jueves, 27 de noviembre de 2014

Las heridas y golpes de los detenidos del #20NovMx “se las hicieron ellos mismos”: policías

Los uniformados declararon que "sin temor" a equivocarse arrestaron a los responsables de la violencia en el Zócalo del DF.

Los policías federales que detuvieron a 11 personas durante el desalojo del Zócalo capitalino, realizado al finalizar una manifestación por el caso Ayotzinapa el pasado 20 de  noviembre, declararon que arrestaron “sin temor” a equivocarse a los responsables de la violencia, y que las heridas que estos presentaban fueron causadas por “los objetos que ellos mismos arrojaban”.

“Realizamos una maniobra de encapsulamiento con el fin de asegurar a los agresores, mismos que al verse rodeados empiezan a querer romper el cerco azotando su cuerpo contra los escudos… Mismos sujetos que identificamos plenamente sin temor a equivocarnos… Algunos de ellos a simple vista presentaban lesiones provocadas por los objetos que ellos mismos arrojaban en contra de personal del Estado Mayor Presidencial y de los elementos de la Policía Federal que nos encontrábamos ahí, así como por los golpes que ellos mismos daban al equipo y escudo de protección”, declaró uno de los federales el 21 de noviembre, según el documento de la imputación formal en contra de los detenidos, que están presos en penales de alta seguridad en Veracruz y Nayarit.

Los elementos de la Policía Federal acusaron a Roberto César Jasso del Ángel de ser el principal agresor del policía Jorge Antonio Juárez Mauro, quien fue golpeado por un grupo de entre 16 y 18 personas, según el testimonio policial.

“Eran incitados por el sujeto ya mencionado manifestándoles: `vamos a matar a este pinche perro, (refiriéndose a nuestro compañero Jorge Antonio) que se los cargue la verga´. En ese momento se le van encima pegándole con un palo en la cabeza sobre el casco, hasta que por los golpes el casco se le cayó; percatándonos que muchos de sus golpes daban en el escudo y su equipo de protección causándose daños ellos mismos”, dijeron los uniformados.

Sin embargo, Jasso del Ángel –quien dijo ser el creador de la página de Facebook Colectivo Niqueman Moyolmaca, dedicada a difundir eventos culturales, artísticos y sociales– negó haber participado en los hechos violentos ocurridos en la Plaza de la Constitución la noche del 20 de noviembre, al terminar la marcha convocada para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre pasado.

De acuerdo con una copia del pliego de consignación consultado por Animal Político, Roberto César Jasso del Ángel dijo que marchó junto con su colectivo desde el Monumento a la Revolución al Zócalo, adonde llegaron aproximadamente a las 19 horas. Durante el recorrido, dijo que observó “algunas personas empezaban a realizar pintas en las que se apreciaba la leyenda ‘Ayotzinapa’, también observé que pintaban la figura de anarquía, la cual corresponde a un círculo encerrando una letra ‘A'”

La narración de Jasso del Ángel continúa y describe cómo fue su detención en el Zócalo, la cual ocurrió luego de que se separó de su colectivo debido a la cantidad de gente que había en la plaza: 

“Me percato que a la gente que se encontraba delante de mí, del lado derecho, la venía siguiendo un grupo de granaderos. Yo me encontraba sólo en ese momento con mi novia Paola, por lo que decidimos quedarnos en el asta bandera tomando fotografías de lo que ocurría; fue en ese momento cuando el grupo de personas a la que venían siguiendo los granaderos de alguna manera nos alcanza y detrás de ellos el grupo de granaderos y fue donde me detuvieron…”

Tras esta declaración, la autoridad concluyó que hay “una confesión calificada divisible” de Jasso de Ángel porque aceptó estar ubicado en las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la detención.

Según el mismo pliego de consignación, tras las declaraciones policiales, las autoridades concluyeron la “innegable” existencia de un “grupo o asociación” de personas con el objetivo de “perturbar el orden público con empleo de violencia o sobre las cosas, así como la tentativa de homicidio en este caso en perjuicio de Jorge Antonio Juárez Mauro”. 

Los detenidos son: Roberto César Jasso del Ángel, Ramón Domínguez Platlán, Hugo Bautista Hernández, Atzin Andrade González, Juan Daniel López Ávila, Laurence Maxwell Ilabaca, Luis Carlos Pichardo Moreno, Francisco García Martínez, Hillary Analí González Olguín, Lilian Garduño Ortega o Liliana Garduño Ortega y Tania Damián Rojas o Tania Ivonne Damián Rojas.

Los testimonios de los detenidos

Otro de los detenidos es el director de cine Luis Carlos Pichardo Moreno, de 55 años, que participó en la manifestación junto con integrantes del Círculo de Estudios del Museo de la Memoria Indómita. De acuerdo con el testimonio que dio un día después de su arresto, salió de la glorieta de ‘La Palma en un contingente de unas 50 personas que, de “manera pacífica y ordenada”, se incorporó  a la marcha que llegaría al Zócalo.

Pichardo Moreno, también escritor de teatro, contó que durante el recorrido en su contingente impidieron en un par de ocasiones que dos encapuchados se unieran a la marcha; también negó conocer a las personas identificadas como los agresores del policía Jorge Antonio Juárez Mauro y contó su detención en el Zócalo:

“Pacíficamente nos instalamos frente a la puerta principal de la catedral Metropolitana al altura del asta bandera,  ya estando ahí nos percatamos que en las vallas metálicas que resguardaban el frente del Palacio Nacional había grupos de provocadores que lanzaban cuetones, por esa circunstancia decidimos partir (…) empezamos a enrollar nuestras pancartas hechas en papel craft, y ponerles en bolsas de plástico, ya alistándonos para irnos (…)

“De pronto la multitud comenzó a correr hacia la Avenida 5 de mayo, al ver que las Fuerzas Antimotines de la Policía Federal, se aproximaban para disolver a la multitud, de una forma violenta por lo que decidimos correr también a tan solo unos metros de la esquina de Monte de Piedad y Plaza de la Constitución, fui alcanzado por el golpe de canto de uno de los escudos de la Policía Federal, lo cual me hizo caer al suelo, perder mis anteojos y ser golpeado en tres ocasiones por los puntapiés de los uniformados; uno de ellos incluso, al verme  dijo textual: ‘no le peguen, es un señor’, al notar mi edad me costó trabajo levantarme por el dolor de mi rodilla derecha y el cual fue examinado por el médico de esta Unidad y otro de los uniformados dijo: ‘no lo dejes ir, mejor llévatelo’, ya que algunos otros uniformados me daban la libertad de irme, entre dos policías me llevaron aplicándome una llave china hasta la calle de Corregidora, a un costado del palacio nacional y yo gritando a los camarógrafos que podía ver, mi nombre y que me estaban llevando preso”, declaró.

En el pliego de consignación también está la declaración de Francisco García Martínez, quien es casado y aseguró que su participación en la marcha fue solamente por solidaridad con los familiares de los normalistas de Ayotzinapa.

“Estaban unos padres del problema de Iguala. Me solicitaron que si los asistía y asentí; desde que llegué siempre estuve en el templete y aproximadamente a las 20:30 horas observé que comenzaron a gritar algunos de los asistentes a la marcha consignas como ‘¡Muera Peña!’ al ver esto que se empezaba a poner feo la reacción de los que estaban en el templete fue bajarse”, sostuvo en su declaración ministerial del 21 de noviembre pasado.

García Martínez señaló que al intentar regresar a su casa fue testigo de empujones entre observadores de Derechos y Humano y granaderos, trató de intervenir y eso le costó la detención por la que, junto con otras 10 personas, se le acusa de asociación delictuosa, motín y tentativa de homicidio.

