fortín) y en el sur (Coatzacoalcos, Minatitlán, Las Choapas).
El único rubro en el que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia (PGJE) habían entregado buenas cuentas era en relación con la Alerta Amber: más de una decena de niños y jóvenes que habían desaparecido regresaron a sus hogares gracias a este mecanismo de búsqueda rápida.
Sin embargo, dicho logro se opacó el pasado 5 de septiembre, cuando la fiscalía dio a conocer el hallazgo de los cadáveres de Karime Cruz Reyes y de su tía Mónica Reyes Baruch en una fosa de la colonia Luis Echeverría (Coatzacoalcos). La Alerta Amber para la niña Karime, de cinco años, se activó 45 días después de su secuestro, lo que desató la rabia de familias del sur de la entidad y la burla en redes sociales hacia los cuerpos de seguridad y procuración de justicia.
En ese contexto, Duarte de Ochoa acudirá el sábado 15 al Congreso local a dejar su cuarto informe de labores y dirigirá un mensaje a los diputados. Inmediatamente saldrá a retomar la agenda organizativa de los JCC…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1984 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
El Chapo’ seguirá en prisión pese a amparo, aclara la PGR
MÉXICO, D.F. Un tribunal federal confirmó un amparo a favor de Joaquín El Chapo Guzmán contra la formal prisión que recibió en abril por posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas.
El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito confirmó una resolución de amparo para que el cargo por posesión de armas y cartuchos se vuelta a emitir con “exhaustividad y congruencia”, de acuerdo con un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Sin embargo, la subprocuradora jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez, aclaró que “el amparo no implica la liberación (de El Chapo) porque aún enfrenta nueve procesos por diversos delitos”.
En consecuencia, acotó Benítez Tiburcio, el Tribunal Unitario debe volver a revisar el recurso promovido por el exlíder del Cártel de Sinaloa y tendrá que pronunciarse “sobre todos y cada uno de los argumentos jurídicos que hizo valer”.
La falla en el proceso de acusación contra Guzmán Loera se debió a que la defensa demostró que los elementos de la Marina ingresaron al domicilio del excapo sin una orden judicial de cateo o investigación, aunque el Ministerio Público dijo que se encontraba en persecución del presunto narcotraficante.
La defensa “hizo valer diversos agravios inherentes con una indebida intromisión de los agentes aprehensores al lugar en donde fue detenido, mismos que no fueron atendidos por el Tribunal de apelación”.
Es por ello que el juez Décimo de Distrito en el estado de Sinaloa, a través del juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, deberá reponer el auto de formal prisión contra El Chapo en los cargos de posesión de armas y cartuchos exclusivos del Ejército.
Después de 13 años prófugo, Guzmán Loera fue detenido el 22 de febrero por elementos de la Marina en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, y desde entonces ha estado recluido en el penal mexiquense de El Altiplano, la cárcel de máxima seguridad federal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito confirmó una resolución de amparo para que el cargo por posesión de armas y cartuchos se vuelta a emitir con “exhaustividad y congruencia”, de acuerdo con un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Sin embargo, la subprocuradora jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez, aclaró que “el amparo no implica la liberación (de El Chapo) porque aún enfrenta nueve procesos por diversos delitos”.
En consecuencia, acotó Benítez Tiburcio, el Tribunal Unitario debe volver a revisar el recurso promovido por el exlíder del Cártel de Sinaloa y tendrá que pronunciarse “sobre todos y cada uno de los argumentos jurídicos que hizo valer”.
La falla en el proceso de acusación contra Guzmán Loera se debió a que la defensa demostró que los elementos de la Marina ingresaron al domicilio del excapo sin una orden judicial de cateo o investigación, aunque el Ministerio Público dijo que se encontraba en persecución del presunto narcotraficante.
La defensa “hizo valer diversos agravios inherentes con una indebida intromisión de los agentes aprehensores al lugar en donde fue detenido, mismos que no fueron atendidos por el Tribunal de apelación”.
Es por ello que el juez Décimo de Distrito en el estado de Sinaloa, a través del juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, deberá reponer el auto de formal prisión contra El Chapo en los cargos de posesión de armas y cartuchos exclusivos del Ejército.
Después de 13 años prófugo, Guzmán Loera fue detenido el 22 de febrero por elementos de la Marina en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, y desde entonces ha estado recluido en el penal mexiquense de El Altiplano, la cárcel de máxima seguridad federal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Reportan detención de otro hijo de “El Mayo” Zambada
MÉXICO, D.F: Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a Ismael Zambada Imperial “El Mayito Gordo”, hijo del capo Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el semanario Ríodoce, Zambada Imperial fue capturado ayer por la tarde en el poblado La Estancia de los Burgos, perteneciente a la sindicatura de El Salado, en el municipio de Culiacán.
Ismael Zambada fue trasladado junto con otras personas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
“Desde la mañana se había observado movimiento inusual de tropas del Ejército en el aeropuerto internacional de Bachigualato, sin que se supiera a qué se debía el operativo.
