MÉXICO, D.F: En octubre pasado aumentó el número de mexicanos con empleo, pero todos los puestos de trabajo los absorbió la informalidad y la subocupación, según información difundida hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En efecto, en sus “Indicadores oportunos de ocupación y empleo” correspondientes al décimo mes del año, el instituto informa que la tasa de ocupación, como porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA), pasó de 94.9% en septiembre a 95.2% en octubre.
Un aumento en el empleo de apenas tres décimas de punto porcentual.
En consecuencia, la tasa nacional de desempleo observó una reducción en la misma proporción: Pasó de 5.1% de la PEA en septiembre, a 4.8% en octubre. Una baja en la desocupación de tres décimas porcentuales.
Buena noticia, aunque magra ante las necesidades de la población.
La mala, que el mayor número de empleos se fueron a la informalidad y/o fueron puestos de trabajo de poca calidad, sin prestaciones y mal remunerados, logrados por quienes ya tienen un empleo y necesitan de otro para satisfacer sus necesidades más elementales; al subempleo, pues.
De acuerdo con la información del Inegi, la tasa de subocupación, como porcentaje de la Población Ocupada, pasó de 6.5% en septiembre a 7.6% en octubre. Un aumento de 1.1 puntos porcentuales.
Pero con el agravante de que es la tasa de subocupación más alta en todo lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, según los indicadores del Inegi.
Y si la tasa de ocupación creció tres décimas de punto, contra el aumento de 1.1 puntos de la tasa de subocupación, quiere decir que la tasa de subempleo creció 3.6 veces el aumento de la tasa de ocupación.
Otro dato que ofrece el Inegi para mostrar el destino del aumento en el número de empleos es el que da sobre la informalidad laboral. Ésta se refiere –según definición del propio instituto– al “trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como los trabajadores subordinados que, aunque trabajan para unidades económicas formales, lo hacen bajo modalidades en las que se elude el registro ante la seguridad social”.
Resulta que en octubre, la tasa de informalidad laboral creció en la misma proporción, un poquito más, en que subió la tasa de ocupación y en la que se redujo la tasa de desocupación.
En septiembre dicha tasa fue de 57.8% de la población ocupada, mientras que en octubre fue de 58.1%. Es decir, un aumento de 0.33 décimas de punto porcentual, contra el aumento de tres décimas de punto en el empleo.
Además de que no ha cambiado la situación: Casi seis de cada 10 empleos en el país están en la informalidad.
Por otra parte, tampoco hay mucho que festejar con el aumento en la tasa de ocupación, pues se refiere a la tasa nacional, que incluye el campo y las ciudades. Porque la tasa de desocupación urbana –en las 32 principales ciudades del país– aumentó: Pasó de 5.8% en septiembre, a 5.9% en octubre.
Otro dato ilustrativo del mercado laboral que se desprende de la información que hoy difundió el Inegi es que el desempleo le pega mucho más a quienes tienen más estudios, lo cual indica, en consecuencia, que los trabajos que se crean son los peor remunerados y de baja calidad.
Según el Inegi, la tasa de desempleo entre quienes tienen apenas la primaria incompleta fue, en octubre, de 6.8%, mientras que para los trabajadores que tienen la primaria completa la tasa de desocupación fue de 15.8%.
Y el desempleo va haciendo estragos conforme aumenta la instrucción escolar. Así, entre quienes tienen la secundaria completa, la tasa de desocupación fue en octubre de 39% y para quienes tienen estudios de bachillerato y superior, la tasa fue de 38.2%.
Finalmente, el Inegi informó también sobre la tasa de desempleo por entidad federativa.
Resulta que en 19 estados se observó en octubre una tasa de desocupación más alta que la nacional, de 4.8%. El desempleo más alto se registró en el Distrito Federal (6.9%), Baja California Sur (6.8%) y Nayarit y Aguascalientes (6.3%).
En tanto, en las 13 entidades restantes la tasa de desocupación fue menor a la tasa nacional. Las que registraron el menor desempleo fueron Guerrero (1.8%), Campeche (2.9%), Oaxaca (3.1%), San Luis Potosí (3.2%), Chiapas (3.4%), Veracruz (3.5%) y Puebla y Michoacán (4%).
En efecto, en esas entidades es bajo el registro del desempleo, pero son las que tienen más alta tasa de informalidad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARLOS ACOSTA CÓRDOVA.
martes, 25 de noviembre de 2014
Peña, incapaz de erradicar complicidad entre Estado y crimen organizado: Le Monde
MÉXICO, D.F: El diario francés Le Monde, uno de los más influyentes del mundo, se sumó a las críticas de la prensa internacional por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las manifestaciones multitudinarias por dicho caso y el escándalo de la “Casa Blanca”.
Este fin de semana dicho medio publicó tres artículos sobre la crisis en México que ha puesto en entredicho al gobierno de Enrique Peña Nieto.
En una nota de portada con la cabeza “Revuelta de los mexicanos contra el Estado-mafia”, Le Monde destacó una imagen de la manifestación realizada en el Zócalo el pasado 20 de noviembre en la cual miles de personas exigieron la renuncia de Peña Nieto.
En otro artículo, titulado “Polémica por la suntuosa ‘Casa Blanca’ de la esposa del presidente mexicano”, el diario aborda el tema de la mansión de Sierra Gorda #150 y califica el video publicado en YouTube por la primera dama Angélica Rivera como un intento de cortar las sospechas sobre un posible conflicto de interés.
En su editorial titulado “Las horas sombrías de México”, el diario critica duramente al gobierno mexicano al considerar que Peña vive la más grave crisis política de su mandato:
“Dos años después del comienzo de su mandato, el primero de diciembre del 2012, el presidente Enrique Peña Nieto se confronta a una crisis severa. Su elección estuvo marcada por el regreso al poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el antiguo partido hegemónico que gobernó al país sin alternancia durante 71 años hasta el 2000. Apenas llegando al poder Peña Nieto había firmado un pacto con los tres principales partidos políticos un ‘Pacto por México’ que permitió el voto de 11 reformas estructurales de gran envergadura –de la fiscal, a la educativa , pasando por la energética–, que habían permanecido mucho tiempo congeladas en el Congreso”.
Le Monde destaca que la imagen de jefe de Estado “dinámico” y “eficaz” se ensució desde hace ocho semanas por la desaparición de los 43 normalistas secuestrados por policías corruptos de Iguala, Guerrero, uno de los estados más pobres del país.
El periódico critica la tardía reacción, 10 días después de los hechos, que molestó a los mexicanos y a la comunidad internacional.
“Su incapacidad para erradicar la complicidad entre el Estado y el crimen organizado, fue puesta en evidencia. Impunidad y corrupción. Fue la gota que derramó el vaso para los mexicanos, víctimas desde hace años de la impunidad de los criminales y la corrupción política”.
Le Monde señala que lo sucedido en Iguala está lejos de ser una excepción y agrega que la represión sanguinaria de los policías de Iguala contra futuros profesores hace recordar las horas oscuras de la guerra sucia en los años 1960 y 1970.
“Este suceso revela también el fracaso de la estrategia de seguridad de Peña Nieto, enfocada en la investigación y prevención de delitos, en contraste con aquella de su predecesor, Felipe Calderón (2006-2012)”.
Para mejorar su imagen, continúa el editorial, Peña reiteraba desde hace semanas su voluntad de reforzar el Estado de derecho luchando más eficazmente contra la corrupción política.
Y remata:
“El 9 de noviembre las revelaciones sobre la compra de la casa de su esposa han desacreditado estas promesas, desestabilizando aún más a su gobierno. Esta suntuosa mansión fue construida por el grupo HIGA, que obtuvo jugosos contratos públicos en el estado de México en la época que Peña Nieto fue gobernador (2005-2011). Las sospechas de conflicto de interés o retrocomisiones en especie, manchan la imagen de quien aseguraba encarnar un ‘nuevo PRI’, en contraste con el clientelismo y la corrupción con el antiguo partido hegemónico”.
Para Le Monde, la preocupación del mandatario por evitar un escándalo devastador lo empujó a la súbita cancelación por parte del gobierno, el 6 de noviembre, de un contrato de 3 mil millones de dólares para la construcción de un tren a gran velocidad, otorgado hacía sólo tres días a un consorcio del cual HIGA forma parte.
“Esta doble crisis amenaza con ser un lastre durante los siguientes cuatro años del mandato de Peña Nieto y podría aun poner en duda el impacto anunciado de las reformas en la economía”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Este fin de semana dicho medio publicó tres artículos sobre la crisis en México que ha puesto en entredicho al gobierno de Enrique Peña Nieto.
En una nota de portada con la cabeza “Revuelta de los mexicanos contra el Estado-mafia”, Le Monde destacó una imagen de la manifestación realizada en el Zócalo el pasado 20 de noviembre en la cual miles de personas exigieron la renuncia de Peña Nieto.
En otro artículo, titulado “Polémica por la suntuosa ‘Casa Blanca’ de la esposa del presidente mexicano”, el diario aborda el tema de la mansión de Sierra Gorda #150 y califica el video publicado en YouTube por la primera dama Angélica Rivera como un intento de cortar las sospechas sobre un posible conflicto de interés.
En su editorial titulado “Las horas sombrías de México”, el diario critica duramente al gobierno mexicano al considerar que Peña vive la más grave crisis política de su mandato:
“Dos años después del comienzo de su mandato, el primero de diciembre del 2012, el presidente Enrique Peña Nieto se confronta a una crisis severa. Su elección estuvo marcada por el regreso al poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el antiguo partido hegemónico que gobernó al país sin alternancia durante 71 años hasta el 2000. Apenas llegando al poder Peña Nieto había firmado un pacto con los tres principales partidos políticos un ‘Pacto por México’ que permitió el voto de 11 reformas estructurales de gran envergadura –de la fiscal, a la educativa , pasando por la energética–, que habían permanecido mucho tiempo congeladas en el Congreso”.
Le Monde destaca que la imagen de jefe de Estado “dinámico” y “eficaz” se ensució desde hace ocho semanas por la desaparición de los 43 normalistas secuestrados por policías corruptos de Iguala, Guerrero, uno de los estados más pobres del país.
El periódico critica la tardía reacción, 10 días después de los hechos, que molestó a los mexicanos y a la comunidad internacional.
“Su incapacidad para erradicar la complicidad entre el Estado y el crimen organizado, fue puesta en evidencia. Impunidad y corrupción. Fue la gota que derramó el vaso para los mexicanos, víctimas desde hace años de la impunidad de los criminales y la corrupción política”.
Le Monde señala que lo sucedido en Iguala está lejos de ser una excepción y agrega que la represión sanguinaria de los policías de Iguala contra futuros profesores hace recordar las horas oscuras de la guerra sucia en los años 1960 y 1970.
“Este suceso revela también el fracaso de la estrategia de seguridad de Peña Nieto, enfocada en la investigación y prevención de delitos, en contraste con aquella de su predecesor, Felipe Calderón (2006-2012)”.
Para mejorar su imagen, continúa el editorial, Peña reiteraba desde hace semanas su voluntad de reforzar el Estado de derecho luchando más eficazmente contra la corrupción política.
Y remata:
“El 9 de noviembre las revelaciones sobre la compra de la casa de su esposa han desacreditado estas promesas, desestabilizando aún más a su gobierno. Esta suntuosa mansión fue construida por el grupo HIGA, que obtuvo jugosos contratos públicos en el estado de México en la época que Peña Nieto fue gobernador (2005-2011). Las sospechas de conflicto de interés o retrocomisiones en especie, manchan la imagen de quien aseguraba encarnar un ‘nuevo PRI’, en contraste con el clientelismo y la corrupción con el antiguo partido hegemónico”.
Para Le Monde, la preocupación del mandatario por evitar un escándalo devastador lo empujó a la súbita cancelación por parte del gobierno, el 6 de noviembre, de un contrato de 3 mil millones de dólares para la construcción de un tren a gran velocidad, otorgado hacía sólo tres días a un consorcio del cual HIGA forma parte.
“Esta doble crisis amenaza con ser un lastre durante los siguientes cuatro años del mandato de Peña Nieto y podría aun poner en duda el impacto anunciado de las reformas en la economía”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
PGR confirma un cuerpo hallado en nuevas fosas en Iguala
En siete fosas encontraron restos óseos y las restantes con ropa que tenía sangre impregnada, de acuerdo con un reporte de Milenio.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó la noche del lunes que, de las diez fosas clandestinas halladas en Iguala por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), personal de la dependencia ha llevado a cabo peritajes en dos de ellas, encontrando hasta el momento sólo una osamenta, la cual tendría un año en el lugar y, por lo tanto, no coincidiría con las características de los 43 normalistas desaparecidos.
