Por desgracia, detrás de la redacción de varios de los artículos de la Reforma se adivinaba ya la intención gubernamental de recular, de hacerle trampa al país, de eludirnos, señala Levy.
Hace un año y medio entró en vigor la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones (“Reforma”) que fue incluida en el paquete de las reformas estructurales que prometen cambiar a México, mover a México. ¿Sus objetivos?:
1) Acabar con la brutal concentración que desde hace décadas tenemos en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión; para ello incluyeron la figura de la preponderancia.
2) Apuntalar los derechos fundamentales, particularmente el de información; entonces fue programada la licitación de dos nuevas cadenas nacionales de televisión digital comercial, fue incluida la facultad para limitar la propiedad cruzada de medios, se habló de garantizar frecuencias para medios sociales (comunitarios e indígenas), así como la obligación de crear un organismo descentralizado para proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro que garantizara libertad editorial y autonomía financiera, entre otras cuestiones.
3) Promover la competencia y establecer nuevas reglas para la convergencia, a fin de que las empresas presten todos los servicios que técnicamente posibiliten sus redes; para eso se estableció la concesión única.
4) Recibir nuevas inversiones y multiplicar los prestadores de servicios; para lograrlo se planea democratizar insumos esenciales a través de la creación de una red compartida mayorista en la banda de 700 MHz, junto con la ampliación de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad.
5) Desarrollar un amplio catálogo de derechos de los usuarios y de las audiencias en la ley secundaria –incluyendo el derecho de réplica-, así como los mecanismos para su defensa.
El vehículo para aterrizar todo esto sería doble, según la propia Constitución: por un lado, la expedición de una ley que transformara la Reforma en derechos, obligaciones y herramientas concretas para materializar lo en ella expuesto y, por otro lado, la Comisión Federal de Telecomunicaciones sería sustituida por un organismo constitucional autónomo integrado por las personas más calificadas, elegidas mediante un proceso totalmente transparente.
Por desgracia, detrás de la redacción de varios de los artículos de la Reforma se adivinaba ya la intención gubernamental de recular, de hacerle trampa al país, de eludirnos. Así fue como la preponderancia terminó siendo una ficción en la ley secundaria, una figura que sorprende incluso a las teorías más trasnochadas de la competencia económica. Pero la cosa no quedó ahí, a este diseño fallido de preponderancia se sumó la invitación a tener mayor concentración en diversos servicios gracias a la inclusión del noveno transitorio en la ley secundaria. Además, algunas de las obligaciones asimétricas parecen maquilladas, ahí tiene usted la oferta pública de América Móvil para uso de su infraestructura que increíblemente no incluye tarifas, y qué decir de la oferta de Televisa que ni siquiera ha sido publicada.
Por otro lado, la licitación de dos cadenas de televisión ha decepcionado a nacionales y extranjeros pues solo 3 postores han decidido pasar a la segunda etapa en un proceso licitatorio que será definido por el criterio económico y que se ha desarrollado en condiciones no muy positivas: incertidumbre en el programa de apagón analógico, integración vertical ahora legalizada por el noveno transitorio, reglas de propiedad cruzada inútiles, inversión extranjera limitada a 49%, incierta utilización de la infraestructura del preponderante Televisa, así como presiones políticas y mediáticas. Además, el organismo descentralizado de radiodifusión fue concebido más oficialista que público, su órgano decisorio es controlado por el propio Gobierno Federal. Los medios sociales han sido drásticamente limitados en su financiamiento e insumos, y se omitió -nuevamente- legislar sobre derecho de réplica.
La concesión única -que garantizaría la convergencia- se ve cada vez más utópica para los actuales operadores. El proceso, a cargo de la Subsecretaría de Comunicaciones, para desarrollar la red compartida mayorista, va tarde y es opaco, como si no se hubieran enterado de lo que está pasando con la licitación del tren México-Querétaro. La red troncal de CFE no se ha ampliado ni un kilómetro. Los usuarios y audiencias seguimos huérfanos ante la perpetuación de un esquema institucional que ha demostrado insistentemente no funcionar. Todo esto debido a una ley secundaria que llegó 8 meses tarde violando el plazo impuesto por la Constitución, y que descremó muchas de las promesas que se leían en la intención y en la letra del texto constitucional, pifia intencional sin lugar a dudas.
Además, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuyo proceso de integración dejó mucho que desear por lo que hace a la transparencia y probidad de quienes lo condujeron, ha sido torpedeado desde su génesis por factores exógenos y endógenos: la propia legislación invade sus facultades constitucionales y le atribuye tal carga de trabajo en tan poco tiempo que asegura su incumplimiento, una pobre calidad de sus resultados o ambas cosas. Ha sido fuertemente atacado por algunos legisladores que quieren mantener a sus comisionados amedrentados para que favorezcan sus agendas políticas y las de sus patrocinadores. Pero el principal elemento contra el IFETEL es endógeno: el recato de sus integrantes que llevó a la no interposición de la controversia constitucional contra la ley secundaria que defendería su autonomía y a la propia institución; esa cautela que, de seguir así, dará como resultado interpretaciones jurídicas poco osadas, que se traducirán en decisiones conservadoras tomadas detrás de la línea que marcan al Instituto los intereses políticos y empresariales como zona de confort y de contención. Afuera estamos los usuarios, afuera está la sociedad.
La adquisición de Iusacell por ATT, tres postores en la licitación de las nuevas cadenas de televisión y millones de televisores que están siendo entregados dentro de cajas de cartón con el logo priista impreso de “mover a México”, son los íconos que hasta ahora representan la reforma en telecomunicaciones. Es patético.
En la sobremesa.
Ya han sido designados por unanimidad del Pleno del Senado de la República los 9 miembros de Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, de entre 19 aspirantes: Ernesto Velázquez, Enrique Lazcano; Lidia Camacho, Javier Esteinou, Raúl Quintanilla, Carmen Ortega, Lourdes Barbosa, Coral Castillo y Nora Patricia Jara. Enhorabuena.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/ EL UNIVERSAL
AUTOR: IRENE LEVI.
