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Nuevo grito en Reforma: “¡Alto a la represión, nos faltan 43 y ahora 11!”

Eran 43 y ahora ya son 11 más, los primeros desaparecidos y estos últimos en prisión por protestar por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Y un nuevo grito recorrió la avenida Reforma: “¡Alto a la represión, nos faltan 43 y ahora 11!” Un nuevo grito acompañado de otro ya conocido desde hace casi dos meses: “¡Fuera Peña Nieto!”

Tales eran las demandas de cientos de personas,  jóvenes en su mayoría, que marcharon el martes 25 del Ángel de la Independencia al Zócalo, en demanda de la liberación de los 11 detenidos el pasado jueves 20 durante los disturbios del Zócalo.

El contingente estaba integrado por familiares de los detenidos y también por profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación(CNTE), estudiantes de instituciones de educación media superior y superior e integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil.

En su trayecto, la marcha se detuvo durante varios minutos frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), sobre Paseo de la Reforma para exigir la liberación de los presos políticos, entre los cuales están los 11 jóvenes detenidos el pasado 20 de noviembre.

“Queremos hacer presión, que no se olvide el caso de nuestros muchachos, porque el sábado ya es la resolución y la verdad sí tenemos miedo de lo que pudiera pasar”, comentó Edith Rojas, madre de Tania Ivonne Damián Rojas.

Agregó que las tres mujeres consignadas en el penal de Nayarit decidieron quedarse con su defensor de oficio.

Margarita Hernández, tía de Hugo Bautista, se dijo decepcionada de las autoridades mexicanas por detener a estudiantes.

“Yo creo que lo hicieron para que ya no protestemos”, consideró.

Detrás de los familiares se colocaron estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, quienes portaban una lona que dice “43 + 11 justicia libertad”.

“Nos están tratando de restar fuerza a nosotros que como estudiantes luchando por la presentación con vida de nuestros compañeros“, comentó Omar García, de la Normal Raul Isidro Burgos.

Criticó que a jóvenes estudiantes los trasladen a cárceles de máxima seguridad, cuando la esposa de José Luis Abarca, ex Edil de Iguala, sólo fue arraigada.

Agregó que el Estado está apostando a desgastar sus protestas, pero en lugar de ello ha generado más movilizaciones.

En la marcha también se encuentra la madre de Bryan Reyes, quien fue detenido junto con su novia por policías federales vestidos de civil.

Los 11 detenidos son acusados de asociación delictuosa, motín y tentativa de homicidio y están encarcelados en penales de Nayarit y Veracruz.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“El partido se ha ido diluyendo”, advirtió Cárdenas, en su último llamado

Antes de presentar su renuncia, el 25 de noviembre, envió una carta en la que señaló que el PRD está "en una grave situación de postración y agotamiento... a punto de disolverse".

Antes de renunciar, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas advirtió a la dirigencia del PRD: “El partido se ha ido diluyendo”.

Aseveró que el PRD se encuentra “en una grave situación de postración y agotamiento, como nunca antes… está a punto de disolverse o de quedar como una simple franquicia político-electoral, subordinada a intereses ajenos a los de su amplia base militante…”.

“Ante la pérdida de credibilidad de la organización, las representaciones del partido pierden fuerza como soportes efectivos de los sistemas representativos constitucionales. La arbitrariedad que ha significado la substitución de los cuerpos colegiados por acuerdos de cúpulas en la toma de decisiones, ha cancelado la vigencia de las normas estatutarias y anulado la capacidad de acción de las minorías, así como la posibilidad de ejercer contrapesos”, sostuvo.


Y pidió la renuncia de la dirigencia actual del partido, lo que no fue aceptado.

CARTA.pdf by Aristegui Noticias:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Las multas inútiles

El exdirector de Construcción de Proyecto Metro recibió una sanción histórica de 5 mil 598 millones de pesos. Sin embargo, de 2000 a 2011 la Contraloría del GDF solo pudo recuperar 1 millón 165 mil pesos en castigos económicos similares. ¿Pasará igual con la Línea Dorada?

La sanción impuesta por la Contraloría General del Distrito Federal (CGDF) al exdirector de Construcción de Obra Civil de Proyecto Metro, Moisés Guerrero Ponce, es casi el monto acumulado en 11 años de penalidades económicas a diversos servidores públicos.

Por el caso de las irregularidades en la Línea 12 del Metro, el funcionario acumuló cuatro inhabilitaciones y tres multas que suman 5 mil 598 millones 087 mil 628 pesos. Las sanciones económicas impuestas por la CGDF a diversos funcionarios en el periodo 2000 a 2011 suman 5 mil 938 millones 195 mil 499 pesos.

De acuerdo con documentos de la Contraloría General del Distrito Federal en esos 11 años, se impusieron 7 mil 529 sanciones administrativas a funcionarios. De esas, 721 fueron económicas y acumularon un monto de 5 mil 938 millones 195 mil 499 pesos.

Sin embargo, la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal informó que de ese total tan solo se ha pagado un millón 165 mil pesos; 77 millones son decretados como “incobrables” y el resto sigue sin pagarse.

Las multas de Moisés Guerrero Ponce suman
> 5,598,087,628 pesos

De 2000 a 2011 la contraloría aplicó multas por
> 5,938,195,499 pesos

De ese monto la contraloría capitalina solo ha cobrado
> 1,165,000 pesos

Multan a 38 exfuncionarios

Enrique Horcasitas Manjarrez fue inhabilitado por 20 años en la primera fase de las sanciones. En esta ocasión se le agregaron tres años más. 

En septiembre de este año, cuando se dieron a conocer los resultados de la primera fase de la investigación en torno a la Línea Dorada, la Contraloría General capitalina convocó a los medios y detalló la lista de inhabilitados.

En esa ocasión, la información de la sanción tocó a 33 exfuncionarios del GDF por diversas anomalías encontradas durante su participación en la Línea 12.

El exdirector de Proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez, uno de los funcionarios cercanos al exjefe de Gobierno Marcelo Ebrard, fue inhabilitado por 20 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en la administración pública. En estas nuevas sanciones se le acumularon tres años más.

El anuncio de hace dos meses encendió la mecha del conflicto entre el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera y su antecesor, Marcelo Ebrard, quien lo retó a debatir públicamente respecto a la problemática de Línea 12. Ebrard invitó a Mancera para que, en caso de tener pruebas, lo acusara de corrupción.

