MÉXICO, D.F: La creación de policías únicas estatales, que el presidente Enrique Peña Nieto anunció el pasado jueves, empezó a tomar su cauce legislativo al ser enviada hoy al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma constitucional para eliminar policías municipales.
Al iniciar su tercer año de gobierno, el mandatario priista planteó una vez más un nuevo ciclo de reformas, esta vez, encaminadas al tema de seguridad, tras dos años de concentrarse en impulsar reformas de naturaleza esencialmente económicas.
De gira por Chiapas, Peña Nieto anunció el asunto sin muchas precisiones. Aunque, por lo expuesto, se trata de una reforma constitucional para que el Congreso de la Unión pueda expedir la ley correspondiente y contar con bases constitucionales para la otra pretensión presidencial de extinguir ayuntamientos bajo sospecha de infiltración del crimen organizado.
El pasado jueves 27, Peña Nieto anunció la iniciativa de ley contra la infiltración de autoridades municipales, propuesta con la que encabezó el llamado “decálogo” por la paz, la justicia y el desarrollo. Ese día anunció que las primeras iniciativas de reforma serían enviadas al Congreso este lunes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
CINTALAPA, Chis: Lo ocurrido en Iguala evidenció “un antes y un después” en seguridad pública, exhibió la debilidad de las instituciones y la vulnerabilidad de los municipios ante el crimen organizado, reconoció el presidente Enrique Peña Nieto al dar inicio al segundo tercio de su administración.
Al encabezar el acto de “Entrega nacional de vivienda y apoyos Prospera” en este municipio, el mandatario insistió en que es necesario tener instituciones sólidas y bien preparadas para hacer frente al crimen organizado.
Entre medidas de seguridad más estrictas que de costumbre por parte del Estado Mayor Presidencial (EMP), que estableció cinco filtros a 500 metros de distancia del evento, e impidió que miles de acarreados pasaran botellas de agua y comida que les dieron en los camiones que los transportaron desde sus comunidades, el presidente celebró el arranque de su tercer año de gobierno.
Peña destacó la iniciativa de reforma para crear el comando único de policías estatales y disolver municipios donde el crimen organizado ha infiltrado a las autoridades.
También dijo que a dos años de su gobierno se han hecho importantes esfuerzos para mejorar el país, entre ellos las reformas estructurales que, aseguró, dan una plataforma de desarrollo, además del plan de acción sobre seguridad pública.
Luego manifestó que iniciaba en Chiapas su segunda etapa de gobierno como muestra del impulso que se dará al desarrollo de los estados más necesitados, como son Oaxaca y Guerrero.
El presidente reconoció que hasta ahora no está satisfecho con los resultados, pero advirtió que seguirá empeñado en que las reformas den un beneficio directo a las familias.
La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y el titular de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Carlos César Marín, dieron su respaldo a Peña al calificarlo de ser un presidente que “cumple su palabra”.
Robles sostuvo que la Cruzada Nacional contra el Hambre ha funcionado al beneficiar a 6 mil familias con tarjetas “sin hambre”, 4 mil comedores populares y dotando de leche a 6 millones de personas.
En un video, la Presidencia de la Republica presumió los logros del gobierno en materia de vivienda y otros programas sociales.
El gobernador Manuel Velasco, a su vez, manifestó su total apoyo a Peña Nieto en su proyecto reformador y agradeció el respaldo que dará al sureste del país con el plan de impulsar a las tres entidades con mayores requerimientos: Oaxaca, Guerrero y Chiapas.
“Cuenta usted con todo el apoyo de los chiapanecos para hacer historia”, dijo el gobernador, con lo que arrancó los aplausos de los acarreados, quienes ocuparon sólo las primeras filas, ante el mutismo de los demás campesinos, indígenas y colonos que, desde temprano, fueron transportados desde los municipios aledaños.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS E ISAÍN MANDUJANO
MÉXICO, D.F: Invitado por la alcaldesa de Toluca, Martha Hilda González Calderón, para asistir a su informe de gobierno, este lunes reapareció públicamente el exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, quien se negó a hablar sobre la batalla legal que mantiene con su exesposa Maude Versini desde hace casi tres años.
“Es un asunto personal”, dijo, por lo que descartó referirse a la orden de aprehensión que el gobierno francés giró en su contra desde junio pasado por el presunto delito de sustracción de menores.
Entrevistado al salir de la sala de conciertos Felipe Villanueva, en la capital mexiquense, donde también estuvo presente el gobernador de la entidad, Eruviel Ávila Villegas, Montiel tampoco quiso decir si buscará un puesto de elección popular durante las elecciones locales del próximo año.
El pasado 6 de noviembre, luego de que la justicia francesa emitió una orden de aprehensión en contra de Montiel, Maude Versini advirtió que “las autoridades mexicanas deben de actuar si no quieren violar el derecho internacional”.
En entrevista con Noticias MVS desde Washington, la ciudadana francesa, que lleva casi tres años sin ver a sus hijos Adrián, Sofía y Alexi, detalló que la orden de arresto es por sustracción de menores y consideró que el actual gobernador mexiquense y el presidente Enrique Peña Nieto deben ejecutarla y demostrar que nadie está por encima de la ley.
Por lo pronto, advirtió, si Montiel sale del país, sería detenido porque “nunca se quiso presentar ante la justicia francesa cuando lo citaron a comparecer”.
Maude Versini detalló que la orden de aprehensión contra Montiel Rojas fue girada desde el pasado 30 de junio, sin que hasta ahora se haya cumplimentado, por lo que consideró que existe una “clara complicidad del gobierno del Estado de México”.
Eruviel Ávila tuvo que arrestarlo desde hace cuatro meses, pero existe “justicia selectiva”, subrayó.
La francesa dijo que estaba esperando que el presidente Enrique Peña Nieto actúe y pueda demostrar que “realmente nadie está por encima de la ley (…) quiero ver si van a cumplir con esta orden de aprehensión o van a seguir violando el derecho internacional”.
Versini Lancry recordó que lleva casi tres años sin ver a sus hijos y que emprendió una batalla legal en México y Francia luego de que el exgobernador mexiquense retuviera a los niños cuando vinieron a México a pasar con él la navidad en 2011.
“Yo no quería poner en la cárcel al padre de mis hijos, pero estoy agotadísima”, subrayó.
Su objetivo, abundó, era recuperar a sus hijos, “negociar algo que le convenía a él y a mis hijos”, pero Montiel nunca quiso encontrar una solución.
“No hemos tenido respuesta ni de él ni sus abogados (…) Voy a cumplir tres navidades sin ver a mis hijos y yo no aguanto más”, expresó.
Por separado, Arturo Montiel negó saber de la orden de aprehensión girada en su contra y afirmó que no se opone a que su exesposa vea a sus hijos, pero si quiere verlos debe ser bajo las disposiciones legales mexicanas.