De acuerdo con el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, la PGR ha respondido a todos los reportes que le ha hecho llegar la Upoeg, con quienes existe estrecha coordinación para atender estos hallazgos.
UPOEG encuentran otras 10 fosas en Iguala, Guerrero
La brigada de al menos 70 personas que buscan a los 43 normalistas desaparecidos, encabezada por especialistas de las agrupaciones Ciencia Forense Ciudadana y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG), así como ciudadanos y familiares de los estudiantes desaparecidos, anunció este domingo que hallaron diez fosas clandestinas en el paraje conocido como La Laguna, al poniente de Iguala.
Como parte de las acciones que realizan para localizar restos humanos de personas asesinadas en los últimos años por el crimen organizado, la caravana partió desde las 9 de la mañana al punto conocido como La Joya, donde ubicaron La Laguna, en donde encontraron huesos y cráneos, a los que colocaron unas banderillas de colores, para que posteriormente sean analizados por las instancias correspondientes.
Las fosas fueron descubiertas hoy por esta comitiva y se suman a más de una decena recientemente localizadas en diferentes puntos de Iguala. Con ayuda de palas, picos, barretas, machetes y una sierra eléctrica, los voluntarios hallaron huesos y ropa con sangre.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO,
AUTOR: REDACCIÓN
La Procuraduría General de la República (PGR) informó la noche del lunes que, de las diez fosas clandestinas halladas en Iguala por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), personal de la dependencia ha llevado a cabo peritajes en dos de ellas, encontrando hasta el momento sólo una osamenta, la cual tendría un año en el lugar y, por lo tanto, no coincidiría con las características de los 43 normalistas desaparecidos.
De acuerdo con el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, la PGR ha respondido a todos los reportes que le ha hecho llegar la Upoeg, con quienes existe estrecha coordinación para atender estos hallazgos.
UPOEG encuentran otras 10 fosas en Iguala, Guerrero
La brigada de al menos 70 personas que buscan a los 43 normalistas desaparecidos, encabezada por especialistas de las agrupaciones Ciencia Forense Ciudadana y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG), así como ciudadanos y familiares de los estudiantes desaparecidos, anunció este domingo que hallaron diez fosas clandestinas en el paraje conocido como La Laguna, al poniente de Iguala.
Como parte de las acciones que realizan para localizar restos humanos de personas asesinadas en los últimos años por el crimen organizado, la caravana partió desde las 9 de la mañana al punto conocido como La Joya, donde ubicaron La Laguna, en donde encontraron huesos y cráneos, a los que colocaron unas banderillas de colores, para que posteriormente sean analizados por las instancias correspondientes.
Las fosas fueron descubiertas hoy por esta comitiva y se suman a más de una decena recientemente localizadas en diferentes puntos de Iguala. Con ayuda de palas, picos, barretas, machetes y una sierra eléctrica, los voluntarios hallaron huesos y ropa con sangre.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO,
AUTOR: REDACCIÓN
lunes, 24 de noviembre de 2014
'Anarcos' vs. GDF: Se declara la guerra
En el marco de la megamarcha del jueves pasado, el Tribunal de Justicia del DF dio a conocer la sentencia en contra de siete hombres detenidos el 10 de junio del 2013 por causar disturbios.
“Un alcalde y su esposa asesinan a seis estudiantes, desaparecen a 43 y solamente son arraigados, 11 jóvenes se manifiestan contra eso y son consignados a penales de máxima seguridad. El país está de cabeza”.
Con esta frase grupos de apoyo a los detenidos durante la manifestación del pasado 20 de noviembre reclaman al Gobierno local y federal el envío a penales federales de Veracruz y Nayarit a 11 detenidos durante los disturbios de ese día.
Es la segunda ocasión que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, está en el centro de la polémica y se le acusa de permitir detenciones arbitrarias durante protestas efectuadas en la capital.
Mancera y su administración quedaron marcados luego de las masivas detenciones del 1 de diciembre de 2012 durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de México.
La inconformidad arreció ayer luego que la Procuraduría General de la República (PGR) aplicó mano dura en contra de 11 de los detenidos, a quienes acusó y consignó por asociación delictuosa, tentativa de homicidio y motín, razón por la cual fueron trasladados a penales federales.
Cuatro detenidos más fueron enviados a reclusorios locales por delitos del fueron común.
“Organizaciones de la sociedad civil exigen al Gobierno federal no utilizar el sistema de justicia para inhibir la protesta. Además que se lleven a cabo las investigaciones conforme a derechos humanos y las garantías del debido proceso”, manifestó el grupo que apoya a los detenidos.
Más de 100 organizaciones pro derechos humanos de todo el país, exigieron que se garanticen derechos fundamentales como la libertad de reunión y de asociación pacífica, así como la libre expresión durante las marchas.
Además pidieron que no se permitan abusos por parte de las fuerzas de seguridad y que se apliquen las sanciones correspondientes.
Y es que tres días de la mega marcha nacional del 20 de noviembre para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, existen dudas no aclaradas de la supuesta participación de militares vestidos de civil infiltrados en la movilización.
Nadie ha aclarado las fotografías con las que se pudo comparar a hombres vestidos de civiles que fueron captados en vehículos militares la mañana del viernes, con otras imágenes donde presuntamente aparecen provocando y causando destrozos durante las protestas.
La falsa alarma
A través de las redes sociales (por donde principalmente se comunican los llamados anarquistas) se difundió una sentencia condenatoria contra un grupo de siete detenidos desde junio de 2013 por ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad, entre ellos Carlos Esteban Jiménez Martínez, promotor de Andrés Manuel López Obrador y dirigente de juventudes del Partido del Trabajo (PT).
El 19 de noviembre, horas antes de la mega marcha nacional, circuló un documento con la sentencia en contra de estos siete hombres que fueron detenidos el 10 de junio del año pasado por causar disturbios durante la marcha por conmemoración al llamado “halconazo” de 1971.
De acuerdo con ese documento, el juzgado que llevó el caso determinó que Diego Mora Cardoso o Diego Morán Alonso, Fredy Rosete Arizpe, Diego Jacob Rodríguez Lara, Carlos Esteban Jiménez Martínez, Jorge Alejandro Velázquez Picazo, Carlos Vázquez Martínez y Luis Siddhartha Barrera Fuentes son “penalmente responsables de los delitos de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad en pandilla y daños a la propiedad diversos”.
Debido a lo anterior, les dictó una pena de cuatro años, cuatro meses y tres días de prisión, la suspensión de sus derechos políticos por un año y una multa de 116 días de salario mínimo.
Además de obligarlos a la reparación del daño derivado del delito de daño a la propiedad doloso, cometido en agravio del Gobierno del Distrito Federal (GDF) por la cantidad de 3 mil pesos y de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, por la cantidad de 8 mil 300 pesos.
La sentencia cayó como bomba entre el grupo de familiares y amigos, algunos de los cuales son señalados como parte del grupo de anarquistas que continuamente se confrontan con granaderos y preventivos de la SSPDF.
En el grupo de los sentenciados está, Carlos Esteban Jiménez Martínez, quien fue ubicado durante el 2013 como uno de los principales activistas que encabezaba las provocaciones y encontronazos con los uniformados.
Jiménez Martínez fue dirigente de la Juventudes del PT pero también uno de los principales promotores entorno a la figura de Andrés Manuel López Obrador.
Fue a partir de que las autoridades capitalinas comenzaron a rastrear las actividades del llamado “Bloque Negro” que se logró la identificación de este joven en las movilizaciones violentas y de protesta en el DF.
Al difundirse la de la supuesta sentencia, horas antes de la movilización del 20 de noviembre que terminó en el encontronazo entre policías y encapuchados, un grupo de los considerados “anarquistas” juró vengar a sus presos durante la movilización.
Sin embargo, el documento que circuló y que encendió los ánimos no aclaraba que pese a dicha sentencia el grupo logró salir de prisión mediante fianza.
Carlos Esteban Jiménez efectivamente fue procesado por ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad; sin embargo, el 17 de junio de 2013 salió provisionalmente bajo fianza.
La historia se repite
De nueva cuenta Miguel Ángel Mancera y Enrique Peña Nieto enfrentan la acusación de permitir las detenciones arbitrarias.
En este ambiente de convulsión, defensores de derechos humanos, anarquistas y políticos piden que el Estado Mexicano revise las aprehensiones y libere a los jóvenes.
Mientras, los padres de familia de los jóvenes de Ayotzinapa amagan: si no aparecen…tomarán las armas.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
“Un alcalde y su esposa asesinan a seis estudiantes, desaparecen a 43 y solamente son arraigados, 11 jóvenes se manifiestan contra eso y son consignados a penales de máxima seguridad. El país está de cabeza”.
Con esta frase grupos de apoyo a los detenidos durante la manifestación del pasado 20 de noviembre reclaman al Gobierno local y federal el envío a penales federales de Veracruz y Nayarit a 11 detenidos durante los disturbios de ese día.
Es la segunda ocasión que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, está en el centro de la polémica y se le acusa de permitir detenciones arbitrarias durante protestas efectuadas en la capital.
Mancera y su administración quedaron marcados luego de las masivas detenciones del 1 de diciembre de 2012 durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de México.
La inconformidad arreció ayer luego que la Procuraduría General de la República (PGR) aplicó mano dura en contra de 11 de los detenidos, a quienes acusó y consignó por asociación delictuosa, tentativa de homicidio y motín, razón por la cual fueron trasladados a penales federales.
Cuatro detenidos más fueron enviados a reclusorios locales por delitos del fueron común.
“Organizaciones de la sociedad civil exigen al Gobierno federal no utilizar el sistema de justicia para inhibir la protesta. Además que se lleven a cabo las investigaciones conforme a derechos humanos y las garantías del debido proceso”, manifestó el grupo que apoya a los detenidos.
Más de 100 organizaciones pro derechos humanos de todo el país, exigieron que se garanticen derechos fundamentales como la libertad de reunión y de asociación pacífica, así como la libre expresión durante las marchas.
Además pidieron que no se permitan abusos por parte de las fuerzas de seguridad y que se apliquen las sanciones correspondientes.
Y es que tres días de la mega marcha nacional del 20 de noviembre para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, existen dudas no aclaradas de la supuesta participación de militares vestidos de civil infiltrados en la movilización.
Nadie ha aclarado las fotografías con las que se pudo comparar a hombres vestidos de civiles que fueron captados en vehículos militares la mañana del viernes, con otras imágenes donde presuntamente aparecen provocando y causando destrozos durante las protestas.
La falsa alarma
A través de las redes sociales (por donde principalmente se comunican los llamados anarquistas) se difundió una sentencia condenatoria contra un grupo de siete detenidos desde junio de 2013 por ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad, entre ellos Carlos Esteban Jiménez Martínez, promotor de Andrés Manuel López Obrador y dirigente de juventudes del Partido del Trabajo (PT).
El 19 de noviembre, horas antes de la mega marcha nacional, circuló un documento con la sentencia en contra de estos siete hombres que fueron detenidos el 10 de junio del año pasado por causar disturbios durante la marcha por conmemoración al llamado “halconazo” de 1971.
De acuerdo con ese documento, el juzgado que llevó el caso determinó que Diego Mora Cardoso o Diego Morán Alonso, Fredy Rosete Arizpe, Diego Jacob Rodríguez Lara, Carlos Esteban Jiménez Martínez, Jorge Alejandro Velázquez Picazo, Carlos Vázquez Martínez y Luis Siddhartha Barrera Fuentes son “penalmente responsables de los delitos de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad en pandilla y daños a la propiedad diversos”.
Debido a lo anterior, les dictó una pena de cuatro años, cuatro meses y tres días de prisión, la suspensión de sus derechos políticos por un año y una multa de 116 días de salario mínimo.
Además de obligarlos a la reparación del daño derivado del delito de daño a la propiedad doloso, cometido en agravio del Gobierno del Distrito Federal (GDF) por la cantidad de 3 mil pesos y de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, por la cantidad de 8 mil 300 pesos.
La sentencia cayó como bomba entre el grupo de familiares y amigos, algunos de los cuales son señalados como parte del grupo de anarquistas que continuamente se confrontan con granaderos y preventivos de la SSPDF.
En el grupo de los sentenciados está, Carlos Esteban Jiménez Martínez, quien fue ubicado durante el 2013 como uno de los principales activistas que encabezaba las provocaciones y encontronazos con los uniformados.
Jiménez Martínez fue dirigente de la Juventudes del PT pero también uno de los principales promotores entorno a la figura de Andrés Manuel López Obrador.
Fue a partir de que las autoridades capitalinas comenzaron a rastrear las actividades del llamado “Bloque Negro” que se logró la identificación de este joven en las movilizaciones violentas y de protesta en el DF.