“Pretendía retirarme a mi casa por Avenida Pino Suárez pero no pude pasar porque estaban los granaderos; de ahí me intenté ir por la calle 20 de noviembre, lo que tampoco conseguí y antes de llegar a la calle de Madero tomé más fotos y me di cuenta que venían de Madero hacia el Zócalo, dos policías del Distrito Federal con un joven ensangrentado a lo que saqué video y le pregunté gritándole su nombre, al ver la situación guardé mi celular y llegaron más granaderos y de forma violenta apartaron a una señora que sostenía al joven de un brazo de forma violenta, es cuando observé aproximadamente entre tres o cuatro personas de Derechos Humanos, mismos que le gritaron a los policías que no ejercieran violencia contra el joven, esto aproximadamente a las 22:30 horas; las personas de Derechos Humanos también fueron empujados por dichos elementos, a lo que yo les grité que no les peguen a los señores de Derechos Humanos y es cuando un granadero me sujeta del cuello a mis espaldas y me dice: ‘por metiche y puto’”, relató.

Hillary Analí González Olguín es estudiante de maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tras su detención el pasado 20 de noviembre, aseguró que su participación en la marcha fue para documentar con fotografías la movilización para su proyecto de tesis. “Teniendo mi propio portal de internet, me dedico a difundir todo lo que es la cuestión de las marchas, aparte los movimientos sociales que estoy tomando son para la elaboración de mi tesis, ya que estudio Ciencia Política en la UNAM, de los cuales he participado en diferentes marchas”, dijo.

Hillary nombró  las cuentas en redes sociales con las que registra las movilizaciones a las que acudido desde hace dos años: “Mi página de Facebook que es princessitaflowstyle, también subo mis imágenes a mi página de Twitter @darkwitchemoxa; ahí es donde subo las fotografías de las marchas a las que he asistido en los últimos dos años. Siendo mi última participación en la marchas la del día de ayer veinte de noviembre de dos mil catorce, la cual me había enterado mediante redes sociales”.

Una vez dentro del Zócalo, Hillary González relató su detención y lo que pudo observar antes del desalojo de la plaza de la constitución.

Tras el inicio de los disturbios, “una vez que derribaron las vallas de seguridad la policía llegó a tratar de encapsular a las personas que nos encontrábamos en la plancha del Zócalo, por lo cual muchas personas al ver actos de violencia y al ver que los propios policías estaban rompiendo el cerco, muchos empezamos a correr, entre esas personas yo, que en una de esas correteadas me tropecé con una piedra y me caí, acto seguido llegó un grupo de seis policías a detenerme con golpes, con sus botas, sufriendo golpes en la cabeza, posteriormente me detuvieron dos policías y me separaron del resto de la gente”.

Antes de saber que Hillary estaba detenida en la SEIDO, su madre la creía desaparecida debido a que la llamó por teléfono para decirle que la estaban golpeando. “Ella me alcanzó a llamar, me alcanzó a decir: mamá me están golpeando. La busqué toda la noche, toda la mañana. Mi hija sí está dañada, está lastimada de un ojo, le patearon las costillas, cuando a mí me dijeron que estaba bien”, denunció el sábado 22 de noviembre.

Juan Daniel López Ávila, de 18 años, estudia el primer año de preparatoria en el Instituto de Educación Media Superior del plantel Iztacalco “Felipe Carrillo Puerto”; además pertenece al Frente Popular Francisco Villa, de acuerdo con su padre Juan Francisco López Nepomuceno. Este es el testimonio de su detención: “Me encontraba a unos metros de un templete de metal y empecé a gritar las consignas que era 1, 2, 3, hasta llegar al 43,  y gritaba justicia y también estaba cantando el himno nacional mexicano;  ya después los granaderos empezaron a avanzar al centro de la plancha y empecé a gritar ‘no violencia’, ya después los granaderos llegaron hasta un punto muy cerca de mi y yo y varia gente nos sentamos en el piso con la consigna de no violencia, después llegaron los granaderos hasta donde yo me encontraba y me rodearon con sus escudos y un oficial me agarró de cuello y me llevó hacia el Palacio Nacional diciéndome ‘maldito estudiante, ponte a estudiar’, me llevaron atrás de la fila de granaderos y me empezaron a pegar, me volvieron a levantar y rodeamos Palacio Nacional”.

Liliana Garduño, de 30 años, es estudiante de preparatoria abierta y asistió a la marcha acompañado de un amigo, al que identificó como Eduardo. Ella declaró:  “Recabando fotos a lo largo del camino de la manifestación llegando aproximadamente a las 21:15 horas a la plancha del Zócalo, continuando tomando fotografías percatándome que en dos ocasiones, un grupo de manifestantes corría desconociendo el motivo, por lo cual nos acercamos hacia el lugar donde estaban concentrados a efecto de ver lo que pasaba y tomar fotos; momento en el que percibí un humo blanco lastimando la garganta perdiendo de vista a mi compañero Eduardo, intentando localizarlo en el momento, volviendo a rociar el mismo tipo de humo seguí buscando a mi compañero y al momento que volteo y me doy cuenta que de frente hacia mí se acercaba un grupo de chicos corriendo, como queriendo salir de la plancha del zócalo; cayéndome al suelo por los empujones y al momento de levantarme vi los escudos de los granaderos, por lo que intenté salir de la plancha, cuando doy la espalda a los granaderos recibí un macanazo del lado izquierdo en mi cabeza, cayendo nuevamente al suelo, me levanto y me toman por detrás del cabello, tirándome y arrastrándome hacia unas vallas, donde me golpearon, pateándome y pegándome con sus macanas, rompiéndome el sostén; logrando escuchar que uno de los granaderos refiere que no me golpeen y que me lleven con los detenidos por lo que otro de los granaderos me toma por el cuello y me lleva agachada”.

Tania Damián Rojas es estudiante de 21 años de la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El pasado viernes 21 de noviembre declaró cómo fue detenida en la plancha del zócalo junto con su novio, tras la jornada de movilizaciones del #20NovMx.

“Me trasladé aproximadamente a las tres de la tarde en compañía de mi novio Hugo Bautista Hernandez a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco,  adonde nos dirigimos a buscar el contingente de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM (…) Al llegar a la plancha del Zócalo capitalino nos quedamos cerca del asta bandera con dirección a la calle de Madero platicando de lo que estaba aconteciendo en ese momento en la marcha, mientras que mi novio Hugo Bautista Hernández tomaba fotos de lo que íbamos haciendo durante la marcha; y en ese momento nos percatamos que aproximadamente a 30 metros se estaba dando un enfrentamiento entre policías y gente que se encontraba en la marcha, y de pronto vimos una capa de humo blanco por lo que mi novio y yo corrimos en dirección al lado opuesto del enfrentamiento, yo me tapé mi cara y mi nariz con mi palestina, pero con el humo y mucha gente que iba corriendo, perdí de vista a mi novio Hugo, y a los pocos minutos me alcanzaron unos policías y me jalaron del cabello arrastrándome por el piso unos cuantos metros”.

El padre de Damián Rendón es abogado y aseguró que, desde la detención, protestó por cambiar al abogado de oficio y encabezar la defensa de su hija, “pero me lo negaron sin fundamentos”.

“A Tania le dijeron: es mejor que cooperes o te voy a tener que imputar más delitos”, denunció su padre quien viajó a Nayarit el fin de semana, en cuanto supo que a las mujeres las trasladaron al Centro Federal Femenil “Noroeste”, ubicado en Tepic.

Tania gusta de pintar con óleo en sus tiempos libres, así como de asistir a sesiones de “música tipo africana, los fines de semana se sumaba a clases de este tipo de música” según su padre.

Enrique Damián mencionó que las tres mujeres detenidas tras el desalojo del Zócalo de la Ciudad de México, Hillary Analí González Olguín, Tania Damián Rojas y Liliana Garduño Ortega permanecerán bajo la defensoría de oficio.


“Actualmente ellas están en el área de observaciones y clasificación, separadas de población. Sin embargo mi hija sufrió tortura y vejaciones en todo momento, no sólo durante la detención, hay una foto que pude tomar cuando pasé a verla a la galera, donde se ve que fue golpeada”, aseguró.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: Gonzalo Ortuño

Normalistas rurales, espiados por el FBI

Un informe enviado al entonces director Federal de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios, firmado por los agentes Ángel Posada Gil, Fermín Esparza Irabién y el capitán Apolinar Ruiz Espinosa, señala que el régimen estadunidense veía “como un serio peligro” a los estudiantes normalistas rurales, agrupados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). Y que el gobierno de Estados Unidos buscaba saber más de esa organización estudiantil.