Ahora, convaleciente de la operación a corazón abierto a la que se sometió hace algunas semanas, el jefe de Gobierno del DF no fue quien dio el anuncio de las nuevas sanciones. 

La responsabilidad recayó en el contralor general capitalino, Hiram Almeida, quien el lunes difundió un boletín con los resultados de la segunda fase de la investigación de la Línea 12, en la que se impuso 55 sanciones a 38 personas.

El monto total de las penalizaciones alcanzaron los 22 mil 504 millones 304 mil pesos.

Los recursos de una multa millonaria

El exdirector de Obras Civiles de Proyecto Metro, Moisés Guerrero Ponce, tiene opciones legales para evitar la millonaria sanción impuesta por la Contraloría.

De acuerdo a un experto de la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien prefiere omitir su nombre, este podría ser el procedimiento:

1. Moisés Guerrero Ponce podrá interponer un recurso de inconformidad por la desproporcionada cantidad impuesta por la Contraloría.

2. De proceder dicho recurso, la Contraloría General podría revocar dicha sanción y fijar una distinta.

3. La Procuraduría Fiscal podría recurrir entonces al procedimiento de embargo de algunos bienes que le pertenezcan al exdirector de Obras Civiles de Proyecto Metro.

4. Guerrero Ponce podría recurrir al Tribunal de los Contencioso y Administrativo para interponer un juicio de nulidad contra esa resolución.

5. Mientras el exfuncionario acreedor de la sanción y la Procuraduría Fiscal interponen recursos, la sanción podría prescribir si los tiempos que marca la ley ya transcurrieron.

6. Para evitar que la sanción prescriba, la Contraloría General del DF -de manera vinculante- dio vista de su caso a la PGJDF por presumir que existen elementos de que se cometió delito.

7. De manera paralela el exservidor público tendrá que desahogar el procedimiento de la sanción económica y además, el proceso penal que la Procuraduría local inicie.

Sin avances en la PGJ

Desde la primera fase de investigación cuando se dieron a conocer a los funcionarios inhabilitados, la Contraloría General del DF turnó 15 expedientes a la PGJDF por presumir que existían elementos constitutivos de un delito.

Sin embargo, a dos meses y medio de las sanciones, la Procuraduría General de Justicia capitalina que encabeza, Rodolfo Ríos, no ha hecho público ningún avance de la investigación que involucra a exfuncionarios, muchos con especialidad en ingeniería, que colaboraron con Enrique Horcasitas al frente de Proyecto Metro.

Moisés Guerrero Ponce, ya había aparecido en la primera lista de funcionarios sancionados e inhabilitados por su participación en el proceso de construcción de la llamada Línea Dorada.

En la primera fase, a Guerrero Ponce se le responsabilizó de elaborar convenios oficiales que carecen de las firmas correspondientes, también de haber autorizados pagos indebidos.


En su calidad de director de construcción de obras civiles, Guerrero Ponce encabezó las reuniones con el Consorcio Constructor Línea 12 integrado por ICA, CARSO y ALSTOM, en el que se discutió los adeudos por obra ejecutada no pagada que culminaron en la millonaria demanda que dichas firmas interpusieron contra el Gobierno del Distrito Federal.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.

El acuerdo no llega

El esperado regreso a clases no fue tratado en la mesa de diálogo porque la carta compromiso que firmaría ayer el nuevo director del IPN fue motivo de discordia.

Dicen los politécnicos que siempre no. Que con una “comunicación trunca” no se puede llegar a un acuerdo para terminar con el paro.

Se suponía que ayer representantes del Gobierno federal y de la Asamblea General Politécnica (AGP) suscribirían ocho acuerdos para dar fin al conflicto en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Sin embargo, una carta compromiso que plantearon los alumnos al nuevo director del IPN, Enrique Fernández, fue motivo de discordia y se suspendió la séptima mesa de diálogo.

Y es que el documento, entregado el lunes por la noche a Fernández, presentaba ayer diversas modificaciones hechas por los estudiantes.

La carta, de cuatro cuartillas, incluye entre otros temas la permanencia del director IPN designado por el presidente Enrique Peña Nieto mientras el Congreso y la comunidad estudiantil eligen a un nuevo representante, así como el incremento del presupuesto de la institución.

Fernández no firmó la nueva carta, y leyó su propuesta de documento. Por lo que, al encontrar diferencias entre la suya y la de los alumnos, las comitivas decidieron redactar un documento con el que ambas partes estén de acuerdo.

Fecha pendiente

Como los acuerdos no se concretaron, no pudo determinar la fecha de regreso a clases.

El propio Fernández advirtió ayer que se agota el tiempo para salvar el semestre; sin embargo, la AGP no está dispuesta a ceder si no se cumplen por completo sus demandas.

Entre lo ya pactado destaca que no habrá represalias para los estudiantes y la exhibición pública de documentos oficiales sobre las remuneraciones a los exdirectores de la institución educativa.


Se acordó también que el Ejecutivo federal deberá incluir en la iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 un incremento sustancial en el gasto para educación pública, ciencia, tecnología e innovación con relación al ejercicio fiscal 2014.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

Tardía renuncia de Cárdenas; PRD, reedición del PRI: Garavito

Rosa Albina Garavito, quien renunció en 2008 al partido, dijo que éste “hace mucho tiempo se convirtió en franquicia electoral”.

La renuncia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas al PRD es intrascendente por tardía, ya que desde hace años el partido se volvió una reedición del PRI, consideró Rosa Albina Garavito, fundadora del PRD.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, Garavito consideró que lamenta la larguísima tardanza de Cárdenas en renunciar al partido y que ahora seguiremos siendo testigos del declive del partido.

Aseveró que el PRD se convirtió en una reedición del PRI, y estamos viendo la destrucción del partido. Por lo que con Cárdenas o sin él, ese partido sigue desbarrancando.

La fundadora del partido afirmó que Cárdenas fue clave para este país y para abrir la puerta a la democracia pero se tardó mucho en irse del PRD, partido que “hace mucho tiempo se convirtió en franquicia electoral”.

Subrayó que el partido atropelló valores para la convivencia democrática; e indicó que la profunda crisis que vive hoy el país se explica en buena parte por la ausencia de la izquierda.

En el PRD prefirieron mantenerse atrincherados pero se llegó demasiado lejos, y por ello estamos ante la extinción de un partido como instrumento representativo, dijo Garavito.