Al difundirse la de la supuesta sentencia, horas antes de la movilización del 20 de noviembre que terminó en el encontronazo entre policías y encapuchados, un grupo de los considerados “anarquistas” juró vengar a sus presos durante la movilización.
Sin embargo, el documento que circuló y que encendió los ánimos no aclaraba que pese a dicha sentencia el grupo logró salir de prisión mediante fianza.
Carlos Esteban Jiménez efectivamente fue procesado por ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad; sin embargo, el 17 de junio de 2013 salió provisionalmente bajo fianza.
La historia se repite
De nueva cuenta Miguel Ángel Mancera y Enrique Peña Nieto enfrentan la acusación de permitir las detenciones arbitrarias.
En este ambiente de convulsión, defensores de derechos humanos, anarquistas y políticos piden que el Estado Mexicano revise las aprehensiones y libere a los jóvenes.
Mientras, los padres de familia de los jóvenes de Ayotzinapa amagan: si no aparecen…tomarán las armas.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
Denuncia a funcionario por tortura
El director del Instituto Jalisciense de la Juventud, Ramón Morales Sánchez, enfrenta acusaciones ante la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Una familia lo señala de haber enviado a policías de la Fuerza Única para torturarla.
Desde el 24 de octubre pasado el nieto de Vidal, un hombre entrado en los 60 años, dice que no puede dormir.
“No puedo dormir, papá, no puedo dormir, ¿la policía va a venir a matarme?”, pregunta cada noche el niño a su abuelo.
No llega ni a los cinco años y el pequeño sabe pronunciar “Fuerza Única”, el cuerpo policial de élite creado por el Gobierno de Jalisco para combatir al crimen organizado. Hace la seña de una pistola con los dedos de la mano y dice que ahí, en la frente, es donde trae grabado aquel momento de octubre pasado.
Las manecillas del reloj marcaban cerca de las 16:00 horas del 24 de octubre del 2014 en la casa de Vidal, ubicada en un barrio del oriente de Guadalajara.
En la planta baja del inmueble estaba la abuela con la nieta de seis años y otro nieto de 12. Arriba, Vidal se disponía a tomar una siesta con el más pequeño, cuando un golpe estruendoso le quitó el sueño.
El abuelo salió y antes de bajar las escaleras se topó con un hombre enfundado en un traje negro que le apuntaba y le decía: “Negro, ¡chingas a tu madre! ¡Ya te cargó la chingada!”.
Encima de él, una sombra más se apareció desde uno de los domos de la casa. Era otro policía que le apuntaba con el cañón de un arma larga. Quién sabe de dónde apareció otro agente. Entre los tres esposaron a Vidal y lo condujeron a la cochera.
Entraron entonces uno, dos, tres, hasta 15 policías en la casa. Ocho de ellos, divididos en cuatro parejas que se turnaban, comenzaron a tundirlo. Primero fue en los oídos, para aturdirlo. Luego le golpearon la cabeza y le patearon las costillas.
El último par de uniformados fue el más cruel. Aquellos policías agregaron al repertorio de golpes una bolsa de plástico en la cabeza. Vidal sentía que en cualquier momento se desvanecería para siempre.
“El gran problema fue con las últimas dos personas. Ellos me patearon las costillas y me pusieron la bolsa en cuatro ocasiones. Antes de la cuarta, uno de los policías me pone la pistola en la bolsa, me escupe en la cara y me dice que vea bien quién va a venir a matar a tu familia.
“‘Grábatelo, yo soy quien va a venir a matar a tu familia’, me dijo. La verdad sí lo tengo, tatuado en mi pensamiento, porque es el más cruel de todos ellos”, dice Vidal.
El parque de la discordia
A unos pasos de la casa de Vidal hay un parque que antes era un tiradero; le era fácil a los vecinos tirar basura y hasta animales muertos en ese sitio.
Hace más de 10 años, los colonos propusieron que el lugar se convirtiera en un espacio público.
Para ello debían escoger entre convertirlo en un parque o en una cancha de futbol. Optaron por la primera opción.
Vidal ha regado desde hace 11 años el parque que hoy cuenta con pasto y varios árboles. Ha tenido que enfrentarse a la indiferencia de vecinos cuando él les pide que cuiden el espacio.
A unas casas del sitio vive una familia con la que el hombre ha tenido rencillas por el mantenimiento del lugar.
Se trata de familiares de Sara Morales, tía de Ramón Morales Sánchez, director del Instituto Jalisciense de la Juventud, una dependencia que en este 2014 le fue asignado un presupuesto mayor a los 13 millones de pesos.
Vidal relata que ocho días antes de que la Fuerza Única irrumpiera en su hogar, Ramón Morales Sánchez lo amenazó directamente. Y según él, el motivo fue el parque.
“Los policías siempre le estaban reportando a una persona lo que hacían. Era a Ramón Morales Sánchez.
“Él ya me había amenazado una semana antes, dijo que me iba a arrepentir de esto, porque yo cuido un espacio público y al señor no le parece que su familia, que vive en la esquina, hay actividades que no se pueden hacer en ese espacio, como tirar basura, pero ellos siempre lo hacen, todas las cosas que desechan de sus casas van y las avientan”, describe Vidal.
Y añade: “los policías le decían, ‘Ramón, ya lo tenemos, no aguanta nada, se está orinando’. Él me había amenazado antes, y después de esto, su tía lo estuvo divulgando, diciendo que le iba a pasar lo mismo que a mí, a quien se quisiera pasar con ellos”.
Ramón Morales Sánchez es además miembro de la agrupación MAS por Jalisco, siglas que significan Movimiento Aristóteles Sandoval, en relación al nombre del gobernador de la entidad.
MAS por Jalisco es comandada por Leonel Sandoval, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y padre del mandatario priista, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
El funcionario del Instituto Jalisciense de la Juventud aparece en varias de las fotografías del portal de MAS por Jalisco (www.masporjalisco.com).
De acuerdo con Vidal, el día de la presunta amenaza, Morales le presumió sus vínculos con el padre del gobernante.
“Fuimos a hablar con don Leonel y dijo que a él no lo metan, que iba a parar las cosas, que conmigo no se iban a volver a meter.
“Nosotros hemos estado en sus campañas, mis niños estuvieron pegando propaganda del gobernador”, dice el hombre al mismo tiempo que señala una calcomanía de la campaña de Aristóteles Sandoval en el 2012, pegada sobre la puerta de su casa.
Robo, quejas, denuncias
En aquella tarde de octubre, a Vidal lo culparon, primero, de tener armas y luego, en la Fiscalía General del Estado (FGE), de ser narcomenudista.
A su esposa la señalaron de secuestradora. Y a los niños, los oficiales les amenazaron que si no decían que sus abuelos los tenían secuestrados, los iban a matar.
Por si fuera poco, los hombres de negro se llevaron 23 mil pesos de la abuela y mil 500 pesos que había ahorrado el nieto más grande para comprar un videojuego.
Todo eso ha quedado asentado en la denuncia hecha por la familia ante el área de la Visitaduría de la Fiscalía estatal, responsable de investigar los atropellos de sus funcionarios.
En la misma FGE, las víctimas han presentado una denuncia por amenazas contra Morales Sánchez.
También ha sido plasmado en la queja 11041/14/I presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, en contra del director del IJJ, el coordinador del área especializada de narcomenudeo de la FGE y del comisariado de Seguridad Pública de Jalisco, Alejandro Solorio Aréchiga.
Hasta octubre pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco había registrado 54 quejas en contra de policías de la Fuerza Única, un brazo policial con unos mil 800 efectivos preparados para hacerle frente a la delincuencia organizada en la entidad.
Allanamiento, cateos ilegales, lesiones y robos, son los principales señalamientos contra tales servidores públicos, los cuales encajan perfectamente en el caso de Vidal y su familia.
En octubre, la misma Fiscalía detuvo a tres agentes de la Fuerza Única, señalados de extorsión.
“Tengo 63 años para que me hagan esto, si soy culpable lo pago, con gusto, pero si fuera culpable, trajera un arma y hubiera hecho algo. No tengo miedo, soy honesto, siempre he ido con mi cabeza arriba y ellos vienen a humillar, a arrastrar a uno, no es correcto lo que hacen”, concluye Vidal.
Señalado
> En la queja 11041/14/I presentada ante la CEDHJ, las víctimas señalaron a Ramón Morales, titular del Instituto Jalisciense de la Juventud, de orquestar actos de tortura cometidas hacia ellas por oficiales de la Fuerza Única.
> Ramón Morales dirige una dependencia cuyo presupuesto es superior a los 13 millones de pesos en este 2014.
> El funcionario pertenece a la agrupación MAS por Jalisco, que promueve la imagen del gobernador de la entidad, el priista Aristóteles Sandoval Díaz.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: MAURICIO FERRER
Desde el 24 de octubre pasado el nieto de Vidal, un hombre entrado en los 60 años, dice que no puede dormir.
“No puedo dormir, papá, no puedo dormir, ¿la policía va a venir a matarme?”, pregunta cada noche el niño a su abuelo.
No llega ni a los cinco años y el pequeño sabe pronunciar “Fuerza Única”, el cuerpo policial de élite creado por el Gobierno de Jalisco para combatir al crimen organizado. Hace la seña de una pistola con los dedos de la mano y dice que ahí, en la frente, es donde trae grabado aquel momento de octubre pasado.
Las manecillas del reloj marcaban cerca de las 16:00 horas del 24 de octubre del 2014 en la casa de Vidal, ubicada en un barrio del oriente de Guadalajara.
En la planta baja del inmueble estaba la abuela con la nieta de seis años y otro nieto de 12. Arriba, Vidal se disponía a tomar una siesta con el más pequeño, cuando un golpe estruendoso le quitó el sueño.
El abuelo salió y antes de bajar las escaleras se topó con un hombre enfundado en un traje negro que le apuntaba y le decía: “Negro, ¡chingas a tu madre! ¡Ya te cargó la chingada!”.
Encima de él, una sombra más se apareció desde uno de los domos de la casa. Era otro policía que le apuntaba con el cañón de un arma larga. Quién sabe de dónde apareció otro agente. Entre los tres esposaron a Vidal y lo condujeron a la cochera.
Entraron entonces uno, dos, tres, hasta 15 policías en la casa. Ocho de ellos, divididos en cuatro parejas que se turnaban, comenzaron a tundirlo. Primero fue en los oídos, para aturdirlo. Luego le golpearon la cabeza y le patearon las costillas.
El último par de uniformados fue el más cruel. Aquellos policías agregaron al repertorio de golpes una bolsa de plástico en la cabeza. Vidal sentía que en cualquier momento se desvanecería para siempre.
“El gran problema fue con las últimas dos personas. Ellos me patearon las costillas y me pusieron la bolsa en cuatro ocasiones. Antes de la cuarta, uno de los policías me pone la pistola en la bolsa, me escupe en la cara y me dice que vea bien quién va a venir a matar a tu familia.
“‘Grábatelo, yo soy quien va a venir a matar a tu familia’, me dijo. La verdad sí lo tengo, tatuado en mi pensamiento, porque es el más cruel de todos ellos”, dice Vidal.
El parque de la discordia
A unos pasos de la casa de Vidal hay un parque que antes era un tiradero; le era fácil a los vecinos tirar basura y hasta animales muertos en ese sitio.
Hace más de 10 años, los colonos propusieron que el lugar se convirtiera en un espacio público.
Para ello debían escoger entre convertirlo en un parque o en una cancha de futbol. Optaron por la primera opción.
Vidal ha regado desde hace 11 años el parque que hoy cuenta con pasto y varios árboles. Ha tenido que enfrentarse a la indiferencia de vecinos cuando él les pide que cuiden el espacio.
A unas casas del sitio vive una familia con la que el hombre ha tenido rencillas por el mantenimiento del lugar.
Se trata de familiares de Sara Morales, tía de Ramón Morales Sánchez, director del Instituto Jalisciense de la Juventud, una dependencia que en este 2014 le fue asignado un presupuesto mayor a los 13 millones de pesos.
Vidal relata que ocho días antes de que la Fuerza Única irrumpiera en su hogar, Ramón Morales Sánchez lo amenazó directamente. Y según él, el motivo fue el parque.
“Los policías siempre le estaban reportando a una persona lo que hacían. Era a Ramón Morales Sánchez.
“Él ya me había amenazado una semana antes, dijo que me iba a arrepentir de esto, porque yo cuido un espacio público y al señor no le parece que su familia, que vive en la esquina, hay actividades que no se pueden hacer en ese espacio, como tirar basura, pero ellos siempre lo hacen, todas las cosas que desechan de sus casas van y las avientan”, describe Vidal.
