MÉXICO, D.F: El PRD solicitará al Instituto Nacional Electoral (INE) que administre la totalidad de los recursos que le corresponden, para garantizar la legalidad de sus candidaturas en los comicios del próximo año y evitar otro caso como el de Iguala, Guerrero.
De acuerdo con el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, en 2015 el partido no manejará un solo un centavo con el fin evitar casos como el del exalcalde José Luis Abarca, presunto integrante del grupo criminal Guerreros Unidos.
Navarrete declaró lo anterior al presentar su plan de acción para la rendición de cuentas de todos los perredistas que son “políticamente expuestos”.
De acuerdo con el perredista, cuya dimisión ha sido solicitada por Cuauhtémoc Cárdenas, en los últimos 25 años “hemos vivido momentos difíciles, pero ninguno como éste (el de Iguala)”, y aceptó que “al llegar al ejercicio del gobierno no cuidamos su desempeño (del PRD), ni evaluamos resultados”.
Admitió que el partido llegó a proponer candidaturas de gente que no entendió el sentido de sus aspiraciones, pero México, dijo, “merece más que disculpas y deslindes de responsabilidades”, por lo que el partido iniciará un proceso de acciones, prevención, transparencia, rendición de cuentas y control ciudadano sobre las candidaturas del PRD.
Explicó que como prevención se asume la categoría de Personas Expuestas Políticamente (PEP), de quienes no se tolerará ninguna conducta delictiva.
Y comentó que será de carácter público toda la información financiera patrimonial y de gastos del Comité Ejecutivo Nacional y estatales del PRD, así como todos los ingresos y gastos, salarios, viáticos y viajes de los integrantes de órganos de dirección y directivos.
Según Navarrete, las PEP deberán presentar su declaración patrimonial ante la Secretaría de Finanzas del PRD, que las enviará al órgano de fiscalización del INE y a fiscalización e inteligencia de la Secretaría de Hacienda.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
martes, 18 de noviembre de 2014
Centroamericanos cuestan al erario 3 mil 176 mdp: tesorero de Veracruz
XALAPA, Ver: El pasivo circulante del gobierno de Javier Duarte es de poco más de mil 492 millones de pesos, admitió el secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Mauricio Audirac Murillo, al comparecer ante diputados del Congreso local.
De esa cantidad, dijo, 643 millones 668 mil pesos es deuda contraída con cámaras empresariales, prestadores de servicios y proveedores, mientras que a contratistas se les deben poco más 849 millones de pesos.
Audirac detalló que la “deuda fija” registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es de 37 mil millones de pesos, repartidos entre débito registrado, bursatilización y pasivos a instituciones bancarias “públicas y privadas”.
Pese al adverso panorama, el funcionario estatal aseguró que es “compromiso” del gobernador Duarte ir pagando los pasivos y seguir contratando servicios y obras, para continuar con el programa anual.
Con apenas tres meses en el cargo, presumió que Veracruz es “un estado solvente y lo seguiremos haciendo. Hemos retomado el rumbo de la Secretaría (sic)”.
En el desglose de cuentas, Audirac reveló que el costo total de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) asciende a 3 mil 176 millones 100 mil pesos, los cuales se prorratearon con aportaciones de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe), la Comisión Nacional del Deporte (Conade) y el gobierno de Duarte.
El pasado 27 de octubre, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio local (Canaco), Ernesto Pérez Astorga, se quejó de que no son suficientes “los pagos chiquitos” del gobierno priista, refiriéndose a los abonos que les hace la tesorería de 5 y 10% de su deuda cada 15 días.
“Si nos pagaran lo que realmente demandamos, la gente podría reinvertir en inventarios, comprar mercancía, podría pagar sus impuestos, hoy en día hay empresas que han tenido que ajustarse, han tenido que despedir gente, muchos tienen problemas con el fisco”, dijo.
Pérez Astorga apeló a que la deuda con los socios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) en Xalapa son de “montos muy considerables”, los cuales se mantienen en secrecía por seguridad se sus socios.
“Sabemos que el gobierno es un motor importante de la economía, y que hoy no ha tenido la capacidad de solvencia que uno quisiera, siguen existiendo los adeudos, estamos urgiendo al gobierno para que se liquiden adeudos y que nosotros podamos pagar los aguinaldos”.
Al concluir la comparecencia, el coordinador de los diputados locales del PAN, Julen Rementería, se dijo “insatisfecho” con los argumentos esgrimidos por el tesorero, por lo que entregó una oficio por escrito planteando “un diagnostico” de la deuda de Veracruz.
En dicho documento se plantea que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reconoce a la entidad como de las que se endeudan con mayor rapidez, de las menos transparentes en el uso, destino y ejercicio de los recursos públicos y que la Sefiplan tiene una deficiente planeación ya que destinaron recursos en exceso a dependencias que no han hecho sus comprobaciones respectivas.
Además, la deuda pública del gobierno priista ha ido creciendo como una “bola de nieve”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
De esa cantidad, dijo, 643 millones 668 mil pesos es deuda contraída con cámaras empresariales, prestadores de servicios y proveedores, mientras que a contratistas se les deben poco más 849 millones de pesos.
Audirac detalló que la “deuda fija” registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es de 37 mil millones de pesos, repartidos entre débito registrado, bursatilización y pasivos a instituciones bancarias “públicas y privadas”.
Pese al adverso panorama, el funcionario estatal aseguró que es “compromiso” del gobernador Duarte ir pagando los pasivos y seguir contratando servicios y obras, para continuar con el programa anual.
Con apenas tres meses en el cargo, presumió que Veracruz es “un estado solvente y lo seguiremos haciendo. Hemos retomado el rumbo de la Secretaría (sic)”.
En el desglose de cuentas, Audirac reveló que el costo total de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) asciende a 3 mil 176 millones 100 mil pesos, los cuales se prorratearon con aportaciones de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe), la Comisión Nacional del Deporte (Conade) y el gobierno de Duarte.
El pasado 27 de octubre, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio local (Canaco), Ernesto Pérez Astorga, se quejó de que no son suficientes “los pagos chiquitos” del gobierno priista, refiriéndose a los abonos que les hace la tesorería de 5 y 10% de su deuda cada 15 días.
“Si nos pagaran lo que realmente demandamos, la gente podría reinvertir en inventarios, comprar mercancía, podría pagar sus impuestos, hoy en día hay empresas que han tenido que ajustarse, han tenido que despedir gente, muchos tienen problemas con el fisco”, dijo.
Pérez Astorga apeló a que la deuda con los socios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) en Xalapa son de “montos muy considerables”, los cuales se mantienen en secrecía por seguridad se sus socios.
“Sabemos que el gobierno es un motor importante de la economía, y que hoy no ha tenido la capacidad de solvencia que uno quisiera, siguen existiendo los adeudos, estamos urgiendo al gobierno para que se liquiden adeudos y que nosotros podamos pagar los aguinaldos”.
Al concluir la comparecencia, el coordinador de los diputados locales del PAN, Julen Rementería, se dijo “insatisfecho” con los argumentos esgrimidos por el tesorero, por lo que entregó una oficio por escrito planteando “un diagnostico” de la deuda de Veracruz.
En dicho documento se plantea que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reconoce a la entidad como de las que se endeudan con mayor rapidez, de las menos transparentes en el uso, destino y ejercicio de los recursos públicos y que la Sefiplan tiene una deficiente planeación ya que destinaron recursos en exceso a dependencias que no han hecho sus comprobaciones respectivas.
Además, la deuda pública del gobierno priista ha ido creciendo como una “bola de nieve”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
Policías de Oaxaca disuelven manifestación a balazos
Luego de tomar un curso de "Técnicas policiales", policías agredieron a un grupo de personas que protestaban por la cancelación de un evento.
Este domingo, 16 de noviembre, policías preventivos del municipio oaxaqueño de Santa María Huatulco abrieron fuego contra un grupo de manifestantes, quienes protestaban en la vía pública por la cancelación de un espectáculo ecuestre.
Tal como muestra un video del ataque, la trifulca inició cuando un contingente de alrededor de 20 uniformados de la Policía Municipal hizo presencia en la avenida Llano Ciruelo, donde se concentraban alrededor de 50 personas que acudieron a ese punto para presenciar carreras de caballos dentro de un rodeo ubicado al costado de la vialidad, acto que poco antes había sido cancelado por el ayuntamiento de Santa María Huatulco.
El video muestra cómo un uniformado se prensa a jalones con uno de los manifestantes, lo que genera una reyerta entre varios policías y ciudadanos, uno de los cuales queda detenido y es golpeado entre varios agentes.
Para impedir la detención y detener la golpiza que los policías propinaban al manifestante, el resto de los inconformes comenzó a arrojar piedras contra los uniformados, los cuales respondieron accionando sus armas de fuego contra la ciudadanía.
Luego de que los policías detonaran sus armas de fuego en al menos 20 ocasiones, la protesta se disolvió y los participantes se protegieron detrás de árboles y bardas, lo cual fue aprovechado por el contingente de policías para huir del lugar.
Cabe destacar que esta agresión policiaca con armas de fuego se dio ocho días después de que los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Santa María Huatulco recibieran un curso “en técnicas modernas de tiro con arma corta y larga, sistemas de carga, municiones, formas de porte y sistemas de uso”, tal como informó el jefe de la policía local, Maximiliano Ruiz Martínez, el pasado 11 de noviembre.
Según el jefe policiaco, los agentes preventivos de Huatulco recibieron del 3 al 8 de noviembre un curso de “Técnicas policiales”, que les permitió “obtener la licencia de portación de armas de fuego”, además de conocer “el uso correcto de las técnicas y tácticas de arresto policial, así como el uso debido de las prácticas de defensa personal”.
El video del ataque policiaco, sin embargo, revela que los uniformados actuaron sin seguir ningún protocolo, ya que nunca intentaron dialogar con los manifestantes, no respetaron su derecho a la protesta pacífica, golpearon entre varios a un detenido y, por último, accionaron sus armas de fuego contra personas desarmadas.
Encubrimiento oficial
Al respecto de este hecho, el ayuntamiento de Santa María Huatulco difundió ayer un boletín, en el cual asegura que la intención de la policía municipal era impedir la realización del espectáculo ecuestre, ya que éste se desarrollaría en un “carril” –pista de carreras– propiedad del municipio, para cuyo uso no habían solicitado permiso los organizadores.
El ayuntamiento de Huatulco señala que, cuando intentaron impedir el evento, los uniformados fueron agredidos físicamente, por lo que “los elementos de policía municipal deciden replegarse hacia el carril de caballos propiedad del municipio, a lo que los agresores inconformes responden con una lluvia de piedras, convirtiéndose dicho acto en una batalla campal, en la que inclusive de oyeron disparos de arma de fuego, sin poder descifrar de dónde provenían dichos disparos”.
El comunicado oficial detalla que “dentro de los mismos inconformes se escuchaban órdenes de que sacaran los ‘fierros’ (armas de fuego) para someter a la policía“. Esto, sin embargo, es falso, ya que el mismo video del ataque muestra que lo que un manifestante gritó fue que la policía no los reprimiría de esa forma “si trajéramos nosotros los fierros”.
El video del altercado, de hecho, muestra que los manifestantes no portaban armas de fuego, contrario a los policías municipales, a los que se ve portar armas largas, así como desenfundar sus pistolas un instante antes de que se escuchen las detonaciones.
Según la autoridad municipal, ocho policías resultaron heridos durante el enfrentamiento y, aunque insinúa que las víctimas de la agresión con armas de fuego fueron los policías, reconoce que las lesiones de los uniformados no fueron causadas por balas, sino por piedras.
Animal Político solicitó la versión oficial de los hechos a la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, cuyo vocero, Leandro Hernández, quien, sin embargo, desconocía del hecho.
“Nosotros tenemos la versión, pero no la información, eso lo tiene la Secretaría de Seguridad Pública”, afirmó el funcionario.
– Pero, en el momento en que hay balazos de la policía, ¿no tendría que fijar postura el gobierno estatal?
– Sí, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca…
– ¿Sabe si hubo heridos?