Según el documento –un informe interno de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), fechado el 14 de abril de 1966–, un “elemento” que pertenece “[…] a la FBI [sigla de la estadunidense Federal Bureau of Investigation, Oficina Federal de Investigación] norteamericana en México, de apellido HOILLT, viene haciendo invitaciones insistentemente, para que el Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas, estudien la oferta de hacer visitas a diversos lugares de la Unión Americana, inclusive con becas […]” (sic).

Los propios integrantes de la DFS, la entonces policía política del régimen, señalaban al director de la dependencia, Fernando Gutiérrez Barrios, cuáles eran los propósitos de los agentes estadunidenses. El lenguaje policiaco de los espías mexicanos, generalmente pobre, confuso por falta de concordancia y prejuicioso, deja ver, sin embargo, lo que a ojos de las autoridades mexicanas y estadunidenses representaban los estudiantes rurales que rondaban los 20 años de edad.

 “[…] Se cree que la intención de estas gentes [los agentes estadunidenses], obedece al interés de atraerse a ese grupo estudiantil al cual ven como un serio peligro […]” (sic).

Al final de su reporte, los policías mexicanos recomiendan al gobierno no intervenir en esta acción de la FBI en México: No [se prevé] que pudiera resultar negativo en el caso de que se enviaran a células comunistas [a Estados Unidos]” (sic).

No era la primera vez que los agentes estadunidenses buscaban entablar comunicación con la FECSM disfrazando su labor policiaca como académica. Dos años antes, en vísperas de una huelga estudiantil, el propio gobierno mexicano promovió el envío de estudiantes a Estados Unidos con supuestos fines académicos. En realidad, los estadunidenses deseaban averiguar más sobre la organización normalista rural y el gobierno mexicano deseaba desactivar una movilización estudiantil. Así, los dos gobiernos colaboraban contra la FECSM.

El oficio 1668, fechado el 25 de febrero de 1964 y firmado por el agente Blas García Hernández señala:

 “Al tener conocimiento de lo anterior [los preparativos de un Congreso de normalistas en el que podría tomarse la decisión de estallar la huelga estudiantil], el Profesor Mario Aguilera Dorantes, Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública [SEP], giró instrucciones al Profesor Alfonso Sierra Partida, Director General de Normales, para que [Eleno] Medina Vázquez [entonces secretario general de la FECSM] fuera incluido en la relación de estudiantes que solicitó la Embajada de los Estados Unidos en México, con el objeto de auspiciar una jira de estos elementos por varios estados de la Unión Americana, maniobra con la cual se trata de que el Consejo aludido se suspenda, ya que Medina Vázquez permanecerá fuera del país hasta el 14 de mayo próximo” (sic).

Disputa por la representatividad del normalismo rural
Para 1963, la rebeldía de la FECSM era intolerable para el gobierno mexicano. Las autoridades intentaban hacerla priísta y, una y otra vez, fracasaban. También habían creado una disidencia que, aunque podría haber nacido auténtica, fue usada para disputarle a la Federación la representatividad de los alumnos.

Entonces la normatividad interna de la Federación databa del 1 de enero de 1951, cuando en la Escuela Normal Rural de El Mexe, el Comité Nacional de la FECSM expidió el documento con los Estatutos de la organización. En los documentos generados por la DFS se señala que los estatutos fueron resultado del Decimoprimero Congreso Nacional de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, llevado a cabo del 12 al 18 de septiembre de 1950 en la Escuela Normal Rural de Palmira, Morelos.

Los Estatutos fueron obtenidos por la DFS hasta el 15 de octubre de 1963 y fueron archivados bajo el folio 63-19-63.

En el Preámbulo de los Estatutos, la FECSM deja en claro sus principios. Declara que “[…] su fin supremo será el de obtener una Educación Revolucionaria, democrática y sin ninguna discriminación para la juventud campesina […]” (sic).

Agrega que “[…] la doctrina que sustenta la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México es y será la misma que animó a los grandes próceres de nuestra historia, desde Hidalgo, Morelos, Juárez y Francisco I Madero, que consistió y sigue consistiendo en dos cosas fundamentales: lograr nuestra Independencia Nacional tanto económica como política, en superar las condiciones de vida de nuestro pueblo; en tal sentido nos declaramos partidarios del programa de la Revolución Mexicana y lo haremos nuestro en todas nuestras luchas, defendiéndolo con nuestra propia sangre si fuese necesario, en contra de los detractores y mixtificadores de él.

 “Seremos los jóvenes más decididos en esta lucha, porque sabemos que sólo ello sabrá darnos los frutos que todo nuestro pueblo exige de la juventud del campo.

 “Jamás vacilaremos en combatir a los falsos Revolucionarios, que al amparo de los nobles ideales por los que siempre ha luchado nuestro pueblo roban y se enriquecen defraudando y engañando a lo más valioso de la Patria Mexicana.

 “La FECSM se declara por una educación que se base de los principios de la Revolución Mexicana y apegada estrictamente a los conocimientos científicos, sin prejuicios ni fanatismos de ninguna naturaleza, por ende nos declaramos en contra la Educación mixtificada que hoy en día se imparte en muchas Escuelas confesionales, que funcionan muchas veces con el consentimiento del Gobierno Federal y muchas otras a espaldas de él.

“Necesitamos entonces, que la Educación Sindical y Política de nuestras Sociedades sea una tarea inaplazable […]” (sic).

En el mismo Preámbulo, la FECSM “Se declara enemiga de las fuerzas regresivas que intentan a toda costa dominar a la humanidad cooptando así la libertad de que tiene derecho todo ser humano; tales como el nazifascismo, el franquismo y sus satélites en México, los partidos Acción Nacional, Fuerza Popular (el Sinarquismo, etc)” (sic).


Desde entonces la Federación de Estudiantes velaba por la independencia de la organización estudiantil de las autoridades educativas. En esa época era una organización totalmente abierta y no había pasado aún a la clandestinidad ni a la semiclandestinidad.

Entonces la FECSM estaba adherida a la Confederación de Jóvenes Mexicanos (CJM). Le mantenía lealtad, reconocimiento y hacía suyos sus principios. Sin embargo, la CJM de manera secreta comenzaba a actuar en contra de la FECSM. Lo anterior se desprende de las fichas e informes elaborados por Blas García Hernández para el director de la DFS.

Mientras el secretario general de la FECSM Eleno Medina Vázquez gestionaba ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) el incremento a las becas estudiantiles y organizaba una huelga nacional de Normales Rurales, el dirigente de la CJM, quien acompañaba formalmente las gestiones de los normalistas, recibía instrucciones para abandonar a la FECSM en sus demandas o sabotearlas.

Según el oficio de la DFS fechado el 23 de octubre de 1963, en el que se informa de las actividades que los normalistas realizaban previas a la huelga nacional, se lee: “En el supuesto caso de que se trate de organizar una concentración en los patios de la Secretaría de Educación Pública, los días 29 y 30 como se ha anunciado, las autoridades educativas han tomado las medidas correspondientes por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que todos los camiones que traigan transporte no autorizado a estudiantes normales federales, se les regrese en el camino.

 “Además se tiene conocimiento de que Vicente Oria Razo [presidente de la Confederación de Jóvenes Mexicanos] ha recibido consigna de no intervenir en los problemas que plantean los dirigentes de la Federación de Estudiantes Socialistas Campesinos de México” (sic).

Días más tarde un nuevo oficio, fechado el día 24, confirmaba que la CJM había hecho su trabajo: “Por diferencia de opiniones entre Vicente Oria Razo y Eleno Medina Vázquez […] fue suspendida la concentración de alumnos de las Escuelas Normales Rurales Federales […].”