Y añade: “los policías le decían, ‘Ramón, ya lo tenemos, no aguanta nada, se está orinando’. Él me había amenazado antes, y después de esto, su tía lo estuvo divulgando, diciendo que le iba a pasar lo mismo que a mí, a quien se quisiera pasar con ellos”.
Ramón Morales Sánchez es además miembro de la agrupación MAS por Jalisco, siglas que significan Movimiento Aristóteles Sandoval, en relación al nombre del gobernador de la entidad.
MAS por Jalisco es comandada por Leonel Sandoval, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y padre del mandatario priista, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
El funcionario del Instituto Jalisciense de la Juventud aparece en varias de las fotografías del portal de MAS por Jalisco (www.masporjalisco.com).
De acuerdo con Vidal, el día de la presunta amenaza, Morales le presumió sus vínculos con el padre del gobernante.
“Fuimos a hablar con don Leonel y dijo que a él no lo metan, que iba a parar las cosas, que conmigo no se iban a volver a meter.
“Nosotros hemos estado en sus campañas, mis niños estuvieron pegando propaganda del gobernador”, dice el hombre al mismo tiempo que señala una calcomanía de la campaña de Aristóteles Sandoval en el 2012, pegada sobre la puerta de su casa.
Robo, quejas, denuncias
En aquella tarde de octubre, a Vidal lo culparon, primero, de tener armas y luego, en la Fiscalía General del Estado (FGE), de ser narcomenudista.
A su esposa la señalaron de secuestradora. Y a los niños, los oficiales les amenazaron que si no decían que sus abuelos los tenían secuestrados, los iban a matar.
Por si fuera poco, los hombres de negro se llevaron 23 mil pesos de la abuela y mil 500 pesos que había ahorrado el nieto más grande para comprar un videojuego.
Todo eso ha quedado asentado en la denuncia hecha por la familia ante el área de la Visitaduría de la Fiscalía estatal, responsable de investigar los atropellos de sus funcionarios.
En la misma FGE, las víctimas han presentado una denuncia por amenazas contra Morales Sánchez.
También ha sido plasmado en la queja 11041/14/I presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, en contra del director del IJJ, el coordinador del área especializada de narcomenudeo de la FGE y del comisariado de Seguridad Pública de Jalisco, Alejandro Solorio Aréchiga.
Hasta octubre pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco había registrado 54 quejas en contra de policías de la Fuerza Única, un brazo policial con unos mil 800 efectivos preparados para hacerle frente a la delincuencia organizada en la entidad.
Allanamiento, cateos ilegales, lesiones y robos, son los principales señalamientos contra tales servidores públicos, los cuales encajan perfectamente en el caso de Vidal y su familia.
En octubre, la misma Fiscalía detuvo a tres agentes de la Fuerza Única, señalados de extorsión.
“Tengo 63 años para que me hagan esto, si soy culpable lo pago, con gusto, pero si fuera culpable, trajera un arma y hubiera hecho algo. No tengo miedo, soy honesto, siempre he ido con mi cabeza arriba y ellos vienen a humillar, a arrastrar a uno, no es correcto lo que hacen”, concluye Vidal.
Señalado
> En la queja 11041/14/I presentada ante la CEDHJ, las víctimas señalaron a Ramón Morales, titular del Instituto Jalisciense de la Juventud, de orquestar actos de tortura cometidas hacia ellas por oficiales de la Fuerza Única.
> Ramón Morales dirige una dependencia cuyo presupuesto es superior a los 13 millones de pesos en este 2014.
> El funcionario pertenece a la agrupación MAS por Jalisco, que promueve la imagen del gobernador de la entidad, el priista Aristóteles Sandoval Díaz.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: MAURICIO FERRER
#20NovMX: No era manifestante, pero la policía lo detuvo, torturó y abandonó inconsciente en la calle
Un hombre que iba a pasear con su esposa al Zócalo fue golpeado por granaderos, quienes incluso le aplicaron choques eléctricos.
José Alberto y Tamara tienen 21 años y están casados. El pasado 20 de noviembre se encontraban en el Centro Histórico porque José Alberto es ejecutivo en uno de los negocios de la zona, y Tamara lo había ido a recoger, sin saber ninguno que quedarían atrapados en el operativo policiaco realizado en conjunto por autoridades federales y locales para desalojar por la fuerza a los miles de manifestantes que, esa noche, reclamaban la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos por la policía de Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre.
Tamara, con cuatro meses de embarazo, resultó con una ceja abierta y un chichón en la cabeza, al ser agredida por un granadero que la golpeó con el canto de su escudo apenas a un centímetro del ojo, pero José Alberto no corrió con la misma suerte: al intentar cubrir de los golpes a su esposa, él fue jalado por los granaderos, golpeado en al menos tres ocasiones por una decena de uniformados, y luego torturado con choques eléctricos en la calle de Corregidora, donde finalmente fue abandonado por la policía, inconsciente.
“Yo me encontraba laborando cerca del Centro Histórico –narra José Alberto, dos días después de abandonar el hospital donde fue atendido–, y me quedé de ver en el Zócalo con mi esposa, porque queríamos ir por el Día de la Revolución, queríamos pasear“.
Al llegar al Zócalo, sin embargo, la pareja se percató de que la manifestación ciudadana convocada para ese día continuaba y que no había ningún otro tipo de acto conmemorativo por el 20 de Noviembre, por lo que decidieron retirarse, pero “en un momento la plaza quedó completamente rodeada –recuerda José Alberto–, y se veían salir granaderos detrás de Catedral y de los edificios aledaños a la plancha del Zócalo, iban replegando a la gente, y entonces un grupo de policías se acercó a nosotros, y uno de ellos quiso golpear a mi mujer, y yo lo único que hice fue ponerme enfrente de ella, para que los golpes me tocaran a mi, no a ella, y lo que sucedió fue que los granaderos me jalaron, me metieron a una bola de policías y me empezaron a golpear, eran aproximadamente 10 granaderos, que me golpearon hasta que quedé yo mal, hasta que ya no me pude levantar… entonces me jalaron a otra bola de policías, y en esa segunda bola me arrebataron mi mochila y el bolso de mi mujer, que yo le venía cargando, y nuevamente me siguieron pegando, ese segundo grupo también era de unos 10 granaderos…”
José Alberto fue golpeado en todo el cuerpo, pero mantenía su rostro cubierto con sus brazos, por lo que “ellos me pedían que me descubrieran la cara y que con eso ahí quedaba, ‘descúbrete la cara y ahí le dejamos’, me decían, pero sus intenciones eran estrellarme la cara en un tubo, y no me dejé, sólo quedé con un golpe en la frente y en la nariz… ya que ese segundo grupo de policías se cansó de golpearme, dos o tres granaderos me obligaron a levantarme, primero venían casi arrastrándome, porque yo estaba ya muy golpeado, pero aún así me obligaron a correr no sé cuanto, tal vez dos o tres cuadras, y me llevaron hasta donde estaba un camión de la policía, azul, de los que usan para transportar granaderos, y ahí me tiraron, me hicieron que me hincara y empezaron a darme toques eléctricos con un aparato, a partir de ahí, la verdad, ya no recuerdo mucho…”
A la medianoche del 20 de noviembre, José Alberto fue localizado en la calle Corregidora, junto con un grupo de cinco personas más que, como él, habían sido detenidas poco antes durante el operativo para desalojar por la fuerza el Zócalo capitalino. Todos estaban tan severamente golpeados que, al ser encontrados, se hallaban inconscientes.
–¿Quién encontró a José Alberto? ¿Quién te notificó a ti que había sido localizado? –se pregunta a Tamara, su esposa.
–En el momento en el que a él lo jalaron –describe la joven– un granadero me pegó en la cara con el costado de su escudo, y en ese momento yo me hice para atrás, y ahí me contuvo una persona, un muchacho, porque yo quise correr nuevamente hacia los policías, para ayudar a José Alberto, porque ya lo estaban golpeando… pero como no pude hacer nada, entré en shock, y una persona me encontró, con la herida en la cara, y me llevó con unos brigadistas paramédicos, de la agrupación Marabunta, y ellos me atendieron, ahí una persona de la Comisión Nacional de Derechos Humanos me pidió mis datos, y luego la gente de Marabunta me llevó hasta mi casa… pues bien, como a las 3:30 del día siguiente, 21 de noviembre, fue una persona de la CNDH la que se comunicó conmigo, y me informaron que a Alberto lo habían encontrado en la calle de Corregidora, inconsciente, de todos los golpes que le habían dado, y que estaba junto a otras seis o siete personas que estaban en las mismas condiciones…
–¿Quién te llevó al hospital? –se pregunta al joven ejecutivo.
–La verdad, recuerdo poco… desde la primera vez que me golpearon quedé noqueado, luego me pegó un segundo grupo de policías, luego me hicieron correr hasta el camión, y ahí me dieron diez o quince descargas eléctricas, y siempre golpeándome, y de hecho, el último golpe, con el que perdí el conocimiento, fue con el aparato de descargas, porque le aumentaron la potencia y con eso me quedé tirado… después, únicamente me acuerdo de que varias personas me empezaron a tomar datos, unas me tomaron fotografías, y lo siguiente que recuerdo es que estaban subiéndome a una ambulancia, y me llevaron después al hospital Magdalena de las Salinas…
–¿Con qué lesiones resultaste, qué te dijeron en el hospital?
–Me tomaron tomografías y rayos X, pero el diagnóstico sólo dice que fui “policontundido”… Tengo marcas en lo que es el costado del cuerpo, de las quemaduras del aparato de descargas, y además todo el cuerpo lo tengo lleno de moretones rojos, moretones morados, en algunas partes la piel medio abierta, tengo toda la espalda lastimada, el cuello y la cabeza, y tengo una lesión en la frente y otra en la nariz…
Ante el temor de sufrir represalias, ya que sus documentos personales fueron robados por los policías que detuvieron y golpearon a José Alberto, esta pareja de jóvenes aún no ha decidido si presentarán denuncia formal por la agresión que sufrieron a manos de los granaderos de la Policía Federal y de la Policía Auxiliar del DF, el pasado 20 de noviembre, y hoy Tamara y José Alberto se resienten de sus lesiones solos, apoyados únicamente por sus familias.
Tamara no sufrió, aparentemente, afectaciones en su embarazo y José Alberto, aún con todas sus lesiones, este domingo 22 de noviembre se preparaba para ir al trabajo, ya que “no me dieron incapacidad, y eso me indigna… resulta que como no le pedí al primer médico que me atendió que me extendiera una incapacidad, pues no me la dieron, y yo me pregunto, ¿cómo querían que hiciera yo esa solicitud al ‘médico de primer contacto’, como le dicen ellos, si yo llegué inconsciente al hospital?”.
Epílogo: el recuerdo…
Antes de concluir la plática, ya entre las despedidas, José Alberto recuerda un detalle que es, afirma, “muy importante no dejar fuera: por los golpes no recuerdo bien toda la secuencia de los hechos, pero hay algo que sí recuerdo con exactitud, y es que en el momento en que yo llegué al camión de granaderos donde me hincaron, habían ahí cerca de 15 personas más, vestidas de civil. De ellas, cinco estaban siendo golpeadas, como yo, pero otras diez estaban ahí, entre los policías, sentados, descansando… a mi parecer, ellos eran los que había provocado los alborotos…
-¿Crees que había infiltrados en la manifestación, y que estaban ahí, descansando en el camión, en el momento en que tú fuiste llevado hasta este vehículo?
-Sí –responde con absoluta seguridad–, y creo que eran bastantes…
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
José Alberto y Tamara tienen 21 años y están casados. El pasado 20 de noviembre se encontraban en el Centro Histórico porque José Alberto es ejecutivo en uno de los negocios de la zona, y Tamara lo había ido a recoger, sin saber ninguno que quedarían atrapados en el operativo policiaco realizado en conjunto por autoridades federales y locales para desalojar por la fuerza a los miles de manifestantes que, esa noche, reclamaban la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos por la policía de Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre.
Tamara, con cuatro meses de embarazo, resultó con una ceja abierta y un chichón en la cabeza, al ser agredida por un granadero que la golpeó con el canto de su escudo apenas a un centímetro del ojo, pero José Alberto no corrió con la misma suerte: al intentar cubrir de los golpes a su esposa, él fue jalado por los granaderos, golpeado en al menos tres ocasiones por una decena de uniformados, y luego torturado con choques eléctricos en la calle de Corregidora, donde finalmente fue abandonado por la policía, inconsciente.
“Yo me encontraba laborando cerca del Centro Histórico –narra José Alberto, dos días después de abandonar el hospital donde fue atendido–, y me quedé de ver en el Zócalo con mi esposa, porque queríamos ir por el Día de la Revolución, queríamos pasear“.