– La versión que tenemos es que hay unos heridos, pero nosotros no tenemos la versión oficial, no sé cuántos heridos…
Para conocer estos datos, también se buscó una postura tanto de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, como de la Procuraduría de Justicia estatal, sin embargo, ninguna de las dos dependencias tomó la llamada.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICA.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
Este domingo, 16 de noviembre, policías preventivos del municipio oaxaqueño de Santa María Huatulco abrieron fuego contra un grupo de manifestantes, quienes protestaban en la vía pública por la cancelación de un espectáculo ecuestre.
Tal como muestra un video del ataque, la trifulca inició cuando un contingente de alrededor de 20 uniformados de la Policía Municipal hizo presencia en la avenida Llano Ciruelo, donde se concentraban alrededor de 50 personas que acudieron a ese punto para presenciar carreras de caballos dentro de un rodeo ubicado al costado de la vialidad, acto que poco antes había sido cancelado por el ayuntamiento de Santa María Huatulco.
El video muestra cómo un uniformado se prensa a jalones con uno de los manifestantes, lo que genera una reyerta entre varios policías y ciudadanos, uno de los cuales queda detenido y es golpeado entre varios agentes.
Para impedir la detención y detener la golpiza que los policías propinaban al manifestante, el resto de los inconformes comenzó a arrojar piedras contra los uniformados, los cuales respondieron accionando sus armas de fuego contra la ciudadanía.
Luego de que los policías detonaran sus armas de fuego en al menos 20 ocasiones, la protesta se disolvió y los participantes se protegieron detrás de árboles y bardas, lo cual fue aprovechado por el contingente de policías para huir del lugar.
Cabe destacar que esta agresión policiaca con armas de fuego se dio ocho días después de que los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Santa María Huatulco recibieran un curso “en técnicas modernas de tiro con arma corta y larga, sistemas de carga, municiones, formas de porte y sistemas de uso”, tal como informó el jefe de la policía local, Maximiliano Ruiz Martínez, el pasado 11 de noviembre.
Según el jefe policiaco, los agentes preventivos de Huatulco recibieron del 3 al 8 de noviembre un curso de “Técnicas policiales”, que les permitió “obtener la licencia de portación de armas de fuego”, además de conocer “el uso correcto de las técnicas y tácticas de arresto policial, así como el uso debido de las prácticas de defensa personal”.
El video del ataque policiaco, sin embargo, revela que los uniformados actuaron sin seguir ningún protocolo, ya que nunca intentaron dialogar con los manifestantes, no respetaron su derecho a la protesta pacífica, golpearon entre varios a un detenido y, por último, accionaron sus armas de fuego contra personas desarmadas.
Encubrimiento oficial
Al respecto de este hecho, el ayuntamiento de Santa María Huatulco difundió ayer un boletín, en el cual asegura que la intención de la policía municipal era impedir la realización del espectáculo ecuestre, ya que éste se desarrollaría en un “carril” –pista de carreras– propiedad del municipio, para cuyo uso no habían solicitado permiso los organizadores.
El ayuntamiento de Huatulco señala que, cuando intentaron impedir el evento, los uniformados fueron agredidos físicamente, por lo que “los elementos de policía municipal deciden replegarse hacia el carril de caballos propiedad del municipio, a lo que los agresores inconformes responden con una lluvia de piedras, convirtiéndose dicho acto en una batalla campal, en la que inclusive de oyeron disparos de arma de fuego, sin poder descifrar de dónde provenían dichos disparos”.
El comunicado oficial detalla que “dentro de los mismos inconformes se escuchaban órdenes de que sacaran los ‘fierros’ (armas de fuego) para someter a la policía“. Esto, sin embargo, es falso, ya que el mismo video del ataque muestra que lo que un manifestante gritó fue que la policía no los reprimiría de esa forma “si trajéramos nosotros los fierros”.
El video del altercado, de hecho, muestra que los manifestantes no portaban armas de fuego, contrario a los policías municipales, a los que se ve portar armas largas, así como desenfundar sus pistolas un instante antes de que se escuchen las detonaciones.
Según la autoridad municipal, ocho policías resultaron heridos durante el enfrentamiento y, aunque insinúa que las víctimas de la agresión con armas de fuego fueron los policías, reconoce que las lesiones de los uniformados no fueron causadas por balas, sino por piedras.
Animal Político solicitó la versión oficial de los hechos a la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, cuyo vocero, Leandro Hernández, quien, sin embargo, desconocía del hecho.
“Nosotros tenemos la versión, pero no la información, eso lo tiene la Secretaría de Seguridad Pública”, afirmó el funcionario.
– Pero, en el momento en que hay balazos de la policía, ¿no tendría que fijar postura el gobierno estatal?
– Sí, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca…
– ¿Sabe si hubo heridos?
– La versión que tenemos es que hay unos heridos, pero nosotros no tenemos la versión oficial, no sé cuántos heridos…
Para conocer estos datos, también se buscó una postura tanto de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, como de la Procuraduría de Justicia estatal, sin embargo, ninguna de las dos dependencias tomó la llamada.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICA.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
La Fiscalía de Guerrero tenía información sobre los alcaldes con presuntos vínculos con el narcotráfico: Iñaky Blanco
El exfiscal, que renunció tras la crisis por el caso de los normalistas desaparecidos, dijo en Grupo Fórmula que la dependencia que dirigía tenía reportes sobre los presidentes municipales.
Tras un reporte del diario Milenio acerca de que, de acuerdo con información de inteligencia del gobierno mexicano, al menos 12 alcaldes de Guerrero tienen vínculos con el narcotráfico, y luego del deslinde de cuatro presidentes municipales, el exprocurador de Justicia estatal, Iñaky Blanco, reconoció este martes 18 de noviembre en entrevista radiofónica que la dependencia que dirigía sí tenía esa información.
“Entiendo que el informe lo elaboró el gobierno federal, lo cierto es que nosotros teníamos algunos antecedentes sobre estas personas y ellos se ventilaron en distintos momentos del grupo de Coordinación Guerrero. El grupo es una instancia en la que ocurren distintas autoridades, federales, estatales y en algunos casos municipales en el ánimo de tratar aspectos con procuración de justicia y seguridad pública”, dijo el ex funcionario federal al periodista Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula.
Esta declaración de Blanco, que dejó el cargo el miércoles 12 de noviembre pasado tras la crisis por el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, ocurre un día después de que al menos cuatro alcaldes perredistas de Guerrero rechazaron tener vínculos con el crimen organizado, e incluso dijeron estar dispuestos a ser investigados.
Asimismo, este lunes 17 de noviembre, cuando Milenio publicó su reporte, el gobernador Rogelio Ortega dijo: “Si hay investigación, pues dicen que el que nada debe nada teme, entonces que se haga la investigación. Por el caso Iguala, por unos pagan otros”.
Milenio publicó que, de acuerdo con información de inteligencia del gobierno mexicano, las autoridades federales detectaron, desde principios de este año, 12 alcaldes guerrerenses con presuntos vínculos con el narcotráfico, por voluntad propia o por coerción de grupos delictivos.
La carpeta informativa, de la cual Milenio asegura tener una copia, identifica a los funcionarios locales como “objetivos de atención especial”. Ellos pertenecen a dos de los principales partidos políticos en México: ocho al PRD y cuatro al PRI; dos ya fueron capturados: José Luis Abarca (PRD), de Iguala, y Feliciano Álvarez Mesino (PRD), de Cuetzala del Progreso.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Tras un reporte del diario Milenio acerca de que, de acuerdo con información de inteligencia del gobierno mexicano, al menos 12 alcaldes de Guerrero tienen vínculos con el narcotráfico, y luego del deslinde de cuatro presidentes municipales, el exprocurador de Justicia estatal, Iñaky Blanco, reconoció este martes 18 de noviembre en entrevista radiofónica que la dependencia que dirigía sí tenía esa información.
“Entiendo que el informe lo elaboró el gobierno federal, lo cierto es que nosotros teníamos algunos antecedentes sobre estas personas y ellos se ventilaron en distintos momentos del grupo de Coordinación Guerrero. El grupo es una instancia en la que ocurren distintas autoridades, federales, estatales y en algunos casos municipales en el ánimo de tratar aspectos con procuración de justicia y seguridad pública”, dijo el ex funcionario federal al periodista Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula.
Esta declaración de Blanco, que dejó el cargo el miércoles 12 de noviembre pasado tras la crisis por el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, ocurre un día después de que al menos cuatro alcaldes perredistas de Guerrero rechazaron tener vínculos con el crimen organizado, e incluso dijeron estar dispuestos a ser investigados.
Asimismo, este lunes 17 de noviembre, cuando Milenio publicó su reporte, el gobernador Rogelio Ortega dijo: “Si hay investigación, pues dicen que el que nada debe nada teme, entonces que se haga la investigación. Por el caso Iguala, por unos pagan otros”.
Milenio publicó que, de acuerdo con información de inteligencia del gobierno mexicano, las autoridades federales detectaron, desde principios de este año, 12 alcaldes guerrerenses con presuntos vínculos con el narcotráfico, por voluntad propia o por coerción de grupos delictivos.
La carpeta informativa, de la cual Milenio asegura tener una copia, identifica a los funcionarios locales como “objetivos de atención especial”. Ellos pertenecen a dos de los principales partidos políticos en México: ocho al PRD y cuatro al PRI; dos ya fueron capturados: José Luis Abarca (PRD), de Iguala, y Feliciano Álvarez Mesino (PRD), de Cuetzala del Progreso.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
“Todas las expresiones no violentas son admisibles”: rector de la UNAM
Tras los hechos violentos del fin de semana, José Narro afirmó que no es deseable la presencia de la fuerza pública en Ciudad Universitaria.
El rector de la UNAM, José Narro, rechazó los “hechos violentos” que se vivieron en Ciudad Universitaria el pasado fin de semana; se reproduce íntegro su comunicado:
Mensaje del Rector
Dr. José Narro Robles
16 de noviembre de 2014
Desafortunadamente, en las últimas semanas, la sociedad mexicana ha vivido hechos a todas luces reprobables. Algunos de ellos han costado vidas, lesionado personas, generado desapariciones y afectado el patrimonio y los derechos de terceros. Se ha trastocado la vida normal de nuestra sociedad.
Con toda razón existe un sentimiento de indignación, dolor e inconformidad. En varias ocasiones me he manifestado al respecto. He reprobado la conducta delictiva y permisiva de servidores públicos, he exigido el esclarecimiento de los hechos y el castigo de los responsables, y me he solidarizado con los afectados y sus familiares.
De igual manera, me he pronunciado por la necesidad de impulsar un cambio profundo en la sociedad. Un cambio sin violencia que asegure que hechos como los de Iguala no se registren nunca más en el país. Tengo la convicción de que la violencia sólo engendra mayor encono y más problemas.
Por desgracia, la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido afectada por hechos violentos de los que se dio cuenta el día de ayer y que lesionaron al menos a un miembro de nuestra comunidad. Al respecto, debo señalar que la Universidad ha presentado la denuncia correspondiente. Espero que el resultado de las investigaciones conduzca al deslinde de responsabilidades y a que se castigue a quienes resulten responsables.
En este momento son varios los asuntos que me preocupan. En primer término, la integridad de todos los miembros de nuestra comunidad, su integridad física y también la moral. Para conseguirlo, son importantes el rechazo a la violencia y el apego al derecho. No veo otra manera de conseguirlo, de no ser con la conducta prudente, individual y colectiva y con el cumplimiento de la ley.
En segundo lugar, me refiero al funcionamiento de la Universidad. El cumplimiento pleno de la vida académica de nuestra institución debe preservarse. Es indispensable que se entienda que son enteramente compatibles la protesta universitaria no violenta y el desarrollo de nuestro trabajo. Cuidar ese equilibrio es mi compromiso, pero se requiere de la participación de la comunidad para lograrlo. Todas las expresiones no violentas son admisibles y nuestra labor cotidiana es indispensable.
Así mismo, quiero pronunciarme en torno a la autonomía de nuestra institución. Al respecto, quiero ser claro y contundente. No es deseable la presencia de la fuerza pública en nuestras instalaciones. No forma parte de nuestra normalidad. Recibo con satisfacción el pronunciamiento de las autoridades del gobierno del Distrito Federal y les pido, respetuosa pero puntualmente, que no se repitan hechos como los registrados ayer en Ciudad Universitaria.