Toda la vida académica, cultural y hasta deportiva era motivo de escrutinio por parte del régimen. A propósito de un encuentro deportivo a realizarse en la Escuela Normal Rural de Mactumactzá, Chiapas, los normalistas rurales habían girado invitación a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional y de otras instituciones de educación superior.

Por ello, en un informe fechado el 30 de octubre de 1963, Blas García Hernández solicita al director Federal de Seguridad: “Es posible que en esta reunión se traten asuntos políticos de carácter nacional y se cree necesario que se mande un elemento para que cubra este evento e informe oportunamente a esta Oficinas” (sic).

El movimiento finalmente se desactivó porque las autoridades prometieron que se destinaría una mayor partida presupuestal para las normales rurales para el siguiente ejercicio fiscal (1964). Dijeron que buscarían cumplir con todas o la mayoría de las demandas de los estudiantes.

Sin embargo, 1964 llegó y las normales rurales seguían en las mismas condiciones económicas y materiales. Así lo informó el entonces director Federal de Seguridad, Manuel Rangel Escamilla, al secretario de Gobernación mediante el oficio 1668, fechado el 25 de febrero de 1964:

 “En virtud de que el aspecto económico del problema que provocaron el año pasado los estudiantes de las Escuelas Normales Rurales, encabezados por Eleno Medina Vázquez, se dejó pendiente a fin de resolverlo en el curso del presente año, y de que la alimentación que se proporciona a los alumnos de esos Planteles no ha sido mejorada y la consideran muy deficiente, dichos elementos que en su mayoría están afiliados al Frente Electoral del Pueblo y al Movimiento de Liberación Nacional, amenazan con llevar a cabo una nueva campaña de agitación en contra de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública” (sic).

Líneas abajo, el documento también establece que las autoridades buscaron hacer frente a las demandas con la represión académica: “El Profesor Mario Aguilera Dorantes, Oficial Mayor de la Secretaría que se menciona, giró una circular a los directores de las Normales Rurales, indicándoles que deben procurar que los estudiantes no participen en actividades políticas por considerar que éstos son menores de edad, apercibiéndose a los que violen esta disposición con aplicárseles las sanciones correspondientes” (sic).

El oficio enviado por el titular de la DFS está basado, a su vez, en un informe que le proporcionó el elemento Blas García Hernández. En éste se especifica cuál será la única sanción para el alumno que proteste: “Será dado de baja”.

La estrategia no paró ahí. En los documentos de la DFS se da cuenta de la resurrección de una organización que buscaba disputarle a la FECSM la representación de los alumnos: el Consejo Permanente de las Normales Rurales, que había surgido 2 años antes, cuando Lucio Cabañas Barrientos era secretario general de la FECSM. Para mayo de 1964 y a 2 meses de las elecciones federales volvía a la vida; contaba con presencia en 11 normales rurales: El Mexe, Hidalgo; Aguilera, Durango; Palmira, Morelos; Panotla, Tlaxcala; El Roque, Guanajuato; Zocoyucan, Tlaxcala; Cañada Honda, Aguascalientes; Saucillo y Salaices, Chihuahua; San Marcos, Zacatecas; y Santa Teresa, Coahuila.

El presidente de esta organización era el alumno Eusebio Mata Mejía, de la escuela de El Roque, Guanajuato. Convocó al II Congreso realizado en Cañada Honda. De acuerdo con un informe firmado por el titular de la DFS el 24 de mayo de 1964, “Dicho Consejo fue patrocinado por la Dirección General de Normales Rurales de la Secretaría de Educación Pública, con una partida de $10,000.00 para gastos” (sic).

Con más claridad, el informe del propio titular de la DFS, dirigido al presidente de la República o al secretario de Gobernación, firmado el 25 de febrero de 1964 señala: “[…] líder estudiantil Eusebio Mata Mejía, patrocinado económicamente por la Secretaría de Gobernación y controlado por el Gobernador del Estado” (sic). En ese entonces el gobernador era Augusto Gómez Villanueva.

Al final del oficio se lee: “A instancias del Gobernador aludido, los nuevos dirigentes [del Consejo Permanente] tratarán de entrevistar al Lic. Luis Echeverría Álvarez, subsecretario de Gobernación, Encargado del Despacho, para patentizarle su adhesión al gobierno federal” (sic).


Al final, la organización estudiantil oficial se diluiría de nueva cuenta.

Un informe de la DFS, firmado por su entonces titular, Fernando Gutiérrez Barrios, y fechado el 10 de marzo de 1966 da cuenta de una “concentración” de la FECSM. Se trata de un congreso en el que participaron el Comité Ejecutivo de la organización y representantes de 27 de las 29 escuelas. El acto se realizó en el comedor Enrique Rodríguez Cano de la Escuela Normal Rural ubicada en Perote, Veracruz, internado para varones.

En el documento, titulado con un escueto Estado de Veracruz, Gutiérrez Barrios informa al secretario de Gobernación o al presidente de la República los pormenores de la reunión. Se detalla en la situación de las escuelas y las demandas de los estudiantes. De nueva cuenta quedan claras las demandas de los estudiantes: se trata de solicitudes académicas y de mejoramiento de la infraestructura de las escuelas. Podrían ser firmadas por los normalistas rurales de hoy.

Los alumnos señalan que “[…] las normales rurales están constituidas por gente pobre, hijos de campesinos, pero deben contar con buenos laboratorios de Física, Química, Biología, Biblioteca, talleres con los indispensable para su funcionamiento y vestuario; que en Perote hay 360 internos, soportando el frío por encontrarse el plantel en despoblado y en las faldas del Cofre de Perote; que hacen falta canchas para toda clase de deportes; que a la mayoría de estas escuelas no se les ha dotado de proyectores de cine y vistas fijas; se carece de medicinas y hasta de electrificación, como la Escuela Normal Rural para Señoritas de Galeana, Nuevo León, donde no hay ni agua potable y las alumnas tienen que caminar tres kilómetros para acarrearla […]” (sic).

La FECSM convocó a su 20 Congreso Nacional Ordinario a celebrarse los días 4, 5, 6 y 7 de mayo de 1966 en el que se nombraría al nuevo Comité Ejecutivo de la FECSM. Entre los demás puntos del temario se encontraban la elaboración de un pliego petitorio basado en las necesidades de las escuelas, la solicitud de adhesión de los centros normales regionales y de la Escuela Nacional de Maestros y una posible reforma a los estatutos de la FECSM. El Congreso se realizaría en la Escuela Normal Rural José Guadalupe Aguilera, ubicada en el estado de Durango.

De las dificultades de los policías para infiltrase en la FECSM ya se daba cuenta desde entonces. Un informe firmado el 3 de mayo de 1966 por el capitán Apolinar Ruiz Espinosa acerca del Congreso de la FECSM, señala: “El director de Escuelas Normales de la SEP, Alfonso Sierra Partida considera difícil la entrada de observadores o informadores al Congreso de referencia, por lo que espera solamente la información que le pueda proporcionar el director de la Escuela […]” (sic).

Por supuesto, Gutiérrez Barrios no se dio por vencido y envió a algunos de sus muchachos. Un reporte del 9 de mayo de 1966, firmado por el capitán Apolinar Ruiz Espinosa, señala: “[…] durante el día 7 del actual, en que se clausuraron los trabajos del Congreso, al descubrir los alumnos la presencia de seis agentes informadores, que ocurrieron a José Guadalupe Aguilera, trataron de lincharlos […]”.


Así, el nuevo Comité Ejecutivo de la FECSM estaba encabezado por Antonio Torres Valle, de Zaragoza, Puebla. Del nuevo secretario general de la FECSM, dicen los agentes ser “conocido discutidor”, […] de espíritu rebelde y agitador [como] ha venido significando a los dirigentes y en general a los estudiantes de las normales rurales federales” (informe del capitán Apolinar Ruiz Espinosa, fechado el 12 de mayo de 1966, dirigido a Fernando Gutiérrez Barrios).