“En la zona de Eldorado, también bajo control del cártel de Sinaloa, se observaron actividades de la Marina Armada de México, donde helicópteros de esa dependencia sobrevolaron la zona”, refiere el semanario.
El 20 de noviembre del año pasado, agentes de la Oficina Federal Antidrogas (DEA) detuvieron en Nogales, Arizona, a Serafín Zambada, también hijo de “El Mayo” Zambada, debido a que enfrenta un juicio en el sur de California.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
De acuerdo con el semanario Ríodoce, Zambada Imperial fue capturado ayer por la tarde en el poblado La Estancia de los Burgos, perteneciente a la sindicatura de El Salado, en el municipio de Culiacán.
Ismael Zambada fue trasladado junto con otras personas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
“Desde la mañana se había observado movimiento inusual de tropas del Ejército en el aeropuerto internacional de Bachigualato, sin que se supiera a qué se debía el operativo.
“En la zona de Eldorado, también bajo control del cártel de Sinaloa, se observaron actividades de la Marina Armada de México, donde helicópteros de esa dependencia sobrevolaron la zona”, refiere el semanario.
El 20 de noviembre del año pasado, agentes de la Oficina Federal Antidrogas (DEA) detuvieron en Nogales, Arizona, a Serafín Zambada, también hijo de “El Mayo” Zambada, debido a que enfrenta un juicio en el sur de California.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Desechan amparo promovido por esposa de José Luis Abarca
MÉXICO, D.F: La justicia federal desechó un amparo promovido por María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, en contra de los actos de detención ilegal e incomunicación.
El Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en el Distrito Federal desechó “de plano” el juicio de garantías porque Pineda Villa, hermana de los fundadores del grupo delictivo Guerreros Unidos, se encuentra bajo arraigo de la Procuraduría General de la República (PGR).
Se trata de una causa de improcedencia señalada en la Ley de Amparo, explicó el Consejo de la Judicatura Federal al informar sobre la negativa del recurso.
Pineda Villa fue detenida el pasado 4 de noviembre junto con el exdil de Iguala y desde entonces se encuentra bajo arraigo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Dos días después de su detención, el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal desechó un recurso que José Luis Abarca había tramitado el 27 de septiembre, a unas horas de la detención y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa a manos de policías municipales de Iguala y el vecino municipio de Cocula, que los habrían entregado a integrantes de Guerreros Unidos.
Ese amparo fue sobreseído porque al momento de tramitarlo, aún no había alguna orden judicial o administrativa contra Abarca, quien fue ingresado al penal de alta seguridad del Altiplano, acusado de delincuencia organizada.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
El Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en el Distrito Federal desechó “de plano” el juicio de garantías porque Pineda Villa, hermana de los fundadores del grupo delictivo Guerreros Unidos, se encuentra bajo arraigo de la Procuraduría General de la República (PGR).
Se trata de una causa de improcedencia señalada en la Ley de Amparo, explicó el Consejo de la Judicatura Federal al informar sobre la negativa del recurso.
Pineda Villa fue detenida el pasado 4 de noviembre junto con el exdil de Iguala y desde entonces se encuentra bajo arraigo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Dos días después de su detención, el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal desechó un recurso que José Luis Abarca había tramitado el 27 de septiembre, a unas horas de la detención y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa a manos de policías municipales de Iguala y el vecino municipio de Cocula, que los habrían entregado a integrantes de Guerreros Unidos.
Ese amparo fue sobreseído porque al momento de tramitarlo, aún no había alguna orden judicial o administrativa contra Abarca, quien fue ingresado al penal de alta seguridad del Altiplano, acusado de delincuencia organizada.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
Es oficial: Esta es la terna de finalistas para presidir la CNDH
Sara Irene Herrerías, Luis Raúl González Pérez y Mauricio Farah Gebara buscan dirigir el máximo órgano de defensa de los derechos humanos en el país. Conócelos.
El nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para los próximos cinco años será elegido este jueves 13 de noviembre, por el pleno del Senado, entre los siguientes candidatos: Luis Raúl González Pérez, Mauricio Farah Gebara y Sara Irene Herrerías, de acuerdo con un dictamen aprobado y que será enviado al Pleno.
La terna fue elegida por los integrantes de las comisiones de Derechos Humanos y Justicia del Senado, y el que obtuvo mayoría fue González Pérez, tras las comparecencias de 22 candidatos, reuniones individuales con los aspirantes y cabildeos entre las principales fuerzas políticas.
Uno de los tres debe contar con dos terceras partes de los votos, como lo estipula la convocatoria del proceso de elección. A continuación presentamos los datos que debes conocer de los finalistas que mantienen el apoyo de los tres principales partidos políticos en el país, PRI, PAN y PRD.