Comentó que en términos electorales, en 2015, ”vamos a ver lo que significa participar sin los llamados liderazgos morales, algún efecto tendrá en las elecciones”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

La otra casa de Grupo Higa, al servicio de EPN, en Las Lomas

Un nuevo vínculo entre Grupo Higa y Peña Nieto sale a la luz.

A raíz de la difusión del reportaje sobre “La Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, en este sitio, vecinos de las Lomas de Chapultepec entregaron documentos y testimonios sobre otra residencia relacionada al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de Grupo Higa, y que fue utilizada por el hoy presidente durante la precampaña, campaña y periodo de transición, en 2012.

Se trata de otra propiedad de Grupo Higa usada por Peña Nieto y resguardada por el Estado Mayor Presidencial, al mismo tiempo que otra filial de Grupo Higa financiaba y construía la llamada Casa Blanca, ubicada en Sierra Gorda 150, a gusto del presidente y su esposa.

Esta es la historia, la historia de otra casa en Las Lomas de Chapultepec vinculada a Juan Armando Hinojosa Cantú y relacionada con Enrique Peña Nieto.

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Desde el año 2012, vecinos de las Lomas de Chapultepec se percataron de los operativos de seguridad en torno a una residencia que era usada como oficinas, sin que sus dueños contaran con el correspondiente permiso de uso de suelo.

A esa residencia primero acudían escoltas y después del 1 de julio, comenzaron a llegar miembros del Estado Mayor Presidencial, debido a la presencia de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con documentos notariales obtenidos por los vecinos, esa casa pertenece a una empresa llamada Inmobiliaria Bicentenario.

Los mismos integrantes del comité vecinal de las Lomas de Chapultepec consiguieron el acta constitutiva de esa inmobiliaria en la cual consta que el dueño es Juan Armando Hinjosa Cantú, el mismo que encabeza el Grupo Higa.

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Desde diciembre del año  2011, una vecina identificada como @polgui7 en la red social Twitter, protestó por la presencia de escoltas de EPN. En una parte de su mensaje escribió lo siguiente:

“Querido vecino EPN ¿en verdad tienen que estar tus escoltas en mi puerta? Ahora solo espero que no dejen basura”.

En 2014, otro vecino identificado @fedecast, esribió: “¿saben por qué no hay ecoparq (en esa esquina)? Yo si…..es casa de epn y como buen político no cumple la ley”.

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Ante la investigación de la Casa Blanca de Peña Nieto y Rivera, el comité vecinal entregó un expediente en el cual aparecen actas notariadas de la constitución de Inmobiliaria Bicenternario, de la compra-venta de la casa, así como de los trámites para un cambio de uso de suelo hechos ante el gobierno del Distrito Federal.

Con la información proporcionada por los vecinos, el pasado miércoles 19 de noviembre, Carmen Aristegui preguntó en Noticias MVS al vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, si tenían información respecto a la presencia de Enrique Peña Nieto en una residencia de las Lomas de Chapultepec, diferente a la Casa Blanca ubicada en la calle de Sierra Gorda 150.

-Te pregunto si tienes información de que el Presidente de la República haya hecho uso, haga uso o haya hecho uso como candidato, como presidente o como precandidato de alguna propiedad de Grupo Higa.

-Desconozco los titulares de las propiedades que han sido utilizadas por el candidato Peña Nieto, pero con mucho gusto busco la información y te la hago llegar encantado de la vida-, respondió el vocero.

La respuesta de Los Pinos, entregada por escrito a MVS, es la siguiente:

“El señor Presidente de la República en la época de transición, es decir, durante el periodo en que fue declarado presidente electo y la fecha de su toma de posesión, utilizó una casa que le facilitaba el licenciado Humberto Castillejos Cervantes, con el propósito de sostener reuniones privadas. Cabe señalar que este inmueble fue rentado por el licenciado Castillejos, desde el año 2011 y hasta este fecha en la que su contrato sigue vigente con una empresa del señor Hinojosa.

“Por otro lado, es importante precisar que durante la época que fue precandidato y candidato, también acudió ocasionalmente a realizar actividades privadas y algunas entrevistas en ese lugar.

Como Presidente de la República, no hizo uso de este domicilio…”

Humberto Castillejos Cervantes, es el actual consejero jurídico de la Presidencia. Y formó parte de su equipo de transición, en 2012. El 4 de septiembre de aquel año, Peña Nieto anunció a los integrantes que lo acompañarían en los meses previos a tomar protesta:

“Dentro del área asignada al doctor Luis Videgaray, estarán en distintas tareas las siguientes personas: como secretario técnico, el maestro Alejandro Nieto Henríquez, y como asesor técnico, Humberto Castillejo Cervantes”.

En la respuesta enviada a este medio, Presidencia solicitó que la dirección de la residencia no se difundiera, citando la ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares.

Esta residencia se encuentra a unos 2 kilómetros de Sierra Gorda 150 y a unas calles de la representación del gobierno del estado de méxico, en el distrito federal.

La casa propiedad de Hinojosa Cantú que usó Peña Nieto en el año 2012, no aparece en los registros públicos del extinto Instituto Federal Electoral como gasto de campaña ya sea como un inmueble arrendado o, en su caso, como una donación en especie.

Por otra parte, tampoco fue inscrita en los gastos de transición presidencial  difundidos en internet por el Instituto Federal de Acceso a la Información y protección de datos personales (Ifai)

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La residencia pertenece, desde 2007, a la empresa “Inmobiliaria Bicentenario SA de CV”, propiedad de Hinojosa Cantú, y continúa  a  su nombre, de acuerdo con documentos del registro público de la propiedad, consultados el pasado 19 de noviembre.

El presidente Peña Nieto utilizó esta otra casa en Lomas de Chapultepec propiedad del contratista, al mismo tiempo que otra de sus compañías construía la casa de Sierra Gorda 150.

“Efectivamente, conocí al ingeniero Juan Armando Hinojosa, como he conocido a muchos otros empresarios, profesionistas, artistas y otras personas… Por las actividades inmobiliarias a las que se dedica, le comenté que quería adquirir un terreno y construir una casa. Acordamos que una de sus inmobiliarias adquiriera un terreno y construyera la casa a mi gusto y con el arquitecto que de mi elección… Yo me comprometí a que una vez que se terminara la construcción de la casa, celebraríamos un contrato de compra venta…”, detalló Angélica Rivera.