Reconozco el momento complejo por el que transitamos en la Universidad y en el país. Exhorto a todos los universitarios a mantenernos en el marco de la ley, a preservar nuestra institución, a mantener el trabajo sistemático de la comunidad y a asegurar que dentro de la normalidad académica sigamos atentos el desarrollo de los acontecimientos, ejerzamos la libertad de expresión sin violencia de ninguna naturaleza, al igual que a mantener la unidad.
De la misma manera, invito a la sociedad mexicana a hacer una pausa, a reflexionar sobre el futuro, a valorar el papel de la vida institucional de nuestro país, a fortalecer las entidades públicas como la UNAM que tanto esfuerzo ha costado a muchas generaciones de mexicanos y a rechazar la violencia sin sentido, que sólo causa más daño.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El rector de la UNAM, José Narro, rechazó los “hechos violentos” que se vivieron en Ciudad Universitaria el pasado fin de semana; se reproduce íntegro su comunicado:
Mensaje del Rector
Dr. José Narro Robles
16 de noviembre de 2014
Desafortunadamente, en las últimas semanas, la sociedad mexicana ha vivido hechos a todas luces reprobables. Algunos de ellos han costado vidas, lesionado personas, generado desapariciones y afectado el patrimonio y los derechos de terceros. Se ha trastocado la vida normal de nuestra sociedad.
Con toda razón existe un sentimiento de indignación, dolor e inconformidad. En varias ocasiones me he manifestado al respecto. He reprobado la conducta delictiva y permisiva de servidores públicos, he exigido el esclarecimiento de los hechos y el castigo de los responsables, y me he solidarizado con los afectados y sus familiares.
De igual manera, me he pronunciado por la necesidad de impulsar un cambio profundo en la sociedad. Un cambio sin violencia que asegure que hechos como los de Iguala no se registren nunca más en el país. Tengo la convicción de que la violencia sólo engendra mayor encono y más problemas.
Por desgracia, la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido afectada por hechos violentos de los que se dio cuenta el día de ayer y que lesionaron al menos a un miembro de nuestra comunidad. Al respecto, debo señalar que la Universidad ha presentado la denuncia correspondiente. Espero que el resultado de las investigaciones conduzca al deslinde de responsabilidades y a que se castigue a quienes resulten responsables.
En este momento son varios los asuntos que me preocupan. En primer término, la integridad de todos los miembros de nuestra comunidad, su integridad física y también la moral. Para conseguirlo, son importantes el rechazo a la violencia y el apego al derecho. No veo otra manera de conseguirlo, de no ser con la conducta prudente, individual y colectiva y con el cumplimiento de la ley.
En segundo lugar, me refiero al funcionamiento de la Universidad. El cumplimiento pleno de la vida académica de nuestra institución debe preservarse. Es indispensable que se entienda que son enteramente compatibles la protesta universitaria no violenta y el desarrollo de nuestro trabajo. Cuidar ese equilibrio es mi compromiso, pero se requiere de la participación de la comunidad para lograrlo. Todas las expresiones no violentas son admisibles y nuestra labor cotidiana es indispensable.
Así mismo, quiero pronunciarme en torno a la autonomía de nuestra institución. Al respecto, quiero ser claro y contundente. No es deseable la presencia de la fuerza pública en nuestras instalaciones. No forma parte de nuestra normalidad. Recibo con satisfacción el pronunciamiento de las autoridades del gobierno del Distrito Federal y les pido, respetuosa pero puntualmente, que no se repitan hechos como los registrados ayer en Ciudad Universitaria.
Reconozco el momento complejo por el que transitamos en la Universidad y en el país. Exhorto a todos los universitarios a mantenernos en el marco de la ley, a preservar nuestra institución, a mantener el trabajo sistemático de la comunidad y a asegurar que dentro de la normalidad académica sigamos atentos el desarrollo de los acontecimientos, ejerzamos la libertad de expresión sin violencia de ninguna naturaleza, al igual que a mantener la unidad.
De la misma manera, invito a la sociedad mexicana a hacer una pausa, a reflexionar sobre el futuro, a valorar el papel de la vida institucional de nuestro país, a fortalecer las entidades públicas como la UNAM que tanto esfuerzo ha costado a muchas generaciones de mexicanos y a rechazar la violencia sin sentido, que sólo causa más daño.
“Por mi Raza Hablará el Espíritu”
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Director de orquesta de Yucatán está desaparecido; autoridades lo buscan
Las autoridades de Yucatán llevan a cabo un operativo de búsqueda del director, quien es oriundo de Veracruz. Además informaron de la localización del vehículo en el que se transportaba.
Fernando Luna Guarneros, director de Música de la Secretaría Estatal de Cultura de Yucatán (Sedeculta), se encuentra desaparecido desde el pasado jueves 13 de noviembre, cuando se dirigía por carretera a la Ciudad de México para reunirse con algunos familiares.
Las autoridades de Yucatán llevan a cabo un operativo de búsqueda del director, quien es oriundo de Veracruz. Además, informaron de la localización del vehículo en el que se transportaba.
Señalaron que “agentes Ministeriales de la Fiscalía General del Estado ( FGE ) localizaron en la colonia San Antonio Xluch de esta capital la camioneta tipo Cherokee, propiedad de Luis Fernando Luna Guarneros”.
“Como parte de las investigaciones relacionadas con la denuncia de desaparición de Luna Guarneros, el vehículo placas ZAA8812 fue encontrado abandonado en la calle 37 X 70 de la citada colonia”, indica un comunicado.
Agregan que “la unidad fue trasladada a las instalaciones de la FGE, para las indagatorias correspondientes”.
El director del coro Convivium Musicum, Víctor Luna, es hermano de Fernando; lo esperaba en la Ciudad de Mexico y fue él quien se comunicó con las autoridades e informó que el celular de su familiar daba línea pero que nadie contestaba.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Fernando Luna Guarneros, director de Música de la Secretaría Estatal de Cultura de Yucatán (Sedeculta), se encuentra desaparecido desde el pasado jueves 13 de noviembre, cuando se dirigía por carretera a la Ciudad de México para reunirse con algunos familiares.
Las autoridades de Yucatán llevan a cabo un operativo de búsqueda del director, quien es oriundo de Veracruz. Además, informaron de la localización del vehículo en el que se transportaba.
Señalaron que “agentes Ministeriales de la Fiscalía General del Estado ( FGE ) localizaron en la colonia San Antonio Xluch de esta capital la camioneta tipo Cherokee, propiedad de Luis Fernando Luna Guarneros”.
“Como parte de las investigaciones relacionadas con la denuncia de desaparición de Luna Guarneros, el vehículo placas ZAA8812 fue encontrado abandonado en la calle 37 X 70 de la citada colonia”, indica un comunicado.
Agregan que “la unidad fue trasladada a las instalaciones de la FGE, para las indagatorias correspondientes”.
El director del coro Convivium Musicum, Víctor Luna, es hermano de Fernando; lo esperaba en la Ciudad de Mexico y fue él quien se comunicó con las autoridades e informó que el celular de su familiar daba línea pero que nadie contestaba.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Peña denuncia complot; “quieren desestabilizar a mi gobierno”, acusa
MÉXICO, D.F: Para el presidente Enrique Peña Nieto hay grupos que, al amparo del dolor por lo ocurrido en Iguala, Guerrero, quieren desestabilizar al país. Y es en medio del clima de consternación que se han hecho señalamientos infundados e imprecisos sobre la casa de Las Lomas… que explicará su esposa.
Aún más:
“No sé si esté vinculado a esto (la investigación periodística sobre la Casa Blanca con las protestas) que pareciera un afán orquestado por desestabilizar y por oponerse al proyecto de nación”, dijo.
Así, desde Cuautitlán, en su natal Estado de México y arropado por una concentración masiva, el titular del Ejecutivo federal reaccionó a las protestas salpicadas de violencia en los últimos días, así como a las publicaciones periodísticas que revelaron la existencia de una casa escriturada a nombre de un contratista, sugiriendo un vínculo entre los dos asuntos.
Luego de una ausencia que se prolongó por ocho días, el presidente abordó los dos asuntos más graves de estos días en su administración y, con tono fuerte y gesto endurecido, puso en duda las protestas de grupos cuyo “objetivo no es claro”, en alusión a las manifestaciones que en ocasiones derivan en vandalización de inmuebles oficiales, partidistas y comerciales.
“Pareciera que responden a un interés por generar desestabilización, desorden social y atentar contra el proyecto de nación que hemos venido impulsando”, acusó Peña Nieto.
Además, sostuvo que su gobierno ha sido solidario y sensible con las familias de las víctimas de Ayotzinapa.
Respecto de las propiedades en Las Lomas, que una investigación del equipo de Aristegui Noticias reveló habían sido transferidas por los proveedores del gobierno Grupo Higa y Televisa, sostuvo que se han generado “un sinnúmero de versiones y falsedades que no tienen sustento alguno”.
Pese a las interrogantes, Peña Nieto anunció que será su esposa, Angélica Rivera, quien aclare cómo adquirió los inmuebles.
“Espero que la aclaración, que personalmente habrá de dar mi esposa, pueda dejar muy claro cómo fue que se hizo de esa propiedad, algo que hizo a partir de su trabajo, una mujer que por muchos años se dedicó a la actividad artística, por más de 25 años, y todo ello le permitió ir generando su propio patrimonio, su propia independencia económica”, argumentó.
El mandatario añadió que lo positivo del caso es que llevará a todos aquellos que tienen responsabilidad pública a ser muy transparentes y claros en su patrimonio.
Luego advirtió:
“No voy a permitir que este tema ponga en duda la confianza que han puesto los ciudadanos en el presidente”.
La respuesta presidencial a las protestas y la revelación sobre la propiedades en Las Lomas se da luego de que hace 10 días el portal Aristegui Noticias difundió el reportaje “La Casa Blanca de Peña Nieto –publicado de manera simultánea por Proceso–, y ocurre en una semana que, en su ausencia, se registraron diversas manifestaciones por los hechos de violencia en Iguala donde perdieron la vida seis personas y 43 normalistas fueron desaparecidos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
Aún más:
“No sé si esté vinculado a esto (la investigación periodística sobre la Casa Blanca con las protestas) que pareciera un afán orquestado por desestabilizar y por oponerse al proyecto de nación”, dijo.
Así, desde Cuautitlán, en su natal Estado de México y arropado por una concentración masiva, el titular del Ejecutivo federal reaccionó a las protestas salpicadas de violencia en los últimos días, así como a las publicaciones periodísticas que revelaron la existencia de una casa escriturada a nombre de un contratista, sugiriendo un vínculo entre los dos asuntos.
Luego de una ausencia que se prolongó por ocho días, el presidente abordó los dos asuntos más graves de estos días en su administración y, con tono fuerte y gesto endurecido, puso en duda las protestas de grupos cuyo “objetivo no es claro”, en alusión a las manifestaciones que en ocasiones derivan en vandalización de inmuebles oficiales, partidistas y comerciales.
“Pareciera que responden a un interés por generar desestabilización, desorden social y atentar contra el proyecto de nación que hemos venido impulsando”, acusó Peña Nieto.
Además, sostuvo que su gobierno ha sido solidario y sensible con las familias de las víctimas de Ayotzinapa.
Respecto de las propiedades en Las Lomas, que una investigación del equipo de Aristegui Noticias reveló habían sido transferidas por los proveedores del gobierno Grupo Higa y Televisa, sostuvo que se han generado “un sinnúmero de versiones y falsedades que no tienen sustento alguno”.
Pese a las interrogantes, Peña Nieto anunció que será su esposa, Angélica Rivera, quien aclare cómo adquirió los inmuebles.
“Espero que la aclaración, que personalmente habrá de dar mi esposa, pueda dejar muy claro cómo fue que se hizo de esa propiedad, algo que hizo a partir de su trabajo, una mujer que por muchos años se dedicó a la actividad artística, por más de 25 años, y todo ello le permitió ir generando su propio patrimonio, su propia independencia económica”, argumentó.