Otros personajes buscaron influir en el devenir de la organización estudiantil. Además de Oria Razo (de la CJM), desde la izquierda, un joven muy activo trataba de “asesorar” e incluso “dirigir” a los integrantes de la FECSM. Se trataba de Rafael Aguilar Talamantes, entonces integrante y luego dirigente del Consejo Nacional de Estudiantes Democráticos.

No todos los que se acercaban a la FECSM buscaban acosarlos, espiarlos o manipularlos. Los agentes de la DFS dan cuenta de los apoyos y solidaridad de integrantes del entonces Frente Electoral del Pueblo, como José Santos Valdez, a quien identifican como “inspector de la zona norte de normales en el país de la SEP y escribe en las revistas Política y Siempre” (sic).

También identifican a la periodista Judith Reyes, del FEP. Se trata de la cantautora que acompañó, hasta su muerte, a los movimientos sociales y revolucionarios. También aparece Raúl Ugalde Álvarez, del FEP, quien apenas unos meses después del reporte de los agentes sería aprendido acusado de sedición.

Un apellido es constante en los reportes de la época de la DFS cuando se trata de hablar de las movilizaciones de los normalistas rurales: Cárdenas. Cada que se presenta la posibilidad de que los estudiantes realicen alguna actividad política, los agentes en sus reportes señalan: “Las escuelas normales rurales, fundadas por el general Lázaro Cárdenas…”, como si debieran señalar al responsable del dolor de cabeza que les representaban esas escuelas a las autoridades federales de la década de 1960.

Lo cierto es que las normales rurales no fueron fundadas por Lázaro Cárdenas del Río. Pero sí es verdad que su impulso decidido ocurrió durante su periodo de gobierno. Incluso, en pleno cardenismo se fundó la FECSM, como una organización de defensa de las obras educativas de la Revolución Mexicana y, particularmente, de la educación socialista y el normalismo rural.

Los agentes incluso se refieren a Lázaro Cárdenas como quien “siempre ha dado apoyo y consejo a los normalistas rurales”. Mediante un oficio fechado el 10 de octubre de 1963, Blas García Hernández informa al director Federal de Seguridad que Cuauhtémoc Cárdenas (hijo del general Lázaro Cárdenas) estaría ofreciendo ayuda a los normalistas rurales de Puebla, quienes se encontraban en movilizaciones por mayor matrícula estudiantil y la expulsión de un profesor.


Según el documento –en el que señala como asunto “Magisterio” y que al ingresar al archivo de la DFS fue catalogado con el folio Exp-100-13-1-63–, “El director General de Normales en la República, Profesor Alfonso Sierra Partida, reportó oficialmente al Profesor Mario Aguilera Dorantes, Oficial Mayor de la SEP, la intervención directa del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en el problema de las Normales Rurales, ya que está proporcionando ayuda económica y asistió personalmente a la última reunión que se llevó a cabo el día 8 del presente, en la Escuela Basilio Badillo [Vadillo], ubicada en Zaragoza, Puebla, Municipio de Teziutlán” (sic).

FUENTE: CONTRALÍNEA.
AUTOR: ZÓSIMO CAMACHO.
LINK: http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/11/27/normalistas-rurales-espiados-por-el-fbi/

EPN anuncia: policías estatales únicas; ley contra infiltración del crimen y un 911

Establece el fin de las policías municipales en el país, las cuales serán sustituidas por un mando único en el estado, que comenzará a operar en Guerrero, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas.

El presidente Enrique Peña Nieto anunció este jueves una serie de reformas en materia de seguridad y justicia; primero, propuso una “ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales”; además de una Policía Estatal Única, que sustituirá a todas las policías municipales; así como un número, posiblemente el 911, que atienda todas las emergencias a nivel nacional.

En un mensaje de casi 40 minutos, desde Palacio Nacional, dijo que tras el ataque y desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, “México no puede seguir así y tienen razón, después de Iguala, México debe cambiar”.

Aseguró que como padre de familia comparte el dolor, la angustia e incertidumbre de familias de los desaparecidos, e incluso comparte la exigencia de justicia de la sociedad entera.

Entre las medidas anunciadas por EPN se encuentran:

-Una iniciativa de reforma para expedir la ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales, la cual establecerá un mecanismo para que la federación asuma el control de servicios municipales e incluso se disuelva un Ayuntamiento cuando existan indicios de colusión con el crimen organizado.

-Una iniciativa de reforma que redefina y dé claridad a todo el sistema de competencias penales en materia federal.

-Creación de policías estatales únicas, un nuevo modelo policiaco, para pasar de más de mil 800 policías municipales a “32 sólidas corporaciones”.

-Un teléfono único de emergencias a nivel nacional, propone que sea el 911.


-Una clave única de identidad, que sea un registro confiable de la población.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.

Pobladores de Cocula reportaron 17 desapariciones en 2013: periodista de AFP

Carola Solé, periodista de AFP, dio a conocer en octubre pasado "La noche olvidada de Cocula", sobre hechos ocurridos la madrugada del 1 de julio de 2013, en ese municipio guerrerense.

A raíz de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, investigamos las desapariciones en el municipio vecino, Cocula, donde hay reportes de que el año pasado un grupo criminal se llevó a 17 personas, sin que hasta ahora se sepa nada de ellos, expuso Carola Solé, periodista de AFP.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, la reportera señaló que al llegar a Cocula vio en la prensa local reportes “que no hicieron mucho ruido”, sobre la desaparición de 17 personas en julio 2013.

“Este caso me llama la atención… es un pueblo muy chiquitito… empezamos a preguntar y vimos que todo el pueblo tenía muy presente madrugada del 1 de julio del año pasado. Quedaron muy traumatizados”, contó.

Paralelamente, mientras recorrían Cocula, contactaban a las autoridades para saber qué es lo que había pasado.

La historia en la que coincidieron los entrevistados fue: En la madrugada del 1 de julio de 2013, un comando de 50 hombres armados, en 10 camionetas, irrumpió casa por casa, balaceando, rafagueando, y se llevó a varias personas.

“Imagínate el terror, levantarte a golpe de balaceras”,comentó.

Uno de los testimonios que recogió Carola es el de Maura Varela, pues su hijo Víctor Albarrán, quien tenía 15 años, fue uno de los secuestrados.

“Hablando con más personas parece que fueron Guerreros Unidos, que habían advertido que iban a hacer una limpia… este caso no tiene investigación intensa, hasta el momento no hay avances, no ha habido novedades, es delicado hablar con personas a las que la vida se les truncó”, abundó Solé.

Aquí un fragmento de “La noche olvidada de Cocula“, publicado por El Faro, el pasado 23 de octubre:

La fiscalía de la región de Guerrero dice que tiene denuncias de seis desaparecidos la madrugada del 1 de julio de 2013 en la comunidad de Cocula, mientras una docena de familiares de víctimas y otros vecinos consultados por la agencia AFP coinciden en que fueron 17, y aseguran que muchos padres no denunciaron por miedo a la connivencia de autoridades.

“Aquí se sabe todo, se escucha todo y se hablaba de 17 personas” desaparecidas, dice César Peñaloza, el alcalde de Cocula, un pueblo de 4,300 habitantes situado a unos 200 kilómetros de Ciudad de México.

Una de las familias que presentaron denuncia fue la del adolescente Víctor Albarrán. Su madre, Maura Varela, revive una noche de pesadilla que empezó con la llegada al pueblo de un comando de medio centenar de hombres armados que “venían rafagueando por toda la calle”. Varela y su esposo corrieron a sacar de la cama a sus hijos para esconderlos en el sótano pero les faltó Víctor, que estaba en el baño.

Cuando la mujer subió a buscar a su hijo de 15 años, tres encapuchados balearon la puerta de la casa y entraron. Los desconocidos les hicieron tirarse al suelo, patearon al joven y, después de preguntar infructuosamente por sus hermanos mayores, metieron a Víctor en una de sus diez camionetas donde ya había otros rehenes, muchos jóvenes, asegura la madre.