La Presidencia informó que Peña nieto utilizó ocasionalmente esta nueva residencia para “actividades prvadas y algunas entrevistas” durante el año 2012.

No obstante, en diarios de circulación nacional, los reporteros asignados a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, la identificaron como una  oficina alterna del candidato de la alianza compromiso por méxico conformada por el PRI y el Partido Verde Ecologista.

El 16 de febrero, el diario Reforma, consignó lo siguiente:

“El abanderado priista no acudió a sus oficinas del Comité Ejecutivo Nacional, ya que se concentró en las oficinas habilitadas, en las Lomas de Chapultepec…”.

El 25 de septiembre, siendo ya presidente electo, Peña también asistió a esta residencia después de reunirse con ciudadanos en un evento sobre discapacidad.

El periódico Reforma consignó:

“Para su traslado utilizó una comitiva de seis camionetas negras, una ambulancia y seis motocicletas que le abrieron paso. El domicilio fue resguardado hasta con canes adiestrados…”.

El mismo periódico también reportó que el jueves 29 de noviembre, dos días antes de tomar protesta, EPN recibió ahí a colaboradores como Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Mondragón y Kalb.

A pesar de que la Presidencia solicitó no utilizar la dirección exacta del inmueble, existen registros hemerográficos y testimonios de vecinos que dan cuenta de la presencia de Peña y del Estado Mayor resguardando la casa.

Verónica Belauzarán, presidenta del comité vecinal de Lomas de Chapultepec, narró que no se instalaron parquímetros afuera de la residencia y cuando consultó con las autoridades del DF, le respondieron lo siguiente:

“La respuesta que me dan es que no se puede porque hay un oficio, me dicen, del Estado Mayor que no se puede pintar, que no se puede hacer nada ahorita en esa casa…”.

El uso de la casa por parte de Peña Nieto y su consejero jurídico, Humberto Castillejos, ocurrió cuando el inmueble tenía permiso para uso habitacional.

El pasado 30 de abril, la Asamblea Legislativa del DF aprobó una solicitud de Grupo Higa para cambiar el uso de suelo de la residencia, con lo cuál podrá tener uso legal de oficinas y se podrá construir hasta nueve metros de altura.

Verónica Belauzarán, representante vecinal de las Lomas, señaló que el proceso tuvo irregularidades: aunque los vecinos presentaron 300 firmas ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, estas no fueron tomadas en cuenta por los asambleístas.

Además, un requisito es que en el predio sujeto a trámite se debe colgar durante 15 días un letrero informando del proceso, pero en la casa sólo estuvo unos minutos para tomarle foto y después fue retirado, a fin de hacer creer que se cumplió con el requisito.

Belauzarán recuerda que los diputados locales aseguraron a los vecinos que se pospondría la votación del dictamen, pero el 30 de abril se votó en la madrugada y sin avisarles.

En entrevista, la diputada local por el PAN, Gabriela Salido, reconoció que existía rechazo vecinal por la modificación del uso de suelo, sin embargo la mayoría del pleno de la ALDF votó a favor. Ella, dijo, lo hizo en contra.

El cambio de uso de suelo fue hecho a través del artículo 41 de la ley de desarrollo urbano del DF, el cuál permite que un particular solicite al gobierno capitalino modificar el uso de suelo.

Apesar de la fuerte oposición vecinal, el jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, publicó la modificación al uso de suelo en este predio de Lomas de Chapultepec a favor del contratista de Peña Nieto y dueño legal de la Casa Blanca.

“Cuando salió todo lo de la ‘casa blanca’ muchos vecinos me escribieron y me dijeron: ya entendimos por qué el cambio de uso de suelo… eso fue lo que me comentaron: ya entendimos por qué el cambio de uso de suelo, ya entendimos por qué tan rápido, ya entendimos por qué no nos hicieron caso… Y cuando empezamos a ver los nombres, pues vimos: es demasiada coincidencia…”, dijo Verónica.

MVS tuvo acceso al expediente del cambio de uso de suelo. Todos los trámites fueron hechos por Arturo Reyes Gómez, el mismo representante legal encargado de realizar todos los trámites para construir la casa de Angélica Rivera, en Sierra Gorda 150.

La firma de Arturo Reyes Gómez vuelve a aparecer en el contrato que -según la versión de la presidencia- firmó la señora Angélica Rivera con Ingeniería Inmobiliaria del Centro, de Grupo Higa, mediente el cual se comprometió a pagar en plazos la propiedad, y cuyos derechos serán puestos en venta,  como anunció la primera dama la semana pasada.

Ahora puede saberse que Enrique Peña Nieto usó una residencia durante el periodo electoral del año 2012  propiedad de Grupo Higa para reuniones de trabajo., al mismo tiempo que la misma empresa construía la casa de Sierra Gorda 150.

La Casa Blanca quedó lista para ser ocupada en agosto del 2012, cuando Peña Nieto ya había usado la otra casa de Lomas de Chapultepec de Grupo Higa de como candidato y precandidato… y además, lo seguiría haciendo como presidente electo.

Grupo Higa y sus filiales fue y ha sido contratista de obras millonarias en los gobiernos del estado de méxico, por al menos 8 mil millones de pesos, y federal encabezados por EPN.

Esta empresa integra el consorcio que ganó, y al que fue revocado, el fallo para construir el tren de alta velocidad México-Querétaro. El consorcio estaba integrado por China Railways Construction Corporation y otras empresas.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha anunciado que a finales de este mes de noviembre volverá a lanzar la licitación. Y aunque el consorcio anunció que volverá a competir, no hay noticias si Grupo Higa participará.

Académicos y especialistas han señalado que el presidente Peña Nieto enfrenta un conflicto de interés ante la “Casa Blanca”.

La ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos dice a la letra:

“Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión…”.

Cuando Peña Nieto rindió protesta como presidente, Grupo Higa ya había sido uno de sus contratistas emblemáticos en el Estado de México; también le rentó aeronaves para su campaña electoral, y ahora se sabe que también construyó la Casa Blanca a gusto de Peña y Rivera, y además el priista usó una de sus oficina como presidente electo.

El mismo Grupo Higa se convirtió más tarde en contratista del gobierno federal, entre las obras más importantes está la construcción del nuevo hangar presidencial y el acueducto VI, en Nuevo León, y sobre todo la frustrada licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro.