Al llegar al Zócalo, sin embargo, la pareja se percató de que la manifestación ciudadana convocada para ese día continuaba y que no había ningún otro tipo de acto conmemorativo por el 20 de Noviembre, por lo que decidieron retirarse, pero “en un momento la plaza quedó completamente rodeada –recuerda José Alberto–, y se veían salir granaderos detrás de Catedral y de los edificios aledaños a la plancha del Zócalo, iban replegando a la gente, y entonces un grupo de policías se acercó a nosotros, y uno de ellos quiso golpear a mi mujer, y yo lo único que hice fue ponerme enfrente de ella, para que los golpes me tocaran a mi, no a ella, y lo que sucedió fue que los granaderos me jalaron, me metieron a una bola de policías y me empezaron a golpear, eran aproximadamente 10 granaderos, que me golpearon hasta que quedé yo mal, hasta que ya no me pude levantar… entonces me jalaron a otra bola de policías, y en esa segunda bola me arrebataron mi mochila y el bolso de mi mujer, que yo le venía cargando, y nuevamente me siguieron pegando, ese segundo grupo también era de unos 10 granaderos…”
José Alberto fue golpeado en todo el cuerpo, pero mantenía su rostro cubierto con sus brazos, por lo que “ellos me pedían que me descubrieran la cara y que con eso ahí quedaba, ‘descúbrete la cara y ahí le dejamos’, me decían, pero sus intenciones eran estrellarme la cara en un tubo, y no me dejé, sólo quedé con un golpe en la frente y en la nariz… ya que ese segundo grupo de policías se cansó de golpearme, dos o tres granaderos me obligaron a levantarme, primero venían casi arrastrándome, porque yo estaba ya muy golpeado, pero aún así me obligaron a correr no sé cuanto, tal vez dos o tres cuadras, y me llevaron hasta donde estaba un camión de la policía, azul, de los que usan para transportar granaderos, y ahí me tiraron, me hicieron que me hincara y empezaron a darme toques eléctricos con un aparato, a partir de ahí, la verdad, ya no recuerdo mucho…”
A la medianoche del 20 de noviembre, José Alberto fue localizado en la calle Corregidora, junto con un grupo de cinco personas más que, como él, habían sido detenidas poco antes durante el operativo para desalojar por la fuerza el Zócalo capitalino. Todos estaban tan severamente golpeados que, al ser encontrados, se hallaban inconscientes.
–¿Quién encontró a José Alberto? ¿Quién te notificó a ti que había sido localizado? –se pregunta a Tamara, su esposa.
–En el momento en el que a él lo jalaron –describe la joven– un granadero me pegó en la cara con el costado de su escudo, y en ese momento yo me hice para atrás, y ahí me contuvo una persona, un muchacho, porque yo quise correr nuevamente hacia los policías, para ayudar a José Alberto, porque ya lo estaban golpeando… pero como no pude hacer nada, entré en shock, y una persona me encontró, con la herida en la cara, y me llevó con unos brigadistas paramédicos, de la agrupación Marabunta, y ellos me atendieron, ahí una persona de la Comisión Nacional de Derechos Humanos me pidió mis datos, y luego la gente de Marabunta me llevó hasta mi casa… pues bien, como a las 3:30 del día siguiente, 21 de noviembre, fue una persona de la CNDH la que se comunicó conmigo, y me informaron que a Alberto lo habían encontrado en la calle de Corregidora, inconsciente, de todos los golpes que le habían dado, y que estaba junto a otras seis o siete personas que estaban en las mismas condiciones…
–¿Quién te llevó al hospital? –se pregunta al joven ejecutivo.
–La verdad, recuerdo poco… desde la primera vez que me golpearon quedé noqueado, luego me pegó un segundo grupo de policías, luego me hicieron correr hasta el camión, y ahí me dieron diez o quince descargas eléctricas, y siempre golpeándome, y de hecho, el último golpe, con el que perdí el conocimiento, fue con el aparato de descargas, porque le aumentaron la potencia y con eso me quedé tirado… después, únicamente me acuerdo de que varias personas me empezaron a tomar datos, unas me tomaron fotografías, y lo siguiente que recuerdo es que estaban subiéndome a una ambulancia, y me llevaron después al hospital Magdalena de las Salinas…
–¿Con qué lesiones resultaste, qué te dijeron en el hospital?
–Me tomaron tomografías y rayos X, pero el diagnóstico sólo dice que fui “policontundido”… Tengo marcas en lo que es el costado del cuerpo, de las quemaduras del aparato de descargas, y además todo el cuerpo lo tengo lleno de moretones rojos, moretones morados, en algunas partes la piel medio abierta, tengo toda la espalda lastimada, el cuello y la cabeza, y tengo una lesión en la frente y otra en la nariz…
Ante el temor de sufrir represalias, ya que sus documentos personales fueron robados por los policías que detuvieron y golpearon a José Alberto, esta pareja de jóvenes aún no ha decidido si presentarán denuncia formal por la agresión que sufrieron a manos de los granaderos de la Policía Federal y de la Policía Auxiliar del DF, el pasado 20 de noviembre, y hoy Tamara y José Alberto se resienten de sus lesiones solos, apoyados únicamente por sus familias.
Tamara no sufrió, aparentemente, afectaciones en su embarazo y José Alberto, aún con todas sus lesiones, este domingo 22 de noviembre se preparaba para ir al trabajo, ya que “no me dieron incapacidad, y eso me indigna… resulta que como no le pedí al primer médico que me atendió que me extendiera una incapacidad, pues no me la dieron, y yo me pregunto, ¿cómo querían que hiciera yo esa solicitud al ‘médico de primer contacto’, como le dicen ellos, si yo llegué inconsciente al hospital?”.
Epílogo: el recuerdo…
Antes de concluir la plática, ya entre las despedidas, José Alberto recuerda un detalle que es, afirma, “muy importante no dejar fuera: por los golpes no recuerdo bien toda la secuencia de los hechos, pero hay algo que sí recuerdo con exactitud, y es que en el momento en que yo llegué al camión de granaderos donde me hincaron, habían ahí cerca de 15 personas más, vestidas de civil. De ellas, cinco estaban siendo golpeadas, como yo, pero otras diez estaban ahí, entre los policías, sentados, descansando… a mi parecer, ellos eran los que había provocado los alborotos…
-¿Crees que había infiltrados en la manifestación, y que estaban ahí, descansando en el camión, en el momento en que tú fuiste llevado hasta este vehículo?
-Sí –responde con absoluta seguridad–, y creo que eran bastantes…
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
Bejarano propone “coalición de izquierdas”, para desmarcarse de ‘Los Chuchos’
Indicó que la coalición también ayudaría a evitar una alianza electoral con el PAN, como la que promueve la corriente de Nueva Izquierda.
El líder de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional, René Bejarano, propuso la conformación de una coalición de izquierdas, “más allá” del PRD, la cual sea encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas.
Esto, luego del rechazo de Carlos Navarrete a renunciar a la presidencia del partido.
Bejarano dijo que la conformación de la coalición serviría para desmarcarse de la corriente Nueva Izquierda, la cual gobierna actualmente al PRD, a la cual tachó de ser la única cómplice del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
“Si no quiere renunciar, que se quede con su cargo, pero conformemos una coalición de izquierdas”, indicó.
Refirió que la postulación de José Luis Abarca a la alcaldía de Iguala, no es responsabilidad de todo el PRD, sino sólo de la corriente Nueva Izquierda, de la que formaba parte Lázaro Mazón, quien ahora es miembro de Morena.
“No fue el PRD, fue la Nueva Izquierda. No tenemos que cargar nosotros con esa responsabilidad”, dijo Bejarano.
“Se pudo evitar la tragedia. Hubo omisiones, complicidad y negligencia en toda esta etapa”. En el caso del PRD, “hay complicidades claras de la Nueva Izquierda y no se puede evadir esa responsabilidad y pese a todo no han querido tocar ni con el pétalo de una crítica al procurador”, agregó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El líder de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional, René Bejarano, propuso la conformación de una coalición de izquierdas, “más allá” del PRD, la cual sea encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas.
Esto, luego del rechazo de Carlos Navarrete a renunciar a la presidencia del partido.
Bejarano dijo que la conformación de la coalición serviría para desmarcarse de la corriente Nueva Izquierda, la cual gobierna actualmente al PRD, a la cual tachó de ser la única cómplice del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
“Si no quiere renunciar, que se quede con su cargo, pero conformemos una coalición de izquierdas”, indicó.
Refirió que la postulación de José Luis Abarca a la alcaldía de Iguala, no es responsabilidad de todo el PRD, sino sólo de la corriente Nueva Izquierda, de la que formaba parte Lázaro Mazón, quien ahora es miembro de Morena.
“No fue el PRD, fue la Nueva Izquierda. No tenemos que cargar nosotros con esa responsabilidad”, dijo Bejarano.
“Se pudo evitar la tragedia. Hubo omisiones, complicidad y negligencia en toda esta etapa”. En el caso del PRD, “hay complicidades claras de la Nueva Izquierda y no se puede evadir esa responsabilidad y pese a todo no han querido tocar ni con el pétalo de una crítica al procurador”, agregó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Marina descarta que extranjeros participen en operaciones tácticas
No obstante, reconoce estrecha colaboración entre personal naval mexicano y autoridades de las agencias estadounidenses que se da a través de transferencia de información operativa, así como de apoyo en adiestramiento y entrenamiento del personal.
La Secretaría de Marina (Semar) negó categóricamente que autoridades americanas o de cualquier otro país hayan participado con personal de la Armada de México en operaciones tácticas en campo contra de la delincuencia organizada, utilizando uniformes y armamento mexicano.
En un comunicado, la dependencia se refirió a las diversas versiones publicadas “en medios de comunicación que tienen como base un artículo de Wall Street Journal, titulado ‘U.S. Marshals Service Personnel Dressed as Mexican Marines Pursue Cartel Bosses’”.
En ese sentido, reconoció la estrecha colaboración entre personal naval mexicano y autoridades de las agencias estadounidenses que se da a través de transferencia de información operativa, así como de apoyo en adiestramiento y entrenamiento del personal.
“Nuestra institución adquiere constantemente equipo sensible de alta tecnología del Gobierno Americano, lo cual requiere de instrucción en campo y que usualmente es impartida por elementos, entre otros, del servicio Marshal”, explicó la secretaría.
Precisó que en el incidente referido en la prensa, donde se manifiesta que un agente del servicio Marshal fue herido en un enfrentamiento en el estado de Sinaloa, “se confirma la veracidad de la citada información, con la particularidad de que dicho incidente ocurrió en una sesión de entrenamiento al personal de la Armada de México.
“Dicho agente herido, posterior a su atención médica local fue canalizado a los servicios médicos de su país, donde continuó con su recuperación”, agregó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Televisa debe responder si pagó o no 130 millones de pesos a Rivera: Dresser
La rendición de cuentas no es una concesión, es una obligación, aseveró la politóloga.
La politóloga Denise Dresser sostuvo que, pese a la explicación oficial, aún hay preguntas no respondidas sobre la casa blanca.
En la Mesa Política de MVS, sostuvo que Televisa debe responder si pagó o no la cantidad de 130 millones de pesos, a Angélica Rivera, por un contrato de exclusividad.
La empresa, señaló, “ha guardado silencio y genera suspicacia que lo haga, tiene que dar un sencillo sí o no”.
Además, sostuvo que si la primera dama “realmente no tiene nada qué esconder, pues que lo pruebe y no sólo con una actuación de 7 minutos vía un video”.
“Es imperativo que exhiba ante la opinión pública los siguientes documentos: en primer lugar, la declaración normal, correspondiente a ese año; en segundo lugar, el contrato de exclusividad con Televisa, que derivó en el pago de 130 millones de pesos; en tercer lugar, las constancias de retención del 10 por ciento del ISR que efectuaron Televisa, Televisa Talento, y el banco, todo ello para constatar los pagos a los que alude”, remarcó la doctora.
“Esa es la información que el Presidente y su cónyuge y la empresa, para la cual trabajó tan arduamente, necesitan proporcionar para disipar las dudas que aún persisten, para enfrentar la crisis en la cual están, para la cual no hay otra salida más que la transparencia total, aunado a una disculpa pública por el error de juicio que fue construir una casa así y en esas condiciones; acompañado de la remoción del Secretario de Comunicaciones y Transportes (Gerardo Ruiz Esparza), por avalar la licitación amañada del tren México-Querétaro en favor del Grupo Higa; aunado a la prohibición del Grupo Higa de participar en cualquier licitación pública, en el resto del sexenio; acompañado de la donación del dinero producto de la venta de la casa a alguna buena causa, y más allá de estas acciones, la principal: el reconocimiento por parte de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, que la rendición de cuentas no es una concesión, es una obligación”, aseveró Dresser.