El mandatario añadió que lo positivo del caso es que llevará a todos aquellos que tienen responsabilidad pública a ser muy transparentes y claros en su patrimonio.
Luego advirtió:
“No voy a permitir que este tema ponga en duda la confianza que han puesto los ciudadanos en el presidente”.
La respuesta presidencial a las protestas y la revelación sobre la propiedades en Las Lomas se da luego de que hace 10 días el portal Aristegui Noticias difundió el reportaje “La Casa Blanca de Peña Nieto –publicado de manera simultánea por Proceso–, y ocurre en una semana que, en su ausencia, se registraron diversas manifestaciones por los hechos de violencia en Iguala donde perdieron la vida seis personas y 43 normalistas fueron desaparecidos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
Alfredo Beltrán Leyva se declara inocente, tras ser extraditado a EU
'El Mochomo', uno de los presuntos líderes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, es acusado por la justicia estadounidense de importar "toneladas" de cocaína y metanfetaminas al país; el sábado fue extraditado a EU.
Alfredo Beltrán Leyva compareció el lunes ante un juez federal estadunidense en Washington, a menos de 48 horas de haber sido extraditado de México a Estados Unidos para enfrentar acusaciones de asociación delictuosa y narcotráfico.
La presentación del presunto capo y líder del cártel que lleva sus apellidos marcó el inicio de la causa procesal ante el juez Alan Kay, cuatro años después de que autoridades mexicanas lo arrestaran durante un operativo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Beltrán Leyva trató de evitar ser enviado a Estados Unidos tramitando un juicio de amparo, pero éste le fue negado en octubre pasado.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, Beltrán Leyva se presentó ante el juez Alan Kay en Washington, y se declaró inocente mediante el abogado que le designó la Corte.
La procuradora general asistente, Leslie R. Caldwell, calificó la extradición del hombre de 43 años de edad como un importante paso en los esfuerzos para desmantelar una organización criminal que, dijo, “ha arruinado la vida de tantas personas”.
Caldwell reiteró el compromiso del Departamento de Justicia estadunidense para trabajar con sus socios internacionales “para llevar ante la justicia al resto de la organización” criminal.
Joseph S. Campbell, cabeza de la división criminal de la Oficina de Federal de Investigaciones (FBI), consideró que el arresto y la extradición de Beltrán Leyva “representan una significativo logro en el combate de las organizaciones del crimen transnacional”.
La agencia antidrogas estadunidense DEA dijo que tanto Alfredo Beltrán Leyva, conocido como “El Mochomo”, como sus hermanos, son responsables no sólo del contrabando de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, sino de la violencia que afecta a México.
“Su extradición a Estados Unidos es un ejemplo del compromiso por la cooperación internacional y el estado de derecho”, dijo por su parte James Junt, agente especial de la DEA para la oficina de Nueva York.
En agosto de 2012, Beltrán Leyva fue indiciado ante la corte federal estadunidense de distrito con sede en esta capital, por cargos de conspirar para el tráfico de narcóticos, en calidad de uno de los líderes de ese cártel, junto con el resto de sus hermanos.
Su extradición a Estados Unidos marcó un nuevo capítulo en los esfuerzos de las autoridades mexicana para desmantelar esa organización criminal, mermada por la eliminación y arresto de otros líderes.
En diciembre de 2009, Arturo Beltrán Leyva murió en un enfrentamiento con infantes de la Armada de México en Cuernavaca, y Héctor Beltrán Leyva fue arrestado en octubre pasado en San Miguel de Allende, Guanajuato.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Alfredo Beltrán Leyva compareció el lunes ante un juez federal estadunidense en Washington, a menos de 48 horas de haber sido extraditado de México a Estados Unidos para enfrentar acusaciones de asociación delictuosa y narcotráfico.
La presentación del presunto capo y líder del cártel que lleva sus apellidos marcó el inicio de la causa procesal ante el juez Alan Kay, cuatro años después de que autoridades mexicanas lo arrestaran durante un operativo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Beltrán Leyva trató de evitar ser enviado a Estados Unidos tramitando un juicio de amparo, pero éste le fue negado en octubre pasado.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, Beltrán Leyva se presentó ante el juez Alan Kay en Washington, y se declaró inocente mediante el abogado que le designó la Corte.
La procuradora general asistente, Leslie R. Caldwell, calificó la extradición del hombre de 43 años de edad como un importante paso en los esfuerzos para desmantelar una organización criminal que, dijo, “ha arruinado la vida de tantas personas”.
Caldwell reiteró el compromiso del Departamento de Justicia estadunidense para trabajar con sus socios internacionales “para llevar ante la justicia al resto de la organización” criminal.
Joseph S. Campbell, cabeza de la división criminal de la Oficina de Federal de Investigaciones (FBI), consideró que el arresto y la extradición de Beltrán Leyva “representan una significativo logro en el combate de las organizaciones del crimen transnacional”.
La agencia antidrogas estadunidense DEA dijo que tanto Alfredo Beltrán Leyva, conocido como “El Mochomo”, como sus hermanos, son responsables no sólo del contrabando de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, sino de la violencia que afecta a México.
“Su extradición a Estados Unidos es un ejemplo del compromiso por la cooperación internacional y el estado de derecho”, dijo por su parte James Junt, agente especial de la DEA para la oficina de Nueva York.
En agosto de 2012, Beltrán Leyva fue indiciado ante la corte federal estadunidense de distrito con sede en esta capital, por cargos de conspirar para el tráfico de narcóticos, en calidad de uno de los líderes de ese cártel, junto con el resto de sus hermanos.
Su extradición a Estados Unidos marcó un nuevo capítulo en los esfuerzos de las autoridades mexicana para desmantelar esa organización criminal, mermada por la eliminación y arresto de otros líderes.
En diciembre de 2009, Arturo Beltrán Leyva murió en un enfrentamiento con infantes de la Armada de México en Cuernavaca, y Héctor Beltrán Leyva fue arrestado en octubre pasado en San Miguel de Allende, Guanajuato.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Manifestantes liberan la torre de rectoría de la UNAM; cierran la prepa 5 por Ayotzinapa
Jóvenes pidieron este martes que se investigue a fondo lo ocurrido el sábado pasado en Ciudad Universitaria, cuando un agente disparó a un estudiante.
Los jóvenes que mantuvieron bloqueados los accesos a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desde el pasado 16 de noviembre, se retiraron este martes tras dar un mensaje, de acuerdo con un reporte del diario La Jornada.
Este martes 18 de noviembre por la mañana, antes de retirarse y quitar las barricadas que obstruían el acceso al campus de Ciudad Universitaria, los jóvenes aseguraron que “nunca fue nuestra intención tomar la Facultad de Filosofía, fue decisión de autoridades desalojarla”.
La zona cercana a rectoría y la facultad de FyL amaneció este martes con barricadas, e incluso algunas llantas incendiadas que posteriormente fueron retiradas
Asimismo, las clases en la facultad hoy fueron parciales. Animal Político confirmó, a través de una llamada telefónica a la oficina de la directora, Gloria Villegas Moreno, que las actividades del personal son normales.
Este día, otro grupo de personas con el rostro cubierto cerraron los accesos de la Preparatoria 5 “José Vasconcelos”, de la UNAM, por lo que las clases fueron suspendidas, reportó Milenio.
Un grupo de manifestantes con el rostro cubierto bloqueó desde el domingo 16 de noviembre la rectoría de la UNAM, luego de una marcha pacífica –que partió de Copilco– en la que participaron estudiantes como protesta en contra del ataque a tiros que ocurrió en la Facultad de Filosofía y Letras el sábado 15 de noviembre por la tarde, cuando un agente de la Procuraduría General de Justicia del DF disparó e hirió en la pierna a un alumno.
La manifestación del domingo pasado ocurrió un día después de que un agente de la PGJDF que investigaba en CU el robo de un celular, de acuerdo con la versión dada a conocer por las autoridades, disparó “al aire” e hirió con una bala a un estudiante en la pierna.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN
Los jóvenes que mantuvieron bloqueados los accesos a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desde el pasado 16 de noviembre, se retiraron este martes tras dar un mensaje, de acuerdo con un reporte del diario La Jornada.
Este martes 18 de noviembre por la mañana, antes de retirarse y quitar las barricadas que obstruían el acceso al campus de Ciudad Universitaria, los jóvenes aseguraron que “nunca fue nuestra intención tomar la Facultad de Filosofía, fue decisión de autoridades desalojarla”.
La zona cercana a rectoría y la facultad de FyL amaneció este martes con barricadas, e incluso algunas llantas incendiadas que posteriormente fueron retiradas
Asimismo, las clases en la facultad hoy fueron parciales. Animal Político confirmó, a través de una llamada telefónica a la oficina de la directora, Gloria Villegas Moreno, que las actividades del personal son normales.
Este día, otro grupo de personas con el rostro cubierto cerraron los accesos de la Preparatoria 5 “José Vasconcelos”, de la UNAM, por lo que las clases fueron suspendidas, reportó Milenio.
Un grupo de manifestantes con el rostro cubierto bloqueó desde el domingo 16 de noviembre la rectoría de la UNAM, luego de una marcha pacífica –que partió de Copilco– en la que participaron estudiantes como protesta en contra del ataque a tiros que ocurrió en la Facultad de Filosofía y Letras el sábado 15 de noviembre por la tarde, cuando un agente de la Procuraduría General de Justicia del DF disparó e hirió en la pierna a un alumno.
La manifestación del domingo pasado ocurrió un día después de que un agente de la PGJDF que investigaba en CU el robo de un celular, de acuerdo con la versión dada a conocer por las autoridades, disparó “al aire” e hirió con una bala a un estudiante en la pierna.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN
Gobierno federal y diputados disminuyen en 63% los recursos para la búsqueda de desaparecidos
En medio de la crisis por la desaparición de 43 normalistas y aunque PGR asegura que el tema de “personas no localizadas” es una prioridad, se confirmó que la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos operará en 2015 con menos recursos.
La búsqueda de personas desaparecidas se llevará a cabo en 2015 con un presupuesto 63.5% menor al destinado este año, luego de que la Cámara de Diputados aprobó el jueves pasado la propuesta del gobierno federal de recortar los recursos.
Los diputados avalaron para la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR) un presupuesto para el próximo año de 14 millones 676 mil 268 pesos; es decir 25 millones menos de los que le entregó para este 2014.
Ni en la propuesta para recortar el 63.5% de los recursos que envió en septiembre pasado al Congreso el presidente Enrique Peña Nieto, ni en el decreto aprobado por la Cámara de Diputados se justifica el recorte para esa Unidad que en 2014 operó con 40 millones 209 mil 005 pesos.
Según el director ejecutivo de la organización internacional Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación alertó al gobierno federal de la gravedad de que la Unidad para la búsqueda de desaparecidos sufriera un recorte “tan importante”.
“Simplemente no hay justificación para que el gobierno reduzca el presupuesto a una de las pocas instancias creadas para investigar desapariciones y menos en un contexto como el de Iguala”, dijo Vivanco.
HRW se reunió los primeros días de noviembre con el procurador general, Jesús Murillo Karam, para conocer la investigación por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Según Vivanco, tras esa reunión y por la “gravedad de tener a los normalistas desaparecidos”, el gobierno federal le aseguró que se buscaría revertir el recorte que finalmente se concretó.
La Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas se creó por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de junio de 2013 como parte de la construcción de un Plan Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas.
Este año fue la primera vez que recibió recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación y según el decreto que la creó, la Unidad es responsable de recibir todas las denuncias vinculadas con una desaparición y de realizar “las diligencias necesarias para la búsqueda y localización”.
A través de esta unidad de PGR se debe mantener comunicación con la familia de un desaparecido sobre los avances de la investigación y también es el vínculo entre autoridades nacionales y estatales para que avance la indagatoria.
El legislador propuso que los diputados aprobaran un aumento a 100 millones de pesos para la búsqueda de desaparecidos, pero la propuesta se rechazó sin siquiera una discusión.