“Yo no me opongo a que ella vea a sus hijos, no me opongo. Que quede muy claro, simplemente, que debe ser bajo las disposiciones legales que sobre la materia están estipuladas por las leyes mexicanas”, señaló.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El presidente mexicano presentó un nuevo plan contra la inseguridad; sin embargo, ¿qué implica ponerlo en práctica?
Hace dos meses, 43 estudiantes mexicanos desaparecieron aparentemente a manos de la policía municipal de Iguala en el estado de Guerrero. La Procuraduría General de la República (PGR) dice que miembros de un grupo criminal confesó asesinar a los jóvenes, quemar sus cuerpos y arrojar sus restos en un río.
Al enfrentar lo que es, indudablemente, la crisis política más grande de su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto intentó asumir la ofensiva con un nuevo plan de 10 puntos para mejorar el sistema judicial con la reforma policial como punto central.
Pero, ¿cómo se implementarán estas medidas? ¿Se puede romper la enredada relación entre autoridades corruptas y los carteles en México? BBC Mundo examina algunas de las propuestas clave de Peña Nieto.
1. La creación de “Policías Estatales Únicas” bajo lo cual los 1.800 cuerpos policiales municipales “se pasarán” a fuerzas estatales
“Esta propuesta tiene como propósito lograr que los mexicanos tengamos policías bien capacitados y equipados para poder llevar a cabo su misión de manera muy eficaz” dice el portavoz presidencial, Eduardo Sánchez. Cita el ejemplo del estado de Nuevo León donde la depuración de la policía consiguió lo que él califica como “resultados extraordinarios”.
Peña Nieto rechaza la idea de que otras depuraciones de corporaciones policíacas no han funcionado, como ocurrió en el estado de Coahuila: “Lo que se está proponiendo es una ley que obligue a que esto ocurra. Que no sea una buena voluntad o una concertación de cada uno de los gobernadores o presidentes municipales, sino que el Congreso de la Unión expida una ley que obligue que ocurra la unificación de la policía a nivel estatal”.
¿Entonces se despedirá a miles de agentes de policías municipales de sus cargos?
“No podemos decir que ninguno de ellos es apto para el servicio”, dice Sánchez. “Al contrario. Cualquier ciudadano que cumpla los requisitos que se necesita para ser parte de estos cuerpos policíacos tendrá derecho a un lugar en el reclutamiento para la capacitación”.
Sin embargo, para algunos quedan muchas preguntas sin respuesta. “No está claro si están hablando de eliminar 1.800 policías municipales o pasarlos bajo el control de la policía estatal. No es lo mismo”, comenta el analista Alejandro Hope. También duda que el ejemplo de la policía en Nuevo León, en la violenta región noreste del país, debe ser un modelo para todo el territorio nacional.
2. Un cambio constitucional (tiene que ser aprobado por el Congreso) que otorgue al Ejecutivo los poderes para disolver gobiernos locales acusados de infiltración del narcotráfico.
En estos momentos no veo que la sociedad tenga la confianza para llamar un número de las policías o de cualquier institución del estado para denunciar algo
Alejando Ramos, Centro de Derechos Humanos en Guerrero
“Esto es un modelo de ley que ya se sigue en Italia”, explica Eduardo Sánchez. “El modelo italiano planea un procedimiento a través del cual en un plazo muy corto, prácticamente de unos días, se hace una investigación. Y si de la investigación se derivan indicios sólidos de que el presidente municipal o el ayuntamiento está vinculado con el crimen organizado, en ese momento el poder ejecutivo federal interviene para garantizar la prestación de los servicios municipales”.
Aún faltan detalles que se entenderán mejor cuando el proyecto de ley se presente al Congreso este lunes. Pero los críticos ya ven algunos huecos en el plan. Primero, a muchos les parece que Italia, un país afectado por problemas de la mafia durante décadas, no es un buen modelo para México en su intento de superar sus problemas con la corrupción.
Además, “es el centralismo del poder”, dice Alejando Ramos del Centro de Derechos Humanos en Guerrero, que lleva semanas trabajando con las familias de los 43 desaparecidos. “No va a ayudar que el poder se centralice en una persona o unos cuantos”.
Hope coincide en ese punto. En México ya existen leyes para disolver autoridades municipales consideradas por la Procuraduría como “comprometidas” con los carteles.
3. Establecer una “Clave Única” de identidad para todos los mexicanos.
Esta reforma es potencialmente compleja. Los mexicanos ya tienen la Clave Única de Registro de Población, que verifica sus estatus como ciudadanos. Opositores dicen que el plan traerá una nueva capa de burocracia a un país muy enredado en administración y procedimientos del gobierno.
Pero durante años grupos criminales han usado el sistema para obtener identidades múltiples, y hay muchos que ven las ventajas de un nuevo registro.
“Es una buena idea”, dice Alejandro Hope. “Puede tener algunas dificultades prácticas de implementación, porque ya hay un número (la CURP). Pero en este registro no hay datos genéticos. El esfuerzo es casar identidad jurídica con identidad física”.
El portavoz Sánchez dice que el plan permitirá, “por primera vez en su historia, que México tenga un registro confiable de todo su población”.
Pero el activista Alejandro Ramos, cercano a los familiares de desaparecidos de Ayotzinapa, dice que durante años los distintos gobiernos no han escuchado los numerosos llamados de la sociedad civil para crear una base de datos confiable sobre los desaparecidos en México.
4. Despliegue de fuerzas federales a los 4 estados mas afectados por la infiltración del narco-trafico: Guerrero, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas
Ya hay alrededor de 10.000 agentes federales que llevan meses en Guerrero y miles más en otros tres estados. Sin embargo, el gobierno insiste en señalar que este reforzamiento es necesario. “Esperemos poder reagrupar y redirecionar la estrategia de seguridad hacia esta región”, explica Eduardo Sánchez.
Obviamente el proyecto asume que las fuerzas federales son fiables. Alejandro Ramos no está convencido. “No son solo las policías municipales que están contaminados. Son todas las fuerzas policiacas en México”.
5. Un número telefónico único para emergencias a nivel nacional
No hay un número nacional en México para llamar en caso de emergencia. Cada estado tiene su propia clave para cada servicio de apoyo de urgencia.
Pocos están en contra de la idea de crear un solo número en el que todos los servicios importantes pueden funcionar. Pero los representantes de los desaparecidos de Iguala dicen que hoy en día hasta una llamada es una cuestión de confianza.
“Un número nacional podría ser importante”, dice Alejando Ramos, “pero tal como están las cosas ahorita, en realidad hay una desconfianza en la sociedad. En estos momentos no veo que la sociedad tenga la confianza para llamar un número de las policías o de cualquier institución del estado para denunciar algo… Nadie va a querer hablarle a los mismos policías que te ayudan sabiendo que son parte de la misma delincuencia organizada”.
El gobierno de Enrique Pena Nieto espera que este plan marque un nuevo capítulo en la crisis de los 43. “Después de Iguala, México debe cambiar”, dijo el presidente.
Sus seguidores creen que los 10 puntos ayudarán a su administración a enfrentar los problemas intrínsecos de la policía como las instituciones de justicia en México.