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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
La politóloga Denise Dresser sostuvo que, pese a la explicación oficial, aún hay preguntas no respondidas sobre la casa blanca.
En la Mesa Política de MVS, sostuvo que Televisa debe responder si pagó o no la cantidad de 130 millones de pesos, a Angélica Rivera, por un contrato de exclusividad.
La empresa, señaló, “ha guardado silencio y genera suspicacia que lo haga, tiene que dar un sencillo sí o no”.
Además, sostuvo que si la primera dama “realmente no tiene nada qué esconder, pues que lo pruebe y no sólo con una actuación de 7 minutos vía un video”.
“Es imperativo que exhiba ante la opinión pública los siguientes documentos: en primer lugar, la declaración normal, correspondiente a ese año; en segundo lugar, el contrato de exclusividad con Televisa, que derivó en el pago de 130 millones de pesos; en tercer lugar, las constancias de retención del 10 por ciento del ISR que efectuaron Televisa, Televisa Talento, y el banco, todo ello para constatar los pagos a los que alude”, remarcó la doctora.
“Esa es la información que el Presidente y su cónyuge y la empresa, para la cual trabajó tan arduamente, necesitan proporcionar para disipar las dudas que aún persisten, para enfrentar la crisis en la cual están, para la cual no hay otra salida más que la transparencia total, aunado a una disculpa pública por el error de juicio que fue construir una casa así y en esas condiciones; acompañado de la remoción del Secretario de Comunicaciones y Transportes (Gerardo Ruiz Esparza), por avalar la licitación amañada del tren México-Querétaro en favor del Grupo Higa; aunado a la prohibición del Grupo Higa de participar en cualquier licitación pública, en el resto del sexenio; acompañado de la donación del dinero producto de la venta de la casa a alguna buena causa, y más allá de estas acciones, la principal: el reconocimiento por parte de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, que la rendición de cuentas no es una concesión, es una obligación”, aseveró Dresser.
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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
‘Hay dos Méxicos’
Para la embajadora de Noruega en México, Merethe Nergaard, el país vive dos realidades.
En entrevista con Reporte Indigo, Nergaard lamentó que la nación tuviese una crisis de derechos humanos, como la ocasionada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, mientras existe la promesa de que las reformas traerán prosperidad.
“Mi impresión de México es que hay dos Méxicos”, manifestó la diplomática, “es el México con mucha promesa, con muchas oportunidades, con muchos recursos, que ha hecho muchas reformas prometedoras, donde se podría hacer muchas cosas.
“Y ahora con la crisis que está pasando en el país, muy claramente el caso de Iguala, muestra otro México, un México muy complicado, con influencia del crimen organizado. Es una lástima, pero es un reto también.
“Es algo que México tendría que afrontar de una manera u otra, y yo creo que, con México, compartimos el deseo que haya un respeto de los derechos humanos”.
Nergaard indicó que el desarrollo económico que traigan consigo las reformas deben acompañarse dentro del respeto a la ley y a los derechos humanos.
“Es bastante importante que el progreso económico se haga, pero dentro del marco de un Estado de derecho”, enfatizó, “yo pienso que México va a desarrollarse para un Estado de derecho, pero es que necesita tiempo.
“Las leyes están ahí, es cuestión de que haya una implementación, haya un control, haya una confianza, pero no se hace de un día a otro, es algo de largo plazo.
“Ojalá que se pueda resolver, es muy triste ver este otro México, pero con el México positivo se puede cumplir, con más educación, con más respeto a los derechos humanos”.
La embajadora admitió que resolver la crisis es difícil, pero advirtió que impulsar la educación y combatir la desigualdad serían algunas de las claves.
Aplaude energética, pero sugiere transparencia
Desde la perspectiva de Noruega, un país con uno de los modelos energéticos más destacados del mundo, Merethe Nergaard celebró la reforma energética, pues podría traer cooperaciones más estrechas entre ambos países.
“Estamos muy impresionados por las reformas que han sido adoptadas durante este año, son muy ambiciosas y muy prometedoras y nos da mucho gusto que algunas ideas se han tomado de Noruega”, expuso la diplomática.
Sin embargo, la embajadora subrayó que es indispensable que las licitaciones sean transparentes y que los recursos obtenidos del petróleo se distribuyan de forma equitativa entre los ciudadanos, como fue el caso de su país.
“Ahora falta la implementación”, destacó, “para Noruega ha sido muy importante que los procesos sean transparentes, que no haya ninguna tolerancia para la corrupción. Y sería muy importante que las licitaciones se hagan de una manera muy transparente, que se sepa lo que se está haciendo.
“Y después, para los noruegos la producción petrolera ha sido de un gran beneficio para el pueblo, que los recursos sean repartidos después”.
Además del petróleo y gas, Nergaard ve importantes oportunidades de cooperación bilateral en cuestiones de energía renovable, informática, nanotecnología y asuntos marítimos.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PEDRO PABLO CORTÉS.
En entrevista con Reporte Indigo, Nergaard lamentó que la nación tuviese una crisis de derechos humanos, como la ocasionada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, mientras existe la promesa de que las reformas traerán prosperidad.
“Mi impresión de México es que hay dos Méxicos”, manifestó la diplomática, “es el México con mucha promesa, con muchas oportunidades, con muchos recursos, que ha hecho muchas reformas prometedoras, donde se podría hacer muchas cosas.
“Y ahora con la crisis que está pasando en el país, muy claramente el caso de Iguala, muestra otro México, un México muy complicado, con influencia del crimen organizado. Es una lástima, pero es un reto también.
“Es algo que México tendría que afrontar de una manera u otra, y yo creo que, con México, compartimos el deseo que haya un respeto de los derechos humanos”.
Nergaard indicó que el desarrollo económico que traigan consigo las reformas deben acompañarse dentro del respeto a la ley y a los derechos humanos.
“Es bastante importante que el progreso económico se haga, pero dentro del marco de un Estado de derecho”, enfatizó, “yo pienso que México va a desarrollarse para un Estado de derecho, pero es que necesita tiempo.
“Las leyes están ahí, es cuestión de que haya una implementación, haya un control, haya una confianza, pero no se hace de un día a otro, es algo de largo plazo.
“Ojalá que se pueda resolver, es muy triste ver este otro México, pero con el México positivo se puede cumplir, con más educación, con más respeto a los derechos humanos”.
La embajadora admitió que resolver la crisis es difícil, pero advirtió que impulsar la educación y combatir la desigualdad serían algunas de las claves.
Aplaude energética, pero sugiere transparencia
Desde la perspectiva de Noruega, un país con uno de los modelos energéticos más destacados del mundo, Merethe Nergaard celebró la reforma energética, pues podría traer cooperaciones más estrechas entre ambos países.
“Estamos muy impresionados por las reformas que han sido adoptadas durante este año, son muy ambiciosas y muy prometedoras y nos da mucho gusto que algunas ideas se han tomado de Noruega”, expuso la diplomática.
Sin embargo, la embajadora subrayó que es indispensable que las licitaciones sean transparentes y que los recursos obtenidos del petróleo se distribuyan de forma equitativa entre los ciudadanos, como fue el caso de su país.
“Ahora falta la implementación”, destacó, “para Noruega ha sido muy importante que los procesos sean transparentes, que no haya ninguna tolerancia para la corrupción. Y sería muy importante que las licitaciones se hagan de una manera muy transparente, que se sepa lo que se está haciendo.
“Y después, para los noruegos la producción petrolera ha sido de un gran beneficio para el pueblo, que los recursos sean repartidos después”.
Además del petróleo y gas, Nergaard ve importantes oportunidades de cooperación bilateral en cuestiones de energía renovable, informática, nanotecnología y asuntos marítimos.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PEDRO PABLO CORTÉS.
Meade se reúne con padre de Lawrence Maxwell, detenido el #20NovMx
El secretario de Relaciones Exteriores aseguró que Maxwell está recibiendo “toda la atención y todas las garantías de la justicia mexicana”.
Durante su visita a Chile, José Antonio Meade se reunió en privado con el padre del estudiante chileno Lawrence Maxwell Ilabaca, detenido durante los hechos violentos ocurridos en el Zócalo de la ciudad de México el 20 de noviembre, para informar sobre la situación jurídica y el procedimiento que se lleva a cabo.
Al respecto, en entrevista con los medios, el canciller aseguró que el estudiante chileno recibe la atención y las garantías de la justicia mexicana, con el apoyo “comprometido, puntual y cercano del gobierno chileno”.
Reconoció que para todos los gobiernos, el hecho de que uno de sus connacionales esté sujeto a proceso fuera de su país, es un tema importante.
En este caso, dijo, México está consciente de esa preocupación de Chile y por ello, “en un diálogo permanente con el canciller (de Chile), se han dado todas las posibilidades para que el gobierno chileno y sus instancias consulares estén en comunicación con su connacional”.
El secretario de Relaciones Exteriores explicó que el estudiante está sujeto a proceso frente a un juez que determinará dentro del plazo legal su situación.
Agregó que en todo caso, “hemos acordado mantener un diálogo permanente, constante, transparente y darle todo el apoyo al gobierno chileno, a través de su embajada y de sus estancias consulares, para que acompañe en este proceso”.
El joven se encuentra recluido en un penal de Veracruz acusado de motín, asociación delictuosa y tentativa de homicidio; sus compañeros de la UNAM denunciaron que se trató de una detención arbitraria
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Durante su visita a Chile, José Antonio Meade se reunió en privado con el padre del estudiante chileno Lawrence Maxwell Ilabaca, detenido durante los hechos violentos ocurridos en el Zócalo de la ciudad de México el 20 de noviembre, para informar sobre la situación jurídica y el procedimiento que se lleva a cabo.
Al respecto, en entrevista con los medios, el canciller aseguró que el estudiante chileno recibe la atención y las garantías de la justicia mexicana, con el apoyo “comprometido, puntual y cercano del gobierno chileno”.
Reconoció que para todos los gobiernos, el hecho de que uno de sus connacionales esté sujeto a proceso fuera de su país, es un tema importante.
En este caso, dijo, México está consciente de esa preocupación de Chile y por ello, “en un diálogo permanente con el canciller (de Chile), se han dado todas las posibilidades para que el gobierno chileno y sus instancias consulares estén en comunicación con su connacional”.
El secretario de Relaciones Exteriores explicó que el estudiante está sujeto a proceso frente a un juez que determinará dentro del plazo legal su situación.
Agregó que en todo caso, “hemos acordado mantener un diálogo permanente, constante, transparente y darle todo el apoyo al gobierno chileno, a través de su embajada y de sus estancias consulares, para que acompañe en este proceso”.
El joven se encuentra recluido en un penal de Veracruz acusado de motín, asociación delictuosa y tentativa de homicidio; sus compañeros de la UNAM denunciaron que se trató de una detención arbitraria
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Más fosas en Iguala
Sin la ayuda del gobierno, familiares de desaparecidos desde hace años encontraron restos óseos en el municipio de Iguala, Guerrero.
Personas que desde hace varios años tienen a algún familiar desaparecido, apoyados por miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), localizaron ayer siete fosas clandestinas en un sitio conocido como La Laguna, en Iguala.
Según reportó Reforma, en dichas fosas se encontraron huesos y cráneos, aunque aún falta que peritos forenses determinen si los restos hallados son humanos.
Dado que el descubrimiento se realizó sin el apoyo de autoridades y expertos forenses, los familiares de personas desaparecidas solamente marcaron con banderines los puntos donde se encontraron los restos.
Se espera que la Procuraduría General de la República (PGR) acepte la propuesta de la UPOEG para llevar a cabo las labores de exhumación de las fosas.
La UPOEG acordó realizar en los cerros de Iguala una segunda etapa de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas, a petición de familiares de las víctimas.
No solo Ayotzinapa
Según Bruno Plácido Valerio, integrante de la Unión, estos trabajos de búsqueda no son solamente para localizar a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, sino también a otras personas desaparecidas desde hace años, informó el diario.
Asimismo, Valerio afirmó que la organización Ciencia Forense Ciudadana va a apoyar con equipo técnico para la identificación del ADN de los cuerpos que encuentren en fosas clandestinas.
De acuerdo con la organización forense civil, hasta el momento unas 150 personas han acudido para entregar información y hacerse pruebas de ADN con el objetivo de hallar a sus familiares, reportó El Universal.
Según el testimonio de un vecino de la localidad citado por Milenio, “los mañosos venían a diario a tirar sus cadáveres, a veces en carros, o hasta en motos”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
Personas que desde hace varios años tienen a algún familiar desaparecido, apoyados por miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), localizaron ayer siete fosas clandestinas en un sitio conocido como La Laguna, en Iguala.