En agosto de este año, la subprocuradora Jurídica de PGR, Mariana Benítez, reiteró que el tema de personas no localizadas era un “compromiso prioritario” del gobierno de Enrique Peña Nieto.
“A las personas las estamos buscando prioritariamente con vida”, dijo Benítez al referirse a los objetivos de esa Unidad de PGR.
En ese entonces, la PGR y Gobernación informaron que se tenía un registro de 22 mil 322 personas no localizadas, quienes fueron reportadas como desaparecidas desde el sexenio anterior.
Sobre el recorte de 63.5%, en PGR dijeron que los recursos destinados a sus Unidades administrativas sólo depende de lo aprobado en la Cámara de Diputados y que están obligados a acatarlo.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: Tania L. Montalvo.
La búsqueda de personas desaparecidas se llevará a cabo en 2015 con un presupuesto 63.5% menor al destinado este año, luego de que la Cámara de Diputados aprobó el jueves pasado la propuesta del gobierno federal de recortar los recursos.
Los diputados avalaron para la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR) un presupuesto para el próximo año de 14 millones 676 mil 268 pesos; es decir 25 millones menos de los que le entregó para este 2014.
Ni en la propuesta para recortar el 63.5% de los recursos que envió en septiembre pasado al Congreso el presidente Enrique Peña Nieto, ni en el decreto aprobado por la Cámara de Diputados se justifica el recorte para esa Unidad que en 2014 operó con 40 millones 209 mil 005 pesos.
Según el director ejecutivo de la organización internacional Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación alertó al gobierno federal de la gravedad de que la Unidad para la búsqueda de desaparecidos sufriera un recorte “tan importante”.
“Simplemente no hay justificación para que el gobierno reduzca el presupuesto a una de las pocas instancias creadas para investigar desapariciones y menos en un contexto como el de Iguala”, dijo Vivanco.
HRW se reunió los primeros días de noviembre con el procurador general, Jesús Murillo Karam, para conocer la investigación por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Según Vivanco, tras esa reunión y por la “gravedad de tener a los normalistas desaparecidos”, el gobierno federal le aseguró que se buscaría revertir el recorte que finalmente se concretó.
La Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas se creó por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de junio de 2013 como parte de la construcción de un Plan Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas.
Este año fue la primera vez que recibió recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación y según el decreto que la creó, la Unidad es responsable de recibir todas las denuncias vinculadas con una desaparición y de realizar “las diligencias necesarias para la búsqueda y localización”.
A través de esta unidad de PGR se debe mantener comunicación con la familia de un desaparecido sobre los avances de la investigación y también es el vínculo entre autoridades nacionales y estatales para que avance la indagatoria.
Durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 —que se realizó el jueves 13 de noviembre en la Cámara de Diputados—, sólo un legislador reclamó el aval a la propuesta del Ejecutivo para recortar en 63.5% los recursos a la búsqueda de desaparecidos.“El discurso del gobierno federal va por un lado y nos topamos con la cruda realidad de que ese discurso no se ve reflejado en esta propuesta de Presupuesto de Egresos para el 2015. Me refiero a la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la Procuraduría General de la República. En 2014 esta Unidad tiene un presupuesto de poco más de 40 millones de pesos y hoy ese presupuesto sin duda es insuficiente. Pero para 2015 en lugar de estar aumentando el presupuesto de un tema tan sensible como es la búsqueda de personas desaparecidas en nuestro país, el gobierno federal ni siquiera mantiene el presupuesto de 40 millones de pesos, lo reduce”, dijo el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), José Guillermo Anaya Llamas.
El legislador propuso que los diputados aprobaran un aumento a 100 millones de pesos para la búsqueda de desaparecidos, pero la propuesta se rechazó sin siquiera una discusión.
En agosto de este año, la subprocuradora Jurídica de PGR, Mariana Benítez, reiteró que el tema de personas no localizadas era un “compromiso prioritario” del gobierno de Enrique Peña Nieto.
“A las personas las estamos buscando prioritariamente con vida”, dijo Benítez al referirse a los objetivos de esa Unidad de PGR.
En ese entonces, la PGR y Gobernación informaron que se tenía un registro de 22 mil 322 personas no localizadas, quienes fueron reportadas como desaparecidas desde el sexenio anterior.
Sobre el recorte de 63.5%, en PGR dijeron que los recursos destinados a sus Unidades administrativas sólo depende de lo aprobado en la Cámara de Diputados y que están obligados a acatarlo.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: Tania L. Montalvo.
Policía comunitaria de Guerrero inicia nueva búsqueda de 43 normalistas
Además, buscarán a unas 80 personas, también reportadas como desaparecidas; en total, la UPOEG buscará a más de 100 personas.
La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero inicia, a partir de este martes, una segunda etapa de búsqueda de los 43 normalistas, desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala.
Así lo anunció ayer el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, quien adelantó que a las brigadas de búsqueda se integrarán miembros de la organización Ciencia Forense Ciudadana, con el fin de realizar exámenes de ADN a los posibles cuerpos que encuentren.
Plácido Valerio indincó: “No sólo vamos a buscar a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, sino que también vamos a apoyar a los ciudadanos comunes que buscan a sus familiares desaparecidos por los grupos de la delincuencia organizada, a los que se les practicará estudios de genética forense para determinar su identidad”.
Se trata de unas 80 personas, reportadas como desaparecidas, por sus familias; en total, la policía comunitaria buscará a más de 100 personas.
El domingo por la noche, a Iguala llegaron unos cien miembros de la UPOEG, quienes van desarmados y serán quienes comiencen este día la “segunda etapa” de búsqueda.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero inicia, a partir de este martes, una segunda etapa de búsqueda de los 43 normalistas, desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala.
Así lo anunció ayer el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, quien adelantó que a las brigadas de búsqueda se integrarán miembros de la organización Ciencia Forense Ciudadana, con el fin de realizar exámenes de ADN a los posibles cuerpos que encuentren.
Plácido Valerio indincó: “No sólo vamos a buscar a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, sino que también vamos a apoyar a los ciudadanos comunes que buscan a sus familiares desaparecidos por los grupos de la delincuencia organizada, a los que se les practicará estudios de genética forense para determinar su identidad”.
Se trata de unas 80 personas, reportadas como desaparecidas, por sus familias; en total, la policía comunitaria buscará a más de 100 personas.
El domingo por la noche, a Iguala llegaron unos cien miembros de la UPOEG, quienes van desarmados y serán quienes comiencen este día la “segunda etapa” de búsqueda.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Violaciones del Estado, desde Salinas hasta EPN: documento del Tribunal de Pueblos
Estableció un "desvío de poder", por lo que se han violado múltiples derechos. La sentencia hace un llamado a la refundación de México.
Tras un proceso iniciado el 21 de octubre de 2011, el Tribunal Permanente de los Pueblos celebró -el sábado- una audiencia final sobre libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos.
Tras analizar de manera pormenorizada el conjunto de testimonios personales y documentales presentados por víctimas, organizaciones sociales y expertos, en una serie de audiencias, el Tribunal señaló los derechos violados en el país y concluyó que existen responsabilidades jurídicas por parte de cuatro actores: el Estado mexicano; las Empresas Transnacionales; Terceros Estados (como es el caso de los Estados Unidos de América o Canadá, entre otros) e Instituciones Internacionales (entre las que cabe mencionar a la OMC, el FMI, el Banco Mundial, la OMPI, entre otras). En los cuatro casos se trata de distintas formas de responsabilidad.
El lo que se refiere al Estado mexicano, en su nivel municipal, estatal y federal, establece que tiene responsabilidad internacional objetiva por la violación de múltiples derechos, tanto derechos civiles y políticos, como derechos económicos, sociales y culturales, del derecho a un medio ambiente sano y del acceso a la justicia, que suponen la vulneración de numerosas normas internacionales y de la Constitución mexicana.
La sentencia especifica los delitos más graves, incluidos crímenes de lesa humanidad, cometidos en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
La sentencia concluye con un conjunto de recomendaciones dirigidas a organismos internacionales, a la sociedad civil y medios de comunicación internacionales, a la sociedad civil mexicana y con un llamado a la refundación de México en torno a un conjunto de 20 líneas de actuación concretas, para revertir lo que calificaron como un “desvío de poder”.
Audiencia Final TPP:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Tras un proceso iniciado el 21 de octubre de 2011, el Tribunal Permanente de los Pueblos celebró -el sábado- una audiencia final sobre libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos.
Tras analizar de manera pormenorizada el conjunto de testimonios personales y documentales presentados por víctimas, organizaciones sociales y expertos, en una serie de audiencias, el Tribunal señaló los derechos violados en el país y concluyó que existen responsabilidades jurídicas por parte de cuatro actores: el Estado mexicano; las Empresas Transnacionales; Terceros Estados (como es el caso de los Estados Unidos de América o Canadá, entre otros) e Instituciones Internacionales (entre las que cabe mencionar a la OMC, el FMI, el Banco Mundial, la OMPI, entre otras). En los cuatro casos se trata de distintas formas de responsabilidad.
El lo que se refiere al Estado mexicano, en su nivel municipal, estatal y federal, establece que tiene responsabilidad internacional objetiva por la violación de múltiples derechos, tanto derechos civiles y políticos, como derechos económicos, sociales y culturales, del derecho a un medio ambiente sano y del acceso a la justicia, que suponen la vulneración de numerosas normas internacionales y de la Constitución mexicana.
La sentencia especifica los delitos más graves, incluidos crímenes de lesa humanidad, cometidos en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
La sentencia concluye con un conjunto de recomendaciones dirigidas a organismos internacionales, a la sociedad civil y medios de comunicación internacionales, a la sociedad civil mexicana y con un llamado a la refundación de México en torno a un conjunto de 20 líneas de actuación concretas, para revertir lo que calificaron como un “desvío de poder”.
Audiencia Final TPP:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Tribunal establece crímenes de Estado y señala “desviación del poder” en México: Vera
Lo que ocurre hoy en México "viene de rostros, de nombres", tiene responsables, entre ellos el gobierno mexicano, señala el Tribunal Permanente de los Pueblos, expuso el obispo de Saltillo.
El obispo de Saltillo, Raúl Vera, calificó como una sentencia “extraordinaria” la del Tribunal Permanente de los Pueblos, quien estableció una serie de crímenes de Estado y violaciones a los derechos de las personas en el país.
En entrevista para Noticias MVS primera emisión, aseguró que la sociedad debe atender lo que estableció el tribunal, pues sus recomendaciones son una “luz” y “un camino a seguir”.
“Da una serie de recomendaciones como da una sentencia, donde tipifica todos los delitos dentro de la estructura del derecho internacional, todo está integrado, señala la falta y responsabilidad del gobierno mexicano, se le juzga principalmente por la desviación del poder para favorecer a multinacionales, los compromisos no están ni se identifican con la población”, expuso.
Con esto, se abre un abanico donde se señalan los crímenes internacionales que está cometiendo México, pues “el gobierno mexicano está dañando a un sector de la población mundial, está alterando la paz, el equilibrio en el mundo”.
Además, indicó el religioso, se señala a instancias mundiales, gobiernos de otros países y trasnacionales por las violaciones de derechos.
“Esto que está pasando (en el país) se explica con rostros… Hay un señalamiento de presidentes, empezando por Salinas… toda la tipificación de crímenes, delitos que permanecen en la impunidad, se juzga a partir de Salinas hasta llegar a Enrique Peña Nieto, por crímenes de lesa humanidad”, apuntó.
En México, aseguró, “es una estructura criminal que se ha asentado”, y las estructuras del Estado creen que pueden hacer de nosotros lo que quieran.
Lo realizado por el Tribunal de los Pueblos “es un estudio integral del sistema injusto que deliberadamente ha venido montando el gobierno mexicano”.
“El descontento social es porque está abandonada la gente”, sostuvo.
Y ahora, “no nos podemos quedar ahí (en el descontento), al final de la sentencia se da una serie de recomendaciones”.
A la sociedad nos dicen ‘tienen que refundar México’, detalló Vera.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El obispo de Saltillo, Raúl Vera, calificó como una sentencia “extraordinaria” la del Tribunal Permanente de los Pueblos, quien estableció una serie de crímenes de Estado y violaciones a los derechos de las personas en el país.