Documentos:

Compra Venta Casa:



Ingenieria Bicentenario:



REGISTRO PÚBLICO OTRA CASA:



CAMBIO USO DE SUELO-REYES GÓMEZ:





FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

De 43 a 11

Las marchas realizadas ayer en la Ciudad de México incluyeron una nueva exigencia: la liberación de los 11 detenidos en el Zócalo en 20 de noviembre, luego de las protestas por los normalistas desaparecidos en Iguala.

En las marchas del 20 de noviembre, donde miles de personas exigieron la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, 11 manifestantes fueron detenidos.

Ayer, las marchas fueron por ellos.

Desde temprano, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) alertó sobre dos contingente de estudiantes y organizaciones civiles que marcharían; uno de las inmediaciones del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino y otro grupo que se reuniría en el Monumento a Cuauhtémoc para marchar hacia el Ángel de la Independencia.

Durante las protestas –que fueron considerablemente menos intensas que las realizadas durante el aniversario de la Revolución- nuevos carteles y nuevas exigencias acompañaron a los manifestantes.

Las mantas incluyeron 43 + 11, en alusión a los detenidos el pasado jueves al final de la masiva protesta en el Zócalo de la Ciudad de México y las consignas fueron “libertad a los presos por luchar”.

La marcha fue encabezada por los padres de alguno de los detenidos, quienes reclamaron que sus familiares fueran transferidos a penales federales en Veracruz y Nayarit.

El domingo pasado, los 11 procesados se declararon inocentes de los cargos que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene en su contra: homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa y motín.

En un documento difundido por la defensa de los inculpados, precisa que las acusaciones por las que se encuentran consignados se sustentan en la declaración de cinco policías federales, quienes aseguran haberlos detenido en flagrancia.

Los abogados aseguraron que dichas acusaciones se sustentan “en escasa y endeble evidencia”.

“Cinco policías federales declaran haber detenido en flagrancia a once personas. El Ministerio Público sostiene que una de estas personas jaló de entre los miembros del destacamento a un policía, golpeándolo mientras incitaba a otros a causarle daño”, se lee en el documento. 

En entrevista con Milenio, Alejandro Jiménez, abogado del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, dijo que entre los argumentos a favor de los 11 detenidos está el hecho de que en sus testimonios los policías no logran ubicar a la persona que presuntamente jaló a uno de ellos para agredirlo, “ni hay otra prueba de ese hecho”.

Pese a eso, un juez de Veracruz negó el lunes la libertad bajo fianza a los ocho hombres y tres mujeres detenidos en las protestas, bajo el argumento de que están acusados por un delito grave.

En conferencia de prensa, insistió en que se debe dejar claro que la Ciudad de México de ninguna manera restringe, limita o está en contra de la libertad de expresión.

“Muestra de ello es que de octubre y un poco antes de octubre para acá, hemos tenido cientos de miles de manifestantes en la ciudad”, remarcó.

El plan que nunca se firmó

Laura Ballesteros señaló ayer la importancia que la CNDH se coordine con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para la formación de un protocolo que atienda las marchas y manifestaciones en la Cuidad de México.

En conferencia de prensa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la diputada panista indicó que esta coordinación permitirá resolver las problemáticas de las demandas para que éstas no se conviertan en marchas que alteren el orden público.

En 2012, las administraciones de Felipe Calderón y Marcelo Ebrard diseñaron un plan para atender marchas, bloqueos y plantones, sin embargo, no se firmó.

Este protocolo, que a más de dos años no se ha hecho oficial, establece lineamientos de actuación antes y durante una manifestación.

En septiembre del 2013, el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano Cortés afirmó que impulsaría con el Gobierno Federal la firma de este plan. 

En enero, el funcionario aseguró que el documento ya estaba listo, y que lo había presentado ante el subsecretario de gobernación, Luis Enrique Miranda, para revisarlo.

Estará en condiciones para suscribirlo en el próximo mes de febrero, recalcó. Pero en febrero nada de eso pasó.

Ballesteros Mancilla lamentó que el protocolo siga en la “congeladora” y consideró preocupante que ambos gobiernos no estén avanzando en la firma del este documento.


“Aquí lo preocupante es que ambos gobiernos no estén avanzando en la firma de este protocolo, que sin duda de existir no hubiéramos tenido los problemas que ahora se están presentando con las detenciones que se han estado denunciando”, comentó.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.

Aprender de la historia

Enrique Peña Nieto presentará mañana el Plan de Legalidad. Uno de los objetivos es evitar que tragedias como la sucedida en Iguala se repitan.

El presidente Enrique Peña Nieto presentará mañana el Plan de Legalidad, que implica a los tres Poderes de la Unión y que incluirá la creación de una comisión que trabaje en la Reforma del Estado de Derecho, para fortalecer a los municipios, concretar el mando único en las policías y nuevos mecanismos de evaluación por parte de la sociedad.

Peña Nieto informó que revisa los criterios para encontrar la mejor ruta en la convocatoria para emprender un esfuerzo colectivo y tomar acciones de fondo que eviten sucesos como los de Iguala.

“No queremos este tipo de eventos, no queremos violencia, no queremos que lastime, especialmente el crimen organizado que sin duda se ha infiltrado en distintos gobiernos, sobre todo de mayor debilidad”, dijo el mandatario.

De acuerdo a invitaciones a los titulares de los Poderes de la Unión, gobernadores, líderes parlamentarios, presidentes de partidos y dirigentes sociales, el anuncio oficial será en Palacio Nacional.

El mandatario indicó que busca evitar la repetición de casos como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

“Todo esto nos lleva a ordenar y enmarcar un rumbo que nos permita evitar eventos tan lamentables como los ocurridos en Iguala y que no se repitan”, sostuvo.

Para el Ejecutivo, se deben tomar acciones de fondo que convocan a un esfuerzo colectivo del Congreso y de la sociedad para encontrar la mejor ruta que nos permita que los eventos o que condiciones como las que ocurrieron en Iguala no se repitan, añadió.

El lunes, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, dijo que el Presidente anunciaría “cambios importantes” para modificar “lo que no está caminando bien”.

En entrevista radiofónica, explicó que se tienen que tomar decisiones que modifiquen completamente este escenario respecto a donde hay debilidad del Estado mexicano, donde hay debilidad, particularmente, en los municipios.