Según reportó Reforma, en dichas fosas se encontraron huesos y cráneos, aunque aún falta que peritos forenses determinen si los restos hallados son humanos.
Dado que el descubrimiento se realizó sin el apoyo de autoridades y expertos forenses, los familiares de personas desaparecidas solamente marcaron con banderines los puntos donde se encontraron los restos.
Se espera que la Procuraduría General de la República (PGR) acepte la propuesta de la UPOEG para llevar a cabo las labores de exhumación de las fosas.
La UPOEG acordó realizar en los cerros de Iguala una segunda etapa de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas, a petición de familiares de las víctimas.
No solo Ayotzinapa
Según Bruno Plácido Valerio, integrante de la Unión, estos trabajos de búsqueda no son solamente para localizar a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, sino también a otras personas desaparecidas desde hace años, informó el diario.
Asimismo, Valerio afirmó que la organización Ciencia Forense Ciudadana va a apoyar con equipo técnico para la identificación del ADN de los cuerpos que encuentren en fosas clandestinas.
De acuerdo con la organización forense civil, hasta el momento unas 150 personas han acudido para entregar información y hacerse pruebas de ADN con el objetivo de hallar a sus familiares, reportó El Universal.
Según el testimonio de un vecino de la localidad citado por Milenio, “los mañosos venían a diario a tirar sus cadáveres, a veces en carros, o hasta en motos”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
Milicias Populares acusan a Peña de embestida contra manifestantes
MÉXICO, D.F: Las Milicias Populares “Basta Ya” (MPBY) que el pasado 6 de octubre irrumpieron en la escena pública con una condena por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, acusaron al gobierno de Enrique Peña Nieto de ‘infiltrar’ las manifestaciones y de orquestar una campaña de desprestigio en contra del movimiento social que apoya a los familiares de los normalistas.
En un comunicado y en un video entregado a esta agencia, el movimiento del que no se tenía mayor información hasta ahora, precisa que no proviene de ninguna otra agrupación guerrillera, como el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) o las Fuerzas Armadas Revolucionarias- Liberación del Pueblo (FAR-LP).
“Desde nuestra aparición se nos ha querido ligar o relacionar con otras organizaciones como el ERPI, el EZLN, el EPR y las FAR-LP, aclaramos no somos rama o parte de alguna de estas organizaciones u otra. Ni siquiera tenemos coordinación con ellas. El Estado mafioso intenta ocultar el accionar de nuestra organización y a la vez monta escenas vandálicas con agentes infiltrados para justificar la represión. Viola la autonomía universitaria buscando guerrilleros mientras niega nuestra existencia. Todo es parte de la guerra asimétrica, contrainsurgente, de cuarta generación, que tiene como ingrediente fundamental la manipulación propagandística”, sostiene.
Las Milicias Populares también hicieron llegar un video en el que aparecen tres de sus integrantes, los cuales se hacen llamar “Cecilia”, Rodolfo” y “Martín”. Los tres aparecen con el rostro cubierto, lo mismo que las manos y cualquier parte del cuerpo que los pudiese identificar. En el video, envían un mensaje en el que denuncian las acciones emprendidas por el gobierno de Peña en contra del movimiento social y de las nuevas agrupaciones guerrilleras.
En dicha grabación –la primera en la que se da a conocer una imagen suya– las MPBY reiteran su decisión por la lucha armada y acusan al gobierno federal de militarizar la vida nacional, criminalizar la protesta social para descalificarla y hacer uso de la infiltración de las manifestaciones y el uso de sicarios para reprimir el movimiento gestado en torno de los normalistas desaparecidos de la escuela rural de Ayotzinapa.
Las Milicias Populares vuelven a reivindicarse la explosión en la tienda Soriana ubicada en Valle de Aragón, municipio de Ecatepec, Estado de México, el pasado 12 de noviembre.
Hasta ahora, el grupo sedicioso sólo se había dado a conocer por dos comunicados difundidos el 6 y 10 de octubre último en el estado de Guerrero. En ambos reportes, acusan al Ejército de complicidad en el ataque y desaparición de los normalistas rurales y aseguran que esta acción muestra que el Estado mexicano “creó desarrolló y protege a su propia delincuencia organizada y la usa o desecha según sus propias necesidades económicas y políticas”.
En el nuevo comunicado y en el mensaje grabado que hicieron llegar a Apro, el nuevo grupo guerrillero sostiene que “ante el auge de la insurgencia cívica popular y la reorganización y surgimiento de nuevas organizaciones revolucionarias clandestinas el estado enfila toda su fuerza en varias direcciones”.
Entre ellas, señala, el “bombardeo mediático” con el que intenta “que la rebeldía de los de abajo adopte los puntos de vista de los de arriba”, al mismo tiempo que promueve la no violencia y el pacifismo a ultranza que la militarización, la infiltración y el uso de sicarios.
Señala sobre todo que se está haciendo uso de la “infiltración por lo cual el nuevo reto es “identificar a los agentes gubernamentales disfrazados de activistas”.
Con fecha del 20 de noviembre, el día que se realizaron diversas marchas en el extranjero y en varios estados del país exigiendo justicia para los 43 estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre, que en la ciudad de México terminó con la represión policiaca en el Zócalo tras la incitación de provocadores embozados, las milicias sostienen en sus partes informativos que estas “maniobras de infiltración han sido claves para dividir, encarcelar y cooptar al interior de diferentes organizaciones de masas y clandestinas”.
En este sentido, sostienen que esta estrategia de infiltración “busca anular la efectividad política de las organizaciones de abajo, busca justificar la represión, busca desprestigiar a las diferentes formas de lucha popular y en el caso actual busca mantener las protestas dentro de los límites controlables por el sistema y califican de provocadores a todos los que no se limitan a la protesta pacífica permitida y hacen eco de los argumentos exaltantes de un pacifismo y una violencia de los de abajo”.
Precisan en el comunicado: “Los infiltrados, existen y han existido, tanto en las organizaciones de masas, en los sindicatos, en el movimiento estudiantil, por ejemplo, Graco Ramírez, el gobernador perredista de Morelos fue infiltrado en el 68. Algunos son “rojísimos” y otros “nadan de muertito”. Las maniobras de infiltración han sido claves para dividir, encarcelar y cooptar al interior de diferentes organizaciones de masas y clandestinas.
“La infiltración busca anular la efectividad política de las organizaciones de abajo, busca justificar la represión, busca desprestigiar a las diferentes formas de lucha popular y en el caso actual busca mantener las protestas dentro de límites controlables por el sistema. El gobierno estadunidense pide calma y nos exhorta a los mexicanos a no violentarnos. La embestida de las televisoras contra la combatividad popular es infame”.
Recuerda la agrupación que tanto el primero de diciembre de 2012 cuando Peña Nieto tomó posesión, como el día de la quema de la puerta de Palacio Nacional “hubo agentes encubiertos y lo hicieron de manera notoria para luego, intentar hacer creer que la combatividad es indicadora de que se trata de infiltrados, provocadores y de esa manera sembrar desconfianza y desunión al interior de la insurgencia cívica-popular”.
El nuevo grupo guerrillero, que se suma a los cinco ya existentes en varias zonas del país, justifican la lucha armadas.
“La violencia desde abajo siempre ha sido respuesta necesaria cuando ya no queda de otra ante la violencia de los explotadores. Esta violencia no es un fin sino un medio, pasajero y que, dependiendo de la movilización popular organizada y combativa se convierte en un elemento menos importante aunque imprescindible en la resistencia anticapitalista”.
Limitarse a las vías electorales o legales, advierte, sólo beneficiaran a los grupos gobernante, empresariales y militares que han creado un “Estado mafioso”.
Finalmente hacen un llamado a la organización y rechazan la versión del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, de que los normalistas fueron incinerados por el crimen organizado.
“Quieren engatusarnos diciéndonos que los 43 desaparecidos son cenizas que el agua se llevó. Lo que en verdad buscan diluir es nuestra indignación. Estén donde estén mantengámoslos vivos, sigamos buscándolos, hagamos que nuestro dolor y coraje se vuelvan lucha organizada, no abandonemos la movilización combativa de masas. Es el momento de arrancarle al Estado la liberación de todos los presos políticos del país y el respeto a las distintas formas de autodefensa con que los pueblos decidan enfrentar a la delincuencia organizada de Estado”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
En un comunicado y en un video entregado a esta agencia, el movimiento del que no se tenía mayor información hasta ahora, precisa que no proviene de ninguna otra agrupación guerrillera, como el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) o las Fuerzas Armadas Revolucionarias- Liberación del Pueblo (FAR-LP).
“Desde nuestra aparición se nos ha querido ligar o relacionar con otras organizaciones como el ERPI, el EZLN, el EPR y las FAR-LP, aclaramos no somos rama o parte de alguna de estas organizaciones u otra. Ni siquiera tenemos coordinación con ellas. El Estado mafioso intenta ocultar el accionar de nuestra organización y a la vez monta escenas vandálicas con agentes infiltrados para justificar la represión. Viola la autonomía universitaria buscando guerrilleros mientras niega nuestra existencia. Todo es parte de la guerra asimétrica, contrainsurgente, de cuarta generación, que tiene como ingrediente fundamental la manipulación propagandística”, sostiene.
Las Milicias Populares también hicieron llegar un video en el que aparecen tres de sus integrantes, los cuales se hacen llamar “Cecilia”, Rodolfo” y “Martín”. Los tres aparecen con el rostro cubierto, lo mismo que las manos y cualquier parte del cuerpo que los pudiese identificar. En el video, envían un mensaje en el que denuncian las acciones emprendidas por el gobierno de Peña en contra del movimiento social y de las nuevas agrupaciones guerrilleras.
En dicha grabación –la primera en la que se da a conocer una imagen suya– las MPBY reiteran su decisión por la lucha armada y acusan al gobierno federal de militarizar la vida nacional, criminalizar la protesta social para descalificarla y hacer uso de la infiltración de las manifestaciones y el uso de sicarios para reprimir el movimiento gestado en torno de los normalistas desaparecidos de la escuela rural de Ayotzinapa.
Las Milicias Populares vuelven a reivindicarse la explosión en la tienda Soriana ubicada en Valle de Aragón, municipio de Ecatepec, Estado de México, el pasado 12 de noviembre.
Hasta ahora, el grupo sedicioso sólo se había dado a conocer por dos comunicados difundidos el 6 y 10 de octubre último en el estado de Guerrero. En ambos reportes, acusan al Ejército de complicidad en el ataque y desaparición de los normalistas rurales y aseguran que esta acción muestra que el Estado mexicano “creó desarrolló y protege a su propia delincuencia organizada y la usa o desecha según sus propias necesidades económicas y políticas”.
En el nuevo comunicado y en el mensaje grabado que hicieron llegar a Apro, el nuevo grupo guerrillero sostiene que “ante el auge de la insurgencia cívica popular y la reorganización y surgimiento de nuevas organizaciones revolucionarias clandestinas el estado enfila toda su fuerza en varias direcciones”.
Entre ellas, señala, el “bombardeo mediático” con el que intenta “que la rebeldía de los de abajo adopte los puntos de vista de los de arriba”, al mismo tiempo que promueve la no violencia y el pacifismo a ultranza que la militarización, la infiltración y el uso de sicarios.
Señala sobre todo que se está haciendo uso de la “infiltración por lo cual el nuevo reto es “identificar a los agentes gubernamentales disfrazados de activistas”.
Con fecha del 20 de noviembre, el día que se realizaron diversas marchas en el extranjero y en varios estados del país exigiendo justicia para los 43 estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre, que en la ciudad de México terminó con la represión policiaca en el Zócalo tras la incitación de provocadores embozados, las milicias sostienen en sus partes informativos que estas “maniobras de infiltración han sido claves para dividir, encarcelar y cooptar al interior de diferentes organizaciones de masas y clandestinas”.
En este sentido, sostienen que esta estrategia de infiltración “busca anular la efectividad política de las organizaciones de abajo, busca justificar la represión, busca desprestigiar a las diferentes formas de lucha popular y en el caso actual busca mantener las protestas dentro de los límites controlables por el sistema y califican de provocadores a todos los que no se limitan a la protesta pacífica permitida y hacen eco de los argumentos exaltantes de un pacifismo y una violencia de los de abajo”.
Precisan en el comunicado: “Los infiltrados, existen y han existido, tanto en las organizaciones de masas, en los sindicatos, en el movimiento estudiantil, por ejemplo, Graco Ramírez, el gobernador perredista de Morelos fue infiltrado en el 68. Algunos son “rojísimos” y otros “nadan de muertito”. Las maniobras de infiltración han sido claves para dividir, encarcelar y cooptar al interior de diferentes organizaciones de masas y clandestinas.