En entrevista para Noticias MVS primera emisión, aseguró que la sociedad debe atender lo que estableció el tribunal, pues sus recomendaciones son una “luz” y “un camino a seguir”.
“Da una serie de recomendaciones como da una sentencia, donde tipifica todos los delitos dentro de la estructura del derecho internacional, todo está integrado, señala la falta y responsabilidad del gobierno mexicano, se le juzga principalmente por la desviación del poder para favorecer a multinacionales, los compromisos no están ni se identifican con la población”, expuso.
Con esto, se abre un abanico donde se señalan los crímenes internacionales que está cometiendo México, pues “el gobierno mexicano está dañando a un sector de la población mundial, está alterando la paz, el equilibrio en el mundo”.
Además, indicó el religioso, se señala a instancias mundiales, gobiernos de otros países y trasnacionales por las violaciones de derechos.
“Esto que está pasando (en el país) se explica con rostros… Hay un señalamiento de presidentes, empezando por Salinas… toda la tipificación de crímenes, delitos que permanecen en la impunidad, se juzga a partir de Salinas hasta llegar a Enrique Peña Nieto, por crímenes de lesa humanidad”, apuntó.
En México, aseguró, “es una estructura criminal que se ha asentado”, y las estructuras del Estado creen que pueden hacer de nosotros lo que quieran.
Lo realizado por el Tribunal de los Pueblos “es un estudio integral del sistema injusto que deliberadamente ha venido montando el gobierno mexicano”.
“El descontento social es porque está abandonada la gente”, sostuvo.
Y ahora, “no nos podemos quedar ahí (en el descontento), al final de la sentencia se da una serie de recomendaciones”.
A la sociedad nos dicen ‘tienen que refundar México’, detalló Vera.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Paro del jueves 20 incluirá el bloqueo del aeropuerto de la Ciudad de México
MÉXICO, D.F: El paro nacional anunciado para este jueves 20 con motivo de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, incluirá el bloqueo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, así como manifestaciones alternas en diversas plazas del país.
Familiares de los desaparecidos y estudiantes de las normales rurales que participan en las tres brigadas informativas confluirán en esta ciudad ese día y se incorporarán a la gran megamarcha convocada por estudiantes y maestros de diversas universidades, activistas de organizaciones sociales y ciudadanos en general.
La movilización se dividirá en tres contingentes y culminará en la Plaza de la Constitución alrededor de las 19:00 horas.
El primer grupo saldrá de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, a donde llegará la primera caravana de padres nombrada “Julio César Mondragón Fuentes”, que recorre el norte del país.
La caravana que recorre el sur del país bautizada con el nombre de “Daniel Solís Gallardo” saldrá del Monumento a la Revolución, junto con integrantes de organizaciones campesinas y sindicales.
El contingente de la tercera caravana, que recorre siete municipios de Guerrero, marchará acompañado por organizaciones civiles, del Ángel de la Independencia al Zócalo. Ésta saldrá alrededor de las 17:00 horas mientras que las otras dos iniciarán a las 18:00 horas.
Por su parte, la Asamblea Interuniversitaria acordó su plan de acción en apoyo a los normalistas, en el que incluye la toma de la terminal aérea de esta ciudad.
“Este 20 de Noviembre #TodosVestidosDeNegro. Desde Baja California hasta Quintana Roo, a la calle, al trabajo, a la escuela, en el metro, en bici, en automóvil #TodosUnidosPorAyorzinapa”, se lee en la convocatoria.
El 30 de noviembre realizarán el Congreso Nacional Estudiantil en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero; un paro cívico nacional el 1 de diciembre y la toma de la Ciudad de México para conmemorar el centenario de la entrada de los ejércitos de Francisco Villa y Emiliano Zapata.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Familiares de los desaparecidos y estudiantes de las normales rurales que participan en las tres brigadas informativas confluirán en esta ciudad ese día y se incorporarán a la gran megamarcha convocada por estudiantes y maestros de diversas universidades, activistas de organizaciones sociales y ciudadanos en general.
La movilización se dividirá en tres contingentes y culminará en la Plaza de la Constitución alrededor de las 19:00 horas.
El primer grupo saldrá de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, a donde llegará la primera caravana de padres nombrada “Julio César Mondragón Fuentes”, que recorre el norte del país.
La caravana que recorre el sur del país bautizada con el nombre de “Daniel Solís Gallardo” saldrá del Monumento a la Revolución, junto con integrantes de organizaciones campesinas y sindicales.
El contingente de la tercera caravana, que recorre siete municipios de Guerrero, marchará acompañado por organizaciones civiles, del Ángel de la Independencia al Zócalo. Ésta saldrá alrededor de las 17:00 horas mientras que las otras dos iniciarán a las 18:00 horas.
Por su parte, la Asamblea Interuniversitaria acordó su plan de acción en apoyo a los normalistas, en el que incluye la toma de la terminal aérea de esta ciudad.
“Este 20 de Noviembre #TodosVestidosDeNegro. Desde Baja California hasta Quintana Roo, a la calle, al trabajo, a la escuela, en el metro, en bici, en automóvil #TodosUnidosPorAyorzinapa”, se lee en la convocatoria.
El 30 de noviembre realizarán el Congreso Nacional Estudiantil en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero; un paro cívico nacional el 1 de diciembre y la toma de la Ciudad de México para conmemorar el centenario de la entrada de los ejércitos de Francisco Villa y Emiliano Zapata.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Iguala, pueblo chico infierno grande; Abarca y Pineda, matrimonio del diablo
Nunca se pensó en la magnitud del infierno y sus administradores en un pequeño municipio mexicano.
Respecto a lo anterior, el diario El País describió: ”Al regidor de Iguala, ahora encarcelado junto a su esposa como autor intelectual de la desaparición (y probablemente, matanza) de los 43 estudiantes de magisterio, siempre le siguió una sombra de terror.
De pelo corto, cuerpo depilado y músculo de gimnasio, le gustaba moverse a solas por una tierra donde los políticos no dan un paso sin un enjambre de escoltas. A veces, al volante de su deportivo gris, llegaba conduciendo sin ninguna protección al Palacio del Gobierno, en Chilpancingo, y ante los otros alcaldes hacía demostración de lo que todos sabían: que él, a diferencia de sus compañeros, no tenía nada que temer”, describió ayer el diario El País.
Y es que luego de que fuera acusado por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala, Guerrero, las historias en torno al edil -que ahora se encuentra preso en el penal del Altiplano, ubicado en el Edomex, por el delito de delincuencia organizada- como “un pequeño déspota, tajante en sus respuestas y con dificultades para enhebrar un razonamiento complejo”.
Abarca Velásquez respondía como cualquier funcionario público: “contestaba que todo iba bien”. Sin embargo, cuando se trataba de asuntos complejos donde el no conocía el contexto, decía no saber absolutamente nada como fue el caso del asesinato del activista Arturo Hernández Cardona, líder de la Unidad Popular, el 1 de junio de 2013; así como los cadáveres de seis personas, cinco muertos a balazos y otro desollado, se trata de Julio César, quien tenía pocos días de haber sido padre.
El reportero Jan Martínez señaló en su reportaje que después de estos eventos: “Nadie duda de que en su huida recibieron ayuda de Guerreros Unidos. Una organización salvaje, surgida del colapso del imperio de Arturo Beltrán Leyva, el Jefe de Jefes, e íntimamente conectada a su esposa. Dos de sus hermanos, Alberto y Mario, habían hecho carrera en el narco.
Agregó: “Empezaron a principios de 2000 en Guerrero, como pequeños vendedores de droga, pero poco a poco ascendieron en la escala del crimen hasta que el cartel de Sinaloa, en aquellas fechas en manos del Chapo Guzmán, les abrió las puertas al tráfico de cocaína procedente de Colombia y Venezuela. Cumplido este cometido, recibieron un encargo más venenoso: abrir una sucursal de sicarios en Guerrero para enfrentarse a la expansión de los Zetas y la Familia Michoacana. El resultado fue el embrión de Guerreros Unidos“.
Respecto al poder que adquirió María de los Ángeles Pineda Villa -ligada en sus apellidos al grupo delictivo Guerreros Unidos, escisión de los Beltrán Leyva- refiere que “día a día” Abarca fue “cediendo el terreno a su esposa”.
“La primera dama de la ciudad de provincias venía con hambre de poder. Ella era la que aparecía en las fotografías en primer plano, ella era la que, como recuerdan algunos concejales, entraba en las reuniones y daba las órdenes. Calculadora y dominante, empezó a preparar su asalto a la alcaldía. Ocupó la presidencia de un organismo público, Desarrollo Integral de la Familia (DIF), logró ser elegida consejera estatal del PRD y su próximo paso era presentar la candidatura (…) La pareja exigió a la policía municipal, un brazo armado del cartel, que impidiese que reventasen el acto. La orden devino en locura. Los agentes atacaron a sangre y fuego a los estudiantes. Los que no lograron huir fueron detenidos y, según la fiscalía, conducidos a manos de los liquidadores de Guerreros Unidos. En un vertedero, con la precisión que dan años de práctica, se les ejecutó e incineró”, apuntó.
Concluyó: “Pero la pareja no se alteró. Aún tuvo tiempo para pedir su baja del cargo y abandonar Iguala con tranquilidad. Durante más de un mes su paradero fue un misterio. En la madrugada del 4 de noviembre fueron capturados en una desdentada casa del barrio de Iztapalapa, en la laberíntica Ciudad de México. Dormían sobre un colchón hinchable. Él estaba demacrado; ella, maquillada y nerviosa. Desde entonces, han negado cualquier implicación en los hechos. Como tantas otras veces, aducen que no saben nada”.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
Respecto a lo anterior, el diario El País describió: ”Al regidor de Iguala, ahora encarcelado junto a su esposa como autor intelectual de la desaparición (y probablemente, matanza) de los 43 estudiantes de magisterio, siempre le siguió una sombra de terror.
De pelo corto, cuerpo depilado y músculo de gimnasio, le gustaba moverse a solas por una tierra donde los políticos no dan un paso sin un enjambre de escoltas. A veces, al volante de su deportivo gris, llegaba conduciendo sin ninguna protección al Palacio del Gobierno, en Chilpancingo, y ante los otros alcaldes hacía demostración de lo que todos sabían: que él, a diferencia de sus compañeros, no tenía nada que temer”, describió ayer el diario El País.
Y es que luego de que fuera acusado por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala, Guerrero, las historias en torno al edil -que ahora se encuentra preso en el penal del Altiplano, ubicado en el Edomex, por el delito de delincuencia organizada- como “un pequeño déspota, tajante en sus respuestas y con dificultades para enhebrar un razonamiento complejo”.
Abarca Velásquez respondía como cualquier funcionario público: “contestaba que todo iba bien”. Sin embargo, cuando se trataba de asuntos complejos donde el no conocía el contexto, decía no saber absolutamente nada como fue el caso del asesinato del activista Arturo Hernández Cardona, líder de la Unidad Popular, el 1 de junio de 2013; así como los cadáveres de seis personas, cinco muertos a balazos y otro desollado, se trata de Julio César, quien tenía pocos días de haber sido padre.
El reportero Jan Martínez señaló en su reportaje que después de estos eventos: “Nadie duda de que en su huida recibieron ayuda de Guerreros Unidos. Una organización salvaje, surgida del colapso del imperio de Arturo Beltrán Leyva, el Jefe de Jefes, e íntimamente conectada a su esposa. Dos de sus hermanos, Alberto y Mario, habían hecho carrera en el narco.
Agregó: “Empezaron a principios de 2000 en Guerrero, como pequeños vendedores de droga, pero poco a poco ascendieron en la escala del crimen hasta que el cartel de Sinaloa, en aquellas fechas en manos del Chapo Guzmán, les abrió las puertas al tráfico de cocaína procedente de Colombia y Venezuela. Cumplido este cometido, recibieron un encargo más venenoso: abrir una sucursal de sicarios en Guerrero para enfrentarse a la expansión de los Zetas y la Familia Michoacana. El resultado fue el embrión de Guerreros Unidos“.