Pero sus opositores dicen que las propuestas no van al grano de la corrupción e impunidad que significaron que los policías supuestamente actuaron en las órdenes de un alcalde local para secuestrar los 43 jóvenes desde Iguala.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/ BBC MUNDO
En la mayor parte del país no se ha podido documentar cuántos mexicanos abandonaron sus hogares por la violencia; los casos conocidos se caracterizan por haber sido ignorados por las autoridades.
En enero de 2012, las familias de la comunidad de Ocurague, Sinaloa, tuvieron que elegir entre abandonar sus hogares, sus tierras, su ganado, sus huertos y todas sus pertenencias o unirse a las filas del crimen organizado.
Ya había pasado más de un año desde que grupos armados —se presume que de la organización de los Beltrán Leyva— se habían apoderado de la sierra. Los vecinos se acostumbraron a pasar la noche escondidos entre matorrales cada que escuchaban “el zumbar” de camionetas y metralletas.
“Ellos patrullaban como si fueran gobierno, nos amenazaban y decían que si no nos íbamos teníamos que ser reclutados a su servicio. El 10 de enero de 2012 asesinaron a un vecino de Ocurague y al día siguiente por la noche a una familia entera. Enloquecidos por el miedo tomamos la decisión de salir, dejarlo todo”, cuenta Esperanza Hernández, habitante de esa región y vocera de al menos 600 familias de 40 comunidades sinaloenses que han sido desplazadas por la violencia del crimen organizado en esa entidad.
Aunque ella misma ha presentado esos casos ante autoridades de los tres niveles de gobierno, el tema de los desplazados por violencia es invisible en el país, coinciden investigadores, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos.
“Es un fenómeno ignorado. No tenemos, no existen los mecanismos adecuados para poder medir el fenómeno y por lo tanto atenderlo. Nosotros tenemos evidencia de que por lo menos 30 mil personas han sido desplazadas de Chiapas. Sabemos por el censo de población que ha realizado Doña Esperanza que entre 6 mil y 8 mil personas han sido desplazadas en Sinaloa y es sólo de los municipios donde ella ha estado presente.
“Sabemos que en el Valle de Juárez han sido desplazadas 135 mil personas, pero no tenemos forma de contabilizar desplazados de Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Estado de México y otros estados de la república con problema de desplazamiento.
“Entonces si me preguntan una cifra, no la tengo, no existe, pero tenemos certeza que al menos son 170 mil personas desplazadas por violencia en México”, explica Laura Rubio, investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y autora del libro “Desplazamiento interno inducido por la violencia: una experiencia global, una realidad mexicana”, presentado este jueves.
Sin cifras oficiales sobre cuántas personas han sido desplazadas por la violencia en el país, tanto la investigación de Laura Rubio como la del Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) coinciden que los estados más afectados por este fenómeno son Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.
Según los testimonios recabados, hasta antes de 2007 el desplazamiento ocurría por la disputa por tierras, conflictos comunales, intolerancia religiosa, la construcción de mega proyectos, catástrofes naturales y en la región de Chiapas y el sureste del país por el conflicto derivado del movimiento zapatista.
Sin embargo, después de ese año y con la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad del presidente Felipe Calderón, las causas principales del desplazamiento son la violencia criminal, la ejecución de operativos de seguridad, la corrupción y las violaciones a derechos humanos.
Un tema “no atendido”
La autora de la investigación dice que el objetivo de ésta es visibilizar a las víctimas de desplazamiento y llamar la atención del Estado para que se cree un programa de asistencia y se tome en cuenta este fenómeno hoy ignorado.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossio, dijo durante la presentación del libro que “el fenómeno de los desplazados sigue sin ser nombrado en México y por tanto es un tema no atendido por el Estado”.
Cossio hizo énfasis en la necesidad de acercarse a las víctimas y no ignorarlas, como ocurrió por años con los desaparecidos y secuestrados.
En su testimonio, Esperanza Hernández no sólo describe cómo la violencia la sacó a ella y a otras 600 familias de sus comunidades, también habla de cómo han sido ignorados por autoridades.
Cuenta que en 2013 se reunió con el gobernador estatal, Mario López Valdez, y que el mandatario, simplemente negó que exista un problema de desplazados por violencia.
“El gobernador lo niega. Tuve una audiencia con él el año pasado pero fue una situación muy fea, yo traté de contarle esto pero ni siquiera me dejó empezar, me dijo que él no estaba interesado en historias”.
“Hemos denunciado los hechos y pedimos ayuda humanitaria, esperanzados de que se iban a tomar acciones y nosotros podríamos regresar a nuestras comunidades. Pero pasó el tiempo y la situación de desplazamiento de nosotros ya va para tres años y ni una sola autoridad ha hecho algo para que eso cambie. Hemos hecho gestiones ante los tres niveles de gobierno, diputados del estado, senadores y no tenemos una respuesta”, dice.
Esperanza es vocera de 600 familias desplazadas de la sierra, pero asegura que hay muchas más.
En 2012, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de Sinaloa confirmó que en toda la entidad había 1,200 familias desplazadas por la violencia.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) —que apoyó la investigación— denuncia que las autoridades mexicanas se han negado a reconocer que existe un problema de desplazados por violencia.
“No existen políticas, planes que aborden el problema, son un grupo vulnerable que no es considerado como tal por las mismas autoridades y por lo tanto no existe un plan para atenderlos”, dijo José Antonio Guevara, director ejecutivo de la CMDPDH.
El caso de Esperanza y los otros testimonios recabados en esta investigación muestran cómo el fenómeno ha crecido en los últimos años sin que haya sido atendido.
“Yo veo que ante la falta de respuesta del gobierno los grupos (criminales) están tomando todo lo que es nuestro mientras que nosotros, los que somos desplazados, estamos en una pérdida absoluta de todo”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: TANIA L. MONTALVO
"Contrarrestábamos el ataque policiaco", dice sobre los hechos ocurridos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El estudiante y activista Sandino Bucio reconoció que sí es el sujeto encapuchado que aparece en las fotografías, que lo implican en hechos del pasado 20 de noviembre; no obstante, indicó que su participación fue en respuesta al “ataque policiaco” que vivieron en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
“Los granaderos ya no solo estaban protegiendo el Aeropuerto sino empezaron a avanzar hacia nosotros, a correr, hubo varias detenciones. Vimos que estábamos en peligro, muchos tuvimos que usar nuestro legítimo derecho a defendernos… los policías arrojaban objetos, contrarrestábamos el ataque policiaco”, expuso.
Refirió que estaba encapuchado como una forma de protección ante el Estado, que “persigue” a activistas.
En entrevista para Noticias MVS primera emisión, narró su detención, el viernes 28 de noviembre, cerca del Metro Copilco, supuestamente para que declarara sobre los hechos del 20 de noviembre, sin embargo aseguró que en ningún momento lo interrogaron sobre ello. Además, negó haber participado en el incendio de la Puerta de Palacio Nacional.
