El documento también instruye al Embajador para que, en caso de que se le pregunte “¿por qué estos estudiantes?”, responder que los normalistas son víctimas inocentes y, en general, reproducir lo que ha sido la versión de los hechos planteada por la Procuraduría General de la República: “Eran estudiantes inocentes preparándose para ser maestros. Fueron llevados a Iguala en su camino a la Ciudad de México, donde participarían en una manifestación para recordar la masacre de estudiantes de 1968. Ese día en Iguala, la esposa del Alcalde estaba dando un discurso. Ahora sabemos que el Alcalde, su esposa y la policía local tenían vínculos con el crimen organizado. Cuando los estudiantes llegaron a Iguala, la policía local pensó que iban a irrumpir en el evento del Alcalde. Éste dio entonces la orden a la policía de capturar a los estudiantes. Durante la confrontación, seis personas fueron asesinadas y 43 estudiantes fueron secuestrados y entregados a la organización criminal Guerreros Unidos. En ese punto, el líder de Guerreros Unidos recibió un mensaje que le indicó que los estudiantes capturados eran miembros de un grupo rival, llamado Los Rojos, y que estaban tratando de entrar en territorio de Iguala. El líder de Guerreros Unidos dio entonces la orden de que se procediera contra ellos. Esto es lo que sabemos hasta el momento”.
“MEXICO NO TIENE PROBLEMAS DE TRAFICO DE DROGAS”
Otra de las instrucciones giradas por el Gobierno federal mexicano al Embajador en Estados Unidos es que, al poner el caso de Iguala en un contexto más amplio sobre los problemas de seguridad en México, afirme que el país no tiene un problema de tráfico de drogas, sino de seguridad pública.
“Contrario a lo que dice la creencia popular o las narrativas públicas, México no tiene un problema de tráfico de drogas. Más bien, tiene un problema de seguridad pública que ha sido grandemente amplificado por el tráfico de drogas”, dice el documento.
“Puesto en otros términos, los problemas de seguridad pública en México no son el resultado directo de la evolución del crimen organizado ni se limitan a los efectos, tamaño y dinámicas de las organizaciones criminales. Por el contrario, la violencia relacionada con el crimen organizado no es resultado directo de las deficiencias de México en materia de seguridad, ya que el crimen organizado sigue sus propias lógicas y dinámicas. Lo que es cierto, sin embargo, es que el crimen organizado ha tomado ventaja de las debilidades de las instituciones de seguridad pública de México para expandir su influencia, y las organizaciones criminales han engrandecido el problema de seguridad en México”, agrega el texto.
En el apartado de contexto, el documento presenta un análisis sobre la problemática de la inseguridad en México en la que, básicamente, relata cómo la descentralización de poder que se empezó a dar en el país a partir de 1997, cuando el Partido Revolucionario Institucional perdió la mayoría del Congreso de la Unión y, tres años después, la presidencia de la República, generó una constante transferencia de poderes hacia los gobiernos estatales y municipales que, en algunos casos, no estaban preparados para enfrentar ni fiscalizar las nuevas responsabilidades.
“Todo esto puede ayudar a explicar por qué el crimen organizado ha ampliado el problema de seguridad pública en México: en un paisaje institucionalmente dividido, con fuerzas de seguridad atomizadas y con enorme diversidad de recursos, entrenamiento y habilidades, y frecuentemente con incentivos pervertidos y confrontados entre niveles de gobierno con pocos mecanismos de rendición de cuentas, y con la capacidad corruptora del crimen organizado, es más fácil para una organización criminal encontrar a presidentes municipales qué cooptar porque son débiles o corruptos o enfocados en sus cálculos políticos y económicos súper locales, y no en las implicaciones institucionales mayores”, dice.
El texto plantea luego que las organizaciones criminales han llevado el problema estructural de seguridad pública a su actual “dimensión” gracias a la demanda de drogas ilegales en Estados Unidos, y al abasto de armas de alto poder procedentes también de ese país.
“Dicho esto, México no enfrenta una crisis de seguridad nacional. Más bien, enfrenta un problema de seguridad pública con diferentes niveles de intensidad en diferentes regiones y estados”, dice.
Luego se refiere a los casos de Ciudad Juárez y de Tijuana para mencionar casos “exitosos” de superación de crisis en la materia.
“También hay ejemplos exitosos a nivel local y estatal, donde la acción decisiva de los tres niveles de gobierno, con la activa participación de la sociedad civil, ha superado momentos temporales de crisis. Los recientes ejemplos de Tijuana y Ciudad Juárez muestran cómo ciudades que fueron críticamente afectadas por el crimen organizado, pero en las que hubo una amplia colaboración entre los Gobiernos estatal, federal, municipal, ciudadanos locales, sector privado y organizaciones de la sociedad civil alteraron el panorama radicalmente, poniendo a las dos ciudades en un camino virtuoso y positivo”.
También en el contexto, el documento explica que el problema de seguridad pública de México tiene sus raíces en “tres elementos estructurales de la configuración institucional del país que fueron útiles en el momento histórico en el que fueron implementados, pero que han dejado de ser apropiados a medida que el país evoluciona”.
El primero de ellos, dice, es el “origen político de las fuerzas de seguridad del país”, las cuales fueron diseñadas, desde la Revolución Mexicana, para proteger la estabilidad política, no la seguridad pública.
Los otros elementos estructurales del problema de seguridad, explica el texto, son el proceso de democratización del país y sus efectos de debilitamiento del poder Ejecutivo, y la descentralización del poder.