“Yo iba detrás de ellos, diciendo que no se lo llevaran, que estaba chico, que a él no se lo llevaran, pero no les importó”, llora esta mexicana de 43 años, una de las pocas vecinas que acepta dar su nombre, en el patio de su humilde casa.

“Eso parecía una guerra, hubo muchas detonaciones y la gente amaneció con miedo, sin querer salir de la casa”, recuerda de su lado Alfonso, otro habitante también temeroso de hablar porque él mismo fue secuestrado hace un tiempo.


Los vecinos aseguran que no han vuelto a saber de las 17 personas que el comando se habría llevado y lamentan que el despliegue posterior de medio centenar de militares y policías de Guerrero se marchó sin dar resultados un mes y medio después (…).

VÍDEO ENTREVISTA.



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Los cuerpos de 11 jóvenes decapitados y quemados son hallados en Chilapa, Guerrero

Al menos 11 cuerpos decapitados y quemados fueron hallados esta mañana sobre un camino de terracería que conduce al poblado de Ayahualulco en Chilapa, Guerrero.

Aunque el hallazgo ocurrió desde las primeras horas de este jueves, la prensa informó que desde la noche anterior se registraron enfrentamientos en la zona.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que inició la averiguación previa por el homicidio de las 11 personas del sexo masculino, que fueron privados de la vida por disparo de arma de fuego y semicalcinados, durante la madrugada de este día en el crucero de la carretera estatal Chilapa-Ayahualulco, donde se encontraron cartuchos percutidos de armas de grueso calibre.

De acuerdo con la dependencia, a los cuerpos les hacía falta la extremidad cefálica, las cuales no fueron ubicadas en las inmediaciones del lugar del hallazgo.

La misma información indica que los cadáveres corresponden a jóvenes de entre 20 y 25 años. Los cuerpos presentaban disparos de R-15 y AK-47.

Reportes de medios locales refieren que los cuerpos decapitados y quemados fueron encontrados junto con un mensaje firmado por un grupo delictivo, sin embargo, esta información no fue confirmada por las autoridades.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que mediante denuncia ciudadana “se reportó el hallazgo de cuerpos quemándose aproximadamente a unos 200 mts. del crucero que conduce a la población de Ayahualulco, de la carretera Chilapa – Chilpancingo”.

“Al arribar elementos al lugar, fueron localizados cuerpos decapitados en proceso de incineración, en las inmediaciones se encontraron también, 3 cascos calibre 9mm, 37 de .223, 30 de 7.62 x39, y una manta con un mensaje escrito en letras rojas; en estos momentos se realizan las diligencias correspondientes”, precisó el gobierno de Chilapa en sus redes sociales.

Chilapa de Álvarez ya ha protagonizado otros episodios violentos en este año. Entre el 8 y 10 julio se registraron enfrentamientos entre presuntos criminales y agentes policiales que dejaron un saldo de 14 personas muertas.

El gobierno del estado informó en ese entonces sobre un enfrentamiento registrado la noche del miércoles 9 de julio que dejó 8 personas muertas; 7 eran presuntos delincuentes y uno un policía. Un noveno fallecido fue un taxista, según reportaron medios locales.

Un día antes, se localizaron seis cuerpos. Se informó que las personas fallecieron tras un enfrentamiento entre dos grupos antagónicos de la delincuencia organizada.

La Fiscalía Regional de la Zona Centro señaló que proseguirá con las investigaciones en torno al homicidio de las 11 personas cuyas identidades permanecen como desconocidas, practicando las diligencias tendientes a establecer la mecánica de los hechos, además de recabar testimoniales para identificar a los probables responsables para llevarlos ante los órganos que imparten justicia y sean sancionados conforme a lo que dispone la legislación de la materia.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/27-11-2014/1178949.

#43Ayotzinapa

MÉXICO, D.F: El 43 será el número que marque al gobierno de Enrique Peña Nieto. Esa cifra traerá una carga histórica de violencia y muerte que sobrepasará con mucho todos los intentos del presidente por representar la etapa moderna y reformadora de México.

Por más intentos que haga de maquillar su imagen, nada ni nadie podrá borrar este pasaje fatídico representado en esta cifra numérica que ya es conocida en todo el mundo como parte del horror que hay en el país y que intenta ser ignorado desde el nicho del poder.

La desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y la tardía e insuficiente respuesta de Peña Nieto es el ejemplo más emblemático de la espiral de violencia que tiene postrado a México con miles de muertos, desaparecidos y desplazados por la guerra contra el narcotráfico y la simbiosis del crimen organizado con el gobierno y el Estado.

Pese a que desde 2006 se han registrado miles de víctimas, nada ha llamado más la atención en otros países que la desaparición de los jóvenes estudiantes desde el 26 de septiembre a manos de la policía municipal de Iguala y bajo la mirada complaciente de los soldados del 27 batallón instalado en ese lugar.

El conteo de c-u-a-r-e-n-t-a-y-t-r-e-s coreado por miles de voces en diversas plazas de Europa, América, Asia y Oriente, así como en todas las entidades del país, se ha expandido a todos los medios sociales, incluidos el cultural y del espectáculo, que han dedicado parte de su trabajo a exponer el horror de este pasaje infernal mexicano.

Peña Nieto parece estar en arenas movedizas, pues a cada paso que da, a cada movimiento para tratar de salir a flote del vendaval de críticas por su incapacidad de gobernante, se hunde más y más sin que nadie de su equipo sea lo suficientemente honesto y sincero para reconocer que el crimen organizado está dentro del Estado, cogobernando en buena parte del país.

Bien dice el presidente de Uruguay, José Mujica, que Ayotzinapa es uno de los episodios más oscuros de México y el ejemplo más claro de un Estado fallido. Aunque habría que agregarle que es ejemplo del narco-Estado mexicano.

Organizaciones internacionales como el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e instancias como Amnistía Internacional, así como el Vaticano y gobiernos de diversos países, han reconocido este vergonzoso pasaje que tiene en jaque al gobierno de Peña Nieto, quien nunca valoró su impacto y tardó diez días en reaccionar, argumentando que se trataba de un delito estatal y que el gobierno de Guerrero tenía que resolver.

En su tiempo, otros presidentes han enfrentado matanzas y tragedias que pudieron evitarse, como la de Aguas Blancas en 1996 y la de Acteal un año después. Otros las ocasionaron, como la de Tlatelolco en 1968 y el Jueves de Corpus en 1971. Pero en el caso de Ayotzinapa, la responsabilidad de Peña Nieto es aún más directa, pues su gobierno contó con reportes entregados a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las actividades ilícitas del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y no los atendió a tiempo.

De haber actuado en su momento, pudo haber evitado la desaparición forzada y otros asesinatos. Su falta de visión como gobernante, su insensibilidad por la situación de emergencia nacional y su miopía ante la tragedia social, producto de la violencia que ha generado el crimen organizado y el propio Estado, produjeron y lamentablemente seguirán generando más víctimas como las de Ayotzinapa.


Hoy el número 43 ha marcado al gobierno peñista y lo seguirá haciendo hasta que se vaya, en 2018. Y lo perseguirá como una terrible pesadilla desplazando aquel sueño que tenía de pasar a la historia nacional como el gran reformador de México en la segunda década del siglo XXI.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS (ANÁLISIS)

La incongruencia de Cuauhtémoc Cárdenas

MÉXICO, D.F: Cuauhtémoc Cárdenas fue la figura política más destacada de finales de la década de los ochentas. Encabezó en 1986 la Corriente Democrática que fracturó al PRI y soy de los que sostiene que ganó la elección presidencial de 1988. Contra Cárdenas se desató una feroz campaña. Lo acusaron de violento, de querer desestabilizar al país y, en el extremo, Jacobo Zabludovsky, entusiasta operador de guerras sucias dictadas por el poder, entrevistó a dos medios hermanos para que se pronunciaran en contra de su candidatura.