Denunció que lo amenazaron y golpearon los supuestos agentes federales -quienes ya fueron suspendidos-, pero duda que éstos pertenezcan a la Policía Federal, pues señaló que existe una “dirección de policía encubierta e infiltración“.
La detención
Bucio Dovalí indicó que fue detenido el viernes, aproximadamente a las 5 de la tarde con 5 minutos, por parte de 2 sujetos vestidos de civil.
Uno de ellos “llega y me sostiene del brazo y dijo que fuera con él”; entre los dos “me empezaron a jalar de los brazos”; luego otros 2 se bajan del coche y “me empiezan a jalonear”.
Como era una calle muy concurrida por estudiantes de la UNAM, pudieron grabar el momento de su detención.
“Una vez en el coche avanzaron con la puerta abierta, me acostaron en la parte trasera, avanzamos todo el Eje 10 con mis pies arrastrando, todo el trayecto desde Copilco al Centro Histórico me fueron cuestionando, me pidieron que teclerara mis contraseñas de redes sociales, me dijeron que me podían desaparecer”, narró.
Antes de llegar a las instalaciones de la SEIDO, acusó, fue golpeado por una persona a la que identificaban como “El Jefe”.
“Pasó bastante hasta que me presentaron en la SEIDO… me volvieron a amenazar con una pistola, casi chocamos… después me subieron a una camioneta negra… se sube sujeto que le decían El Jefe”, apuntó e indicó que fue golpeado de 10 a 15 veces en “toda la cabeza”, e incluso el mismo sujeto “me arrancó mechones de pelo, me dijo que me iba a violar, que iba a hacerle cosas a mis familiares”.
“No sabía qué iba a suceder conmigo… El Jefe dijo que aceleraran el coche porque los estaba persiguiendo policía de PGR”, abundó.
En ese sentido, afirmó que existe una “dirección de policía encubierta e infiltración”, conformada por sujetos como los que lo detuvieron, vestidos de civil, en coches particulares.
“Una vez llegando a la SEIDO, El Jefe me condujo desde el estacionamiento hasta la oficina donde declaré”, mencionó.
“Es falso que me hayan detenido porque agredí a uno de los policías y participé en desmanes de la puerta… en el acta de por qué me detuvieron dice que portaba una bomba en mi morral el día 28, y que cuando me subieron al auto la intenté usar contra ellos… nunca me cuestionaron sobre mi participación en estos eventos, si me detuvieron para cuestionarme al respecto, no me cuestionaron ni fue tema”, aseguró.
Sandino explicó que ha participado en muchas manifestaciones -”desde que tengo memoria”-, pero desde el 1 de diciembre de 2012 han cambiado, pues ahora se ha “incrementado” la persecución de activistas sociales. Indicó que por ello fue encapuchado a la manifestación del 20 de noviembre en las inmediaciones del Aeropuerto.
Agregó que ahora también hay mayor rabia y enojo por “toda la violencia que viene de parte del Estado”, la cual “no se compara en absoluto con quemar una puerta, lanzar un cohete”.
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AUTOR: REDACCIÓN.
La periodista entrevistó a EPN en #laotracasadelaslomas propiedad también del contratista y dueño de la "Casa Banca." Ahí vivió un corto tiempo a la muerte de su primera esposa,según le reveló a la periodista.En una pared colgaba un "José Luis Cuevas" dedicado al entonces precandidato Peña Nieto.
La periodista Katia D’Artigues reveló, en Noticias MVS, que entrevistó a Enrique Peña Nieto cuando éste era precandiato a la Presidencia en la residencia ubicada en Lomas de Chapultepec, que hoy se sabe es también propiedad del contratista Juan Amando Hinojosa Cantú.
La residencia fue utilizada como una suerte de oficina alterna en el periodo de precampaña, campaña y transición por el entonces candidato del PRI a la presidencia, según diversos testimonios y referencias hemerográficas de la época.
La presidencia ha reconocido que la residencia fue ocupada por Peña Nieto en algunas ocasiones, fundamentalmente en su calidad de presidente electo. En la versión entregada por escrito a Noticias MVS, primera emisión, la presidencia afirma que la casa fue tomada en renta por el hoy consejero jurídico de Peña Nieto y que en esa calidad fue facilitada a Peña Nieto para realizar actividades “privadas,” y algunas entrevistas. De acuerdo a esta versión #laotracasadelaslomas ha sido rentada por Casilleros de 2011 a la fecha.
La periodista D´Artigues narró que antes de iniciar la grabación con Peña Nieto, le preguntó de manera casual sobre esa casa en la que realizarían la entrevista. Peña Nieto le contestó que en esa casa había vivido un corto tiempo, después de la muerte de su primera esposa Mónica Pretellini. No especifico en que fechas, ni el tiempo en que ahí habitó ni las razones por las cuales habría tomado esa residencia como residencia.
Documentos en poder de la Unidad de Investigaciones Especiales del Noticias MVS-primera emisión, señalan que la casa fue comprada por Hinojosa Cantú en el año 2011. Mónica Pretellini falleció en el mes de enero de 2007.
D´Artigues recordó: ”…le pregunté pues, que esa casa ¿de quién era o qué? y bueno pues, lo único que recuerdo -no está grabado- es que me dijo que era una casa que utilizaba…le convenía porque estaba cerca de la casa de Angélica…siempre se refirió a la casa de Angélica Rivera…que también estaba cerca de la representación del Estado de México.
Le pregunté si alguna vez había vivido ahí, y me dijo que durante muy, muy poco tiempo, cuando su esposa había fallecido y nada más”, indicó.
La periodista recordó que la residencia tenía dimensiones grandes y que en la habitación en la que espero algunos minutos a la llegada de Peña Nieto observó que había, colgado en la pared, un dibujo del pintor José Luis Cuevas con una dedicatoria escrita para el entonces precandidato presidencial.
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AUTRO: REDACCIÓN.
Cuando Enrique Peña Nieto comenzó su sexenio, una parte de la población se había hecho a la idea de que el PRI sabía cómo hacerlo, de que era corrupto se daba por sentado, pero que era eficaz; ahora, al paso de 2 años, la conclusión es que lo corrupto no se le ha quitado, pero eso de eficaz ya probó que no es el caso, sostuvo Lorenzo Meyer.
En la Mesa Política de MVS, el historiador señaló que antes de que ocurriera la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, la eficacia del gobierno podía medirse en lo económico, con un mediocre crecimiento.
“La idea de que con Enrique Peña Nieto y el PRI quizá iba a volver, si no la honradez, por lo menos la eficacia, eso ya no se dio”, agregó.
Comentó que el Presidente viene de un sistema político del Estado de México, desde donde no supo dar el “salto” y no tenía la experiencia para semejante reto.
Por ello, apuntó, manejó el mismo estilo como Presidente, “como si estuviera en el Estado de México”.
Respecto a por qué no ha pedido la renuncia de alguno de los integrantes de su gabinete –pese a la exigencia ciudadana- consideró que es “porque probablemente él se siente a gusto con esa fórmula, uno gobierna con los muy, muy cercanos, que conoce hasta cómo respiran, pero no está funcionando”.