En el Senado, Miguel Barbosa y Emilio Gamboa adelantaron que se buscará que los gobiernos estatales o el Federal asuman el control de las policías municipales más vulnerables al crimen.

Con Iguala como marco

El anuncio del Plan de Legalidad propuesto por el mandatario Federal se dará un día después de que se cumplan dos meses de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.

El Plan incluye la creación de una comisión que trabaje en la Reforma del Estado de Derecho con propuestas para fortalecer la institucionalidad de los municipios, concretar el mando único en las policías y nuevos mecanismos para la evaluación por parte de la sociedad civil.

“Yo creo que lo que ha ocurrido en Iguala nos deja ver que lamentablemente esta parte de nuestra realidad, que se vive en algunos municipios —no podría yo afirmar que sea un problema extendido en todo el país, pero que, sin duda, está presente lamentablemente en gobiernos municipales—, sobre todo los más pequeños en cuanto a sus capacidades y con mayor debilidad institucional, hemos observado cómo el crimen organizado prácticamente ha cooptado estas instituciones de orden municipal”, explicó.

Peña Nieto recalcó que ahora es momento de entrar a un análisis profundo, reflexivo, de reconocer esta realidad.

El acuerdo de los Poderes

La Comisión de Estado surgiría como resultado de un acuerdo entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y podrá integrarse por legisladores y representantes de diversos sectores de la sociedad, cuya misión sería trabajar en propuestas legislativas para reforzar o dar mejores herramientas a los estados con el fin de combatir a los grupos del crimen organizado.

Con ello se lograría, además, erradicar a los delincuentes infiltrados en las policías municipales y estatales.

De esta forma, al seno de esta comisión se abordarían temas específicos, como seguridad pública, acceso a la justicia, derechos humanos y fortalecimiento institucional de estados y municipios.

Durante el anuncio, reveló Excélsior, se hará énfasis en la necesidad de que los gobiernos de las entidades federativas asuman su responsabilidad en la aplicación de la justicia, la limpieza de las instituciones de seguridad y la implementación de nuevas acciones en favor de un Sistema Nacional Anticorrupción.


El presidente estará acompañado por su gabinete de seguridad y gobierno, como son los secretarios de Gobernación, Marina y Defensa; Comisión Nacional de Seguridad, Cisen y PGR.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

Senadores de EU piden a su gobierno que apoye a México en el caso Ayotzinapa

Los legisladores, demócratas y republicanos, están encabezados por Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EU.

Estados Unidos debe ayudar al Gobierno de México en el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Eso es lo que piensa un grupo de senadores estadounidenses (12 demócratas y dos republicanos) y así lo expresaron en una misiva al Secretario de Estado, John Kerry, a quien le pidieron brindar ayuda al gobierno mexicano para castigar a los responsables de la desaparición de 43 jóvenes.

“Incluso si se confirman nuestros peores temores, le pedimos que ayude al Gobierno mexicano en sus esfuerzos para llevar a los responsables ante la justicia y para asegurar las identificaciones en los exámenes post mórtem para permitir que las familias comiencen su proceso de luto y de recuperación”, señala la carta.

Firmado por 14 senadores, entre ellos el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, Bob Menéndez (New Jersey), el texto manifiesta su preocupación por las vidas de los 43 jóvenes estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre en el estado de Guerrero.

Los legisladores pidieron a Kerry dedicar mayor atención a fortalecer la capacidad de investigación y forense de la Policía mexicana, así como en su atención a las víctimas de la delincuencia y a evitar abusos a los derechos humanos.


“De acuerdo con la Oficina del Procurador General de la República, hay más de 22 mil personas que han desaparecido durante la última década, y su paradero sigue siendo desconocido. Esta cifra constituye una de las más grandes del hemisferio y es una que no puede ser ignorada (…) Es fundamental que los Estados Unidos se solidaricen con estos esfuerzos para garantizar la justicia para los 43 estudiantes jóvenes”, señalaron.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

TV francesa revela desaparición de 30 alumnos de secundaria en Cocula

La cadena de televisión France 24 difundió un video donde una habitante de Cocula, Guerrero denuncia la desaparición de su hija y 29 estudiantes más, quienes fueron secuestrados el pasado 7 de julio.


Hasta el momento ninguno de los padres ha presentado una denuncia, pues aseguran que las autoridades tienen vínculo con los criminales que a plena luz del día se llevaron a los alumnos de la secundaria Justo Sierra.



FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.

Contraataca PRI en San Lázaro; acorrala a la izquierda por caso Ayotzinapa

MÉXICO, D.F: El PRI en la Cámara de Diputados modificó su estrategia para reposicionar al presidente Enrique Peña Nieto, y reviró a PRD, MC y PT el señalamiento de que “fue el Estado” quien desapareció a los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Desde tribuna, los priistas acusaron a la izquierda de “cínicos, bandidos y asesinos. ¡Ustedes se los llevaron vivos, ahora ustedes tiene que regresárnoslos también vivos!”

El nuevo discurso del PRI en San Lázaro estuvo en sintonía con la estrategia que desde ayer se echó a andar en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y en donde el PRI impidió –de acuerdo con el relato del vicecoordinador de MC, Ricardo Mejía Berdeja– la creación de una comisión especial para indagar la llamada “Casa Blanca” de Angélica Rivera, la esposa de Peña Nieto.

El PRD ayudó a neutralizar a la izquierda en el debate de este martes luego de que aceptó la propuesta de no crear la comisión especial “Casa Blanca” y de avalar una sola ronda para el debate de hoy sobre “la situación política nacional”, evitando así cualquier réplica de la oposición.

La sesión de este día arrancó con la discusión y aprobación de cambios a la Ley General de Bibliotecas, la cual no pudo concluirse el jueves pasado luego de que el PVEM clausurara abruptamente la sesión ante la cascada de cuestionamientos y críticas hacia la pareja presidencial por la adquisición de la mansión de Las Lomas y la vinculación del proveedor consentido del gobierno federal, Juan Armando Hinojosa Cantú, con Peña Nieto y su esposa.

Como si el tiempo se hubiera detenido la sesión empezó con ese tema, pero ahora la historia se reinventó con el cambio de papeles: un PRI acusador y una izquierda arrinconada, sorprendida ante los señalamientos e incapaz de reaccionar debido a acuerdos pactados en la Jucopo.