En 1989 el hijo de Lázaro Cárdenas fundó el PRD, partido que aglutinó a toda la izquierda organizada de ese momento. Congruente, necio, recorrió una y otra vez el país denunciando la corrupción gubernamental. En 1994 se presentó por segunda vez como aspirante a Los Pinos. Sin la fuerza de seis años atrás, un hábil orador pero inescrupuloso político, Diego Fernández de Cevallos (sigue debiendo la explicación de por qué siendo puntero en las encuestas dejó caer su campaña) lo hizo pedazos en el debate presidencial transmitido por televisión a nivel nacional.

El error de diciembre, el surgimiento del EZLN, los asesinatos en el seno del PRI de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, y el robo del siglo llamado Fobaproa, hicieron resurgir a Cárdenas de las cenizas. Se postuló para jefe de gobierno del Distrito Federal y ganó. Se pensó entonces que tenía, ahora sí, la mesa puesta para ganar la presidencia en el 2000.

Una gris gestión en el Distrito Federal (no se le recuerda obra ni decisión que haya marcado su administración) y una despiadada campaña mediática en su contra que tuvo su punto más álgido cuando Tv Azteca le atribuyó “a su ineficaz” gobierno el asesinato del comediante Paco Stanley, lo debilitaron a tal extremo que el ganón del hartazgo ciudadano resultó ser Vicente Fox.

Con tres candidaturas presidenciales a cuestas, el relevo generacional en el PRD era inevitable. De presidente nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador saltó a la candidatura a jefe de gobierno y la ganó. Contra el tabasqueño se dirigieron todos los misiles posibles. La embestida superó con creces la operada contra Cárdenas en el 88. A tal grado cambiaron los roles, que Cuauhtémoc pasó a ser para los medios y voceros oficiales disfrazados de periodistas, el líder moderno y progresista de la izquierda y López Obrador, el peligro para México.

Al mismo tiempo, en otra historia no contada hasta el momento, Cárdenas y López Obrador se distanciaron tan pronto como el segundo asumió la jefatura de gobierno defeño.

El punto más álgido del enfrentamiento se dio cuando en el 2005, Cárdenas amagó con buscar por fuera del PRD la cuarta candidatura presidencial. Proceso publicó entonces, en su edición 1499, un texto lapidario que tituló Contra su propia historia.

En ese tiempo se sabría que Cárdenas se reunió con Carlos Salinas de Gortari en el conflicto poselectoral del 88. Cuando se hizo pública la información (edición 1026) la negó. Después tuvo que aceptar que sí se dieron esos contactos.

Mientras Cárdenas daba bandazos, López Obrador consolidaba su candidatura. Entonces, los embates en su contra desde el poder no se hicieron esperar. Los dos más destacados: el desafuero instrumentado por Fox y los videoescándalos operados por el empresario Carlos Ahumada y difundidos bajo la bendición de Emilio Azcárraga, Diego Fernández de Cevallos y Carlos Salinas de Gortari.

En ese clima de hostigamiento creciente a López Obrador, Cárdenas, incongruente, guardó silencio. Cuando al fin se atrevió a participar en una marcha en protesta por el desafuero, la gente lo corrió con gritos de traidor.

Y a menos de un mes de la elección presidencial del 2006, Cárdenas, quien hasta llegó a cuestionar si López Obrador era de izquierda, aceptaba una chamba en el gobierno derechista y frívolo de Vicente Fox: coordinador de la comisión organizadora de los festejos del Bicentenario del inicio del movimiento de la independencia nacional.

Todo su pasado progresista acabó por desmoronarse. Sus incongruencias le pasaban factura entre la militancia. Desde el poder, en cambio, el trato era con algodones: se le etiquetó como el líder moral.

Hace unas semanas buscó ser de nuevo el presidente nacional del PRD. Puso una condición: no tener contendiente en el proceso interno. Los Chuchos, dueños de la franquicia perredista, le cerraron el paso.

Ocurrió la tragedia de Iguala, los seis muertos y los 43 estudiantes desaparecidos, bajo la autoría intelectual, de acuerdo con la versión oficial, del alcalde perredista José Luis Abarca. Se incorporó, solidario, a una marcha de protesta. Al finalizar la movilización, un grupo de manifestantes lo agredió.

Siete semanas después de Ayotzinapa, Cárdenas exigió a la dirigencia nacional de su partido la renuncia. Los Chuchos desecharon su petición. Entonces, renunció.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEJANDRO CABALLERO.

Desaparecidos y protestas, temas en conversación de Obama y Peña

WASHINGTON: El presidente estadunidense Barack Obama y su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto se comprometieron a mantener la labor conjunta en el combate al crimen organizado y en promover mejor seguridad y justicia.

En una llamada telefónica que sostuvieron Obama y Peña, los temas de Ayotzinapa y las protestas masivas en México se abordaron en el marco de la lucha bilateral contra el crimen organizado y de la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana y la aplicación de la justicia, de acuerdo con una funcionaria del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, quien habló con Apro.

“Se habló del caso de los estudiantes desaparecidos y el presidente (Obama) reiteró el apoyo de Estados Unidos para esclarecer la situación”, señaló la funcionaria quien condicionó los comentarios a que se le mantuviera en el anonimato.

En el comunicado oficial de la Casa Blanca sobre la conversación telefónica, se excluyó mencionar el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

“Se comprometieron a trabajar conjuntamente en el combate al crimen organizado y a promover la seguridad y la justicia para los ciudadanos de cada país, bajo el espíritu de la responsabilidad compartida”, dice el comunicado de la Casa Blanca.

La llamada entre Obama y Peña Nieto ocurre un día después de que el secretario de Estado, John Kerry, recibiera una carta que le enviaron 14 senadores estadunidenses, donde le exigen apoyar al gobierno mexicano con lo que fuera necesario para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas, apoyar en las pruebas forenses de los restos y para garantizar que se lleve ante la justicia a los responsables del crimen.

Tras celebrarse la llamada telefónica entre Obama y Peña Nieto, la Presidencia de México también emitió un comunicado de prensa para resumir la conversación sólo que, a diferencia de lo distribuido por la Casa Blanca, omitió incluir el tema de la lucha contra el crimen organizado, contra la inseguridad, y los compromisos para garantizar la aplicación de la ley a la ciudadanía de las dos naciones.

La Casa Blanca, como lo hiciera Los Pinos, destacó que Obama y Peña abordaron el tema de las órdenes ejecutivas asumidas la semana pasada por Obama para cambiar las leyes de inmigración de su país.

“El presidente Obama y el presidente Peña Nieto reafirmaron el compromiso de ambos países para trabajar juntos en Centroamérica para ayudar a abordar los factores subyacentes que impulsan la migración de la región a México y Estados Unidos”, resalta el comunicado de la Casa Blanca.

El jueves 20, Obama instrumentó varias órdenes ejecutivas con las que otorga un permiso de trabajo y de residencia temporal, por tres años, a unos cinco millones de inmigrantes indocumentados que viven y trabajan en Estados Unidos desde hace por lo menos un lustro.


Las decisiones presidenciales también suspenden las deportaciones de indocumentados y de padres de menores de edad ciudadanos o residentes legales en Estados Unidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.

‘El chip’ viejo de los fiscales

Organizaciones civiles coinciden: Agentes del Ministerio Público de la Procuraduría continúan con el "chip" de un lento y viejo sistema para atender una denuncia.

Agentes del Ministerio Público de la Procuraduría de Justicia continúan con el “chip” de un lento y viejo sistema para atender una denuncia de los ciudadanos.

Y convenientemente, entre menos denuncias, se reducen los números de los delitos en Nuevo León.

Organizaciones civiles coincidieron en que las agencias del Ministerio Público están entrampadas dentro de una falta de evolución y el ciudadano termina por desesperarse y desistirse de presentar la denuncia, lo cual provoca que los delincuentes salgan libres.

Así sucedió con la familia de sampetrinos que fue asaltada en su propia casa en la colonia del Valle.