“Hay un problema de que simplemente no tiene la experiencia y no tiene la sensibilidad”, subrayó.
En el Estado de México, señaló, no se les educó para “hacerle frente a problemas más complejos”.
Además, indicó, la sociedad sí ha cambiado, y se volvió más exigente.
En el tema de la “casa blanca”, mencionó que si esto se hubiera conocido cuando fue gobernador del Estado de México, “quizá no hubiera pasado nada”, primero porque los medios locales no lo hubieran publicado.
“Una vez que se da el salto y se pasa al México general, un tema como este es particularmente duro para una sociedad que ya está harta, ya lleva siglos de corrupción, y que puede contrastarse con otras sociedades donde esos actos de corrupción se pagan y aquí sigue como si nada”, dijo Meyer.
En cuanto a lo que ocurre en Guerrero, comentó que “se ve que allí no tenían proyecto”, pues a lo que le había puesto todas las luces es a las reformas que impulsó al inicio del sexenio.
Lo que le faltó al decálogo
Sobre las acciones anunciadas la semana pasada por el Presidente, Denise Dresser aseveró que el gobierno no sabe cómo reaccionar a la crisis que se le presenta y es incompetente para enfrentar los problemas.
Los 10 puntos que dio a conocer Peña Nieto, es un “decálogo soso, descolorido, insignificante, en el cual faltó lo que todos esperábamos: falta un reconocimiento de la crisis que atraviesa, falta reconocer errores, falta la renuncia del procurador Jesús Murillo Karam por no haber atendido oportunamente las acusaciones sobre el comportamiento del alcalde de Iguala…”.
“Esperamos la renuncia exigida del secretario Gerardo Ruiz Esparza por haber avalado licitación amañada del tren México-Querétaro… falta una referencia al conflicto de interés. Faltó el anuncio de una investigación a fondo sobre el grupo Higa y un anuncio de prohibir a Grupo Higa de que participe en licitaciones”, agregó.
“Faltó una disculpa pública sobre el tema de la casa blanca. Falta entregar declaraciones patrimoniales y fiscales de Angélica Rivera, para saber si los recursos con los que pagó la casa son de procedencia lícita. Y si se va a anunciar un compromiso contra la corrupción, que empiece por limpiar su propia casa, la casa blanca y la casa priista”, señaló.
Que comience con los impunes en su propio partido, pidió la doctora. Que comience atendiendo la orden de aprehensión internacional contra Arturo Montiel, por la retención ilegal de los hijos que procreó con Maude Versini.
También faltó el anuncio de una estrategia para combatir la inseguridad, que tome en cuenta lo que Edgardo Buscaglia ha recomendado, añadió Dresser.
EPN “centraliza a la policía pero no explica ¿cómo va a atender su ineptitud? Nos dan un anuncio del número de emergencia para hablarle a la policía de la que se desconfía”.
Faltó también una referencia al caso Tlatlaya y las irregularidades del Ejército.
El gobierno, finalizó la politóloga, no entiende la dimensión de la desconfianza ciudadana, la profundidad del enojo y el tamaño de crisis.
“Hubiéramos querido ver una pizca de empatía o humildad… vimos un presidente que le habla al teleprompter pero no a la ciudadanía, alguien que cierra los ojos, evade responsabilidades, desvía la mirada o distribuye un decálogo más”, concluyó.
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AUTOR: REDACCIÓN.
Cientos de manifestantes salieron a marchar a las calles en al menos 10 estados de México, este lunes 1 de diciembre, para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y en contra de Enrique Peña Nieto, que cumple dos años de gobierno con una “caída histórica” de sus índices de aprobación.
En Chilpancingo, la capital de Guerrero, los manifestantes cerraron establecimientos que se encuentran en un centro comercial ubicado al sur de la ciudad.
La comitiva pidió a la gente que saliera de las instalaciones y realizaron pintas en los establecimientos en las que se exige la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de acuerdo con un reporte del periódico Reforma. En Acapulco, integrantes del Movimiento Popular Guerrerense cerraron tiendas de autoservicio para exigir la presentación de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Los manifestantes, algunos encapuchados, fueron vigilados por agentes de la Policía estatal sin que se reportaran detenciones.
En Morelos, estudiantes universitarios, pobladores de la zona sur del estado y maestros del Movimiento Magisterial de Bases protestan en la plaza de cobro de peaje de Balnearios, ubicada sobre la Autopista del Sol –una vía que conecta el puerto turístico de Acapulco con el DF–.
A la caseta llegaron agentes de la Policía Federal y elementos de la Policía de Mando Único, quienes permanecen en alerta.
En Puebla, estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) marcharon contra el gobierno federal y el mandato de Rafael Moreno Valle.
El contingente hizo su recorrido por el boulevard 5 de mayo y la calle 17 oriente en la zona centro de la capital del estado. La marcha continuó hacia el congreso local, hasta que finalmente se congregaron en el zócalo de la ciudad.
En Michoacán, diversas organizaciones estudiantiles y civiles iniciaron un bloqueo a los accesos a la ciudad de Lázaro Cárdenas y a su zona industrial, en una sección maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevan a cabo el bloqueo del principal acceso carretero a la localidad, el cual conecta con la Autopista Siglo 21, que va de Lázaro Cárdenas-Pátzcuaro.
El contingente magisterial exige solución a la desaparición de 43 alumnos de la Normal de Ayotzinapa. La sección 18 de la CNTE informó que el bloqueo forma parte de la movilización nacional emprendida hoy en apoyo a los normalistas.
El Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de Oaxaca, al sur de México, suspendió este lunes 1 de diciembre sus actividades debido a la toma de sus instalaciones por parte de militantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), durante la jornada de protestas convocadas por el caso Ayotzinapa.
“Todo el pueblo al poder FUL-APPO”, “Presentación con vida de los 43 normalistas, castigo a los culpables”, “Fuera Peña”, se lee en pintas hechas en la fachada de la terminal aérea.
El diario Reforma informó que decenas de turistas están esperando en esta ciudad debido a la cancelación de sus vuelos; los aviones procedentes de otras ciudades tampoco están llegando a Oaxaca.
De acuerdo con las pantallas de la terminal, según Reforma, 6 vuelos están pendientes de arribar, lo mismo que 7 salidas.
Los manifestantes, que militan en el Frente Popular Revolucionario (FPR), que es una agrupación satélite de la Sección 22 de la CNTE, tiene cerrados todos los accesos.
Este lunes están convocadas manifestaciones –en México y el mundo– para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre pasado, cuando fueron atacados por policías municipales de Iguala, Guerrero.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El plan del presidente priista ocurre a tres años de que Felipe Calderón presentara el programa Guerrero Seguro, también contra la inseguridad.