Respecto al poder que adquirió María de los Ángeles Pineda Villa -ligada en sus apellidos al grupo delictivo Guerreros Unidos, escisión de los Beltrán Leyva- refiere que “día a día” Abarca fue “cediendo el terreno a su esposa”.
“La primera dama de la ciudad de provincias venía con hambre de poder. Ella era la que aparecía en las fotografías en primer plano, ella era la que, como recuerdan algunos concejales, entraba en las reuniones y daba las órdenes. Calculadora y dominante, empezó a preparar su asalto a la alcaldía. Ocupó la presidencia de un organismo público, Desarrollo Integral de la Familia (DIF), logró ser elegida consejera estatal del PRD y su próximo paso era presentar la candidatura (…) La pareja exigió a la policía municipal, un brazo armado del cartel, que impidiese que reventasen el acto. La orden devino en locura. Los agentes atacaron a sangre y fuego a los estudiantes. Los que no lograron huir fueron detenidos y, según la fiscalía, conducidos a manos de los liquidadores de Guerreros Unidos. En un vertedero, con la precisión que dan años de práctica, se les ejecutó e incineró”, apuntó.
Concluyó: “Pero la pareja no se alteró. Aún tuvo tiempo para pedir su baja del cargo y abandonar Iguala con tranquilidad. Durante más de un mes su paradero fue un misterio. En la madrugada del 4 de noviembre fueron capturados en una desdentada casa del barrio de Iztapalapa, en la laberíntica Ciudad de México. Dormían sobre un colchón hinchable. Él estaba demacrado; ella, maquillada y nerviosa. Desde entonces, han negado cualquier implicación en los hechos. Como tantas otras veces, aducen que no saben nada”.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
Caravana de madres de migrantes vuelve a México para buscar a sus hijos
VILLAHERMOSA, Tab: Rubén Figueroa, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), sostuvo que, ante la falta de respuesta de autoridades federales y estatales, madres de migrantes centroamericanos retornarán a México para buscar a sus hijos que han desaparecido en su ruta hacia Estados Unidos.
En rueda de prensa denunció que en las quejas interpuestas ante PGR y Procuradurías de los estados, por desapariciones y abusos contra migrantes, “no avanzan las investigaciones, se quedan en la impunidad”.
Luego acusó que la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, que encabeza el senador tabasqueño con licencia, Humberto Mayans Canabal, para lo único que ha servido “es para perseguir, detener y deportar a los migrantes”.
También deploró que la Policía Federal realice operativos con armas largas para bajar y detener a los migrantes del ferrocarril conocido como “La Bestia”.
El activista confirmó que el jueves 20 entrará al país, en busca de sus hijos, una caravana de 40 madres de migrantes centroamericanos desaparecidos.
Las mujeres arribarán por el puente fronterizo de El Ceibo, Guatemala, y serán recibidas en Tenosique, Tabasco, por el director de La 72 Casa del Migrante, Tomás González Castillo.
Figueroa explicó que las madres representan a familiares de migrantes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
El recorrido por México incluirá los estados de Tabasco, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí y Distrito Federal para culminar el 7 de diciembre en Guadalajara, Jalisco.
Dijo que esta será la décima caravana de madres de migrantes desaparecidos y llevará el nombre de “Puentes de Esperanza”. La movilización se realizará “en medio de la peor crisis de derechos humanos en el país tras la desaparición de normalistas de Ayotzinapa”, señaló.
Rubén Figueroa llamó a la solidaridad con esta caravana y reiteró que en los últimos 10 años han desaparecido alrededor de 70 mil migrantes a su paso por México.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
En rueda de prensa denunció que en las quejas interpuestas ante PGR y Procuradurías de los estados, por desapariciones y abusos contra migrantes, “no avanzan las investigaciones, se quedan en la impunidad”.
Luego acusó que la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, que encabeza el senador tabasqueño con licencia, Humberto Mayans Canabal, para lo único que ha servido “es para perseguir, detener y deportar a los migrantes”.
También deploró que la Policía Federal realice operativos con armas largas para bajar y detener a los migrantes del ferrocarril conocido como “La Bestia”.
El activista confirmó que el jueves 20 entrará al país, en busca de sus hijos, una caravana de 40 madres de migrantes centroamericanos desaparecidos.
Las mujeres arribarán por el puente fronterizo de El Ceibo, Guatemala, y serán recibidas en Tenosique, Tabasco, por el director de La 72 Casa del Migrante, Tomás González Castillo.
Figueroa explicó que las madres representan a familiares de migrantes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
El recorrido por México incluirá los estados de Tabasco, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí y Distrito Federal para culminar el 7 de diciembre en Guadalajara, Jalisco.
Dijo que esta será la décima caravana de madres de migrantes desaparecidos y llevará el nombre de “Puentes de Esperanza”. La movilización se realizará “en medio de la peor crisis de derechos humanos en el país tras la desaparición de normalistas de Ayotzinapa”, señaló.
Rubén Figueroa llamó a la solidaridad con esta caravana y reiteró que en los últimos 10 años han desaparecido alrededor de 70 mil migrantes a su paso por México.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
Protestan ante funcionarios por hombre desaparecido en Querétaro
QUERÉTARO, Qro: Un grupo de cerca de 15 personas se manifestó durante la ceremonia de la conmemoración de la Revolución Mexicana para exigir la localización con vida de Rogelio Castillo Gómez, de 35 años.
Su hermano Eliud informó que Rogelio trabajaba en una empresa de seguridad y que el miércoles 12 cuatro sujetos que viajaban en una camioneta se lo llevaron por la fuerza de la colonia San Pedrito Peñuelas.
Su esposa Alejandra Alcalá Tover expuso que Rogelio recibió varias llamadas, salió de su hogar y posteriormente supo por testigos que lo subieron a una camioneta Honda Odyssey color gris.
Los familiares de Rogelio dijeron que a cinco días de lo ocurrido el personal de la PGJE no ha proporcionado algún avance en las investigaciones y tampoco han tenido comunicación con las personas que se llevaron al empleado de seguridad.
Personal de la Secretaría de Gobierno trató de cerrar el paso a los quejosos que buscaban acercarse al templete donde servidores públicos observaban el desfile, pero los inconformes lograron avanzar.
María de Lourdes, tía de la víctima, se subió a un macetero y mostró la foto de Rogelio mientras exigía ayuda para localizar a su familiar.
A gritos, pidió al gobernador José Calzada atender la desaparición de Rogelio que, expuso, “trabajaba con ustedes”, sin que la familia aclarara la relación de la víctima, la empresa privada y el Ejecutivo estatal.
El secretario de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado, bajó del templete y sostuvo una reunión con la esposa y hermano de los inconformes, a la que se incorporó el procurador Arsenio Durán Becerra.
El resto de las manifestantes continuó exhibiendo pancartas durante el desfile, pese a que constantemente personal del Poder Ejecutivo les pedía retirarse con diversos pretextos.
“Esto lo hacemos para que la gente se entere y porque no nos han atendido para brindarnos información de las investigaciones”, acusó María Lourdes.
La familia de Rogelio Castillo Gómez fue acompañada por la organización Desaparecidos Justicia, que ha exigido desde hace tiempo la localización de las personas desaparecidas en la entidad.
De acuerdo con el dato más reciente del procurador Durán Becerra, suman cerca de 230 casos activos de personas desaparecidas en el estado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERIC PACHECO.
Su hermano Eliud informó que Rogelio trabajaba en una empresa de seguridad y que el miércoles 12 cuatro sujetos que viajaban en una camioneta se lo llevaron por la fuerza de la colonia San Pedrito Peñuelas.
Su esposa Alejandra Alcalá Tover expuso que Rogelio recibió varias llamadas, salió de su hogar y posteriormente supo por testigos que lo subieron a una camioneta Honda Odyssey color gris.
Los familiares de Rogelio dijeron que a cinco días de lo ocurrido el personal de la PGJE no ha proporcionado algún avance en las investigaciones y tampoco han tenido comunicación con las personas que se llevaron al empleado de seguridad.
Personal de la Secretaría de Gobierno trató de cerrar el paso a los quejosos que buscaban acercarse al templete donde servidores públicos observaban el desfile, pero los inconformes lograron avanzar.
María de Lourdes, tía de la víctima, se subió a un macetero y mostró la foto de Rogelio mientras exigía ayuda para localizar a su familiar.
A gritos, pidió al gobernador José Calzada atender la desaparición de Rogelio que, expuso, “trabajaba con ustedes”, sin que la familia aclarara la relación de la víctima, la empresa privada y el Ejecutivo estatal.
El secretario de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado, bajó del templete y sostuvo una reunión con la esposa y hermano de los inconformes, a la que se incorporó el procurador Arsenio Durán Becerra.
El resto de las manifestantes continuó exhibiendo pancartas durante el desfile, pese a que constantemente personal del Poder Ejecutivo les pedía retirarse con diversos pretextos.
“Esto lo hacemos para que la gente se entere y porque no nos han atendido para brindarnos información de las investigaciones”, acusó María Lourdes.
La familia de Rogelio Castillo Gómez fue acompañada por la organización Desaparecidos Justicia, que ha exigido desde hace tiempo la localización de las personas desaparecidas en la entidad.
De acuerdo con el dato más reciente del procurador Durán Becerra, suman cerca de 230 casos activos de personas desaparecidas en el estado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERIC PACHECO.
Llega caravana de padres de normalistas desaparecidos a Jalisco
La caravana de padres y familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, arribará a Jalisco el día martes 18 de noviembre, para informar la situación por la que están pasando y recabar las inconformidades y denuncias con el objetivo de elaborar un plan nacional de lucha.
El encuentro en el que estarán acompañados también por estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, se llevará a cabo en punto de las 16:00 horas en el auditorio Salvador Allende, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara.
La caravana de padres y familiares está conformada por tres contingentes que recorrerán todos los estados del país. El primero de ellos, con el nombre de “Julio César Mondragón”, salió el pasado 15 de noviembre del municipio de Tixtla, Guerrero, lugar donde está ubicada la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
De ahí, el contingente se trasladó a Chihuahua y después a Durango. El día de hoy la caravana se encuentra en Zacatecas y se espera que el día de mañana martes 18 de noviembre, lleguen a Jalisco.
De acuerdo con la convocatoria publicada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, está programado que la caravana llegue el miércoles 19 de noviembre a Michoacán y el día 20 a la Ciudad de México, para reunirse con los demás contingentes en una marcha nacional.
El segundo contingente, tiene programado recorrer parte del sur de México: Chiapas, Oaxaca, Morelos y Tlaxcala. Mientras que el tercer contingente realizará un recorrido al interior del estado de Guerrero, en los municipios de Tlapa, San Luis Zacatlán, Ayutla, Tecoanapa, Zihuatanejo, Atoyac y Acapulco.
Al final, ambos grupos también se unirán a la marcha nacional que se realizará el jueves 20 de noviembre en la Ciudad de México.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0/ PROYECTO DÍEZ.
AUTOR: César Octavio Huerta.
El encuentro en el que estarán acompañados también por estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, se llevará a cabo en punto de las 16:00 horas en el auditorio Salvador Allende, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara.
La caravana de padres y familiares está conformada por tres contingentes que recorrerán todos los estados del país. El primero de ellos, con el nombre de “Julio César Mondragón”, salió el pasado 15 de noviembre del municipio de Tixtla, Guerrero, lugar donde está ubicada la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
De ahí, el contingente se trasladó a Chihuahua y después a Durango. El día de hoy la caravana se encuentra en Zacatecas y se espera que el día de mañana martes 18 de noviembre, lleguen a Jalisco.
De acuerdo con la convocatoria publicada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, está programado que la caravana llegue el miércoles 19 de noviembre a Michoacán y el día 20 a la Ciudad de México, para reunirse con los demás contingentes en una marcha nacional.
El segundo contingente, tiene programado recorrer parte del sur de México: Chiapas, Oaxaca, Morelos y Tlaxcala. Mientras que el tercer contingente realizará un recorrido al interior del estado de Guerrero, en los municipios de Tlapa, San Luis Zacatlán, Ayutla, Tecoanapa, Zihuatanejo, Atoyac y Acapulco.