Luis Raúl González Pérez
Mauricio Farah Gebara
Sara Irene Herrerías
AUTOR: NAYELI ROLDÁN
El nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para los próximos cinco años será elegido este jueves 13 de noviembre, por el pleno del Senado, entre los siguientes candidatos: Luis Raúl González Pérez, Mauricio Farah Gebara y Sara Irene Herrerías, de acuerdo con un dictamen aprobado y que será enviado al Pleno.
La terna fue elegida por los integrantes de las comisiones de Derechos Humanos y Justicia del Senado, y el que obtuvo mayoría fue González Pérez, tras las comparecencias de 22 candidatos, reuniones individuales con los aspirantes y cabildeos entre las principales fuerzas políticas.
Uno de los tres debe contar con dos terceras partes de los votos, como lo estipula la convocatoria del proceso de elección. A continuación presentamos los datos que debes conocer de los finalistas que mantienen el apoyo de los tres principales partidos políticos en el país, PRI, PAN y PRD.
Luis Raúl González Pérez
- Tiene 57 años. Es licenciado en Derecho por la UNAM y estudios de posgrado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Derechos Humanos. En la máxima la UNAM ha sido profesor y administrativo. Ha trabajado en la gestión de tres rectores. En 1985 con Jorge Carpizo, como secretario general administrativo; con José Sarukán (1989), como director general de personal y con José Narro, abogado general desde 2008, actualmente con licencia.
- Trabajó 12 años en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como Primero y Segundo visitador general, secretario técnico del Consejo Consultivo, director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos y director general de Administración. Llegó a la terna final para elección de ombudsman en 2009, junto con Raúl Plascencia y Emilio Álvarez Icaza.
- Fue director general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación y subprocurador en la Procuraduría General de la República. Fue el último fiscal del caso Colosio y que dio por cerrado el caso al concluir que Mario Aburto Martínez era el único culpable de la muerte del candidato presidencial.
- Entre sus propuestas como ombudsman está la atención diligente y sensible a las víctimas de violaciones a derechos humanos como centro del quehacer institucional. Revisión integral de contenidos, fines y alcances de los programas específicos de la CNDH
“El ombudsman debe ser independiente del gobierno, de los partidos políticos y organizaciones políticas y sociales; lo cual no implica que esté desvinculado o lejano a las autoridades y a la sociedad”.
Mauricio Farah Gebara
- Tiene 48 años. Estudió Derechos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y una maestría en Política y Gobierno en la Universidad de Essex, Inglaterra.
- Actualmente es secretario general de la Cámara de Diputados, electo por unanimidad. Antes ocupó la secretaría general del Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales (IFAI).
- Fue Quinto Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, durante la gestión de José Luis Soberanes, donde también coincidió con Raúl Plascencia Villanueva, actual ombudsman, quien era Primer Visitador. Ambos compitieron en el proceso de elección de ombudsman en 2009. En la CNDH encabezó los informes especiales sobre el estado que guardan los derechos humanos en las estaciones migratorias y el secuestro de migrantes.
- Entre sus principales propuestas de llegar al cargo es promover una reforma a la ley de la CNDH para prohibir la reelección de ombudsman, emitir recomendaciones en un periodo no mayor a un año y establecer criterios claros para que la Comisión solicite al Legislativo que llame a comparecer a las autoridades que nieguen o incumplan las recomendaciones.
- Al inicio del proceso existía la versión de que su candidatura era impulsada por el coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, por lo que en su comparecencia en el Senado el 30 de octubre pasado le preguntaron si tenía “padrinos poderosos”.
“Tengo muchos amigos. Tengo amigos en todos los partidos políticos, en las diversas fuerzas políticas tengo amigos. Y debo señalar que no los escojo por su signo partidista y mi actuación no tiene nada que ver con mis amistades”.
Sara Irene Herrerías
- Tiene 50 años de edad. Estudió Derecho en la UNAM. Es maestra en Criminología por el INACIPE.
- Dirigió el programa de igualdad entre mujeres y hombres en la CNDH. Fue fiscal especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas. Actualmente es oficial mayor de la Procuraduría General de la República y encargada de la atención y seguimiento a las víctimas del operativo en el albergue “La gran familia”.
- En 2011 fue designada por el presidente Felipe Calderón como titular de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de los Delitos (Provictíma). Durante su gestión se registró a mil 896 personas como no localizadas, de las cuales fueron ubicadas menos de 10 por ciento. Entre los problemas que impidieron tener mejores resultados, dijo es que sus facultades se limitaban a gestionar becas, créditos y atención médica y los recursos asignados eran insuficientes.
- Durante su comparecencia en el Senado, el 28 de octubre, insistió en que las víctimas de los delitos deben tener el acompañamiento de la CNDH inmediatamente después de que sufren la agresión y a lo largo de todo el recorrido que les implica la búsqueda de la justicia, sin esperar a que se interponga una queja.
“Las instituciones públicas no deben ver a la CNDH como un enemigo que las fiscaliza sino como un aliado que las ayuda a cumplir sus funciones en el marco del respeto a los derechos humanos y también se debe participar para un mejor desarrollo social, a través del ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN
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