A tres años de lanzamiento del programa Guerrero Seguro –durante la administración de Felipe Calderón–, el presidente Enrique Peña Nieto presentará un nuevo plan contra la inseguridad en ese estado, informó este lunes 1 de diciembre el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
“Hoy tenemos una circunstancia adversa en Guerrero que nos lleva a una circunstancia en la que hoy los delincuentes están haciendo de las suyas, pero no lo vamos a permitir (…) Se anunciará un plan como lo hemos hecho en todas otras regiones con problemáticas cuando llegamos al gobierno. Lo vamos a hacer en el estado de Guerrero, con toda contundencia y con toda la fuerza del Estado””, dijo el funcionario federal en entrevista con la periodista Adela Micha.
Osorio Chong agregó que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos “nos vino a lastimar todo este proceso (de reformas)” que lanzó Peña Nieto al iniciar su mandato, el 1 de diciembre de 2012.
Este plan se añadiría a otros que ya hay en entidades del país, como Tamaulipas, donde el gobierno del presidente lanzó el 13 de mayo pasado un operativo especial luego de enfrentamientos. Asimismo, el 4 de febrero, la administración priista anunció una inversión de 45 mil 500 millones de pesos en Michoacán para impulsar el desarrollo económico y social de la entidad; esto luego de un despliegue de fuerzas federales.
Esta declaración de Osorio Chong ocurre el mismo día que el Grupo Reforma publicó una encuesta que evidenció una caída “histórica” de la aprobación de Peña Nieto. Según el diario mexicano, el presidente tiene una desaprobación de 58%.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN
Por desgracia, detrás de la redacción de varios de los artículos de la Reforma se adivinaba ya la intención gubernamental de recular, de hacerle trampa al país, de eludirnos, señala Levy.
Hace un año y medio entró en vigor la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones (“Reforma”) que fue incluida en el paquete de las reformas estructurales que prometen cambiar a México, mover a México. ¿Sus objetivos?:
1) Acabar con la brutal concentración que desde hace décadas tenemos en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión; para ello incluyeron la figura de la preponderancia.
2) Apuntalar los derechos fundamentales, particularmente el de información; entonces fue programada la licitación de dos nuevas cadenas nacionales de televisión digital comercial, fue incluida la facultad para limitar la propiedad cruzada de medios, se habló de garantizar frecuencias para medios sociales (comunitarios e indígenas), así como la obligación de crear un organismo descentralizado para proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro que garantizara libertad editorial y autonomía financiera, entre otras cuestiones.
3) Promover la competencia y establecer nuevas reglas para la convergencia, a fin de que las empresas presten todos los servicios que técnicamente posibiliten sus redes; para eso se estableció la concesión única.
4) Recibir nuevas inversiones y multiplicar los prestadores de servicios; para lograrlo se planea democratizar insumos esenciales a través de la creación de una red compartida mayorista en la banda de 700 MHz, junto con la ampliación de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad.
5) Desarrollar un amplio catálogo de derechos de los usuarios y de las audiencias en la ley secundaria –incluyendo el derecho de réplica-, así como los mecanismos para su defensa.
El vehículo para aterrizar todo esto sería doble, según la propia Constitución: por un lado, la expedición de una ley que transformara la Reforma en derechos, obligaciones y herramientas concretas para materializar lo en ella expuesto y, por otro lado, la Comisión Federal de Telecomunicaciones sería sustituida por un organismo constitucional autónomo integrado por las personas más calificadas, elegidas mediante un proceso totalmente transparente.
Por desgracia, detrás de la redacción de varios de los artículos de la Reforma se adivinaba ya la intención gubernamental de recular, de hacerle trampa al país, de eludirnos. Así fue como la preponderancia terminó siendo una ficción en la ley secundaria, una figura que sorprende incluso a las teorías más trasnochadas de la competencia económica. Pero la cosa no quedó ahí, a este diseño fallido de preponderancia se sumó la invitación a tener mayor concentración en diversos servicios gracias a la inclusión del noveno transitorio en la ley secundaria. Además, algunas de las obligaciones asimétricas parecen maquilladas, ahí tiene usted la oferta pública de América Móvil para uso de su infraestructura que increíblemente no incluye tarifas, y qué decir de la oferta de Televisa que ni siquiera ha sido publicada.
Por otro lado, la licitación de dos cadenas de televisión ha decepcionado a nacionales y extranjeros pues solo 3 postores han decidido pasar a la segunda etapa en un proceso licitatorio que será definido por el criterio económico y que se ha desarrollado en condiciones no muy positivas: incertidumbre en el programa de apagón analógico, integración vertical ahora legalizada por el noveno transitorio, reglas de propiedad cruzada inútiles, inversión extranjera limitada a 49%, incierta utilización de la infraestructura del preponderante Televisa, así como presiones políticas y mediáticas. Además, el organismo descentralizado de radiodifusión fue concebido más oficialista que público, su órgano decisorio es controlado por el propio Gobierno Federal. Los medios sociales han sido drásticamente limitados en su financiamiento e insumos, y se omitió -nuevamente- legislar sobre derecho de réplica.
La concesión única -que garantizaría la convergencia- se ve cada vez más utópica para los actuales operadores. El proceso, a cargo de la Subsecretaría de Comunicaciones, para desarrollar la red compartida mayorista, va tarde y es opaco, como si no se hubieran enterado de lo que está pasando con la licitación del tren México-Querétaro. La red troncal de CFE no se ha ampliado ni un kilómetro. Los usuarios y audiencias seguimos huérfanos ante la perpetuación de un esquema institucional que ha demostrado insistentemente no funcionar. Todo esto debido a una ley secundaria que llegó 8 meses tarde violando el plazo impuesto por la Constitución, y que descremó muchas de las promesas que se leían en la intención y en la letra del texto constitucional, pifia intencional sin lugar a dudas.
Además, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuyo proceso de integración dejó mucho que desear por lo que hace a la transparencia y probidad de quienes lo condujeron, ha sido torpedeado desde su génesis por factores exógenos y endógenos: la propia legislación invade sus facultades constitucionales y le atribuye tal carga de trabajo en tan poco tiempo que asegura su incumplimiento, una pobre calidad de sus resultados o ambas cosas. Ha sido fuertemente atacado por algunos legisladores que quieren mantener a sus comisionados amedrentados para que favorezcan sus agendas políticas y las de sus patrocinadores. Pero el principal elemento contra el IFETEL es endógeno: el recato de sus integrantes que llevó a la no interposición de la controversia constitucional contra la ley secundaria que defendería su autonomía y a la propia institución; esa cautela que, de seguir así, dará como resultado interpretaciones jurídicas poco osadas, que se traducirán en decisiones conservadoras tomadas detrás de la línea que marcan al Instituto los intereses políticos y empresariales como zona de confort y de contención. Afuera estamos los usuarios, afuera está la sociedad.
La adquisición de Iusacell por ATT, tres postores en la licitación de las nuevas cadenas de televisión y millones de televisores que están siendo entregados dentro de cajas de cartón con el logo priista impreso de “mover a México”, son los íconos que hasta ahora representan la reforma en telecomunicaciones. Es patético.