“La infiltración busca anular la efectividad política de las organizaciones de abajo, busca justificar la represión, busca desprestigiar a las diferentes formas de lucha popular y en el caso actual busca mantener las protestas dentro de límites controlables por el sistema. El gobierno estadunidense pide calma y nos exhorta a los mexicanos a no violentarnos. La embestida de las televisoras contra la combatividad popular es infame”.
Recuerda la agrupación que tanto el primero de diciembre de 2012 cuando Peña Nieto tomó posesión, como el día de la quema de la puerta de Palacio Nacional “hubo agentes encubiertos y lo hicieron de manera notoria para luego, intentar hacer creer que la combatividad es indicadora de que se trata de infiltrados, provocadores y de esa manera sembrar desconfianza y desunión al interior de la insurgencia cívica-popular”.
El nuevo grupo guerrillero, que se suma a los cinco ya existentes en varias zonas del país, justifican la lucha armadas.
“La violencia desde abajo siempre ha sido respuesta necesaria cuando ya no queda de otra ante la violencia de los explotadores. Esta violencia no es un fin sino un medio, pasajero y que, dependiendo de la movilización popular organizada y combativa se convierte en un elemento menos importante aunque imprescindible en la resistencia anticapitalista”.
Limitarse a las vías electorales o legales, advierte, sólo beneficiaran a los grupos gobernante, empresariales y militares que han creado un “Estado mafioso”.
Finalmente hacen un llamado a la organización y rechazan la versión del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, de que los normalistas fueron incinerados por el crimen organizado.
“Quieren engatusarnos diciéndonos que los 43 desaparecidos son cenizas que el agua se llevó. Lo que en verdad buscan diluir es nuestra indignación. Estén donde estén mantengámoslos vivos, sigamos buscándolos, hagamos que nuestro dolor y coraje se vuelvan lucha organizada, no abandonemos la movilización combativa de masas. Es el momento de arrancarle al Estado la liberación de todos los presos políticos del país y el respeto a las distintas formas de autodefensa con que los pueblos decidan enfrentar a la delincuencia organizada de Estado”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
La ley y el orden de Peña Nieto
MÉXICO, D.F: Cuando el presidente Enrique Peña Nieto, arropado por militares, habló el jueves de ley y orden, anticipó lo que horas después ocurriría en el Zócalo de la Ciudad de México: una cargada de la Policía Federal y del DF, propiciada por encapuchados, al final de la manifestación pacífica por la presentación de los 43 normalistas detenidos desaparecidos de Ayotzinapa.
“Lo que los mexicanos demandan es que la ley se cumpla (y) que prevalezca el orden”, dijo Peña en un elogioso discurso a las Fuerzas Armadas en el campo militar Marte, en donde tuvo que celebrar el CIV aniversario de la Revolución Mexicana porque el Zócalo de la ciudad de México esperaba la llegada, como fue, de miles de personas que le exigen a su gobierno la presentación con vida de los estudiantes.
Aunque dijo que rechazaba la violencia cualquiera que fuera su origen, la arremetida policial, que dejó numerosos heridos, entre ellos el fotoreportero de la revista Proceso Eduardo Miranda, así como decenas de detenciones arbitrarias, exhibirá más la incapacidad de su gobierno para enfrentar la crisis humanitaria en la que está sumido el país.
Si lo que se pretendía con el operativo iniciado por los encapuchados al final de la manifestación era vincular con la violencia a quienes exigen la presentación con vida de los normalistas, lo único que logró fue evidenciar ante el mundo la agudización de la crisis porque esta manifestación, que confluyó desde tres puntos de la ciudad y después de una jornada mundial de solidaridad, era seguida puntualmente por la prensa internacional.
Son casi ya dos meses desde que agentes del Estado mexicano, representado por policías municipales de Iguala y Cocula, Guerrero, desaparecieron a los estudiantes, supuestamente con el apoyo de un grupo de delincuencia organizada. La indignación no cesa, ni en México ni en el mundo, y la violencia policial la exacerba aún más.
Los anarquistas deben estar también indignados por la usurpación, pues en las redes sociales circularon imágenes de encapuchados en camiones militares o conversando con policías del Distrito Federal, en donde el jefe de Gobierno, el expolicía Miguel Ángel Mancera, no representa ninguna diferencia de fondo respecto del gobierno federal.
Después de la quema de la puerta del Palacio Nacional, el pasado día 9, también al final de una manifestación pacífica por Ayotzinapa, Peña Nieto ha centrado su discurso en la violencia, que le ha servido de pretexto para sugerir, incluso, que hay un intento de desestabilizar a su gobierno.
El presidente se victimiza y advierte también que hay un propósito de “atentar contra las instituciones”, como dijo en su discurso ante los militares. Lo que hay detrás es una justificación del uso de la fuerza.
Es lo peor que puede hacer, fiscalizado como está por la comunidad internacional, ante la exigencia de esclarecer de forma fehaciente lo ocurrido con los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
Una respuesta tan extraviada como su decisión de romper lanzas a favor del Ejército ante las críticas, también mundiales, por la ejecución sumaria de presuntos delincuentes por parte de efectivos militares en Tlatlaya, Estado de México, y que es otra de las expresiones de la crisis humanitaria que tiene en la incertidumbre a México.
Aunque se ha dicho que Ayotzinapa es una reedición de la masacre de Tlatelolco, una respuesta autoritaria como la que ocurrió en 1968 sería la más grave torpeza política desde entonces, pues condenaría por siempre a su gobierno, que de por sí parece en picada apenas transcurrido su primer tercio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
“Lo que los mexicanos demandan es que la ley se cumpla (y) que prevalezca el orden”, dijo Peña en un elogioso discurso a las Fuerzas Armadas en el campo militar Marte, en donde tuvo que celebrar el CIV aniversario de la Revolución Mexicana porque el Zócalo de la ciudad de México esperaba la llegada, como fue, de miles de personas que le exigen a su gobierno la presentación con vida de los estudiantes.
Aunque dijo que rechazaba la violencia cualquiera que fuera su origen, la arremetida policial, que dejó numerosos heridos, entre ellos el fotoreportero de la revista Proceso Eduardo Miranda, así como decenas de detenciones arbitrarias, exhibirá más la incapacidad de su gobierno para enfrentar la crisis humanitaria en la que está sumido el país.
Si lo que se pretendía con el operativo iniciado por los encapuchados al final de la manifestación era vincular con la violencia a quienes exigen la presentación con vida de los normalistas, lo único que logró fue evidenciar ante el mundo la agudización de la crisis porque esta manifestación, que confluyó desde tres puntos de la ciudad y después de una jornada mundial de solidaridad, era seguida puntualmente por la prensa internacional.
Son casi ya dos meses desde que agentes del Estado mexicano, representado por policías municipales de Iguala y Cocula, Guerrero, desaparecieron a los estudiantes, supuestamente con el apoyo de un grupo de delincuencia organizada. La indignación no cesa, ni en México ni en el mundo, y la violencia policial la exacerba aún más.
Los anarquistas deben estar también indignados por la usurpación, pues en las redes sociales circularon imágenes de encapuchados en camiones militares o conversando con policías del Distrito Federal, en donde el jefe de Gobierno, el expolicía Miguel Ángel Mancera, no representa ninguna diferencia de fondo respecto del gobierno federal.
Después de la quema de la puerta del Palacio Nacional, el pasado día 9, también al final de una manifestación pacífica por Ayotzinapa, Peña Nieto ha centrado su discurso en la violencia, que le ha servido de pretexto para sugerir, incluso, que hay un intento de desestabilizar a su gobierno.
El presidente se victimiza y advierte también que hay un propósito de “atentar contra las instituciones”, como dijo en su discurso ante los militares. Lo que hay detrás es una justificación del uso de la fuerza.
Es lo peor que puede hacer, fiscalizado como está por la comunidad internacional, ante la exigencia de esclarecer de forma fehaciente lo ocurrido con los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
Una respuesta tan extraviada como su decisión de romper lanzas a favor del Ejército ante las críticas, también mundiales, por la ejecución sumaria de presuntos delincuentes por parte de efectivos militares en Tlatlaya, Estado de México, y que es otra de las expresiones de la crisis humanitaria que tiene en la incertidumbre a México.
Aunque se ha dicho que Ayotzinapa es una reedición de la masacre de Tlatelolco, una respuesta autoritaria como la que ocurrió en 1968 sería la más grave torpeza política desde entonces, pues condenaría por siempre a su gobierno, que de por sí parece en picada apenas transcurrido su primer tercio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
Un estudiante chileno, entre los 11 detenidos del #20NovMx; exigen su liberación
MÉXICO, D.F: El músico y escritor chileno Lawrence Maxwell Ilabaca, de 47 años, es el único extranjero de los 11 detenidos tras las manifestaciones del pasado jueves 20 de noviembre en el Zócalo, quienes fueron trasladados a penales de Veracruz y Nayarit.
Según el portal chileno Cooperativa, Ilabaca estudia un doctorado en Letras en la UNAM y tras su detención quedó a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR).
Las autoridades mexicanas señalaron que el chileno fue uno de los “más violentos” durante los incidentes, lo cual fue refutado en distintas redes sociales por amigos y políticos que han dado su apoyo al músico y buscan conocer más detalles de su paradero y las pruebas en su contra.
En octubre de 2003 Maxwell Ilabaca obtuvo una beca como escritor novel, como autor de “Daño Estructural”, libro que fue editado en 2005 en Chile.
La PGR lo investiga junto con otros 10 detenidos por asociación delictuosa, tentativa de homicidio y motín, aunque por el momento no hay reportes sobre su estado físico.
Este sábado el canciller chileno Heraldo Muñoz afirmó que Maxwell Ilabaca no tuvo participación alguna en los enfrentamientos entre manifestantes y policías antimotines en al Zócalo.
El chileno sostuvo que efectivamente fue a la marcha, en bicicleta, pero negó haber participado en los choques que desataron los policías, según publica el diario La Jornada.
Muñoz indicó que el cónsul de Chile estaba con este detenido para prestarle el apoyo que se le brinda a cualquier chileno que está en dificultades en el exterior. A través de nuestra dirección consular y hemos estado en contacto desde el momento mismo de la detención.
En un video publicado en YouTube, el Comité de Enlace de la Asamblea General de Posgrado de la UNAM asegura que Maxwell se encontraba en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución cuando fue detenido y golpeado “en circunstancias irregulares”, pero que no participó en los hechos ya que sólo iba como observador.
Aproximadamente 80 personas se manifestaron frente a la Embajada de México en Santiago para exigir la liberación del escritor y músico.
La Embajada de México en Chile dijo que los 11 detenidos gozan de las garantías que la ley mexicana otorga a toda persona sujeta a proceso jurídico, e indicó que las autoridades consulares chilenas fueron debidamente notificadas de la detención de un ciudadano de ese país.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Según el portal chileno Cooperativa, Ilabaca estudia un doctorado en Letras en la UNAM y tras su detención quedó a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR).
Las autoridades mexicanas señalaron que el chileno fue uno de los “más violentos” durante los incidentes, lo cual fue refutado en distintas redes sociales por amigos y políticos que han dado su apoyo al músico y buscan conocer más detalles de su paradero y las pruebas en su contra.
En octubre de 2003 Maxwell Ilabaca obtuvo una beca como escritor novel, como autor de “Daño Estructural”, libro que fue editado en 2005 en Chile.
La PGR lo investiga junto con otros 10 detenidos por asociación delictuosa, tentativa de homicidio y motín, aunque por el momento no hay reportes sobre su estado físico.
Este sábado el canciller chileno Heraldo Muñoz afirmó que Maxwell Ilabaca no tuvo participación alguna en los enfrentamientos entre manifestantes y policías antimotines en al Zócalo.
El chileno sostuvo que efectivamente fue a la marcha, en bicicleta, pero negó haber participado en los choques que desataron los policías, según publica el diario La Jornada.
Muñoz indicó que el cónsul de Chile estaba con este detenido para prestarle el apoyo que se le brinda a cualquier chileno que está en dificultades en el exterior. A través de nuestra dirección consular y hemos estado en contacto desde el momento mismo de la detención.
En un video publicado en YouTube, el Comité de Enlace de la Asamblea General de Posgrado de la UNAM asegura que Maxwell se encontraba en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución cuando fue detenido y golpeado “en circunstancias irregulares”, pero que no participó en los hechos ya que sólo iba como observador.
Aproximadamente 80 personas se manifestaron frente a la Embajada de México en Santiago para exigir la liberación del escritor y músico.
La Embajada de México en Chile dijo que los 11 detenidos gozan de las garantías que la ley mexicana otorga a toda persona sujeta a proceso jurídico, e indicó que las autoridades consulares chilenas fueron debidamente notificadas de la detención de un ciudadano de ese país.
FUENTE: PROCESO.
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