Y es que Reporte Indigo publicó ayer la historia de estos ciudadanos de San Pedro, quienes fueron víctimas de un robo con arma blanca en su residencia, pero como los ladrones se llevaron sus teléfonos móviles, pudieron ubicarlos y la Policía Municipal los aprehendió.

Sin embargo, confesos, con el botín en sus manos y tras las rejas, salieron libres porque ni la Policía de San Pedro, ni la Agencia del Ministerio Público Número 3 de la Procuraduría del Estado, fueron accesibles para recibir la denuncia.

En la corporación sampetrina los tuvieron cerca de dos horas para luego enviarlos al Ministerio Público estatal, al que debían presentarse al día siguiente.

Luego, en el MP de la avenida Ruiz Cortines, en el poniente de Monterrey, los enviaron al cruce de las calles Ocampo y Cuauhtémoc, en el centro de la ciudad, para que les aplicaran una prueba psicológica para ver si estaban en posibilidades de presentar una denuncia. Ahí les dijeron que debían esperar tres horas para el dictamen psicológico porque había gente por delante.

Además, les advirtieron que si denunciaban, tendrían que carearlos con los criminales.

También, que si querían de regreso sus artículos robados, tendrían que esperar el desenlace del proceso penal, por lo que les recomendaron desistirse de la denuncia. Los ladrones están libres.

Ministerios Públicos siguen sin evolucionar

Por Jesús Padilla

La directora del Consejo Cívico de la Instituciones de Nuevo León (Ccinlac), Sandrine Molinard, dijo que los fiscales de la Procuraduría del Estado no han cambiado su “chip” en la cabeza. 

“El agente del Ministerio Público no ha evolucionado, no ha cambiado… 

“Es un viejo modelo, porque son las mismas personas de siempre y no han cambiando el  ‘chip’, siguen con el ‘chip’ del viejo sistema en la cabeza”, dijo Sandrine Molinard. 

La directora del Consejo Cívico asegura que muchos funcionarios no están comprometidos con su trabajo en la procuración de Justicia en el Estado.

“Mi impresión es que a los funcionarios que están trabajando en el Ministerio Público les da flojera levantar la denuncia.

“Y están haciendo que el ciudadano esté pasando por un calvario al poner una denuncia”, expresó Sandrine.

En el caso de la familia sampetrina que fue víctima de un robo en su casa y  terminó por desistirse por lo tardado y problemático del trámite para presentar la denuncia, Sandrine explicó que los mismos policías de San Pedro debieron levantar la declaración de la afectada. 

“Hay dos opciones para que un sampetrino levante un denuncia: La primera opción es que la Policía Municipal ya puede levantar el reporte inicial y ellos se pueden encargar de levantar una denuncia.

“Y la segunda es que el sampetrino puede acudir al Centro de Orientación y Denuncias (CODE) que está en el edificio ubicado a un lado de la Policía de San Pedro”, dijo Sandrine.

Agregó que las personas que acuden a denunciar a la Procuraduría de Justicia sufren de una doble victimización.

“El dictamen psicológico es una doble victimización, en todo caso el examen psicológico aplicaría sí la persona está buscando a través de la Comisión de Víctimas recuperarse del delito que sufrió.

“Por eso digo que es una doble victimización.

“Además de que eres víctima de un delito, después de todo el proceso tortuoso de horas que estás perdiendo en la Agencia del Ministerio Público son víctimas de los funcionarios que ahí laboran”, explicó la directora del Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León.

‘Una coadyuvancia a la impunidad’: Flores

Por Melva Frutos

La burocracia que existe en la Procuraduría de Nuevo León es una coadyuvancia indirecta a la impunidad, aseguró Liliana Flores Benavides.

La activista social también dijo que padeció la indolencia de fiscales, pero en una denuncia bajo el nuevo sistema de justicia penal.

“No saben que mucha gente esta siendo violentada, es víctima de un delito pero aunque vaya a denunciar, el procedimiento está hecho de tal manera que te desmotiva a denunciar.

“Si no pasa del CODE  (Centro de Orientación y Denuncia), no llega al Ministerio Público y es indirectamente una coadyuvancia a la impunidad”, declaró la ex diputada independiente.

Excplicó que recientemente asistió a una víctima de intento de secuestro, un hombre de la tercera edad, que al acudir a interponer la denuncia se enfrentó a un proceso que tardó, por increíble que parezca, nueve horas.

“Esto hace realmente un proceso de mucho sufrimiento para el ciudadano, porque es una persona que está siendo agraviada por algún delito, esta siendo víctima.

“Con este proceso lo que hacen es que la gente se canse y se desista de continuar en el procedimiento”.

La lentitud y la falta de dinamismo en los procedimientos, obligan a las víctimas a desistir.


“Y como en el caso que consignan en la nota, habiéndolos agarrado en flagrancia, sabiendo que son culpables, tuvieron que perdonarlos en aras de no continuar”.

El CODE vino a sustituir a las delegaciones del Ministerio Público, para facilitar al ciudadano en el proceso de denunciar un delito.

“Pero es tortuosísimo, porque antes tú llegabas, presentabas tu denuncia por escrito o con el agente del Ministerio Público en turno.

“Ratificabas la denuncia y se ponían a investigar. 

“Ahora es una criba, te están, cribando ahí”, expresó la activista Liliana Flores Benavides.

Ugo Ruiz asegura: ‘robos son coyuntura’

Por Félix Córdova

Ante el caso que Reporte Indigo publicó ayer sobre una familia que sufrió un robo en la colonia del Valle, en San Pedro, el alcalde Ugo Ruiz dio una rueda de prensa en la que no permitió preguntas respecto a ese hecho que aún tiene varias interrogantes.

Una de ellas es: ¿Por qué no acudió el MP al lugar de los hechos para levantar la denuncia, aunque existe un acuerdo entre la Procuraduría y el Municipio?

Y es que existe un convenio entre el procurador, Adrián de la Garza, y el alcalde, Ugo Ruiz, para que así sea. Sin embargo, éste no se respetó.

Ésta es una de las razones por la que los dos delincuentes se encuentran en libertad, pues interponer la denuncia fue un “calvario” para los afectados.

En la rueda de prensa también estuvo presente el Comandante Sergio Palacios, secretario de Seguridad Municipal. Eso sí, Ruiz anunció que detuvieron a cuatro ladrones, aunque no informó sus datos personales.

También, el Ayuntamiento reconoció que los delitos por violación en San Pedro aumentaron un 53 por ciento en los últimos tres años.

Esto, debido a que de noviembre del 2012, a octubre del 2014 se han registrado 23 casos, a diferencia de los años 2009 a 2011, cuando solo hubo 15 delitos.

Si no reciben denuncias, presentan cifras alegres

Por Melva Frutos

Emplear procesos de denuncia morosos, da como resultado la ausencia de querellas y por consecuente las cifras de seguridad “alegres”, dijo Lorenia Canavati.

“Las cifras se vuelven muy alegres porque ¿quién va a denunciar de esta manera, si se tardan muchísimo tiempo?...

“¿O si al denunciar te piden una serie de requisitos?...

“Encima de que fuimos víctimas de un atraco, ahora tenemos que dedicarle mucho tiempo porque la autoridad no está haciendo bien su trabajo”, cuestionó la dirigente de Evolución Mexicana.

Canavati aseguró que lejos de motivar a las víctimas para que denuncien las acciones de inseguridad y se pueda detener a los delincuentes, se les esta dejando libres por la falta de responsabilidad de los ministerios públicos.

“Evidentemente el Ministerio Público no está haciendo bien su trabajo y es su deber salvaguardar nuestra seguridad.

“Y para ayudar a nuestra seguridad, la forma es que nos hagan mucho más fácil poder denunciar los delitos”.

Esto deja en evidencia que las cifras que presentan las autoridades estatales no son reales, advirtió, porque las situaciones de inseguridad no son registradas.


“Por qué no estamos denunciando, porque el Ministerio Público esta haciendo un trabajo fatal”, expresó.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: FÉLIX CÓRDOVA, JESÚS PADILLA, MELVA FRUTO