En la sobremesa.
Ya han sido designados por unanimidad del Pleno del Senado de la República los 9 miembros de Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, de entre 19 aspirantes: Ernesto Velázquez, Enrique Lazcano; Lidia Camacho, Javier Esteinou, Raúl Quintanilla, Carmen Ortega, Lourdes Barbosa, Coral Castillo y Nora Patricia Jara. Enhorabuena.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/ EL UNIVERSAL
AUTOR: IRENE LEVI.
Si el Estado no haciendo su trabajo, por eso estamos saliendo a las calles, entonces sí hay un vacío de Estado que impide que nos sintamos seguros, indicó la periodista.
El Estado mexicano no está haciendo su trabajo, por eso salimos a las calles. Debemos documentar cómo y dónde las instancias gubernamentales están dejando las montañas de papel, que tienen que ver con la vida y seguridad de los mexicanos de todas las edades, afirmó la periodista y escritora, Lydia Cacho, quien también habló de su nuevo libro Sexo y amor en tiempos de crisis.
En entrevista con para Aristegui CNN, comentó que las procuradurías locales en ocho años se han lavado las manos y mandan todo a la Procuraduría General de Justicia; “los procuradores no están haciendo su trabajo”.
Lo que debería decir el presidente Enrique Peña Nieto es: sí, el procurador Jesús Murillo Karam, está cansado, se le nota a leguas, pero si está cansado, que se vaya a descansar, que renuncie o que clarifique qué van a hacer con los procuradores en los 31 estados y el Distrito Federal, enfatizó la periodista.
Y recalcó que lo que esta sucediendo en el país es digno de convertirse en historia, y que al Estado le interesa hacer creer que ellos quieren imponer la paz.
“Del sur al norte del país ha habido marchas, en lugares donde era insólito que hubiera marchas. Por ello el gobierno se vio obligado a cancelar el desfile militar del 20 de noviembre en el Distrito Federal y en otros estados, lo cual es simbólico. En este caso dijimos no queremos que salga el Ejército, queremos que salga la sociedad. Es decir hay algo que está mal con la presencia militar en este país y la celebración de una Revolución que ha estado secuestrada ideológicamente e históricamente por un partido profundamente corrupto, que es el PRI, que ahora vuelve a gobernar”, acusó Cacho.
En la marcha del 20 de noviembre pasado, “la gente iba con el símbolo de Ayotzinapa. Había contingentes de ancianas, contingentes de estudiantes”, y “hay algo muy importante que está sucediendo y tenemos que documentarlo. En general las personas que se hicieron presentes lo hicieron de forma pacífica”, señaló.
Cacho explicó que “las marchas son importantes, tienen un contrapeso político importante y vemos que les preocupa. Al día siguiente de la marcha, el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong diciendo: ‘queremos la paz’. Lo que podemos contestar es: que bueno que quiera la paz, pero él tiene que implementarla, porque al le toca”.
Además, señaló que el Estado es quien sistemáticamente ha impedido que se haga justicia debidamente.
Si el procurador -quien ya tenía desde el año pasado el archivo con información del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, que estaba relacionado con el narcotráfico-, si hubiera hecho bien su trabajo, hoy no estarían los 43 normalistas desaparecidos. Y como ese caso, tenemos miles, los expedientes están en la PGR, es “una montaña de papel”.
“Entonces sí el Estado es corresponsable en ese sentido de que las personas hayan muerto, cuando tú no haces tu trabajo adecuadamente, tú impides que las personas se sientan protegidas y por otro lado avalas que esta persona siga gobernando y protegiendo a la delincuencia organizada”, expuso.
“Mucha gente en la marcha decía: que se detengan a los criminales. Por supuesto que México está en contra de toda la gente que esté ejerciendo violencia, de los secuestradores, de los violadores, de los tratantes, de los asesinos, de los narcotraficantes, por supuesto que sí, eso es un hecho irrefutable. Me parece una bobada que digan: ¿es que por qué en las marchas le echan la culpa al Estado mexicano y no a los narcos? Bueno, porque nosotros no tenemos la responsabilidad de exigirle nada a una persona que comete un crimen, le corresponde al Estado y si el Estado no haciendo su trabajo, por eso estamos saliendo a las calles, entonces sí hay un vacío de Estado que impide que nos sintamos seguros”, abundó.
Su nuevo libro
Sobre su libro, Sexo y amor en tiempos de crisis, dijo que tiene que ver con intentar comprender cómo estamos viviendo los mexicanos nuestra vida íntima a partir de los 40 años y de lo que los especialistas consideran la crisis de la edad. Vamos pasando por cambios fisiológicos y emocionales.
Abarca las crisis personales pero relacionadas con un entorno, por ejemplo: cómo vive el estrés un mexicano y esto cómo impacta con su vida amorosa y sexual.
Contó que comenzó a buscar libros, “encontré información muy buena, lo que quería era hacer un trabajo periodístico. Entrevisté a más de 200 hombres y más de 200 mujeres de entre 38 y 70 años para saber cómo vivían su intimidad, cómo alcanzaron su masculinidad los hombres y la feminidad las mujeres.
“Entrevisté a especialistas de bioética de la UNAM para que explicaran los cambios de la medicina actual y entender que hasta hace 10 años en las escuelas de medicina de México no tomaban los médicos clases de sexología. Tenemos históricamente a una horda de ginecólogos y urólogos que no tienen idea sobre la sexualidad y reflejan esa ignorancia en la atención a la salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres”, indicó Cacho.
Descubrí como los hombres están deprimidos, mienten sobre su sexualidad y cómo le cuestan tres veces más al sector salud, que las mujeres, comentó.
Revló que el libro entraría dentro de la divulgación científica periodística, “pero está muy divertido, gracias a los entrevistados. Empecé con escritores, periodistas, amigos y después apliqué cuestionarios e hice un seguimiento”.
Y dio algunas recomendaciones, la primera es que todos en este país deben tener un primer estudio de perfil hormonal y guardarlo para cuando se esté en etapa de los cambios se pueda saber qué bajo y qué subió. Y otras recomendaciones tienen que ver con cambiar la alimentación, necesitamos muchas vitaminas y minerales.
Y señaló que “la industria farmacéutica se colude con muchos médicos que se corrompen y les dan ciertos medicamentos para que utilicen a los pacientes como conejillos de india . Hay una crítica hacia el sistema de salud y lo que debe cambiar”, finalizó.
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su preocupación por la violencia, ilegalidad e impunidad que, dijo, ponen en riesgo la convivencia pacífica y la estabilidad de nuestro país.
En un comunicado, subrayó que el Estado tiene la obligación esencial “de proporcionar paz y tranquilidad a todos los mexicanos”. No obstante, añadió, en los últimos años hemos visto en las manifestaciones muchas y variadas expresiones de violencia.