Al final, ambos grupos también se unirán a la marcha nacional que se realizará el jueves 20 de noviembre en la Ciudad de México.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0/ PROYECTO DÍEZ.
AUTOR: César Octavio Huerta.
Prenden alerta revolucionaria
La movilización estudiantil y ciudadana convocada para ocupar el Zócalo este jueves 20 de noviembre es una prueba de fuego para las autoridades capitalinas, que están en el ojo del huracán tras los sucesos en CU.
La convocatoria para la megamarcha nacional de pasado mañana encendió la alerta roja en el Gobierno del Distrito Federal (GDF), que busca evitar que la movilización sea utilizada por algunos grupos como el pretexto para desatar la violencia en la capital.
Y es que todo parece indicar que este será el segundo año del gobierno de Enrique Peña Nieto que se cancele el tradicional desfile cívico deportivo del 20 de noviembre.
El año pasado, la administración federal efectuó en su lugar una ceremonia en la que se reconoció la labor del Ejército Mexicano. Este año, ese día el Zócalo estará ocupado por quienes participarán en la marcha nacional convocada para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
Se prevé que este jueves arriben al Distrito Federal las diferentes caravanas que provienen de diferentes estados del país en apoyo a familiares y alumnos.
De acuerdo con el plan de acción del próximo 20 de noviembre, las diferentes caravanas saldrán de tres puntos emblemáticos de la Ciudad de México para reunirse finalmente en la explanada del Zócalo capitalino.
La primera caravana, llamada “Julio César Ramírez Nava”, tiene previsto concentrarse en el Ángel de la Independencia, de donde saldrá con integrantes del Movimiento Urbano Popular y asistentes de la sociedad civil rumbo al Zócalo.
La segunda caravana, conocida como “Julio César Mondragón”, integrada por profesores y estudiantes, se fijó como punto de reunión Tlatelolco y avanzará por el Eje Central hacia ek mismo destino que la anterior.
La tercera, “Daniel Solís Gallardo”, tiene previsto reunirse en el Monumento a la Revolución con organizaciones campesinas y sindicales que saldrán para reunirse con las otras dos fracciones en la Plaza de la Constitución.
Por tal motivo, el Gobierno del Distrito Federal afina un escrupuloso operativo policiaco donde el objetivo principal es evitar que grupos de anarquistas y provocadores, quienes han protagonizado encontronazos desde el inicio del gobierno de Miguel Ángel Mancera, se infiltren en la movilización para provocar a granaderos y policías locales.
Se trata de un operativo a dos caras: de contención para evitar que causen destrozos a edificios, monumentos históricos y mobiliario urbano, pero también cuidando no caer en provocaciones que activen el uso de la fuerza pública.
Las disculpas del GDF
El jueves sin duda será otro de los grandes retos para la administración local, sobre todo después del episodio que protagonzaron dos instituciones encargadas de impartir justicia: la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que encabeza Rodolfo Ríos Garza, y la Secretaría de Seguridad Pública local, de Jesús Rodríguez Almeida, cuyos elementos abrieron fuego el pasado sábado 15 de noviembre al interior de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El episodio de CU, en el que resultó herida una persona, provocó un encontronazo hacia el interior del gabinete local.
Con Miguel Ángel Mancera aún convaleciente por una cirugía, el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, salió a ofrecer disculpas y reiterar el respeto a la autonomía universitaria.
Tarde también reaccionó el rector José Narro Robles quien, cuidadoso de no encender aún más los ánimos de la comunidad estudiantil, pidió al Gobierno del DF que no se repitieran nunca más los hechos, pues la presencia de la policía no es deseable en Ciudad Universitaria.
Crece versiónde represión en CU
Las instalaciones de Ciudad Universitaria lucen barricadas improvisadas con láminas.
Para cierto sector de la comunidad universitaria lo que ocurrió el sábado 15 de noviembre fue acto de represión entre el Gobierno y las autoridades de la UNAM.
Así lo dieron a conocer a través de un comunicado oficial quienes ejercen activismo en Ciudad Universitaria.
De acuerdo con esta versión, los policías de investigación llegaron a bordo de un automóvil que portaba placas con reporte de robo y que fue abandonado en el lugar.
Los balazos en CU provocaron a los activistas, quienes hasta la fecha mantienen barricadas especulando sobre un posible ingreso de granaderos y policías preventivos a las instalaciones de la UNAM.
“Algunos compañeros decidimos mantener bloqueados los accesos a ese recinto donde se orquesta la represión”, dijo uno de los estudiantes.
Para algunos universitarios los balazos en CU no fueron para nada un hecho aislado, y lo asocian con una escalada de represión que se vive ante la creciente movilización de distintos sectores que asumen una postura crítica frente al Estado.
Denuncian detenciones
Los más radicales hablan de movilizarse masivamente para evitar otros actos de “terrorismo de Estado como Ayotzinapa, Tlatlaya, la Parota o el encarcelamiento de algunos compañeros en el Distrito Federal”.
Así, de manera confusa, los activistas asocian la indignación que suscita el caso Iguala y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, con algunos de los detenidos por los disturbios y quema del Metrobús de Universidad, como el caso de Luis Fernando Sotelo, a quien las autoridades locales responsabilizan de estos daños.
En las últimas horas, estos grupos de estudiantes, mezclados con anarquistas, hablaban de detenciones arbitrarias de algunos de sus integrantes.
Caso concreto la detención de Jacqueline Santana, una estudiante de Economía de la FES Aragón, quien supuestamente fue detenida al salir de su domicilio en compañía de su novio, presentada ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Venustiano Carranza de la Procuraduría de Justicia capitalina y de ahí remitida al penal de Santa Martha Acatitla.
En las barricadas que se instalaron en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, con láminas que sirven como muros improvisados, se puede leer frases como estas: “Policía que entra, no sale”, “Fuera Narro”.
De acuerdo con el calendario escolar se prevé que hoy martes se retomen las actividades normales de la comunidad de la Máxima Casa de Estudios, y hasta entonces retirarán las barricadas que se instalaron desde el sábado.
Con este escenario a cuestas, el GDF desplegará también para la marcha del jueves personal vestido de civil, que a través de radios monitorean el transcurso de la marcha y reportan la presencia de posibles infiltrados a la policía.
Para ese día se prevé que Miguel Ángel Mancera retome sus actividades al frente del GDF.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS
La convocatoria para la megamarcha nacional de pasado mañana encendió la alerta roja en el Gobierno del Distrito Federal (GDF), que busca evitar que la movilización sea utilizada por algunos grupos como el pretexto para desatar la violencia en la capital.
Y es que todo parece indicar que este será el segundo año del gobierno de Enrique Peña Nieto que se cancele el tradicional desfile cívico deportivo del 20 de noviembre.
El año pasado, la administración federal efectuó en su lugar una ceremonia en la que se reconoció la labor del Ejército Mexicano. Este año, ese día el Zócalo estará ocupado por quienes participarán en la marcha nacional convocada para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
Se prevé que este jueves arriben al Distrito Federal las diferentes caravanas que provienen de diferentes estados del país en apoyo a familiares y alumnos.
De acuerdo con el plan de acción del próximo 20 de noviembre, las diferentes caravanas saldrán de tres puntos emblemáticos de la Ciudad de México para reunirse finalmente en la explanada del Zócalo capitalino.
La primera caravana, llamada “Julio César Ramírez Nava”, tiene previsto concentrarse en el Ángel de la Independencia, de donde saldrá con integrantes del Movimiento Urbano Popular y asistentes de la sociedad civil rumbo al Zócalo.
La segunda caravana, conocida como “Julio César Mondragón”, integrada por profesores y estudiantes, se fijó como punto de reunión Tlatelolco y avanzará por el Eje Central hacia ek mismo destino que la anterior.
La tercera, “Daniel Solís Gallardo”, tiene previsto reunirse en el Monumento a la Revolución con organizaciones campesinas y sindicales que saldrán para reunirse con las otras dos fracciones en la Plaza de la Constitución.
Por tal motivo, el Gobierno del Distrito Federal afina un escrupuloso operativo policiaco donde el objetivo principal es evitar que grupos de anarquistas y provocadores, quienes han protagonizado encontronazos desde el inicio del gobierno de Miguel Ángel Mancera, se infiltren en la movilización para provocar a granaderos y policías locales.
Se trata de un operativo a dos caras: de contención para evitar que causen destrozos a edificios, monumentos históricos y mobiliario urbano, pero también cuidando no caer en provocaciones que activen el uso de la fuerza pública.
Las disculpas del GDF
El jueves sin duda será otro de los grandes retos para la administración local, sobre todo después del episodio que protagonzaron dos instituciones encargadas de impartir justicia: la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que encabeza Rodolfo Ríos Garza, y la Secretaría de Seguridad Pública local, de Jesús Rodríguez Almeida, cuyos elementos abrieron fuego el pasado sábado 15 de noviembre al interior de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El episodio de CU, en el que resultó herida una persona, provocó un encontronazo hacia el interior del gabinete local.
Con Miguel Ángel Mancera aún convaleciente por una cirugía, el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, salió a ofrecer disculpas y reiterar el respeto a la autonomía universitaria.
Tarde también reaccionó el rector José Narro Robles quien, cuidadoso de no encender aún más los ánimos de la comunidad estudiantil, pidió al Gobierno del DF que no se repitieran nunca más los hechos, pues la presencia de la policía no es deseable en Ciudad Universitaria.
Crece versiónde represión en CU
Las instalaciones de Ciudad Universitaria lucen barricadas improvisadas con láminas.
Para cierto sector de la comunidad universitaria lo que ocurrió el sábado 15 de noviembre fue acto de represión entre el Gobierno y las autoridades de la UNAM.
Así lo dieron a conocer a través de un comunicado oficial quienes ejercen activismo en Ciudad Universitaria.
De acuerdo con esta versión, los policías de investigación llegaron a bordo de un automóvil que portaba placas con reporte de robo y que fue abandonado en el lugar.
Los balazos en CU provocaron a los activistas, quienes hasta la fecha mantienen barricadas especulando sobre un posible ingreso de granaderos y policías preventivos a las instalaciones de la UNAM.
“Algunos compañeros decidimos mantener bloqueados los accesos a ese recinto donde se orquesta la represión”, dijo uno de los estudiantes.
Para algunos universitarios los balazos en CU no fueron para nada un hecho aislado, y lo asocian con una escalada de represión que se vive ante la creciente movilización de distintos sectores que asumen una postura crítica frente al Estado.
Denuncian detenciones
Los más radicales hablan de movilizarse masivamente para evitar otros actos de “terrorismo de Estado como Ayotzinapa, Tlatlaya, la Parota o el encarcelamiento de algunos compañeros en el Distrito Federal”.
Así, de manera confusa, los activistas asocian la indignación que suscita el caso Iguala y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, con algunos de los detenidos por los disturbios y quema del Metrobús de Universidad, como el caso de Luis Fernando Sotelo, a quien las autoridades locales responsabilizan de estos daños.
En las últimas horas, estos grupos de estudiantes, mezclados con anarquistas, hablaban de detenciones arbitrarias de algunos de sus integrantes.
Caso concreto la detención de Jacqueline Santana, una estudiante de Economía de la FES Aragón, quien supuestamente fue detenida al salir de su domicilio en compañía de su novio, presentada ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Venustiano Carranza de la Procuraduría de Justicia capitalina y de ahí remitida al penal de Santa Martha Acatitla.
En las barricadas que se instalaron en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, con láminas que sirven como muros improvisados, se puede leer frases como estas: “Policía que entra, no sale”, “Fuera Narro”.
De acuerdo con el calendario escolar se prevé que hoy martes se retomen las actividades normales de la comunidad de la Máxima Casa de Estudios, y hasta entonces retirarán las barricadas que se instalaron desde el sábado.
Con este escenario a cuestas, el GDF desplegará también para la marcha del jueves personal vestido de civil, que a través de radios monitorean el transcurso de la marcha y reportan la presencia de posibles infiltrados a la policía.
Para ese día se prevé que Miguel Ángel Mancera retome sus actividades al frente del GDF.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS
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