Una vez aprobados los cambios a esa ley se pasó a los “comentarios sobre la situación política nacional”; ahí se esperaba un fuerte debate y cuestionamientos hacia el PRI, la polémica por la Casa Blanca, la cancelación injustificada de la licitación del tren México-Querétaro y la ausencia de resultados del gobierno federal en la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En esta ocasión la izquierda fue la vapuleada discursivamente.

Por la forma en que se acordó la “agenda política”, los partidos tuvieron sólo una ronda para fijar su posición, hasta por siete minutos, y luego de ello se pasaría a la discusión y aprobación o rechazo de otros siete dictámenes.

PT, MC y PRD centraron su posición de manera “general” sobre desaparecidos, inseguridad económica y social, pero no hablaron directamente del tema que tanto exasperó al PRI el jueves pasado: la Casa Blanca.

Debido a que la ronda de oradores se programa en forma ascendente al número de legisladores, al PRI le tocó el último turno. Y vapuleó a la izquierda, la convirtió de censor y acusador en responsable por la desaparición de los 43 normalistas.

El jalisciense y priista Leobardo Alcalá Padilla no desperdició tiempo e hizo juego de palabras con las que los propios perredistas pedían la destitución de Peña Nieto.

Luego de que el PRD exhibió una manta que advertía: “Revocación de mandato ya”, el priista matizó: “Sí, revocación de mandato pero a quienes apoyan a los asesinos, a esos habría que revocarles el mandato, ¡son unos cínicos, son bandidos y son asesinos! ¡Ustedes se los llevaron vivos, ahora ustedes tienen que regresárnoslos también vivos!”

De inmediato de las curules de PRI y PVEM retumbó un grito dirigido a la izquierda: “¡Dónde están, dónde están, dónde están!”

Y es que el priista dijo desde tribuna que la izquierda ha querido “confundir a la población”, cuando en el caso de Ayotzinapa quien puso de presidente municipal a José Luis Abarca y al exgobernador Ángel Aguirre fueron PRD, PT y MC. También recordó que fue el exalcalde quien ordenó capturar a los normalistas.

Redireccionado el debate hacia los 43 normalistas y haciendo a un lado el tema de la Casa Blanca, el PRI se siguió de largo:

“No sé si se acuerden quién es José Luis Abarca y María de los Ángeles… antes de incursionar en la política vendía sombreros y huaraches, ¡y en un tianguis! Sin embargo, en 2008 anunció la construcción de Galerías Tamarindos, un complejo comercial de cuatro hectáreas, tiene una tienda de autoservicio, siete salas de cine, una tiendita chiquitita departamental con 50 localitos y un estacionamiento con 720 vehículos….

“No sé si todavía estén refrescados o no, pero se los digo. ¿Cómo llega Angel Aguirre? Pues fácil, con el apoyo y la complicidad del PRD, de Andrés Manuel López Obrador, de Lázaro Mazón y de José Luis Abarca”, soltó.

La izquierda, azorada, no atinaba a responder.

El PRI machacó: “Ahora resulta que estamos en un mundo al revés, donde nosotros estamos buscando encontrar a los 43 muchachos. ¿Y por qué ustedes no les preguntan a sus amigos para que les digan en dónde están los muchachos’, ¡hombre! Hoy sus propios líderes morales se han estado acusando de corruptos y de solapadores… Sí, revocación de mandato pero a quienes apoyan a los asesinos, a esos habría que revocarles el mandato, son unos cínicos, son bandidos y son asesinos. ¡Ustedes se los llevaron vivos, ahora ustedes tienen que regresárnoslos también vivos!”, fustigó.

La respuesta de la izquierda se limitó al grito de “¡Fuera Peña, fuera Peña!”, reclamo que no alcanzó a destacar ante el avasallador “¿Dónde están?, ¿dónde están?” de priistas y pevemistas.

Antes, Leobardo Alcalá acusó a la izquierda de dar desde tribuna “discursos incendiarios” y enseguida acotó: “No confundan a la población, pero sobre todo no se confundan a ustedes mismos, no lucren con el dolor de 43 familias”.

“Necesitamos discursos responsables, no lapidarios… No sean fanáticos, un fanático no cambia de opinión y nunca cambia de tema. Queremos justicia, sí, pero se defiende con la razón y no incitando a las masas a delinquir… Lo que es imperdonable es que inviten a la gente a la agresión, imperdonable mentir cuando saben quiénes son los culpables, imperdonable que protejan a delincuentes y asesinos, imperdonable la falta de memoria de algunos de ustedes y de Andrés Manuel López Obrador. Ahora resulta que tienen amnesia y no se acuerdan que ustedes postularon a los delincuentes”, remató.

En tanto, el PRD no pudo defenderse, ellos mismos habían pactado que sólo fuera una ronda de tribuna en la agenda política… y el PRI era el último orador. En agenda está prohibida la réplica.

Mientras que PT y MC, que no votaron a favor de ese acuerdo en la Jucopo, no pudieron hacer otra cosa que sumarse al enjundioso “¡Fuera Peña!”, pero insuficiente ante la aplastante bancada PRI-PVEM, que ya son una y, desaforadamente, contraatacaban con el “¿Dónde están?, ¿Dónde están?”.

Y ya nadie se acordó del escándalo de la Casa Blanca, la probable comisión especial investigadora y del posible tráfico de influencias o conflicto de interés en que habría incurrido Peña Nieto, tema que se discutiría hoy.


Al final, la izquierda cayó por sus “pactos” con el PRI al acordar una agenda política acotada. Así los priistas, con su nueva estrategia política, redireccionó la “agenda nacional” e intentó reposicionar a Peña Nieto y, si no lo logró, por lo menos lo “sacó” de los cuestionamientos desde San Lázaro.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

“Se cierra una etapa en la vida del PRD”, dice Carlos Navarrete

MÉXICO, D.F: El presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, consideró que con la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas “se cierra una etapa en la vida del partido”.

En su cuenta de Twitter, el guanajuatense acotó: “Muy lamentable la renuncia del Ing Cárdenas. Se cierra una etapa en la vida del PRD”.

No obstante, Navarrete Ruiz minimizó el hecho al asegurar que “seguiremos luchando por México junto a millones de mexicanos que están en nuestras filas y muchos más que nos han dado su voto. Ahora, a seguir trabajando por nuestro país”.