“Lo peor que puede ocurrirnos es acostumbrarnos a ese clima de inseguridad, pues el resultado nos llevaría a la ruptura del tejido social y a la anulación del estado de derecho”, apuntó un día después de la liberación de 11 personas detenidas el pasado 20 de noviembre, durante las protestas por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
La CNDH demandó a las autoridades la rigurosa aplicación de las leyes. “Pero si sus cuerpos de seguridad se extralimitan, la actuación y decisiones de éstos pierden fuerza y caen en la ilegalidad. De ahí la necesidad de que estén debidamente capacitados y actúen siempre con la ley en la mano, para que no se repitan nunca más actos de anarquía y barbarie como los que se han presentado en tiempos recientes”.
Precisó que conocer y documentar los hechos ocurridos el pasado 20 de noviembre “es un paso importante para lograr que nunca más el ejercicio de la función pública vaya por un camino distinto al de la ética. No hay razón alguna, ni siquiera de Estado, que pueda estar por encima del estado de derecho”.
De acuerdo con el organismo, la violación de garantías jurídicas y el aplastamiento de los más elementales derechos no son la estrategia ni el camino para combatir la violencia, y tampoco puede aceptarse que quienes cometen atrocidades queden impunes.
“Existe en la sociedad un rechazo a la impunidad y a toda expresión de abuso de poder, independientemente de cuál sea su razón u origen. Y ello exige una respuesta clara, amplia y satisfactoria por parte del Estado”, sostuvo.
Asimismo, destacó que cuando la vida humana y la dignidad básica de las personas “son aplastadas y vulneradas, esgrimiendo el falso argumento de la seguridad de Estado, sólo el rescate de la ley y su correcta aplicación pueden devolver la confianza en las propias instituciones creadas a su amparo”.
Advirtió que la CNDH continúa la integración del expediente de queja por los hechos ocurridos el 20 de noviembre, “donde estuvo en todo momento al lado de las personas que fueron detenidas, a cuyos familiares les proporcionó orientación jurídica y acompañamiento.
También señaló que lleva a cabo la valoración de los informes de sus visitadores, así como de lo obtenido por sus abogados y peritos médicos que se entrevistaron con las personas remitidas a penales federales, y sus correspondientes declaraciones.
Ayer, el titular del juzgado 17 del Poder Judicial Federal, Juan Carlos Ramírez, dictó auto de libertad en favor de los 11 detenidos por la policía el 20 de noviembre, “por falta de elementos para procesarlos”.
A las 10:30 horas, los familiares y diplomáticos de Chile recibieron la resolución que determinó la libertad de los 10 mexicanos y un chileno “por pruebas insuficientes para acreditar en su totalidad los elementos del cuerpo del delito de lesiones (y) asociación delictuosa”, de los que los acusó la Procuraduría General de la República (PGR).
El resolutivo benefició al chileno Laurence Maxwell Ilabaca y a los mexicanos Atzín Andrade González, Hugo Bautista Hernández, Juan Daniel López Dávila, Luis Carlos Pichardo Moreno, Francisco García Martínez, Roberto César Jasso del Ángel, Ramón Domínguez Patlán (o Issac Domínguez Ayala). Asimismo, a Tania Damián Rojas, Hillary Analí González Olguín y Liliana Garduño Ortega. Estas últimas internadas en una prisión de alta seguridad en Tepic, Nayarit.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
OAXACA, Oax, (apro-cimac).- Esta vez la hondureña Juana Oliva Vázquez no pudo aguantar la indignación y rompió en llanto al saber que su hijo, Carlos Humberto Murillo Oliva, desaparecido hace 16 años, fue presuntamente torturado y condenado a 50 años de prisión por homicidio, y que actualmente se encuentra recluido en el penal de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México.
La mañana del pasado viernes, un grupo de mujeres de la X Caravana de Madres Centroamericanas “Puentes de Esperanza” –que recorre el país desde el pasado 20 de noviembre y hasta el próximo 7 de diciembre– fue a revisar la lista de extranjeros presos en el Reclusorio Norte del Distrito Federal, donde Juana Oliva encontró el nombre de su hijo desaparecido.
Acompañada por otras madres y por integrantes de la Clínica Jurídica del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juana pidió ver las fichas fotográficas.
Al observar la de Carlos, aseguró que era su hijo y exigió verlo, pero le informaron que él fue trasladado al penal de Santa Martha Acatitla, hasta donde la llevaron para verlo y corroborar que era su hijo.
“Cuando llegamos allá, lo tenían sentado y tras que me vio se me tiró y me dijo ‘mamita, cuánto tiempo sin verte; yo creía que me iba a morir y no te iba a ver porque me tienen castigado a un montón de años por delitos que no cometí’”, relató Juana a sus compañeras de caravana la noche del pasado sábado luego de visitar a su hijo.
No aguantó el llanto al ver a Carlos. La rabia continuó al escuchar que en su travesía hacia Estados Unidos fue torturado, incriminado de homicidio y condenado a 50 años de prisión.
Según el relato, Carlos viajaba en un taxi, al parecer en Chiapas, cuando ocurrió una balacera, él corrió pero casi al instante fue detenido; al poco tiempo lo acusaron de matar a un hombre.
“Caramba hijo, cómo puede ser eso, si tú no eres delincuente, tú no eres de las personas que creen que sos”, le dijo la madre a un hombre que dice ya no es el mismo que dejó Honduras en 1998, cuando decidió salir en compañía de su hermano rumbo a Estados Unidos.
Carlos Humberto Murillo Oliva y su hermano menor salieron de la ciudad de El Progreso, Honduras, y cruzaron la frontera México-Guatemala. Una vez en territorio mexicano, se quedaron a trabajar en el estado de Chiapas. Ambos se emplearon como ayudantes en una tlapalería, pero la vida era tan dura con un sueldo de 30 pesos diarios, que ese mismo año el hermano menor regresó a Honduras.
“Viera mamita cuánto sufrí; tras que me agarraron, me golpearon, hasta me desmayé de los golpes que me daban; quedé monstruo de mi cara; yo no conocía a nadie, tuve que aceptar y decir que sí, que yo había hecho lo que me ponían”, contó Juana al citar las palabras de sus hijos.
Lo que más hizo enojar a esta madre fue que las autoridades mexicanas le hicieran pruebas en las manos a su hijo para resultar que supuestamente había disparado un arma, y más aún que no tuviera derecho a hacer una llamada telefónica. Ésa fue la razón para que lo dieran por desaparecido cuando en realidad está preso.
El Movimiento Migrante Mesoamericano, junto con la Clínica Jurídica de la UNAM, dará asesoría para revisar este caso. El sábado, Juana regresó al penal a ver su hijo. Estuvieron juntos largo rato. La mujer le contó que en su ausencia murió su padre y su hija creció.
Ayer domingo ella se reintegró a la caravana que llegó a Oaxaca para participar en actividades públicas. Las madres de la caravana acudieron al concierto que ofreció el Instituto de la Mujer Oaxaqueña y ONU-Mujeres, a propósito de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género.
En el evento Juana no tomó la palabra, mejor dio paso a las centroamericanas que aún continúan en la búsqueda de sus desaparecidos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ.