El también perredista Miguel Barbosa, presidente del Senado, sentenció que la salida de Cárdenas Solórzano representa la pérdida de la identidad del PRD frente a la ciudadanía.

“No es la pérdida de un militante, sino la identidad sobre principios, propósitos, aspiraciones, ética y congruencia, fue su fundador”, alertó.

Visiblemente conmovido, Barbosa sostuvo que “hoy nos hemos quedado en el PRD sin una figura moral, por eso nos hemos quedado sin identidad”.

Luego atribuyó la dimisión de Cárdenas a la “insensibilidad” de la dirigencia partidista dominada por Los Chuchos, entre ellos Jesús Zambrano, Jesús Ortega y el propio Navarrete Ruiz.

“Era claro que esto iba a ocurrir. Lamento la insensibilidad de la dirigencia del partido que lo llevó hasta este escenario”, fustigó.

No obstante, Barbosa advirtió que se queda en el PRD “a dar la batalla”.

Por su lado, el también senador perredista Alejandro Encinas consideró que el PRD se encuentra “herido de muerte”.

La renuncia de Cárdenas, abundó, representa “la estocada” al partido.

Más aún, anunció que tras la salida del ingeniero Cárdenas evaluará su permanencia en las filas perredistas.

En tanto, Dolores Padierna dijo que la izquierda no se debe perder más apoyando al presidente Enrique Peña Nieto.

La carta de renuncia de Cárdenas al partido, alertó la senadora perredista en su cuenta de Twitter, “es un llamado urgente a la recuperación del PRD”.

El experredista Horacio Duarte resaltó que la salida, primero, de Andrés Manuel López Obrador, y ahora de Cuauhtémoc Cárdenas, evidencia que el proyecto de izquierda, que significaba el PRD está llegando a su fin.

“Es el precio que ese partido está pagando por su alianza con Peña Nieto a través del Pacto por México y el desdibujamiento de un proyecto, el PRD, que llegó a su fin”, sentenció.

El ahora representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) vaticinó que “los dirigentes de dicho partido se van a quedar con un cascarón. Se han ido sus dos excandidatos presidenciales y los que más votos y prestigio le dieron en su vida electoral al PRD”.

En las redes sociales, López Obrador se limitó esta noche a destacar que “hoy en Iztacalco aproveché para responder a quienes, por ignorancia o mala fe, sostienen que tengo una casa de lujo, casi como la de Peña Nieto, en una zona exclusiva conocida como La Toscana. Es una vil calumnia.


“Aunque a los seguidores de Salinas, Fox, Calderón y Peña les cueste trabajo aceptarlo, tengo autoridad moral y me guío, entre otros principios, por no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, argumentó el dirigente y fundador del partido Morena.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La ‘justicia’ puede esperar

José de Jesús Naveja Macías considera que el país no está en condiciones óptimas para implementar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio.

Los conflictos sociales en el país deberían frenar la implementación, por el momento, del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. 

Así lo considera el presidente nacional de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, que integra a 54 mil abogados, José de Jesús Naveja Macías.

Los casos más urgentes donde debería frenarse la implementación son Guerrero y Michoacán. Allí debe funcionar el nuevo sistema en febrero y junio de 2016, respectivamente, indica.

Las nuevas medidas para una política de seguridad, que serían anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto mañana, pasan por la eliminación de las policías municipales y el fortalecimiento de un sistema penal. 

Pero este no puede implementarse en un clima falto de paz social. 

“En muchos de los estados donde se vive un colapso social puede haber una complicación en la implementación del sistema. 

“Una transición en un momento social de crisis la hace más complicada. Sí pensaría yo que se reculara un poco hasta en tanto se estabilice socialmente cada uno de estos estados”, dice el maestro en derecho constitucional y amparo por la Universidad de Guadalajara.

El litigante considera que los conflictos se han extendido en el país por falta de justicia social. 

“Debe ponerse especial énfasis en ello antes de implementar un sistema que puede tener beneficios, pero si no blindamos moralmente a cada uno de los operadores no se va a avanzar, porque el ciudadano tiene nula credibilidad al sistema”, asegura en entrevista desde Guadalajara.

Confusión social

José de Jesús Naveja Macías fue electo el año pasado para dirigir la Confederación más grande de abogados del país, compuesta por 359 colegios, barras y asociaciones.

Considera que existe una confusión social en que el nuevo sistema disminuirá la impunidad y la delincuencia. 

Entre las acciones urgentes antes de la implementación está el congelamiento del presupuesto para impartición de justicia, que no sea volátil de un año a otro. 

El litigante considera que sin prevención y rehabilitación del tejido social, “la contención no nos va a servir de nada. No vamos a cambiar un estado constitucional por un estado de policía”. 

Otro elemento fundamental es la independencia del poder judicial, la especialización de los magistrados y que éstos sean electos “sin manejo de compadrazgos”.

Estas medidas “pueden desenmarañar todo este tipo de conflictos que estamos viviendo”.

Insiste en que “es importante que se traslade de un sistema a otro, pero ahora en muchos estados las complicaciones sociales lo hacen imposible”.

Antes de ese cambio la mayoría de los operadores deben estar formados. 

Operadores inexpertos

La implementación del sistema penal acusatorio se dio inicialmente en los estados. 

“Esto trajo muchos conflictos, incluso mucha prostitución en la enseñanza del sistema, con un manejo muy diferente y en muchos lugares con un nulo entendimiento del mismo”, detalla José de Jesús Naveja Macías.

A partir de esta necesidad, se gestó el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en marzo de este año. Estuvo inspirado esencialmente en los códigos de Chile y Colombia, estados constituidos de forma unitaria, no con entidades federativas, como México. 

El sistema anterior, dice el experto, estaba “anquilosado y aletargado”, lo que hacía imposible que se cumpliera la norma constitucional de que los ciudadanos reciban una justicia pronta, expedida y completa.

Pero el Código aprobado en marzo “presenta muchas deficiencias”. Una de las principales es que los operadores comienzan a probarse sobre la marcha. 


“Si bien hay un proceso de capacitación de tiempo atrás, los capacitadores jamás han estado presentes en un juicio oral, no tienen la experiencia ni la vivencia en el tema, lo que puede implicar que muchos que lleven a cabo la defensa privada puedan incluso ser sacados de audiencias y el derecho de defensa y de asistencia de letrados pueden ser violados”, explica el socio fundador de la Asociación.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.